AGLI Recortes de Prensa   Domingo 16  Marzo  2014

La semana trágica del 11-M-2014: impunidad por unanimidad
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 16 Marzo 2014

En principio, el balance del décimo aniversario de la masacre del 11M no puede ser más desolador. Nuestro grupo –el de Libertad Digital y esRadio- se ha quedado prácticamente solo defendiendo una evidencia: todas las pruebas en que se fundó la investigación de la masacre eran falsas, todas las condenas son injustas y, después de diez años, todos los poderes -políticos, judiciales, mediáticos- que desde la tarde del 11M empezaron a pergeñar una Versión Oficial sobre el cómo, el quién y el porqué de la autoría han sido incapaces de rematarla con un mínimo de coherencia. Al revés: puede decirse sin exagerar demasiado que este 11M de 2014 el esfuerzo denodado de sólo dos medios de comunicación –El Mundo (que, pese a su sorprendente viraje editorial, sigue siendo el que merece mayor crédito por su ímprobo trabajo) y el grupo Libertad Digital / esRadio- han conseguido dejar nítidamente claro que todo en la masacre y su investigación –si cabe hacer tal diferencia- está tenebrosamente turbio. Nunca nuestras dudas han sido y parecido tan demostradamente justificadas y nunca las frágiles explicaciones oficiales se han mostrado tan erráticas y contradictorias, tan torpemente absurdas, tan ridículamente inverosimiles.

Intelectualmente, puede decirse que el pulso entre los mantenedores y los impugnadores de la versión islamista u oficial ha concluido con un éxito indiscutible de los escépticos. Sólo nos faltaba ver al juez Gómez Bermúdez y al fiscal Zaragoza reivindicar la autoría de la sentencia más infame de la historia de la Justicia española en unos términos de tal endeblez jurídica, de tal desvergüenza intelectual, de tan absurda fatuidad que, si los que siempre hemos sostenido que mentían hubiéramos diseñado un escenario para que todos vieran sus embustes, no podríamos haber soñado uno mejor que el de las entrevistas-río de ambos sujetos. Es cierto que en un país serio, ambos estarían ya desposeídos de sus cargos y sujetos a gravísimos cargos que los abocarían a luengos años de condena. Pero en esta deshauciada España, nos basta con ver a los estafadores intelectuales quedar en ridículo. Ya no aspiramos a más condena que la de la opinión pública. Y esa, la hemos tenido de sobra. Ni un juez, ni un fiscal, ni un simple estudiante de Derecho verán en el futuro las manifestaciones de Gómez Bermúdez y Zaragoza sin una mezcla de vergüenza cívica e indignación profesional. Ni se puede hacer peor un trabajo ni ser peores.

Al mismo tiempo, nunca la clase política se ha empeñado de forma tan unánime en respaldar el 11M desde el 14M, nunca el golpe de régimen perpetrado mediante la masacre y su manipulación política ha disfrutado de un apoyo tan incondicional. Nunca el zapaterismo, esa criatura monstruosa alumbrada por la mentira del 11M, amamantada por el sectarismo del 13M y puesta en pie como el proyecto de liquidación nacional, el más terrible de nuestra historia, el 14M, había sido tan plenamente asumido por todos los partidos políticos, desde ERC a UPyD, desde el PNV al PSOE, CiU y el PP. Puede decirse que la impunidad de los criminales y sus encubridores ha sido votada por unanimidad.

Y dar por buena la agujereada e insostenible versión oficial del 11M supone dar por bueno el zapaterismo en lo que tiene de lógica continuación de la masacre: negociación con los terroristas y legitimación del proyecto político de la ETA, desarme institucional frente al separatismo catalán y, para garantizar el desmantelamiento del régimen constitucional del 78, es decir, para asegurar la Segunda Transición, construir un sistema mediático, especialmente audiovisual, pronto extendido a los periódicos de papel, donde sólo rige una ley: todo lo que no sea nítidamente bipartidista está condenado a la extinción. Pese a la hegemonía audiovisual aplastante de la Izquierda, la Derecha en el Gobierno se ha esforzado en liquidar o reducir a su mínima expresión a los medios liberal-conservadores si no están bajo la disciplinada protección de la zarina Soraya y el zar Mariano Pantocrátor.

La deslegitimación de la clase política ha alcanzado, sin embargo, a la versión oficial del 11M. La ignorancia terrible mostrada en la encuesta de LD supone también el desconocimiento de todos los embustes políticos que, tras la masacre, marcaron el curso del zapaterismo. Una parte de los jóvenes que por primera vez se han acercado a los terribles hechos del 11M han podido comprobar, al menos los que tienen una mínima actividad cerebral y una sana inquietud cívica, lo endeble y mendaz de las patrañas oficiales. Y otra parte, por desgracia seguramente mayor, no habrán creído la versión oficial porque ya no creen nada de lo que les digan los políticos, desde el Rey y Rajoy a Rubalcaba y Rosa Díez, comparsa absurda y de última hora en este trágico funeral marceño de la pobre nación española.

Reforma fiscal: mucha ideología y poco parné
Carlos Sánchez El Confidencial 16 Marzo 2014

Al profesor Richard M. Weaver se le atribuye una frase genial que -por su simplicidad- merece ser rescatada. Weaver, uno de los iconos del pensamiento conservador de la segunda mitad del siglo XX, advertía de que “las ideas tienen consecuencias”.

Parece una verdad de perogrullo, pero no lo es. Weaver, incluso, escribió un libro con ese mismo título (editado en España hace algunos años) en el que defendía la razón frente a las falsas ideologías que deslumbran a una parte de la opinión pública, pero que, en realidad, tienen un fuerte comportamiento tóxico.

Y donde mejor se observa esa dicotomía entre razón e ideología es en materia tributaria. Ninguna parcela del pensamiento económico ha consumido tanta demagogia y populismo, lo cual ha desbaratado, en muchas ocasiones, la capacidad de recaudación de los poderes públicos para hacer política en el sentido más noble del término, aunque a Weaver le horripilaran los igualitarismos. En unos casos, por la capacidad de presión de amplios colectivos que actúan como verdaderos saqueadores de rentas públicas, y que en realidad pretenden desarmar al Estado para que no construya hospitales, colegios o infraestructuras útiles para el conjunto de la sociedad y no sólo para unos pocos.

En otras ocasiones, las élites políticas han caído en el error de considerar los impuestos como un fin en sí mismo y no un medio para lograr determinados objetivos de política económica. Algo que explica, por ejemplo, que en el pasado se hayan aprobado subidas brutales de la presión fiscal sin ninguna justificación. Simplemente por ideología al abrigo de un pensamiento profundamente equivocado: los impuestos, cuanto más altos, mejor.

No quiere decir esto, sin embargo, que los impuestos carezcan de ideología. Al contrario, son la máxima expresión del pensamiento en términos económicos y políticos, pero desnudarlos de su componente racional en aras de obtener ventajas políticas a corto plazo aboca necesariamente al desastre. Como, por cierto, ha sucedido en España en muchas ocasiones.

¿Gastos o ingresos?
Afortunadamente, sin embargo, en los últimos años, han aflorado diversas teorías que cada vez ponen más énfasis no tanto en la capacidad de recaudación del Estado -la madre del cordero de cualquier sistema impositivo- sino en el gasto público como instrumento principal para corregir las desigualdades y garantizar la igualdad de oportunidades, en última instancia la misión fundamental de cualquier Estado que se proclame constitucionalmente “social y democrático de Derecho”, como es el caso de España. O dicho de otra forma: la política social hay que hacerla a través del gasto público y no de forma exclusiva mediante los ingresos.

El Gobierno tiene, sin duda, la prerrogativa de aprobar leyes de recentralización del sistema tributario, pero eso iría contra la corresponsabilidad fiscal. Y, sobre todo, contra el sentido común. Carece de justificación que quienes van a gastar no tengan capacidad recaudatoriaEsta ha sido, de hecho, la estrategia tributaria que han seguido algunos países nórdicos y del centro de Europa, donde se han hecho compatibles altos tipos impositivos en la tributación directa (IRPF), que no daña la capacidad de competir de su economía manteniendo su carácter progresivo, con instrumentos de política fiscal que favorecen su sistema productivo. Una especie de utilitarismo fiscal inspirado en Bentham o Stuart Mill.

