AGLI Recortes de Prensa   Jueves 20 Febrero  2014

La indefensa soberanía nacional
EDITORIAL Libertad Digital 20 Febrero 2014

Naturalmente que el Gobierno tiene la "legitimidad política y los instrumentos jurídicos para combatir con éxito uno de los desafíos más graves para las leyes y las libertades de España", tal y como, en referencia al desafío secesionista catalán, ha advertido la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo en el Financial Times.

La cuestión estriba, sin embargo, en que esa legitimidad política y esos instrumentos jurídicos de nada sirven si quien los tiene a su disposición prefiere "no moverse" y no utilizarlos para abortar ese disgregador y liberticida proceso involucionista. Eso, en el mejor de los casos, pues ha de recordarse que el ilegal proceso de construcción nacional en el que está inmerso Artur Mas sería financieramente inviable si no fuera por la extraordinaria ayuda que, desde el primer momento, le está brindando el Gobierno de Rajoy, reacio a que el respeto a la ley o la suspensión de pagos de la autonomía catalana le obliguen a intervenir el Principado.

En cuanto al ámbito político, la pasividad del presidente del Gobierno a la hora de parar el desafío separatista ha llegado al extremo de que ha tenido que ser UPyD quien lleve al Congreso el debate sobre este gravísimo proyecto de ruptura. Bien está que el PP respalde la moción presentada por la formación de Rosa Diez, pero debería haber sido el partido del Gobierno el que llevara la iniciativa y el liderazgo en defensa de la soberanía nacional. Peor aun está siendo la actitud del principal partido de la oposición, que a última hora de ayer no tenía decidido si se abstendrá o votará hoy jueves a favor de esa resolución tan incuestionable en defensa de la Nación y el Estado de Derecho.

Finalmente, la querella que ha presentado este miércoles el sindicato Manos Limpias ante el TSJC contra el presidente de la Generalidad debe hacer reflexionar respecto de las medidas que, en el ámbito jurídico, ha tomado el Gobierno de Rajoy. Sin duda, la anunciada consulta secesionista conllevaría los delitos de prevaricación y desobediencia que se señalan en ella. Sin embargo, hubiera tenido más sentido presentarla por hechos que, a diferencia de la consulta de marras, ya se han perpetrado, como la clamorosa y continuada desobediencia de la Generalidad en materia lingüística o la financiación pública de ilegales estructuras de Estado por parte también de la Generalidad, hechos ante los que el Gobierno de Rajoy mira hacia otra parte.

En cualquier caso, lo que no habría sido prematuro en absoluto es que el Gobierno y la Fiscalía General del Estado hubieran advertido hace ya mucho a las autoridades autonómicas catalanas de las consecuencias penales que tendría la celebración de una consulta secesionista como la que tienen proyectada, con pregunta y fecha. A no ser, claro está, que los máximos responsables de hacer cumplir la ley hayan decidido situar por encima de la misma a los que la conculcan desde Barcelona.
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El Defensor de la Constitución
José Javier Esparza www.gaceta.es 20 Febrero 2014

Nuestro Tribunal Constitucional adolece de una feroz dependencia de los partidos políticos, lo cual limita mucho su fidelidad material a la doctrina

En el Tribunal Constitucional hay quien considera constitucional que Cataluña, contra la letra de la Constitución, se defina como sujeto soberano. Lo hemos visto la semana pasada. El mero planteamiento de la cuestión indica el absurdo laberinto en el que nos ha metido nuestra casta política. El problema de España no está fuera: está dentro.

Y bien: ¿Es ese Tribunal el que ha de defender la Constitución? ¿Es ese Tribunal el que ha de salvaguardar la unidad nacional? El problema viene de lejos y se hizo especialmente visible nueve años atrás, cuando Zapatero comenzó la demolición del frágil edificio constitucional. Desde entonces nuestro país tiene sobre la mesa una pregunta urgente a la que, sin embargo, nadie quiere responder, a saber: ¿Quién debe ser el guardián de la Constitución? La pregunta es un asunto clave del orden político y admite respuestas muy distintas. Álvaro D’Ors, por ejemplo, decía que el verdadero defensor de la Constitución es el Ejército, pues es quien posee los medios para defender. La frase deja de ser provocadora a poco que reflexionemos sobre ella.

Este punto generó en la Alemania de Weimar un debate importantísimo entre dos grandes talentos: Hans Kelsen y Carl Schmitt. Por simplificar, recordemos que Schmitt atribuía la función de defender la Constitución al jefe del Estado, es decir, a un poder político, mientras que Kelsen apuntaba a un tribunal específico, es decir, a un poder jurídico. La tesis de Schmitt presenta la ventaja de la eficacia: la autoridad del poder legítimo permite ejecutar la defensa con garantías de éxito. Tiene, sin embargo, el inconveniente de la inseguridad: por ejemplo, si para defender la Constitución se requiere suspender las garantías constitucionales. La tesis de Kelsen tiene la ventaja de la limpieza formal: un tribunal actuará con cuidado exquisito para garantizar la supervivencia de la norma. Pero presenta, entre otros, el inconveniente de la eficacia: ¿De qué armas dispondría el Tribunal en cuestión, en una situación excepcional, para hacer valer su defensa?

”En España se considera, en general, que hemos optado por el modelo kelseniano: el Tribunal Constitucional es el guardián de la Norma (artículo 161). Pero nadie ignora que nuestro Tribunal adolece de una feroz dependencia de los partidos políticos, lo cual limita mucho su fidelidad material a la doctrina (nadie ha lavado todavía la mancha del Caso Rumasa, el pecado original del TC). Al mismo tiempo, la Constitución reserva al Rey la función de “guardar y hacer guardar la Constitución” (artículo 61.1), declaración que deja de ser retórica cuando se repara en que es también el jefe del Ejército (y volvemos a D’Ors). Esta doctrina lo acercaría a la británica, donde el monarca, tras la crisis de 1911, se convirtió de hecho en “Guardián de la Constitución” (Keith). Hoy esa doctrina británica se ha matizado: la Corona sería “guardián de la esencia de la Constitución en momentos graves”. Nuestra Constitución también contempla esos “momentos graves” –excepción, alarma, sitio-, que son los que “activarían” el papel guardián del Rey, pero su decreto no corresponde a la Corona. Así volvemos a Schmitt: “soberano es quien decide el estado de excepción”.

Ahora la cuestión es saber si en España queda realmente alguien dispuesto a defender la Constitución.

El encaje catalán
Javier Caraballo El Confidencial 20 Febrero 2014

Ya hablan. Los empresarios catalanes, digo. Parecía que no estuvieran, que se los hubiera tragado la tierra o que hubieran ocultado todo protagonismo en cientos de agujeros cavados al efecto, pero ya, poco a poco, los empresarios catalanes nos dicen qué piensan del proceso independentista. Bueno, en realidad, hablar, hablar, los únicos empresarios que han hablado con absoluta claridad han sido los extranjeros, con la Declaración de Barcelona que hicieron pública la semana pasada. Pero los demás, salvo algunas excepciones, se han dedicado a guardar silencio, camuflado de "silencio respetuoso". Ahora han comenzado a decir alguna cosa y, si se observa, todos se han acogido a la misma plantilla de respuesta.

La 'respuesta tipo' siempre consta de tres partes medidas, que consiguen un equilibrio casi perfecto. Una primera parte de cal, ("La independencia de Cataluña genera un panorama de incertidumbre y supone un riesgo muy grande para la buena marcha de la economía catalana"), una segunda parte de arena ("Pero no se puede ignorar la realidad que existe en Cataluña, una falta de encaje que no es de hoy, sino que viene de muy lejos, y que sólo se puede solucionar hablando") y una coda final de equidistancia ("Por lo tanto, hay que confiar y exigir a los responsables políticos de ambos Gobiernos que encuentren una salida dialogada que satisfaga el encaje de Cataluña en España"). Y ahí se quedan. En el encaje catalán.

Pero, a ver, ¿qué diantres quiere decir "el encaje catalán"? Nada, esa es la cuestión. Es una expresión que viene muy bien a los empresarios catalanes para salir del atolladero de silencio en el que se encontraban, pero que nada aporta porque se mantiene en un irritante (o calculado) juego de medias palabras, naderías bien sonantes, que no se atreven a decir claramente lo que se piensa. A ver, el llamado "encaje de Cataluña" lo único que oculta es la insatisfacción antigua de los nacionalistas catalanes por haberse generalizado en España el modelo de autonomía que, en principio, sólo iba a corresponder a las mal llamadas "comunidades históricas", Galicia, Cataluña y el País Vasco.

