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La semana trágica del 11-M-2014: impunidad
por unanimidad
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 16 Marzo 2014
En principio, el balance del décimo aniversario de la masacre del
11M no puede ser más desolador. Nuestro grupo –el de Libertad
Digital y esRadio- se ha quedado prácticamente solo defendiendo una
evidencia: todas las pruebas en que se fundó la investigación de la
masacre eran falsas, todas las condenas son injustas y, después de
diez años, todos los poderes -políticos, judiciales, mediáticos- que
desde la tarde del 11M empezaron a pergeñar una Versión Oficial
sobre el cómo, el quién y el porqué de la autoría han sido incapaces
de rematarla con un mínimo de coherencia. Al revés: puede decirse
sin exagerar demasiado que este 11M de 2014 el esfuerzo denodado de
sólo dos medios de comunicación –El Mundo (que, pese a su
sorprendente viraje editorial, sigue siendo el que merece mayor
crédito por su ímprobo trabajo) y el grupo Libertad Digital /
esRadio- han conseguido dejar nítidamente claro que todo en la
masacre y su investigación –si cabe hacer tal diferencia- está
tenebrosamente turbio. Nunca nuestras dudas han sido y parecido tan
demostradamente justificadas y nunca las frágiles explicaciones
oficiales se han mostrado tan erráticas y contradictorias, tan
torpemente absurdas, tan ridículamente inverosimiles.
Intelectualmente, puede decirse que el pulso entre los mantenedores
y los impugnadores de la versión islamista u oficial ha concluido
con un éxito indiscutible de los escépticos. Sólo nos faltaba ver al
juez Gómez Bermúdez y al fiscal Zaragoza reivindicar la autoría de
la sentencia más infame de la historia de la Justicia española en
unos términos de tal endeblez jurídica, de tal desvergüenza
intelectual, de tan absurda fatuidad que, si los que siempre hemos
sostenido que mentían hubiéramos diseñado un escenario para que
todos vieran sus embustes, no podríamos haber soñado uno mejor que
el de las entrevistas-río de ambos sujetos. Es cierto que en un país
serio, ambos estarían ya desposeídos de sus cargos y sujetos a
gravísimos cargos que los abocarían a luengos años de condena. Pero
en esta deshauciada España, nos basta con ver a los estafadores
intelectuales quedar en ridículo. Ya no aspiramos a más condena que
la de la opinión pública. Y esa, la hemos tenido de sobra. Ni un
juez, ni un fiscal, ni un simple estudiante de Derecho verán en el
futuro las manifestaciones de Gómez Bermúdez y Zaragoza sin una
mezcla de vergüenza cívica e indignación profesional. Ni se puede
hacer peor un trabajo ni ser peores.
Al mismo tiempo, nunca la clase política se ha empeñado de forma tan
unánime en respaldar el 11M desde el 14M, nunca el golpe de régimen
perpetrado mediante la masacre y su manipulación política ha
disfrutado de un apoyo tan incondicional. Nunca el zapaterismo, esa
criatura monstruosa alumbrada por la mentira del 11M, amamantada por
el sectarismo del 13M y puesta en pie como el proyecto de
liquidación nacional, el más terrible de nuestra historia, el 14M,
había sido tan plenamente asumido por todos los partidos políticos,
desde ERC a UPyD, desde el PNV al PSOE, CiU y el PP. Puede decirse
que la impunidad de los criminales y sus encubridores ha sido votada
por unanimidad.
Y dar por buena la agujereada e insostenible versión oficial del 11M
supone dar por bueno el zapaterismo en lo que tiene de lógica
continuación de la masacre: negociación con los terroristas y
legitimación del proyecto político de la ETA, desarme institucional
frente al separatismo catalán y, para garantizar el desmantelamiento
del régimen constitucional del 78, es decir, para asegurar la
Segunda Transición, construir un sistema mediático, especialmente
audiovisual, pronto extendido a los periódicos de papel, donde sólo
rige una ley: todo lo que no sea nítidamente bipartidista está
condenado a la extinción. Pese a la hegemonía audiovisual aplastante
de la Izquierda, la Derecha en el Gobierno se ha esforzado en
liquidar o reducir a su mínima expresión a los medios
liberal-conservadores si no están bajo la disciplinada protección de
la zarina Soraya y el zar Mariano Pantocrátor.
La deslegitimación de la clase política ha alcanzado, sin embargo, a
la versión oficial del 11M. La ignorancia terrible mostrada en la
encuesta de LD supone también el desconocimiento de todos los
embustes políticos que, tras la masacre, marcaron el curso del
zapaterismo. Una parte de los jóvenes que por primera vez se han
acercado a los terribles hechos del 11M han podido comprobar, al
menos los que tienen una mínima actividad cerebral y una sana
inquietud cívica, lo endeble y mendaz de las patrañas oficiales. Y
otra parte, por desgracia seguramente mayor, no habrán creído la
versión oficial porque ya no creen nada de lo que les digan los
políticos, desde el Rey y Rajoy a Rubalcaba y Rosa Díez, comparsa
absurda y de última hora en este trágico funeral marceño de la pobre
nación española.
Reforma fiscal: mucha ideología y poco
parné
Carlos Sánchez El Confidencial 16 Marzo 2014
Al profesor Richard M. Weaver se le atribuye una frase genial que
-por su simplicidad- merece ser rescatada. Weaver, uno de los iconos
del pensamiento conservador de la segunda mitad del siglo XX,
advertía de que “las ideas tienen consecuencias”.
Parece una verdad de perogrullo, pero no lo es. Weaver, incluso,
escribió un libro con ese mismo título (editado en España hace
algunos años) en el que defendía la razón frente a las falsas
ideologías que deslumbran a una parte de la opinión pública, pero
que, en realidad, tienen un fuerte comportamiento tóxico.
Y donde mejor se observa esa dicotomía entre razón e ideología es en
materia tributaria. Ninguna parcela del pensamiento económico ha
consumido tanta demagogia y populismo, lo cual ha desbaratado, en
muchas ocasiones, la capacidad de recaudación de los poderes
públicos para hacer política en el sentido más noble del término,
aunque a Weaver le horripilaran los igualitarismos. En unos casos,
por la capacidad de presión de amplios colectivos que actúan como
verdaderos saqueadores de rentas públicas, y que en realidad
pretenden desarmar al Estado para que no construya hospitales,
colegios o infraestructuras útiles para el conjunto de la sociedad y
no sólo para unos pocos.
En otras ocasiones, las élites políticas han caído en el error de
considerar los impuestos como un fin en sí mismo y no un medio para
lograr determinados objetivos de política económica. Algo que
explica, por ejemplo, que en el pasado se hayan aprobado subidas
brutales de la presión fiscal sin ninguna justificación. Simplemente
por ideología al abrigo de un pensamiento profundamente equivocado:
los impuestos, cuanto más altos, mejor.
No quiere decir esto, sin embargo, que los impuestos carezcan de
ideología. Al contrario, son la máxima expresión del pensamiento en
términos económicos y políticos, pero desnudarlos de su componente
racional en aras de obtener ventajas políticas a corto plazo aboca
necesariamente al desastre. Como, por cierto, ha sucedido en España
en muchas ocasiones.
¿Gastos o ingresos?
Afortunadamente, sin embargo, en los últimos años, han aflorado
diversas teorías que cada vez ponen más énfasis no tanto en la
capacidad de recaudación del Estado -la madre del cordero de
cualquier sistema impositivo- sino en el gasto público como
instrumento principal para corregir las desigualdades y garantizar
la igualdad de oportunidades, en última instancia la misión
fundamental de cualquier Estado que se proclame constitucionalmente
“social y democrático de Derecho”, como es el caso de España. O
dicho de otra forma: la política social hay que hacerla a través del
gasto público y no de forma exclusiva mediante los ingresos.
El Gobierno tiene, sin duda, la prerrogativa de aprobar leyes de
recentralización del sistema tributario, pero eso iría contra la
corresponsabilidad fiscal. Y, sobre todo, contra el sentido común.
Carece de justificación que quienes van a gastar no tengan capacidad
recaudatoriaEsta ha sido, de hecho, la estrategia tributaria que han
seguido algunos países nórdicos y del centro de Europa, donde se han
hecho compatibles altos tipos impositivos en la tributación directa
(IRPF), que no daña la capacidad de competir de su economía
manteniendo su carácter progresivo, con instrumentos de política
fiscal que favorecen su sistema productivo. Una especie de
utilitarismo fiscal inspirado en Bentham o Stuart Mill.
