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La indefensa soberanía nacional
EDITORIAL Libertad Digital 20 Febrero 2014
Naturalmente que el Gobierno tiene la "legitimidad política y los
instrumentos jurídicos para combatir con éxito uno de los desafíos
más graves para las leyes y las libertades de España", tal y como,
en referencia al desafío secesionista catalán, ha advertido la
diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo en el Financial Times.
La cuestión estriba, sin embargo, en que esa legitimidad política y
esos instrumentos jurídicos de nada sirven si quien los tiene a su
disposición prefiere "no moverse" y no utilizarlos para abortar ese
disgregador y liberticida proceso involucionista. Eso, en el mejor
de los casos, pues ha de recordarse que el ilegal proceso de
construcción nacional en el que está inmerso Artur Mas sería
financieramente inviable si no fuera por la extraordinaria ayuda
que, desde el primer momento, le está brindando el Gobierno de
Rajoy, reacio a que el respeto a la ley o la suspensión de pagos de
la autonomía catalana le obliguen a intervenir el Principado.
En cuanto al ámbito político, la pasividad del presidente del
Gobierno a la hora de parar el desafío separatista ha llegado al
extremo de que ha tenido que ser UPyD quien lleve al Congreso el
debate sobre este gravísimo proyecto de ruptura. Bien está que el PP
respalde la moción presentada por la formación de Rosa Diez, pero
debería haber sido el partido del Gobierno el que llevara la
iniciativa y el liderazgo en defensa de la soberanía nacional. Peor
aun está siendo la actitud del principal partido de la oposición,
que a última hora de ayer no tenía decidido si se abstendrá o votará
hoy jueves a favor de esa resolución tan incuestionable en defensa
de la Nación y el Estado de Derecho.
Finalmente, la querella que ha presentado este miércoles el
sindicato Manos Limpias ante el TSJC contra el presidente de la
Generalidad debe hacer reflexionar respecto de las medidas que, en
el ámbito jurídico, ha tomado el Gobierno de Rajoy. Sin duda, la
anunciada consulta secesionista conllevaría los delitos de
prevaricación y desobediencia que se señalan en ella. Sin embargo,
hubiera tenido más sentido presentarla por hechos que, a diferencia
de la consulta de marras, ya se han perpetrado, como la clamorosa y
continuada desobediencia de la Generalidad en materia lingüística o
la financiación pública de ilegales estructuras de Estado por parte
también de la Generalidad, hechos ante los que el Gobierno de Rajoy
mira hacia otra parte.
En cualquier caso, lo que no habría sido prematuro en absoluto es
que el Gobierno y la Fiscalía General del Estado hubieran advertido
hace ya mucho a las autoridades autonómicas catalanas de las
consecuencias penales que tendría la celebración de una consulta
secesionista como la que tienen proyectada, con pregunta y fecha. A
no ser, claro está, que los máximos responsables de hacer cumplir la
ley hayan decidido situar por encima de la misma a los que la
conculcan desde Barcelona.
- Seguir leyendo:
http://www.libertaddigital.com/opinion/editorial/la-indefensa-soberania-nacional-70782/
El Defensor de la Constitución
José Javier Esparza www.gaceta.es 20 Febrero 2014
Nuestro Tribunal Constitucional adolece de una feroz dependencia de
los partidos políticos, lo cual limita mucho su fidelidad material a
la doctrina
En el Tribunal Constitucional hay quien considera constitucional que
Cataluña, contra la letra de la Constitución, se defina como sujeto
soberano. Lo hemos visto la semana pasada. El mero planteamiento de
la cuestión indica el absurdo laberinto en el que nos ha metido
nuestra casta política. El problema de España no está fuera: está
dentro.
Y bien: ¿Es ese Tribunal el que ha de defender la Constitución? ¿Es
ese Tribunal el que ha de salvaguardar la unidad nacional? El
problema viene de lejos y se hizo especialmente visible nueve años
atrás, cuando Zapatero comenzó la demolición del frágil edificio
constitucional. Desde entonces nuestro país tiene sobre la mesa una
pregunta urgente a la que, sin embargo, nadie quiere responder, a
saber: ¿Quién debe ser el guardián de la Constitución? La pregunta
es un asunto clave del orden político y admite respuestas muy
distintas. Álvaro D’Ors, por ejemplo, decía que el verdadero
defensor de la Constitución es el Ejército, pues es quien posee los
medios para defender. La frase deja de ser provocadora a poco que
reflexionemos sobre ella.
Este punto generó en la Alemania de Weimar un debate importantísimo
entre dos grandes talentos: Hans Kelsen y Carl Schmitt. Por
simplificar, recordemos que Schmitt atribuía la función de defender
la Constitución al jefe del Estado, es decir, a un poder político,
mientras que Kelsen apuntaba a un tribunal específico, es decir, a
un poder jurídico. La tesis de Schmitt presenta la ventaja de la
eficacia: la autoridad del poder legítimo permite ejecutar la
defensa con garantías de éxito. Tiene, sin embargo, el inconveniente
de la inseguridad: por ejemplo, si para defender la Constitución se
requiere suspender las garantías constitucionales. La tesis de
Kelsen tiene la ventaja de la limpieza formal: un tribunal actuará
con cuidado exquisito para garantizar la supervivencia de la norma.
Pero presenta, entre otros, el inconveniente de la eficacia: ¿De qué
armas dispondría el Tribunal en cuestión, en una situación
excepcional, para hacer valer su defensa?
”En España se considera, en general, que hemos optado por el modelo
kelseniano: el Tribunal Constitucional es el guardián de la Norma
(artículo 161). Pero nadie ignora que nuestro Tribunal adolece de
una feroz dependencia de los partidos políticos, lo cual limita
mucho su fidelidad material a la doctrina (nadie ha lavado todavía
la mancha del Caso Rumasa, el pecado original del TC). Al mismo
tiempo, la Constitución reserva al Rey la función de “guardar y
hacer guardar la Constitución” (artículo 61.1), declaración que deja
de ser retórica cuando se repara en que es también el jefe del
Ejército (y volvemos a D’Ors). Esta doctrina lo acercaría a la
británica, donde el monarca, tras la crisis de 1911, se convirtió de
hecho en “Guardián de la Constitución” (Keith). Hoy esa doctrina
británica se ha matizado: la Corona sería “guardián de la esencia de
la Constitución en momentos graves”. Nuestra Constitución también
contempla esos “momentos graves” –excepción, alarma, sitio-, que son
los que “activarían” el papel guardián del Rey, pero su decreto no
corresponde a la Corona. Así volvemos a Schmitt: “soberano es quien
decide el estado de excepción”.
Ahora la cuestión es saber si en España queda realmente alguien
dispuesto a defender la Constitución.
El encaje catalán
Javier Caraballo El Confidencial 20 Febrero 2014
Ya hablan. Los empresarios catalanes, digo. Parecía que no
estuvieran, que se los hubiera tragado la tierra o que hubieran
ocultado todo protagonismo en cientos de agujeros cavados al efecto,
pero ya, poco a poco, los empresarios catalanes nos dicen qué
piensan del proceso independentista. Bueno, en realidad, hablar,
hablar, los únicos empresarios que han hablado con absoluta claridad
han sido los extranjeros, con la Declaración de Barcelona que
hicieron pública la semana pasada. Pero los demás, salvo algunas
excepciones, se han dedicado a guardar silencio, camuflado de
"silencio respetuoso". Ahora han comenzado a decir alguna cosa y, si
se observa, todos se han acogido a la misma plantilla de respuesta.
La 'respuesta tipo' siempre consta de tres partes medidas, que
consiguen un equilibrio casi perfecto. Una primera parte de cal,
("La independencia de Cataluña genera un panorama de incertidumbre y
supone un riesgo muy grande para la buena marcha de la economía
catalana"), una segunda parte de arena ("Pero no se puede ignorar la
realidad que existe en Cataluña, una falta de encaje que no es de
hoy, sino que viene de muy lejos, y que sólo se puede solucionar
hablando") y una coda final de equidistancia ("Por lo tanto, hay que
confiar y exigir a los responsables políticos de ambos Gobiernos que
encuentren una salida dialogada que satisfaga el encaje de Cataluña
en España"). Y ahí se quedan. En el encaje catalán.
Pero, a ver, ¿qué diantres quiere decir "el encaje catalán"? Nada,
esa es la cuestión. Es una expresión que viene muy bien a los
empresarios catalanes para salir del atolladero de silencio en el
que se encontraban, pero que nada aporta porque se mantiene en un
irritante (o calculado) juego de medias palabras, naderías bien
sonantes, que no se atreven a decir claramente lo que se piensa. A
ver, el llamado "encaje de Cataluña" lo único que oculta es la
insatisfacción antigua de los nacionalistas catalanes por haberse
generalizado en España el modelo de autonomía que, en principio,
sólo iba a corresponder a las mal llamadas "comunidades históricas",
Galicia, Cataluña y el País Vasco.
