AGLI Recortes de Prensa   Sábado 15  Marzo  2014

Informe de la Comisión de Expertos
Una reforma para que todo siga igual
EDITORIAL Libertad Digital 15 Marzo 2014

La Comisión de Expertos, siguiendo la orden expresa del Ministerio de Hacienda, propone una reforma fiscal que, pese a su nombre, mantiene el actual estatu quo de confiscación tributaria que sufren las familias y empresas españolas. No en vano, en el fondo, lo único que plantean es modificar la actual estructura impositiva, pero sin que ello afecte un ápice a la recaudación.

Así pues, la primera y más importante conclusión del famoso informe es que no se trata, en ningún caso, de una bajada de impuestos. El plan diseñado por los sabios nombrados por Montoro consiste, básicamente, en reducir la tributación directa en unos 10.000 millones de euros para, al mismo tiempo, subir los indirectos en otros 10.000 millones con el fin de garantizar el denominado principio de "neutralidad". Es decir, modificar el peso que tienen los distintos tributos en el sistema vigente sin que ello suponga pérdida de recaudación alguna, blindando con ello los abusivos y contraproducentes sablazos asestados por PSOE y PP a lo largo de los últimos años. Para ese viaje no hacían falta alforjas.

Pese a ello, la reforma incorpora una cierta racionalidad y simplificación que debe ser valorada positivamente. En este sentido, los expertos apuestan por reducir los tipos del IRPF y del Impuesto de Sociedades, una rebaja que, en todo caso, sería compensada mediante la eliminación de las numerosas exenciones y bonificaciones existentes en la actualidad. Se trata, por tanto, de una idea que, en líneas generales, favorece el crecimiento económico y dota de mayor transparencia el pago de impuestos.

El problema, sin embargo, es que la reducción de tipos propuesta se queda muy corta en comparación con la eliminación de incentivos fiscales. No en vano, los expertos recomiendan reducir de siete a cuatro los tramos del IRPF, cuya horquilla oscilaría entre un mínimo del 20% y un máximo del 50%, aproximándose así a la media de la UE, pero que no llegaría a compensar el aumento de impuestos que supondría la eliminación de la deducción por compra de vivienda habitual con carácter retroactivo, la nueva imputación de rentas inmobiliarias o la elevación fiscal sobre bonus y otro tipo de exenciones dentro del IRPF.

Lo mismo sucede con el Impuesto de Sociedades, ya que, si bien la Comisión pide bajar el tipo nominal máximo del 30% al 25% en una primera fase y hasta el 20% en una segunda, también recomienda suprimir o reducir de forma muy sustancial las numerosas reducciones e incentivos a las que aún pueden acogerse tanto las grandes empresas como las pymes, aunque de forma mucho más limitada tras las subidas fiscales aprobadas por Cristóbal Montoro.

Así pues, proponen ajustes mínimos en IRPF y Sociedades, en lugar de apostar firmemente por una reforma en profundidad para reducir de forma sustancial el elevado esfuerzo fiscal que soportan familias y empresas, tal y como ha sucedido en otros países mediante la introducción de un tipo único -flat tax- o un Impuesto de Sociedades mucho más atractivo para incentivar la llegada de inversión foránea.

Por otro lado, es reseñable la intención de rebajar parcialmente las cotizaciones sociales que tanto penalizan la creación de empleo, lo cual sería positivo, aún a costa de elevar el IVA que soportan numerosos productos que hoy tributan al tipo reducido del 10%. La imputación indirecta es mucho más justa, equitativa y eficiente que la directa, especialmente si castiga el trabajo en un país que sufre una tasa de paro del 26%. Pero, por desgracia, dada la emergencia laboral que padece España, la rebaja de cotizaciones se antoja, una vez más, claramente insuficiente.

Por si fuera poco, el informe apuesta por desincentivar la competencia fiscal entre comunidades autónomas, una de las escasísimas ventajas que contempla el actual sistema de financiación regional. Así, entre otras muchas medidas, los expertos recomiendan una subida generalizada del Impuestos de Sucesiones y Donaciones mediante la fijación de un umbral mínimo a nivel nacional, castigando con ello a las autonomías que apostaron por su práctica eliminación, empezando por la Comunidad de Madrid.

En resumen, una reforma para que todo siga más o menos igual y que, pese a ello, no está exenta de sombras. Aún así, poco importa, puesto que el Gobierno ya ha dicho claramente que la propuesta de los expertos no será su reforma fiscal. Cabe preguntarse, entonces, por qué se ha molestado en pedir la opinión de los hacendistas si a la hora de la verdad será Montoro quien, finalmente, impondrá su criterio. Y, llegados a este punto, de todos es sabido lo mucho que le gusta subir impuestos.

La 'reforma Lagares'
La contrarreforma fiscal del rajoyismo
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 15 Marzo 2014

Conocido el informe de la "Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español", cabe adelantar ya una conclusión inmediata: la carga fiscal que soportarán los españoles no baja, si acaso sube. El propio dictamen es taxativo a este respecto: "La reforma tributaria en ningún caso puede erosionar gravemente la capacidad recaudatoria de nuestros impuestos".

Acabáramos. Un poco de sinceridad al menos, después de tantas mascaradas. el objetivo de esta pantomima nunca, nunca, nunca fue bajar los impuestos. Al contrario, como muchos ya denunciábamos, su único y genuino propósito fue escenificar un sainete para consolidar y apuntalar el infierno fiscal que al alimón han instaurado en España Zapatero y Rajoy, Salgado y Montoro.

A la postre, los propios números de la Comisión son más que explícitos: la reforma pretende reducir la tributación directa (IRPF, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones) en unos 10.000 millones de euros (el 1% del PIB) a cambio de elevar la tributación indirecta (IVA y Especiales) en otros 10.000 millones de euros. Resultado fiscal "neutro", dicen; en román paladino: "no hay más yesca que la que arde" o "con estos bueyes de ahora nos tocará arar".