En Suecia, Finlandia, Austria, Holanda o Dinamarca, por ejemplo, el
tipo del impuesto que grava el beneficio de las empresas no supera
el 25%, cinco puntos menos que España. Mientras que el IVA general
(que no grava las exportaciones) es sensiblemente mayor (hasta el
25% en el caso de Dinamarca). Ni que decir tiene que en esos países
el peso de las cotizaciones sociales es sensiblemente menor para no
perjudicar el empleo.
En la piel de toro, muy al contrario, las sucesivas reformas
fiscales desde que Fernández Ordóñez dijera que sus amigos estaban
dejando de ser personas físicas para convertirse en personas
jurídicas, ha ocurrido lo contrario. Y como no puede ser de otra
manera, su nivel de recaudación es el segundo más bajo de la
eurozona (un 37,1% del PIB), sólo por delante de Irlanda, que ha
hecho del dumping fiscal su razón de ser en términos económicos.
Como se ve, mucha ideología pero poco parné. Y eso que los tipos
impositivos se encuentran entre los más elevados de la UE, lo que
refleja una evidente incoherencia entre los tipos nominales (lo que
aparece en la propaganda oficial) y los efectivos (lo que realmente
se paga).
Esta comparación, en última instancia, será la prueba del algodón de
la reforma fiscal que debe aprobar el parlamento en la segunda mitad
de este año, y que probablemente tenga poco que ver con las
propuestas de los expertos designados por el Gobierno. Básicamente,
porque España es un Estado autonómico o cuasi federal, como se
prefiera, lo que obliga al Gobierno central a pactar el sistema
impositivo con las regiones, lo cual no es ni bueno ni malo, es,
simplemente, una obligación constitucional. Y en verdad no tiene
sentido discutir sobre impuestos cedidos (como el de Sucesiones o el
de Transmisiones Patrimoniales) cuando son los parlamentos
regionales quienes van a decidir los tipos impositivos.
Recentralización del Estado
El Gobierno tiene, sin duda, la prerrogativa de aprobar leyes de
recentralización del sistema tributario, pero eso iría contra la
corresponsabilidad fiscal. Y, sobre todo, contra el sentido común.
Carece de justificación que quienes van a gastar no tengan capacidad
recaudatoria, y, por lo tanto, lo mejor que puede hacer el Gobierno
es huir de esas tentaciones. Claro está, salvo que opte por liquidar
el Estado de las autonomías, lo cual, sin duda, es legítimo, y de
hecho hay muchos ciudadanos que suspiran por ello. O, claro está,
que el Gobierno quiera volver a caer en el mismo error que explica
la quiebra de muchas comunidades autónomas: que sólo se preocupaban
de gastar pero no de recaudar.
El margen de maniobra no es tampoco mucho más amplio en el IVA, un
impuesto vigilado por Bruselas. Entre otras cosas porque buena parte
de la financiación de la UE sale de la imposición indirecta. Y los
tipos son ya suficientemente altos como para intentar otra vuelta de
tuerca en estos momentos.
En Sociedades e IRPF, por lo tanto, es donde se encuentra el meollo
del asunto, y lo que recomiendan los expertos es, simple y
llanamente, más de lo mismo. Probablemente porque no hay mucho
margen a causa de los costes de recaudación, pero también por falta
de arrojo político (incluso técnico) para dar la vuelta como a un
calcetín a un sistema impositivo que históricamente ha tirado por lo
más fácil.
Quiere decir esto que, de nuevo, la reforma fiscal que se propone
gira en torno a lo más fácil: gravar los activos no deslocalizables,
el trabajo y la vivienda. Dejando libres de polvo y paja a aquellos
que pueden volar como un pájaroEn el caso del Impuesto de
Sociedades, ha tirado de las pequeñas y medianas empresas, carentes
de instrumentos de ingeniería fiscal que sí tienen las grandes
empresas, y que afloran de forma descarada en las múltiples
deducciones fiscales, muchas de ellas sin ninguna justificación
(como por cierto reconocen los expertos). Y en el caso del IRPF, lo
fácil ha sido tirar de los asalariados, incluso durante el
franquismo, cuando el IRTP de entonces llegó a representar más del
50% de la recaudación total por imposición directa. De hecho, como
todo el mundo sabe, el Impuesto sobre la Renta es, en realidad, un
impuesto sobre las nóminas, lo cual explica en buena medida los
problemas de recaudación del Estado.
Lo más curioso de la propuesta fiscal de los expertos, sin embargo,
se refiere a la vivienda, donde se propone no una fiscalidad del
siglo XXI, identificando, como cabría esperar, nuevos hechos
imponibles como los negocios generados a través de internet
(comercio electrónico), sino del XVIII o de la España franquista,
cuando se gravaba el patrimonio o los signos externos de riqueza y
apenas la renta generada por el contribuyente.
Lo paradójico es que, al mismo tiempo, se propone eliminar
definitivamente el Impuesto del Patrimonio. O sea que el patrimonio
-en minúscula- de millones de pequeños propietarios sí habría que
gravarlo pese a que en muchos casos es consecuencia de la política
arbitraria del Estado en favor de la propiedad y no del alquiler,
pero no el Patrimonio -con mayúsculas- de quienes han acumulado
grandes propiedades, enajenada ahora de las bases imponibles.
Quiere decir esto que, de nuevo, la reforma fiscal que se propone
gira en torno a lo más fácil: gravar los activos no deslocalizables,
el trabajo y la vivienda. Dejando libres de polvo y paja a aquellos
que pueden volar como un pájaro.
Como se ve, toda una incoherencia que es todavía mayor si se tiene
en cuenta que al mismo tiempo que se habla de neutralidad y de
equidad fiscal se propone un sistema impositivo dual en el que las
rentas del trabajo tributan a un tipo (más alto) y las del capital a
otro (más bajo).
¿No sería más razonable caminar hacia la convergencia de ambos tipos
en una zona intermedia aplanando la tarifa del IRPF? A lo mejor así
se ensanchaban las bases imponibles sin aumentar la presión fiscal.
Un país a la deriva
Vicente A. C. M. Periodista Digital 16 Marzo 2014
Mariano Rajoy tiene otorgada por el reglamento de su partido la
potestad de designar al candidato a las elecciones europeas. Esta
facultad digna de cualquier dictador que se precie tiene en un sin
vivir a los dirigentes que aspiran a lograr ese dorado retiro con
sueldos astronómicos y dietas propias de altos ejecutivos. El caso
es que Rajoy sigue deshojando la margarita y va a apurar su decisión
hasta el límite máximo legal que permite la ley electoral. Pero la
percepción desde fuera es que Rajoy muestra un profundo desprecio
por el electorado.
Este comportamiento tan impresentable e inaceptable por parte del
actual partido del Gobierno solo puede obtener una respuesta y es
que los ciudadanos le devolvamos el desprecio que nos hace
ignorándole en las elecciones y votando a otras alternativas
políticas. Porque ¿con qué autoridad moral y política va a convencer
el candidato designado por "el dedo divino de Rajoy"? Un candidato
incapaz de dar un discurso que no sea "el de su amo y señor".
Y así es como pretende esta casta política que los ciudadanos se
ilusionen con el proyecto europeo. Un mercado persa donde España es
un país de nula influencia y que si se mantiene en tan "selecto
club" es solo por el interés colonizador de los países ricos y
productivos que siguen aumentando la brecha de las dos Europas y
asfixiando a los países intervenidos para garantizarse su
dependencia y sumisión por décadas. La mejor forma de eliminar la
posible competencia.
Es una verdad incuestionable el que la primera vez que te engañan es
culpa del que nos ha mentido, pero la segunda vez es nuestra culpa.
El PP nos mintió en las elecciones del 2011 prometiendo salir de la
crisis, crear empleo y acometer la reforma de la Administración
reduciendo el inmenso gasto y la regeneración política con la
reforma de la ley electoral y la persecución de la corrupción. Nada
de lo que prometió lo ha cumplido. Al contrario, durante estos dos
años se ha dedicado a realizar una política opuesta a la que se le
supone como ideario y base de su electorado. Y ahora sigue con la
táctica del desprecio a los ciudadanos con actitudes totalitarias y
dictatoriales en algo tan importante como la representación en el
Parlamento europeo.