¿Qué tendrían que hacer murcianos y riojanos, renunciar a la autonomía para que los catalanes, ahora sí, se sintieran diferentes y distintos?Como se ha detallado aquí en otras ocasiones, ese esquema primero de la Transición Política se rompe con un referéndum en Andalucía y, a partir de ahí, nace la generalización del modelo autonómico (aunque Cataluña y el País Vasco siempre han contado y cuentan con más competencias que el resto). Es lo que desde entonces, primeros años de la democracia, se conoce como el “café para todos", y esa igualdad es la que el nacionalismo catalán no ha podido superar jamás. Sencillamente, les irrita que Murcia o La Rioja, que son dos comunidades que utilizan constantemente en estos desahogos, tengan el mismo estatus teórico, comunidad autónoma, que Cataluña. A partir de ahí, todos los agravios consecutivos que se van hilvanando, siempre viejos, siempre latentes, cargados de tópicos, muchos de ellos insultantes, contra los andaluces o los extremeños o contra los madrileños.

La cuestión, verán, no es lo que piensen y lo que digan, no, la cuestión es que si ese es el problema de fondo, si esa es "la falta de encaje", ¿alguien puede decir cómo se soluciona? ¿Qué tendrían que hacer murcianos y riojanos, renunciar a la autonomía para que los catalanes, ahora sí, se sintieran diferentes y distintos? Si ese es el "encaje", si esos son los problemas, estaría bien que uno de estos días alguien se detuviese un momento a explicarnos qué daño le provoca a Cataluña, en qué la limita, que los murcianos o los riojanos tengan una autonomía.

En su desmesura habitual, nadie como Pilar Rahola ha sabido expresar este incomprensible resentimiento de muchos catalanes, casi un sarpullido, provocado por la igualdad de los demás, de sus vecinos. Dice Rahola: "Fuimos los grandes artífices de la lucha autonómica y nos premiaron con el 'café para todos'; éramos el motor económico, y lejos de primarlo, se dedicaron a expoliarlo; descubrimos que existía la alta velocidad y se fue a Sevilla; aportamos una lengua milenaria, y se dedicaron a agredirla, con la vana esperanza de castellanizarnos; había que apretar las tuercas tributarias, y ahí estaba la vaca catalana. (...) El cansancio ha dado paso al rechazo, y el rechazo ha traído un nuevo escenario".

En fin, si en la ceguera es capaz de decirse eso de que "descubrimos la alta velocidad", pocos comentarios pueden hacerse, salvo la pregunta anterior: Si ese es el problema, ¿qué deben hacer las demás autonomías, a qué deben renunciar, para que Cataluña no tenga problemas de encaje en España? Que nos lo digan, porque así nos vamos enterando todos los demás.

Lo que nunca dirán los nacionalistas catalanes es que se equivocaron en la Transición al aceptar un régimen fiscal especial para País Vasco y NavarraLa otra vertiente oculta que tiene este mantra nuevo del 'encaje catalán' tiene que ver, obviamente, con la financiación autonómica. Pero todo eso ya lo conocemos de sobras, la pesadez tramposa de las balanzas fiscales, el falso robo a Cataluña y la mendicidad de extremeños y andaluces, como si en esas regiones todo el mundo viviera de la sopa boba. Todo eso, ya digo, lo conocemos hasta el hartazgo, pero lo que nunca dirán los nacionalistas catalanes es que se equivocaron en la Transición al aceptar un régimen fiscal especial para País Vasco y Navarra que lo ha distorsionado todo; a lo que nunca se van a atrever es a exigir un nuevo sistema de financiación que ponga fin a los privilegios vascos y navarros para que todas las comunidades se rijan por el mismo modelo y, por tanto, dispongan de las mismas posibilidades de desarrollo.

Sin embargo, esa es, junto a otras dos iniciativas legislativas más, la única salida que se le ve al conflicto catalán, y por añadidura a los que puedan venir después en otras regiones. Un sistema de financiación, de corte federal, que derogue el cupo vasco y navarro; una ley de referéndum como la que ya estuvo en vigor en la Transición (que exige una mayoría superior al 50 por ciento del censo, no de los votantes, y en cada provincia); y la vuelta del recurso previo de constitucionalidad.

De las tres propuestas, PSOE y PP sólo han avanzado (y parece milagroso) en una de ellas, el recurso previo de constitucionalidad, que es la menos útil a estas alturas. Pero bueno, podría ser un comienzo. Si en vez de circunloquios vacíos, se le empezaran a llamar a las cosas por su nombre, veríamos que no existe otra salida que esas tres reformas. ¿Nuevo sistema de financiación? Por supuesto, más avanzado e igual para todos. ¿Una consulta? Por supuesto, pero con una mayoría reforzada como exige la gravedad del modelo de Estado. ¿Nuevas competencias? Por supuesto, siempre que quedan en la Constitución. Y el encaje, pues eso, para quien quiera hacer como que dice, pero sin decir nunca nada.

Cataluña
La Generalidad y "el pueblo catalán"
José María de Pablo Libertad Digital 20 Febrero 2014

Tras casi veinte años ejerciendo la abogacía, creía que ya lo había visto todo. Pero no. Ahora leo, entre sorprendido y divertido, que la Generalidat de Cataluña ha interpuesto una demanda civil de protección del derecho al honor contra varios periodistas, actuando, dice la demanda, "en representación y defensa del pueblo catalán".

No he leído la demanda. Tampoco el informe del CAC en el que se basa. Desconozco, por tanto, si las expresiones utilizadas por los periodistas demandados tienen suficiente entidad como para ser consideradas como lo que la jurisprudencia denomina "intromisiones ilegítimas en el derecho al honor". Pero basta con saber que la demanda la interpone la Generalidad de Cataluña "en representación y defensa del pueblo catalán" para concluir que estamos ante una demanda temeraria (que es como llamamos los juristas a las pretensiones disparatadas) que nunca debió ser admitida a trámite y que no tiene ninguna posibilidad de prosperar.

Tiene dicho el Tribunal Constitucional que los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, entre los que se encuentra el derecho al honor, son derechos personalísimos. Esto significa dos cosas. Primero, que se trata de derechos que solo pueden ejercer las personas (en principio las físicas, aunque la jurisprudencia contempla, en ciertas ocasiones, el derecho al honor de las personas jurídicas). Segundo, que sólo los titulares de esos derechos están legitimados para invocar su protección ante los tribunales.

La primera conclusión es que la Generalidad, que no es una persona sino una administración pública, no es titular del derecho constitucional al honor (los derechos constitucionales lo son de los ciudadanos, no de las administraciones). Es imposible, por tanto, que nadie haya vulnerado el derecho al honor de quien, por no ser más que una administración pública, carece de ese derecho.

Quizás por eso la Generalidad ha decidido demandar no en su propio nombre sino "en representación y defensa del pueblo catalán". Pero esto es un disparate aún mayor. Primero, porque "el pueblo catalán" carece de personalidad jurídica. Pero sobre todo porque -y esto es lo más importante- solo los titulares de los derechos personalísimos pueden solicitar su protección ante el juez.

La Ley Orgánica 1/1982, que regula la protección del derecho al honor, solo confiere legitimidad activa para interponer acciones de protección del derecho al honor a la persona titular del derecho. La única excepción son las personas fallecidas, en cuyo caso se permite el ejercicio de la acción por la persona designada por el difunto o, en su defecto, por sus herederos. Y por nadie más.

Por tanto, incluso si alguna de las expresiones utilizadas por los periodistas demandados pudiera haber vulnerado el derecho al honor de un catalán, de varios, o incluso de todos los catalanes, solo tendría legitimación activa para ejercer la acción civil, personal e individualmente, cada uno de aquellos catalanes cuyo derecho al honor se considerase vulnerado, sin que nadie –ni siquiera la Generalidad– pueda hacerlo en su lugar.

En este sentido, por ejemplo, la Sentencia 790/2004 del Tribunal Supremo (Sala Civil, Sección Primera), recuerda que

la legitimación para ejercitar la acción de protección del honor corresponde exactamente a la persona que ha visto vulnerado su derecho, por la simple razón que se trata de un derecho personalísimo.

