AGLI Recortes de Prensa   Sábado 15 Febrero  2014

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ARCADI ESPADA El Mundo 15 Febrero 2014

Querido J:

Hace algunos días quedé francamente impresionado por un artículo de nuestro buen colega Zarzalejos (José Antonio), publicado en 'El Confidencial', que hacía alabanza de un libro 'Catalonia Calling' publicado por la revista 'Sàpiens', dedicada a la divulgación histórica, en colaboración con una Asamblea Nacional Catalana, dedicada a la propaganda independentista. Este artículo de Zarzalejos (José Antonio) coincidía en el tiempo con la publicación en Faes de un folleto informado y preciso, '20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña', básicamente escrito por Zarzalejos (Javier). Tengo un cierto interés en encontrarme con cualquiera de ellos y preguntarles si la fractura social ha llegado también a las familias no catalanas. Pero no quiero ir ahora por ahí, sino al 'Catalonia Calling', y este párrafo arrobado de Zarzalejos (José Antonio):

'Transmite una visión de la Historia cargada de un rencor infundado que incita a la xenofobia'

«Les confieso que, leído el libro, no tengo otro remedio que reconocer que la Asamblea Nacional Catalana y todos los colaboradores -identificados por completo- autores de los textos, así como la revista 'Sàpiens', han logrado un producto de marketing que se acerca a la excelencia. No he leído texto ni escuchado y visto audio e imágenes sobre la cuestión que resulten más pedagógicos, accesibles, visualmente agradables, bien maquetados e ilustrados que estos de 'Catalonia calling'. El mundo lo tiene que saber. Se trata de la acción persuasiva más completa para convencer a los que no dispongan de argumentos de contrario sobre la justicia intrínseca de la independencia para Cataluña conforme a una interpretación de la historia que avala su soberanía completa hasta la caída de Barcelona en la Guerra de Sucesión en 1714.»

Nuestro articulista se toma un tiempo para explicar que es una de las 10.000 personas que han recibido el libro y comprendo su excurso, porque están Bill Clinton, Beyoncé, Brad Pitt y Gaspar Llamazares. Y no estoy yo, cosa que no comprendo, y que me obligó a hacerme con él por la fuerza. Al cabo de veinte minutos de lectura, mientras lo tenía abierto y caído sobre mi regazo, echada atrás la cabeza, cerrados los ojos un momento y paladeando la inmerecida gloria de ser catalán, me llegó un inesperado aviso. El texto de una carta que el historiador portugués Pedro Cardim, entrevistado por 'Catalonia Calling', había enviado a algunos colegas europeos. Mira este párrafo:

«Reconozco que con cierta ingenuidad acepté conceder la entrevista, la cual acabó siendo integrada en un manifiesto político que vehicula ideas totalmente diferentes a las mías sobre la actual situación de España. Pero lo más importante es que se trata de una revista que difunde una visión de la historia completamente instrumentalizada por una ideología nacionalista y un uso de la historia que yo repudio y que es completamente contrario a lo que siempre he defendido como historiador y ciudadano. Estoy estupefacto e indignado. Siento que fui utilizado e instrumentalizado, un sentimiento que es compartido por varios de los colegas no españoles que, como yo, aceptaron ofrecer la entrevista a la revista (por ejemplo, Christopher Storrs o Friedrich Edelmayer).»

Me levanté, vaya si me levanté. El olor a sangre me levanta hasta el alma, cuantimás el cuerpo. No pude localizar a Storrs. Pero si a Edelmayer, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Viena. Me interesaba un asunto, al margen de la presunta utilización del texto para fines distintos de los que los historiadores habían previsto: si el texto que enviaron era el mismo que se había publicado. Y si preparaban algún tipo de respuesta pública. Edelmayer contestó: «No puedo decirle todavía si mi texto ha sido manipulado, porque a mí no me han enviado todavía la publicación. Le facilito el texto que he entregado, así puede comprobarlo usted mismo. Y es verdad que estamos preparando un texto de repuesta a 'Sàpiens'. Porque a mí como centroeuropeo no me gusta para nada ser usado en publicaciones nacionalistas como testigo. La única nación que yo tengo y que yo defiendo es la europea por la que voy a luchar siempre.» Hummm... 'Pas mal Edelmayer!' Me gustó. Y me puse con la tarea. La respuesta del historiador a las preguntas ocupaba 6.889 palabras. La revista publicaba 658. Bien. Se sabe de la frondosidad de los especialistas. ¡Y que los diarios no son de goma! Pero la comparación de los dos textos daba otro resultado asombroso: la mayoría de frases de la entrevista publicada no se correspondían con frases textuales de Edelmayer. Si te interesa, Verónica Puertollano ha hecho un pulcro trabajo de comparación que te dejo aquí. Una muestra un botón. Edelmayer nunca dijo: «Los austríacos abandonaron a los catalanes a su suerte.» Otro botón. De esta frase: «Las matanzas de 1714 se habrían podido evitar si ingleses y austríacos hubiesen pactado con Luis XIV el futuro de los catalanes»: Edelmayer no escribió ni matanzas ni futuro de los catalanes.

Llamé a la directora de 'Sàpiens', Clàudia Pujol. Le pregunté si ése era el tipo de edición que habían hecho con Edelmayer y otros. Me dijo que sí. Le pregunté luego si había enviado el resultado de la edición a los historiadores. Me dijo que no. Pensé entonces en Zarzalejos (José Antonio). Pero sí insistió, la directora, en que había informado a todos ellos de que sus entrevistas iban a formar parte de una campaña. Le insistí yo también en si había dicho campaña. Lo aseguró. Le pedí que me enviara los emails que había dirigido a Storrs, Edelmayer y Cardim. Pero, aunque amablemente, se negó. Por último confirmó que el historiador Cardim le había enviado una carta de protesta. Una dura carta que acababa así: «La revista Sàpiens transmite una visión de la historia cargada de un rencor infundado que incita a la xenofobia.»

Por hacer dedos pensé cómo podría editarse una frase así. E inmediatamente volví a pensar en Zarzalejos (José Antonio).

Sigue con salud
Separatistas e izquierdas en zafarrancho de combate

“Pocas o ninguna vez se cumple con la ambición, que no sea con dañó de tercero”, M. de Cervantes
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 15 Febrero 2014

No cabe duda, señores, que en este país hemos entrado en una fase nueva en la que, sea porque ya se vislumbran en el horizonte las próximas legislativas o fuere porque la impaciencia ya se les hace irresistible a los que fueron desbancados del gobierno en el mes de marzo del 2011 o porque aquellos que han fijado sus objetivos en lograr la independencia de Catalunya, se vean ahora presionados por aquellas mismas bases que arrastraron a pedir la independencia que ahora, impulsadas por las promesas de un país gobernado por las izquierdas en el que no habrá paro, ni colas para visitarse en los hospitales de la Seguridad Social, ni problemas para cobrar las pensiones, ni necesidad de endeudarse para pagar la deuda que les dejaron los del Tripartit, ni va a precisar de las ayudas del Estado para pagar a las farmacias, ni…; da la sensación de que se ha llegado a formar una especie de entente cordiale cuya única y urgente finalidad se centra en derribar el gobierno de derechas del PP.

En muchas ocasiones hemos denunciado el peligro de andarse con juegos revolucionarios; intentar destruir el orden y la seguridad proporcionado por un Estado de Derecho; pretender hacer política sin tener en cuenta los principios democráticos por los que se debe regir toda nación civilizada y buscar, mediante la fuerza de la presión en las calles; la demagogia populachera; el engaño y la falsedad; la propaganda destructiva y la descalificación sistemática de la actuación del Gobierno, el conseguir beneficios partidistas, buscar el desorden y el caos para obtener poder personal o poner en peligro las finanzas, la economía o el orden social de la nación, para favorecer la caída de un gobierno legítimamente elegido en las urnas. Si a ello añadimos que, aquellos que están jugando a este peligroso póker de posibilidades desestabilizadoras, son precisamente los que con su incompetencia, su estulticia, su falta de visión del futuro y su temeridad pusieron al país al borde de la quiebra; no cabe pensar más que estamos ante una pandilla de sinvergüenzas a quienes no les importa sacrificar la paz, el bienestar y la seguridad de los españoles.

