AGLI Recortes de Prensa   Sábado 25  Enero  2014

Balance de gestión
'Quo vadis, Rajoy?'
Mikel Buesa Libertad Digital 25 Enero 2014

Los arcanos del programa político de Rajoy para la segunda mitad de la legislatura son tan profundos que, para calificarlos, podría traerse a colación la famosa sentencia atribuida a sir Winston Churchill según la cual Rusia era "un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma". El presidente del Gobierno se ha prodigado en los últimos días con discursos, declaraciones y entrevistas en los que ha tratado de situar la actualidad española y, sobre todo, de proyectar sobre ésta un optimismo desbordante con respecto a su inmediato futuro, en especial en el terreno de la economía. Y, sin embargo, no ha dicho prácticamente nada acerca de cuáles son sus planes concretos para ese futuro. Es como si detrás de las palabras no hubiera ningún concepto para sustentarlas; o tal vez como si estuviera recordándonos la conclusión del famoso diálogo que, en A través del espejo y lo que Alicia encontró al otro lado, escribió Lewis Caroll:

–Cuando yo uso una palabra –insistió Zanco Panco con un tono de voz más bien desdeñoso– quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos.
–La cuestión –insistió Alicia– es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
–La cuestión –zanjó Zanco Panco– es saber quién es el que manda …, eso es todo.

El caso es que, como ya he destacado en alguna otra ocasión, el presidente tiene razones para sentirse satisfecho con los resultados de su política económica, pues ha enfilado la salida de la crisis con un razonable bagaje de cambios estructurales y normativos que han propiciado el encauzamiento de la crisis financiera, han introducido al sector público en la senda de la consolidación fiscal y han dado un vuelco al mercado laboral para hacer más fácil la transformación del crecimiento económico en nuevos puestos de trabajo.

Sin embargo, estos logros no han estado exentos de costes muy importantes para los españoles. En primer lugar, porque el desempleo es a todas luces excesivo y se ha extendido sobre las clases medias asalariadas. En segundo término, porque esas mismas clases medias son las que han soportado el grueso del coste fiscal de la crisis, al haberse centrado sobre ellas el efecto recaudatorio de la subida de impuestos. Y en tercer lugar, porque todo ello ha dado lugar a una ampliación de las desigualdades distributivas, de manera que la distancia entre ricos y pobres se ha ampliado significativamente.

El presidente Rajoy reclama para sí la confianza de los ciudadanos en su capacidad para hacer que la salida de la crisis reduzca esos costes y redunde en mejoras sustantivas del empleo y el bienestar. Lo ha dicho en todas partes, pero cuando se le ha preguntado no sobre el qué sino sobre el cómo no ha sido capaz de hilar un discurso coherente de política económica sobre el que sustentar la credibilidad de su programa. De esta manera, por ejemplo, no ha podido dar ningún detalle acerca de la ya próxima reforma fiscal, más allá de que, al parecer, dentro de un año va a haber una reducción –tal vez limitada– del impuesto sobre la renta. Y lo mismo se puede decir acerca de la reforma de las Administraciones Públicas, más allá de una ley sobre los ayuntamientos cuyo alcance está por ver; o del sistema de financiación autonómico, sobre el que gravita la configuración de los grandes servicios públicos de sanidad, educación y asistencia social –y sobre el que la única reforma tangible es, de momento, la transferencia a las diputaciones forales vascas de los impuestos de nueva creación–. Y, sin embargo, la salida de la crisis y su ritmo de avance en términos de crecimiento y de empleo van a depender crucialmente de las respuestas que se den a esas cuestiones. Unas respuestas que no sólo quedarán definidas por su contenido normativo, sino por el perfil temporal de su aplicación. Y a este respecto conviene recordar que, debido a la magnitud de los problemas, la parsimonia y la subordinación de las decisiones al ciclo electoral –tan caras al modo de actuación de Rajoy– son malas consejeras, tal como pudo comprobar el presidente en los inicios de la legislatura.

Pero más allá de la economía, también la política está señalando algunas de las incertidumbres cruciales con respecto a la salida de la crisis. Los temas catalán y vasco son, sin duda, los más relevantes a este respecto; pero no les va a la zaga la cuestión de la desafección de la ciudadanía con respecto al funcionamiento del sistema político. El de Cataluña es, en lo inmediato, el asunto más urgente porque está ya planteada, con fecha de ejecución, la destrucción del país en su unidad territorial. Por eso no bastan las respuestas genéricas que ha dado Rajoy cuando ha dicho, apelando a la legalidad, que la secesión no se va a producir. Y no bastan porque está a la vista de todos que los nacionalistas catalanes no se han arredrado por la retórica gubernamental. Lo que se requiere ahora con urgencia es un diseño concreto y público de los procedimientos a través de los cuales se va a impedir el referéndum de independencia, incluyendo la apelación a los órganos jurisdiccionales, la tramitación del procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución y los planes de contingencia para el empleo de la fuerza armada.