¿Qué tendrían que hacer murcianos y riojanos, renunciar a la
autonomía para que los catalanes, ahora sí, se sintieran diferentes
y distintos?Como se ha detallado aquí en otras ocasiones, ese
esquema primero de la Transición Política se rompe con un referéndum
en Andalucía y, a partir de ahí, nace la generalización del modelo
autonómico (aunque Cataluña y el País Vasco siempre han contado y
cuentan con más competencias que el resto). Es lo que desde
entonces, primeros años de la democracia, se conoce como el “café
para todos", y esa igualdad es la que el nacionalismo catalán no ha
podido superar jamás. Sencillamente, les irrita que Murcia o La
Rioja, que son dos comunidades que utilizan constantemente en estos
desahogos, tengan el mismo estatus teórico, comunidad autónoma, que
Cataluña. A partir de ahí, todos los agravios consecutivos que se
van hilvanando, siempre viejos, siempre latentes, cargados de
tópicos, muchos de ellos insultantes, contra los andaluces o los
extremeños o contra los madrileños.
La cuestión, verán, no es lo que piensen y lo que digan, no, la
cuestión es que si ese es el problema de fondo, si esa es "la falta
de encaje", ¿alguien puede decir cómo se soluciona? ¿Qué tendrían
que hacer murcianos y riojanos, renunciar a la autonomía para que
los catalanes, ahora sí, se sintieran diferentes y distintos? Si ese
es el "encaje", si esos son los problemas, estaría bien que uno de
estos días alguien se detuviese un momento a explicarnos qué daño le
provoca a Cataluña, en qué la limita, que los murcianos o los
riojanos tengan una autonomía.
En su desmesura habitual, nadie como Pilar Rahola ha sabido expresar
este incomprensible resentimiento de muchos catalanes, casi un
sarpullido, provocado por la igualdad de los demás, de sus vecinos.
Dice Rahola: "Fuimos los grandes artífices de la lucha autonómica y
nos premiaron con el 'café para todos'; éramos el motor económico, y
lejos de primarlo, se dedicaron a expoliarlo; descubrimos que
existía la alta velocidad y se fue a Sevilla; aportamos una lengua
milenaria, y se dedicaron a agredirla, con la vana esperanza de
castellanizarnos; había que apretar las tuercas tributarias, y ahí
estaba la vaca catalana. (...) El cansancio ha dado paso al rechazo,
y el rechazo ha traído un nuevo escenario".
En fin, si en la ceguera es capaz de decirse eso de que "descubrimos
la alta velocidad", pocos comentarios pueden hacerse, salvo la
pregunta anterior: Si ese es el problema, ¿qué deben hacer las demás
autonomías, a qué deben renunciar, para que Cataluña no tenga
problemas de encaje en España? Que nos lo digan, porque así nos
vamos enterando todos los demás.
Lo que nunca dirán los nacionalistas catalanes es que se equivocaron
en la Transición al aceptar un régimen fiscal especial para País
Vasco y NavarraLa otra vertiente oculta que tiene este mantra nuevo
del 'encaje catalán' tiene que ver, obviamente, con la financiación
autonómica. Pero todo eso ya lo conocemos de sobras, la pesadez
tramposa de las balanzas fiscales, el falso robo a Cataluña y la
mendicidad de extremeños y andaluces, como si en esas regiones todo
el mundo viviera de la sopa boba. Todo eso, ya digo, lo conocemos
hasta el hartazgo, pero lo que nunca dirán los nacionalistas
catalanes es que se equivocaron en la Transición al aceptar un
régimen fiscal especial para País Vasco y Navarra que lo ha
distorsionado todo; a lo que nunca se van a atrever es a exigir un
nuevo sistema de financiación que ponga fin a los privilegios vascos
y navarros para que todas las comunidades se rijan por el mismo
modelo y, por tanto, dispongan de las mismas posibilidades de
desarrollo.
Sin embargo, esa es, junto a otras dos iniciativas legislativas más,
la única salida que se le ve al conflicto catalán, y por añadidura a
los que puedan venir después en otras regiones. Un sistema de
financiación, de corte federal, que derogue el cupo vasco y navarro;
una ley de referéndum como la que ya estuvo en vigor en la
Transición (que exige una mayoría superior al 50 por ciento del
censo, no de los votantes, y en cada provincia); y la vuelta del
recurso previo de constitucionalidad.
De las tres propuestas, PSOE y PP sólo han avanzado (y parece
milagroso) en una de ellas, el recurso previo de constitucionalidad,
que es la menos útil a estas alturas. Pero bueno, podría ser un
comienzo. Si en vez de circunloquios vacíos, se le empezaran a
llamar a las cosas por su nombre, veríamos que no existe otra salida
que esas tres reformas. ¿Nuevo sistema de financiación? Por
supuesto, más avanzado e igual para todos. ¿Una consulta? Por
supuesto, pero con una mayoría reforzada como exige la gravedad del
modelo de Estado. ¿Nuevas competencias? Por supuesto, siempre que
quedan en la Constitución. Y el encaje, pues eso, para quien quiera
hacer como que dice, pero sin decir nunca nada.
Cataluña
La Generalidad y "el pueblo catalán"
José María de Pablo Libertad Digital 20 Febrero 2014
Tras casi veinte años ejerciendo la abogacía, creía que ya lo había
visto todo. Pero no. Ahora leo, entre sorprendido y divertido, que
la Generalidat de Cataluña ha interpuesto una demanda civil de
protección del derecho al honor contra varios periodistas, actuando,
dice la demanda, "en representación y defensa del pueblo catalán".
No he leído la demanda. Tampoco el informe del CAC en el que se
basa. Desconozco, por tanto, si las expresiones utilizadas por los
periodistas demandados tienen suficiente entidad como para ser
consideradas como lo que la jurisprudencia denomina "intromisiones
ilegítimas en el derecho al honor". Pero basta con saber que la
demanda la interpone la Generalidad de Cataluña "en representación y
defensa del pueblo catalán" para concluir que estamos ante una
demanda temeraria (que es como llamamos los juristas a las
pretensiones disparatadas) que nunca debió ser admitida a trámite y
que no tiene ninguna posibilidad de prosperar.
Tiene dicho el Tribunal Constitucional que los derechos
fundamentales garantizados por la Constitución, entre los que se
encuentra el derecho al honor, son derechos personalísimos. Esto
significa dos cosas. Primero, que se trata de derechos que solo
pueden ejercer las personas (en principio las físicas, aunque la
jurisprudencia contempla, en ciertas ocasiones, el derecho al honor
de las personas jurídicas). Segundo, que sólo los titulares de esos
derechos están legitimados para invocar su protección ante los
tribunales.
La primera conclusión es que la Generalidad, que no es una persona
sino una administración pública, no es titular del derecho
constitucional al honor (los derechos constitucionales lo son de los
ciudadanos, no de las administraciones). Es imposible, por tanto,
que nadie haya vulnerado el derecho al honor de quien, por no ser
más que una administración pública, carece de ese derecho.
Quizás por eso la Generalidad ha decidido demandar no en su propio
nombre sino "en representación y defensa del pueblo catalán". Pero
esto es un disparate aún mayor. Primero, porque "el pueblo catalán"
carece de personalidad jurídica. Pero sobre todo porque -y esto es
lo más importante- solo los titulares de los derechos personalísimos
pueden solicitar su protección ante el juez.
La Ley Orgánica 1/1982, que regula la protección del derecho al
honor, solo confiere legitimidad activa para interponer acciones de
protección del derecho al honor a la persona titular del derecho. La
única excepción son las personas fallecidas, en cuyo caso se permite
el ejercicio de la acción por la persona designada por el difunto o,
en su defecto, por sus herederos. Y por nadie más.
Por tanto, incluso si alguna de las expresiones utilizadas por los
periodistas demandados pudiera haber vulnerado el derecho al honor
de un catalán, de varios, o incluso de todos los catalanes, solo
tendría legitimación activa para ejercer la acción civil, personal e
individualmente, cada uno de aquellos catalanes cuyo derecho al
honor se considerase vulnerado, sin que nadie –ni siquiera la
Generalidad– pueda hacerlo en su lugar.
En este sentido, por ejemplo, la Sentencia 790/2004 del Tribunal
Supremo (Sala Civil, Sección Primera), recuerda que
la legitimación para ejercitar la acción de protección del honor
corresponde exactamente a la persona que ha visto vulnerado su
derecho, por la simple razón que se trata de un derecho
personalísimo.