Sucede que, cuando uno le agarra la mano a Dante para descender a las tripas infernales de esta propuesta de reforma fiscal, termina del todo convencido de que la tributación indirecta desde luego sí sube, pero no tiene del todo claro que la directa descienda apreciablemente. No en vano, Montoro ya ha sido bastante explícito en numerosas ocasiones al advertir que esta contrarreforma se orientaría a incrementar la recaudación, y ya sabemos que el ministro de Hacienda sólo conoce un método para hacerlo: apretarles todavía más las tuercas a los sufridos contribuyentes.

En materia de fiscalidad indirecta, basta decir que los "expertos" proponen reclasificar todos los productos que hoy soportan el tipo reducido del IVA (10%) al tipo general (21%), con la excepción de la vivienda, la hostelería y transporte público. O dicho de otro modo, anoten los productos que pasarían a tributar al 21% en lugar de al actual 10%: productos alimenticios (con la escuálida excepción de aquellos que hoy tributen al tipo superreducido del 4%); suministro de agua; equipo médicos para uso de personas discapacitadas; renovación y reparación de viviendas particulares; inputs agrícolas; servicios sociales; y limpieza de vías públicas, recogida y tratamiento de basuras.

Añadan a lo anterior la subida de los impuestos al tabaco y al alcohol (incluyendo un nuevo tributo sobre el vino, hoy inexistente), una nueva fiscalidad incrementada sobre el consumo de hidrocarburos (redefinida como impuesto sobre el contenido energético y sobre el contenido potencial de dióxido de carbono) y otras gabelas medioambientales de nueva creación, y comprenderán así por qué -pese a la supresión de otros impuestos medioambientales, del impuesto sobre los depósitos o del impuesto sobre grandes superficies- los "expertos" estiman que la tributación indirecta proporcionará una recaudación al fisco adicional de 10.000 millones de euros.

Pero acaso lo más llamativo no sea el sablazo admitido, sino el silenciado. Porque allí donde los "expertos" certifican una rebaja de 10.000 millones en la tributación directa, un servidor sólo observa temeroso una terrorífica ventana de oportunidades para otro expolio fiscal indisimulado.

Primero lo más escadaloso, insultante y verdaderamente indignante: los "expertos" proponen que el Gobierno central establezca un tipo mínimo nacional (que no máximo) sobre el impuesto de Sucesiones y Donaciones. En concreto, un tipo de entre el 4% y el 5% sobre la herencia transmitida entre familiares de primer grado (hijos incluidos) con un mínimo exento de 25.000 euros. Dicho de otro modo, por una herencia de 200.000 euros, habría que pagar un mínimo de casi 9.000 euros, estemos en la comunidad autónoma en la que estemos. Madrid pierde la batalla de la sana competencia fiscal para que otros virreyes autonómicos puedan saquear tras la sepultura a sus súbditos.

Segundo, el IRPF es el tributo directo que los "expertos" más quieren suavizar después del histórico rejonazo que Montoro nos propinó a finales de 2011, llevando los tipos impositivos españoles a unos niveles sin paragón en el ya socialdemócrata mundo desarrollado. Pero, pese a estas beneméritas intenciones, no se crean que los "expertos" plantean en esta sede revolución alguna, ya que proponen sin demasiado entusiasmo, y siempre que la situación presupuestaria lo permita, elevar el mínimo personal y familiar, se contentan con simplificar a cuatro los actuales siete tramos del IRPF, y aspiran a reducir el gravamen sobre el tramo más bajo desde el 24,75% al 20% y el del tramo más alto desde el 52% (sin contar recargos autonómicos) a algo menos del 50% (aunque sí reputan recomendable acercarlo a la media europea del 44%; de nuevo, sin contar los recargos autonómicos).

Mas no crean que esta reducción de los tipos nominales nos saldrá gratis. Aparte del sablazo en el IVA y Especiales, los "expertos" plantean la necesidad de ampliar las bases imponibles en el IRPF, es decir: pagar un menor porcentaje sobre una cantidad mayor.

Para ello se procede a una total laminación de las exenciones y deducciones del impuesto: se eliminaría la exención de las indemnizaciones por despido no disciplinario, de los primeros 1.500 euros por dividendos, de las aportaciones empresariales por seguro de enfermedad o de la cobertura del seguro contra riesgo de interés; la reducción por rendimientos irregulares del trabajo se recortaría del 40% al 30%; se suprimiría la tributación por módulos dentro de actividades económicas; se dejarían de corregir las plusvalías derivadas de la venta de vivienda por la inflación (es decir, pagaríamos impuestos por la inflación, que ya es un impuesto); se disminuiría a una mínima expresión las deducciones por aportaciones a planes de pensiones; se eliminaría con carácter retroactivo la deducción por compra de vivienda habitual; y, con carácter general, prácticamente todas las reducciones en la base imponible se transformarían en reducciones de la cuota al tipo mínimo (es decir, sólo nos ahorraríamos el 20% de los ya pocos gastos deducibles).

Además, el tratamiento fiscal del ahorro dentro del IRPF apenas se ha visto mejorado, pues su régimen casi no sufre ningún cambio con respecto a la cainita situación actual: es verdad que se propone reunificar la tributación de plusvalías a corto y a largo plazo (buena noticia) y rebajar el tipo nominal al 20% (frente a la escala actual del 21%, 24% y 27%), pero la tan cacareada como necesaria cuenta de ahorro que operara como una sicav para particulares y clases medias ha quedado finalmente reducida a cenizas: se tratará de una cuenta bancaria indisponible cuyas aportaciones quedarían limitadas previsiblemente a menos de 5.000 euros anuales.

Por lo que se refiere al otro gran tributo directo, el Impuesto de Sociedades, la propuesta de los "expertos" es bastante análoga a la del IRPF: se eliminan, vacían o recortan todas las deducciones (mayor limitación a la deducibilidad de gastos financieros, supresión definitiva de la libre amortización de activos, reducción a la mitad del porcentaje de amortización de los activos intangibles como el fondo de comercio, mayores restricciones a la exención por doble tributación internacional, y eliminación de las deducciones por actividades de I+D, producciones cinematográficas, inversiones medioambientales, reinversión de beneficios extraordinarios y creación de empleo) y a cambio se rebaja el tipo nominal del 30% al 20%.

