AGLI Recortes de Prensa   Domingo 23  Marzo  2014

Presidente y editor de La Voz de Galicia
Donde no queremos vivir
Santiago Rey Fernández-Latorre.  La Voz 23 Marzo 2014

Se ha dicho que la política es una profesión noble cuando se ejerce al servicio de los demás; y mezquina si se usa para el beneficio particular. A la vista de lo que hemos ido conociendo en los últimos meses, parece que ganan razón los que sostienen que la primera premisa ha caído en desuso. Porque nada más que mezquindad e intereses espurios aparecen cuando empiezan a levantarse las alfombras.

Si los jueces que investigan dentro de Galicia y fuera están algo en lo cierto, el panorama que nos presentan no puede ser más vergonzoso para la clase política, ni más desolador para quien se tenga por civilizado y demócrata.

Las grabaciones que se han ido conociendo en fechas recientes al levantarse en parte el secreto del sumario de la operación Pokémon muestran por sí solas el verdadero estado de necesidad que vive nuestra democracia. El espacio público, donde se gestiona en teoría el interés común, aparece colonizado por una multitud de indeseables que se dedican casi en exclusiva a sacar cada cual su tajada. Partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos, órganos fundamentales para la sociedad, han traicionado su vocación y se dedican a exprimir en su provecho el dinero público. Los contratos de servicios y obras se disfrazan de legalidad, pero se diseñan para que quienes deciden adjudicarlos y quienes los obtienen irregularmente se enriquezcan a costa de los impuestos de todos.

Nada puede haber de sano en una sociedad en la que se han implantado como algo habitual y cotidiano el cohecho, el soborno, la prevaricación, la malversación, la falsedad y el tráfico de influencias. Donde los principios de igualdad y legalidad se subvierten a diario con tanta ligereza que ya ni se disimula en las conversaciones telefónicas, como ha venido a poner en evidencia el trabajo pertinaz de algunos jueces.

Aunque esté siendo tan criticada estos días, la Justicia hace a los países libres. Podemos achacarle muchos defectos y rémoras, porque los tiene, y de ellos el principal es, sin duda, los largos e inasumibles plazos con los que trabaja. Tanto, que por eso mismo en muchas ocasiones se vuelve injusta, irracional y extemporánea. Se hace necesario no solo exigir urgencia en estos casos, sino atender a la dotación de medios para instaurar definitivamente la justicia rápida, que es la única verdaderamente eficaz.

Pero, pese a ese defecto en los tiempos, no puede haber reproche en que saque a la luz las miserias que grupos corrompidos quieren ocultar. Al contrario. La Justicia ejerce su función cuando, en lugar de mirar para otro lado, pide explicaciones, registra dependencias oficiales y persigue los delitos. Como se ha visto, ha aparecido ante la opinión pública tal maraña de intereses que en un solo sumario se cuentan ya casi un centenar de imputados. Independientemente de cual sea el resultado final del proceso, tal cifra muestra a las claras la permeabilidad de buena parte de las corporaciones municipales al amaño y al complot.

Es cierto que las indagaciones en la fase de instrucción no predeterminan culpabilidad. Y que la palabra imputado ha adquirido un valor que la norma jurídica no le da. Pero ni una cosa ni otra son argumentos de peso suficiente para tratar de imponer el silencio. Todos los acusados tienen el derecho a defenderse. Y a la presunción de inocencia, que en nuestro ordenamiento jurídico no quiere decir otra cosa que la garantía de que cualquier acusación ha de ser probada. Pero no es posible soslayar el derecho de la sociedad a poner freno a las prácticas corruptas. Y a exigir responsabilidades a quienes las hayan perpetrado.

Por eso no se entiende que los grupos políticos se muestren indulgentes y persistan en amparar con su inacción a quienes han hecho gala de comportamientos incompatibles con la gestión pública. Basta ver la zozobra en que ha entrado la corporación compostelana, o la pérdida de credibilidad de otros alcaldes y concejales para entender cuál es la principal causa de desafección de la sociedad con la clase política.

Es la principal, pero no la única. Los ciudadanos no solo han sido las víctimas de recortes en ámbitos tan sensibles como la sanidad y la educación; no solo han padecido una drástica caída de su poder adquisitivo, sino que han añadido a ello más empobrecimiento, con subidas de impuestos exagerados, pese a todas las promesas que se habían hecho de aligerar la carga social.

No se ha aligerado, sin embargo -más allá de algún gesto insuficiente-, el enorme coste de una Administración llena de duplicidades, que sigue instalada por inercia en la práctica del derroche.