Con independencia de la valoración política que merezca, y que no me corresponde hacer a mí, estamos ante una acción que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, es un despropósito.

José María de Pablo, abogado penalista.
www.josemariadepablo.com

Acoso nacionalista
La libertad de expresión en Cataluña
Pablo Planas Libertad Digital 20 Febrero 2014

Cuarenta años después de la muerte de Franco, la libertad de expresión, la de opinión y la de prensa no están garantizadas en España. Un ciudadano puede ser conducido ante un juez por criticar a un político, a un partido o denunciar la actuación despótica, desproporcionada y autoritaria de una administración pública. La Generalidad, por ejemplo, acaba de forzar que un juzgado de Barcelona cite a siete personas acusadas de ofender al pueblo catalán, presuntos culpables de haber vulnerado el "derecho al honor, la intimidad y la propia imagen" del "pueblo o ciudadanía de Cataluña". Que se admita a trámite una demanda basada en la intimidad de siete millones y pico de personas muestra hasta qué punto, incluido el ámbito judicial, llega la gangrena nacionalista, el delirio totalitario, y lo poco que importa atenerse a un mínimo de apariencia de legalidad. Todo vale y el poder político catalán no necesita andarse con miramientos con sus opositores, como tampoco necesita cumplir con las sentencias. Está por encima de la ley.

La implantación del nacionalismo en Cataluña se explica por la ingente tarea de adoctrinamiento y manipulación llevada a cabo en la escuela y en los medios de comunicación desde hace tres décadas. La construcción de una nación primero y ahora la de un Estado han sido el objetivo tanto de los planes de estudio como de las escaletas de los medios públicos y las portadas de los subvencionados. La combinación ha sido un éxito: cientos de miles de catalanes creen, por ejemplo, en la existencia desde tiempos remotos de una civilización catalana con agencia de espionaje, hacienda y ejércitos propios incluidos. Sin la coordinación editorial, sin la confección de un discurso único, sin la elaboración retórica de mentiras políticas y falsedades históricas, las pretensiones de Artur Mas, las efusiones de Junqueras y las actividades del consejero de Presidencia, Francesc Homs, no serían posibles. Sin el control de los medios de comunicación, tipos así no habrían alcanzado el poder y se dedicarían, por este orden, a hundir empresas, manipular estudiantes y vender preferentes.

Treinta años después de que JR, el de Dallas, hablara catalán en TV3, Homs está al frente del complejo de medios de comunicación catalanes, puesto que a los públicos se añaden los diarios digitales, de papel, las emisoras de radio y televisiones locales que el nacionalismo tiene sometidos y comprados merced a una política de subvenciones a fondo perdido con los que taponar sus pérdidas, garantizar su existencia y servir a la causa. Puede que en Madrid se tenga una impresión distorsionada del poder nacionalista y del de Rajoy en los medios de comunicación, a tenor de las últimas remociones en las grandes cabeceras. Es verdad que a Mas le falta dinero y capacidad crediticia para cambiar al director de un periódico de Madrid, pero le sobran fondos públicos y favores prestados para condicionar la línea editorial de La Vanguardia, que en 2013 recibió casi un millón de euros del departamento de Homs para su edición en catalán. Eso que se sepa, ya que dicha cantidad no incluye ni la publicidad institucional, ni los fondos de otras consejerías, ni las partidas destinadas a la radio y a la televisión de Godó (más soberanistas que TV3), ni esto ni lo del consorcio. Seguramente el viejo periódico barcelonés reciba más pasta del Estado (o más facilidades para financiarse), lo que explicaría el peso de Moncloa en la caída de José Antich y el auge del excronista monárquico Màrius Carol, pero la línea editorial no descuida en absoluto los intereses del caciquismo local. De hecho, intenta denodamente buscar coartadas que justifiquen las estupideces, excentricidades y los errores políticos de Mas, consulta ilegal incluida.

El riego de cientos de miles de euros en prensa de papel, periódicos digitales y medios audovisuales para propagar el odio a España y difundir el separatismo es una muestra de poder blando que garantiza la existencia artificial de productos infames, tanto en el fondo como en la forma, cuyas funciones son amplificar eslóganes como el manido "España nos roba", mantener ocupada a la nutrida nómina de periodistas paniaguados y sostener las ficciones separatistas. No hay alternativas en Cataluña porque no hay publicidad, ni privada ni pública interesada en que el régimen nacionalista tenga réplica y sus mentiras y corrupciones puedan ser denunciadas sobre el terreno.

La otra manera nacionalista de condicionar la actividad de los medios es una muestra de poder duro, entre lo venezolano y lo norcoreano. La aplicación del garrote corre a cargo de Homs, que dispone a los efectos del Consejo Audiovisual de Cataluña, el siniestro CAC, los servicios jurídicos de la Generalidad, los recursos públicos, a una administración de justicia en suspenso de sus actividades en Cataluña y a un prensa amordazada con la pólvora del contribuyente. Así que lo que no puede comprar, lo intenta cerrar, ya sean frecuencias de medios incómodos, ya sean bocas de periodistas libres. Y así se señala y se pretende acobardar a los críticos; así se les cita ante los juzgados en nombre del pueblo de Cataluña y así se las gasta Homs, Quico Homs, el mismo al que entrevistaron en la COPE cuando fue a Madrid a hacer amigos.

La conclusión es que la libertad de expresión en Cataluña está amenazada y su ejercicio implica dificultades impropias de un sistema democrático, que a un ciudadano le pueden llevar ante un juez por criticar a Mas en una tertulia y que se va a encontrar en la indefensión más absoluta por el delito de defender que Cataluña es España y cosas de ese estilo. Y no es probable que esta situación, la del desprecio a la leyes y a las libertades, vaya a cambiar a corto plazo. Ni Berlín, ni años treinta. En Barcelona y en 2014.

Cataluña
Nada personal
José María Albert de Paco Libertad Digital 20 Febrero 2014

Resulta insólito oír hablar a un nacionalista de personas, así, a pecho descubierto, sin un maldito terruño, nación o pueblo que atenúe o acaso disuelva la naturaleza jurídica de dicha entidad, esto es, su condición de sujeto de derecho individual. Por eso me llamó la atención que el inefable-consejero-de-Presidencia-Quico-Homs declarara ayer, tras el portazo de los empresarios catalanes al proceso soberanista, que lo que importan no son los colectivos (en alusión a las asociaciones empresariales), sino las personas, puesto que, al cabo, son las personas quienes habrán de ejercer el derecho al voto en un hipotético referéndum.

No descarto que, al ir hilando silábicamente la voz personas, Homs sintiera el escalofrío o quién sabe si el morbo del que se adentra en una jungla inexplorada. Él, que a sus años no había conocido más agrupaciones celulares que las cadenas humanas, las voluntades populares o las cohesiones sociales, se topaba de pronto, parafraseando a Gil, con la verdad desagradable, con el único argumento de la obra.

Las personas, sí, las mismas que en su mismidad llevan años reclamando para sus hijos una educación bilingüe y que, precisamente por ello, por tratarse de casos personales, aislados, no han recibido otra respuesta de la Administración que la de la atención, ay, personalizada. Y cómo pasar por alto, en este punto, ese aforismo tributario tan cuajado de rigor: "Quienes pagan impuestos no son los territorios, sino las personas", que los no nacionalistas hemos esgrimido desde la noche de los tiempos frente al España nos roba (los no nacionalistas catalanes; el resto de españoles, con los políticos madrileños a la cabeza, siempre creyeron que sí, que España algo robaba).

Homs, tan habituado como cualquier otro de su cuerda a tratar exclusivamente con Omniums, Ustecs, boletaires, castellers, barcelonistas, manifestantes, sindicatos, asociaciones de padres o esbarts dansaires; tan habituado, en fin, a adularse frente al espejo, un espejo-espejito que siempre le devolvía las lisonjas a cambio de una subvención, descubre, como quien descubre el hielo, que "lo que cuenta son las personas". Una vuelta más de tuerca y se sorprenderá diciendo: "Y no las entelequias".

Cataluña
“Por la Justicia Social”
Movimiento Masby  20 Febrero 2014

Este es un mensaje enviado a todos los Medios Comunicación y miembros del Movimento Masby

Hola, el próximo 21 de febrero viernes a las 19:30 h., España 2000 saldrá en manifestación “Por la Justicia Social” desde El Corte Inglés de Colón hasta la plaza de la Virgen en Valencia.