No es mi propósito defender la lógica de estas deducciones discriminatorias y distorsionadoras, pero sí el de destacar que el saldo final de la reconfiguración del Impuesto de Sociedades probablemente termine arrojando un incremento de la carga tributaria para muchas empresas: actualmente, el tipo efectivo se sitúa por debajo del 20% (en torno al 17%), de modo que eliminando deducciones difícilmente lograremos una rebaja aunque rebajemos el tipo nominal.

Por último, es verdad que los "expertos" proponen eliminar formal y definitivamente el Impuesto de Patrimonio, pero a cambio tengamos presente que a medio plazo proponen establecer un Impuesto de Bienes Impuestos mucho más oneroso que el actual: el nuevo gravamen del IBI se acercará al 1% y, lo que es mucho más preocupante, la base imponible se aproximará mucho al valor de mercado de los inmuebles.

En definitiva, la reforma fiscal que nos ha planteado el Comité de "expertos" responde a directrices típicamente montorianas: la obsesión por maximizar la recaudación y minimizar los recortes del gasto. Subida notable de la tributación indirecta; rebaja inapreciable de la directa. La lectura detallada del informe, de hecho, desprende un aroma de reproche y queja contra el Ministerio de Hacienda por haber subordinado todo el replanteamiento del sistema fiscal español a una consolidación presupuestaria que no dé margen para una rebaja más ambiciosa de impuestos que vaya acompañada de un recorte más amplio del gasto público.

Al final, Rajoy -oh sopresa- volvió a mentirnos a todos cuando, tras sus más de 50 subidas de impuestos, anunció que "al finalizar esta legislatura, todos los contribuyentes pagarán menos impuestos que al comenzar". Falso: no lo haremos. Pagaremos mucho más y todo porque este Gobierno se negó desde un comienzo a pinchar la burbuja estatal que Zapatero hinchó y que Rajoy abrazó con entusiasmo socialdemócrata. No hay más: a falta de retoques electoralistas, ésta es la gran reforma fiscal parida por el rajoyismo; la reforma que coloca para siempre al PP en la órbita de las formaciones políticas que defienden más Estado y mucha menos sociedad.

Setenta años de un clásico
El camino hacia el totalitarismo
Daniel Rodríguez Herrera Libertad Digital 15 Marzo 2014

Alguna vez he contado que comencé a leer a los grandes liberales tras escuchar al gigante francés Jean-François Revel en el programa nocturno que dirigía Losantos en la COPE. Hablaba un español bastante mejor que el mío y me decidí a leer el libro que estaba promocionando en ese entonces, La gran mascarada. Pero el que leí a continuación fue el célebre Camino de servidumbre, que el pasado 10 de marzo cumplió 70 años. Quizá no sea el primer libro que deba leer un liberal o alguien que quiera entender el liberalismo, porque es de prosa un poco farragosa; pero sí, desde luego, uno de los primeros.

En plena segunda guerra mundial, Hayek observó que la lucha contra el nazismo no estaría completa si no se combatía la raíz intelectual de los fenómenos totalitarios que arrasaban Europa. Por esta razón, a modo de advertencia, se puso a escribir un libro pequeño, en el que pensaba que sólo ponía de manifiesto una serie de obviedades sobre las consecuencias inevitables de la planificación central de la economía. Pese a que el austriaco nunca estuvo del todo satisfecho de ella, esta obra se convertiría en la más leída de entre las suyas, y en uno de los ensayos políticos más importantes del siglo XX.

Hayek conocía perfectamente los problemas económicos que inevitablemente trae consigo el comunismo, después de su papel central (junto a su maestro Mises) en el debate sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Sabía, pues, que ninguna de las formas totalitarias que entonces gobernaban en Europa (nazismo, fascismo y comunismo) traería ningún bien, sino una mayor miseria. Pero quedaba por aclarar que los horrores provocados por este tipo de regímenes –las matanzas masivas, la destrucción absoluta de la libertad– eran también una consecuencia inevitable del colectivismo.

La tesis principal de este libro es que los fines no importan si el medio empleado es la planificación económica centralizada. Todos los regímenes políticos que la enarbolan como solución terminan pareciéndose como gotas de agua, llevan a la destrucción de la democracia y obligan a los ciudadanos a recorrer el camino de su servidumbre al poder político. Muchos aducían, y aducen aún hoy, que la planificación sólo afecta a la libertad económica, olvidando que sin propiedad privada estamos siempre a merced de los demás. Y cuando el propietario único es el Estado la dependencia del mismo difiere muy poco de la esclavitud.

Asombra el rigor y sentido común de muchos de los razonamientos por los que llega Hayek a dicha conclusión. Por ejemplo, muchos creen que el totalitarismo puede ser bueno si sus dirigentes también lo son. Sin embargo, Hayek aduce que los dirigentes serán siempre lo peor entre lo peor. Y no porque la historia lo haya corroborado en innumerables ocasiones, sino porque el mismo proceso de selección de líderes en un Estado totalitario excluye a los buenos. Para imponer los fines colectivos a los individuales, los dirigentes deberán coaccionar a un enorme porcentaje de sus súbditos, que se resistirán, en ocasiones violentamente, a ceder sus propiedades o cantar las loas al régimen. Para imponerse, esa coacción tomará las repulsivas formas del encarcelamiento, la tortura y el asesinato. Sólo podrán dirigir, por tanto, aquellos que estén dispuestos a tomar esas medidas para imponer sus tesis, es decir, los peores elementos de la sociedad.

Es común malinterpretar a Hayek y pensar que su tesis consiste en que cualquier tipo de intervención y regulación termina llevando por una pendiente resbaladiza hasta el totalitarismo y el horror; que ese es el camino de servidumbre que describe. Es cierto que algunos de los razonamientos y situaciones que describe son fácilmente adaptables a variantes más benignas y socialdemócratas de coacción. Pero Hayek se refería exclusivamente a la planificación central de la economía.