Resulta poco menos que una actitud evidentemente antidemocrática el que, algunos partidos de la oposición al Gobierno, sistemáticamente, pongan en cuestión además de la acción de las instituciones gubernamentales, las políticas que está llevando a cabo el Ejecutivo, cuando de lo que nos hemos quejado aquellos que votamos al PP, es de la tardanza con la que se han decidido a ponerlas en práctica. El tema de la ley del Aborto resulta especialmente repugnante, tanto por las formas utilizadas por aquellos que se oponen a la reforma de Gallardón, como por los métodos y la intransigencia con la que se comportan todos los que han decidido denostarla, incluso antes de que se haya llevado al Congreso para su discusión. Han decidido utilizar todos los medios legales, ilegales o incluso delictivos, para impedir que se ponga coto a lo que era una patente para liquidar fetos impunemente. Feministas, izquierdistas, comunistas e incluso algún verso suelto del PP, han dado la nota en manifestaciones, disturbios, espectáculos y medios de comunicación, negando el derecho a aquellos que ganaron holgadamente las elecciones, a poder llevar a la práctica los objetivos que pongan remedio a las normas legales que permitieron a las izquierdas convertir las clínicas abortistas en mataderos en los que se extinguían, a cientos de miles, vidas de seres humanos.

El afán de desprestigiar al Gobierno puede llegar a poner en cuestión el comportamiento de uno de los cuerpos más prestigiados y queridos por los españoles, como es el de la benemérita Guardia Civil. Precisamente, por actuar siempre de forma disciplinada, por ser uno de los más condecorados de la nación, por tener una hoja de servicios impoluta ahora, estos que sólo buscan incordiar y crear descontento, se empecinan en buscarles faltas, en criticar la labor sacrificada que están haciendo en Ceuta y Melilla, impidiendo que ambas ciudades españolas sean ocupadas por miles de emigrantes de Marruecos. Sin pruebas, con absoluta mala fe, puestos de acuerdo para criticarla y conscientes que creando una sarta de mentiras pueden desencadenar un verdadero caos en nuestras ciudades del norte de África; estos de la izquierda no han dudado en verter sobre la Guardia Civil toda clase de calumnias, infundios, mentiras e inventos. Ya basta, señores, de criminalizar a las fuerzas del orden, sean policías, guardias urbanos, guardias civiles o mozos de escuadra cuando, actuando para mantener el orden, se ven precisados a usar aquellos elementos de defensa de las que han sido dotados.

Resulta incomprensible esta “sensibilidad” que muchos periodistas de izquierdas demuestran cuando se trata de juzgar a quienes les corresponde garantizar el orden en los lugares públicos. Nadie parece preocuparse si son heridos dos, cuatro o veinte policías en un altercado, generalmente provocado por los activistas de siempre; pero ¡Alto ahí, señores, vean la que arman cuando el que ha sido herido es el delincuente, el alborotador, el que destroza el mobiliario público o lanza piedras o cócteles molotov! Para ellos, que 800 individuos se lancen contra la frontera de Ceuta, intentando entrar por la fuerza y, al no conseguir hacerlo, lanzarse al mar para llegar a la costa, no debiera comportar ninguna reacción de la Guardia Civil. Muy lamentable que haya habido 14 muertos, pero nadie los obligó a lanzarse al mar. Resulta vergonzoso que, desde España, surjan las críticas más desconsideradas, las lamentaciones más impropias y las acusaciones más injustas contra unas fuerzas que se han limitado a cumplir con su deber. ¿Acaso lo que quieren estos sujetos es que, España, en apuros económicos, se convierta en el refugio de todos los emigrantes que, en sus países, gobernados por dictadores corruptos, se nieguen a alimentarlos? Prueben de mandarlos a Alemania o a Francia o a Gran Bretaña o, sin ir más lejos, a la civilizada Suiza. Y verán ustedes lo que ocurre.

Pero de todo lo que está sucediendo en este país me temo que lo más escalofriante es el comportamiento impropio, incomprensible, decepcionante y me atrevería a decir, anticonstitucional, de todos estos servidores de la Justicia, jueces, fiscales y magistrados que parece que han decidido ocuparse de la política, dejando abandonadas sus funciones de administrar Justicia como si, en esta nación, no hubiera cientos de miles de expedientes esperando ser sustanciados y miles de legajos durmiendo el sueño de los justos en las estanterías de los juzgados. Pues por raro que nos pueda parecer, 33 de jueces de Barcelona han firmado un manifiesto defendiendo “el derecho a decidir” de los catalanes. Otra, en este caso la ponente del TC, Adela Asúa, de izquierdas como no podía ser de otra forma, con otros cuatro magistrados, parece que no considera que la declaración de soberanía del Parlament catalán “tenga efectos jurídicos” y es partidaria de rechazar el recurso del Gobierno. ¿Quieren ustedes una muestra más fehaciente de que la Justicia en este país está hecha unos zorros y que, la politización de los tribunales precisa de una mano de hierro que elimine de la carrera judicial a todos aquellos que pongan por delante sus tendencias políticas a la recta aplicación de las leyes?.

¿Y el CGPJ qué piensa de todo esto? Manos Limpias ya ha elevado un escrito denunciando la actuación de los 33 jueces catalanes, pidiendo que se les sancione. No tengo muchas esperanzas de que, como suele suceder, se tome ninguna medida disciplinaria. O así es, señores, como veo consternado este sombrío panorama de la Justicia en nuestra nación.

De cómo Cataluña se volvió rica y Galicia, pobre
LUIS VENTOSO ABC 15 Febrero 2014

En el siglo XIX los aranceles proteccionistas establecidos por el Gobierno de España permitieron el despegue de la industria catalana, una apuesta que relegó a otras comunidades

La memoria es corta. Tendemos a interpretar el pasado filtrándolo por el tamiz de lo que vemos en el tiempo presente. Si en una charla de cafetería preguntásemos cuál de estas dos regiones, Cataluña o Galicia, contaba con más población en el siglo XVIII, indudablemente la mayoría de los parroquianos nos dirían que Cataluña, pues hoy la comunidad mediterránea aventaja a la atlántica en 4,8 millones de habitantes. Sin embargo, lo cierto es que en 1787 Galicia tenía más población que Cataluña: 1,3 millones de gallegos frente a 802.000 catalanes. Los saludables datos demográficos del confín finisterrano eran además un síntoma de pujanza. En el siglo XVIII algunos pensadores ilustrados presentaban a Galicia ante otros pueblos de España como un ejemplo de sociedad bien articulada económicamente.

Bendecida por un clima templado y con generosos dones naturales, ya bien conocidos desde los romanos, buenos amigos de su oro y su godello, entre 1591 y 1752 se estima que Galicia duplicó su población. Su éxito se basaba en una agricultura autosuficiente, que recibió un empujón formidable con la perfecta y temprana aclimatación del maíz a los valles atlánticos. Pero había más. Una primaria industria popular, cuyo mejor ejemplo era el lino. Y también, claro, los recursos de las salazones de pescado, donde tanto ayudaron empresarios catalanes; la minería, las exportaciones ganaderas, el comercio de sus puertos… Todo ese edificio gallego, tan perfectamente ensamblado durante siglos y triunfal en el XVIII, entrará en crisis súbitamente en el XIX y se vendrá abajo. Fue un colapso de naturaleza maltusiana (Galicia se torna incapaz de atender las necesidades que genera su bum demográfico) y da lugar a un éxodo de magnitudes trágicas: desde finales del siglo XVIII hasta los años 70 del siglo pasado se calcula que un millón y medio de personas huyeron de la miseria de Galicia. Buenos Aires fue durante largo tiempo la segunda ciudad con más gallegos y ese gentilicio todavía es allí sinónimo de español.