El asunto vasco –o sea, el tema de ETA– puede no ser tan urgente, pero no por ello es menos relevante para el futuro político de España. Lo que está sobre la arena en este momento es la posibilidad de que, aun sin el empleo de la violencia terrorista, ETA acabe disponiendo de unas cuotas de poder en el País Vasco muy superiores a las que actualmente tiene a través de los partidos que ha promovido. En otras palabras, lo que se plantea es que la indudable derrota que ha experimentado ETA en el terreno militar –que se expresa en su decisión, al parecer irreversible, de dar por concluida la campaña terrorista–, no se vea reflejada en el terreno político. A este respecto, creo que lo criticable en la política antiterrorista de Rajoy no es que, como dicen algunos sin el menor fundamento, el presidente esté siguiendo la hoja de ruta que su predecesor, Zapatero, habría pactado con la organización terrorista, sino más bien que su política –basada en la continuidad del esfuerzo policial contra ETA y en la parsimonia por lo que al tratamiento penitenciario de sus presos se refiere– sólo sirve para la contención, pero no para la derrota de la banda armada. Esta última requiere atacar el eslabón más débil de la organización terrorista –que, sin duda, es el que forman los presos– para inducir su abandono y, con él, deshacerla políticamente. La experiencia italiana de la disociación, que condujo a la desaparición de las Brigadas Rojas, es a este respecto una fuente que debe servir de inspiración para la política de derrota de ETA.

Queda, finalmente, sobre el tapete el asunto de la desafección ciudadana con respecto al sistema político. Es en este clima en el que se esperan altos niveles de abstención en los futuros procesos electorales, a la vez que un desvío del voto hacia las nuevas formaciones partidarias, entre las que son una incógnita tanto Ciudadanos –si decide extender su acción a toda España– y Vox –el partido nacido de entre los descontentos del PP–, como algunos grupos de extrema izquierda que ya han tenido oportunidades en el ámbito regional. De todo ello puede surgir una fragmentación política que, incluso con la ley electoral actual, dé lugar a un Congreso en el que sea inviable la formación de mayorías estables para gobernar. Ni que decir tiene que ese será el clima en el que las tensiones secesionistas tendrán su mejor caldo de cultivo. Por ello, me parece que, en vez de esperar a que el problema se muestre con toda su crudeza tras unas elecciones generales, más valdría empezar a abordarlo ahora que aún se está a tiempo de fraguar un nuevo consenso institucional que consolide el sistema nacido en 1978 con la Constitución.

Cataluña, el grano y la paja
José Luis Manzanares www.republica.com 25 Enero 2014

Cataluña no puede separarse del resto de España porque la Constitución no lo permite, al menos mientras que no se reforme según el procedimiento que ella misma regula. Su artículo 1.2 declara que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”. Y su artículo 155 dispone lo que debe hacerse si alguna Comunidad Autónoma “actuase de forma que atente gravemente al interés general de España”. Los textos son tan claros que huelgan las polémicas con quienes no acepten este punto de partida. Otra cosa sería seguirles el juego como si hubiera algo que interpretar o discutir.

Ese impedimento básico para todo secesionismo unilateral pierde fuerza si en el debate político abusamos de argumentos circunstanciales. Bien está alguna advertencia sobre la salida de la Unión Europea o los perjuicios que la independencia supondría para la economía catalana, pero sin exagerar. Primero, porque no es ese el quid de la cuestión. Segundo, porque corresponde a los propios catalanes y no al resto de los españoles valorar los costes de sus decisiones. Y tercero, porque el nacionalismo es proclive, como la historia nos enseña, a poner los sentimientos por encima de todo y al precio que sea.

Hay, como es natural, nacionalismos respetables, democráticos y respetuosos con el estado de derecho, pero el adoctrinamiento sesgado, el victimismo y el falseamiento metódico del pasado conducen indefectiblemente al radicalismo irracional. Entonces todo vale y cualquier sacrificio es poco para obtener la independencia. Mientras no nos paren los pies los obligados a ello, naturalmente.

De otro lado, siendo el problema catalán un problema interno, convendría tener cuidado en no contribuir a su internacionalización como los secesionistas desean. Una cosa es recodar que una Cataluña independiente quedaría automáticamente fuera de la Unión Europea, de la OTAN e incluso de las Naciones Unidas, y otra muy distinta entrar al trapo de la provocación. Los problemas internos dejan de serlo en los foros internacionales. Lamentable fue que ETA obtuviera cancha fuera de nuestras fronteras y preocupantes es ahora, guardadas las debidas distancias, que andemos explicando por esos mundos de Dios los males que a nuestro entender sufriría una Cataluña independiente. O magnificando las palabras de políticos foráneos sobre un problema que es exclusivamente nuestro.

Preocupa que el presidente del Gobierno de España asegure que no permitirá la secesión pero se calle lo que piense hacer para evitarla. Aunque no enseñar las propias cartas al adversario pueda ser prudente táctica, debe evitarse transmitir el mensaje de que las nuestras son muy malas. Una cosa es conseguir que el contrario no sepa si subimos o bajamos la famosa escalera y otra, muy distinta, que el pretendido artista del disimulo tampoco lo sepa.

Memoria y justicia
Alfonso Merlos La Razón 25 Enero 2014

Sí. Es un mapa contra la amnesia, la indignidad, el delito, la barbarie, las almas podridas, la sinrazón, la cobardía. Por eso es tan pertinente. Y más cuando aparecen voceros por aquí y por allá decretando por ignorancia o por una grave desviación moral la completa derrota de ETA (¡cuánta infamia y cuanta trola!).

Hay que responder. No sólo hay que escribir el relato día a día para preparar el final de la violencia de estas sanguijuelas asesinas (si es que llega). Hay una obligación ética de rendir tributo a quienes lo han dado todo por nuestra seguridad y nuestra libertad. Y esa exigencia se residencia en cada uno de los ciudadanos dispuestos a desmarcarse del crimen y repudiarlo señalando a sus promotores. La superabrumadora mayoría.