Si quieres que te vuelvan a engañar vota al PP o al PSOE. Si te
abstienes les facilitarás las cosas a los dos. Si no votas
desperdiciarás una oportunidad de forzar el cambio. Hay otras
alternativas que no se esconden en sus propuestas y que respetan a
los ciudadanos. Es la hora de acabar con el bipartidismo y la
prostitución de nuestros votos en coaliciones de confluencias de
intereses por el poder. Entre todos logremos que esta casta sienta
el miedo de la inseguridad como la que sufren millones de ciudadanos
en paro o con el temor de perder su trabajo.
Todos podemos porque tenemos en nuestros votos la verdadera
democracia.
Menéndez Pelayo y la nación hecha historia
fernando garcía de cortázar ABC 16 Marzo 2014
Nadie como el insigne polígrafo para reivindicar la coherencia
histórica de una cultura y una nación españolas
Recordemos todos con vergüenza ajena el aire de trámite de urgencia
burocrática con que se despachó el centenario de la muerte de
Menéndez Pelayo. Ya estamos resignados a que cualquier homenaje a
quienes han sido forjadores de una conciencia nacional carezca de lo
que ha venido en llamarse «olor de multitud». Pero cabía esperar que
una minoría que se pretende selecta ofreciera su colaboración al
indispensable cultivo de nuestra memoria nacional. Ni los poderes
públicos que habrían de identificarse con las inquietudes de don
Marcelino; ni los medios académicos que habrían de pensar
rigurosamente la historia cultural de España; ni la muchedumbre de
intelectuales a quienes debería exigirse que descubrieran los
orígenes de nuestro pensamiento crítico contemporáneo, parecen
haberse dado cuenta de la circunstancia tan propicia y exigente que
teníamos ante nosotros. Porque en el año 2012 coincidía el desafío
lanzado por el separatismo no sólo a la unidad, sino también a la
idea misma de España, con la fecha en que podíamos conmemorar el
primero de los grandes esfuerzos de nuestro tiempo para dar
coherencia histórica y dignidad espiritual al proceso constituyente
de la nación española.
Será porque el desprecio por una tradición que nos identifica es ya
transversal. Será porque a nadie parece interesar la búsqueda de un
principio de soberanía que no empezó ni se agota en los textos
jurídicos, sino que nació como toma de conciencia de una vida
tramada en el curso de los siglos. No acierto a entender cómo creen
algunos responsables de la formación de nuestra ciudadanía, que
podremos oponer los argumentos de las razones históricas de España a
las imaginativas leyendas del delirio secesionista. No será, desde
luego, con ese conformismo legalista que sólo entiende España como
un Estado de derecho, olvidando que, para poder serlo, ha debido
existir previamente un sentimiento de pertenencia, una convicción
patriótica y la lenta sedimentación de una cultura que da origen,
finalidad y carácter al edificio institucional de nuestra Carta
Magna. España no existe porque así lo dice la Constitución. La
Constitución existe porque la quisieron, redactaron y votaron
quienes ya eran españoles.
Una vida al servicio de la nación
Menéndez Pelayo irrumpió en la escena intelectual española cuando
estaba en sus inicios el régimen de la Restauración. El sentido de
su obra gigantesca, iniciada con poco más de veinte años y provista
de una asombrosa y precoz erudición, fue encontrar la sustancia de
la cultura española y el sentido profundo de un prolongado proyecto
nacional. Por su edad, Menéndez Pelayo se hallaba al margen de los
conflictos armados que enfrentaron a liberales y carlistas en los
dos primeros tercios del siglo XIX. Por su carácter, deseaba
descubrir el modo de integrar a los españoles en una conciencia
unitaria, que superara el conflicto radical entre los abanderados de
un progreso sin patria y de una tradición sin actualidad. Por su
formación, quería hacerlo desde el rigor de los documentos y la
voluntad del estudio, alejado de hueca retórica del casticismo
reaccionario y del arrogante papanatismo de los falsos europeístas.
Don Marcelino dedicó su vida entera a construir una idea de España.
La pugna sangrienta de las guerras civiles había concluido, parecía
entonces que definitivamente. Pero el final de la contienda bélica
había de completarse con una dura labor intelectual, una empresa
titánica destinada a recobrar la seguridad de los españoles en ellos
mismos. Una tarea que fuera capaz de afirmar la solidez histórica de
una nación, la honra de su pasado, la decencia de sus principios
fundacionales, su servicio al humanismo europeo y el papel
indispensable desempeñado por nuestra cultura en la formación de la
conciencia de Occidente. Contra lo que afirman algunos iletrados,
Menéndez Pelayo estuvo muy lejos del nacionalismo integrista, y bien
que se lo reprocharon algunos intelectuales ultracatólicos que lo
tuvieron por principal enemigo. Del mismo modo que denunciaron su
obra quienes pretendían que España, lastrada por sus ideales
católicos, había perdido el rumbo del desarrollo económico y del
saber científico desde los comienzos de la era moderna.
Pedagogía patriotica
A unos y a otros respondió el intelectual santanderino , haciendo de
España el país donde mejor prendió un Renacimiento humanista, que
evitaba el oscurantismo protestante y brillaba al sol de la
inserción de los valores de la cultura clásica en la fe y la razón
del ideario católico. Su infatigable capacidad de trabajo y su
actitud tolerante le permitieron exigir rigor a sus oponentes y
exigirse a sí mismo el repudio del sectarismo: «Siguiendo el consejo
y el ejemplo del gran Leibniz, en todo libro busco primeramente lo
que puede serme útil y no lo que prefiero reprender.» Tal
liberalidad no era ausencia de convicciones ni vano eclecticismo,
sino pura y simple ausencia de prejuicios y, sobre todo, la voluntad
de rendir un servicio asumido como causa a la que valía dedicar la
vida entera: definir con precisión científica y con pasión
intelectual la realidad histórica de España. La tenacidad y la
hondura de aquel esfuerzo merecen nuestra atención y nuestro afecto.
Pero aún más, lo que el propio don Marcelino nos habría solicitado
en estas horas difíciles y vacuas: cumplir con nuestra
responsabilidad intelectual, devolviendo a los españoles la
seguridad de que somos ciudadanos de una gran nación, afirmada en la
verdad de lo que se hizo en el pasado y sustentada en la insaciable
voluntad de hacer historia juntos.
Las razones de España
Menéndez Pelayo es el primer intelectual que se plantea cuál es el
elemento esencial que permite vertebrar la cultura nacional
española. Tenía solo veinte años cuando publicó «La ciencia
española», en la que defendía el pensamiento tradicional español
frente a las denuncias del krausismo, mientras reivindicaba la
herencia del Renacimiento católico en contra de la opinión de los
sectores integristas. A su esfuerzo por fundamentar la identidad
española se sumó en seguida su monumental «Historia de los
heterodoxos españoles» (1880-1882), que completaba su reflexión
sobre el aporte de la filosofía y la ciencia de nuestro país a la
cultura europea. En los años siguientes se dedicaría a la edición de
voluminosos ensayos de crítica literaria, como la «Historia de las
ideas estéticas en España», «Estudios sobre Lope de Vega» y
«Orígenes de la novela». Al fallecer, antes de cumplir los 56 años,
dejó una obra que llena los 65 volúmenes de la edición iniciada en
1940 por el CSIC.
TRAUMAS
JON JUARISTI ABC 16 Marzo 2014
La mera conmemoración del 11-M reaviva la memoria del enfrentamiento
civil al que dio ocasión
EL principal acuerdo tácito de la transición a la democracia no
estorbarla tirando de agravios abiertos desde la Guerra Civil se lo
llevó por delante el 11-M resucitando la división de 1936, algo que
ni siquiera ETA había conseguido hacer en su casi medio siglo de
terrorismo. Los revanchistas, que habían sido marginados a lo largo
del proceso constituyente y que, pese a sus esfuerzos, no pudieron
radicalizar a la izquierda durante las dos legislaturas del PP,
encontraron por fin su oportunidad en aquel traumático fin de semana
del 11 al 14 de marzo de 2004, cuando un tsunami de odio desatado
contra Aznar encumbró a un perdedor nato cuyo programa solo a medias
oculto consistía en cargarse los consensos básicos alcanzados en el
pacto constitucional.