En Suecia, Finlandia, Austria, Holanda o Dinamarca, por ejemplo, el tipo del impuesto que grava el beneficio de las empresas no supera el 25%, cinco puntos menos que España. Mientras que el IVA general (que no grava las exportaciones) es sensiblemente mayor (hasta el 25% en el caso de Dinamarca). Ni que decir tiene que en esos países el peso de las cotizaciones sociales es sensiblemente menor para no perjudicar el empleo.

En la piel de toro, muy al contrario, las sucesivas reformas fiscales desde que Fernández Ordóñez dijera que sus amigos estaban dejando de ser personas físicas para convertirse en personas jurídicas, ha ocurrido lo contrario. Y como no puede ser de otra manera, su nivel de recaudación es el segundo más bajo de la eurozona (un 37,1% del PIB), sólo por delante de Irlanda, que ha hecho del dumping fiscal su razón de ser en términos económicos. Como se ve, mucha ideología pero poco parné. Y eso que los tipos impositivos se encuentran entre los más elevados de la UE, lo que refleja una evidente incoherencia entre los tipos nominales (lo que aparece en la propaganda oficial) y los efectivos (lo que realmente se paga).

Esta comparación, en última instancia, será la prueba del algodón de la reforma fiscal que debe aprobar el parlamento en la segunda mitad de este año, y que probablemente tenga poco que ver con las propuestas de los expertos designados por el Gobierno. Básicamente, porque España es un Estado autonómico o cuasi federal, como se prefiera, lo que obliga al Gobierno central a pactar el sistema impositivo con las regiones, lo cual no es ni bueno ni malo, es, simplemente, una obligación constitucional. Y en verdad no tiene sentido discutir sobre impuestos cedidos (como el de Sucesiones o el de Transmisiones Patrimoniales) cuando son los parlamentos regionales quienes van a decidir los tipos impositivos.

Recentralización del Estado
El Gobierno tiene, sin duda, la prerrogativa de aprobar leyes de recentralización del sistema tributario, pero eso iría contra la corresponsabilidad fiscal. Y, sobre todo, contra el sentido común. Carece de justificación que quienes van a gastar no tengan capacidad recaudatoria, y, por lo tanto, lo mejor que puede hacer el Gobierno es huir de esas tentaciones. Claro está, salvo que opte por liquidar el Estado de las autonomías, lo cual, sin duda, es legítimo, y de hecho hay muchos ciudadanos que suspiran por ello. O, claro está, que el Gobierno quiera volver a caer en el mismo error que explica la quiebra de muchas comunidades autónomas: que sólo se preocupaban de gastar pero no de recaudar.

El margen de maniobra no es tampoco mucho más amplio en el IVA, un impuesto vigilado por Bruselas. Entre otras cosas porque buena parte de la financiación de la UE sale de la imposición indirecta. Y los tipos son ya suficientemente altos como para intentar otra vuelta de tuerca en estos momentos.

En Sociedades e IRPF, por lo tanto, es donde se encuentra el meollo del asunto, y lo que recomiendan los expertos es, simple y llanamente, más de lo mismo. Probablemente porque no hay mucho margen a causa de los costes de recaudación, pero también por falta de arrojo político (incluso técnico) para dar la vuelta como a un calcetín a un sistema impositivo que históricamente ha tirado por lo más fácil.

Quiere decir esto que, de nuevo, la reforma fiscal que se propone gira en torno a lo más fácil: gravar los activos no deslocalizables, el trabajo y la vivienda. Dejando libres de polvo y paja a aquellos que pueden volar como un pájaroEn el caso del Impuesto de Sociedades, ha tirado de las pequeñas y medianas empresas, carentes de instrumentos de ingeniería fiscal que sí tienen las grandes empresas, y que afloran de forma descarada en las múltiples deducciones fiscales, muchas de ellas sin ninguna justificación (como por cierto reconocen los expertos). Y en el caso del IRPF, lo fácil ha sido tirar de los asalariados, incluso durante el franquismo, cuando el IRTP de entonces llegó a representar más del 50% de la recaudación total por imposición directa. De hecho, como todo el mundo sabe, el Impuesto sobre la Renta es, en realidad, un impuesto sobre las nóminas, lo cual explica en buena medida los problemas de recaudación del Estado.

Lo más curioso de la propuesta fiscal de los expertos, sin embargo, se refiere a la vivienda, donde se propone no una fiscalidad del siglo XXI, identificando, como cabría esperar, nuevos hechos imponibles como los negocios generados a través de internet (comercio electrónico), sino del XVIII o de la España franquista, cuando se gravaba el patrimonio o los signos externos de riqueza y apenas la renta generada por el contribuyente.

Lo paradójico es que, al mismo tiempo, se propone eliminar definitivamente el Impuesto del Patrimonio. O sea que el patrimonio -en minúscula- de millones de pequeños propietarios sí habría que gravarlo pese a que en muchos casos es consecuencia de la política arbitraria del Estado en favor de la propiedad y no del alquiler, pero no el Patrimonio -con mayúsculas- de quienes han acumulado grandes propiedades, enajenada ahora de las bases imponibles.

Quiere decir esto que, de nuevo, la reforma fiscal que se propone gira en torno a lo más fácil: gravar los activos no deslocalizables, el trabajo y la vivienda. Dejando libres de polvo y paja a aquellos que pueden volar como un pájaro.

Como se ve, toda una incoherencia que es todavía mayor si se tiene en cuenta que al mismo tiempo que se habla de neutralidad y de equidad fiscal se propone un sistema impositivo dual en el que las rentas del trabajo tributan a un tipo (más alto) y las del capital a otro (más bajo).

¿No sería más razonable caminar hacia la convergencia de ambos tipos en una zona intermedia aplanando la tarifa del IRPF? A lo mejor así se ensanchaban las bases imponibles sin aumentar la presión fiscal.

Un país a la deriva
Vicente A. C. M. Periodista Digital 16 Marzo 2014

Mariano Rajoy tiene otorgada por el reglamento de su partido la potestad de designar al candidato a las elecciones europeas. Esta facultad digna de cualquier dictador que se precie tiene en un sin vivir a los dirigentes que aspiran a lograr ese dorado retiro con sueldos astronómicos y dietas propias de altos ejecutivos. El caso es que Rajoy sigue deshojando la margarita y va a apurar su decisión hasta el límite máximo legal que permite la ley electoral. Pero la percepción desde fuera es que Rajoy muestra un profundo desprecio por el electorado.

Este comportamiento tan impresentable e inaceptable por parte del actual partido del Gobierno solo puede obtener una respuesta y es que los ciudadanos le devolvamos el desprecio que nos hace ignorándole en las elecciones y votando a otras alternativas políticas. Porque ¿con qué autoridad moral y política va a convencer el candidato designado por "el dedo divino de Rajoy"? Un candidato incapaz de dar un discurso que no sea "el de su amo y señor".

Y así es como pretende esta casta política que los ciudadanos se ilusionen con el proyecto europeo. Un mercado persa donde España es un país de nula influencia y que si se mantiene en tan "selecto club" es solo por el interés colonizador de los países ricos y productivos que siguen aumentando la brecha de las dos Europas y asfixiando a los países intervenidos para garantizarse su dependencia y sumisión por décadas. La mejor forma de eliminar la posible competencia.

Es una verdad incuestionable el que la primera vez que te engañan es culpa del que nos ha mentido, pero la segunda vez es nuestra culpa. El PP nos mintió en las elecciones del 2011 prometiendo salir de la crisis, crear empleo y acometer la reforma de la Administración reduciendo el inmenso gasto y la regeneración política con la reforma de la ley electoral y la persecución de la corrupción. Nada de lo que prometió lo ha cumplido. Al contrario, durante estos dos años se ha dedicado a realizar una política opuesta a la que se le supone como ideario y base de su electorado. Y ahora sigue con la táctica del desprecio a los ciudadanos con actitudes totalitarias y dictatoriales en algo tan importante como la representación en el Parlamento europeo.