¿Por qué se hunde Galicia en el siglo XIX? Porque decisiones políticas externas voltean su modo de vida tradicional. La apuesta por la industria del algodón mediterránea, que será protegida con reiterados aranceles por parte del Gobierno de España, arruina la mayor empresa de Galicia, la del lino. Los nuevos impuestos del Estado liberal, que sustituyen a los eclesiásticos, obligan al campesinado a pagar en líquido, en vez de en especie, y lo acogotan. Aislado del milagro del ferrocarril, el Noroeste languidece, lejano, ajeno a los nuevos focos fabriles, establecidos en Cataluña, con su monopolio de la industria del algodón, y en el País Vasco, cuya siderurgia pasa a ser también protegida como empresa de interés nacional.

Stendhal ante el proteccionismo
El declive de Galicia en el XIX coincide con el espectacular ascenso de Cataluña, debido al ingenio y laboriosidad de su empresariado y a su condición de puerta con Francia.

Pero hubo algo más. En su Diario de un Turista, de 1839, Stendhal, el maestro de la novela realista, recoge con la perspicacia propia de su talento sus impresiones tras un viaje de Perpiñán a Barcelona: «Los catalanes quieren leyes justas –anota–, a excepción de la ley de aduana, que debe ser hecha a su medida. Quieren que cada español que necesite algodón pague cuatro francos la vara, por el hecho de que Cataluña está en el mundo. El español de Granada, de Málaga o de La Coruña no puede comprar paños de algodón ingleses, que son excelentes, y que cuestan un franco la vara». Stendhal, que amén de escritor era también un ducho conocedor de la administración napoleónica, para la que había trabajado, capta al instante la anomalía: el arancel proteccionista, implantado por los gobiernos de España en atención a la perpetua queja –y excelente diplomacia– catalana, ha convertido al resto de España en un mercado cautivo del textil catalán, cuando es notorio que es más caro y peor que el inglés. Un premio colosal, pues no había entonces industria más importante que la del algodón, que será pronto matriz de otras, como la química. Esa descompensación primigenia, el arancel, reescribe toda la historia económica de España.

A partir de esa discriminación positiva inicial, que le permite arrancar con ventaja frente a las otras comunidades, pues España era un páramo industrial, Cataluña va acumulando más y más espaldarazos por parte del Estado. Aunque también hay que ensalzar el ímpetu y la capacidad de la burguesía catalana.
Cataluña, siempre lo primero

La primera línea férrea de España es la Barcelona-Mataró, en 1848. Galicia contará con su primer tren en 1885, ¡37 años después! La primera empresa de producción y distribución de fluido eléctrico a los consumidores se creó en Barcelona, en 1881, se llamaba, y es significativo, Sociedad Española de Electricidad. La primera ciudad española con alumbrado eléctrico fue Gerona, en 1886. La teoría del agravio a Cataluña no se sostiene. De hecho, el resto de España todavía aportará algo más: mano de obra masiva y barata para atender a la única industria que existía, la catalana (salvo el oasis de Vizcaya).

En el siglo XX llegaran más ventajas competitivas para Cataluña. En 1943, Franco establece por decreto que solo Barcelona y Valencia podrán realizar ferias de muestras internacionales. Ese monopolio durará 36 años. Fue abolido en 1979 y solo entonces podrá crear Madrid su feria, la hoy triunfal Ifema. Catalanas son las primeras autopistas que se construyen en España (Galicia completó su conexión con la Meseta en el 2001 y la unión con Asturias se culminó hace dos semanas). La fábrica de Seat, la única marca de coches española, se lleva a Barcelona. Otro hito son los Juegos Olímpicos del 92, un plató de eco universal, conseguido, concebido y sufragado como proyecto de Estado (o acaso cree alguien que aquello se logró y se costeó solo por obra y gracia del Ayuntamiento de Barcelona y el gracejo de Maragall). En los años noventa se completará la entrega a empresas catalanas del sector estratégico de la energía, un opíparo negocio inscrito en un marco regulado. En 1994, el Gobierno de Felipe González vendió Enagás, monopolio de facto de la red de transporte de gas en España, a la gasera catalana, por un precio inferior en un 58% a su valor en libros. Repsol, nuestra única petrolera, también pasará a manos catalanas. Los modelos de financiación autonómica se harán siempre a petición y atención de Cataluña. También es privilegiada en las inversiones de Fomento y se le permite aprobar un estatuto anticonstitucional que establece algo tan insólito como que la instancia inferior, Cataluña, fije obligaciones de gasto a la superior, España. Todas las capitales catalanas están conectadas por AVE en la primera década del siglo XXI, mientras que la línea a Galicia todavía no tiene fecha cierta y los próceres de CiU presionan que no se construya.

Retroceso con la libertad
Cuando llegan las libertades económicas y se evaporan los aranceles y los monopolios, España logra crear, contra todo pronóstico, la mayor multinacional textil del planeta, Inditex. Resulta harto revelador que la compañía nazca en La Coruña, en el confín atlántico, y no en la comunidad que durante un siglo largo disfrutó del monopolio del algodón y el textil. Lo mismo sucede con las ferias de muestras de Barcelona y Madrid.

En realidad la libertad económica, unida al ensimismamiento nacionalista, sienta mal a Cataluña, acostumbrada a competir apoyada en la muleta del Estado intervencionista. Según la serie histórica de desarrollo regional de Julio Alcaide para BBVA, en 1930 la primera comunidad en PIB por habitante era el País Vasco y la segunda, Cataluña; Galicia se perdía en el puesto quince. En el año 2000 Baleares era la primera; Madrid, la segunda; Navarra, la tercera, Cataluña caía al cuarto lugar; y el País Vasco, al sexto; por su parte Galicia recortaba varios puestos.

Las sorpresas del siglo XXI
El corolario de esta historia es que hoy Galicia coloca sus bonos y presenta unas cuentas saneadas, mientras que Cataluña vuelve a estar sostenida por el Estado, pues su deuda padece la calificación de bono basura y se ha quedado fuera de mercado.

Galicia ha vadeado el sarampión nacionalista (Fraga fue un disperso presidente regional, pues su gobernanza era un atolondrado ir de aquí para allá sin proyectos claros, pero tuvo una idea genialoide: ocupó el espacio del nacionalismo, creando un galleguismo sentimental e intrusivo, pero imbricado en España).

Los gallegos saben que si un café vale 1,20 euros en Tui y 90 céntimos al otro lado del río, en Valença do Minho (Portugal) es porque formar parte de España reporta un mayor nivel de vida, y asumen que ese plus es lo que hace viable a Galicia.

Por el contrario Cataluña, desconcertada al verse obligada a competir en el mercado abierto, desangradas sus arcas por la entelequia identitaria, se deja embaucar por los cantos de sirena de la independencia, inculcada sin descanso por el aparato de poder nacionalista, con técnicas de propaganda de trazas goebbelianas.

España es una buena idea. La libertad, también. Y a veces, como ahora, libertad y España son sinónimos.

"Asombra el grado de perversión del monstruoso sistema que nos ha sido impuesto"
Arturo Pérez-Reverte: "Esta Administración infame"
"Todo esto apesta, oigan. Ni siquiera la desidia, la incompetencia o la maraña burocrática pueden explicarlo"
Periodista Digital 15 Febrero 2014

Arturo Pérez-Reverte: "Este Gobierno hace que Zapatero y su chusma de iletrados parezcan la escuela de Atenas"
Arturo Pérez-Reverte: "Cuando la calle arde, el político se acojona; hasta entonces, pastelea"

Eso no es el humilde funcionario de la ventanilla o el teléfono quien lo concede al sobrino, compadre o recomendado, sino que se decide arriba

La columna aparecía el pasado 8 de febrero de 2014, en 'XL Semanal', el magnífico suplemento dominical que nos llega con 'ABC'.