Numerosos son los motivos para protestar ante la situación de corrupción actual y sobre todo, es necesario demostrar que el movimiento patriótico está vivo y creciente en Valencia al igual que en toda Europa.

Desde Masby apoyamos esta iniciativa e invitamos a todos los seguidores de la zona de Valencia a unirse a esta manifestación por defender básicamente nuestros pilares: España y el español.

Más información en http://bit.ly/1ff4fBG

Un saludo,
Juan Antonio Marín - Movimiento Masby
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Perjuicios para Cataluña y el resto de España
Conocer bien los problemas reduciría el apoyo social al independentismo
Emilio Albi- El Pais  20 Febrero 2014

En una cita clásica, Renan señala como esencia de una nación que todos los individuos que la forman tengan muchas cosas en común y también que todos hayan olvidado muchas otras. El simposio España contra Cataluña es fácil interpretarlo como un intento de recordar los agravios que el Estado español pueda haber hecho a Cataluña desde 1714. Sin embargo, los agravios tienden a ser recíprocos en cualquier relación. Por ejemplo, bastantes republicanos de la época no entendieron la intentona de Companys en octubre de 1934, que pudo influir en lo que vino después, ni sus desavenencias con el Gobierno de Negrín en 1937-1938.

Pero hay algo más aparte de agravios. Los historiadores dicen que, en el siglo XVIII, se abrió a Cataluña el comercio con las Indias, antes reservado a Castilla. La política arancelaria y comercial de parte del XIX ofreció a la industria catalana un mercado español cautivo, probablemente en detrimento de los intereses de otros lugares y de los consumidores. A principios del siglo XX, tampoco parece que la economía de Cataluña sufriera “expolio” por parte del Estado español. Con el franquismo, que sojuzgó a Cataluña, política y culturalmente, no le fue mal al empresario catalán, y la inmigración llevó a muchos abuelos y padres de los catalanes de hoy desde otros lugares de España, iniciando, a partir de los años 60, la modernización del país entero.

Naturalmente, lo anterior está dicho sin menosprecio de la capacidad y solidaridad de los catalanes, ni del resto de españoles. Es verdad que a muchos les parecerán historias pasadas, pero lo cierto es que es historia que dura más de cinco siglos. Situándonos en un periodo más reciente, la Constitución de 1978 no logró un encaje perfecto del concepto de nacionalidad dentro de una nación y Estado comunes. A pesar de ello, la aceptamos y votamos.

Es obvio que en la Cataluña actual, tras 35 años desde la Constitución, existe un sentimiento independentista creciente. Si la emoción de sentirse miembro de una nación, que ahora es el momento de desarrollar, fuese inconmovible, el debate político, histórico o económico resultaría baldío. No obstante, pienso que ese sentimiento contiene la creencia, posiblemente equivocada, de que se han hecho sacrificios comunes que a lo largo de la historia han beneficiado mucho más al resto de españoles que a los catalanes. No sé si los historiadores aclararán nunca esa visión, pero creo que es, en buena medida, la causa básica de que parte de los catalanes quieran que su solidaridad y esfuerzo conjunto (o sea, los beneficios de un Estado) redunden en ellos mismos.

El resto de España contaría con menos territorio y población. Cataluña se enfrentaría a dificultades serias

En tiempos ya muy cercanos, con los recortes de gasto debidos a la crisis, esas impresiones se han visto reforzadas, sin que muchos se pregunten qué se hizo con los ingresos de años anteriores y cuál es la realidad económica. La utilización política de las balanzas fiscales, que tienen mitad de ciencia y mitad de arbitrariedad, ha empeorado las cosas desde hace, al menos, diez años. Las balanzas reflejan principalmente que un territorio recibe menos (más) de lo que paga, por ser más rico (pobre). Pero se tiende a interpretar estos saldos como el remanente que tendría Cataluña si fuese independiente, lo que no es estrictamente válido.

Desde luego, los sistemas de financiación autonómica ensayados han sido defectuosos, aunque se hayan aceptado y no solo por el Gobierno central. Confiemos en su mejora y en que introduzcan criterios para que no cambie la posición ordinal por territorios, a causa de la progresividad fiscal, de las subvenciones de nivelación territorial o de las pautas de gasto estatal, como se ha sugerido en tantas ocasiones.

Los cambios económicos y personales que una secesión originaría, serían perjudiciales para todos. El resto de España contaría con menos territorio y población, mermando su PIB. La redistribución territorial que Cataluña facilita (aunque no en primer lugar, detrás, de Madrid o Baleares) también sería menor: los familiares de muchos catalanes, que no emigraron en el pasado, vivirían peor.

Respecto a Cataluña, no sé cómo podría financiar sus déficits y a qué coste. La credibilidad dentro de los mercados es más española que catalana. Una administración eficaz de la Seguridad Social o de los Tributos no se edifica en poco tiempo. Si la caja está medio vacía, ¿cómo se pone en funcionamiento un Estado? Nadie explica cómo se pagarían las pensiones que en la actualidad arrastran un desfase de más del 30% en Cataluña. Los catalanes de origen y corazón que, por razones personales (digamos, su jubilación), o por trabajo residen en otras partes de España, ¿a qué Estado habrían de acogerse?

¿Qué deuda del Estado español sería imputable a Cataluña y qué debería el primer Estado al segundo? ¿Cómo se valorarían y pagarían los activos del Estado español (infraestructuras) existentes en Cataluña? Todo esto no se resuelve simplemente con una negociación ni presentando unas cuentas mejor hechas. No hay que confundir deseos con realidad. Sin olvidar que la entrada en la UE no es automática y que, en el proceso, pueden surgir vetos, quizá no españoles. La economía de una Cataluña independiente se enfrentaría a una gravísima dificultad en este asunto.

Retornando a la afirmación de Renan del principio, el apoyo al nacionalismo catalán, y al español, sería menor si los ciudadanos no olvidáramos muchas cosas. Todas las mencionadas anteriormente y algunas más. Conocerlas mejor aminoraría mucho la tensión actual, eliminando maximalismos.

Emilio Albi es catedrático de Hacienda Pública en la Universidad Complutense. Su último libro es Reforma Fiscal (Civitas).

La lengua materna ya no interesa ni a CiU y ni al PSC
Junta de la Asociación por la Tolerancia  20 Febrero 2014

Coincidiendo con el Día Internacional de la Lengua Materna, la Asociación por la Tolerancia organiza este viernes 21 de Febrero a las 19h la II Jornada por la Lengua Materna y el Bilingüismo, en el Centro Cívico Villa Florida (Muntaner 544, Barcelona), a la que se ha invitado tanto a partidos que defienden ese derecho reconocido por la UNESCO, como a partidos que abogan por la inmersión forzosa en catalán, para así celebrar un debate lo más plural posible.

Desgraciadamente la consejera de educación del gobierno de CiU, Sra. Irene Rigau no ha respondido a esta invitación, como tampoco lo ha hecho el PSC. Ni su portavoz parlamentaria de educación, Sra. Rocío Martínez-Sampere, ni la Secretaria de Educación del PSC y alcaldesa de Barberá del Vallés, Sra. Ana del Frago, han contestado a la invitación cursada por la Asociación por la Tolerancia.

El Sr. Joan Mena de ICV-EUiA y la Sra. Ramona Barrufet de CiU se han excusado por motivos de agenda, y no parece que ningún otro responsable de sus respectivos partidos pueda acudir a este acto.
Por el momento han confirmado su participación los portavoces de eduación en el Parlament del PP, María José García Cuevas y de C's, Carlos Carrizosa, así como el portavoz de UPyD en Cataluña, Ramón de Veciana.