Como constata este periódico al observar la evolución del gasto de la Administración central en los dos últimos años, casi la mitad de los ajustes han recaído sobre cuatro políticas de gastos: fomento del empleo, prestaciones y subsidios de paro, infraestructuras e investigación. Y las comunidades autónomas han retirado fondos también de algunas de estas partidas, pero han añadido al cadalso del Estado de bienestar nada menos que reducciones en sanidad y educación. Justo donde más necesario es dedicar recursos para atender las carencias que la crisis ha generado en la población.

Mientras, el gasto superfluo se incrementa en toda España. Las comunidades autónomas mantienen costosas estructuras ineficaces. Las 38 diputaciones de régimen común distribuyen un presupuesto que se acerca a los 6.000 millones; es decir, al billón de las viejas pesetas. Y se producen duplicidades inexplicables, como once defensores del pueblo, doce consejos de cuentas, 132 oficinas autonómicas en el exterior, varios consejos consultivos a imitación del Consejo de Estado, cámaras sin función, como el Senado, y numerosos organismos que ejercen tareas redundantes con las del Estado.

Si de verdad se hubiese trabajado en la clarificación y simplificación de las Administraciones, haciéndolas complementarias, no solo se habría evitado un gasto inasumible, sino que se habría construido una función pública propia del siglo XXI. Solo la inacción, la falta de miras o los intereses electoralistas pueden explicar que se haya impuesto tan lenta velocidad de crucero en este capítulo de verdadero cambio estructural del país.

Embarcados ahora en la carrera para las europeas, es posible que de nuevo se le dé carpetazo a la racionalización de la Administración, puesto que las fuerzas políticas prefieren entregarse al populismo. Tanto, que ni siquiera se planteará en la campaña el verdadero debate sobre Europa, pese a que son muchos los que ven que el proyecto común, tal como está enfocado, va camino de un fracaso estrepitoso.

Quizá sea la obsesión por los resultados electorales lo que hace a los políticos huir de medidas racionales. De otro modo, resulta imposible entender por qué no actúan ante problemas tan visibles y constatables.

No se entiende en España, por ejemplo, que las televisiones autonómicas consuman en un solo año 928 millones de euros para emitir programaciones que se alejan ostensiblemente de su finalidad.

No se entiende que se puedan sostener gastos ingentes y proyectos megalómanos con cargo al erario mientras un cataclismo recorre la economía gallega y le hace perder gran parte de los pilares que la hicieron sostenible.

No se entiende que se regateen los euros en los servicios indispensables de la comunidad, y se empobrezcan los servicios sociales mientras asistimos a la demanda desesperada de miles de familias que no pueden atender mínimamente la alimentación y el cobijo.

No se entiende que las empresas se vean forzadas a encarar el peor de los escenarios posibles con sacrificios impensables, o incluso sean impelidas a la liquidación, por el cierre de los mercados y las obligaciones fiscales, mientras endeudados clubes de fútbol se saltan alegremente las imposiciones tributarias y se permiten reclamar trato de favor para una gestión quizá acreedora a la responsabilidad penal.

No se entiende por qué miles de jóvenes tienen que abandonar su tierra a la fuerza, por falta de expectativas.

No se entiende cómo se puede dejar a su suerte al sector primario gallego, con la pesca en conflicto, la agricultura diezmada y la riqueza forestal esperando la próxima oleada de incendios, mientras las medidas correctoras apenas pasan nunca de la fase de proyecto.

No se entiende cómo los ciudadanos llenan todos los días páginas informativas y programas de televisión con sus preocupaciones reales y los elegidos para atenderlas se dedican a convertir la sede parlamentaria en un indecoroso gallinero.

No se entiende que las ocupaciones de los representantes políticos se hayan alejado tanto de las reclamaciones de la gente de la calle.
Pero aún es tiempo de poner fin a la huida hacia delante.

Se requiere el coraje de cortar de raíz cualquier atisbo de corrupción y devolver la limpieza a los ámbitos políticos.
Se requiere la determinación de repensar el funcionamiento de la Administración y encauzarla hacia el dinamismo de la sociedad, en lugar de a coartar sus iniciativas.

Y se requiere abandonar el debate pueril basado en el menosprecio del rival y concentrar algún esfuerzo en la búsqueda de consensos para apoyar los sectores que son y serán durante muchos años el sostén de la economía gallega.

Se requiere, sobre todo, talla política y altura en los principios, que es lo que parece haber desaparecido de la escena.

Quizá aún tengan una oportunidad para recuperar la confianza los que creen que es posible, sano y provechoso vivir sin burocracia, sin juego sucio, sin confrontaciones irrelevantes y sin corrupción. Sería otra España, sería otra Galicia. Pero serían aquella España y aquella Galicia donde queremos vivir. Donde tenemos derecho a vivir. Y a ello siempre aspiraremos.