Con la duda de si estos matarifes volverán a apretar el gatillo de las pistolas que no entregan, es el momento de retratar su vileza, su espíritu animal, su fisonomía reptil y carroñera, su interior cargado de basura. Especialmente la sociedad vasca ni puede ni debe olvidar cuál es el rostro de esta escoria con capucha. Y nadie más indicado para incoar este proceso psicológico que el español cuyo familiar ha caído por el ruido de las bombas para a continuación instituirse en base moral de nuestra.

No. No vamos a ceder como esclavos ante una historia plagada de amenazas, insultos y ofensas de toda índole. Porque es verdad que el terrorismo consiste, de acuerdo con la vieja fórmula, en matar a pocos para asustar a muchos. Pero es que estos hijos de mala madre han matado a muchos. Y eso será siempre imborrable.

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PSC
miquel porta perales ABC Cataluña 25 Enero 2014

El PSC ha hecho muchas concesiones a su alma mística, la catalanista, y pasa lo que pasa

Nada sucede porque sí. ¿Quién utilizaba -hace tres años- términos o expresiones como «construcción de Cataluña», «valores nacionales», «alma», «nuestra nación», «nuestra ambición nacional», «respuesta catalana»? José Montilla, presidente socialista de la Generalitat. ¿Quién dio el visto bueno a una ley catalana de educación que consagraba la inmersión lingüística en Cataluña? ¿Quién implementó las multas lingüísticas a quienes no rotulaban «al menos» en catalán? ¿Quién apoyó el Estatuto de la discordia y el «derecho a decidir»? Pues, sí: el PSC. Y de aquellos polvos -podríamos hablar también de Raimon Obiols o Pasqual Maragall- estos problemas.

Ahora resulta que una parte del PSC reivindica la llamada alma catalanista. Al respecto, los díscolos del PSC tienen su cuota de razón. ¿O es que el PSC y sus dirigentes no habían dado carta de naturaleza -discursiva y programática- a un alma catalanista que paulatinamente se iba decantando hacia el derecho a decidir y el soberanismo? ¿Quién se manifestó -10 de julio de 2010- detrás de una pancarta que decía «Som una nació. Nosaltres decidim»? José Montilla, presidente socialista de la Generalitat. ¿Quién criticó la sentencia del Tribunal Constitucional contra -eso aseguraban- Cataluña? ¿Quién incluyó a los díscolos -la cosa viene de lejos- en las listas del PSC? El PSC.

Los problemas del PSC provienen de su alma catalanista. O nacionalista. Ahora, el alma, por lo visto, se ha cosificado. Pasar del alma -sentimiento- al cuerpo -lo que intermedia con el exterior- equivale a ir de la esencia a la existencia.

Como dice Tertuliano -el filósofo cristiano del siglo II, no el comentarista político de hoy-, el alma tiene las de ganar gracias a su naturaleza inmortal.

En la Cataluña mística de hoy, el prosaico federalismo de Pere Navarro tiene las de perder frente al arrebato sentimentaloide nacionalista de la Marina Geli que no quiere «traicionar» a los hijos. El PSC ha hecho muchas concesiones a su alma mística y pasa lo que pasa.

Teatrillo
juan carlos girauta ABC Cataluña 25 Enero 2014

Ser catalán y habitar en otra zona del Estado-nación presenta el problema del españoleo, que empieza por el estómago y por el oído

En la consulta que no va a celebrarse se votará a partir de los dieciséis para sacar un rédito más al adoctrinamiento y a la pedagogía de esplai, plenamente coherente con la política de esplai y la comunicación de esplai de este gran juego de rol. Se le busca un efecto adicional -y secesionista- a las excursiones patrióticas donde se ondean extrañas banderas por montes mágicos con lengua propia.

En la consulta que no va a celebrarse podrán votar los catalanes residentes en el extranjero, pero no los que hayan dado en vivir en Madrid, Sevilla o Zaragoza. Ser catalán y habitar en otra zona del Estado-nación presenta el problema del españoleo, que empieza por el estómago y por el oído. Y eso no puede ser porque sesga tu voto. En cambio, si resides en Maputo, incluso si allí naciste de padres catalanes, no sufres sesgos españolizantes y eres más objetivo.

En la consulta que no va a celebrarse se usará el padrón. El Ayuntamiento de Barcelona, muy motivado con la independencia, comprende que esa cesión de datos viene a solucionar la cerrazón de la Administración del Estado, muy celosa del censo electoral. La Ley de Protección de Datos impediría al señor Trías actuar de tal modo, pero, ¿qué podrá la ley, esa barrera, contra la legitimidad suprema de la voluntad emergente del pueblo?

En la consulta que no va a celebrarse se contará con una partida presupuestaria que va a sufragar urnitas y cabinitas. En el juego de rol, avala tal partida un dizque Tribunal, formado por militantes, que hace las veces de Constitucional. La imitación es muy realista dado que el presidente del Tribunal de verdad resulta poseer también su carné de partido. Todo es muy simétrico y lucido.

En la consulta que no va a celebrarse se juntarán muchísimos elementos de atrezzo y parecerá que de verdad estamos a punto de celebrar consulta. Los niños, y los jóvenes más impresionables, ven tanta convicción en el elenco que por momentos creen estar ante la realidad.