Si quieres que te vuelvan a engañar vota al PP o al PSOE. Si te abstienes les facilitarás las cosas a los dos. Si no votas desperdiciarás una oportunidad de forzar el cambio. Hay otras alternativas que no se esconden en sus propuestas y que respetan a los ciudadanos. Es la hora de acabar con el bipartidismo y la prostitución de nuestros votos en coaliciones de confluencias de intereses por el poder. Entre todos logremos que esta casta sienta el miedo de la inseguridad como la que sufren millones de ciudadanos en paro o con el temor de perder su trabajo.

Todos podemos porque tenemos en nuestros votos la verdadera democracia.

Menéndez Pelayo y la nación hecha historia
fernando garcía de cortázar ABC 16 Marzo 2014

Nadie como el insigne polígrafo para reivindicar la coherencia histórica de una cultura y una nación españolas

Recordemos todos con vergüenza ajena el aire de trámite de urgencia burocrática con que se despachó el centenario de la muerte de Menéndez Pelayo. Ya estamos resignados a que cualquier homenaje a quienes han sido forjadores de una conciencia nacional carezca de lo que ha venido en llamarse «olor de multitud». Pero cabía esperar que una minoría que se pretende selecta ofreciera su colaboración al indispensable cultivo de nuestra memoria nacional. Ni los poderes públicos que habrían de identificarse con las inquietudes de don Marcelino; ni los medios académicos que habrían de pensar rigurosamente la historia cultural de España; ni la muchedumbre de intelectuales a quienes debería exigirse que descubrieran los orígenes de nuestro pensamiento crítico contemporáneo, parecen haberse dado cuenta de la circunstancia tan propicia y exigente que teníamos ante nosotros. Porque en el año 2012 coincidía el desafío lanzado por el separatismo no sólo a la unidad, sino también a la idea misma de España, con la fecha en que podíamos conmemorar el primero de los grandes esfuerzos de nuestro tiempo para dar coherencia histórica y dignidad espiritual al proceso constituyente de la nación española.

Será porque el desprecio por una tradición que nos identifica es ya transversal. Será porque a nadie parece interesar la búsqueda de un principio de soberanía que no empezó ni se agota en los textos jurídicos, sino que nació como toma de conciencia de una vida tramada en el curso de los siglos. No acierto a entender cómo creen algunos responsables de la formación de nuestra ciudadanía, que podremos oponer los argumentos de las razones históricas de España a las imaginativas leyendas del delirio secesionista. No será, desde luego, con ese conformismo legalista que sólo entiende España como un Estado de derecho, olvidando que, para poder serlo, ha debido existir previamente un sentimiento de pertenencia, una convicción patriótica y la lenta sedimentación de una cultura que da origen, finalidad y carácter al edificio institucional de nuestra Carta Magna. España no existe porque así lo dice la Constitución. La Constitución existe porque la quisieron, redactaron y votaron quienes ya eran españoles.
Una vida al servicio de la nación

Menéndez Pelayo irrumpió en la escena intelectual española cuando estaba en sus inicios el régimen de la Restauración. El sentido de su obra gigantesca, iniciada con poco más de veinte años y provista de una asombrosa y precoz erudición, fue encontrar la sustancia de la cultura española y el sentido profundo de un prolongado proyecto nacional. Por su edad, Menéndez Pelayo se hallaba al margen de los conflictos armados que enfrentaron a liberales y carlistas en los dos primeros tercios del siglo XIX. Por su carácter, deseaba descubrir el modo de integrar a los españoles en una conciencia unitaria, que superara el conflicto radical entre los abanderados de un progreso sin patria y de una tradición sin actualidad. Por su formación, quería hacerlo desde el rigor de los documentos y la voluntad del estudio, alejado de hueca retórica del casticismo reaccionario y del arrogante papanatismo de los falsos europeístas.

Don Marcelino dedicó su vida entera a construir una idea de España. La pugna sangrienta de las guerras civiles había concluido, parecía entonces que definitivamente. Pero el final de la contienda bélica había de completarse con una dura labor intelectual, una empresa titánica destinada a recobrar la seguridad de los españoles en ellos mismos. Una tarea que fuera capaz de afirmar la solidez histórica de una nación, la honra de su pasado, la decencia de sus principios fundacionales, su servicio al humanismo europeo y el papel indispensable desempeñado por nuestra cultura en la formación de la conciencia de Occidente. Contra lo que afirman algunos iletrados, Menéndez Pelayo estuvo muy lejos del nacionalismo integrista, y bien que se lo reprocharon algunos intelectuales ultracatólicos que lo tuvieron por principal enemigo. Del mismo modo que denunciaron su obra quienes pretendían que España, lastrada por sus ideales católicos, había perdido el rumbo del desarrollo económico y del saber científico desde los comienzos de la era moderna.
Pedagogía patriotica

A unos y a otros respondió el intelectual santanderino , haciendo de España el país donde mejor prendió un Renacimiento humanista, que evitaba el oscurantismo protestante y brillaba al sol de la inserción de los valores de la cultura clásica en la fe y la razón del ideario católico. Su infatigable capacidad de trabajo y su actitud tolerante le permitieron exigir rigor a sus oponentes y exigirse a sí mismo el repudio del sectarismo: «Siguiendo el consejo y el ejemplo del gran Leibniz, en todo libro busco primeramente lo que puede serme útil y no lo que prefiero reprender.» Tal liberalidad no era ausencia de convicciones ni vano eclecticismo, sino pura y simple ausencia de prejuicios y, sobre todo, la voluntad de rendir un servicio asumido como causa a la que valía dedicar la vida entera: definir con precisión científica y con pasión intelectual la realidad histórica de España. La tenacidad y la hondura de aquel esfuerzo merecen nuestra atención y nuestro afecto. Pero aún más, lo que el propio don Marcelino nos habría solicitado en estas horas difíciles y vacuas: cumplir con nuestra responsabilidad intelectual, devolviendo a los españoles la seguridad de que somos ciudadanos de una gran nación, afirmada en la verdad de lo que se hizo en el pasado y sustentada en la insaciable voluntad de hacer historia juntos.

Las razones de España
Menéndez Pelayo es el primer intelectual que se plantea cuál es el elemento esencial que permite vertebrar la cultura nacional española. Tenía solo veinte años cuando publicó «La ciencia española», en la que defendía el pensamiento tradicional español frente a las denuncias del krausismo, mientras reivindicaba la herencia del Renacimiento católico en contra de la opinión de los sectores integristas. A su esfuerzo por fundamentar la identidad española se sumó en seguida su monumental «Historia de los heterodoxos españoles» (1880-1882), que completaba su reflexión sobre el aporte de la filosofía y la ciencia de nuestro país a la cultura europea. En los años siguientes se dedicaría a la edición de voluminosos ensayos de crítica literaria, como la «Historia de las ideas estéticas en España», «Estudios sobre Lope de Vega» y «Orígenes de la novela». Al fallecer, antes de cumplir los 56 años, dejó una obra que llena los 65 volúmenes de la edición iniciada en 1940 por el CSIC.

TRAUMAS
JON JUARISTI ABC 16 Marzo 2014

La mera conmemoración del 11-M reaviva la memoria del enfrentamiento civil al que dio ocasión
EL principal acuerdo tácito de la transición a la democracia no estorbarla tirando de agravios abiertos desde la Guerra Civil se lo llevó por delante el 11-M resucitando la división de 1936, algo que ni siquiera ETA había conseguido hacer en su casi medio siglo de terrorismo. Los revanchistas, que habían sido marginados a lo largo del proceso constituyente y que, pese a sus esfuerzos, no pudieron radicalizar a la izquierda durante las dos legislaturas del PP, encontraron por fin su oportunidad en aquel traumático fin de semana del 11 al 14 de marzo de 2004, cuando un tsunami de odio desatado contra Aznar encumbró a un perdedor nato cuyo programa solo a medias oculto consistía en cargarse los consensos básicos alcanzados en el pacto constitucional.