Suárez, o una transición desdichada
Pío Moa www.gaceta.es  23 Marzo 2014

Gracias a Torcuato Fernández Miranda, la transición se hizo “de la ley a la ley”, es decir, de la legitimidad franquista –y no desde una supuesta legitimidad frentepopulista—a la legitimidad democrática. La fórmula, llamada reformista, fue aprobada por una enorme mayoría (bastante mayor que la de la Constitución) en el referéndum de diciembre de 1976. Y lo fue contra todos los intentos de la oposición de imponer una “ruptura” para enlazar la democracia con el Frente Popular, prtetensión que combinaba la ignorancia histórica, la demagogia y un rencor artificial. Por otra parte, la transición era obligada. El franquismo se había quedado sin ninguna personalidad capaz de sustituir a Franco y, más decisivamente, se había suicidado al declararse régimen confesional católico: cuando la Iglesia tomó otro rumbo en el Concilio Vaticano II, el régimen quedó literalmente en el aire, y sobrevivió unos años solo gracias al escaso arraigo popular de la oposición y al prestigio de sus grandes logros políticos y económicos, y del propio Franco. Los encargados de realizar la transición dispusieron así de un enorme capital político resumible en dos puntos: una población básicamente reconciliada, olvidada de los odios y rencores de la república y la guerra; y un país económicamente sano y próspero, sin apenas desempleo, con un estado reducido pero eficaz y no endeudado, habiendo superado también el analfabetismo y la ignorancia de los tiempos de preguerra.

Aun con tales ventajas, la tarea exigía alguien con talla de estadista. Quizá pudo haberlo sido Torcuato, que orientó/tuteló a Suárez hasta el referéndum. Pero desde luego no era Suárez el estadista, ni tampoco el rey. Estos dos compartían una incultura más que notable, un nivel intelectual precario y una concepción de la política a base de relaciones públicas, simpatía y pequeñas maniobras y chapuzas, con una idea confusa sobre lo que podía cederse y lo que no. Después del referéndum, Suárez se sacudió la la tutela de Torcuato, que no aprobó la Constitución y abandonó la UCD. Torcuato falleció poco después, amargado según diversos testimonios, y Suárez no asistió siquiera a su funeral. El propio Suárez se definió así: “Mi punto fuerte es, creo yo, ser un hombre normal. Completamente normal. No hay sitio para genios en nuestra actual situación”. Pero al mismo tiempo él y los suyos presentaban la transición como una operación complicada y peligrosa, casi titánica, necesitada de dotes algo más que “normales”. Con la mayor desenvoltura, el hombre “normal” olvidó su pasado político como secretario general del Movimiento, sus maniobras de estilo ultraderechista para hundir la reforma preparada por Fraga, y sustituyó la necesaria política de altura por un entendimiento de bajo nivel, titulado pomposamente "reconciliación de los españoles", con la derrotada oposición rupturista. Y entre todos elaboraron una Constitución visiblemente chapucera, cuyos peligros, hoy tan agravados, previeron personajes tan distintos como Julián Marías, Fernández Miranda o Blas Piñar. El mundo de las ideas, así como la enseñanza en varias regiones quedaron totalmente abandonados a la izquierda y los separatistas, que desde entonces no cesaron de crecer. El paro aumentó a buen ritmo, y empeoró rápidamente la salud social (expansión de la droga --con muerte de miles de jóvenes y estrago en muchos más-- la delincuencia común, etc.).

El terrorismo, particularmente, se volvió una plaga insoportable, abriéndose paso la nefasta idea de ofrecer a la ETA una “salida política”, clave de la corrosión de la democracia y del estado de derecho, que con Zapatero y Rajoy llegarían a su culminación. Después de todo, la ETA era un grupo con verdadero historial antifranquista, no como tantos que salían a última hora pretendiéndose tales, incluso en la derecha. ¿No se había identificado antifranquismo con democracia, tergiversación aceptada por la derecha, al menos la de Suárez? Entonces la ETA era la democracia máxima. Más aún, su asesinato de Carrero Blanco la convertía en la verdadera artífice de la democracia, pues, ¿no concidía mucha gente en un irrisorio análisis político, según el cual Carrero era el mayor obstáculo a las libertades? La ETA, para colmo, reunía en sí el separatismo y la izquierda más o menos marxista, condensando en una sola organización al añorado Frente Popular, alianza de izquierdas y separatismos vencido en la guerra civil. ¿Acaso no merecía todas las comprensiones y complacencias?