Lo llevó a término con tal rapidez y eficacia que, a finales de su
primera etapa como presidente, podía afirmarse, esta vez con entera
justeza, aquello que un correligionario suyo había proclamado
veinticinco años antes, es decir, que tras el paso de los
socialistas por el Gobierno a España no la iba a conocer ni su
madre. Y es que, en efecto, la España de 2008 se parecía mucho más,
en su índole moral y afectiva, a la de febrero de 1936 que a la de
diciembre de 1978. No solo había desaparecido la izquierda liberal.
También el liberalismo de la derecha se estaba desmoronando
aceleradamente y emergía por todas partes lo más recalcitrante de un
intratable pueblo de cabreros. Que te escupieran por haber ostentado
cargos políticos con Aznar no tenía nada de sorprendente, dada la
calaña del antifranquismo sobrevenido. Más curioso resultaba el
hecho, que tampoco se me ha ahorrado experimentar, de que algún
juvenil majadero (o majadera) de una derecha con mando en plaza te
tratara como un guiñapo para recordarte que sus abuelos ganaron una
guerra que tus padres perdieron. Al antifranquismo sobrevenido de la
izquierda le correspondió así un franquismo atávico y pardillo que
comenzó a asomar en un pijerío tan estólido como encantado de
haberse conocido.
La sociedad española no ha superado la regresión al imaginario de la
Guerra Civil que indujo, primero en la izquierda, y después, por
reacción no solo defensiva, en la derecha, la matanza de Atocha. La
crisis secesionista en Cataluña, el enquistamiento de ETA y de su
entorno en la administración local vasca y navarra, la imposibilidad
de pactar entre los partidos de ámbito nacional lo más mínimo en
materia de política económica, relaciones laborales, prevención de
la corrupción, educación, aborto, etcétera, proceden de aquel
destazarse de la propia nación en la mañana del 11 de marzo de 2004
y de la incapacidad colectiva para soldar los pedazos. Solo entre
los sobrevivientes de las generaciones que hicieron la transición (y
que rebasan en su mayor parte la sesentena) puede encontrarse algo
parecido a la nostalgia de una nación democrática, pero ese
sentimiento no se ha transmitido a los más jóvenes, que han crecido
inmersos en los nuevos resentimientos particularistas.
Por eso es un error la mera conmemoración del 11-M. Porque reaviva
el trauma que propició el retorno destructivo de lo que la
transición había reprimido consciente y deliberadamente: el otro
trauma, el de la Guerra Civil. En los EE.UU., la conmemoración del
11-S refuerza la cohesión nacional, pues la respuesta a los
atentados contra el World Trade Center fue la unión de demócratas y
republicanos contra el terrorismo islamista. En España, ante el
11-M, sucedió lo contrario: una división incivil que convierte todos
los recuerdos personales de aquel espantoso fin de semana de marzo
de 2004 en vectores de un viejo rencor aparentemente inextinguible.
DÉCIMO ANIVERSARIO
Los agujeros que alientan la versión B del
11-M
www.gaceta.es 16 Marzo 2014
Una década después sigue sin conocerse la totalidad de la
investigación del mayor atentado terrorista de la historia de
España.
Diez años después del mayor atentado de la historia de España,
todavía son muchos los detalles que no se conocen de la tragedia que
se vivió el 11 de marzo de 2004. Fruto de este desconocimiento son
muchos los que han interpretado que la versión oficial de los
sucesos, la que fue juzgada y sentenciada en la Audiencia Nacional,
no es sino una cortina de humo lanzada sobre los verdaderos hechos.
Como señaló el juez Javier Gómez Bermudez, ponente de la sentencia:
“...hay cosas tan complejas, tan graves, que es mejor que no se
sepan todavía, que se sepan más adelante”. Quizá esa falta de
transparencia, una vez juzgados y condenados los detenidos por el
11-M sea la que ha dejado abierta la puerta a las interpretaciones
que encontraron hueco en varios medios de comunicación e, incluso,
dentro de un sector del Partido Popular que no daba por buena que se
concluyera la investigación sin que salpicase a la banda terrorista
ETA.
GACETA.ES ha recibido un estudio cronológico en el que se señalan
los cabos sueltos que habrían quedado en la investigación del 11-M.
El documento se centra en declaraciones de los protagonistas de la
investigación comparadas con textos realizados por periodistas que
contradicen la versión oficial, la crítica a la falta de relación
entre la investigación del atentado en Madrid con el asesinato de
los siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en
Bagdad, y los ya recurrentes interrogantes que subyacen sobre la
furgoneta Renault Kangoo, la mochila de Vallecas y la muerte de los
islamistas en el piso de Leganés, donde resultó muerto también el
agente Francisco Javier Torronteras.
El documento hace especial hincapié en señalar los cambios en la
línea de investigación que favorecerían al PSOE. Del mismo modo
señala la línea de investigación realizada por los servicios
secretos norteamericanos y como estos han eliminado, ya durante la
administración de Obama, los atentados de Madrid de la lista de
atentados islamistas en el mundo.
Finalmente, en las últimas páginas del estudio, descalifica las
investigaciones realizadas sobre la 'Operación Nova', achacada al
grupo terrorista islámico Mártires de Marruecos, que tendría por
objetivo, según interceptaron los servicios secretos, atentar contra
la Audiencia Nacional, la sede del Partido Popular en Madrid y
varias estaciones ferroviarias. Según el informe, todos los testigos
y peritos que cita coincidirían en señalar que fue un montaje para
justificar la investigación realizada para esclarecer el 11-M.
Las malas hierbas no dejan de crecer
Juan Laborda www.vozpopuli.com 16 Marzo 2014
La farsa, el engaño, la pantomima se han convertido en el pan
nuestro de cada día. No hay nada donde agarrarse, el panorama no
puede ser más desolador. Literalmente se están riendo en nuestra
cara a carcajada limpia. La ciudadanía se empobrece a marchas
forzadas, pero da igual, se falsea la realidad. Las inconsistencias
e incongruencias en la Contabilidad Nacional alcanzan límites
nauseabundos. Tienen que ser otros desde fuera quienes realicen un
diagnóstico preciso de lo que ocurre aquí. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) en su segundo informe sobre desigualdad lo deja
muy claro. A la hora de analizar los procesos de ajuste en las
economías europeas, España se sitúa a la cabeza ya no solo de
aumento de las desigualdades sino también de un castigo excesivo a
los bolsillos de los más débiles. No hay brotes verdes, las malas
hierbas crecen por doquier.
Pero están desbocados. Una tras otra todas las propuestas van
encaminadas a mantener los privilegios de unos pocos, de todos y
cada uno de aquellos que nos han llevado hasta aquí. Dos botones de
muestra. En primer lugar, la contrarreforma fiscal promocionada por
un grupito de “expertos”, y plasmada en un informe cuyo papel se
podría haber destinado a otros menesteres. En vez de implementar una
auténtica reforma fiscal encaminada a mejorar nuestro aparato
productivo y a aliviar la situación de asfixia de las familias
españolas, sus propuestas son exactamente aquellas que el propio
informe del FMI sobre desigualdades considera que disparan la
pobreza y la brecha de la desigualdad.
Otro ejemplo de trilerismo patrio es el nuevo real decreto sobre la
refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial hecho a la
medida de la banca. El objetivo de quien lo promocionó y vendió al
gobierno no era aliviar la carga de la deuda empresarial, sino ver
cómo se las podían ingeniar para dar la vuelta a la tortilla, de
manera que frente a la necesidad y obligación de la banca de
provisionar por las refinanciaciones, éstas se reubicaran, se
cambiaran de cajón para que no fueran tal y no consuman ni
provisiones ni capital. ¡Qué listos!
La contrarreforma fiscal y el informe del FMI
Casualidades de la vida, la presentación del Informe de la mal
llamada Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario
Español coincidió en el tiempo con la publicación del segundo
informe sobre desigualdad del FMI. Y ello tiene su guasa, porque,
como veremos, las propuestas de los denominados “técnicos” son
exactamente aquellas que desaconseja el propio Informe del FMI
porque aumentan las desigualdades y la pobreza.
Según el informe del FMI, la brecha de la desigualdad crece más
cuando los ajustes se concentran más en los impuestos regresivos y
se corta el gasto social progresivo. El estudio recalca que los
impuestos directos -como el IRPF o el Impuesto de Sociedades- “son
más redistributivos” que los indirectos -aquellos que gravan el
consumo (IVA)-, mientras que la protección social es también más
efectiva a la hora de reducir la desigualdad. En las últimas décadas
los tributos directos y las transferencias sociales ha reducido en
un tercio la desigualdad, según el FMI.