Lo llevó a término con tal rapidez y eficacia que, a finales de su primera etapa como presidente, podía afirmarse, esta vez con entera justeza, aquello que un correligionario suyo había proclamado veinticinco años antes, es decir, que tras el paso de los socialistas por el Gobierno a España no la iba a conocer ni su madre. Y es que, en efecto, la España de 2008 se parecía mucho más, en su índole moral y afectiva, a la de febrero de 1936 que a la de diciembre de 1978. No solo había desaparecido la izquierda liberal. También el liberalismo de la derecha se estaba desmoronando aceleradamente y emergía por todas partes lo más recalcitrante de un intratable pueblo de cabreros. Que te escupieran por haber ostentado cargos políticos con Aznar no tenía nada de sorprendente, dada la calaña del antifranquismo sobrevenido. Más curioso resultaba el hecho, que tampoco se me ha ahorrado experimentar, de que algún juvenil majadero (o majadera) de una derecha con mando en plaza te tratara como un guiñapo para recordarte que sus abuelos ganaron una guerra que tus padres perdieron. Al antifranquismo sobrevenido de la izquierda le correspondió así un franquismo atávico y pardillo que comenzó a asomar en un pijerío tan estólido como encantado de haberse conocido.

La sociedad española no ha superado la regresión al imaginario de la Guerra Civil que indujo, primero en la izquierda, y después, por reacción no solo defensiva, en la derecha, la matanza de Atocha. La crisis secesionista en Cataluña, el enquistamiento de ETA y de su entorno en la administración local vasca y navarra, la imposibilidad de pactar entre los partidos de ámbito nacional lo más mínimo en materia de política económica, relaciones laborales, prevención de la corrupción, educación, aborto, etcétera, proceden de aquel destazarse de la propia nación en la mañana del 11 de marzo de 2004 y de la incapacidad colectiva para soldar los pedazos. Solo entre los sobrevivientes de las generaciones que hicieron la transición (y que rebasan en su mayor parte la sesentena) puede encontrarse algo parecido a la nostalgia de una nación democrática, pero ese sentimiento no se ha transmitido a los más jóvenes, que han crecido inmersos en los nuevos resentimientos particularistas.

Por eso es un error la mera conmemoración del 11-M. Porque reaviva el trauma que propició el retorno destructivo de lo que la transición había reprimido consciente y deliberadamente: el otro trauma, el de la Guerra Civil. En los EE.UU., la conmemoración del 11-S refuerza la cohesión nacional, pues la respuesta a los atentados contra el World Trade Center fue la unión de demócratas y republicanos contra el terrorismo islamista. En España, ante el 11-M, sucedió lo contrario: una división incivil que convierte todos los recuerdos personales de aquel espantoso fin de semana de marzo de 2004 en vectores de un viejo rencor aparentemente inextinguible.

DÉCIMO ANIVERSARIO
Los agujeros que alientan la versión B del 11-M
 www.gaceta.es 16 Marzo 2014

Una década después sigue sin conocerse la totalidad de la investigación del mayor atentado terrorista de la historia de España.

Diez años después del mayor atentado de la historia de España, todavía son muchos los detalles que no se conocen de la tragedia que se vivió el 11 de marzo de 2004. Fruto de este desconocimiento son muchos los que han interpretado que la versión oficial de los sucesos, la que fue juzgada y sentenciada en la Audiencia Nacional, no es sino una cortina de humo lanzada sobre los verdaderos hechos.

Como señaló el juez Javier Gómez Bermudez, ponente de la sentencia: “...hay cosas tan complejas, tan graves, que es mejor que no se sepan todavía, que se sepan más adelante”. Quizá esa falta de transparencia, una vez juzgados y condenados los detenidos por el 11-M sea la que ha dejado abierta la puerta a las interpretaciones que encontraron hueco en varios medios de comunicación e, incluso, dentro de un sector del Partido Popular que no daba por buena que se concluyera la investigación sin que salpicase a la banda terrorista ETA.

GACETA.ES ha recibido un estudio cronológico en el que se señalan los cabos sueltos que habrían quedado en la investigación del 11-M. El documento se centra en declaraciones de los protagonistas de la investigación comparadas con textos realizados por periodistas que contradicen la versión oficial, la crítica a la falta de relación entre la investigación del atentado en Madrid con el asesinato de los siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Bagdad, y los ya recurrentes interrogantes que subyacen sobre la furgoneta Renault Kangoo, la mochila de Vallecas y la muerte de los islamistas en el piso de Leganés, donde resultó muerto también el agente Francisco Javier Torronteras.

El documento hace especial hincapié en señalar los cambios en la línea de investigación que favorecerían al PSOE. Del mismo modo señala la línea de investigación realizada por los servicios secretos norteamericanos y como estos han eliminado, ya durante la administración de Obama, los atentados de Madrid de la lista de atentados islamistas en el mundo.

Finalmente, en las últimas páginas del estudio, descalifica las investigaciones realizadas sobre la 'Operación Nova', achacada al grupo terrorista islámico Mártires de Marruecos, que tendría por objetivo, según interceptaron los servicios secretos, atentar contra la Audiencia Nacional, la sede del Partido Popular en Madrid y varias estaciones ferroviarias. Según el informe, todos los testigos y peritos que cita coincidirían en señalar que fue un montaje para justificar la investigación realizada para esclarecer el 11-M.

Las malas hierbas no dejan de crecer
Juan Laborda www.vozpopuli.com 16 Marzo 2014

La farsa, el engaño, la pantomima se han convertido en el pan nuestro de cada día. No hay nada donde agarrarse, el panorama no puede ser más desolador. Literalmente se están riendo en nuestra cara a carcajada limpia. La ciudadanía se empobrece a marchas forzadas, pero da igual, se falsea la realidad. Las inconsistencias e incongruencias en la Contabilidad Nacional alcanzan límites nauseabundos. Tienen que ser otros desde fuera quienes realicen un diagnóstico preciso de lo que ocurre aquí. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su segundo informe sobre desigualdad lo deja muy claro. A la hora de analizar los procesos de ajuste en las economías europeas, España se sitúa a la cabeza ya no solo de aumento de las desigualdades sino también de un castigo excesivo a los bolsillos de los más débiles. No hay brotes verdes, las malas hierbas crecen por doquier.

Pero están desbocados. Una tras otra todas las propuestas van encaminadas a mantener los privilegios de unos pocos, de todos y cada uno de aquellos que nos han llevado hasta aquí. Dos botones de muestra. En primer lugar, la contrarreforma fiscal promocionada por un grupito de “expertos”, y plasmada en un informe cuyo papel se podría haber destinado a otros menesteres. En vez de implementar una auténtica reforma fiscal encaminada a mejorar nuestro aparato productivo y a aliviar la situación de asfixia de las familias españolas, sus propuestas son exactamente aquellas que el propio informe del FMI sobre desigualdades considera que disparan la pobreza y la brecha de la desigualdad.

Otro ejemplo de trilerismo patrio es el nuevo real decreto sobre la refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial hecho a la medida de la banca. El objetivo de quien lo promocionó y vendió al gobierno no era aliviar la carga de la deuda empresarial, sino ver cómo se las podían ingeniar para dar la vuelta a la tortilla, de manera que frente a la necesidad y obligación de la banca de provisionar por las refinanciaciones, éstas se reubicaran, se cambiaran de cajón para que no fueran tal y no consuman ni provisiones ni capital. ¡Qué listos!

La contrarreforma fiscal y el informe del FMI
Casualidades de la vida, la presentación del Informe de la mal llamada Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español coincidió en el tiempo con la publicación del segundo informe sobre desigualdad del FMI. Y ello tiene su guasa, porque, como veremos, las propuestas de los denominados “técnicos” son exactamente aquellas que desaconseja el propio Informe del FMI porque aumentan las desigualdades y la pobreza.