Con independencia de la valoración política que merezca, y que no me
corresponde hacer a mí, estamos ante una acción que, desde el punto
de vista estrictamente jurídico, es un despropósito.
José María de Pablo, abogado penalista.
www.josemariadepablo.com
Acoso nacionalista
La libertad de expresión en Cataluña
Pablo Planas Libertad Digital 20 Febrero 2014
Cuarenta años después de la muerte de Franco, la libertad de
expresión, la de opinión y la de prensa no están garantizadas en
España. Un ciudadano puede ser conducido ante un juez por criticar a
un político, a un partido o denunciar la actuación despótica,
desproporcionada y autoritaria de una administración pública. La
Generalidad, por ejemplo, acaba de forzar que un juzgado de
Barcelona cite a siete personas acusadas de ofender al pueblo
catalán, presuntos culpables de haber vulnerado el "derecho al
honor, la intimidad y la propia imagen" del "pueblo o ciudadanía de
Cataluña". Que se admita a trámite una demanda basada en la
intimidad de siete millones y pico de personas muestra hasta qué
punto, incluido el ámbito judicial, llega la gangrena nacionalista,
el delirio totalitario, y lo poco que importa atenerse a un mínimo
de apariencia de legalidad. Todo vale y el poder político catalán no
necesita andarse con miramientos con sus opositores, como tampoco
necesita cumplir con las sentencias. Está por encima de la ley.
La implantación del nacionalismo en Cataluña se explica por la
ingente tarea de adoctrinamiento y manipulación llevada a cabo en la
escuela y en los medios de comunicación desde hace tres décadas. La
construcción de una nación primero y ahora la de un Estado han sido
el objetivo tanto de los planes de estudio como de las escaletas de
los medios públicos y las portadas de los subvencionados. La
combinación ha sido un éxito: cientos de miles de catalanes creen,
por ejemplo, en la existencia desde tiempos remotos de una
civilización catalana con agencia de espionaje, hacienda y ejércitos
propios incluidos. Sin la coordinación editorial, sin la confección
de un discurso único, sin la elaboración retórica de mentiras
políticas y falsedades históricas, las pretensiones de Artur Mas,
las efusiones de Junqueras y las actividades del consejero de
Presidencia, Francesc Homs, no serían posibles. Sin el control de
los medios de comunicación, tipos así no habrían alcanzado el poder
y se dedicarían, por este orden, a hundir empresas, manipular
estudiantes y vender preferentes.
Treinta años después de que JR, el de Dallas, hablara catalán en
TV3, Homs está al frente del complejo de medios de comunicación
catalanes, puesto que a los públicos se añaden los diarios
digitales, de papel, las emisoras de radio y televisiones locales
que el nacionalismo tiene sometidos y comprados merced a una
política de subvenciones a fondo perdido con los que taponar sus
pérdidas, garantizar su existencia y servir a la causa. Puede que en
Madrid se tenga una impresión distorsionada del poder nacionalista y
del de Rajoy en los medios de comunicación, a tenor de las últimas
remociones en las grandes cabeceras. Es verdad que a Mas le falta
dinero y capacidad crediticia para cambiar al director de un
periódico de Madrid, pero le sobran fondos públicos y favores
prestados para condicionar la línea editorial de La Vanguardia, que
en 2013 recibió casi un millón de euros del departamento de Homs
para su edición en catalán. Eso que se sepa, ya que dicha cantidad
no incluye ni la publicidad institucional, ni los fondos de otras
consejerías, ni las partidas destinadas a la radio y a la televisión
de Godó (más soberanistas que TV3), ni esto ni lo del consorcio.
Seguramente el viejo periódico barcelonés reciba más pasta del
Estado (o más facilidades para financiarse), lo que explicaría el
peso de Moncloa en la caída de José Antich y el auge del excronista
monárquico Màrius Carol, pero la línea editorial no descuida en
absoluto los intereses del caciquismo local. De hecho, intenta
denodamente buscar coartadas que justifiquen las estupideces,
excentricidades y los errores políticos de Mas, consulta ilegal
incluida.
El riego de cientos de miles de euros en prensa de papel, periódicos
digitales y medios audovisuales para propagar el odio a España y
difundir el separatismo es una muestra de poder blando que garantiza
la existencia artificial de productos infames, tanto en el fondo
como en la forma, cuyas funciones son amplificar eslóganes como el
manido "España nos roba", mantener ocupada a la nutrida nómina de
periodistas paniaguados y sostener las ficciones separatistas. No
hay alternativas en Cataluña porque no hay publicidad, ni privada ni
pública interesada en que el régimen nacionalista tenga réplica y
sus mentiras y corrupciones puedan ser denunciadas sobre el terreno.
La otra manera nacionalista de condicionar la actividad de los
medios es una muestra de poder duro, entre lo venezolano y lo
norcoreano. La aplicación del garrote corre a cargo de Homs, que
dispone a los efectos del Consejo Audiovisual de Cataluña, el
siniestro CAC, los servicios jurídicos de la Generalidad, los
recursos públicos, a una administración de justicia en suspenso de
sus actividades en Cataluña y a un prensa amordazada con la pólvora
del contribuyente. Así que lo que no puede comprar, lo intenta
cerrar, ya sean frecuencias de medios incómodos, ya sean bocas de
periodistas libres. Y así se señala y se pretende acobardar a los
críticos; así se les cita ante los juzgados en nombre del pueblo de
Cataluña y así se las gasta Homs, Quico Homs, el mismo al que
entrevistaron en la COPE cuando fue a Madrid a hacer amigos.
La conclusión es que la libertad de expresión en Cataluña está
amenazada y su ejercicio implica dificultades impropias de un
sistema democrático, que a un ciudadano le pueden llevar ante un
juez por criticar a Mas en una tertulia y que se va a encontrar en
la indefensión más absoluta por el delito de defender que Cataluña
es España y cosas de ese estilo. Y no es probable que esta
situación, la del desprecio a la leyes y a las libertades, vaya a
cambiar a corto plazo. Ni Berlín, ni años treinta. En Barcelona y en
2014.
Cataluña
Nada personal
José María Albert de Paco Libertad Digital 20 Febrero 2014
Resulta insólito oír hablar a un nacionalista de personas, así, a
pecho descubierto, sin un maldito terruño, nación o pueblo que
atenúe o acaso disuelva la naturaleza jurídica de dicha entidad,
esto es, su condición de sujeto de derecho individual. Por eso me
llamó la atención que el
inefable-consejero-de-Presidencia-Quico-Homs declarara ayer, tras el
portazo de los empresarios catalanes al proceso soberanista, que lo
que importan no son los colectivos (en alusión a las asociaciones
empresariales), sino las personas, puesto que, al cabo, son las
personas quienes habrán de ejercer el derecho al voto en un
hipotético referéndum.
No descarto que, al ir hilando silábicamente la voz personas, Homs
sintiera el escalofrío o quién sabe si el morbo del que se adentra
en una jungla inexplorada. Él, que a sus años no había conocido más
agrupaciones celulares que las cadenas humanas, las voluntades
populares o las cohesiones sociales, se topaba de pronto,
parafraseando a Gil, con la verdad desagradable, con el único
argumento de la obra.
Las personas, sí, las mismas que en su mismidad llevan años
reclamando para sus hijos una educación bilingüe y que, precisamente
por ello, por tratarse de casos personales, aislados, no han
recibido otra respuesta de la Administración que la de la atención,
ay, personalizada. Y cómo pasar por alto, en este punto, ese
aforismo tributario tan cuajado de rigor: "Quienes pagan impuestos
no son los territorios, sino las personas", que los no nacionalistas
hemos esgrimido desde la noche de los tiempos frente al España nos
roba (los no nacionalistas catalanes; el resto de españoles, con los
políticos madrileños a la cabeza, siempre creyeron que sí, que
España algo robaba).
Homs, tan habituado como cualquier otro de su cuerda a tratar
exclusivamente con Omniums, Ustecs, boletaires, castellers,
barcelonistas, manifestantes, sindicatos, asociaciones de padres o
esbarts dansaires; tan habituado, en fin, a adularse frente al
espejo, un espejo-espejito que siempre le devolvía las lisonjas a
cambio de una subvención, descubre, como quien descubre el hielo,
que "lo que cuenta son las personas". Una vuelta más de tuerca y se
sorprenderá diciendo: "Y no las entelequias".