El colapso institucional
Rafael Torres http://www.diariosigloxxi.com  25 Enero 2014

MADRID, 24 (OTR/PRESS) Las instituciones españolas parecen haber entrado, por efecto de la carcoma de la corrupción, en esa fase que los americanos llaman "colapso", y que nosotros, para quienes un colapso era un grave y súbito alifafe que le podía dar a uno, no tenemos más remedio que llamar también así. Sobre la mayoría de las instituciones, y no digamos de las políticas y de las más sujetas al control gubernamental, recaen algo más que sospechas relativas a toda clase de mangoneos, chanchullos e indignidades, y tanto es así que prácticamente cada cosa hay que llevarla a los tribunales, que hacen lo que pueden, con pocos recursos y lentitud exasperante, pese a la escasa colaboración de la Fiscalía, otra institución que se las trae.

Esa brutal judicialización de la política y de la vida española desvela, de entrada, lo mucho que se delinque en los aledaños de la política y del Estado, pero también que no han existido ni existen los mecanismos de control "civiles", democráticos, que actúen de manera preventiva contra los delitos de gentes y de lesa patria, que no de otra clase de delito es, en el fondo, la corrupción. El ciudadano, empobrecido por la extensión y la envergadura de ese delito, que se dio y se sigue dando en casi todos los ámbitos por acción u omisión, no tiene otro sitio donde acudir en busca de socorro y amparo que al juzgado, y esa sola circunstancia, agravada por el hecho de que la Justicia ni está al alcance de todos ni es igual para todos, marca la extrema gravedad de ese "colapso", del daño acaso irreversible que está produciendo a la nación.

Con un Gobierno dedicado a crear y a agravar problemas y no a solucionarlos, fuente él mismo de la situación de atropello y de inseguridad jurídica que sufren los ciudadanos, diríase que el único reducto reconocible de civilidad y autoridad moral es el de los jueces, a su vez desamparados en un sistema incapaz de regirse desde los principios del bien común y la sensatez. Todo, desde un conflicto vecinal hasta las estafas bancarias, acaba en los jueces. ¿Para qué, entonces, el resto del caro aparato institucional?

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Los políticos son el problema

Teresa González Cortés www.vozpopuli.com 25 Enero 2014

En mentideros y salones se cuenta que Víctor Manuel, por eso de saberse icono de la progresía, ocultó la creación de una elegía suya dirigida al dictador Francisco Franco Bahamonde, titulada Un gran hombre. No hay de qué sorprenderse: en todos los sitios cuecen habas, pues hasta en la propia Francia Simone de Beauvoir (criticada junto a Sartre por su nulo compromiso con la Resistencia) estuvo trabajando con los colaboracionistas en “Radio Vichy”. Ahora bien, a diferencia del país vecino, aquí aún no se han levantado las alfombras para limpiar el polvo que nos nubla la visión.

Fugas del pasado
"No está en juego un proyecto partidista sino la integridad de la Nación", ha declarado recientemente y con solemnidad José María Aznar ante las estampidas de insumisión de CIU y Esquerra. Palabras relamidas y sansónicas, aunque huecas, si recordamos que como Presidente de España negoció con quien, entre otras boutades, defendía que hablar español era hablar la lengua del franquismo. Y es que el pacto de Majestic (1996), firmado entre Aznar y Pujol, no solo dio alas a la asimetría autonómica catalana, sino que bendijo, con el descabezamiento de Vidal-Quadras, la imposibilidad de estudiar castellano en los centros catalanes de enseñanza.

Nacido en Valladolid, canta a los cuatro vientos su León-idad como rasgo personal. Le gusta además recordar la memoria de su abuelo paterno. Y afirmar, cuando puede, que murió fusilado por "defender los valores de la democracia en la Guerra Civil española". Eso sí, Rodríguez Zapatero, el que viste y calza que el concepto de nación es “discutido y discutible", siempre olvida decir de su dilecto ancestro, el capitán Lozano, que estuvo en 1934 al lado del mismísimo Francisco Franco sofocando, pistola en ristre, la insurrección de Asturias.

En pleno franquismo, nacía en Alcampell, un pueblecito de Aragón, un tal Durán. Y sus padres, en honor al poderoso fundador de la Falange Española, le bautizaban “José Antonio” en letras grandes castellanas. Hoy, coronado su esfuerzo neoidentitario entre quienes, cree, son los suyos, ha logrado catalanizar hasta los cruasanes de su suite madrileña en el Hotel Ritz porque la identidad, ay, madre, es un asunto muy serio, eso sí… no sin antes expresar el tal Durán que la inmigración -¿lo dice por gente como él?- constituye un problema para la identidad catalana.

Un sacerdote de la “A” a la “Z”, para más señas “jesuita”, adorador de Dios y amante incondicional de la vida humana, quiso un buen día alejarse de la senda de lo sagrado y ocuparse de los asuntos terrenales. Por empatía histórica con los rebeldes carlistas cuyas historias escuchaba de niño, Arzalluz decidió unirse a los que transitaban los caminos del tiro en la nunca. Eternos aliados de Franco, los del PNV -Arzalluz se afilió a esta coalición ultraconservadora-, llevan décadas realizando extraños kamasutras con la gentuza de ETA, Bildu, Sortu, Amaiur…, igual que antes practicaron todo tipo de contorsiones al lado del Generalísimo.