Según el informe del FMI, la brecha de la desigualdad crece más cuando los ajustes se concentran más en los impuestos regresivos y se corta el gasto social progresivo. El estudio recalca que los impuestos directos -como el IRPF o el Impuesto de Sociedades- “son más redistributivos” que los indirectos -aquellos que gravan el consumo (IVA)-, mientras que la protección social es también más efectiva a la hora de reducir la desigualdad. En las últimas décadas los tributos directos y las transferencias sociales ha reducido en un tercio la desigualdad, según el FMI.

Sin embargo, aquí, en nuestro querida España, erre que erre. Según lo publicado sobre las propuestas de reforma tributaria, las cosas pintan mal, muy mal. No nos debemos deslumbrar por ninguna comisión de expertos sobre ningún tema. Bajo un traje aparentemente técnico se esconde en la mayoría de las veces una ideología pura y dura. Pasó con la contrarreforma de las pensiones y ocurre exactamente lo mismo con la contrarreforma fiscal. Desprende un tufo a ideología neoclásica de lo más rancio. Vamos, puro siglo XIX.

Pierde el factor trabajo, ganan grandes corporaciones y rentistas
La contrarreforma fiscal anunciada por los expertos va a recaer nuevamente sobre el factor trabajo, en beneficio de rentistas y grandes corporaciones. Se proponen incrementos en el IVA y aumentos en las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores. También se aconseja que en el caso de los contratos indefinidos tributen por las indemnizaciones por despido. Ya no les bastaba con una reforma laboral que ha precarizado y aumentado la temporalidad a niveles bochornosos. No, hacía falta más carnaza. Pero ahí no para el atropello.

Se incluye además una propuesta delirante de tributar por la vivienda habitual, única riqueza disponible por la inmensa mayoría de los españolitos, tras ser incentivada, lamentablemente, como un bien de inversión y no de uso. La inmensa mayoría de los ciudadanos después de ver reducidos sus salarios, aumentados sus impuestos, y una vez que se les ha recortado al mínimo su protección social, después de todo ello, y tras el colapso del precio de la vivienda, se les quiere volver a meter mano imputando como renta la vivienda habitual. ¡Qué tropa!

Por el contrario, se propone eliminar el impuesto sobre el Patrimonio, si bien en su diseño actual sólo recaía sobre las clases medias, y rebajar las cuotas a la Seguridad Social de las empresas. Por lo demás, más de lo mismo, no se eliminan las deducciones y subvenciones que los distintos lobbies del IBEX35 han ido consolidando a lo largo del tiempo con los diferentes gobiernos de turno y cuyo tipo efectivo promedio roza un ridículo 9% para regocijo de muchos de esos mal llamados patriotas. Además no hay ninguna propuesta de señalización y lucha contra los grandes defraudadores, y que según el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha se concentra en las grandes corporaciones. Lo dicho, se ríen compulsivamente de nosotros. ¿Hasta cuándo?

Un Gobierno esclavo del gasto y una clase media asfixiada
Alejandro Vara www.vozpopuli.com 16 Marzo 2014

El problema no es si se recauda mucho, sino si se gasta poco. Ya han parido los sabios sus consejos para la reforma fiscal. Trabajo hercúleo de 450 páginas de las que el maestro Ladares confía en que, al menos, el Gobierno respete un diez por ciento. De momento y para abrir boca, ya se ha cargado la propuesta de convertir la primera vivienda en renta de patrimonio.

Pero volvamos al principio. El problema no son los ingresos sino los gastos. No es de recaudación sino de dilapidación. El problema es que desde hace cinco años, este gobierno y el anterior, nos fríen a impuestos de una forma asfixiante y han conseguido aumentar la recaudación del 35 al 37 por ciento del PIB, un par de puntitos. Y el problema es que la deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó un nuevo récord en el cuarto trimestre del pasado año, con un montante de 960.640 millones, es decir, el 93,9 por ciento del PIB. O sea, un aumento de 8,6 por ciento. Y que la deuda de la administración central aumentó un 0,5 y la autonómica un 11,5.

¿Perder recaudación?
Ese es el problema. Y ahora ya pueden los expertos empezar a desmenuzar el voluntarioso trabajo del equipo Ladares que le servirá de excusa a Montoro para insistir en su juego favorito: ingresar y seguir gastando. Porque este informe e los sabios es un maravilloso brindis al sol, un brillante juego de ilusionismo. Quito de aquí para subir allá. La única ley que impera en el departamento de Hacienda es bien sencilla: "No podemos perder recaudación". Es decir, nadie me apea de mi 37 por ciento de ingresos fiscales. Y no es que sea mucho. En países vecinos incluso se alcanza el 50 por ciento. La cuestión es sobre qué lomos se asienta ese sacrificio.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha logrado ya su objetivo, al margen de si le cuadran o no las cuentas. Ha cambiado la sintonía, ha modificado el escenario,ha dado un giro copernicano al discurso. Desde que entramos en el nuevo año, la muletilla gubernamental ya no es 'ajuste y sacrificios' sino 'esperanza y recuperación'. Ya no se habla de subir impuestos sino de bajarlos. Esta es la habilidosa clave de este excelente golpe de efecto. Este es el acierto de esta jugada maestra de márketing político.

Hasta hace tres días llovían las pedradas sobre Moncloa por ciscarse en su programa electoral y engañar a su votante. Treinta subidas de impuestos tiene contabilizadas el maestro John Müller que ha perpetrado Montoro en estos dos años. "Ya me gustaría a mí, pero no podía hacer otra cosa", argumentaba, compungido el presidente. Ahora la lluvia de cascotes se va a transformar en tormenta de argumentos sobre si en vez de tocar el IRPF así habría que haber tocado el IVA asá. O si lo de sociedades es poco y lo patrimonio mucho. Pero el foco de la discusión ha dado un vuelco drástico. El verbo 'bajar' ha desplazado al 'subir' en el foco de la polémica.

Los paganos de la boda
El paquete, no puede dudarse, tiene aspectos positivos, otros muy discutibles y algunos, irrelevantes. Pero mientras el gobierno no agarre el cuchillo y se decida a recortar el gasto, se tratará de una iniciativa cosmética. Cambiar algo para que todo siga igual. Cuado la cuestión es mucho más simple: ¿Podemos financiarnos este Estado de los 17 estaditos? ¿Podemos mantener este Estado del bienestar ficticio e hipnótico?

Esta reforma fiscal no acarrea rebaja de impuestos (ciñéndonos al cómputo global). La gran reforma se basaría en ampliar decididamente las bases tributarias para que, al final, el pagano no siempre resulte el mismo. Es decir, la clase media, que ya se ha convertido, posiblemente, en la más hostigada y maltratada fiscalmente de Europa. El mazazo impositivo con que el gobierno del PP noqueó a los asalariados, ahorradores, autónomos, empresarios, nada más llegar al poder no queda paliado, en absoluto, con estas medidas de Ladares.

Este Gobierno, que algunos pensaban liberal y conservador, en vez de apretar la tuerca del gasto, sólo usa la llave inglesa para apretar la tuerca de los impuestos, a los que ha bautizado con el eufemismo de 'ingresos públicos'. Estado manirroto, confiscatorio, esclavizado al gasto... Hay tiempo y fórmulas para enmendarlo. Si no lo hace, el Gobierno habrá despreciado la gran oportunidad de poner en práctica seguramente la reforma económica más importantre, junto a la laboral, de toda la Legislatura.

En política, sin embargo, lo que funciona son las percepciones. Y, desde el famoso 'cabo de Hornos', ya se ha instalado la cantinela de 'bajada de impuestos' en vez de 'subida'. Y con esa muletilla se puede llegar cómodamente a las elecciones. Y hasta ganarlas.

el líder del par, socio del pp, denunciado por cohecho
El expolio de Aragón: la corrupción salpica ya a más de 70 políticos y empresarios
José L. Lobo El Confidencial 16 Marzo 2014

Ninguna comunidad autónoma es inmune a la corrupción. Pero se diría que algunas, como Aragón, parecen tener las defensas más bajas cuando se trata de combatir ese virus que penetra todas las terminales del poder. La lista negra de imputados acumula ya más de 70 políticos y empresarios en una región de sólo 1,3 millones de habitantes gobernada ahora por el PP, tras 12 años ininterrumpidos de ejecutivos socialistas. Y amenaza con seguir creciendo.