Cataluña
“Por la Justicia Social”
Movimiento Masby 20
Febrero 2014
Este es un mensaje enviado a todos los Medios Comunicación y
miembros del Movimento Masby
Hola, el próximo 21 de febrero viernes a las 19:30 h., España 2000
saldrá en manifestación “Por la Justicia Social” desde El Corte
Inglés de Colón hasta la plaza de la Virgen en Valencia.
Numerosos son los motivos para protestar ante la situación de
corrupción actual y sobre todo, es necesario demostrar que el
movimiento patriótico está vivo y creciente en Valencia al igual que
en toda Europa.
Desde Masby apoyamos esta iniciativa e invitamos a todos los
seguidores de la zona de Valencia a unirse a esta manifestación por
defender básicamente nuestros pilares: España y el español.
Más información en http://bit.ly/1ff4fBG
Un saludo,
Juan Antonio Marín - Movimiento Masby
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Perjuicios para Cataluña y el resto de
España
Conocer bien los problemas reduciría el apoyo social al
independentismo
Emilio Albi- El Pais 20 Febrero 2014
En una cita clásica, Renan señala como esencia de una nación que
todos los individuos que la forman tengan muchas cosas en común y
también que todos hayan olvidado muchas otras. El simposio España
contra Cataluña es fácil interpretarlo como un intento de recordar
los agravios que el Estado español pueda haber hecho a Cataluña
desde 1714. Sin embargo, los agravios tienden a ser recíprocos en
cualquier relación. Por ejemplo, bastantes republicanos de la época
no entendieron la intentona de Companys en octubre de 1934, que pudo
influir en lo que vino después, ni sus desavenencias con el Gobierno
de Negrín en 1937-1938.
Pero hay algo más aparte de agravios. Los historiadores dicen que,
en el siglo XVIII, se abrió a Cataluña el comercio con las Indias,
antes reservado a Castilla. La política arancelaria y comercial de
parte del XIX ofreció a la industria catalana un mercado español
cautivo, probablemente en detrimento de los intereses de otros
lugares y de los consumidores. A principios del siglo XX, tampoco
parece que la economía de Cataluña sufriera “expolio” por parte del
Estado español. Con el franquismo, que sojuzgó a Cataluña, política
y culturalmente, no le fue mal al empresario catalán, y la
inmigración llevó a muchos abuelos y padres de los catalanes de hoy
desde otros lugares de España, iniciando, a partir de los años 60,
la modernización del país entero.
Naturalmente, lo anterior está dicho sin menosprecio de la capacidad
y solidaridad de los catalanes, ni del resto de españoles. Es verdad
que a muchos les parecerán historias pasadas, pero lo cierto es que
es historia que dura más de cinco siglos. Situándonos en un periodo
más reciente, la Constitución de 1978 no logró un encaje perfecto
del concepto de nacionalidad dentro de una nación y Estado comunes.
A pesar de ello, la aceptamos y votamos.
Es obvio que en la Cataluña actual, tras 35 años desde la
Constitución, existe un sentimiento independentista creciente. Si la
emoción de sentirse miembro de una nación, que ahora es el momento
de desarrollar, fuese inconmovible, el debate político, histórico o
económico resultaría baldío. No obstante, pienso que ese sentimiento
contiene la creencia, posiblemente equivocada, de que se han hecho
sacrificios comunes que a lo largo de la historia han beneficiado
mucho más al resto de españoles que a los catalanes. No sé si los
historiadores aclararán nunca esa visión, pero creo que es, en buena
medida, la causa básica de que parte de los catalanes quieran que su
solidaridad y esfuerzo conjunto (o sea, los beneficios de un Estado)
redunden en ellos mismos.
El resto de España contaría con menos territorio y población.
Cataluña se enfrentaría a dificultades serias
En tiempos ya muy cercanos, con los recortes de gasto debidos a la
crisis, esas impresiones se han visto reforzadas, sin que muchos se
pregunten qué se hizo con los ingresos de años anteriores y cuál es
la realidad económica. La utilización política de las balanzas
fiscales, que tienen mitad de ciencia y mitad de arbitrariedad, ha
empeorado las cosas desde hace, al menos, diez años. Las balanzas
reflejan principalmente que un territorio recibe menos (más) de lo
que paga, por ser más rico (pobre). Pero se tiende a interpretar
estos saldos como el remanente que tendría Cataluña si fuese
independiente, lo que no es estrictamente válido.
Desde luego, los sistemas de financiación autonómica ensayados han
sido defectuosos, aunque se hayan aceptado y no solo por el Gobierno
central. Confiemos en su mejora y en que introduzcan criterios para
que no cambie la posición ordinal por territorios, a causa de la
progresividad fiscal, de las subvenciones de nivelación territorial
o de las pautas de gasto estatal, como se ha sugerido en tantas
ocasiones.
Los cambios económicos y personales que una secesión originaría,
serían perjudiciales para todos. El resto de España contaría con
menos territorio y población, mermando su PIB. La redistribución
territorial que Cataluña facilita (aunque no en primer lugar,
detrás, de Madrid o Baleares) también sería menor: los familiares de
muchos catalanes, que no emigraron en el pasado, vivirían peor.
Respecto a Cataluña, no sé cómo podría financiar sus déficits y a
qué coste. La credibilidad dentro de los mercados es más española
que catalana. Una administración eficaz de la Seguridad Social o de
los Tributos no se edifica en poco tiempo. Si la caja está medio
vacía, ¿cómo se pone en funcionamiento un Estado? Nadie explica cómo
se pagarían las pensiones que en la actualidad arrastran un desfase
de más del 30% en Cataluña. Los catalanes de origen y corazón que,
por razones personales (digamos, su jubilación), o por trabajo
residen en otras partes de España, ¿a qué Estado habrían de
acogerse?
¿Qué deuda del Estado español sería imputable a Cataluña y qué
debería el primer Estado al segundo? ¿Cómo se valorarían y pagarían
los activos del Estado español (infraestructuras) existentes en
Cataluña? Todo esto no se resuelve simplemente con una negociación
ni presentando unas cuentas mejor hechas. No hay que confundir
deseos con realidad. Sin olvidar que la entrada en la UE no es
automática y que, en el proceso, pueden surgir vetos, quizá no
españoles. La economía de una Cataluña independiente se enfrentaría
a una gravísima dificultad en este asunto.
Retornando a la afirmación de Renan del principio, el apoyo al
nacionalismo catalán, y al español, sería menor si los ciudadanos no
olvidáramos muchas cosas. Todas las mencionadas anteriormente y
algunas más. Conocerlas mejor aminoraría mucho la tensión actual,
eliminando maximalismos.
Emilio Albi es catedrático de Hacienda Pública en la Universidad
Complutense. Su último libro es Reforma Fiscal (Civitas).
La lengua materna ya no interesa ni a CiU y
ni al PSC
Junta de la Asociación por la Tolerancia 20 Febrero 2014
Coincidiendo con el Día Internacional de la Lengua Materna, la
Asociación por la Tolerancia organiza este viernes 21 de Febrero a
las 19h la II Jornada por la Lengua Materna y el Bilingüismo, en el
Centro Cívico Villa Florida (Muntaner 544, Barcelona), a la que se
ha invitado tanto a partidos que defienden ese derecho reconocido
por la UNESCO, como a partidos que abogan por la inmersión forzosa
en catalán, para así celebrar un debate lo más plural posible.
Desgraciadamente la consejera de educación del gobierno de CiU, Sra.
Irene Rigau no ha respondido a esta invitación, como tampoco lo ha
hecho el PSC. Ni su portavoz parlamentaria de educación, Sra. Rocío
Martínez-Sampere, ni la Secretaria de Educación del PSC y alcaldesa
de Barberá del Vallés, Sra. Ana del Frago, han contestado a la
invitación cursada por la Asociación por la Tolerancia.
El Sr. Joan Mena de ICV-EUiA y la Sra. Ramona Barrufet de CiU se han
excusado por motivos de agenda, y no parece que ningún otro
responsable de sus respectivos partidos pueda acudir a este acto.
Por el momento han confirmado su participación los portavoces de
eduación en el Parlament del PP, María José García Cuevas y de C's,
Carlos Carrizosa, así como el portavoz de UPyD en Cataluña, Ramón de
Veciana.