Sorprende esta falta de interés hacia el derecho a la primera enseñanza en cualquiera de las dos lenguas maternas y oficiales de Cataluña, especialmente por parte de CiU y PSC, ya que durante la transición defendían con lógica, apasionamiento y sensatez la primera enseñanza en catalán o en castellano, como hizo el Sr. Ramón Trias Fargas en el Congreso de los Diputados el 24 de Mayo de 1978, según refleja el acta de sesiones :

"Además de un derecho humano, me parece claro que el idioma, la lengua materna, es un requisito pedagógico importante. Los primeros pasos intelectuales, los primeros intentos de pensar, los primeros contactos con el ambiente cultural, los hace el niño en su idioma materno; y sólo a través de ese idioma materno es capaz de darse cuenta del medio cultural en que vive. Por eso es tan difícil que cierta ideas que se formulan en un idioma puedan luego expresarse en otro; por esta razón hay bastantes niños que no pueden superar esta dificultad y se encuentran con su capacidad de expresión mermada y, sobre todo, disminuidas sus capacidades de aprender. Pero, además, y sigo en el tema pedagógico, a mi me parece claro que el trauma que siempre entraña el paso de la familia a la escuela aumenta extraordinariamente cuando se complica con el paso de un idioma a otro. Esto ha frustrado distintas vocaciones intelectuales y creo, pués, que es un aspecto a tener muy en cuenta." ....
..." Lo que nosotros proponemos es precisamente la enseñanza en la lengua materna, bien sea catalán o castellano, y la enseñanza del catalán y del castellano obligatoria para todos los que viven en Cataluña."

También Raimón Obiols, secretario general del PSC lo defendía como queda de manifiesto en sus declaraciones del 13 de Octubre de 1994 en las que exigía que la escuela pública de Cataluña garantizara el derecho de los alumnos y sus padres al conocimiento de las dos lenguas oficiales "pero también el derecho de los padres de cada alumno a elegir en los primeros pasos de la enseñanza, la lengua que desean para su hijo."

Es una lástima que CiU y PSC no quieran hablar de este tema, que se hayan olvidado de este derecho que antes defendían y que ahora coincidan en excluir el castellano de las aulas y en general de toda la esfera pública de Cataluña.

Junta de la Asociación por la Tolerancia, presidente
Tel : 675262986

Día Internacional de la Lengua Materna
https://www.un.org/es/events/motherlanguageday/ 20 Febrero 2014

«Las lenguas locales constituyen la mayor parte de las lenguas que se hablan en nuestro planeta en el ámbito científico. Son también las más amenazadas. Con la exclusión de las lenguas, sus hablantes se ven privados de su derecho humano fundamental al conocimiento científico.».

Extracto del mensaje de Irina Bokova, Directora General de la UNESCO

Las lenguas locales y la transmisión del conocimiento científico

Contrariamente a la creencia común, las lenguas locales son totalmente capaces de transmitir los conocimientos científicos y tecnológicos más modernos. De hecho, la comunicación en el mundo de las ciencias se establece mayoritariamente en idiomas vernáculos. Con la exclusión de estas lenguas, sus hablantes se verán privados de su derecho humano fundamental al conocimiento científico. En cambio, su preservación abre las puertas al enriquecimiento con saberes tradicionales científicos a menudo ignorados.

Las lenguas son los instrumentos más poderosos para preservar y desarrollar nuestro patrimonio cultural, tanto el tangible como el intangible. Todas iniciativas dirigidas a difundir las lenguas maternas servirán no sólo para incentivar la diversidad lingüística y el multilingüismo, sino también para crear una mayor conciencia acerca de las tradiciones culturales en todo el mundo y promover la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo.

Desde el año 2000, el día internacional se celebra cada 21 de febrero con el objetivo de impulsar la diversidad lingüística y cultural y el multilingüismo. La fecha elegida para la celebración conmemora las manifestaciones estudiantiles que tuvieron lugar en 1952 en Dhaka, capital del actual Bangladesh, y en las que varios participantes murieron en defensa de la lengua bangla para que se reconociera como uno de los dos idiomas oficiales del entonces Pakistán.

El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en noviembre de 1999 (UNESCO) en noviembre de 1999 (30C/DR.35 Documento PDF). Posteriormente, el 16 de mayo de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/RES/61/266 exhortó a los Estados Miembros y a la Secretaría a «promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo». En esa misma resolución, la Asamblea General proclamó el 2008 como Año Internacional de los Idiomas para potenciar la unidad en la diversidad y la comprensión internacional a través del multilingüismo y el multiculturalismo.
 

Disparates de la directora general de la UNESCO
Nota del Editor 20 Febrero 2014

Hay que estar totalmente descerebrada para afirmar que las lenguas locles con totalmente capaces de  de transmitir los conocimientos científicos y tecnológicos más modernos, puesto que el desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos más modernos se han hecho en otras lenguas y por tanto las leguas locales carecen de tales conocimientos y tienen que asumir los vocablos de las lenguas inventoras, por lo que es mas económico utilizar exclusivamente tales lenguas.

Otro disparate es la afirmación que con la exclusion de estas lenguas locales sus hablantes se verán privados de su derecho humano fundamental al conocimiento científico, primero porque no hay derecho humano fundamental al conocimiento científico, y segundo porque si alguien quiere adquirir conocimientos científicos debera hacerlo en las lenguas capaces de describirlos.

Promover la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo implica que los demás tengamos la obligación de conocer las lenguas locales y no puede defenderse estupidez de mayor calado.

Esta tipa podría haberse callado y no nos hubieramos enterado de que ha perdido el sentido común.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Cataluña: la (incómoda) lengua española

José Rosiñol Lorenzo. Periodista Digital 20 Febrero 2014

Es muy habitual que cuando se cuestiona en tertulias –más o menos formales- la política lingüística de la Generalitat, siempre sale a colación la “normalidad” con la que coexisten en la “calle” las dos lenguas oficiales y propias de los catalanes, argumento repetido hasta la saciedad, incluso por periodistas que no están en la órbita nacionalista como, por ejemplo, Jordi Évole.

Ahora bien, y antes de comenzar con mi reflexión, quisiera recordar que para cualquier democracia que se precie, para cualquier sistema democrático no reducido a la mera formalidad, la diversidad cultural es un valor en sí mismo, y por tanto debe saber gestionarlo como tal e, incluso, promoverlo entre sus habitantes, es decir la diversidad en ningún caso debería ser considerada un obstáculo para el buen funcionamiento de las estructuras administrativas y/o económicas del Estado.

Lo sorprendente de mi comunidad autónoma, Cataluña, es que –solo de vez en cuando- en el centro de la polémica política emerge esta estrategia de discriminación lingüística practicada por la Generalitat, discriminación institucional y en el ámbito educativo, y, aun en más raras ocasiones, el debate se adentra en la auténtica esencia del problema: la paulatina imposición de una situación de diglosia en la sociedad catalana.

Naturalmente esta última afirmación choca con esa consideración generalizada que comentaba más arriba respecto a la “buena convivencia” de “las lenguas”, pero, una vez más, y gracias al Velo de la deformación nacionalista, se confunde el razonamiento, porque, efectivamente –y afortunadamente- (aun) no hay conflicto en las calles, pero la cuestión es que el problema es de imposición institucional y, en buena medida, de ingeniería social.

Los argumentos aducidos por los defensores del nacionalismo, a raíz de las últimas sentencias respecto al español en las escuelas catalanas, suelen tener un espíritu romántico, solo se refieren a la “lengua”, nunca a los hablantes, centran el debate en el supuesto peligro, “estado de emergencia” y más que probable desaparición de la lengua catalana, pero obvian el debate de los derechos y libertades de las ciudadanos.

Afortunadamente cuando alguien cuestiona el statu quo creado tras más de treinta años de “construcción nacional” (con la anuencia de partidos supuestamente no nacionalistas como el PSC), las huestes de periodistas, organizaciones y académicos orgánicos se lanzan en tropel a la difusión de multitud de argumentos, estudios y publirreportajes con los que anular o aminorar los “efectos” políticos de dichas sentencias y las más que probables externalidades negativas al Proceso.

La obsesión por el control informativo y por mantener el monopolio discursivo, hace que se publiquen reportajes con los que edulcorar la realidad en los que “se cuelan” pistas inequívocas de la situación de discriminación institucional de la lengua española y los derechos de sus hablantes, en concreto me referiré al artículo publicado por La Vanguardia el pasado sábado día 9 de febrero titulado “¿Dónde está el castellano?”.

El subtítulo del artículo versa así “Un 13% de las escuelas utiliza esta lengua como vehicular, y en ESO muchos profesores imparten sus clases en ella”, es remarcable que solo un 13% de las escuelas catalanas (según La Vanguardia) tengan como lengua vehicular la lengua materna de más de la mitad de los catalanes, de la misma manera es destacable que sean “muchos” (un dato muy riguroso, más performativo que objetivo) los profesores que usan “esa lengua”.