José Ángel Biel, presidente del Partido Aragonés (PAR), el socio de gobierno de la popular Luisa Fernanda Rudi, podría ser la próxima incorporación a ese listado de la infamia. El sindicato Manos Limpias presentó el pasado viernes una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra Biel, que es además presidente del Parlamento regional, por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

La víspera, el pleno de las Cortes de Aragón -el Parlamento autonómico- aprobó la creación de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas en la construcción y gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), un mayúsculo escándalo de presunta malversación de caudales públicos que podría alcanzar los 100 millones de euros. Y, precisamente, los únicos que evitaron respaldar la propuesta fueron Biel y el PAR, un partido que gobierna con mano de hierro desde hace 14 años.

Biel justificó su abstención -PP, PSOE, IU y Chunta Aragonesista votaron a favor- con un argumento nada sofisticado: "Las comisiones de investigación sólo sirven para dar alpiste a los canarios". En 2011, después de que El Confidencial sacara a la luz una grabación en la que un colaborador muy cercano de Biel aseguraba que éste se había embolsado 500.000 euros en comisiones a cambio de favores urbanísticos, el líder del PAR tampoco pareció inmutarse: "Que diga lo que quiera. Decir que yo he cobrado comisiones es ciencia ficción".

El epicentro de la corrupción
El llamado caso Plaza marca el epicentro de la galopante corrupción en Aragón. Pero no es, ni mucho menos, el único. Y el PAR es el ingrediente de todas las salsas políticas que se cuecen en la comunidad, un partido bisagra que se dejó querer por el socialista Marcelino Iglesias, primero, y ahora por Rudi, con la que firmó en 2011 en Madrid un pacto de gobernabilidad para toda la legislatura que fue apadrinado por el mismísimo Mariano Rajoy.

La trama de corrupción del caso Plaza empezó a tejerse en 2004, cuando el PSOE y el PAR gobernaban la comunidad. Y la madeja siguió creciendo sin parar hasta 2011, ya con Rudi -y de nuevo Biel de copiloto- en el poder. La gigantesca plataforma logística que se levanta a las afueras de Zaragoza, una de las mayores de Europa, pretendía ser uno de los motores económicos de Aragón y un proyecto estratégico para el desarrollo de la comunidad. Pero se ha convertido en un agujero sin fondo que suma más de 100 millones de euros en pérdidas acumuladas.

El expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias (d) con Ricardo García Becerril (i). (Efe)El expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias (d) con Ricardo García Becerril (i). (Efe)A esos gigantescos números rojos hay que añadir el saqueo de otros 100 millones de euros -según los cálculos de policías y jueces- que han sido presuntamente desviados, mediante sobrecostes y comisiones, a bolsillos que tienen nombres y apellidos. El caso Plaza se tramita, ya despiezado, en ocho causas judiciales distintas que suman, de momento, 17 imputados. Entre ellos, quien fuera mano derecha de Iglesias y viceconsejero de Obras Públicas en el último Ejecutivo socialista, Carlos Escó, y el empresario y máximo accionista del Real Zaragoza CF, Agapito Iglesias.

El pasado 26 de febrero, un juez de Zaragoza pidió para ambos una fianza de responsabilidad civil de casi 19 millones de euros, que deberán prestar conjunta y solidariamente con Ricardo García Becerril, ex gerente de Plaza, la sociedad pública que gestiona la plataforma logística, controlada por el Gobierno aragonés y participada por el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y CAI. Escó, que fue consejero delegado de Plaza, está casado con Eva Almunia, ex secretaria de Estado de Educación con José Luis Rodríguez Zapatero y rival de Rudi en las últimas elecciones autonómicas.

Escó puso tierra de por medio en 2010, cuando empezó a verle las orejas al lobo de la justicia, y fichó por Telefónica -uno de tantos políticos al que la multinacional de César Alierta ha encontrado acomodo- como responsable de Relaciones Institucionales para Latinoamérica. Telefónica le mantiene en su puesto, igual que Acciona ha cerrado filas en torno a dos de sus directivos imputados en la causa, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón. La familia Entrecanales ha desembolsado las fianzas que les impuso el juez, pese a que ambos están relacionados con el cobro de trabajos no realizados, certificaciones fraudulentas y facturas falsas para cargar gastos inexistentes.

Con las autonómicas a la vuelta de la esquina
El caso Plaza amenaza con envenenar la campaña electoral de las autonómicas de 2015. Ningún sondeo da a Rudi la mayoría absoluta en Aragón, y el PAR podría ser un incómodo aliado para el PP en la próxima legislatura si la telaraña de la corrupción acaba atrapando a Biel y los suyos. De hecho, una alcaldesa del PAR, Mariví Pinilla, se enfrenta a 37 años de prisión por cohecho, prevaricación y blanqueo en el llamado caso Molinos, una monumental estafa urdida en el municipio de La Muela, a 20 kilómetros de Zaragoza, en torno a la industria eólica.

El caso Molinos, que cuenta ya con 45 imputados, comenzó a fraguarse a mediados de la pasada década, cuando, casi de la noche a la mañana, La Muela se convirtió en uno de los municipios más ricos de España gracias a los más de 500 molinos de viento que surgieron como hongos. Hasta que se destapó la gigantesca corrupción urbanística que había alentado ese milagro económico. La trama presuntamente encabezada por Pinilla, y en cuyo festín participaron empresarios con pocos escrúpulos, ha dejado al Ayuntamiento asfixiado con una deuda de 25 millones de euros y un agujero tributario que roza los 10 millones.

A partir de mañana y hasta el próximo viernes, una docena de altos cargos y ex altos cargos del Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza desfilarán por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital aragonesa para declarar como testigos en una de las muchas ramificaciones del caso Plaza: el desfase millonario en la construcción de unas naves encargadas por la plataforma logística a la empresa Codesport, propiedad de Agapito Iglesias. Entre los convocados figura un consejero del Ejecutivo de Rudi, seis ex consejeros de la etapa del socialista Marcelino Iglesias y tres concejales del Ayuntamiento gobernado por Juan Alberto Belloch.

La querella de Manos Limpias contra Biel vincula a éste no sólo con el caso Molinos, sino también con el presunto cobro de 30 millones de euros en comisiones por la adjudicación de las depuradoras del Plan de Depuración de Aguas Residuales del Ejecutivo autonómico. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial aseguran que el sindicato de funcionarios planea ampliar la querella al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, José María Rivera, primo hermano de Biel.

España / 11-M
Rafá Zouhier, expulsado de España tras salir de prisión
El abogado de Zouhier considera «irregular» su expulsión de España
Paco Velasco. El Puerto de Santa María, Cádiz. La Razón 16 Marzo 2014

Rafá Zouhier, condenado a 10 años de cárcel por suministrar los explosivos de los atentados del 11M, ha salido de la prisión del Puerto de Santa María por una puerta trasera y trasladado en un furgón policial a una comisaría no desvelada. Según han informado hoy a EFE fuentes del Ministerio del Interior, Zouhier, que salió de la cárcel a la una de la madrugada, fue trasladado por la Policía a Tánger (Marruecos) sobre las 02.30 horas.

La Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía del Puerto de Santa María, comunicó al abogado de Rafa Zouhier - condenado a 10 años de cárcel por suministrar los explosivos de los atentados del 11M-, Antonio Alberca, que su cliente había sido detenido nada más quedar en libertad, para proceder de inmediato a su explusión, y que había quedado designado como abogado dentro de este procedimiento de explusión, sin embargo, el letrado aseguró a LA RAZÓN, que los funcionarios se negaron a facilitarle la comisaría en la que se encuentra en estos momentos, información desconocida igualmente para la mujer de Zouhier.

Rafa Zouhier, tenía instrucciones de su letrado de solicitar un habeas corpus si se producía esta situación, que era previsible para la defensa. El letrado expresó su queja, en declaraciones a LA RAZÓN, por el procedimiento seguido, ya que considera de todo punto injustificado que no le informen del lugar donde se encuentra su cliente para asesorarle legalmente respecto a la expulsión acordada, y que tiene intención de denunciar lo ocurrido ante el juzgado de guardia correspondiente.