Desgraciadamente, sigue siendo necesario hoy día explicar estas cosas que al austriaco le parecían obvias. Quizá siempre lo sea. El movimiento 15-M, por ejemplo, lo deja claro. Algunas de las mejores páginas del libro parecen destinadas a él, como las que describen la frustración cuando los planes económicos centralizados no colman las expectativas de los ciudadanos que los apoyaron, porque es imposible que lo hagan, pero éstos lo que reclamarán entonces será un cambio en la dirección del país y una ampliación y mejora de dichos planes para que abarquen aún más ámbitos. No cabe mejor descripción de la frustración de nuestros indignados contra los políticos y su curiosa solución de ampliar aún más su poder. Bastaría con que esta vez gobernaran los buenos. Ya.

Carne de manipulación
Luis del Pino Libertad Digital 15 Marzo 2014

Esta semana, décimo aniversario de la masacre del 11-M, hemos podido ver de nuevo a toda nuestra hipócrita clase política fingiendo solidaridad con las víctimas, mientras bloquean desde las instituciones todo intento de averiguar la verdad sobre aquel atentado.

Aunque esta vez ha habido una novedad: el perceptible pacto alcanzado por PP y PSOE para pasar página e imponer una versión oficial, la tercera en diez años, que permita enterrar definitivamente las investigaciones.

Primero le dijeron a la opinión pública que el atentado era obra de Al Qaeda y consecuencia de la Guerra de Irak: primera versión oficial. Después, las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo afirmaron que el atentado no era obra de Al Qaeda, sino de una célula islamista independiente, y que no era consecuencia de la Guerra de Irak: segunda versión oficial. El domingo pasado, tres de los principales periódicos de ámbito nacional publicaban sendos artículos de Fernando Reinares en los que enunciaba las tesis contenidas en su libro, de reciente publicación: dicen ahora que el atentado no sería consecuencia de la Guerra de Irak, pero sí que sería obra de Al Qaeda: tercera versión oficial.

Con esa nueva versión oficial islamista, todos contentos: los de Al Qaeda son los autores del atentado, pero el PP no tendría culpa de nada por alinearse con Bush en la etapa de Aznar. Y así Rajoy y Rubalcaba sellan el abrazo de Vergara que les permitirá seguir ignorando las demandas de Justicia de las víctimas y seguir repartiéndose a pachas el poder y el presupuesto.

Durante esta semana, Libertad Digital ha estado publicando una serie de vídeos y artículos que demuestran, más allá de toda duda razonable, cómo toda la investigación oficial del 11-M está basada en pruebas obscenamente falsas. De todas ellas, la más evidente para cualquiera, sin más que aplicar el sentido común, es lo referente a la metralla de la bomba de Vallecas.

Como saben Vds, en la prueba principal en la que descansa todo el sumario del 11-M, la mochila de Vallecas, había clavos y tornillos como metralla. Sin embargo, en los cuerpos de las víctimas mortales del 11-M no apareció metralla terrorista ninguna. Esto es lo que declaró en su día la Dra. Baladía, encargada de coordinar las autopsias aquel 11-M:

"Ni clavos, ni tuercas, ni tornillos; no había metralla entre nuestros 191 muertos"

Como ven, las 10 bombas que estallaron en los trenes no tenían metralla. Lo que quiere decir que no eran como la mochila de Vallecas y que ésta es, por tanto, una prueba falsa, una prueba colocada.

¿Resulta fácil de entender, verdad? Es tan evidente la falsificación, que por eso ningún defensor de la versión oficial quiere entrar nunca en el tema, como he podido comprobar personalmente en algunos debates que he mantenido en medios de comunicación esta semana: cada vez que invitas a algún defensor de la versión oficial a que explique públicamente cómo es que en los cuerpos de las víctimas no había metralla, cambia de tema o te dice que no quiere entrar en detalles concretos.

Desde el principio de las investigaciones, este medio de comunicación, Libertad Digital/esRadio, ha estado siempre haciendo hincapié en las pruebas, eludiendo entrar en teorías y tratando de no fiarse de testimonios verbales, por muy escandalosos que fueran. ¿Y saben ustedes por qué? Pues porque las pruebas constituyen la única manera de garantizar que no nos intoxiquen, ni manipulen. Solo basándonos en pruebas reales podemos estar seguros de intentar aproximarnos a la verdad.

Si admites que te cuelen una prueba falsa como prueba fundamental del caso, estás vendido, como lo están hoy en día todos aquellos que defendían sinceramente la versión oficial: ya vamos por la tercera versión oficial islamista que les cuelan. Y el problema es que en el futuro les podrán colar, si quieren, cualquier otra versión.

Por ejemplo, imaginen que a nuestra casta política le interesara en un momento determinado decir que los falsos islamistas del 11-M estaban relacionados con la extrema izquierda, o con la extrema derecha, o con ETA. Les bastaría con presentar una nueva versión oficial, basada en la colaboración entre islamistas y cualquier otra cosa que conviniera.

En esa situación, yo continuaría donde estoy: denunciando la falsedad de las pruebas del caso y la falsedad, por tanto, de esa nueva versión oficial. Pero aquellos que han tragado con las mentiras primigenias estarían absolutamente vendidos ante la nueva manipulación.

Porque para quien fabrica algo como la falsa mochila-bomba de Vallecas, inventar pruebas que demuestren que alguno de los muertos en Leganés hablaba vasco en la intimidad, o tenía una amigo antisistema, o se codeaba con cualquier grupúsculo fascista, sería un juego de niños. De hecho, las conexiones necesarias ya están incluidas en el sumario, así que bastaría con activarlas.

Cuando admites pruebas falsas, te conviertes en carne de manipulación.

No es la economía, capullos
Juan Manuel de Prada ABC 15 Marzo 2014

Nuestros bienes más altos son defendidos por gente sin principios

SI yo heredase mañana el trono de España, lo primero que haría sería «misericordiar» a todos los cortesanos que han defendido la institución monárquica fundándose en razones económicas, al modo en que lo hacía la Reina de Corazones de Lewis Carroll: «¡Que les corten la cabeza!». Y seguiría, naturalmente, por los patriotas de chichinabo que, para combatir la segregación de Cataluña, evacuan informes en los que «se demuestra» que Cataluña, separada de España, sería mucho más pobre. Decapitación sin posibilidad de indulto ni apelación, e incluso sin juicio previo. Y hasta me pensaría muy mucho si permitirles confesión; pues, ahora que la teología recreativa nos enseña que el infierno no existe, mandar a la gente al otro barrio sin confesión tampoco se me antoja excesivamente inmisericorde.