La firma el iconoclata y siempre brillante Arturo Pérez-Reverte y lo que cuenta en ella es el amargo pan de cada día para cualquiera que pelee tratando de sacar adelante una pequeña empresa, empuje un maltrecho negocio o sea medianamente conocido y tenga dirección de correo electrónico, dos dedos de sentido común y una pizca de sensibilidad.

Con frecuencia llegan cartas de jóvenes que intentan conseguir una beca de estudios o laboral, crear su propio puesto de trabajo como autónomos, o abrirse paso con fondos que el Estado administra.

Esas cartas acaban produciéndome honda tristeza, pues siempre cuentan lo mismo: el choque con el muro infranqueable de la Administración, cuando no de 17 administraciones diferentes y a veces opuestas entre sí.

La burocracia atrincherada bajo el cómodo anonimato y la impunidad funcionarial, que no sólo entorpece ilusiones, sino que a menudo las destruye por desidia, pereza o desinterés.

Como afirma nuestro mejor novelista, extraño será que ustedes mismos no conozcan casos, si es que no lo sufren en sus carnes o que no hayan llegado hace mucho a la conclusión de que nadie te dice nada y admás te tratan mal, cuando intentas saber qué suerte corrió tu solicitud y con qué criterios fue rechazada.

Asombra el grado de perversión del monstruoso sistema que nos ha sido impuesto. El sistema es anónimo, lo que garantiza mucha impunidad. Mucha golfería.

Todo esto apesta, oigan. Ni siquiera la desidia, la incompetencia o la maraña burocrática pueden explicarlo; porque, cuando con mucha insistencia alguien llega al hilo del ovillo, se entera, por ejemplo, de que su elaborado proyecto con el que sudó sangre, cuyo requisito oficial era generar empleo intercomunitario, ha sido rechazado como otros, y en cambio se lo dieron a una página Web más simple que el mecanismo de un sonajero.

Y claro. Ahí no valen pantallas. Eso no es el humilde funcionario de la ventanilla o el teléfono quien lo concede al sobrino, compadre o recomendado, sino que se decide arriba. Entre quienes se benefician del negocio y lo extienden a su clientela, sobre todo en un país corrupto como éste, donde lees el periódico y echas la pota.

Si esa poca transparencia se da con una subvención de 500 euros, calculen lo que circula en la sombra, y a qué manos va cuando se reparte el pastel entre afiliados, compadres y sindicatos del langostino

La Justicia da la razón a los padres catalanes que piden una enseñanza bilingüe 'efectiva' para sus hijos
Los padres de los centros afectados ya habían conseguido en resoluciones anteriores -de enero y junio del año pasado- el derecho a que sus hijos disfrutaran de una educación bilingüe con el uso de ambas lenguas oficiales como lenguas vehiculares.
www.vozpopuli.com 15 Febrero 2014

La Justicia ha dictado cuatro nuevas resoluciones a favor del bilingüismo en las que exige a la Consejería catalana de Educación que abandone la inmersión monolingüe y proporcione de forma real y efectiva enseñanza en lengua española y catalana a alumnos de cuatro centros educativos.

Los padres de los centros afectados ya habían conseguido en resoluciones anteriores -de enero y junio del año pasado- el derecho a que sus hijos disfrutaran de una educación bilingüe con el uso de ambas lenguas oficiales como lenguas vehiculares de enseñanza. Sin embargo, la Consejería hizo caso omiso, limitando el uso del español a la asignatura de educación física.

“Es una burla que se justifique la educación bilingüe en base a la impartición de gimnasia en lengua española. Lamentamos, una vez más, la obsesión del nacionalismo en Cataluña por arrinconar y excluir de las escuelas a la lengua que habla la mitad de la sociedad, oponiéndose incluso a un exiguo porcentaje del 25%”, aseguran desde Convivencia Cívica Catalana, entidad que asesora a los padres.

“Son ya más de 1.300 las familias que en Cataluña han reclamado una enseñanza respetuosa con el bilingüismo para sus hijos a la Consejería de Educación”, recuerda la entidad y anima a los padres en Cataluña con hijos en edad escolar a unirse a este número creciente de familias y a esta lucha cívica por el respeto al bilingüismo en la comunidad autónoma.

“Apelamos al gobierno autonómico catalán a abandonar su modelo de inmersión monolingüe para sustituirlo por un sistema bilingüe, que respete el derecho a decidir de los padres y la realidad bilingüe de nuestra sociedad”, concluyen.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Catalunya, 1414 *
Juan-José López Burniol. La Vanguardia  15 Febrero 2014

Es curiosa la cadencia tricentenaria de la historia catalana, que carga en la terminación “14”. Porque fue en Zaragoza, el 11 de febrero de 1414 –hace ahora seiscientos años–, cuando Fernando de Antequera fue coronado como Fernando I, rey de Aragón. Pertenecía a la familia castellana de los Trastámara, cuyo primer monarca fue Enrique II, hijo bastardo de Alfonso XI de Castilla y de Leonor de Guzmán, su favorita. Cuatro años antes –mayo de 1410–, el rey Martín el Humano había sido enterrados en la catedral de Barcelona. La Corona de Aragón no tenía rey. Los cuatro hijos legítimos de Martín –Martín, Jaime, Juan y Margarita– habían muerto. Sólo quedaba Fadrique, hijo ilegítimo y pronto apartado de las expectativas sucesorias.

Se impuso por todas las tierras de la Corona de Aragón, un espíritu de concordia tendente a evitar el conflicto: la sucesión de Martín habría de resolverse según los principios del pacto político, un rasgo característico de la Corona heredado de las viejas costumbres feudales catalanas; es decir, el nuevo rey sería elegido por nueve compromisarios –tres nombrados por las cortes de cada reino: Aragón Catalunya y Valencia– de entre los que destacaba el dominico valenciano Vicente Ferrer, “el del ditet”, quien se introdujo en el círculo del rey Martín tiempo atrás, y al que no le gustaba la alta nobleza catalana y sentía un especial apego por el patriciado urbano y los cavallers. Cuatro aspirantes presentaron su candidatura: Jaume, conde de Urgell, Luis de Anjou, Alfonso de Gandia y Fernando de Antequera.

Estaba en juego algo más que la sucesión del rey; se decidía el porvenir de la Corona de Aragón. En Catalunya, sin ir más lejos, la alta nobleza estaba por el pretendiente de Urgell, mientras que el patriciado urbano barcelonés había apostado por Fernando. Los nueve compromisarios se reunieron en Caspe, en abril de 1412, para elegir al nuevo rey por mayoría, si bien era preciso que al elegido le hubiese votado al menos un representante de cada uno de los tres reinos. Llegado el momento, eliminados los otros aspirantes, quedaron el de Urgell y el castellano. De los valencianos, uno se abstuvo y los dos hermanos Ferrer –Vicente, que habló, y Bonifacio– votaron por Fernando, como los tres aragoneses. Al de Trastámara le faltaba sólo un voto. Todo dependía de los catalanes. Votó primero, tras hablar, el obispo Sagarriga a favor del de Urgell, al igual que lo hizo Guillem de Vallseca. La decisión estaba en manos de Bernat de Gualbes, un burgués de Barcelona. No dijo palabra y votó por Fernando. La suerte estaba echada. Reinaría en Aragón. Catalunya y Valencia un Trastámara. Vicente Ferrer lo escribió así: “Yo, fray Vicente Ferrer (…), uno de los jueces designados por los Parlamentos, afirmo según mi saber y poder que los Parlamentos mencionados, los súbditos y vasallos de la Corona de Aragón, deben prestar la debida fidelidad al ilustrísimo y muy magnífico señor don Fernando, infante de Castilla”. La simiente de la unión estaba echada.