Apelar al orden público
El nuevo expediente se ha regido por el Real Decreto 204/2007 sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. En concreto es el artículo 15 el que contempla la expulsión del territorio "cuando así lo impongan razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública".

Atendiendo a estos principios, la Policía emitió un informe informando a favor de la expulsión de Zouhier, que fue avalado por la Delegación de Gobierno.

Según abogados expertos en Extranjería consultados, Zouhier tenía la opción de solicitar como medida cautelar la suspensión de esa decisión ante un tribunal de lo Contencioso Administrativo, órgano competente para estudiar los recursos contra resoluciones adoptadas por la Administración. Así se estipula en el artículo 135 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

El abogado de Zouhier ya había anunciado a Europa Press que agotaría este recurso si se lo notificaban con el margen suficiente para acudir a un juez antes de que su cliente fuese expulsado. De haber conseguido su objetivo, se hubiese iniciado un proceso que derivaría en un juicio. Las fuentes consultadas avisan de que hay juzgados en los que ese juicio puede demorarse entre uno y dos años, según los casos y el grado de saturación del Juzgado ante el que se recurra.

Los expertos consultado ya advirtieron a Europa Press de que la Policía trata de agilizar al máximo los trámites de expulsión. "La clave en estos casos es ser más rápido que la Policía", explicaba uno de estos abogados experimentados en casos de expulsiones.

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Impunidad etarra en Alsasua
EDITORIAL Libertad Digital 16 Marzo 2014

El acto proetarra organizado ayer en la localidad navarra de Alsasua para dar la bienvenida a terroristas huidos de la Justicia ha levantado la lógica indignación entre las víctimas del terrorismo. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, entidad presidida por Consuelo Ordóñez, hizo acto de presencia en el lugar de reunión elegido por los asesinos no sólo para mostrar su indignación, sino también para hacer entrega de un listado con los 400 asesinatos perpetrados por ETA aún sin resolver, como testimonio de que las cuentas de esos asesinos con la sociedad española están muy lejos de quedar saldadas.

Los terroristas participantes con plena impunidad en este acto vergonzoso han utilizado su retórica habitual para tratar de presentarse como víctimas de la intolerancia de los gobiernos español y francés, como si el hecho de que hayan prescrito judicialmente las causas abiertas contra ellos lavara la sangre que todavía chorrea de sus manos. Muy al contrario, si han podido celebrar ese aquelarre siniestro no es porque sean inocentes, sino por su utilización de los resquicios de una legislación anacrónica de cuyas dolorosas lagunas todavía se están beneficiando.

Ahora bien, está claro que ningún acto de estas características podría celebrarse en territorio español sin el consentimiento del Gobierno, cuya indulgencia con la organización asesina constituye un insulto para todos los españoles y, muy especialmente, para las víctimas de la barbarie etarra. Como acertadamente señaló ayer Consuelo Ordóñez, es el Gobierno el que faculta a estos asesinos para entrar legalmente en el país y además, según la presidenta de Covite, el que informa a los etarras de que sus causas judiciales han quedado prescritas.

El agravio es todavía mayor puesto que, a todas luces, actos como el celebrado ayer en Alsasua constituyen un enaltecimiento del terrorismo, figura penada por nuestras leyes actuales, cuya organización ha sido llevada a cabo además por un colectivo, el de de huidos de ETA, que no es más que otra rama de la organización terrorista como ha quedado acreditado en numerosas causas judiciales.

Resulta muy doloroso que tengan que ser las organizaciones de víctimas las únicas que, poniendo en riesgo la seguridad de sus miembros, actúen en la medida de sus posibilidades contra estos actos vergonzosos y delictivos. Unos conciliábulos siniestros que sólo la inacción culpable del Gobierno de Mariano Rajoy permite que todavía se sigan organizando en un régimen de vergonzosa impunidad.

El motín de Sant Jordi
josé garcía domínguez ABC Cataluña 16 Marzo 2014

Aquí hay honrados padres de familia en pleno uso de sus facultades mentales persuadidos de que romper España es tan fácil como ir al notario para registrar la compraventa de una parcela en Sardañola del Vallés

Sin duda, las tres instituciones más notables que ha aportado Inglaterra a la Humanidad son la monarquía parlamentaria, el gin-tonic y ese rincón de Hyde Park, el “Speakers’ Corner”, donde cualquier ciudadano subido sobre un cajón puede proclamar la República Universal de los Soviets, el Estado de la Felicidad Planetaria, o la solemne declaración de independencia del Distrito de Notting Hill, pongamos por caso. Cuánto dinero en subsidios a la llamada Asamblea Nacional de Cataluña nos habríamos ahorrado los contribuyentes si el alcalde Trias hubiese habilitado un espacio similar en, pongamos por caso, el Parque de la Ciudadela. Así, sin necesidad de incurrir en mayores dispendios, la señora de la ANC –no recuerdo ahora su nombre – podría auparse sobre una caja de Coca-Cola el día de San Jordi y alumbrar el “Estat Català”.

El viejo Marx escribió en su tiempo, y con clarividencia notable por cierto, sobre el fetichismo de las mercancías. Sin embargo, de otro tipo de fetichismo no menos extendido y poderoso, el de las palabras, aún está casi todo por decir. De ahí que tantas personas adultas continúen pensando a estas alturas que basta una declaración unilateral de independencia para que nazca un nuevo Estado sobre la faz de la Tierra. Por lo visto, aquí hay honrados padres de familia en pleno uso de sus facultades mentales persuadidos de que romper España es tan fácil como ir al notario para registrar la compraventa de una parcela en Sardañola del Vallés. Sin embargo, el asunto presenta algunos pequeños problemas de carácter, digamos, operativo. ¿Cómo piensa controlar, por ejemplo, la muchachada de la ANC fronteras, comunicaciones e infraestructuras? ¿Tal vez interpretando canciones de Lluís Llach ante los efectivos de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas encargados de su custodia? ¿O acaso tienen previsto utilizar la fuerza para repatriarlos a la otra orilla del Ebro? Misterio. Cuando el protagonista del cuento de Monterroso despertó, el dinosaurio seguía allí. Con España, ¡ay!, les parará lo mismo.

Cataluña: ‘división social e incertidumbre’
Pablo Sebastián ww.republica.com 16 Marzo 2014

Ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que el desafío independentista de Artur Mas lleva hacia la ‘división social y la incertidumbre’ y dice bien la vicepresidenta porque esa es la verdad. Pero nos preocupa que el Gobierno, por boca de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se meta en el debate catalán y en la acusación del ‘España nos roba’ de los independentistas porque ese cuerpo a cuerpo solo va a servir para alimentar el victimismo catalán y para darle alas a los secesionistas que necesitan mantener viva la llama del enfrentamiento con España de cara a la movilización de sus bases sociales. Máxime cuando Mas y sus socios ya tienen decidida su hoja de ruta de la Diada del próximo 11 de Septiembre, su consulta secesionista el 9 de noviembre, cuya prohibición les servirá para agitar mas si cabe el enfrentamiento y la posterior pretendida declaración de independencia del Parlamento catalán en abril de 2015, si es que antes no median los comicios ‘plebiscitarios’ con los que amenaza Artur Mas.

El Gobierno debería ir, pues, con pies de plomo y con firmeza y reflexionar sobre los riesgo que comporta el debate que propone ahora García Margallo, porque el discurso español -y el de los actores económicos catalanes- debería centrarse en la exigencia de que Mas retire de una vez la consulta secesionista que piensa convocar. Todo lo demás es dar cancha al independentismo. Y además resulta un tanto extraño la especial dedicación del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, a la crisis del desafío secesionista catalán porque ello puede inducir a una mala lectura de su actuación dando por buena la idea de que la secesión catalana es imparable. Y que, en consecuencia, empieza a ser un problema de relaciones Exteriores de España más que de orden interno.