Sorprende esta falta de interés hacia el derecho a la primera
enseñanza en cualquiera de las dos lenguas maternas y oficiales de
Cataluña, especialmente por parte de CiU y PSC, ya que durante la
transición defendían con lógica, apasionamiento y sensatez la
primera enseñanza en catalán o en castellano, como hizo el Sr. Ramón
Trias Fargas en el Congreso de los Diputados el 24 de Mayo de 1978,
según refleja el acta de sesiones :
"Además de un derecho humano, me parece claro que el idioma, la
lengua materna, es un requisito pedagógico importante. Los primeros
pasos intelectuales, los primeros intentos de pensar, los primeros
contactos con el ambiente cultural, los hace el niño en su idioma
materno; y sólo a través de ese idioma materno es capaz de darse
cuenta del medio cultural en que vive. Por eso es tan difícil que
cierta ideas que se formulan en un idioma puedan luego expresarse en
otro; por esta razón hay bastantes niños que no pueden superar esta
dificultad y se encuentran con su capacidad de expresión mermada y,
sobre todo, disminuidas sus capacidades de aprender. Pero, además, y
sigo en el tema pedagógico, a mi me parece claro que el trauma que
siempre entraña el paso de la familia a la escuela aumenta
extraordinariamente cuando se complica con el paso de un idioma a
otro. Esto ha frustrado distintas vocaciones intelectuales y creo,
pués, que es un aspecto a tener muy en cuenta." ....
..." Lo que nosotros proponemos es precisamente la enseñanza en la
lengua materna, bien sea catalán o castellano, y la enseñanza del
catalán y del castellano obligatoria para todos los que viven en
Cataluña."
También Raimón Obiols, secretario general del PSC lo defendía como
queda de manifiesto en sus declaraciones del 13 de Octubre de 1994
en las que exigía que la escuela pública de Cataluña garantizara el
derecho de los alumnos y sus padres al conocimiento de las dos
lenguas oficiales "pero también el derecho de los padres de cada
alumno a elegir en los primeros pasos de la enseñanza, la lengua que
desean para su hijo."
Es una lástima que CiU y PSC no quieran hablar de este tema, que se
hayan olvidado de este derecho que antes defendían y que ahora
coincidan en excluir el castellano de las aulas y en general de toda
la esfera pública de Cataluña.
Junta de la Asociación por la Tolerancia, presidente
Tel : 675262986
Día Internacional de la Lengua Materna
https://www.un.org/es/events/motherlanguageday/ 20 Febrero 2014
«Las lenguas locales constituyen la mayor parte de las lenguas que
se hablan en nuestro planeta en el ámbito científico. Son también
las más amenazadas. Con la exclusión de las lenguas, sus hablantes
se ven privados de su derecho humano fundamental al conocimiento
científico.».
Extracto del mensaje de Irina Bokova, Directora General de la UNESCO
Las lenguas locales y la transmisión del conocimiento científico
Contrariamente a la creencia común, las lenguas locales son
totalmente capaces de transmitir los conocimientos científicos y
tecnológicos más modernos. De hecho, la comunicación en el mundo de
las ciencias se establece mayoritariamente en idiomas vernáculos.
Con la exclusión de estas lenguas, sus hablantes se verán privados
de su derecho humano fundamental al conocimiento científico. En
cambio, su preservación abre las puertas al enriquecimiento con
saberes tradicionales científicos a menudo ignorados.
Las lenguas son los instrumentos más poderosos para preservar y
desarrollar nuestro patrimonio cultural, tanto el tangible como el
intangible. Todas iniciativas dirigidas a difundir las lenguas
maternas servirán no sólo para incentivar la diversidad lingüística
y el multilingüismo, sino también para crear una mayor conciencia
acerca de las tradiciones culturales en todo el mundo y promover la
solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo.
Desde el año 2000, el día internacional se celebra cada 21 de
febrero con el objetivo de impulsar la diversidad lingüística y
cultural y el multilingüismo. La fecha elegida para la celebración
conmemora las manifestaciones estudiantiles que tuvieron lugar en
1952 en Dhaka, capital del actual Bangladesh, y en las que varios
participantes murieron en defensa de la lengua bangla para que se
reconociera como uno de los dos idiomas oficiales del entonces
Pakistán.
El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en noviembre de 1999
(UNESCO) en noviembre de 1999 (30C/DR.35 Documento PDF).
Posteriormente, el 16 de mayo de 2007, la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución A/RES/61/266 exhortó a los Estados
Miembros y a la Secretaría a «promover la preservación y protección
de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo». En esa
misma resolución, la Asamblea General proclamó el 2008 como Año
Internacional de los Idiomas para potenciar la unidad en la
diversidad y la comprensión internacional a través del
multilingüismo y el multiculturalismo.
Disparates de la directora general de la
UNESCO
Nota del Editor 20 Febrero 2014
Hay que estar totalmente descerebrada para afirmar que las lenguas
locles con totalmente capaces de de transmitir los
conocimientos científicos y tecnológicos más modernos, puesto que el
desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos más
modernos se han hecho en otras lenguas y por tanto las leguas
locales carecen de tales conocimientos y tienen que asumir los
vocablos de las lenguas inventoras, por lo que es mas económico
utilizar exclusivamente tales lenguas.
Otro disparate es la afirmación que con la exclusion de estas
lenguas locales sus hablantes se verán privados de su derecho humano
fundamental al conocimiento científico, primero porque no hay
derecho humano fundamental al conocimiento científico, y segundo
porque si alguien quiere adquirir conocimientos científicos debera
hacerlo en las lenguas capaces de describirlos.
Promover la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y
el diálogo implica que los demás tengamos la obligación de conocer
las lenguas locales y no puede defenderse estupidez de mayor calado.
Esta tipa podría haberse callado y no nos hubieramos enterado de que
ha perdido el sentido común.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Cataluña: la (incómoda) lengua española
José Rosiñol Lorenzo. Periodista Digital 20 Febrero 2014
Es muy habitual que cuando se cuestiona en tertulias –más o menos
formales- la política lingüística de la Generalitat, siempre sale a
colación la “normalidad” con la que coexisten en la “calle” las dos
lenguas oficiales y propias de los catalanes, argumento repetido
hasta la saciedad, incluso por periodistas que no están en la órbita
nacionalista como, por ejemplo, Jordi Évole.
Ahora bien, y antes de comenzar con mi reflexión, quisiera recordar
que para cualquier democracia que se precie, para cualquier sistema
democrático no reducido a la mera formalidad, la diversidad cultural
es un valor en sí mismo, y por tanto debe saber gestionarlo como tal
e, incluso, promoverlo entre sus habitantes, es decir la diversidad
en ningún caso debería ser considerada un obstáculo para el buen
funcionamiento de las estructuras administrativas y/o económicas del
Estado.
Lo sorprendente de mi comunidad autónoma, Cataluña, es que –solo de
vez en cuando- en el centro de la polémica política emerge esta
estrategia de discriminación lingüística practicada por la
Generalitat, discriminación institucional y en el ámbito educativo,
y, aun en más raras ocasiones, el debate se adentra en la auténtica
esencia del problema: la paulatina imposición de una situación de
diglosia en la sociedad catalana.
Naturalmente esta última afirmación choca con esa consideración
generalizada que comentaba más arriba respecto a la “buena
convivencia” de “las lenguas”, pero, una vez más, y gracias al Velo
de la deformación nacionalista, se confunde el razonamiento, porque,
efectivamente –y afortunadamente- (aun) no hay conflicto en las
calles, pero la cuestión es que el problema es de imposición
institucional y, en buena medida, de ingeniería social.
Los argumentos aducidos por los defensores del nacionalismo, a raíz
de las últimas sentencias respecto al español en las escuelas
catalanas, suelen tener un espíritu romántico, solo se refieren a la
“lengua”, nunca a los hablantes, centran el debate en el supuesto
peligro, “estado de emergencia” y más que probable desaparición de
la lengua catalana, pero obvian el debate de los derechos y
libertades de las ciudadanos.
Afortunadamente cuando alguien cuestiona el statu quo creado tras
más de treinta años de “construcción nacional” (con la anuencia de
partidos supuestamente no nacionalistas como el PSC), las huestes de
periodistas, organizaciones y académicos orgánicos se lanzan en
tropel a la difusión de multitud de argumentos, estudios y
publirreportajes con los que anular o aminorar los “efectos”
políticos de dichas sentencias y las más que probables
externalidades negativas al Proceso.
La obsesión por el control informativo y por mantener el monopolio
discursivo, hace que se publiquen reportajes con los que edulcorar
la realidad en los que “se cuelan” pistas inequívocas de la
situación de discriminación institucional de la lengua española y
los derechos de sus hablantes, en concreto me referiré al artículo
publicado por La Vanguardia el pasado sábado día 9 de febrero
titulado “¿Dónde está el castellano?”.
El subtítulo del artículo versa así “Un 13% de las escuelas utiliza
esta lengua como vehicular, y en ESO muchos profesores imparten sus
clases en ella”, es remarcable que solo un 13% de las escuelas
catalanas (según La Vanguardia) tengan como lengua vehicular la
lengua materna de más de la mitad de los catalanes, de la misma
manera es destacable que sean “muchos” (un dato muy riguroso, más
performativo que objetivo) los profesores que usan “esa lengua”.