Sin embargo, aquí, en nuestro querida España, erre que erre. Según
lo publicado sobre las propuestas de reforma tributaria, las cosas
pintan mal, muy mal. No nos debemos deslumbrar por ninguna comisión
de expertos sobre ningún tema. Bajo un traje aparentemente técnico
se esconde en la mayoría de las veces una ideología pura y dura.
Pasó con la contrarreforma de las pensiones y ocurre exactamente lo
mismo con la contrarreforma fiscal. Desprende un tufo a ideología
neoclásica de lo más rancio. Vamos, puro siglo XIX.
Pierde el factor trabajo, ganan grandes corporaciones y rentistas
La contrarreforma fiscal anunciada por los expertos va a recaer
nuevamente sobre el factor trabajo, en beneficio de rentistas y
grandes corporaciones. Se proponen incrementos en el IVA y aumentos
en las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores.
También se aconseja que en el caso de los contratos indefinidos
tributen por las indemnizaciones por despido. Ya no les bastaba con
una reforma laboral que ha precarizado y aumentado la temporalidad a
niveles bochornosos. No, hacía falta más carnaza. Pero ahí no para
el atropello.
Se incluye además una propuesta delirante de tributar por la
vivienda habitual, única riqueza disponible por la inmensa mayoría
de los españolitos, tras ser incentivada, lamentablemente, como un
bien de inversión y no de uso. La inmensa mayoría de los ciudadanos
después de ver reducidos sus salarios, aumentados sus impuestos, y
una vez que se les ha recortado al mínimo su protección social,
después de todo ello, y tras el colapso del precio de la vivienda,
se les quiere volver a meter mano imputando como renta la vivienda
habitual. ¡Qué tropa!
Por el contrario, se propone eliminar el impuesto sobre el
Patrimonio, si bien en su diseño actual sólo recaía sobre las clases
medias, y rebajar las cuotas a la Seguridad Social de las empresas.
Por lo demás, más de lo mismo, no se eliminan las deducciones y
subvenciones que los distintos lobbies del IBEX35 han ido
consolidando a lo largo del tiempo con los diferentes gobiernos de
turno y cuyo tipo efectivo promedio roza un ridículo 9% para
regocijo de muchos de esos mal llamados patriotas. Además no hay
ninguna propuesta de señalización y lucha contra los grandes
defraudadores, y que según el sindicato de técnicos de Hacienda
Gestha se concentra en las grandes corporaciones. Lo dicho, se ríen
compulsivamente de nosotros. ¿Hasta cuándo?
Un Gobierno esclavo del gasto y una clase
media asfixiada
Alejandro Vara www.vozpopuli.com 16 Marzo 2014
El problema no es si se recauda mucho, sino si se gasta poco. Ya han
parido los sabios sus consejos para la reforma fiscal. Trabajo
hercúleo de 450 páginas de las que el maestro Ladares confía en que,
al menos, el Gobierno respete un diez por ciento. De momento y para
abrir boca, ya se ha cargado la propuesta de convertir la primera
vivienda en renta de patrimonio.
Pero volvamos al principio. El problema no son los ingresos sino los
gastos. No es de recaudación sino de dilapidación. El problema es
que desde hace cinco años, este gobierno y el anterior, nos fríen a
impuestos de una forma asfixiante y han conseguido aumentar la
recaudación del 35 al 37 por ciento del PIB, un par de puntitos. Y
el problema es que la deuda del conjunto de las administraciones
públicas alcanzó un nuevo récord en el cuarto trimestre del pasado
año, con un montante de 960.640 millones, es decir, el 93,9 por
ciento del PIB. O sea, un aumento de 8,6 por ciento. Y que la deuda
de la administración central aumentó un 0,5 y la autonómica un 11,5.
¿Perder recaudación?
Ese es el problema. Y ahora ya pueden los expertos empezar a
desmenuzar el voluntarioso trabajo del equipo Ladares que le servirá
de excusa a Montoro para insistir en su juego favorito: ingresar y
seguir gastando. Porque este informe e los sabios es un maravilloso
brindis al sol, un brillante juego de ilusionismo. Quito de aquí
para subir allá. La única ley que impera en el departamento de
Hacienda es bien sencilla: "No podemos perder recaudación". Es
decir, nadie me apea de mi 37 por ciento de ingresos fiscales. Y no
es que sea mucho. En países vecinos incluso se alcanza el 50 por
ciento. La cuestión es sobre qué lomos se asienta ese sacrificio.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha logrado ya su objetivo, al margen de
si le cuadran o no las cuentas. Ha cambiado la sintonía, ha
modificado el escenario,ha dado un giro copernicano al discurso.
Desde que entramos en el nuevo año, la muletilla gubernamental ya no
es 'ajuste y sacrificios' sino 'esperanza y recuperación'. Ya no se
habla de subir impuestos sino de bajarlos. Esta es la habilidosa
clave de este excelente golpe de efecto. Este es el acierto de esta
jugada maestra de márketing político.
Hasta hace tres días llovían las pedradas sobre Moncloa por ciscarse
en su programa electoral y engañar a su votante. Treinta subidas de
impuestos tiene contabilizadas el maestro John Müller que ha
perpetrado Montoro en estos dos años. "Ya me gustaría a mí, pero no
podía hacer otra cosa", argumentaba, compungido el presidente. Ahora
la lluvia de cascotes se va a transformar en tormenta de argumentos
sobre si en vez de tocar el IRPF así habría que haber tocado el IVA
asá. O si lo de sociedades es poco y lo patrimonio mucho. Pero el
foco de la discusión ha dado un vuelco drástico. El verbo 'bajar' ha
desplazado al 'subir' en el foco de la polémica.
Los paganos de la boda
El paquete, no puede dudarse, tiene aspectos positivos, otros muy
discutibles y algunos, irrelevantes. Pero mientras el gobierno no
agarre el cuchillo y se decida a recortar el gasto, se tratará de
una iniciativa cosmética. Cambiar algo para que todo siga igual.
Cuado la cuestión es mucho más simple: ¿Podemos financiarnos este
Estado de los 17 estaditos? ¿Podemos mantener este Estado del
bienestar ficticio e hipnótico?
Esta reforma fiscal no acarrea rebaja de impuestos (ciñéndonos al
cómputo global). La gran reforma se basaría en ampliar decididamente
las bases tributarias para que, al final, el pagano no siempre
resulte el mismo. Es decir, la clase media, que ya se ha convertido,
posiblemente, en la más hostigada y maltratada fiscalmente de
Europa. El mazazo impositivo con que el gobierno del PP noqueó a los
asalariados, ahorradores, autónomos, empresarios, nada más llegar al
poder no queda paliado, en absoluto, con estas medidas de Ladares.
Este Gobierno, que algunos pensaban liberal y conservador, en vez de
apretar la tuerca del gasto, sólo usa la llave inglesa para apretar
la tuerca de los impuestos, a los que ha bautizado con el eufemismo
de 'ingresos públicos'. Estado manirroto, confiscatorio, esclavizado
al gasto... Hay tiempo y fórmulas para enmendarlo. Si no lo hace, el
Gobierno habrá despreciado la gran oportunidad de poner en práctica
seguramente la reforma económica más importantre, junto a la
laboral, de toda la Legislatura.
En política, sin embargo, lo que funciona son las percepciones. Y,
desde el famoso 'cabo de Hornos', ya se ha instalado la cantinela de
'bajada de impuestos' en vez de 'subida'. Y con esa muletilla se
puede llegar cómodamente a las elecciones. Y hasta ganarlas.
el líder del par, socio del pp, denunciado por cohecho
El expolio de Aragón: la corrupción salpica
ya a más de 70 políticos y empresarios
José L. Lobo El Confidencial 16 Marzo 2014
Ninguna comunidad autónoma es inmune a la corrupción. Pero se diría
que algunas, como Aragón, parecen tener las defensas más bajas
cuando se trata de combatir ese virus que penetra todas las
terminales del poder. La lista negra de imputados acumula ya más de
70 políticos y empresarios en una región de sólo 1,3 millones de
habitantes gobernada ahora por el PP, tras 12 años ininterrumpidos
de ejecutivos socialistas. Y amenaza con seguir creciendo.