En su frivolidad, el “hombre normal” quiso superar al PSOE por la izquierda, creando en la UCD las tensiones que la llevaron a la implosión. Por fin, el 29 de enero de 1981, desaprobado por el rey y por todos lo partidos, Suárez dimitió. Con su clásica mezcla de oportunismo y debilidad argumental, explicó su salida por el deseo de evitar “que el sistema democrático se convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”, una idea perfectamente ilógica. Si él se sentía promotor y representante de la democracia, ¿iba a dejar camino libre a sus enemigos? Se habló de presión militar, pero él estaba satisfecho de “haber reducido a su verdadero papel a los militares”, y en cambio se quejaba especialmente del mundo financiero y de la Iglesia. E implicar como “paréntesis democrático” a la II República, en la que incluía al Frente Popular, sonaba harto extravagante de quien había hecho su carrera política en el aparato franquista. Según Calvo-Sotelo, Suárez exhibió por aquellos días una pecular euforia: “¿Os dais cuenta? Mi dimisión será noticia de primera página en todos los periódicos del mundo” El rey le recompensó entonces con un ducado, pero no con el Toisón de Oro antes otorgado a Torcuato, dejándole contrariado, pues creía merecerlo más que su antiguo protector.

En el desbarajuste creado en aquellos años, y del que fue él máximo responsable, se habló de un necesario "golpe de timón", y ocurrió poco después el conato golpista del 23-f. Se lo presentó como una conspiración militar involucionista cuando hoy sabemos que en él estuvo complicado, a un nivel u otro, gran parte de la clase política, incluidos el rey y el PSOE. Suárez abandonó el poder entre denuestos casi generalizados, hoy olvidados –la memoria histórica en España es tan débil como la honestidad intelectual o política--. Luego, el impacto emotivo de sus desgracias familiares y ciertas comparaciones posibles con Felipe González, reivindicaron su figura de modo a mi entender ficticio. Pero él persistió aún en jugar a la política y crear un partido cesarista que le obedeciera incondicionalmente. Todavía cosechó algún pequeño éxito parcial, dividiendo más, de paso, a la derecha.

Estas cuestiones y otras asimismo importantes, y generalmente desatendidas, las he tratado con bastante detalle en mi estudio La Transición de cristal. Ante el fallecimiento, que se estima inminente, de Adolfo Suárez, se impone un análisis político lo más serio posible, ya que se trata de una figura histórica. Otra cosa es el lado personal, siempre emotivo porque la muerte es el destino de todos y nadie sabe en ese terreno cual es el criterio, dejado a Dios por los creyentes. Pero no conviene mezclar las dos cosas.

Las tres muertes de Adolfo Suárez
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 23 Marzo 2014

Todo en la muerte de Suárez está resultando tenebrosamente metafórico. Para empezar, nunca una "muerte inminente" como la anunciada por su hijo ha sido menos inminente o simplemente rápida. Para continuar, a todos los efectos, Suárez había dejado de existir entre el último año de Aznar y el primero de Zapatero, el inaugurado con la masacre impune del 11M. Y para terminar, el régimen constitucional de 1978, del que fue actor esencial, está muerto precisamente desde ese año 2004 en que su mente se eclipsó definitivamente. Por eso, el acabamiento de Suárez no es sólo el del final de una época sino el del final de su gran éxito, el del régimen democrático que, después de una Transición que hoy se antoja milagrosa, ayudó a traer a España. Suárez ha muerto cuando hace tiempo que murieron su talento y su obra política. Y van a celebrar sus exequias los enterradores de lo que, más allá de cualquier valoración, es su legado: el régimen constitucional del 78.

Cualquiera podría haber hecho la Transición, aunque, lógicamente, nadie la hubiera hecho como Suárez. El guión estaba escrito por Carrero Blanco, la mano derecha de Franco, desde treinta años atrás, cuando diseña el futuro como una monarquía que asegurase los valores esenciales del franquismo. No la continuidad del régimen, que de hecho, había cambiado mucho ya en vida del Dictador. Muy poco se parece el régimen de la primera parte de la dictadura a la segunda, que empieza con el Plan de Estabilización de 1959 y la liberalización de aspectos sustanciales de la economía; y menos aún se parece la España de los 40 a la de mediados de los 70, al morir Franco.