Para ilustrar la situación del castellano en las aulas la periodista de La Vanguardia, Maite Gutiérrez, toma como ejemplo la escuela La Farigola de Seva en la que tiene como idioma predominante el catalán.

Debido a que el entorno sociolingüístico de la escuela es fundamentalmente catalanoparlante este centro decidió “potenciar” la lengua española, es decir, a parte de la asignatura de Lengua Castellana…también se imparte en esta lengua la Educación Física…y según este rotativo es un modelo que siguen “muchos” centros educativos…y finaliza con la opinión de un profesor de historia que concluye “el modelo de inmersión lingüística funciona porque es flexible”.

Como vemos, en al menos el 87% de las escuelas catalanas se dan clases en español únicamente en la asignatura de Lengua Castellana, y en algunos casos como el de La Farigola tienen a bien hacer Educación Física en castellano…menos mal que no ha decidido usar el español en clase de mímica… ¿no suena esto a inculcar la diglosia desde la más tierna infancia?, y si el sistema es tan “flexible”, ¿por qué unos padres que solo querían que sus hijos pudiesen estudiar (también) en su lengua materna han tenido que pasar por un periplo judicial de más de ocho años?

Como dato ilustrativo respecto a esta de imposición de la diglosia entre la ciudadanía, imposición que, paradójicamente, pasa desapercibida o es asumida como “normal” por parte de la población catalana, adjunto un cuadro en el que se detalla cómo muchos ciudadanos han cambiado su lengua materna hasta el punto de considerar como “propia” una que ha sido adquirida (muchas veces gracias a una perversa resocialización), la razón de ello la podemos encontrar no solo en las escuelas y los medios de comunicación, sino también en el econosistema culturalista e identitario tejido por el nacionalismo:

Pero ¿qué sentido tiene esta obcecación política de imponer una lengua de prestigio y arrinconar a la otra a funciones, digamos, de baja estopa?, ¿cómo es posible que un gobierno democrático esté llevando a cabo este tipo de políticas en las que no se discrimina al idioma sino a los hablantes, a los ciudadanos?, ¿por qué no se atreven y permiten que los padres escojan la lengua vehicular en la que prefieren que sus hijos estudien?, ¿a qué tienen miedo?

Tienen miedo a la realidad social, a que lo que ocurre en las calles desborde los muros de contención que la política ha construido alrededor de la diversidad, a que el cinturón sanitario tejido alrededor de todo lo que suene a español tome conciencia de sí mismo y reivindique sus derechos como ciudadanos de primera, en definitiva, temen lo que consideran como algo impropio, extraño y ajeno a esa Cataluña soñada por el nacionalismo que es la pesadilla de muchos.

Todo esta política de imposición identitaria se sustenta en un falaz relativismo lingüístico y en la creencia en una inconmensurabilidad entre culturas transmutada en una extraña jerarquización intercultural, en la fe de la existencia atemporal de un “genio” de los pueblos, genio que, en verdad, es un retorno a concepciones preilustradas del ser humano, genio que vuelve a transformar al ciudadano en súbdito, súbdito de creencias y esencias, de territorios, lenguas y el narcisismos de pequeñas diferencias.

Borrar (o perseguir) todo lo español de Cataluña
¿Qué están haciendo el Gobierno y el Estado ante esta situación de manipulación política y acoso a la libertad?
José Rosiñol Lorenzo. Periodista Digital 20 Febrero 2014

Artur Mas 'compra' a seis diarios europeos de cuarta para meter su proclama por la independencia de Cataluña
"En Cataluña siempre ha habido miedo, pero ahora ha cobrado la densidad de la cobardía"

Un gobierno de la minoría que impone sus ideas a una mayoría en la creencia de una superioridad no solo política sino también moral

“…ahora, cuando los independentistas atisban en el horizonte cercano el Gran Advenimiento, se han lanzado a por todos los símbolos de españolidad, incluyendo –cosa que a nadie debería sorprender- a por todo aquél grupo o individuo que se anteponga en el camino de la redención nacional…”

La historia está plagada de episodios en los que un cambio político deriva en una obsesión por eliminar cualquier huella del régimen anterior, encontramos ejemplos como el final del periodo amarniense del Antiguo Egipto hasta totalitarismos contemporáneos como el soviético, cuyos dirigentes estaban siempre dispuestos a borrar las huellas (públicas) del pasado y eliminar físicamente al adversario.

Aquí en Cataluña, quizás por algún tipo de empacho determinista, los que se consideran la vanguardia de la Nación y únicos representantes del “pueblo catalán”, no esperan que ese destino que creen predestinado les alcance y ya han empezado la labor de suprimir todo lo que suene a español en el Principado, bien es cierto que la “construcción nacional” está basada en una planificada deconstrucción cultural, lingüística e identitaria.

Pero ahora, cuando los independentistas atisban en el horizonte cercano el Gran Advenimiento, se han lanzado a por todos los símbolos de españolidad, incluyendo –cosa que a nadie debería sorprender- a por todo aquél grupo o individuo que se anteponga en el camino de la redención nacional, digo todo esto porque la actualidad está salpicada de sucesos que unidos ejemplifican lo expresado hasta aquí.

Empezaremos con la moción que El grupo municipal de Convergència i Unió del ayuntamiento de Badalona ha presentado para que el consistorio declare a Convivencia Cívica Catalana como organización non grata en dicha ciudad, recordar que esta organización lucha –entre otras cosas- por la igualdad de trato en las escuelas catalanas, defiende el derecho de los catalanes para que puedan educar a sus hijos en su lengua materna y que el español deje de ser tratada como una lengua extranjera que hay que arrinconar.

El “atrevimiento” de Convivencia de hacer una campaña en las escuelas badalonesas (ya saben, los colegios catalanes son y deben ser feudo exclusivo del mantra nacionalista) es lo que ha provocado la airada reacción de los convergentes, de hecho la razón que ha aducido el presidente del grupo municipal de CiU para esta propuesta ha sido "la campaña anunciada por la organización Convivencia Cívica Catalana pretende amenazar la convivencia lingüística en las aulas de las escuelas de la ciudad y crear un conflicto lingüístico donde no existe".

Evidentemente, para el nacionalismo, la “convivencia” pasa por la asimilación y la asunción como “normal” una situación de discriminación basada en la lengua, y el “conflicto inexistente” se fundamenta en el silencio de los discriminados.

Resulta sorprendente –y cínico- otras de los motivos expresados por CiU para justificar la moción: “precisamente por la pluralidad social de Badalona es clave que el modelo de inmersión lingüística se mantenga como mecanismo pedagógico a las escuelas de la ciudad con objeto de garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades entre los alumnos”.

Es decir como Badalona es culturalmente plural, es necesario obligar a estudiar a los alumnos solo en catalán, y en zonas sin “pluralidad” lingüística (como Seva, según nos recordaba recientemente La Vanguardia) también es necesario hacerlo…y por cohesión social quizás entienden uniformización forzosa e igualdad de oportunidades se referirán a tener el plácet para medrar en el econosistema creado por el nacionalismo gracias al erario público.

Pero más que sorprendente, resulta democráticamente alarmante que una institución pública sea utilizada para cercenar la libertad de expresión vehiculada a través de una de las pocas organizaciones civiles no controladas por la Generalitat, para coartar la libre actuación política y ciudadana, parece que la intolerancia hacia lo no políticamente correcto, hacia la disidencia, está tomando tintes cada vez más totalitarios.

De igual forma, hemos visto cómo otros ayuntamientos como el de Sitges y el de Llardecans han cambiado la denominación de plazas y calles por tener nombres tan “aberrantes” como España o Constitución, ¿considerarán que el nombre hace la cosa?, ¿pretenden silenciar no solo al ciudadano sino también a la ciudad?

Aunque detrás de esta obcecación por eliminar de nuestras calles toda referencia a España podemos vislumbrar el método que pretende imponer el nacionalismo en nuestra arena sociopolítica, básicamente un gobierno de la minoría que impone sus ideas a una mayoría en la creencia de una superioridad no solo política sino también moral.