José Ángel Biel, presidente del Partido Aragonés (PAR), el socio de
gobierno de la popular Luisa Fernanda Rudi, podría ser la próxima
incorporación a ese listado de la infamia. El sindicato Manos
Limpias presentó el pasado viernes una querella ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón contra Biel, que es además presidente
del Parlamento regional, por los presuntos delitos de cohecho y
tráfico de influencias.
La víspera, el pleno de las Cortes de Aragón -el Parlamento
autonómico- aprobó la creación de una comisión de investigación para
depurar las responsabilidades políticas en la construcción y gestión
de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), un mayúsculo
escándalo de presunta malversación de caudales públicos que podría
alcanzar los 100 millones de euros. Y, precisamente, los únicos que
evitaron respaldar la propuesta fueron Biel y el PAR, un partido que
gobierna con mano de hierro desde hace 14 años.
Biel justificó su abstención -PP, PSOE, IU y Chunta Aragonesista
votaron a favor- con un argumento nada sofisticado: "Las comisiones
de investigación sólo sirven para dar alpiste a los canarios". En
2011, después de que El Confidencial sacara a la luz una grabación
en la que un colaborador muy cercano de Biel aseguraba que éste se
había embolsado 500.000 euros en comisiones a cambio de favores
urbanísticos, el líder del PAR tampoco pareció inmutarse: "Que diga
lo que quiera. Decir que yo he cobrado comisiones es ciencia
ficción".
El epicentro de la corrupción
El llamado caso Plaza marca el epicentro de la galopante corrupción
en Aragón. Pero no es, ni mucho menos, el único. Y el PAR es el
ingrediente de todas las salsas políticas que se cuecen en la
comunidad, un partido bisagra que se dejó querer por el socialista
Marcelino Iglesias, primero, y ahora por Rudi, con la que firmó en
2011 en Madrid un pacto de gobernabilidad para toda la legislatura
que fue apadrinado por el mismísimo Mariano Rajoy.
La trama de corrupción del caso Plaza empezó a tejerse en 2004,
cuando el PSOE y el PAR gobernaban la comunidad. Y la madeja siguió
creciendo sin parar hasta 2011, ya con Rudi -y de nuevo Biel de
copiloto- en el poder. La gigantesca plataforma logística que se
levanta a las afueras de Zaragoza, una de las mayores de Europa,
pretendía ser uno de los motores económicos de Aragón y un proyecto
estratégico para el desarrollo de la comunidad. Pero se ha
convertido en un agujero sin fondo que suma más de 100 millones de
euros en pérdidas acumuladas.
El expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias (d) con Ricardo García
Becerril (i). (Efe)El expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias (d)
con Ricardo García Becerril (i). (Efe)A esos gigantescos números
rojos hay que añadir el saqueo de otros 100 millones de euros -según
los cálculos de policías y jueces- que han sido presuntamente
desviados, mediante sobrecostes y comisiones, a bolsillos que tienen
nombres y apellidos. El caso Plaza se tramita, ya despiezado, en
ocho causas judiciales distintas que suman, de momento, 17
imputados. Entre ellos, quien fuera mano derecha de Iglesias y
viceconsejero de Obras Públicas en el último Ejecutivo socialista,
Carlos Escó, y el empresario y máximo accionista del Real Zaragoza
CF, Agapito Iglesias.
El pasado 26 de febrero, un juez de Zaragoza pidió para ambos una
fianza de responsabilidad civil de casi 19 millones de euros, que
deberán prestar conjunta y solidariamente con Ricardo García
Becerril, ex gerente de Plaza, la sociedad pública que gestiona la
plataforma logística, controlada por el Gobierno aragonés y
participada por el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y CAI. Escó,
que fue consejero delegado de Plaza, está casado con Eva Almunia, ex
secretaria de Estado de Educación con José Luis Rodríguez Zapatero y
rival de Rudi en las últimas elecciones autonómicas.
Escó puso tierra de por medio en 2010, cuando empezó a verle las
orejas al lobo de la justicia, y fichó por Telefónica -uno de tantos
políticos al que la multinacional de César Alierta ha encontrado
acomodo- como responsable de Relaciones Institucionales para
Latinoamérica. Telefónica le mantiene en su puesto, igual que
Acciona ha cerrado filas en torno a dos de sus directivos imputados
en la causa, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón. La familia
Entrecanales ha desembolsado las fianzas que les impuso el juez,
pese a que ambos están relacionados con el cobro de trabajos no
realizados, certificaciones fraudulentas y facturas falsas para
cargar gastos inexistentes.
Con las autonómicas a la vuelta de la esquina
El caso Plaza amenaza con envenenar la campaña electoral de las
autonómicas de 2015. Ningún sondeo da a Rudi la mayoría absoluta en
Aragón, y el PAR podría ser un incómodo aliado para el PP en la
próxima legislatura si la telaraña de la corrupción acaba atrapando
a Biel y los suyos. De hecho, una alcaldesa del PAR, Mariví Pinilla,
se enfrenta a 37 años de prisión por cohecho, prevaricación y
blanqueo en el llamado caso Molinos, una monumental estafa urdida en
el municipio de La Muela, a 20 kilómetros de Zaragoza, en torno a la
industria eólica.
El caso Molinos, que cuenta ya con 45 imputados, comenzó a fraguarse
a mediados de la pasada década, cuando, casi de la noche a la
mañana, La Muela se convirtió en uno de los municipios más ricos de
España gracias a los más de 500 molinos de viento que surgieron como
hongos. Hasta que se destapó la gigantesca corrupción urbanística
que había alentado ese milagro económico. La trama presuntamente
encabezada por Pinilla, y en cuyo festín participaron empresarios
con pocos escrúpulos, ha dejado al Ayuntamiento asfixiado con una
deuda de 25 millones de euros y un agujero tributario que roza los
10 millones.
A partir de mañana y hasta el próximo viernes, una docena de altos
cargos y ex altos cargos del Gobierno autonómico y el Ayuntamiento
de Zaragoza desfilarán por el Juzgado de Instrucción número 5 de la
capital aragonesa para declarar como testigos en una de las muchas
ramificaciones del caso Plaza: el desfase millonario en la
construcción de unas naves encargadas por la plataforma logística a
la empresa Codesport, propiedad de Agapito Iglesias. Entre los
convocados figura un consejero del Ejecutivo de Rudi, seis ex
consejeros de la etapa del socialista Marcelino Iglesias y tres
concejales del Ayuntamiento gobernado por Juan Alberto Belloch.
La querella de Manos Limpias contra Biel vincula a éste no sólo con
el caso Molinos, sino también con el presunto cobro de 30 millones
de euros en comisiones por la adjudicación de las depuradoras del
Plan de Depuración de Aguas Residuales del Ejecutivo autonómico.
Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial aseguran que el
sindicato de funcionarios planea ampliar la querella al fiscal jefe
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, José María Rivera,
primo hermano de Biel.
España / 11-M
Rafá Zouhier, expulsado de España tras
salir de prisión
El abogado de Zouhier considera «irregular» su expulsión de España
Paco Velasco. El Puerto de Santa María, Cádiz. La Razón 16 Marzo
2014
Rafá Zouhier, condenado a 10 años de cárcel por suministrar los
explosivos de los atentados del 11M, ha salido de la prisión del
Puerto de Santa María por una puerta trasera y trasladado en un
furgón policial a una comisaría no desvelada. Según han informado
hoy a EFE fuentes del Ministerio del Interior, Zouhier, que salió de
la cárcel a la una de la madrugada, fue trasladado por la Policía a
Tánger (Marruecos) sobre las 02.30 horas.
La Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía del Puerto
de Santa María, comunicó al abogado de Rafa Zouhier - condenado a 10
años de cárcel por suministrar los explosivos de los atentados del
11M-, Antonio Alberca, que su cliente había sido detenido nada más
quedar en libertad, para proceder de inmediato a su explusión, y que
había quedado designado como abogado dentro de este procedimiento de
explusión, sin embargo, el letrado aseguró a LA RAZÓN, que los
funcionarios se negaron a facilitarle la comisaría en la que se
encuentra en estos momentos, información desconocida igualmente para
la mujer de Zouhier.
Rafa Zouhier, tenía instrucciones de su letrado de solicitar un
habeas corpus si se producía esta situación, que era previsible para
la defensa. El letrado expresó su queja, en declaraciones a LA
RAZÓN, por el procedimiento seguido, ya que considera de todo punto
injustificado que no le informen del lugar donde se encuentra su
cliente para asesorarle legalmente respecto a la expulsión acordada,
y que tiene intención de denunciar lo ocurrido ante el juzgado de
guardia correspondiente.