Este hecho histórico puede ser valorado desde diversas perspectivas. Una –dominante en la historiografía catalana– considera que, con el compromiso de Caspe, se extinguieron dos impulsos políticos que habían hecho posible la hegemonía catalana: la colaboración estrecha de la dinastía con parte de las clases dirigentes del Principado y el protagonismo catalán en la confederación catalano-aragonesa. Para Soldevila, como para Rovira i Virgili, Caspe agravó e impidió la recuperación de una fuerte crisis, apuntada pero no irremediable.

Otra perspectiva es la de Vicens Vives, según el cual “los catalanes se inclinaron por Castilla con la seguridad de encontrar en ella una ayuda contra los adversarios ultrapirenaicos. Acompañóles –y esto también determinó su opción– la ilusión hispánica despertada por los humanistas. Creemos que este hecho es irrevocable, pese a la decepción histórica posterior: no haber hallado en la comunidad surgida de la crítica peripecia del siglo XV la correspondencia deseada”. Para Vicens, la entronización de los Trastámara no comportó ninguna claudicación nacional, pues fue, en buena medida, consecuencia de las luchas entre sectores de las clases dirigentes enfrentados debido a la crisis económica.

Y una última perspectiva, de matriz castellana, considera –como escribió Mommsen en su historia de Roma– que “la historia de toda nación (…) es un vasto sistema de incorporación”, y, por tanto –como defendió Menéndez Pidal–, el compromiso de Caspe fue “la autodeterminación de un pueblo”, en la que este eligió restablecer una idealizada unidad peninsular del periodo visigótico. Es cierto que las interpretaciones son libres. Tanto como que las personas y los pueblos somos hijos de nuestros propios actos.

España / El desafío independentista
La jueza del TC que avala la declaración soberanista legalizó a Bildu y Sortu *
Adela Asua se mostró crítica con la Ley de Partidos Políticos antes de llegar al TC
Sus guiños al nacionalismo vasco se plasmaron en la negativa a respaldar la «doctrina Parot»
F. Velasco, Madrid. La Razón 15 Febrero 2014

La magistrada y vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Adela Asua, quien aboga por inadmitir el recurso del Gobierno contra la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña, ha dejado huellas de su «progresismo» en algunas destacadas y relevantes sentencias dictadas desde que ingresó en el Alto Tribunal, aunque ya antes expresó sus posiciones más que críticas con algunas de las leyes aprobadas durante mandatos anteriores del Partido Popular, especialmente, con la Ley de Partidos Políticos, que permitió ilegalizar Batasuna y los partidos que intentaron sucederle de forma fraudulenta.

Así, Asua, que era catedrática de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco hasta su nombramiento como magistrada del TC, en enero de 2011, tuvo ya que pronunciarse y «definirse» a los pocos meses de tomar posesión de su cargo en un asunto de especial sensibilidad, como era resolver sobre la ilegalización de Bildu que había acordado el Tribunal Supremo, al entender que era una mera continuidad de Batasuna. La sentencia del TC revocó el fallo del Supremo y permitió la legalización de Bildu y todo lo que ello implicaba. Gracias a esa resolución, Bildu ocupa hoy no pocas alcaldías del País Vasco y la comunidad navarra, e incluso la Diputación de Guipúzcoa.

Esa resolución fue adoptada por seis votos a favor y cinco en contra. Entre los que dieron «luz verde» a Bildu se encontraba Adela Asua, quien entonces llevaba apenas cinco meses en el TC. En la sentencia, esos seis magistrados «progresistas» reprochaban al Supremo que hubiese dejado fuera de la carrera electoral a Bildu con una «simple sospecha» y que esos «controles preventivos», añadían, ponen «en riesgo» el Estado constitucional y resultan, en todo caso, desproporcionados, habida cuenta que la reforma de la ley electoral permite actuar a posteriori contra las listas bajo sospecha.

Algunos meses más tardes se enfrascaba con el recurso interpuesto por Sortu, a quien el Tribunal Supremo denegó su inscripción en el registro de partidos políticos. En mayo de 2012 se volvía a repetir lo sucedido con Bildu: seis magistrados, entre los que figuraba Adela Asua, volvían a tumbar la decisión del Supremo y colocaban a Sortu en el marco de la legalidad, al considerar que se había vulnerado el derecho de asociación.

Esos «guiños» hacia el nacionalismo vasco se vieron refrendados por su postura defendida a lo largo de todo el debate relacionado con la «doctrina Parot». En marzo del pasado año, el Alto Tribunal venía a avalar la citada doctrina, en una sentencia que también salió adelante con el estrecho margen de seis votos a favor y cinco en contra, aunque, en esta ocasión, la postura de Asua fue minoritaria. La ahora vicepresidenta del TC reflejó en su voto particular sus profundas discrepancias con el criterio mayoritario, al entender que esa doctrina suponía «un cambio en las reglas del juego en la contabilización del cumplimiento de la condena que difícilmente podrá superar el test de previsibilidad sobre el alcance de las consecuencias punitivas previstas en la Ley».

Pero no sólo ha dejado muestra de su «sensibilidad» en este tipo de decisiones o con sus opiniones críticas con la Ley de Partidos Politicos. También en el tema lingüístico se ha dejado notar. Así ocurrió, por ejemplo, en el recurso que presentó el PSOE contra la Ley de Función Pública que aprobó el Gobierno de Baleares y en la que se considera el conocimiento del catalán como mérito y no como requisito para acceder a la Administración.En esta ocasión, su postura fue también minoritaria, pero en su voto ya dejaba claro que con esa reforma no se respetaba los «derechos lingüísticos» reconocidos por el Estatuto de Autonomía. «No puede ser razonable, justificado y equitativo en 2013 no valorar el conocimiento del catalán como requisito general de capacidad, ignorando el carácter oficial del catalán y la propia eficacia de la Administración autónoma, en la cual un cierto nivel de conocimiento de la lengua catalana resulta imprescindible para que el funcionario pueda ejercer adecuadamente su trabajo», afirmaba.

Tres criterios jurídicos muy definidos
- Ley de Partidos Políticos. En un artículo publicado en 2007, decía: «La expansión de la criminalización de los 'amigos de los enemigos' conduce a otras consecuencias indeseables de gran calado: la demonización de la ideología o de la religión...»

- «Doctrina Parot». Suponía un «cambio en las reglas del juego...que difícilmente podrá superar el test de la previsibildad sobre el alcance de las consecuencias punitivas previstas en la Ley».

- El uso del catalán en Baleares. «No puede ser razonable, justificado y equitativo en 2013 no valorar el conocimiento del catalán como requisito general de capacidad».

El embrollo de la lengua vehicular *
El Tribunal Superior de Justicia catalán ratifica de frente el sistema de inmersión
Albert Branchadell El Pais 15 Febrero 2014

Los recientes autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que exigen al Gobierno catalán la introducción de una cuota del 25% de horas lectivas en castellano, han sido recibidos como una agresión contra un sistema (la inmersión lingüística) que no solo cuenta con un apoyo parlamentario sólido sino también con el aval de los expertos y el refrendo de los resultados académicos. La reacción de la Generalitat, que tanto reprocha últimamente al Gobierno español su inmovilismo en el contencioso soberanista, ha sido inmovilista a su vez: al decir de Francesc Homs, consejero de la Presidencia, no se va a mover “ni una coma” del sistema. Ante este punto muerto tan gráficamente expresado son urgentes algunas reflexiones.