Veamos el caso de Sitges (esquema que se repite en el de Llardecans), una organización “civil” como la ANC (Asamblea Nacional Catalana) convertida en aparato de movilización social en la órbita de ERC, hace una acción en la Plaza de España del municipio, uno de los partidos políticos en el ayuntamiento presenta una moción (las CUP en este caso) para cambiar el nombre de la plaza y de la calle de España, CiU y la CUP votan a favor, el PSC se abstiene (no vaya a ser que hagan algo de política) y el PP vota en contra.

Seguidamente montan una “consulta” para que el “pueblo” se pronuncie para que las calles retomen su nombre original (o histórico, ¿histórico hasta dónde llega la memoria o hasta dónde interesa al político?), dicha consulta consigue el récord de participación ciudadana del 3,44% del censo electoral (624 personas), el 59,3% (370 ciudadanos) vota a favor del cambio, y, por tanto, queda aprobado.

Este es el mismo esquema que encontramos en el Proceso, en el “derecho a decidir”:

· El poder nacionalista crea, fomenta y subvenciona una serie de organizaciones civiles con las que movilizar a la sociedad civil en pos de la “construcción nacional”.
· Éstas promueven y magnifican mediáticamente una serie de movilizaciones con reclamaciones/motivaciones más o menos claras o explícitas.
· Los partidos políticos nacionalistas “escuchan” a la sociedad civil teledirigida, se inventan un mandato imperativo mediático, y maniobran políticamente para impulsar el Proceso independentista.
· Presentan un ilegal referéndum de autodeterminación disfrazado de “consulta” para dar la voz a ese pueblo que se ha manifestado (movilizado y encuadrado tras las filas del Movimiento).
· Se diseña un tipo de consulta y pregunta en la que voten pocos, que sean los suyos, que parezcan porcentualmente muchos y así se legitime un golpe de Estado implícito y diferido.

Pero ¿qué están haciendo el Gobierno y el Estado ante esta situación de manipulación política y acoso a la libertad?, ¿qué están haciendo los grandes partidos nacionales al respecto (más allá de pelearse política y electoralmente repitiendo el dañino cortoplacismo que ha padecido la política nacional desde la recuperación de la democracia)?, ¿por qué han tenido que esperar a UPD para afrontar el desafío del nacionalismo catalán?, ¿será qué temen perder votos del caladero catalán?.

Libertad para controlar

Inés Arrimadas Libertad Digital 20 Febrero 2014

El Gobierno de Cataluña hace proclamas de libertad pero sus actuaciones demuestran que trabaja a diario por todo lo contrario. No desea la libertad sino, precisamente, poder restringirla para controlarlo todo aún más.

Desde hace décadas, el separatismo catalán ha trabajado sin descanso para colarse en la educación, la sociedad civil, los medios de comunicación y, en definitiva, en todas las posibles correas de transmisión de su doctrina; en los últimos días tenemos muchos ejemplos del ejercicio de ese control concretamente sobre los medios de comunicación.

Recientemente se han hecho públicos dos informes encargados por el Gobierno para clasificar a los medios y periodistas de Cataluña en función de su ideología política en ámbitos como soberanistas, españolistas, federalistas y sin identificar. Sí, sí. Tal y como lo oyen.

Así mismo, hace escasos días hemos conocido que a algunos medios privados de Cataluña les ha tocado la lotería. Se han aprobado suculentas subvenciones a la prensa que usa el catalán o el aranés (como si el castellano no fuera lengua de Cataluña). Con esto han encontrado la rendija perfecta para seguir alimentando a medios afines con la excusa de fomentar estas lenguas. Sin embargo, casualmente muchos medios que también usan el catalán pero que no comulgan con el separatismo se quedan sin probar bocado.

Pero que nadie se despiste. No hablamos del dinero que se da a los medios de comunicación públicos. No, hablamos de medios de comunicación privados (supuestamente). Aunque viendo la trayectoria que tienen algunos en recibir dinero público es más adecuado calificarlos de concertados.

Es curioso. El Gobierno de Cataluña se queja constantemente de que no tiene dinero, pero para este tipo de subvenciones siempre encuentra algo suelto. Sin duda en esto tienen una capacidad extraordinaria.

Por último, recordarán el informe del Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC). Ese informe en el que se recogen declaraciones de periodistas, tertulianos de diferentes televisiones de ámbito nacional y un representante público (yo misma) porque, se supone, fomentan "el odio, menosprecio o discriminación" a Cataluña.

Bien, pues este informe no quedó ahí. El Gobierno ha demandado a los periodistas a los que previamente había señalado y las demandas son por atentar contra el honor del pueblo catalán. ¡Como si los que no somos separatistas no fuéramos también Cataluña!

No sé si vendrán a por mí (a día de hoy no he recibido nada), pero si vienen no me importará repetir delante de un juez lo que dije respecto a las multas lingüísticas en Cataluña: que son una persecución.

Por cierto, ante las barbaridades que cada día se dicen en muchas de las televisiones de Cataluña sobre España, el resto de españoles, diputados de Ciudadanos, etc., el Gobierno y su herramienta (el CAC) mantienen un silencio sepulcral.

Además, el Gobierno de Cataluña tiene muchos problemas que resolver como para andar persiguiendo a los periodistas según su ideología, ¿no creen?

Con este artículo no quiero decir que la injerencia política en los medios de comunicación sea un caso propio de Cataluña. Ni mucho menos. Lamentablemente, tenemos ejemplos recientes que demuestran que tampoco en el conjunto de España la prensa queda libre de los tentáculos políticos. Pero sin duda en nuestra comunidad autónoma nos llevamos la palma.

El Gobierno de Cataluña, ese que va dando lecciones de democracia y libertad, debería saber lo importante que es en una democracia tener una prensa libre e independiente (no independentista). ¿El Gobierno de Cataluña pide libertad? Sí; pide libertad para controlar más.

Inés Arrimadas, diputada de Ciudadanos (C’s) en el Parlamento de Cataluña.

España
Cataluña crea su hacienda propia con 152 oficinas
Efe. Madrid. Periodista Digital 20 Febrero 2014

La Generalitat ha creado hoy Tributs de Catalunya, una red tributaria con "ventanilla única" que contará con 152 oficinas, aunque inicialmente serán 53, en las que trabajarán en total 1.399 empleados públicos. Tributs de Catalunya surge a partir de los convenios de colaboración suscritos entre la Agencia Tributaria de Cataluña y las diputaciones provinciales de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, y comportará que los ciudadanos puedan realizar todas las gestiones tributarias, como por ejemplo el pago de impuestos, mediante una "ventanilla única" que aproximará el servicio a los contribuyentes.

Según ha explicado el director de la Agencia Tributaria de Cataluña, Lluís Franco, Tributs de Catalunya "es gran proyecto de país" en el que Generalitat y diputaciones vienen trabajando desde hace tiempo para establecer "una sólida colaboración", facilitar la proximidad de las gestiones tributarias y también intensificar la lucha contra el fraude fiscal.

El nuevo organismo tributario se pone en marcha desde hoy mismo con 53 oficinas repartidas por toda la geografía catalana, que son las 4 de la Agencia Tributaria de Cataluña, 21 de la Diputación de Barcelona, 10 de la Diputación de Tarragona, 8 de la Diputación de Girona y 10 de la Diputación de Lleida. Está previsto, sin embargo, que la nueva red tributaria catalana, que ya cuenta con un portal de Internet específico (tributs.cat), llegue a tener un total de 152 oficinas en las que trabajarán 1.399 empleados públicos. En la página web tributs.cat se informa sobre los principales impuestos que corresponde pagar a los ciudadanos, muestra las oficinas disponibles, y enlaza con las oficinas virtuales de la Generalitat y las diputaciones.

Tributs.cat ofrece información sobre los tributos de la Generalitat ya gestionados hasta ahora por la Agencia Tributaria de Catalunya, los tributos locales gestionados por ayuntamientos y diputaciones y también los tributos estatales gestionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
El sindicato 'Manos Limpias' se querella también contra Artur Mas por prevaricación y rebelión
Recuerda que el nazismo usó la frustración y el victimismo alemán para lograr su objetivo
Periodista Digital-. 20 Febrero 2014

Pide citar a Mas como imputado, y como testigos a otros diez políticos, entre ellos el presidente de ERC, Oriol Junqueras

El sindicato Manos Limpias ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una querella criminal contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, acusándolo de prevaricación, desobediencia, sedición -o alternativamente de rebelión- por su apuesta por el derecho a la autodeterminación de Cataluña.