Apelar al orden público
El nuevo expediente se ha regido por el Real Decreto 204/2007 sobre
entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de
los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en
el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. En concreto es el
artículo 15 el que contempla la expulsión del territorio "cuando así
lo impongan razones de orden público, de seguridad pública o de
salud pública".
Atendiendo a estos principios, la Policía emitió un informe
informando a favor de la expulsión de Zouhier, que fue avalado por
la Delegación de Gobierno.
Según abogados expertos en Extranjería consultados, Zouhier tenía la
opción de solicitar como medida cautelar la suspensión de esa
decisión ante un tribunal de lo Contencioso Administrativo, órgano
competente para estudiar los recursos contra resoluciones adoptadas
por la Administración. Así se estipula en el artículo 135 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
El abogado de Zouhier ya había anunciado a Europa Press que agotaría
este recurso si se lo notificaban con el margen suficiente para
acudir a un juez antes de que su cliente fuese expulsado. De haber
conseguido su objetivo, se hubiese iniciado un proceso que derivaría
en un juicio. Las fuentes consultadas avisan de que hay juzgados en
los que ese juicio puede demorarse entre uno y dos años, según los
casos y el grado de saturación del Juzgado ante el que se recurra.
Los expertos consultado ya advirtieron a Europa Press de que la
Policía trata de agilizar al máximo los trámites de expulsión. "La
clave en estos casos es ser más rápido que la Policía", explicaba
uno de estos abogados experimentados en casos de expulsiones.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Impunidad etarra en Alsasua
EDITORIAL Libertad Digital 16 Marzo 2014
El acto proetarra organizado ayer en la localidad navarra de Alsasua
para dar la bienvenida a terroristas huidos de la Justicia ha
levantado la lógica indignación entre las víctimas del terrorismo.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, entidad presidida por
Consuelo Ordóñez, hizo acto de presencia en el lugar de reunión
elegido por los asesinos no sólo para mostrar su indignación, sino
también para hacer entrega de un listado con los 400 asesinatos
perpetrados por ETA aún sin resolver, como testimonio de que las
cuentas de esos asesinos con la sociedad española están muy lejos de
quedar saldadas.
Los terroristas participantes con plena impunidad en este acto
vergonzoso han utilizado su retórica habitual para tratar de
presentarse como víctimas de la intolerancia de los gobiernos
español y francés, como si el hecho de que hayan prescrito
judicialmente las causas abiertas contra ellos lavara la sangre que
todavía chorrea de sus manos. Muy al contrario, si han podido
celebrar ese aquelarre siniestro no es porque sean inocentes, sino
por su utilización de los resquicios de una legislación anacrónica
de cuyas dolorosas lagunas todavía se están beneficiando.
Ahora bien, está claro que ningún acto de estas características
podría celebrarse en territorio español sin el consentimiento del
Gobierno, cuya indulgencia con la organización asesina constituye un
insulto para todos los españoles y, muy especialmente, para las
víctimas de la barbarie etarra. Como acertadamente señaló ayer
Consuelo Ordóñez, es el Gobierno el que faculta a estos asesinos
para entrar legalmente en el país y además, según la presidenta de
Covite, el que informa a los etarras de que sus causas judiciales
han quedado prescritas.
El agravio es todavía mayor puesto que, a todas luces, actos como el
celebrado ayer en Alsasua constituyen un enaltecimiento del
terrorismo, figura penada por nuestras leyes actuales, cuya
organización ha sido llevada a cabo además por un colectivo, el de
de huidos de ETA, que no es más que otra rama de la organización
terrorista como ha quedado acreditado en numerosas causas
judiciales.
Resulta muy doloroso que tengan que ser las organizaciones de
víctimas las únicas que, poniendo en riesgo la seguridad de sus
miembros, actúen en la medida de sus posibilidades contra estos
actos vergonzosos y delictivos. Unos conciliábulos siniestros que
sólo la inacción culpable del Gobierno de Mariano Rajoy permite que
todavía se sigan organizando en un régimen de vergonzosa impunidad.
El motín de Sant Jordi
josé garcía domínguez ABC Cataluña 16 Marzo 2014
Aquí hay honrados padres de familia en pleno uso de sus facultades
mentales persuadidos de que romper España es tan fácil como ir al
notario para registrar la compraventa de una parcela en Sardañola
del Vallés
Sin duda, las tres instituciones más notables que ha aportado
Inglaterra a la Humanidad son la monarquía parlamentaria, el
gin-tonic y ese rincón de Hyde Park, el “Speakers’ Corner”, donde
cualquier ciudadano subido sobre un cajón puede proclamar la
República Universal de los Soviets, el Estado de la Felicidad
Planetaria, o la solemne declaración de independencia del Distrito
de Notting Hill, pongamos por caso. Cuánto dinero en subsidios a la
llamada Asamblea Nacional de Cataluña nos habríamos ahorrado los
contribuyentes si el alcalde Trias hubiese habilitado un espacio
similar en, pongamos por caso, el Parque de la Ciudadela. Así, sin
necesidad de incurrir en mayores dispendios, la señora de la ANC –no
recuerdo ahora su nombre – podría auparse sobre una caja de
Coca-Cola el día de San Jordi y alumbrar el “Estat Català”.
El viejo Marx escribió en su tiempo, y con clarividencia notable por
cierto, sobre el fetichismo de las mercancías. Sin embargo, de otro
tipo de fetichismo no menos extendido y poderoso, el de las
palabras, aún está casi todo por decir. De ahí que tantas personas
adultas continúen pensando a estas alturas que basta una declaración
unilateral de independencia para que nazca un nuevo Estado sobre la
faz de la Tierra. Por lo visto, aquí hay honrados padres de familia
en pleno uso de sus facultades mentales persuadidos de que romper
España es tan fácil como ir al notario para registrar la compraventa
de una parcela en Sardañola del Vallés. Sin embargo, el asunto
presenta algunos pequeños problemas de carácter, digamos, operativo.
¿Cómo piensa controlar, por ejemplo, la muchachada de la ANC
fronteras, comunicaciones e infraestructuras? ¿Tal vez interpretando
canciones de Lluís Llach ante los efectivos de la Guardia Civil y de
las Fuerzas Armadas encargados de su custodia? ¿O acaso tienen
previsto utilizar la fuerza para repatriarlos a la otra orilla del
Ebro? Misterio. Cuando el protagonista del cuento de Monterroso
despertó, el dinosaurio seguía allí. Con España, ¡ay!, les parará lo
mismo.
Cataluña: ‘división social e incertidumbre’
Pablo Sebastián ww.republica.com 16 Marzo 2014
Ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría,
que el desafío independentista de Artur Mas lleva hacia la ‘división
social y la incertidumbre’ y dice bien la vicepresidenta porque esa
es la verdad. Pero nos preocupa que el Gobierno, por boca de su
ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se meta
en el debate catalán y en la acusación del ‘España nos roba’ de los
independentistas porque ese cuerpo a cuerpo solo va a servir para
alimentar el victimismo catalán y para darle alas a los
secesionistas que necesitan mantener viva la llama del
enfrentamiento con España de cara a la movilización de sus bases
sociales. Máxime cuando Mas y sus socios ya tienen decidida su hoja
de ruta de la Diada del próximo 11 de Septiembre, su consulta
secesionista el 9 de noviembre, cuya prohibición les servirá para
agitar mas si cabe el enfrentamiento y la posterior pretendida
declaración de independencia del Parlamento catalán en abril de
2015, si es que antes no median los comicios ‘plebiscitarios’ con
los que amenaza Artur Mas.
El Gobierno debería ir, pues, con pies de plomo y con firmeza y
reflexionar sobre los riesgo que comporta el debate que propone
ahora García Margallo, porque el discurso español -y el de los
actores económicos catalanes- debería centrarse en la exigencia de
que Mas retire de una vez la consulta secesionista que piensa
convocar. Todo lo demás es dar cancha al independentismo. Y además
resulta un tanto extraño la especial dedicación del ministro de
Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, a la crisis del
desafío secesionista catalán porque ello puede inducir a una mala
lectura de su actuación dando por buena la idea de que la secesión
catalana es imparable. Y que, en consecuencia, empieza a ser un
problema de relaciones Exteriores de España más que de orden
interno.