El daño que los cortesanos han hecho a la monarquía española es incalculable y, a estas alturas, tal vez también irreparable e irreversible. Pero, entre todos los pelajes de lameculos borbónicos, ninguno tan deplorable y trapalón como el de los cortesanos economicistas que, para defender la institución, repitieron durante años (¡durante décadas!) aquella matraca: «Bajo el reinado de Juan Carlos I, hemos disfrutado del período más próspero de nuestra historia». Lo repitieron tanto que la gente terminó asumiéndolo, viendo en el Rey una suerte de talismán mágico que les garantizaba la prosperidad; y ha bastado que llegue la crisis para que se dispare la desafección a la monarquía. Pues, si como nos decían, la monarquía es digna de elogio por estar ligada a la prosperidad, ¿por qué habríamos de mantenerla en época de vacas flacas? No se me escapa que aquellos cortesanos tartufos, antes que monárquicos, se proclamaban «juancarlistas» (como también hay papólatras tartufos que antaño se declaraban «juanpablistas», u hogaño «francisquistas»); pues, mediante el culto idolátrico a la personalidad, disimulan su desapego hacia la institución (a la que fingen servir para servirse de ella). Ya nos advertía Thibon que, cuando las instituciones están sanas y fuertes, se puede execrar sin temor a quienes coyunturalmente las encarnan, como hace Dante en La Divina Comedia, enviando a algún papa dimisionario al infierno; por el contrario, cuando las instituciones se han debilitado y nadie cree en ellas (salvo para servirse de ellas), surge como una putrescencia la exaltación grosera y grotesca de las personas que coyunturalmente las encarnan (y, cuanto más nefasta e indignamente las encarnan, más grosera y grotescamente se las exalta).

Este economicismo infausto, que tanto daño ha hecho a la institución monárquica, se invoca ahora también para impedir la segregación de Cataluña. En los últimos meses, se han multiplicado –a modo de floración de hongos ponzoñosos– los informes que alertan sobre el descalabro económico que sufrirían los catalanes si se segregasen de España; informes de los que tácitamente se desprende que, cuando tal descalabro pueda conjurarse, la segregación sería deseable. Por no mencionar que, con frecuencia, las promesas de prosperidad (o las amenazas de perderla) no son sino subterfugios que emplean los tiranos para privar a sus sometidos de otros bienes más altos, o para que la privación de esos bienes más altos resulte más llevadera.

La gran tragedia española es que nuestros bienes más altos –la institución monárquica, la unidad de la patria– son defendidos por gente sin principios que sólo es capaz de defenderlos envueltos en la coartada económica. Y cuando alguien esconde su falta de principios en tal coartada es… porque quiere llenarse los bolsillos.

Frente al recorte de CCAA y Gobierno
Ayuntamientos y empresas públicas elevan el número de empleados en 2013
Los entes locales contraton a 14.000 empleados públicos el pasado año.
Libre mercado  15 Marzo 2014

Buena parte del tímido ajuste del gasto público acometido en 2012 se canalizó por la vía de la reducción de la plantilla de empleados de las Administraciones. Como consecuencia, el número de asalariados de las instituciones públicas se ha ido reduciendo a lo largo de los últimos años. Sin embargo, este proceso no está siendo uniforme y, de hecho, hay ciertas instancias administrativas en las que el número de empleados públicos ha crecido durante el año 2013.

Por ejemplo, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa, desde finales de 2011 hasta finales de 2012, los Ayuntamientos habían reducido su plantilla de empleados públicos en más de 85.000 personas. Sin embargo, a partir de octubre de 2012, el número total de asalariados municipales creció en más de 17.000 personas. De esa cifra, 3.000 contrataciones se dieron en los últimos meses de 2012 y 14.000 contratos se efectuaron entre enero y diciembre de 2013.

Otro ejemplo lo tenemos en los entes públicos. Este capítulo sí se venía reduciendo desde finales de 2011 hasta los últimos compases de 2012. Sin embargo, el año 2013 ha sido testigo de un nuevo repunte del alcance de la burocracia.

En consecuencia, estos organismos siguen manteniendo en nómina a más de 155.000 personas, una cifra idéntica a la registrada hace dos ejercicios. La comparativa es aún más sangrante si comparamos los datos de 2013 con los de 2009. Entonces, los entes públicos ocupaban a 144.000 personas, 12.000 menos que en la actualidad.
230.000 interinos menos

¿En qué capítulo se están dando las reducciones de plantilla? Principalmente, el ajuste se produce en las autonomías y en la Administración General. En concreto, las regiones tienen hoy 280.000 empleados menos, lo que supone un tajo del 15% en dos años. Por su parte, los empleados vinculados a la Administración General se han reducido en 71.000 personas, cifra equivalente al 12%.

Buena parte de este recorte a la burocracia se ha canalizado mediante el despido de interinos. En suma, las Administraciones han dejado de contar con más de 230.000 trabajadores clasificados en este grupo. Esto significa que la mitad de todo el ajuste de personal ha sido aplicado por esta vía, si bien la EPA aún contabiliza a más de medio millón de interinos entre los asalariados de las instituciones. Por el contrario, las plazas fijas de estas plantillas se han reducido menos de un 10%.
Crece un 7% la masa salarial

Si nos fijamos en la masa salarial contenida en las partidas de personal de las Administraciones, encontramos que el ajuste fiscal asumido por esta vía no ha sido suficiente para adaptar el gasto a la realidad económica de España. Cierto es que los empleados públicos asumieron una reducción salarial del 5% en 2010, a lo que se sumaron tres años de congelación salarial y una paga extra menos en 2012.