La querella recoge la resolución del Parlamento catalán que instó el 27 de septiembre de 2012 a convocar una consulta sobre el futuro de Cataluña -aprobada por CiU, ERC, ICV, DC, SI y el entonces diputado de PSC Ernest Maragall- y considera que la iniciativa no hubiera sido posible "sin el impulso político" del partido del Gobierno catalán (CiU) y de Mas.

De esta resolución y las que se han aprobado en este sentido después, se desprende que el presidente ha tenido "la clara vocación para instar a través de su innegable acción política y ejecutiva de llevar acciones a favor de la desintegración de España", dice Manos Limpias.

Cree que, a través de un "referéndum ilegal" para separar una parte del territorio español, es autor, participe y autor intelectual de actuar por la desmembración de España, contraviniendo la legislación vigente, con lo que sus acciones, a su juicio, son punibles.

Para el querellante, llama la atención que en las resoluciones de la Cámara catalana se hable de soberanía de Cataluña cuando "la única soberana nación es la española y no la catalana, formada por todos los españoles y no únicamente por los catalanes". Cree que declararse como sujeto político y jurídico soberano "es una evidente muestra de repudio hacia España, hacia todos los españoles, si no inconstitucional", puesto que el artículo 1.2 de la Constitución declara que la soberanía reside en el pueblo español.

Reprochan que Mas incurre en todo tipo de gastos para recibir asesoramiento en la materia, creando el Consejo Asesor para la Transición Nacional, además de contratar a lobbies para "internacionalizar el proceso de secesión ante organismos internacionales".

Para Manos Limpias, la creación de este Consejo demuestra su apuesta por la secesión, e incluir entre sus funciones que identifique estructuras estratégicas para el funcionamiento de un futuro gobierno parece "un golpe de Estado separatista si no consiguen las cosas por las vías del referéndum que, legalmente, no pueden realizar".

LA 'TIERRA PROMETIDA'
Manos Limpias compara el nazismo con el proceso soberanista, que, con eslóganes como 'España nos roba', intenta "seguir alimentando el victimismo entre una parte de la sociedad catalana", y recuerda que Hitler usó la frustración del pueblo alemán generado por la crisis económica y el deseo de venganza contra los vencedores de la I Guerra Mundial para llegar al poder a través de elecciones libres.

"Todo eso se podría haber evitado sin la avaricia de unos cuantos políticos que cimentaron sus falsas promesas de una 'Tierra Prometida', promesas fundadas en artificiales creaciones históricas, en nacionalismos de laboratorio, promesas sembradas en la fértil tierra de la desesperación humana", sostiene el sindicato.

Pide citar a Mas como imputado, y como testigos a otros diez políticos, entre ellos el presidente de ERC, Oriol Junqueras; el líder de ICV, Joan Herrera, el diputado de la CUP en el Parlamento catalán David Fernández y la presidenta de esta cámara, Núria de Gispert.



España
Miquel Roca pleitea contra la enseñanza en castellano
janot guil / barcelona ABC 20 Febrero 2014

Su bufete representa a unos padres que se oponen al fallo del TSJC contra la inmersión

Padre de la Constitución, abogado de la Infanta Cristina en el Caso Nóos... y pleiteando contra el castellano. Ése es Miquel Roca Junyent. El bufete de abogados del exdirigente de Convergència (CDC) representa a la Asociación de Padres y Madres (Ampa) del Instituto Alba del Vallés, de Sant Fost de Campsentelles (Barcelona), que se opone a que el centro imparta el 25% de clases de castellano en el aula de un alumno que reclamó enseñanza bilingüe; tal y como exigió en un auto el Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC) el pasado enero.

Un abogado del bufete de Roca se personó ayer en el TSJC para pedir personarse en este litigio. Argumentan que la decisión judicial del alto tribunal, que afecta a otros cuatro centros, les perjudica. Porque para atender la petición de un alumno, amparada en sentencias del Supremo y del Tribunal Constitucional, se lesionan los derechos del resto de alumnos, favorables a la inmersión lingüística en catalán. Con su gesto, pretenden que el TSJC escuche su opinión, antes de que se cumpla el plazo para ejecutar los autos del TSJC, que expira este marzo.

Además del Ampa del Instituto Alba -el único centro de titularidad pública afectado por la decisión del TSJC- por ahora las Ampas de otras dos escuelas obligadas a dar el 25% de clases en castellano -que son privadas y concertadas- también planean cursar la misma petición ante el TSJC. En este caso, les asesora la Fundación Escola Cristiana, patronal del sector. Además, los titulares de lo cuatro centros privados concernidos han presentado una petición similar ante el alto tribunal. A ellos se le suma la Generalitat, que ha recurrido los autos del TSJC.

Con o sin dinero mediante -fuentes del bufete de Roca declinaron confirmar su minuta y quién la paga-, que Miquel Roca asesore en una nueva afrenta contra el Estado no debería extrañar. Después de que en 1986 fracasó al presentarse a las elecciones generales con el Partido Reformista Democrático, Roca, que dejó la política activa con CDC en 1999, ha ido escorando su ideario hacia el nacionalismo más radical.

Defiende la consulta
El año pasado, apoyó al referéndum secesionista de Cataluña en dos comparecencias en el Parlamento catalán. «No me digan que la consulta no puede ser constitucional. Lo es si hay voluntad política», espetó en el hemiciclo, durante la Comisión de Estudio del Derecho a Decidir. En mismo foro, arremetió contra la sentencia del Constituconal (TC) sobre el Estatut. «Lo que más me irrita más es que quieran discutirme que Cataluña se declare como nación. ¿Qué se han creído? ¿No se puede decir que lo es?. Yo soy presidente del patronato del Museo Nacional de Cataluña (MNAC)», soltó.

Curiosamente, como presidente del MNAC, Roca podría representarle en el pleito que el Gobierno de Aragón le ha presentado para reclamar unas pinturas murales expoliadas del Monasterio oscense de Sigena.

ARCHIVO DE SALAMANCA
Demandan a la Generalitat por el 'expolio'
Juan E. Pflüger www.gaceta.es 20 Febrero 2014

El recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en los próximos días.

Envío de fondos documentales a Cataluña.
Los investigadores del Archivo de Salamanca, representados en el contencioso que les enfrenta con el Gobierno regional de Cataluña por Policarpo Sánchez, recibieron hace unos días la respuesta a su reclamación presentada ante la Consejería de Cultura de la Generalitat de Cataluña. En el documento, al que ha tenido acceso GACETA.ES, se reconocía que una parte de los archivos trasladados a la comunidad autónoma no se ajustaban a los requisitos exigidos, pero desde el departamento que dirige Ferran Mascarell se negaban a devolverlos. En concreto, se refiere a varios miles de documentos que no tienen relación alguna con Cataluña y que, por lo tanto, según sentenció el Tribunal Constitucional (TC), deberían ser devueltos a la ciudad castellana.

En su respuesta, instaba a interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una opción que han decidido ejercitar los investigadores. Así lo ha confirmado Policarpo Sánchez en declaraciones a este diario. De esta manera, los abogados que han representado los intereses de la unidad del archivo ya están trabajando en la demanda que será presentada antes del próximo día 24 de marzo.

Por si su negativa a devolver los fondos en cumplimiento de la sentencia del TC fuera poco, Mascarell no ha tenido ningún empacho en asegurar recientemente en una entrevista concedida a una emisora de radio que estaba en condiciones de asegurar que en un plazo breve, otra remesa de cajas con documentación sería enviada desde Salamanca a Cataluña. Sin embargo, GACETA.ES ha podido saber que esta entrega, que habría sido pactada con el Ejecutivo catalán, no se producirá, y menos en el marco de la actual vía secesionista que ha emprendido el Gobierno autonómico. Es más, las 500 cajas de documentación, cifra en la que se habría cuantificado el envío, tienen muy pocas posibilidades de salir camino del Archivo Nacional de Cataluña.

Por otro lado, los investigadores afectados por el “expolio” de la documentación del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca ya han empezado los trámites para la creación de una asociación, a la que están invitados todos los ciudadanos, que pretende dar a conocer el estado de la cuestión y defender la recuperación de los fondos documentales enviados desde la ciudad castellana a Barcelona tras el visto bueno del Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero.
 


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