Vamos a contar mentiras
A base de deshojar la margarita, los políticos pasan horas falseando la Historia y jugando al funeral de los recuerdos, mientras dejan en el tintero detalles interesantes. Evoco este aspecto ya que desde la Transición nuestros líderes manipulan a su antojo los sucesos históricos para aparentar que fueron bravos luchadores “antisistema”. Y auténticos campeones de la libertad.

Preguntado en una ocasión Horacio Vázquez-Rial sobre qué era la política, con la sagacidad de quien ha vivido en muchos frentes, contestó que “la política es la administración de la historia”. Y su respuesta sigue siendo acertada, puesto que en la administración política de nuestra Historia se cuelan muchas mentiras, demasiadas, como aquélla que realizaba con cínica distinción Miquel Roca cuando exponía que “una cosa es haber sido alcalde franquista y otra, alcalde en el franquismo”, como si esa distinción hubiese alguna vez sido posible.

Ante retóricas mentirosas o ante la continua falsificación del tiempo histórico, decía Anaxágoras (s. V a. C.): “si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas dos, la culpa es mía”. Pero, salvo los maquis y un puñado de comunistas, nadie, absolutamente nadie combatió en este país contra el franquismo, ya que la mayoría, lo señaló Enrique Tierno Galván, se dejó balancear por el viento de los acontecimientos.

La paradoja de Karl Popper
Carentes de cualquier rasgo de modernidad, asfixiados en metafísicas antediluvianas, nuestros políticos constituyen, por retrógrados, un peligrosísimo obstáculo para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos. Cual parásitos, y sin pensar jamás en el bien general, viven como clase cerrada para y por sus intereses, es decir, alejados aristocráticamente de las desventuras de la gente de la calle y ajenos a cualquier voluntad de gestionar la crisis con éxito. Y, peor aún, a partir del botín de las instituciones del Estado, han conseguido preparar las exequias del régimen del “1978”, pues, según parece, han cumplido al pie de la letra la paradoja popperiana de que la democracia puede democráticamente rechazarse a sí misma.

Obsesionadas por resucitar los epiciclos y ecuantes de la astronomía ptolemaica, empeñadas en volver antidemocráticamente a un pasado predemocrático, estas oligarquías están dispuestas a hacernos extranjeros, a inexplicar lo explicable, a buscar el origen fundacional del Universo en los fueros de la IIª República (PSOE, IU), en la pureza de la raza euskérica (PNV, SORTU, BILDU), en los espejismos centenarios de catalanidad suprematista (CIU, ER, PSC), cuando no, a airear las raíces de una Andalucía prehispana (CUT-BAI), de una Galicia celta (BNG), y de paso demostrar la prehistoria del País Valenciano (CPV), incluso el sustrato no europeo de Canarias (MPAIAC), entre otros cometidos.

Tanta necedad es lo que ha hecho posible que la inmensa mayoría de las coaliciones de este país haya trabajado por inocular el virus del “patriotismo inverso”, entendiendo por “patriotismo inverso” el gesto postfranquista de buscar más cuotas de poder por la vía de falsear la Historia e inventar nacionalidades extranjeras y esconder, bajo la propaganda del calamar, la ineficacia y miseria ideológica de sus dirigentes políticos cada vez que, en salmodias fractales, repiten el algoritmo babélico del nacionalismo sin solucionar, uf qué cansancio, los problemas reales de la ciudadanía.

Así que sí: aquí, como en otros lugares del mundo, los políticos son el problema, un gravísimo problema.

¿Regeneración? El Gobierno de Rajoy 'regaló' 55 millones de euros a los partidos políticos en 2013

El BOE publica las últimas ayudas del ejercicio para gastos de funcionamiento y de seguridad destinadas a las fuerzas con representación en el Congreso. El Ejecutivo del PP otorgó a su propia formación más de 27,8 millones de euros por ambos conceptos. La coalición Amaiur percibió algo más de 900.000 euros.
Nacional . www.vozpopuli.com 25 Enero 2014

España no sigue los pasos de Italia en lo que a financiación de partidos políticos se refiere. Si el Ejecutivo de Enrico Letta (centro-izquierda) acordó el pasado diciembre por decreto suprimir las subvenciones estatales a las principales formaciones del país (sólo podrán recurrir a las donaciones particulares), el Gobierno de Mariano Rajoy acaba de otorgar las últimas ayudas de 2013 a las fuerzas con representación en el Congreso. Según publicó este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), estos partidos reciben, con asignación al cuarto trimestre del pasado año, algo más de 13 millones de euros. Sumada esta cantidad a los importes de los tres trimestres anteriores, el Ejecutivo desembolsó 55,5 millones en 2013 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

De esta partida, que se distribuye de acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas elecciones a la Cámara Baja, el partido que sustenta al Gobierno se llevó casi la mitad. En concreto, el PP ingresó 26,5 millones en subvenciones para su funcionamiento ordinario y otros 1,3 millones para sufragar gastos de seguridad (27,8 en total). Por su parte, el PSOE consiguió 14,85, mientras que el PSC alcanzó los 2,2 millones. Les siguen Izquierda Unida (IU), con casi 2,5, y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) con algo más de dos millones. Los nacionalistas catalanes también rondaron los 2,5, aunque la mayor parte fue a parar a las arcas de Convergència, en detrimento de Unió, siendo esta última menos beligerante en el hemiciclo en sus mensajes proconsulta independentista.