No obstante, el Informe de la Dirección General de Costes de Personal que emite el Ministerio de Hacienda apunta que la remuneración de los empleados de la Administración General cuesta ahora 17.349 millones de euros, un aumento del 7% frente a los 16.210 millones que se presupuestaban en el momento previo al pinchazo de la burbuja (2007).

En este periodo, la plantilla de la Administración General ha experimentado un aumento notable: concretamente, hay 14.057 empleados más que al comienzo de la crisis. Esto nos muestra que los ajustes producidos en los últimos años no han sido suficientes para revertir la tendencia alcista de los gastos de personal.

El baile de cifras requiere una interpretación cuidadosa. Por ejemplo, es cierto que hay menos funcionarios de carrera trabajando en los Ministerios. Sin embargo, el aumento de los complementos salariales y las variables, unido a la reducción insuficiente de las plantillas, nos explica que el gasto se haya disparado un 8% desde 2008.
Comparativa con el sector privado

De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, el sueldo medio de la Administración Públicas asciende a 31.972 euros, un 39% más que los 23.061 euros que se perciben, en promedio, en el ámbito privado. La diferencia entre ambas magnitudes es de unos 9.000 euros, si bien en el año 2007, justo al final de la burbuja, este saldo comparativo arrojaba una ventaja de 10.600 euros.

En las empresas públicas, la comparación con la realidad del sector privado es aún más reveladora. Más de 3.300 trabajadores de estos organismos tienen sueldos anuales de más de 90.000 euros, 15.000 euros más que la remuneración anual del presidente del Gobierno. Ampliando el objetivo, encontramos que más de 11.500 ocupados en estas entidades perciben un sueldo anual de entre 54.000 y 90.000 euros.

El Tribunal de Cuentas cifra en unos 5.000 millones de euros el coste de mantener a los 190.000 trabajadores que están ocupados en este tipo de entidades y organismos. De media, la remuneración en la Administración Paralela asciende a los 33.600 euros anuales, de nuevo una cifra que se compara muy favorablemente con la media registrada para el ámbito privado (alrededor de 23.000 euros)

En Alsasúa
Las víctimas entregan a un grupo de terroristas de ETA "huidos" un listado de 400 asesinatos sin esclarecer
Redacción.  latribunadelpaisvasco.com 15 Marzo 2014

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, ha entregado a un representante de los "huidos" de la banda terrorista ETA sin causas pendientes, que han convocado este sábado un acto en Alsasua, un listado con "los 400 asesinatos de ETA que están todavía sin esclarecer".

Ordóñez ha llegado a la Casa de Cultura de Alsasua, donde se celebraba el acto, pasadas las 11.30 horas acompañada por Laura Martín, viuda de Juan Carlos García, asesinados por los GAL, y de Concepción Fernández, cuyo marido, Aurelio Prieto, fue asesinado por la banda terrorista, con carteles en los que se leía 'Condenad al terrorismo. Aclarad los asesinatos'.

Consuelo Ordóñez ha criticado que "un grupo de asesinos se presente ante la sociedad como un colectivo válido para construir la paz" y ha remarcado que las víctimas del terrorismo están "hartas" de ver "cómo el fanatismo queda impune".

Una reforma fiscal equivocada
El Confidencial 15 Marzo 2014

“The real goal should be reduced government spending, rather than balanced budgets achieved by ever rising tax rates to cover ever rising spending". Thomas Sowell

“Una reforma que parte del principio de suma cero (lo que te doy por un lado te lo quito por otro) y no rebaja ingresos del estado no es reforma”. Juan Manuel Lopez-Zafra

Se ha discutido mucho sobre las recomendaciones del comité de expertos de cara a la reforma fiscal. Yo mismo comentaba algunos de los puntos principales ayer en la radio. Mi mayor problema con las recomendaciones es que las reformas fiscales orientadas a aumentar la base imponible no dejan de ser aumentos de impuestos, y ponen en peligro el crecimiento potencial de una economía en frágil recuperación.

Sinceramente, espero que el Gobierno tenga en cuenta varios elementos que pueden afectar a la principal apuesta del Ejecutivo de cara a las elecciones, la recuperación económica y el empleo.

Considerar la primera vivienda o el coche como renta en el IRPF mientras se baja el tipo del mismo equivale a un aumento neto de lo que paga el ciudadano en impuestos y, de nuevo, ataca la renta disponible y el consumo. Utilizar el concepto de “vivienda improductiva” además es contraproducente para un país con centenares de miles de viviendas sin vender.

Las reformas fiscales orientadas a aumentar la base imponible no dejan de ser aumentos de impuestos y ponen en peligro el crecimiento potencial de una economía en frágil recuperación

Subir el IVA de los productos en el tipo reducido (que ya ha subido al 10%) y super reducido afecta a nuestra industria más importante, el turismo, a la débil recuperación del consumo y a los márgenes de empresas con enormes dificultades. Con ello sufre el empleo y los consumidores con menos recursos al suponer subidas en carne, pescado, productos sanitarios, transporte de viajeros, servicios de hostelería o libros.

Eliminar deducciones en I+D o inversión en el extranjero es un peligro en un país donde esos conceptos se necesitan cada día más. Decir, como he oído en alguna ocasión “las inversiones las hacen sobre todo las grandes empresas, y si quitas las deducciones no van a dejar de hacerlas” es incorrecto y peligroso.

Con un tipo del 25% en Impuesto de Sociedades no se atrae suficiente inversión extranjera para lo que el país necesita. Reino Unido tiene un 23% y para las pymes con beneficios menores a 300.000 libras, un 20%. Irlanda tiene un tipo del 12,5%, y gracias a ello las mayores empresas se instalan en ese país.

La armonización fiscal no puede hacerse para igualarse al malo e ineficiente, sino a los mejores. Competencia fiscal y gestión eficiente de recursos. Si armonizamos al alza no sólo no atraemos capital, sino que lo echamos de las comunidades con ventajas fiscales.