Para ilustrar la situación del castellano en las aulas la periodista
de La Vanguardia, Maite Gutiérrez, toma como ejemplo la escuela La
Farigola de Seva en la que tiene como idioma predominante el
catalán.
Debido a que el entorno sociolingüístico de la escuela es
fundamentalmente catalanoparlante este centro decidió “potenciar” la
lengua española, es decir, a parte de la asignatura de Lengua
Castellana…también se imparte en esta lengua la Educación Física…y
según este rotativo es un modelo que siguen “muchos” centros
educativos…y finaliza con la opinión de un profesor de historia que
concluye “el modelo de inmersión lingüística funciona porque es
flexible”.
Como vemos, en al menos el 87% de las escuelas catalanas se dan
clases en español únicamente en la asignatura de Lengua Castellana,
y en algunos casos como el de La Farigola tienen a bien hacer
Educación Física en castellano…menos mal que no ha decidido usar el
español en clase de mímica… ¿no suena esto a inculcar la diglosia
desde la más tierna infancia?, y si el sistema es tan “flexible”,
¿por qué unos padres que solo querían que sus hijos pudiesen
estudiar (también) en su lengua materna han tenido que pasar por un
periplo judicial de más de ocho años?
Como dato ilustrativo respecto a esta de imposición de la diglosia
entre la ciudadanía, imposición que, paradójicamente, pasa
desapercibida o es asumida como “normal” por parte de la población
catalana, adjunto un cuadro en el que se detalla cómo muchos
ciudadanos han cambiado su lengua materna hasta el punto de
considerar como “propia” una que ha sido adquirida (muchas veces
gracias a una perversa resocialización), la razón de ello la podemos
encontrar no solo en las escuelas y los medios de comunicación, sino
también en el econosistema culturalista e identitario tejido por el
nacionalismo:
Pero ¿qué sentido tiene esta obcecación política de imponer una
lengua de prestigio y arrinconar a la otra a funciones, digamos, de
baja estopa?, ¿cómo es posible que un gobierno democrático esté
llevando a cabo este tipo de políticas en las que no se discrimina
al idioma sino a los hablantes, a los ciudadanos?, ¿por qué no se
atreven y permiten que los padres escojan la lengua vehicular en la
que prefieren que sus hijos estudien?, ¿a qué tienen miedo?
Tienen miedo a la realidad social, a que lo que ocurre en las calles
desborde los muros de contención que la política ha construido
alrededor de la diversidad, a que el cinturón sanitario tejido
alrededor de todo lo que suene a español tome conciencia de sí mismo
y reivindique sus derechos como ciudadanos de primera, en
definitiva, temen lo que consideran como algo impropio, extraño y
ajeno a esa Cataluña soñada por el nacionalismo que es la pesadilla
de muchos.
Todo esta política de imposición identitaria se sustenta en un falaz
relativismo lingüístico y en la creencia en una inconmensurabilidad
entre culturas transmutada en una extraña jerarquización
intercultural, en la fe de la existencia atemporal de un “genio” de
los pueblos, genio que, en verdad, es un retorno a concepciones
preilustradas del ser humano, genio que vuelve a transformar al
ciudadano en súbdito, súbdito de creencias y esencias, de
territorios, lenguas y el narcisismos de pequeñas diferencias.
Borrar (o perseguir) todo lo español de
Cataluña
¿Qué están haciendo el Gobierno y el Estado ante esta situación de
manipulación política y acoso a la libertad?
José Rosiñol Lorenzo. Periodista Digital 20 Febrero 2014
Artur Mas 'compra' a seis diarios europeos de cuarta para meter su
proclama por la independencia de Cataluña
"En Cataluña siempre ha habido miedo, pero ahora ha cobrado la
densidad de la cobardía"
Un gobierno de la minoría que impone sus ideas a una mayoría en la
creencia de una superioridad no solo política sino también moral
“…ahora, cuando los independentistas atisban en el horizonte cercano
el Gran Advenimiento, se han lanzado a por todos los símbolos de
españolidad, incluyendo –cosa que a nadie debería sorprender- a por
todo aquél grupo o individuo que se anteponga en el camino de la
redención nacional…”
La historia está plagada de episodios en los que un cambio político
deriva en una obsesión por eliminar cualquier huella del régimen
anterior, encontramos ejemplos como el final del periodo amarniense
del Antiguo Egipto hasta totalitarismos contemporáneos como el
soviético, cuyos dirigentes estaban siempre dispuestos a borrar las
huellas (públicas) del pasado y eliminar físicamente al adversario.
Aquí en Cataluña, quizás por algún tipo de empacho determinista, los
que se consideran la vanguardia de la Nación y únicos representantes
del “pueblo catalán”, no esperan que ese destino que creen
predestinado les alcance y ya han empezado la labor de suprimir todo
lo que suene a español en el Principado, bien es cierto que la
“construcción nacional” está basada en una planificada
deconstrucción cultural, lingüística e identitaria.
Pero ahora, cuando los independentistas atisban en el horizonte
cercano el Gran Advenimiento, se han lanzado a por todos los
símbolos de españolidad, incluyendo –cosa que a nadie debería
sorprender- a por todo aquél grupo o individuo que se anteponga en
el camino de la redención nacional, digo todo esto porque la
actualidad está salpicada de sucesos que unidos ejemplifican lo
expresado hasta aquí.
Empezaremos con la moción que El grupo municipal de Convergència i
Unió del ayuntamiento de Badalona ha presentado para que el
consistorio declare a Convivencia Cívica Catalana como organización
non grata en dicha ciudad, recordar que esta organización lucha
–entre otras cosas- por la igualdad de trato en las escuelas
catalanas, defiende el derecho de los catalanes para que puedan
educar a sus hijos en su lengua materna y que el español deje de ser
tratada como una lengua extranjera que hay que arrinconar.
El “atrevimiento” de Convivencia de hacer una campaña en las
escuelas badalonesas (ya saben, los colegios catalanes son y deben
ser feudo exclusivo del mantra nacionalista) es lo que ha provocado
la airada reacción de los convergentes, de hecho la razón que ha
aducido el presidente del grupo municipal de CiU para esta propuesta
ha sido "la campaña anunciada por la organización Convivencia Cívica
Catalana pretende amenazar la convivencia lingüística en las aulas
de las escuelas de la ciudad y crear un conflicto lingüístico donde
no existe".
Evidentemente, para el nacionalismo, la “convivencia” pasa por la
asimilación y la asunción como “normal” una situación de
discriminación basada en la lengua, y el “conflicto inexistente” se
fundamenta en el silencio de los discriminados.
Resulta sorprendente –y cínico- otras de los motivos expresados por
CiU para justificar la moción: “precisamente por la pluralidad
social de Badalona es clave que el modelo de inmersión lingüística
se mantenga como mecanismo pedagógico a las escuelas de la ciudad
con objeto de garantizar la cohesión social y la igualdad de
oportunidades entre los alumnos”.
Es decir como Badalona es culturalmente plural, es necesario obligar
a estudiar a los alumnos solo en catalán, y en zonas sin
“pluralidad” lingüística (como Seva, según nos recordaba
recientemente La Vanguardia) también es necesario hacerlo…y por
cohesión social quizás entienden uniformización forzosa e igualdad
de oportunidades se referirán a tener el plácet para medrar en el
econosistema creado por el nacionalismo gracias al erario público.
Pero más que sorprendente, resulta democráticamente alarmante que
una institución pública sea utilizada para cercenar la libertad de
expresión vehiculada a través de una de las pocas organizaciones
civiles no controladas por la Generalitat, para coartar la libre
actuación política y ciudadana, parece que la intolerancia hacia lo
no políticamente correcto, hacia la disidencia, está tomando tintes
cada vez más totalitarios.
De igual forma, hemos visto cómo otros ayuntamientos como el de
Sitges y el de Llardecans han cambiado la denominación de plazas y
calles por tener nombres tan “aberrantes” como España o
Constitución, ¿considerarán que el nombre hace la cosa?, ¿pretenden
silenciar no solo al ciudadano sino también a la ciudad?
Aunque detrás de esta obcecación por eliminar de nuestras calles
toda referencia a España podemos vislumbrar el método que pretende
imponer el nacionalismo en nuestra arena sociopolítica, básicamente
un gobierno de la minoría que impone sus ideas a una mayoría en la
creencia de una superioridad no solo política sino también moral.