El Ejecutivo sigue abonando las subvenciones para seguridad de los partidos pese a que la banda terrorista ETA anunció el cese definitivo de las acciones armadas hace ya más de dos años

Entre los partidos minoritarios, sobresale el caso de Amaiur, que percibió algo más de 900.000 euros, de los que 44.000 ingresó bajo pretexto de emplearlos en cuestiones de seguridad. Este último tipo de ayudas fueron concebidas por el Ministerio del Interior para que los partidos hicieran frente a los gastos que pudiera ocasionar cualquier medida de prevención ante la amenaza de ETA. El Gobierno sigue abonando estas subvenciones pese a que la banda terrorista anunció el cese definitivo de las acciones armadas hace ya más de dos años.

La coalición Amaiur, que incluye a los herederos de Batasuna, tendrá que demostrar la finalidad de este dinero, sobre todo después de que el Tribunal de Cuentas le instara el pasado noviembre a devolver los 7.600 euros percibidos en 2011 al no haber justificado su destino.

Lejos de reducir o suprimir estas ayudas, como han reclamado desde colectivos de izquierda a entidades conservadoras, el Ejecutivo ha incrementado la partida presupuestaria para 2014, con el argumento de que se trata de un año electoral. Si bien el Gobierno mantiene la misma cuantía para funcionamiento ordinario de los partidos y para seguridad (55 millones), lo que añade es una asignación de 29 millones para que las formaciones cubran los gastos de campaña de los próximos comicios europeos. Se trata, pues, de un desembolso total de 84 millones, lo que supone un aumento del 52,7% con respecto al ejercicio anterior.

El coste de la organización
Esta subvención se repartirá a posteriori, en función de los resultados que las distintas fuerzas obtengan en la cita del 25 de mayo. Además, al margen de ello, el Ministerio del Interior ha presupuestado 75,02 millones de euros para afrontar los gastos corrientes (material, suministros y otros) que conlleve la organización de estas elecciones europeas.

En su última reunión en Moncloa como presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre pidió a Rajoy que buscara un pacto de Estado con el PSOE para hacer una reforma en profundidad de las administraciones públicas. Fue en la entrevista que mantuvieron en abril de 2012 cuando la líder de los populares madrileños emplazó al jefe del Ejecutivo a retirar las subvenciones estatales a partidos políticos, sindicatos y patronal, argumentado que se "debe dejar de sostener a los que se pueden sostener".

Estado, mercado y libros de texto
xavier pericay ABC Cataluña 25 Enero 2014

La consejera Rigau tiene previsto reunirse la semana entrante con representantes del sector editorial, rama libros de texto, para que no se les ocurra malgastar tiempo y dinero en la elaboración de unos nuevos manuales para 1º, 3º y 5º de Primaria, o sea, para los niveles de enseñanza en los que a partir del próximo curso va a empezar a implantarse la Lomce.

Las razones aducidas por la consejera para paralizar el proceso de edición son, por un lado, la premura con que habría que adaptar los currículos, teniendo en cuenta además el grado de disconformidad entre la propuesta del Ministerio y el punto de vista de la Generalitat, y, por otro, la conveniencia de que en época de crisis se reduzca al máximo el gasto familiar, lo que sin duda se consigue reutilizando los libros de años anteriores. Sobra añadir que las razones de Rigau son mera pantalla. O pura obstrucción, si lo prefieren.

En este campo, como en el de las sentencias de los tribunales para que los alumnos sean escolarizados también en castellano, o como en cuantas disposiciones emanan del Estado y son de obligado cumplimiento, la política del Gobierno catalán consiste en mostrarse renuente, cuando no a oponerse frontalmente a su aplicación.

Es la política del «qui dia passa, any empeny» en la que se halla embarcada la Generalitat desde hace tiempo y, en especial, desde que Mas es su presidente. Pero en esta ocasión parece que los editores de libros de texto no están dispuestos a transigir. Les va el negocio, por supuesto. Como mínimo el negocio en Cataluña. Si no editan nuevos libros, apenas tienen ingresos. En este sentido, todo cambio legislativo es para ellos como agua en mayo.

De ahí que lo que se plantee sea una pugna entre mercado y Estado —o Paraestado, dado que se trata del catalán—. Las editoriales quieren vender y, para vender, necesitan producir. Al actual Gobierno de la Generalitat le importa un bledo su tejido empresarial, ni siquiera la gallina de los huevos de oro del sector editorial; sólo le importan sus delirios soberanistas. Y encima el tiempo, claro, juega a su favor.

Pero ¿en qué país estamos?
Miguel Massanet http://www.diariosigloxxi.com 25 Enero 2014

Mientras el señor Tarda esgrime una lata de Coca Cola en el delirio de su empacho de catalanismo, pidiendo a gritos que la popular marca se rotule en catalán, no fuera que los seis millones de catalanes no supieran de que bebida se trata o no entendieran las rotulaciones en castellano; el señor Mas se pone magnífico y nos habla de que Rajoy le está aplicando a Catalunya el “despotismo ilustrado” algo que a cualquiera que tenga la curiosidad de averiguar lo que significa le puede causar cierta confusión, porque, como es conocido la palabra despotismo está relacionada con el abuso de fuerza o de poder en el trato a las personas y, precisamente, se utiliza para calificar a aquel gobierno absolutista o totalitario que no se siente frenado por las limitaciones de las leyes, actuando por encima de ellas y sin respeto alguno por los derechos de sus súbitos.