Adicionalmente, hay varios elementos que no aparecen en el debate y que me parecen esenciales:

  • Una reforma fiscal que parte de justificar el gasto y sólo busca aumentar la recaudación sin atender a la razón por la que han caído los ingresos nace con riesgo de entorpecer la recuperación. Los ingresos han caído por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de obra civil, que generaba ingresos de 50.000 millones de euros, según los ministros De Guindos y Solbes, la caída de los beneficios empresariales, superior al 60%, y la devaluación interna, que ha cercenado la recaudación en los dos impuestos que más capacidad recaudatoria tienen: el IVA –al caer el consumo- y el IRPF –al aumentar el paro y bajar los salarios a niveles de 2001 en muchos casos.
  • Una reforma fiscal que busca compensar ingresos de burbuja inmobiliaria con recursos de “lo que ha quedado vivo”, no sólo no soluciona el problema del déficit estructural de la economía, que se sitúa por encima del 4%, según AFI, sino que vuelve a poner en los hombros de las empresas y ciudadanos que han sobrevivido a la crisis el peso de un Estado que se niega a reducir su peso. El gasto público ha pasado en seis años de 412.000 millones de euros a 492.000 millones y alcanza el 50% del Producto Interior Bruto (PIB) incluyendo las empresas públicas. Incluso si consiguen arrancar – y lo dudo- 30.000 millones de recaudación adicional, España seguiría gastando más de 60.000 millones de lo que ingresa.

  • Cuando se acepta como mantra que tenemos “un problema de ingresos y no de gastos”, el diagnostico nace erróneo y la recaudación se convierte en confiscatoria. España nunca ha recaudado más del 41% del PIB, y no va a aumentar los ingresos fiscales en casi nueve puntos de PIB rascando de lo que ha quedado del desastre económico de 2007-2012. Analizar el gasto público quitando los costes de la deuda, la protección social y los extraordinarios como si estos no se pagaran o no fueran parte de lo que un gestor público debe tener en cuenta en su escandallo es tremendamente dañino, porque parte de la base de que todo lo demás es inamovible. Lo extraordinario se convierte en ordinario

  • El cuento de la lechera del fraude fiscal no puede servir de excusa para subir los impuestos a quienes no lo cometen o gestionan su contribución dentro de la legalidad, ni mucho menos para asumir que esos supuestos ingresos perdidos se van a recuperar. El historial de error en el cálculo de ingresos estimados por nuevas acciones tributarias de nuestros gobiernos es haberse equivocado entre un 50 y un 70% entre la cifra real y la esperada. Si además en España la economía sumergida se estima en un 24% del PIB -y es mucho estimar- y en los países más avanzados cercana al 15%, la “cántara de leche recaudatoria” que nos están vendiendo es muy inferior a lo que realmente se conseguiría. Hay que luchar contra el fraude, claro, pero caer en el error de gastar hoy esperando unos ingresos a futuro es lo que nos lleva a estos lodos.

Recuerden el caso de Francia y el error de pensar que con gasto público y déficit se sale del agujero (como comentábamos aquí).  

No se puede decir que no se haya hecho nada en cuanto al gasto, pero sí se puede afirmar que se ha hecho menos de lo necesario comparado con el ajuste de toda la economía.

El Gobierno cifra en 7.384 millones de euros lo ahorrado con la reforma de las administraciones públicas, y pronostica un ahorro a finales de 2015 de 28.898 millones de euros. Es decir, si damos por válidas las cifras, el ahorro conseguido con los mal llamados recortes –ya que el gasto no ha bajado- no llega a un 21% de todo lo que aumentaron los gastos desde 2005 a 2012 (143.000 millones de euros).

Argumentar que se ha recortado el gasto social es incorrecto cuando en 2012 superaba en 3.000 millones lo gastado en 2010 (según IGAE) y se ha disparado en 56.000 millones desde 2006.

Mientras tanto, la economía española privada ha visto ajustes del 40-60%, y las administraciones públicas exigen que el esfuerzo vuelva a recaer sobre empresas y familias.

Se ha creado la aristocracia del gasto político, que rechaza cualquier ajuste adicional y siempre exige el esfuerzo a los demás.

Pero además, no se puede hablar de ahorro cuando han aumentado los gastos. Y repito, los gastos extraordinarios cuentan, cuestan y se pagan, no son aire. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien decir “si quito los costes de la obra de casa, la hipoteca, los intereses de la tarjeta, el seguro, el dentista y el taller del coche mis gastos son muy bajos”?

La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas ha alcanzado los 960.640 millones de euros. Se ha reducido el coste, pero la cantidad sigue aumentando, a un ritmo del 8%.

Incluso si eliminamos los gastos extraordinarios de los rescates autonómicos, el de las cajas -todas públicas, recordémoslo- y de facturas sin pagar –ese que siempre olvidan los que dejan los impagos-, las administraciones publicas siguen siendo muy deficitarias. Eso suponiendo, y es mucho suponer, que el Estado no consuma aún más al calor de “lo que vamos a ingresar”.

La fiscalidad debe orientarse hacia dos objetivos: atraer capital y crear empleo. Y ante todo, debe evitar hacer el cálculo desde un gasto inamovible para alcanzar una cifra de ingresos de pasado burbujero, como comentábamos aquí

El cuento de la lechera del fraude fiscal no puede servir de excusa para subir los impuestos a quienes no lo cometen o gestionan su contribución dentro de la legalidad, ni mucho menos para asumir que esos supuestos ingresos “perdidos” se van a recuperar.

En mi libro “Viaje a la Libertad Económica” hablo de la enorme cantidad de gasto político que sigue entorpeciendo la recuperación, hasta 80.000 millones de euros anuales. Juan Rallo en su libro “Una Revolución Liberal” muestra que el coste del estado español es de 22.100 euros por trabajador anualmente, 8.275 anuales por habitante.

El esfuerzo fiscal (lo que los ciudadanos pagan respecto a su renta) en España es de los más altos de la Unión Europea, mientras que la presión fiscal es aparentemente baja. ¿Por qué? Porque la presión fiscal es un ratio recaudatorio, se calcula en base al PIB, y cuando el 50% del PIB lo controla el Estado y se ha aumentado a base de burbuja de obra civil e inmobiliaria, la trampa de la ratio nace en toda su gloria.