Veamos el caso de Sitges (esquema que se repite en el de
Llardecans), una organización “civil” como la ANC (Asamblea Nacional
Catalana) convertida en aparato de movilización social en la órbita
de ERC, hace una acción en la Plaza de España del municipio, uno de
los partidos políticos en el ayuntamiento presenta una moción (las
CUP en este caso) para cambiar el nombre de la plaza y de la calle
de España, CiU y la CUP votan a favor, el PSC se abstiene (no vaya a
ser que hagan algo de política) y el PP vota en contra.
Seguidamente montan una “consulta” para que el “pueblo” se pronuncie
para que las calles retomen su nombre original (o histórico,
¿histórico hasta dónde llega la memoria o hasta dónde interesa al
político?), dicha consulta consigue el récord de participación
ciudadana del 3,44% del censo electoral (624 personas), el 59,3%
(370 ciudadanos) vota a favor del cambio, y, por tanto, queda
aprobado.
Este es el mismo esquema que encontramos en el Proceso, en el
“derecho a decidir”:
· El poder nacionalista crea, fomenta y subvenciona una serie de
organizaciones civiles con las que movilizar a la sociedad civil en
pos de la “construcción nacional”.
· Éstas promueven y magnifican mediáticamente una serie de
movilizaciones con reclamaciones/motivaciones más o menos claras o
explícitas.
· Los partidos políticos nacionalistas “escuchan” a la sociedad
civil teledirigida, se inventan un mandato imperativo mediático, y
maniobran políticamente para impulsar el Proceso independentista.
· Presentan un ilegal referéndum de autodeterminación disfrazado de
“consulta” para dar la voz a ese pueblo que se ha manifestado
(movilizado y encuadrado tras las filas del Movimiento).
· Se diseña un tipo de consulta y pregunta en la que voten pocos,
que sean los suyos, que parezcan porcentualmente muchos y así se
legitime un golpe de Estado implícito y diferido.
Pero ¿qué están haciendo el Gobierno y el Estado ante esta situación
de manipulación política y acoso a la libertad?, ¿qué están haciendo
los grandes partidos nacionales al respecto (más allá de pelearse
política y electoralmente repitiendo el dañino cortoplacismo que ha
padecido la política nacional desde la recuperación de la
democracia)?, ¿por qué han tenido que esperar a UPD para afrontar el
desafío del nacionalismo catalán?, ¿será qué temen perder votos del
caladero catalán?.
Libertad para controlar
Inés Arrimadas Libertad Digital 20 Febrero 2014
El Gobierno de Cataluña hace proclamas de libertad pero sus
actuaciones demuestran que trabaja a diario por todo lo contrario.
No desea la libertad sino, precisamente, poder restringirla para
controlarlo todo aún más.
Desde hace décadas, el separatismo catalán ha trabajado sin descanso
para colarse en la educación, la sociedad civil, los medios de
comunicación y, en definitiva, en todas las posibles correas de
transmisión de su doctrina; en los últimos días tenemos muchos
ejemplos del ejercicio de ese control concretamente sobre los medios
de comunicación.
Recientemente se han hecho públicos dos informes encargados por el
Gobierno para clasificar a los medios y periodistas de Cataluña en
función de su ideología política en ámbitos como soberanistas,
españolistas, federalistas y sin identificar. Sí, sí. Tal y como lo
oyen.
Así mismo, hace escasos días hemos conocido que a algunos medios
privados de Cataluña les ha tocado la lotería. Se han aprobado
suculentas subvenciones a la prensa que usa el catalán o el aranés
(como si el castellano no fuera lengua de Cataluña). Con esto han
encontrado la rendija perfecta para seguir alimentando a medios
afines con la excusa de fomentar estas lenguas. Sin embargo,
casualmente muchos medios que también usan el catalán pero que no
comulgan con el separatismo se quedan sin probar bocado.
Pero que nadie se despiste. No hablamos del dinero que se da a los
medios de comunicación públicos. No, hablamos de medios de
comunicación privados (supuestamente). Aunque viendo la trayectoria
que tienen algunos en recibir dinero público es más adecuado
calificarlos de concertados.
Es curioso. El Gobierno de Cataluña se queja constantemente de que
no tiene dinero, pero para este tipo de subvenciones siempre
encuentra algo suelto. Sin duda en esto tienen una capacidad
extraordinaria.
Por último, recordarán el informe del Consejo del Audiovisual de
Catalunya (CAC). Ese informe en el que se recogen declaraciones de
periodistas, tertulianos de diferentes televisiones de ámbito
nacional y un representante público (yo misma) porque, se supone,
fomentan "el odio, menosprecio o discriminación" a Cataluña.
Bien, pues este informe no quedó ahí. El Gobierno ha demandado a los
periodistas a los que previamente había señalado y las demandas son
por atentar contra el honor del pueblo catalán. ¡Como si los que no
somos separatistas no fuéramos también Cataluña!
No sé si vendrán a por mí (a día de hoy no he recibido nada), pero
si vienen no me importará repetir delante de un juez lo que dije
respecto a las multas lingüísticas en Cataluña: que son una
persecución.
Por cierto, ante las barbaridades que cada día se dicen en muchas de
las televisiones de Cataluña sobre España, el resto de españoles,
diputados de Ciudadanos, etc., el Gobierno y su herramienta (el CAC)
mantienen un silencio sepulcral.
Además, el Gobierno de Cataluña tiene muchos problemas que resolver
como para andar persiguiendo a los periodistas según su ideología,
¿no creen?
Con este artículo no quiero decir que la injerencia política en los
medios de comunicación sea un caso propio de Cataluña. Ni mucho
menos. Lamentablemente, tenemos ejemplos recientes que demuestran
que tampoco en el conjunto de España la prensa queda libre de los
tentáculos políticos. Pero sin duda en nuestra comunidad autónoma
nos llevamos la palma.
El Gobierno de Cataluña, ese que va dando lecciones de democracia y
libertad, debería saber lo importante que es en una democracia tener
una prensa libre e independiente (no independentista). ¿El Gobierno
de Cataluña pide libertad? Sí; pide libertad para controlar más.
Inés Arrimadas, diputada de Ciudadanos (C’s) en el Parlamento de
Cataluña.
España
Cataluña crea su hacienda propia con 152
oficinas
Efe. Madrid. Periodista Digital 20 Febrero 2014
La Generalitat ha creado hoy Tributs de Catalunya, una red
tributaria con "ventanilla única" que contará con 152 oficinas,
aunque inicialmente serán 53, en las que trabajarán en total 1.399
empleados públicos. Tributs de Catalunya surge a partir de los
convenios de colaboración suscritos entre la Agencia Tributaria de
Cataluña y las diputaciones provinciales de Barcelona, Girona,
Tarragona y Lleida, y comportará que los ciudadanos puedan realizar
todas las gestiones tributarias, como por ejemplo el pago de
impuestos, mediante una "ventanilla única" que aproximará el
servicio a los contribuyentes.
Según ha explicado el director de la Agencia Tributaria de Cataluña,
Lluís Franco, Tributs de Catalunya "es gran proyecto de país" en el
que Generalitat y diputaciones vienen trabajando desde hace tiempo
para establecer "una sólida colaboración", facilitar la proximidad
de las gestiones tributarias y también intensificar la lucha contra
el fraude fiscal.
El nuevo organismo tributario se pone en marcha desde hoy mismo con
53 oficinas repartidas por toda la geografía catalana, que son las 4
de la Agencia Tributaria de Cataluña, 21 de la Diputación de
Barcelona, 10 de la Diputación de Tarragona, 8 de la Diputación de
Girona y 10 de la Diputación de Lleida. Está previsto, sin embargo,
que la nueva red tributaria catalana, que ya cuenta con un portal de
Internet específico (tributs.cat), llegue a tener un total de 152
oficinas en las que trabajarán 1.399 empleados públicos. En la
página web tributs.cat se informa sobre los principales impuestos
que corresponde pagar a los ciudadanos, muestra las oficinas
disponibles, y enlaza con las oficinas virtuales de la Generalitat y
las diputaciones.
Tributs.cat ofrece información sobre los tributos de la Generalitat
ya gestionados hasta ahora por la Agencia Tributaria de Catalunya,
los tributos locales gestionados por ayuntamientos y diputaciones y
también los tributos estatales gestionados por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
El sindicato 'Manos Limpias' se querella
también contra Artur Mas por prevaricación y rebelión
Recuerda que el nazismo usó la frustración y el victimismo alemán
para lograr su objetivo
Periodista Digital-. 20 Febrero 2014
Pide citar a Mas como imputado, y como testigos a otros diez
políticos, entre ellos el presidente de ERC, Oriol Junqueras
El sindicato Manos Limpias ha presentado ante el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC) una querella criminal contra el
presidente de la Generalitat, Artur Mas, acusándolo de
prevaricación, desobediencia, sedición -o alternativamente de
rebelión- por su apuesta por el derecho a la autodeterminación de
Cataluña.