Para empezar, los autos del TSJC, lejos de desmontar el sistema de inmersión “por la puerta de atrás”, lo ratifican de frente. El TSJC se esfuerza en remarcar que la proporción de la presencia vehicular del castellano “debe partir de la consideración del catalán como centro de gravedad del sistema”. En este sentido, el modelo al que apunta el TSJC se sitúa claramente en contra de los modelos que vienen defendiendo los adversarios del sistema de inmersión. En su programa electoral de 2010, el PP de Cataluña estableció las proporciones que deberían corresponder a las diferentes lenguas vehiculares: entre una quinta y una tercera parte en inglés y el resto repartido a partes iguales entre el catalán y el castellano. Si optamos por la quinta parte en inglés, estamos hablando de un modelo 20-40-40, que es precisamente el modelo que defiende Ciutadans. Entre el 25% del TSJC y el 40% de estos partidos hay sin duda un trecho. Y el trecho es todavía mayor entre lo que dice el TSJC y lo que postula UPyD, que no es otra cosa que la posibilidad de elegir escuelas donde todo el currículo se imparta en castellano.

El problema, pues, no es que el TSJC destruya un sistema en el que el catalán debe seguir siendo el centro de gravedad. El problema, en todo caso, es que suplante al legislador y se saque de la manga que el 25% de docencia en castellano es lo que constituye una proporción razonable. Más allá del consabido argumento de la invasión de competencias, aquí hay que hacerse al menos estas dos preguntas. ¿Razonable para qué? ¿Y por qué el 25%?

Lo que debe garantizarse siempre es el bilingüismo terminal
El TSJC concluye que a la luz de precedentes como la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 de julio de 1968 “procede fijar en el 25% de las horas efectivamente lectivas el mínimo de referencia”. La sentencia citada se refiere a ciertas poblaciones de la periferia de Bruselas en cuyas escuelas públicas la lengua de la enseñanza es el neerlandés, a pesar de que una parte importante de su población es francófona. Según la legislación examinada por el TEDH, en estas escuelas la enseñanza del francés ni siquiera era obligatoria y en ningún caso se preveía su utilización como lengua vehicular, una situación que los jueces dieron por buena. La legislación examinada también establecía la posibilidad de organizar la enseñanza en francés si lo solicitaban al menos 16 familias francófonas; estas escuelas sí que tenían la obligación de enseñar la lengua neerlandesa, pero no de utilizarla como lengua vehicular. Si la sentencia del TEDH no fija ningún porcentaje, ¿cuál es el precedente, si no es la imaginación del Tribunal?

Pero más allá del aspecto relativamente técnico del porcentaje se halla la cuestión sustancial de la razonabilidad. Se supone que la introducción del castellano como lengua vehicular debería ser un instrumento para garantizar el correcto aprendizaje de esta lengua. Sin embargo, ni en las interlocutorias actuales ni en los anteriores pronunciamientos judiciales sobre esta cuestión se proporciona ninguna evidencia de que los alumnos cuyos padres han solicitado enseñanza en castellano padezcan un déficit de conocimiento de esta lengua. Esto lleva a pensar que lo de la razonabilidad no obedece a necesidades pedagógicas sino a convicciones ideológicas, y concretamente a una variante del westfalianismo lingüístico (ya saben: un Estado, una lengua): el castellano debe ser lengua vehicular en todo el territorio español (aunque en algunas regiones solo sea el 25%). Detrás de esta actitud se esconde un prejuicio político: un sistema educativo en el que la única lengua vehicular sea el catalán es percibido como antiespañol.

Naturalmente, al westfalianismo español le corresponde el westfalianismo catalán, según el cual en Cataluña la lengua vehicular debe ser el catalán. Y aquí asoma un prejuicio paralelo: la introducción del castellano como lengua vehicular es percibida como una maniobra anticatalana. (Lo curioso es que los recelos que despierta el castellano no los despierta el inglés: cuando la consejera de Educación, Irene Rigau, anunció que el 12% de las horas lectivas de primaria, el 15% de secundaria y el 18% de bachillerato serían en inglés, a nadie se le ocurrió decir que eso suponía desmontar el sistema de inmersión “por la puerta de atrás”).

Dejar que el sistema evolucione de modo natural parece más recomendable que modificarlo a golpe de autos judiciales

Para pacificar este asunto solo cabría una posibilidad, que es dejarse de westfalianismos. En primer lugar, habría que ratificar el único punto de encuentro de todas las partes, que no es otro que el bilingüismo terminal. Sea cual sea la decisión que se tome en materia de lenguas vehiculares, el sistema educativo debe garantizar el correcto aprendizaje tanto del catalán como del castellano. En segundo lugar, habría que dar libertad a los consejos escolares de los centros educativos para que establezcan su lengua o sus lenguas vehiculares y, si es el caso, la proporción de cada una de ellas. ¿Que la mayoría optará por mantener el catalán como lengua vehicular? Nada que decir, siempre que se garantice el bilingüismo terminal. ¿Que algunos optarán por impartir el 25% (por ejemplo) de las horas lectivas en castellano? Tampoco nada que decir, siempre que se garantice el bilingüismo terminal. Y todo ello sin olvidar la urgencia de levantar el conocimiento del inglés (la verdadera lacra lingüística del sistema educativo catalán, como lo es del español) mediante su introducción como segunda o tercera lengua vehicular.

Lo más irónico del asunto es que esta es precisamente la dirección en la que está evolucionando el sistema de inmersión. Diga lo que no diga la Ley de Educación de Cataluña, la Generalitat permite impartir un área en lengua castellana (aparte de la lengua y literatura castellanas) “en los centros que dadas las condiciones de su entorno sociolingüístico dispongan de un proyecto específico”. En virtud de esta posibilidad, y según datos aireados por la propia consejera de Educación, el 13% de escuelas públicas y concertadas de Cataluña ya está utilizando el castellano como lengua vehicular. (Por lo que respecta al inglés, el 34% de los centros lo utiliza como vehicular, y ya hemos mencionado el proyecto de Irene Rigau de conceder a esta lengua entre un 12% y un 18% del tiempo lectivo). En otras palabras, en Cataluña ya existen hoy escuelas que utilizan tres lenguas vehiculares sin que nadie las haya acusado de desmontar la inmersión “por la puerta de atrás”.

Y terminamos. Sería muy interesante estudiar ese 13% de escuelas que utilizan el castellano como lengua vehicular. ¿Por qué se tomó la decisión de adoptar el castellano? ¿Cómo se obtuvo el consenso de las familias? ¿Qué impacto está teniendo la medida? A lo mejor descubriríamos que el hecho de utilizar el castellano como lengua vehicular ha mejorado el conocimiento del castellano sin dañar el del catalán. Dejar que el sistema evolucione de este modo natural parece más recomendable que modificarlo a golpe de autos judiciales inspirados en última instancia en la nefasta sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Pero claro: en este momento de la historia ya les va bien, a los unos y los otros, que la cuestión de la lengua vehicular se haya convertido en un arma arrojadiza más.

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Independentismo en castellano
José Rosiñol Lorenzo. Periodista Digital 15 Febrero 2014

Uno de los fenómenos más sorprendentes que ocurren en Cataluña lo encontramos en ciertos comportamientos muy comunes entre muchos ciudadanos catalanes cuya lengua propia es el español, hablo de primera mano, de los muchos amigos y/o conocidos que a pesar de ser castellanoparlantes insisten en educar a sus hijos exclusivamente en catalán, esforzándose para evitar el uso del español en sus relaciones familiares.

Esta forma forzada de socialización primaria es vista como un acto de entrega por parte de los progenitores, como si la renuncia a lo propio facilitase el futuro de los vástagos cuando se adentren en el econosistema creado tras más de treinta años de nacionalismo, lo más chocante es que poca gente repara en este hecho, pocos son los que denuncian esta presión social implícita que parece haber pasado a formar parte del “sentido común” nacionalizado.

Naturalmente esto responde a un estado de interiorización del complejo de inferioridad de muchos de los catalanes que no encajamos en los estándares de comportamiento que el imaginario colectivo nacionalista, pero ello no es algo fortuito ni mucho menos gratuito, su objetivo es político e ideológico, porque lo explicado más arriba, la renuncia a perpetuar la propia identidad (del tipo que sea y con todos los matices posibles) refuerza la socialización primaria ideologizada de las escuelas catalanas.