¿Cuándo el señor Rajoy ha mostrado una actitud semejante? Si de algo nos quejamos los que somos contrarios a los nacionalismos excluyentes, es precisamente que no haya empezado a aplicar la Constitución para impedir que Mas y Catalunya incumplan, con sus proyectos separatistas, las normas constitucionales por las que se rige España y sus territorios.

Seguramente, porque le sonaba más redondo o porque quiso impresionar más a sus seguidores, el Presidente de la Generalitat catalana, quiso completar la expresión añadiéndole lo de “ilustrado”, con lo que acabó de meter la pata hasta el corvejón; porque esta palabra tiene un significado que se refiere a la “ilustración”, un movimiento filosófico del siglo XVIII, que predicaba el predominio de la razón y el progreso humano. Monarcas absolutistas como Luis XV de Francia o Carlos III de España fueron déspotas ilustrados que adoptaron medidas favorables a sus súbditos provocando cambios como la centralización de la administración pública, el fomento del comercio etc. que supusieron una relajación de su poder absoluto, adoptando un discurso más paternalista que, aunque hoy no se entendería, en aquellos tiempos significó un adelanto en favor de los ciudadanos.

Sin duda, el señor Mas se ha olvidado, en su locura secesionista, que quienes amenazan con incumplir las leyes del Estado son ellos, que los que ya se han rebelado contra las sentencias de los tribunales y negado a ejecutar las sentencias sobre la enseñanza del castellano han sido los del Gobern de la Generalitat; insistiendo, cansinamente, en el hecho todavía no demostrado de que, el 70% de los catalanes están por el “derecho a decidir”, y se empecina en apelar al derecho democrático del pueblo catalán a escoger si quiere ser España o no; sin tener en cuenta que están integrados en una gran nación de 45 millones de habitantes, que también son demócratas y que tienen todo el derecho del mundo a dar su opinión sobre Catalunya y su pertenencia a España. En todo caso, la discusión está fuera de lugar porque, nuestra Carta Magna no deja lugar a dudas sobre la unidad de la nación española.

No obstante, siguiendo en su terquedad de seguir dando golpes sobre el aguijón, parece que algunos prelados del País Vasco siguen empeñados en favorecer a los terroristas de ETA, tomando partido evidente por una banda que, pensando en aquello de que el fin justifica los medios, no ha dudado en victimar a más de 800 personas simplemente porque les estorbaban, querían crear terror entre los vascos y obligar al Gobierno a que se plegara a sus exigencias. Que el señor Uriarte, obispo emérito, ponga en la misma balanza a las víctimas de la banda y las que, según él, han sido causadas por las fuerzas del orden público o los GAL, aparte de que, cuantitativamente, existe una diferencia abismal, es como si quisiera poner a los justos que van al cielo con aquellos condenados a las llamas eternas. Nos resulta imposible comprender como un religioso puede anteponer su nacionalismo exacerbado al sentido común y al respeto por las leyes de la nación. Luego se quejarán de que la gente no vaya a las iglesias.

Y a todo este conjunto de insensateces a cargo de personas a las que parece que alguien les ha sorbido el seso, tenemos que añadir un dato que puede que a muchos no les cause preocupación, pero que a mí, debo reconocer que me ha producido una mala impresión por lo que se refiere a este empeño de los gobernantes de intentar ocultarnos aquellas noticias que no les son favorables, aunque ello pueda entrañar una amenaza evidente para el futuro de nuestra nación. Nos referimos a la información emitida por el Banco de España en la que, contrariamente a los datos facilitados por la Administración (93% del PIB) sobre el endeudamiento de España, resulta que, en realidad estamos con una deuda del 127’7% del PIB. Es decir que el monte total de la deuda pública española se sitúa en 1’305 billones de euros, una cifra record que nunca habíamos alcanzado (el truco está en que, a la hora de calcular el dato oficialmente, se dejan aparte la Sareb, Aena o RENFE, cuya deuda no se tiene en cuenta)

Pero lo más significativo de esta noticia es que a las CC.AA les corresponde un 23´5% con la particularidad de que la cifra real ha engordado en 45.000 millones sobre el importe calculado en el mes de Diciembre, pasando del 19´3% al 23’5%. Puede que las normas de Eurostat permitan a los países no contabilizar como oficial la deuda de una buena parte de las empresas públicas pero esto no significa que no se deba tener en cuenta y, naturalmente, pagarla a sus vencimientos.

Si los bancos invierten una gran parte de sus disponibilidades económicas en la compra de deuda nacional y, en algunos casos extranjera, debido a que el dinero que reciben del BCE sólo deben remunerarlo al 1% e invirtiéndolo en deuda sacan un rendimiento tres o cuatro veces superior, no debe extrañarnos que el crédito no acabe de llegar, especialmente a las pequeñas y medianas empresas; pero no cabe duda de que, a la vez, están metiendo todos los huevos en la misma cesta. Puede que la macroeconomía de señales de una incipiente recuperación, que suponga una esperanza para dentro de dos o tres años pero, en lo que a los ciudadanos se refiere, las consecuencias de la crisis siguen gravitando sobre ellos que ven como los impuestos no bajan al revés suben (en Catalunya el presupuesto del 2014 supone la implantación de 30 nuevos impuestos y tasas). No es posible que, en estas circunstancias las tuercas de Hacienda sigan apretando las economías de los ciudadanos, de esta clase media a la que le ha cabido bailar con la más fea en esta crisis y que ya está dando evidentes muestras de no poder seguir soportando tanta presión.