Que el ministro García-Margallo haya respondido en su día con documentos y razones distribuidas en las embajadas de España a la campaña internacional de la Generalitat (por cierto pagada con el dinero público español) podría tener sentido. Pero las últimas acciones de García-Margallo sobre el problema catalán parecen fuera de lugar y algunos casos inoportunas como su declaración de ayer en la que afirmaba que había que propiciar un ‘alto el fuego verbal’, como si estuviéramos en una guerra -al menos dialéctica- donde la parte española practica una cierta violencia verbal lo que no es cierto. Salvo que el ministro considere que su discurso es belicista, o piense que las palabras de Rajoy sobre el caso de Crimea y los catalanes son excesivas.

No se entiende bien a que está jugando García-Margallo porque entrar en discusiones sobre lo que ocurriría en la economía de Cataluña en caso de secesión es un disparate que parece dar por cierta esa posibilidad, y algo ajeno a su competencia porque eso en todo caso lo debería comentar el ministro de Economía De Guindos o el de Hacienda Montoro, pero no el de Exteriores.

Desde el entorno del ministro García-Margallo se dice que el hoy titular de la cartera de Asuntos Exteriores presume, entre sus compañeros de Gabinete e incluso ante el presidente Rajoy, de que él está en condiciones de reconducir el desafío catalán de Artur Mas, quien ayer insistió ‘en su discurso del España no roba’ diciendo que Cataluña pierde todos los años dinero por culpa de España. Al parecer García-Margallo asegura en privado que tiene hilo directo con el político de Unió Duran i Lleida y que cree que por esa vía él logrará apaciguar la situación y buscar un punto de encuentro que evite el ‘choque de trenes’ de la consulta por la independencia. La que Mas y sus compañeros de viaje dicen que se va a celebrar aunque sea ‘sacando las urnas a las calles’.

Podría darse el caso de que García-Margallo cambiara de destino dentro del Gobierno -se habla de su posible paso a la cartera de Economía, si De Guindos se va al Eurogrupo-, precisamente para abordar esta cuestión catalana con una oferta de mejora fiscal para esta Comunidad Autónoma, e incluso promesas de ampliación de sus límites estatutarios. Lo que constituye el marco negociador de los que en Barcelona y Madrid hablan de diálogo y negociación, cuando de lo que deberían hacer es primero pedir al unísono que Mas retire la consulta y regrese a la legalidad, antes de iniciarse cualquier conversación.

Pero García-Margallo no es precisamente un ‘diplomático’ a la vieja usanza sino que parece un político de rompe y rasga y más bien combativo como lo demostró en algunas de sus actuaciones en política exterior. Aunque si cree que él es el perfecto mediador en la crisis catalana pues que deje el Palacio de Santa Cruz y que se instale en la delegación del Gobierno en Barcelona donde todo lo tendrá más a mano y a ver qué consigue.

Los discursos del diálogo, el apaciguamiento y el desistimiento ya están agotados en el desafío catalán porque Artur Mas no puede dar marcha atrás -salvo para marcharse- y el catalán solo quiere hablar de su consulta a favor del derecho de autodeterminación y de la independencia catalana. De ahí que al Gobierno de Rajoy solo le queda aplicar la ley -y lo va a tener que hacer-, salvo que los poderes económicos catalanes, que dieron alas a Mas jugando con la autodeterminación, sean los primeros que den marcha atrás y sin acudir a la trampa del ‘diálogo’ le exijan a Mas que retire la consulta.

Todo lo demás son ganas de perder el tiempo y si de verdad el ministro García-Margallo quiere hacer algo útil en contra de la independencia catalana lo que debería es dedicar sus esfuerzos a conseguir una declaración de los líderes de las primeras naciones de la Unión Europea -aprovechando así la crisis planteada en Crimea- en contra de cualquier secesión de un territorio de los países de la UE y anunciando que si un territorio se va de la Unión nunca jamás podrá volver. Aunque para ello es necesario que el ministro García-Margallo se dedique a la política exterior con más ahínco y no use su tiempo en la política interior que no es de su incumbencia, aunque sabemos que todo ello lo hace con la mejor intención.
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Algo se mueve en la sociedad civil catalana
José Rosiñol Lorenzo Periodista Digital 16 Marzo 2014

Durante los últimos treinta años de nacionalismo en Cataluña se ha construido un muro de silencio que ha tratado de encorsetar a la ciudadanía, que ha creado un simulacro de “sociedad civil”, una falaz imagen de unanimidad social proclive a las tesis nacionalista, todo ello gracias a generosas subvenciones públicas y, sobre todo, a costosísimas campañas de publicidad vehiculadas a través de la red de medios de comunicación públicos y subvencionados.

Esta obsesión por el control social forma parte de la estrategia de “construcción nacional”, de hacer pasar por harmonía lo que no es más que imposición, imposición cada vez menos sutil, cada vez más agresiva, más coercitiva, es una maquinaria pensada para encuadrar a la ciudadanía, para unir aquello local o cercano con el discurso generalista, aquél que “vende” las bondades del “Proceso” independentista a la población, que lo hace pasar como algo metapolítico, como algo cuyo génesis parte del “pueblo” y lidera el “pueblo”.

Este totalitarismo cada vez menos soft no tolera, y muchas veces no concibe, la posibilidad de que exista alguien que discrepe con las tesis soberanistas, como si existiese una especie de relación axiomática entre ser catalán y ser independentista, como si la mera catalanidad fuese razón suficiente (y necesaria) para abrazar la Causa nacionalista, de ahí la adversa reacción ante la disidencia, ante esos extraños catalanes díscolos que no queremos someternos al proceso de asimilación cultural y política nacionalista.

Por ello, cuando han surgido organizaciones o asociaciones cuyo único objetivo era sacar a la luz pública la verdadera Cataluña, aquella plural, abierta e inclusiva, dar voz y visibilidad a esa mayoría silenciosa invisible a las estadísticas oficiales de la Generalitat y en los medios de comunicación al servicio del Régimen (nacionalista) se la ha tratado de silenciar creando un cinturón sanitario mediático, o se les ha denostado de todas las maneras posibles, se las ha difamado relacionándolas con movimientos políticos extemporáneos o, simplemente, se les presenta como algo residual, anecdótico o “poco” catalán.

En realidad, esta paz de los silencios, esta harmonía de la adhesión, esta fraternidad de la renuncia democrática, este acaparamiento de lo civil por organizaciones al servicio de la Causa como Òmnium Cultural y la cada vez más excéntrica e influyente ANC, esta monopolización y manipulación de la sociedad civil que tanto ha facilitado las cosas a los próceres del nacionalismo está llegando a su fin.

Somos muchos los catalanes convencidos de que tenemos que ser nosotros mismos los que nos plantemos ante este escenario de fractura social e imposición política, seremos nosotros, los que formamos parte de la Cataluña plural que enriquece cultural y democráticamente a nuestra comunidad autónoma, los que nos hemos de articular y movilizar de tal forma que rompa con la espiral de silencio impuesta por el nacionalismo.

Pero esto que digo no es un brindis al sol, no es un grito en el silencio, no es la simple opinión de un columnista, puedo decir que algo se mueve en Cataluña, que vamos a poder ver un potente movimiento cívico que aunará los esfuerzos de muchas organizaciones sociales que luchan por la libertad y los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña, movimiento cívico formado por catalanes de distintas sensibilidades culturales e ideológicas cuyo denominador común es no dejarse arrastrar por la pesadilla excluyente del nacionalismo y, sobre todo, por lograr una Cataluña abierta, plural y verdaderamente inclusiva.

A medida que se acerque el próximo 23 de abril será cuando veremos la articulación de la sociedad civil catalana, creo que este es un día muy especial en Cataluña, no solo porque celebramos la festividad de Sant Jordi, una celebración centrada en lo cultural, en el libro, en la cultura catalana y, por tanto, española, cuando muchos balcones se engalanan con la bandera catalana (bandera cada vez más arrinconada por la “estelada”) y algunos (los más atrevidos) con la española, sino porque es uno de los pocos símbolos que aún resisten a la “nacionalización”, que aún es de todos los catalanes no solo de los independentistas.
 


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