Entendamos la diferencia entre una fiscalidad orientada al crecimiento y otra recaudatoria a corto plazo, que frena el desarrollo potencial.

Hay que bajar impuestos y cortar gasto político. Efectivamente, sin lo segundo ninguna reforma fiscal va a funcionar, porque el déficit estructural creado por dicho gasto es demasiado alto. Lo comentaba en esta columna hace más de un año: “Un tipo fijo por el que todas las compañías comerciales paguen una tasa del 12,5% real, simple, igual para todos. El principal problema de nuestro sistema impositivo -además de ser muy oneroso- es su altísima complejidad. Un tipo real del 12.5% reduciría la administración del impuesto, sus costes asociados y no requeriría de una legión de fiscalistas en busca de deducciones. Un régimen de autónomos donde se pague una cuota de 25 euros –todos, no solamente los jóvenes- y se deduzcan impuestos si se crea empleo estable, como se ha prometido. Un entorno impositivo atractivo y bajo, tanto a nivel corporativo como personal, predecible a largo plazo, es esencial para ayudar al país a recuperarse”.

Sólo pido que el Gobierno tenga en cuenta el riesgo de que la reforma ataque al consumo y retrase la inversión productiva que tanto necesitamos mientras las empresas analizan y se aclaran sobre el impacto y aplicación de las nuevas normas. España puede crecer al 3% y crear millones de puestos de trabajo si no volvemos a ponerle la zancadilla con gasto improductivo. No para garantizar el Estado del Bienestar, sino para justificar el bienestar del Estado.


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UNA PROMESA PENDIENTE
Donde la Constitución es más problema que solución, cambiémosla
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 15 Marzo 2014

La anexión abertzale tiene una puerta abierta. Navarra no es Crimea, pero la Constitución permite el Anchluss que ETA pide. Mariano Rajoy tiene una promesa que cumplir… si el PSOE quiere.

Está de moda, al menos desde el 11-M, opinar en público que la Constitución de 1978 no es parte de nuestros problemas políticos sino "una parte necesaria de la solución". Muchas veces repetida con pocas variantes, la frase se ha multiplicado desde que la casta política corrupta es vista como el mayor problema por los españoles. Buscando soluciones, nos invitan a que lo hagamos en, con y por la Constitución. ¿Y qué hacemos donde la misma Constitución es el centro del debate y de la división política?

Estamos acostumbrados a una política elemental, Rajoy vs Rubalcaba, centro vs izquierda, en una apariencia de división que seguramente ya no sirve en ninguna región pero que desde luego en Navarra nunca ha servido. Simplemente porque las cuestiones sobre la mesa son más y porque, por tanto, las líneas de fractura son distintas. Decía el otro día por aquí Adolfo Lefort que "cabe la posibilidad de que los partidos y grupos favorables a la anexión de Navarra al País Vasco tengan la mayoría suficiente y puedan plantear la disposición transitoria cuarta de la Constitución". Y es un hecho que va a seguir marcando la política provincial.

El hecho más cercano es que, sin atreverse a una moción de censura, el Parlamento de Navarra ha pedido el adelanto electoral con los 27 votos de Bildu, Aralar, Izquierda Unida, Geroa Bai… y el PSN PSOE. Y puede ocurrir que, sean cuando sean las elecciones (Rubalcaba ha querido dejar la decisión a Yolanda Barcina… porque le conviene a él), haya una mayoría suficiente para abrir la puerta de anexión al País Vasco que los Padres de la Constitución quisieron dejar abierta en 1978.

El hecho remoto es precisamente ése. Un caso único en España, la disposición transitoria cuarta crea un mecanismo por el cual Navarra puede incorporarse a la Comunidad Autónoma Vasca, y en cambio nunca podría salir de ella si hubiese entrado. Ninguna otra región de España tiene sobre sí una hipoteca similar. Menos aún irreversible. Por eso, desde el principio de este régimen, en Navarra no sólo hay izquierdas y centros (derechas, abiertamente, menos), y tampoco todo es separatistas vs españolistas. Ya en el debate de 1977 y 1978 muchos navarros anti abertzales fueron también contrarios a esta vertiente de la Constitución, porque la identidad española de Navarra se ponía en peligro sólo por una componenda de pasillos entre políticos. Por eso hubo una Alianza Foral Navarra, integrada luego en Alianza Popular, frente a la mendicante UCD, y por eso luego se fundó UPN.

Cuando se refundó el PP navarro en 2008 Mariano Rajoy tuvo las sonrisas de la inmensa mayoría de los presentes pero también algunas significativas malas caras cuando prometió lo que los españolistas navarros llevaban treinta años esperando: la derogación de la transitoria cuarta, la modificación constitucional para impedir que una coyuntura política crítica –como ésta- permita la entrega de Navarra. En la campaña electoral de 2011 Rajoy renovó ante Barcina (y con algunas miradas de pocos amigos aquí y allá también) ese compromiso de reforma.

La Constitución, tal y como está, no une a los navarros. No une ni siquiera a los navarros españolistas, que lo son mucho antes de ser constitucionalistas si es que lo son. No es solución a nada sino causa de más división y problemas. Ahora que se habla tanto de consenso y de la necesidad de pactos conviene acordarse de esto: de que Rubalcaba ha impedido un paso hacia Euskadi que su delegación foral sí quería dar, y de que Rajoy tiene un compromiso con su propio PP navarro y con UPN de cambiar esa parte de la Constitución.

Los dos pueden cumplir uniéndose para derogar la Transitoria, una disposición que sólo ha servido para complicar más la vida política navarra durante décadas y para generar más división. De aquí a las siguientes elecciones regionales, que Barcina convocará cuando quiera, es decir agotando la legislatura en 2015, tienen tiempo para hacerlo. Los socialistas mejorarán su imagen dentro y fuera de Navarra, los populares cumplirán una promesa, que no está mal, y los navarros en general dejarán de ser un objetivo accesible a los abertzales, sean cuales sean los pactos y resultados de los comicios. Y además no cuesta ni dinero ni votos, para decirlo de modo que se entienda tanto en Ferraz como en Génova.
 


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