Ha llegado el momento de que las promesas del Gobierno de meter las tijeras en las empresas públicas y en la duplicidad de estructuras del gobierno Central y las autonomías, se solucionen para que la existencia de organismos cuya viabilidad no está justificada y el número de personas, no funcionarios, que los partidos políticos enchufaron en ellas empiece a ser suprimido, para que los impuestos puedan relajarse y los ciudadanos empezar a sentir el alivio de una menor carga fiscal. O así es, señores, como vemos este desbarajuste nacional, que no lleva trazas de solucionarse.

Ramón Zapirain Tellechea
Un tiro en la nuca se salda con nueve años de cárcel según Estrasburgo
JUAN E. PFLÜGER www.gaceta.es 25 Enero 2014

Sigue el goteo de puestas en libertad de presos de la banda terrorista ETA tras la derogación de la Doctrina Parot.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decretado la liberación de Ramón Zapirain Tellechea, preso de la banda terrorista ETA, condenado por el asesinato del policía nacional Máximo Antonio García Kleiner de un tiro en la nuca. Fue condenado a 224 años de cárcel de los que, tras disfrutar de la libertad condicional, apenas ha superado nueve.

Zapirain Tellechea se encontraba desde hace meses en libertad condicional y solicitó la revisión de su situación penal tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDDHH) que abolió la Doctrina Parot.

El etarra presentó un escrito el pasado 16 de diciembre solicitando que se le aplicasen los beneficios derivados de la sentencia del Tribunal con sede en Estrasbugo. En virtud de su reivindicación la Audiencia Nacional decidió el pasado miércoles “acordar la libertad definitiva del mismo y declarar extinguidas las responsabilidades penales a que se refiere la presente Ejecutoria”.

Tras este auto, al que ha tenido acceso GACETA.ES, se elevan a 66 los presos de la banda terrorista de ultraizquierda que han sido beneficiados por la derogación de la Doctrina Parot.
Fuentes de las víctimas del terrorismo consultadas por este diario han mostrado su extrañeza por la actuación que la Fiscalía y el Gobierno están teniendo en esta serie rápida de excarcelaciones.

Concretamente critican que no han mantenido su compromiso, hecho público unas horas después de conocer el fallo del TEDDHH, por el que aseguraban que las solicitudes de extinción de condena realizadas por los presos de ETA serían estudiadas una a una y contarían con la oposición de los respectivos fiscales. Sin embargo, las salidas han llegado a producirse por decenas y en todos los autos se recoge que la Fiscalía no se ha opuesto a las decisiones favorables hacia los etarras.

El dinero sale del bolsillo del sufrido contribuyente español
Los proetarras de Amaiur reciben 44.000 euros para cubrir gastos de seguridad contra la banda terrorista ETA
Los herederos de la ilegalizada Batasuna sólo tienen ahora que 'justificar' ante el Tribunal de Cuentas en qué gastan esa pasta
Periodista Digital.  25 Enero 2014

Los proetarras de la coalición abertzale Amaiur, que incluye a los herederos de la ilegalizada Batasuna, han recibido del Gobierno español 44.024 euros como compensación para cubrir gastos de seguridad.

Y el sarcasmo es que se trata de una partida ideada en su día para ayudar a las formaciones políticas frente a las amenazas de la banda terrorista ETA.

Por si eso fuera poco, hay que añadir que el dinero sale de los bolsillos del sufrido contribuyente español, incluidas las víctimas de ETA.

Por si alguien alberga alguna duda sobre las posiciones, simpatías y relaciones de Amaiur, no viene d emás recordar que pasado 21 de noviembre de 2013 impidió que el Congreso de los Diputados sacase adelante una moción de UPyD que instaba al Gobierno a modificar la actual legislación para impedir que los asesinos etarras excarcelados por la derogación de la 'doctrina Parot' cobren ayudas si no se arrepienten públicamente de sus crímenes.

La ayuda se recoge en el listado de beneficiarios de las subvenciones que el Estado ha abonado a los partidos durante todo el año pasado, cuyos datos del último cuatrimestre se publicaban este viernes 24 de enero de 2014 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En total, las formaciones políticas con representación parlamentaria recibieron el año pasado 2,69 millones de euros para cubrir los gastos de seguridad frente al terrorismo.

Casi la mitad de esa cuantía, que se distribuye en función de los resultados cosechados en las elecciones, fue a parar al PP, que obtuvo 1,3 millones de euros, y el restante se repartió entre los distintos partidos de la oposición.

A Amaiur, la coalición que logró siete diputados en las generales de 2011, le correspondieron algo más de 44.000 euros (a razón de 11.006,09 euros por trimestre) para cubrir gastos de seguridad derivados precisamente del compromiso de la Administración de ayudar a las formaciones políticas a protegerse de ETA.

Eso sí, se trata de subvenciones que tienen carácter finalista, lo que implica que la formación política debe justificar ante el Tribunal de Cuentas en qué se ha gastado ese dinero.

En sus últimos informes, la entidad fiscalizadora ha reclamado a Amaiur la devolución de parte de las subvenciones pagadas en 2011 precisamente porque no había justificado su uso.


 


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