Aquí nos encontramos con dos fenómenos, el primero es la manipulación –muchas veces voluntaria o cooperadora- de las primeras fases de socialización de nuestros hijos, dónde se crean los referentes narrativos básicos que dotan de significado al mundo que nos rodea (con ello se puede forzar o conformar unas significaciones u otras), en concreto me refiero al artificial medio cultural construido por el nacionalismo, relacionando (de forma casi imperceptible) la narración institucional con aquello individual, lo político con lo íntimo.

El segundo fenómeno es mucho más evidente, mucho más prosaico, se trata de la renuncia, la sumisión al poder establecido, la asunción e interiorización de una situación de discriminación social gracias a esa especie de relativismo cultural que jerarquiza a las personas en función de sus comportamientos culturales y/o sociales, ciudadanos que se esfuerzan en resocializarse para parecerse lo más posibles a los modelos de prestigio social.

La cumbre de este complejo de inferioridad y de necesidad de reconocimiento lo encontramos en la asociación independentista “Súmate”, cuya esencia es la de colaborar y ayudar a reforzar la sensación de unanimidad ideológica y uniformidad política entre la población, sensación que tan buenos réditos políticos está dando a las fuerzas soberanistas, por ello en sus intervenciones se esfuerzan en negar la realidad más palpable, niegan cualquier tipo de fractura social en Cataluña y ellos son el ejemplo de ello.

Sin embargo, este falaz silogismo cae por su propio peso, porque lo que ellos representan es el éxito de la política de asimilación y la inoculación del pensamiento único, ya que, para el nacionalismo, la única manera de evitar dicha fractura es, precisamente, la homogeneización política, la asunción de sus premisas y postulados, la inoculación de un lenguaje claramente performativo, la imposición de una espiral de silencio o de asimilación.

Una última reflexión, ¿quién hay detrás de este tipo de asociaciones?, ¿quién fomenta este espectáculo en forma de “vidas ejemplares” o de metáfora catalana del “buen salvaje” (o del buen “charnego”)?, solo hay que ver la foto de quién ocupaban las primeras filas en la presentación de Súmate en Barcelona (por cierto, en la sede de CC.OO.): Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural; Carme Forcadell, presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC); El catedrático y economista de cabecera del “Proceso”, Xavier Sala i Martín; Josep Maria Vila d’Abadal, presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI); y el periodista orgánico y comisario de los fastos de 1714, Miquel Calçada…


¿Pacto secreto en Navarra?
La sombra de las elecciones se asoma a Navarra
Germán Gorráiz López www.diariosigloxxi.com 15 Febrero 2014

Tras la separación traumática de UPN y el PP en el 2008, los socialistas navarros se vieron convertidos en árbitros de la contienda política tras el acuerdo tácito entre el Presidente navarro Miguel Sanz y el socialista José Blanco (contando con los buenos oficios de empresario hotelero Antonio Catalán), en virtud del cual las propuestas políticas de los socialistas navarros eran apoyadas por UPN en un espléndido ejercicio de ventriloquismo escénico a cambio del apoyo sin fisuras del PSN en la aprobación de los Presupuestos anuales de UPN, quedando IU y Nabai como convidados de piedra.

Dicha política de apoyo incondicional a UPN desde los bancos de la oposición le acarreó al PSN la pérdida de jirones de su primitivo ideario socialista pero tras la abdicación de Sanz en el 2009 y la proclamación de Barcina como su sucesora, le condujo finalmente al poder tras la boda morganática de Barcina y Jiménez (matrimonio de la mano izquierda) y la implementación del Gobierno de coalición UPN-PSN.

Sin embargo, una vez en el poder, Barcina habría provocado un golpe de timón de la nave foral traducido en una clara sumisión de UPN a los dictados del Gobierno del PP, lo que provocó el enojo y descontento del consorte Jiménez que se tradujo en coqueteos con la oposición nacionalista, por lo que Barcina con nocturnidad y alevosía recurrió al Tribunal de Rota político y consiguió la anulación de su unión política, quedando en soledad parlamentaria y como “bestia negra “ del sector de la boina de UPN (tradicionalmente se ha considerado que UPN estaría formado por dos sectores caricaturizados como el de la toga y el de la boina, que haría referencia al sector de votantes de UPN de filiación urbana frente al sector rural de la Zona Media y Ribera de Navarra).

En adelante y debido a su minoría parlamentaria en la Cámara navarra, habría llegado a un acuerdo con el Gobierno central para frenar las leyes que pudiera aprobar el díscolo Parlamento navarro mediante el recurso sistemático ante el Tribunal Constitucional, basándose en el artículo 161.2 de la vigente Constitución, que señala que “ el Ejecutivo central podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA” .

Así, el TC anuló la decisión del Parlamento de Navarra que obligaba a la Iglesia Católica y al resto de confesiones del Estado español a pagar la contribución territorial (impuesto equivalente al IBI) por todos los inmuebles de su propiedad con la única excepción de los destinados al culto, lo que unido al resto de recursos pendientes (del que sería paradigma el recurso de la ley foral que otorga al Parlamento la potestad de aprobar los ERE de empresas públicas), ha supuesto “de facto” el vaciar de contenido las competencias legislativas de una Cámara foral navarra devenida en barco amotinado que navegará sin rumbo fijo hasta las próximas Elecciones Forales.

Asimismo, estaríamos en la antesala de un severo recorte de la capacidad de la Cámara Foral para legislar impuestos (autogobierno fiscal navarro), que se enmarcaría en el contexto de la deriva autoritaria del Gobierno del PP que pretende la implementación de un Estado jacobino y autoritario (Tardofranquismo) y que tendrá su plasmación en las restricciones que se impondrán al autogobierno de la Comunidad Foral en las próximas negociaciones sobre la renovación del Convenio Económico Navarra-Estado y que terminarán convirtiendo a la Comunidad Foral en un autogobierno devaluado, enconsertado y sometido a los dictados del Tribunal Constitucional de turno.

Pacto secreto Sanz- Jiménez
Tras la escenificación de la ceremonia del desencuentro UPN-PSN plasmado en el “divorcio político” Barcina-Jiménez, asistimos al finiquito de la doctrina navarrista UPN-PSN que habría convertido a la Comunidad Foral durante una década en un coto privado del establishment navarro (Teoría del quesito de Miguel Sanz), quedando además el Gobierno de Barcina huérfana de apoyos en el Parlamento foral.

La reacción del ex-Presidente Sanz no tarda en llegar y en otoño del 2013 (contando de nuevo con la inestimable labor mediadora del empresario hotelero Antonio Catalán convertido de facto en Alto Comisionado del establishment del Estado español para evitar la alianza del PSN con Bildu), se produce una reunión secreta en Corella a la que únicamente acuden el ex-presidente Sanz, el candidato del sector de la boina de UPN Alberto Catalán y el dirigente del PSN Roberto Jiménez con la intención inequívoca de lograr la reimplantación de la Doctrina del quesito que condujo durante el mandato de Sanz a la esquilmación de las arcas forales y a la entrada en números rojos de la Hacienda foral con una deuda estimada de 3.500 millones de euros para finales del 2014.

Tras una opípara comida regada con excelentes caldos, se llega a un rápido acuerdo entre los allí presentes que contaría con dos vías de actuación para lograr la defenestración de Barcina como Presidenta del Gobierno Foral. La vía institucional consistirá en la implementación por parte del PSN en el Parlamento Navarro de la estrategia de “acoso y derribo” del Gobierno minoritario de Barcina y la difusión de la tesis de la implementación de un hipotético “Gobierno de Progreso” PSN-Nafarroa Bai-IU que daría prioridad a la regeneración de la clase política y a la revitalización del llamado “Estado social y democrático de Derecho” tras las celebración de nuevas elecciones forales.