Que el ministro García-Margallo haya respondido en su día con
documentos y razones distribuidas en las embajadas de España a la
campaña internacional de la Generalitat (por cierto pagada con el
dinero público español) podría tener sentido. Pero las últimas
acciones de García-Margallo sobre el problema catalán parecen fuera
de lugar y algunos casos inoportunas como su declaración de ayer en
la que afirmaba que había que propiciar un ‘alto el fuego verbal’,
como si estuviéramos en una guerra -al menos dialéctica- donde la
parte española practica una cierta violencia verbal lo que no es
cierto. Salvo que el ministro considere que su discurso es
belicista, o piense que las palabras de Rajoy sobre el caso de
Crimea y los catalanes son excesivas.
No se entiende bien a que está jugando García-Margallo porque entrar
en discusiones sobre lo que ocurriría en la economía de Cataluña en
caso de secesión es un disparate que parece dar por cierta esa
posibilidad, y algo ajeno a su competencia porque eso en todo caso
lo debería comentar el ministro de Economía De Guindos o el de
Hacienda Montoro, pero no el de Exteriores.
Desde el entorno del ministro García-Margallo se dice que el hoy
titular de la cartera de Asuntos Exteriores presume, entre sus
compañeros de Gabinete e incluso ante el presidente Rajoy, de que él
está en condiciones de reconducir el desafío catalán de Artur Mas,
quien ayer insistió ‘en su discurso del España no roba’ diciendo que
Cataluña pierde todos los años dinero por culpa de España. Al
parecer García-Margallo asegura en privado que tiene hilo directo
con el político de Unió Duran i Lleida y que cree que por esa vía él
logrará apaciguar la situación y buscar un punto de encuentro que
evite el ‘choque de trenes’ de la consulta por la independencia. La
que Mas y sus compañeros de viaje dicen que se va a celebrar aunque
sea ‘sacando las urnas a las calles’.
Podría darse el caso de que García-Margallo cambiara de destino
dentro del Gobierno -se habla de su posible paso a la cartera de
Economía, si De Guindos se va al Eurogrupo-, precisamente para
abordar esta cuestión catalana con una oferta de mejora fiscal para
esta Comunidad Autónoma, e incluso promesas de ampliación de sus
límites estatutarios. Lo que constituye el marco negociador de los
que en Barcelona y Madrid hablan de diálogo y negociación, cuando de
lo que deberían hacer es primero pedir al unísono que Mas retire la
consulta y regrese a la legalidad, antes de iniciarse cualquier
conversación.
Pero García-Margallo no es precisamente un ‘diplomático’ a la vieja
usanza sino que parece un político de rompe y rasga y más bien
combativo como lo demostró en algunas de sus actuaciones en política
exterior. Aunque si cree que él es el perfecto mediador en la crisis
catalana pues que deje el Palacio de Santa Cruz y que se instale en
la delegación del Gobierno en Barcelona donde todo lo tendrá más a
mano y a ver qué consigue.
Los discursos del diálogo, el apaciguamiento y el desistimiento ya
están agotados en el desafío catalán porque Artur Mas no puede dar
marcha atrás -salvo para marcharse- y el catalán solo quiere hablar
de su consulta a favor del derecho de autodeterminación y de la
independencia catalana. De ahí que al Gobierno de Rajoy solo le
queda aplicar la ley -y lo va a tener que hacer-, salvo que los
poderes económicos catalanes, que dieron alas a Mas jugando con la
autodeterminación, sean los primeros que den marcha atrás y sin
acudir a la trampa del ‘diálogo’ le exijan a Mas que retire la
consulta.
Todo lo demás son ganas de perder el tiempo y si de verdad el
ministro García-Margallo quiere hacer algo útil en contra de la
independencia catalana lo que debería es dedicar sus esfuerzos a
conseguir una declaración de los líderes de las primeras naciones de
la Unión Europea -aprovechando así la crisis planteada en Crimea- en
contra de cualquier secesión de un territorio de los países de la UE
y anunciando que si un territorio se va de la Unión nunca jamás
podrá volver. Aunque para ello es necesario que el ministro
García-Margallo se dedique a la política exterior con más ahínco y
no use su tiempo en la política interior que no es de su
incumbencia, aunque sabemos que todo ello lo hace con la mejor
intención.
www.pablosebastian.com
Algo se mueve en la sociedad civil catalana
José Rosiñol Lorenzo Periodista Digital 16 Marzo 2014
Durante los últimos treinta años de nacionalismo en Cataluña se ha
construido un muro de silencio que ha tratado de encorsetar a la
ciudadanía, que ha creado un simulacro de “sociedad civil”, una
falaz imagen de unanimidad social proclive a las tesis nacionalista,
todo ello gracias a generosas subvenciones públicas y, sobre todo, a
costosísimas campañas de publicidad vehiculadas a través de la red
de medios de comunicación públicos y subvencionados.
Esta obsesión por el control social forma parte de la estrategia de
“construcción nacional”, de hacer pasar por harmonía lo que no es
más que imposición, imposición cada vez menos sutil, cada vez más
agresiva, más coercitiva, es una maquinaria pensada para encuadrar a
la ciudadanía, para unir aquello local o cercano con el discurso
generalista, aquél que “vende” las bondades del “Proceso”
independentista a la población, que lo hace pasar como algo
metapolítico, como algo cuyo génesis parte del “pueblo” y lidera el
“pueblo”.
Este totalitarismo cada vez menos soft no tolera, y muchas veces no
concibe, la posibilidad de que exista alguien que discrepe con las
tesis soberanistas, como si existiese una especie de relación
axiomática entre ser catalán y ser independentista, como si la mera
catalanidad fuese razón suficiente (y necesaria) para abrazar la
Causa nacionalista, de ahí la adversa reacción ante la disidencia,
ante esos extraños catalanes díscolos que no queremos someternos al
proceso de asimilación cultural y política nacionalista.
Por ello, cuando han surgido organizaciones o asociaciones cuyo
único objetivo era sacar a la luz pública la verdadera Cataluña,
aquella plural, abierta e inclusiva, dar voz y visibilidad a esa
mayoría silenciosa invisible a las estadísticas oficiales de la
Generalitat y en los medios de comunicación al servicio del Régimen
(nacionalista) se la ha tratado de silenciar creando un cinturón
sanitario mediático, o se les ha denostado de todas las maneras
posibles, se las ha difamado relacionándolas con movimientos
políticos extemporáneos o, simplemente, se les presenta como algo
residual, anecdótico o “poco” catalán.
En realidad, esta paz de los silencios, esta harmonía de la
adhesión, esta fraternidad de la renuncia democrática, este
acaparamiento de lo civil por organizaciones al servicio de la Causa
como Òmnium Cultural y la cada vez más excéntrica e influyente ANC,
esta monopolización y manipulación de la sociedad civil que tanto ha
facilitado las cosas a los próceres del nacionalismo está llegando a
su fin.
Somos muchos los catalanes convencidos de que tenemos que ser
nosotros mismos los que nos plantemos ante este escenario de
fractura social e imposición política, seremos nosotros, los que
formamos parte de la Cataluña plural que enriquece cultural y
democráticamente a nuestra comunidad autónoma, los que nos hemos de
articular y movilizar de tal forma que rompa con la espiral de
silencio impuesta por el nacionalismo.
Pero esto que digo no es un brindis al sol, no es un grito en el
silencio, no es la simple opinión de un columnista, puedo decir que
algo se mueve en Cataluña, que vamos a poder ver un potente
movimiento cívico que aunará los esfuerzos de muchas organizaciones
sociales que luchan por la libertad y los derechos de todos los
ciudadanos de Cataluña, movimiento cívico formado por catalanes de
distintas sensibilidades culturales e ideológicas cuyo denominador
común es no dejarse arrastrar por la pesadilla excluyente del
nacionalismo y, sobre todo, por lograr una Cataluña abierta, plural
y verdaderamente inclusiva.
A medida que se acerque el próximo 23 de abril será cuando veremos
la articulación de la sociedad civil catalana, creo que este es un
día muy especial en Cataluña, no solo porque celebramos la
festividad de Sant Jordi, una celebración centrada en lo cultural,
en el libro, en la cultura catalana y, por tanto, española, cuando
muchos balcones se engalanan con la bandera catalana (bandera cada
vez más arrinconada por la “estelada”) y algunos (los más atrevidos)
con la española, sino porque es uno de los pocos símbolos que aún
resisten a la “nacionalización”, que aún es de todos los catalanes
no solo de los independentistas.
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