La querella recoge la resolución del Parlamento catalán que instó el
27 de septiembre de 2012 a convocar una consulta sobre el futuro de
Cataluña -aprobada por CiU, ERC, ICV, DC, SI y el entonces diputado
de PSC Ernest Maragall- y considera que la iniciativa no hubiera
sido posible "sin el impulso político" del partido del Gobierno
catalán (CiU) y de Mas.
De esta resolución y las que se han aprobado en este sentido
después, se desprende que el presidente ha tenido "la clara vocación
para instar a través de su innegable acción política y ejecutiva de
llevar acciones a favor de la desintegración de España", dice Manos
Limpias.
Cree que, a través de un "referéndum ilegal" para separar una parte
del territorio español, es autor, participe y autor intelectual de
actuar por la desmembración de España, contraviniendo la legislación
vigente, con lo que sus acciones, a su juicio, son punibles.
Para el querellante, llama la atención que en las resoluciones de la
Cámara catalana se hable de soberanía de Cataluña cuando "la única
soberana nación es la española y no la catalana, formada por todos
los españoles y no únicamente por los catalanes". Cree que
declararse como sujeto político y jurídico soberano "es una evidente
muestra de repudio hacia España, hacia todos los españoles, si no
inconstitucional", puesto que el artículo 1.2 de la Constitución
declara que la soberanía reside en el pueblo español.
Reprochan que Mas incurre en todo tipo de gastos para recibir
asesoramiento en la materia, creando el Consejo Asesor para la
Transición Nacional, además de contratar a lobbies para
"internacionalizar el proceso de secesión ante organismos
internacionales".
Para Manos Limpias, la creación de este Consejo demuestra su apuesta
por la secesión, e incluir entre sus funciones que identifique
estructuras estratégicas para el funcionamiento de un futuro
gobierno parece "un golpe de Estado separatista si no consiguen las
cosas por las vías del referéndum que, legalmente, no pueden
realizar".
LA 'TIERRA PROMETIDA'
Manos Limpias compara el nazismo con el proceso soberanista, que,
con eslóganes como 'España nos roba', intenta "seguir alimentando el
victimismo entre una parte de la sociedad catalana", y recuerda que
Hitler usó la frustración del pueblo alemán generado por la crisis
económica y el deseo de venganza contra los vencedores de la I
Guerra Mundial para llegar al poder a través de elecciones libres.
"Todo eso se podría haber evitado sin la avaricia de unos cuantos
políticos que cimentaron sus falsas promesas de una 'Tierra
Prometida', promesas fundadas en artificiales creaciones históricas,
en nacionalismos de laboratorio, promesas sembradas en la fértil
tierra de la desesperación humana", sostiene el sindicato.
Pide citar a Mas como imputado, y como testigos a otros diez
políticos, entre ellos el presidente de ERC, Oriol Junqueras; el
líder de ICV, Joan Herrera, el diputado de la CUP en el Parlamento
catalán David Fernández y la presidenta de esta cámara, Núria de
Gispert.
España
Miquel Roca pleitea contra la enseñanza en
castellano
janot guil / barcelona ABC 20 Febrero 2014
Su bufete representa a unos padres que se oponen al fallo del TSJC
contra la inmersión
Padre de la Constitución, abogado de la Infanta Cristina en el Caso
Nóos... y pleiteando contra el castellano. Ése es Miquel Roca
Junyent. El bufete de abogados del exdirigente de Convergència (CDC)
representa a la Asociación de Padres y Madres (Ampa) del Instituto
Alba del Vallés, de Sant Fost de Campsentelles (Barcelona), que se
opone a que el centro imparta el 25% de clases de castellano en el
aula de un alumno que reclamó enseñanza bilingüe; tal y como exigió
en un auto el Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC) el pasado
enero.
Un abogado del bufete de Roca se personó ayer en el TSJC para pedir
personarse en este litigio. Argumentan que la decisión judicial del
alto tribunal, que afecta a otros cuatro centros, les perjudica.
Porque para atender la petición de un alumno, amparada en sentencias
del Supremo y del Tribunal Constitucional, se lesionan los derechos
del resto de alumnos, favorables a la inmersión lingüística en
catalán. Con su gesto, pretenden que el TSJC escuche su opinión,
antes de que se cumpla el plazo para ejecutar los autos del TSJC,
que expira este marzo.
Además del Ampa del Instituto Alba -el único centro de titularidad
pública afectado por la decisión del TSJC- por ahora las Ampas de
otras dos escuelas obligadas a dar el 25% de clases en castellano
-que son privadas y concertadas- también planean cursar la misma
petición ante el TSJC. En este caso, les asesora la Fundación Escola
Cristiana, patronal del sector. Además, los titulares de lo cuatro
centros privados concernidos han presentado una petición similar
ante el alto tribunal. A ellos se le suma la Generalitat, que ha
recurrido los autos del TSJC.
Con o sin dinero mediante -fuentes del bufete de Roca declinaron
confirmar su minuta y quién la paga-, que Miquel Roca asesore en una
nueva afrenta contra el Estado no debería extrañar. Después de que
en 1986 fracasó al presentarse a las elecciones generales con el
Partido Reformista Democrático, Roca, que dejó la política activa
con CDC en 1999, ha ido escorando su ideario hacia el nacionalismo
más radical.
Defiende la consulta
El año pasado, apoyó al referéndum secesionista de Cataluña en dos
comparecencias en el Parlamento catalán. «No me digan que la
consulta no puede ser constitucional. Lo es si hay voluntad
política», espetó en el hemiciclo, durante la Comisión de Estudio
del Derecho a Decidir. En mismo foro, arremetió contra la sentencia
del Constituconal (TC) sobre el Estatut. «Lo que más me irrita más
es que quieran discutirme que Cataluña se declare como nación. ¿Qué
se han creído? ¿No se puede decir que lo es?. Yo soy presidente del
patronato del Museo Nacional de Cataluña (MNAC)», soltó.
Curiosamente, como presidente del MNAC, Roca podría representarle en
el pleito que el Gobierno de Aragón le ha presentado para reclamar
unas pinturas murales expoliadas del Monasterio oscense de Sigena.
ARCHIVO DE SALAMANCA
Demandan a la Generalitat por el 'expolio'
Juan E. Pflüger www.gaceta.es 20 Febrero 2014
El recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña en los próximos días.
Envío de fondos documentales a Cataluña.
Los investigadores del Archivo de Salamanca, representados en el
contencioso que les enfrenta con el Gobierno regional de Cataluña
por Policarpo Sánchez, recibieron hace unos días la respuesta a su
reclamación presentada ante la Consejería de Cultura de la
Generalitat de Cataluña. En el documento, al que ha tenido acceso
GACETA.ES, se reconocía que una parte de los archivos trasladados a
la comunidad autónoma no se ajustaban a los requisitos exigidos,
pero desde el departamento que dirige Ferran Mascarell se negaban a
devolverlos. En concreto, se refiere a varios miles de documentos
que no tienen relación alguna con Cataluña y que, por lo tanto,
según sentenció el Tribunal Constitucional (TC), deberían ser
devueltos a la ciudad castellana.
En su respuesta, instaba a interponer recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
una opción que han decidido ejercitar los investigadores. Así lo ha
confirmado Policarpo Sánchez en declaraciones a este diario. De esta
manera, los abogados que han representado los intereses de la unidad
del archivo ya están trabajando en la demanda que será presentada
antes del próximo día 24 de marzo.
Por si su negativa a devolver los fondos en cumplimiento de la
sentencia del TC fuera poco, Mascarell no ha tenido ningún empacho
en asegurar recientemente en una entrevista concedida a una emisora
de radio que estaba en condiciones de asegurar que en un plazo
breve, otra remesa de cajas con documentación sería enviada desde
Salamanca a Cataluña. Sin embargo, GACETA.ES ha podido saber que
esta entrega, que habría sido pactada con el Ejecutivo catalán, no
se producirá, y menos en el marco de la actual vía secesionista que
ha emprendido el Gobierno autonómico. Es más, las 500 cajas de
documentación, cifra en la que se habría cuantificado el envío,
tienen muy pocas posibilidades de salir camino del Archivo Nacional
de Cataluña.
Por otro lado, los investigadores afectados por el “expolio” de la
documentación del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca ya han
empezado los trámites para la creación de una asociación, a la que
están invitados todos los ciudadanos, que pretende dar a conocer el
estado de la cuestión y defender la recuperación de los fondos
documentales enviados desde la ciudad castellana a Barcelona tras el
visto bueno del Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero.
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