Así, ante la implosión del “affaire Goicoechea”, el PSN por medio de Jiménez planteó a Barcina la disyuntiva de dimitir y convocar elecciones o ser defenestrada mediante la presentación por los socialistas de una moción de censura contra ella, moción que precisa de un mínimo de 10 diputados para poder ser presentada (el PSN tan sólo posee 9) y que para ser aprobada deberá conseguir la mayoría absoluta de la Cámara navarra (26 parlamentarios) , lo cual requiere la suma de todos los votos de la oposición ( IU, Aralar-Nabai, GeroaBai y Bildu) y un previo consenso de mínimos, iniciativa que tan sólo sería una maniobra de despiste consistente en insuflar en el electorado navarro la ilusión de la irrupción en el escenario político navarro de la posibilidad real de una alternativa a la derecha navarrista, quedando el PSN como adalid del cambio progresista en Navarra.

Mientras, Barcina habría acudido buscando ayuda a Mariano Rajoy y tras recibir sus bendiciones y su apoyo, habría afirmado su nula voluntad de dimitir al tiempo que reta al PSN a que presente una moción de censura, en la certeza de que Navarra es considerada “cuestión de Estado” tras el Tejerazo de 1.981 y que cualquier cambio institucional que se pueda producir en el viejo Reyno foral deberá contar con el visto bueno del establishment del Estado español quien valiéndose del endemismo recurrente de la existencia de ETA y su filiación ideológica con Bildu, hará imposible cualquier intento de instaurar un Gobierno progresista en Navarra, imposibilidad refrendada por el Ministro del Interior, Jorge Fernández Días, al declarar que “Navarra es estratégica para España porque ETA siempre ha tenido como objetivo la anexión a la CAV, por lo que todo lo que sea poner en cuestión o en riesgo la singularidad de Navarra, es de alguna manera, contribuir al objetivo que perseguía ETA”.

En consecuencia, el ex-Presidente Miguel Sanz procederá a la aplicación de la “segunda vía” , consistente en segar la hierba bajo los pies de Barcina. Así, según noticiasdenavarra.com, en los sótanos de UPN se estaría produciendo una maniobra soterrada por parte del sector de la boina ribero liderado por el ex-Presidente Sanz para recabar los votos necesarios para convocar de modo urgente el Congreso Extraordinario de UPN ( antes de Junio) y que tendría al Presidente del Parlamento foral Alberto Catalán como pieza de repuesto de Barcina una vez lograda su defenestración política.

Recordar que según los estatutos de UPN, para convocar una asamblea extraordinaria es necesario que lo soliciten el 25 % de los afiliados con derecho a voto mediante una firma y teniendo en cuenta que UPN contaría con unos 3.000 afiliados, serían necesarios un mínimo de 700 firmas para que prospere la sibilina iniciativa de Sanz, iniciativa que se antoja harto factible.

Dado que en el anterior Congreso Extraordinario de UPN celebrado en el 2013 la candidatura de Barcina venció por un ajustado margen (51,1 % de los votos), es previsible que el llamado “sector de la boina” liderado por Miguel Sanz logre recuperar el timón de la nave de UPN tras ser derrotada Barcina acusada de permitir la corrupción de su Gobierno (affaire Goicoechea) y tras la celebración de nuevas elecciones, podríamos asistir a la reinstauración de la Teoría del Quesito de Sanz (Gobierno de Coalición UPN-PSN), siguiendo la máxima navarrista de “antes Navarra roja que partía”, recibiendo la actual Presidenta Barcina como premio a sus inestimables servicios prestados en “defensa de la identidad unitaria de Navarra” un escaño en el Congreso de Madrid y quedando de paso la futura Cámara Foral dividida en dos bloques antagónicos e irreconciliables que tendrá como efecto colateral una fractura social de resultados imprevisibles.

4 centros más deberán ser bilingües
El TSJC, a la Generalidad: dar la gimnasia en castellano no es suficiente
El TSJC califica de "artificio de mera apariencia" el hecho de que la única materia que se imparta en castellano sea la gimnasia.
O. Moya Libertad Digital 15 Febrero 2014

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado cuatro nuevas resoluciones a favor del bilingüismo en las que requiere a la Consejería catalana de Educación para que proporcione de forma real y efectiva a alumnos de cuatro centros educativos una enseñanza respetuosa con el bilingüismo.

Los padres de los centros afectados ya habían conseguido en resoluciones anteriores de enero y junio del año pasado el derecho a que sus hijos disfrutaran de una educación bilingüe con el uso de ambas lenguas oficiales como lenguas vehiculares de enseñanza. Sin embargo, la Consejería hizo caso omiso, limitándose a dar en lengua española la asignatura de Educación Física en algún caso.

Ahora, el TSJC ha calificado de "artificio de mera apariencia" el hecho de que la única materia no lingüística impartida en castellano sea la gimnasia.

De cuanto se antecede, se colige que los autos dictados en esta pieza de medidas cautelares no han sido ejecutados convenientemente, para lo cual será necesario, sin perjuicio del mantenimiento del catalán como centro de gravedad del sistema, se haga efectiva en el curso y clase de las alumnas afectadas la presencia vehicular del castellano, en una proporción razonable y razonada, que no puede constituir, como es el caso, "un artificio de mera apariencia" (STS de 9 de diciembre de 2010 y 19 de mayo de 2011). Esto es lo que ocurre en este supuesto, en que sólo se utiliza el castellano como lengua vehicular en el área de Educación Física, además de la Lengua Castellana.

Las resoluciones también recuerdan a la Consejería de Educación lo establecido en numerosas ocasiones: que la atención individualizada "no es la forma de cumplimiento" de las sentencias cuando un padre solicita enseñanza bilingüe para sus hijos.

De esta manera, se dan por no cumplimentadas las medidas dictadas y establece un plazo de 30 días para que la Administración cumpla los autos judiciales. Y declara la nulidad de pleno derecho de las anteriores resoluciones de la consejera, Irene Rigau.

La Sala acuerda: 1) Declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución dictada por la consellera d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en fecha 16 de octubre de 2013, por ser contraria a las determinaciones contenidas en los Autos de fechas 12 de junio de 2013 y 18 de septiembre de 2013, dictados en esta pieza separada.

2) Tener por no cumplimentadas debidamente las medidas cautelares acordadas en esta pieza separada (...).

3) Con la imposición de las costas devengadas en este incidente a la Administración demandada, hasta el importe máximo de 400 euros.

Estas cuatro nuevas resoluciones del TSJC vienen a sumarse a fallos anteriores por los que se establece la obligación de ejecutar inmediatamente las resoluciones y proporcionar a los escolares una educación efectivamente bilingüe.

Convivencia Cívica Catalana (CCC) , entidad a través de la cual estas cuatro familias han acudido a los tribunales, considera que la utilización de la asignatura de gimnasia como materia impartida en castellano para demostrar el cumplimiento del bilingüismo en los centros es una "nueva burla de la consejera Rigau tanto a los padres como a la Justicia".

La entidad presidida por Francisco Caja recuerda que son ya más de 1.300 las familias que en Cataluña han reclamado una enseñanza bilingüe para sus hijos a la Consejería de Educación. Y anima a los padres en Cataluña a sumarse a ellas y a "esta lucha cívica por el respeto al bilingüismo en sus escuelas". Desde CCC lamentan "la obsesión del nacionalismo en Cataluña por arrinconar y excluir de las escuelas a la lengua que habla la mitad de la sociedad, oponiéndose incluso a un exiguo porcentaje del 25%".
Anteponer los derechos a las subvenciones

Además, hacen un llamamiento "a las entidades subvencionadas que defienden la inmersión monolingüe" a anteponer los derechos de los padres a "las subvenciones millonarias que reciben del gobierno catalán".

Esta misma semana, algunas de estas entidades -como Ómnium Cultural o Somescola- apoyadas por los partidos catalanes (excepto C´s y PP) se manifestaron a las puertas del TSJC para rechazar el castellano en las aulas.


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