El diseño de Carrero, con el Rey como clave de continuidad y cambio del régimen, estaba apoyado por el Opus de López Rodó y otros lópeces, y, en última instancia, por el propio Franco, que pese a las presiones familiares y políticas nunca pensó en otro rey que Juan Carlos. El cambio lo ejecutó Suárez con guión de Torcuato Fernández Miranda, pero el que seguramente iba a hacerlo, Herrero Tejedor –mentor de Suárez-, hubiera cumplido bien cualquiera de las dos funciones, en el Gobierno o en las Cortes. Arias Navarro y Rodríguez de Valcárcel fueron obstáculos algo absurdos en un camino claramente trazado desde el franquismo y que, en realidad, era el único posible para un cambio de régimen incruento y sin revanchismos guerracivilistas. O sea, los del PSOE miserable de Zapatero cuando Suárez empezó a morir.

Con el éxito del Referéndum para la Reforma Política, su triunfo electoral en 1977, la redacción y votación de la Constitución en 1978 y las elecciones y nueva victoria de 1979, Suárez consiguió pasar de Secretario General del Movimiento (el partido único de Franco) en 1976 a Presidente del Gobierno democrático en 1977 y constitucional en 1979. En sólo tres años prodigiosos, al principio junto al Rey y el grueso del franquismo y, después, en consenso con AP, el PCE y el PSOE, Suárez logró un milagro.

Lo que no pudo es sobrevivir a él. Desde 1979, el PSOE, el Ejército, su propio partido y, sobre todo, el Rey, que pasó de padrino a enemigo, conspiraron incansablemente para echarlo del poder. Suárez estaba convencido de que sólo podían hacerlo mediante un golpe de Estado pero que ese golpe de Estado acabaría fatalmente con la democracia. Y entonces se produjo el segundo milagro, el más importante: el falangista Suárez, el que se definía como "un chusquero de la política", el que según el PSOE "pretendía entrar a lomos del caballo de Pavía en las Cortes," demostró, frente al Rey, los partidos y los poderes fácticos, que él sí creía en la soberanía nacional y en la democracia. Y dimitió, en sus propias palabras, "para que la democracia no fuera un paréntesis en la historia de España".

No lo fue, aunque el golpe contra Suárez, teledirigido, entre otros, por el Rey, ya no se podía parar. Pero en el lío del 23-F orquestado por el CESID se perdió la pista, si no de su valor físico ante los golpistas, que ha quedado grabado para siempre, sí del valor político ante el golpismo de Adolfo Suárez. Yo creo que hasta Suárez, en su andadura al frente de un nuevo partido, el CDS, perdió de vista su propio valor. No era un hombre de ideas, pero sí de valores. No mantuvo fidelidades pero sí lealtades. No fue un político genial, pero abordó con genio la tarea política más difícil del siglo XX: enterrar en libertades, en democracia, la Guerra Civil. Fue, sencillamente, un español de su tiempo, pero un buen español. Y nuestro tiempo, y la España que aún nos queda, le deben recuerdo y consideración.

Marcha
Dignidad no es paternalismo estatal
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 23 Marzo 2014

Aunque sus promotores probablemente no sean conscientes de ello, el manifiesto de la "marcha de la dignidad" constituye una enmienda a la totalidad contra el Estado de Bienestar; ese mismo Estado de Bienestar que, paradójicamente, este mismo sábado han salido a jalear por las calles de Madrid.

A la postre, todos coincidimos en la gravedad de los males que se denuncian en ese manifiesto: millones de trabajadores con estudios en el paro, salarios menguantes, desahucios de miles de familias, deterioro del poder adquisitivo de las pensiones, connivencia de ciertas élites empresariales con el poder político, bancos quebrados y rescatados a costa del contribuyente o sobreendeudamiento generalizado. Pero el salto lógico hacia el vacío de los manifestantes se produce cuando pasan de la descripción de las dolencias al diagnóstico de sus causas y a la prescripción de paliativos.

Así, a su juicio, la Caja de Pandora se ha abierto cuando el Estado ha comenzado a achicarse… a pesar de que jamás en la historia los Estados occidentales han sido tan grandes como en la actualidad. No en vano, el Estado moderno juega un papel central y cuasi monopolístico en áreas tan capitales para nuestras vidas como son la educación, la sanidad, las pensiones, la asistencia social, las infraestructuras, las relaciones laborales o la moneda, apropiándose para ello de la mitad de toda nuestra renta. Y ahí una estrecha vinculación entre el desbordamiento del Estado y los anteriores dramas sociales: han sido los bancos centrales y sus privilegios otorgados a la banca privada los que cebaron el sobreendeudamiento privado y la burbuja inmobiliaria de cuyo colapso ha brotado el desempleo en masa; ha sido la planificación estatal de la educación la que ha impedido que los planes de estudio de los estudiantes se adaptaran dinámicamente a sus necesidades laborales, condenándoles al desempleo o subempleo pese a acumular más de dos décadas de formación costeada por el sufrido contribuyente; y ha sido el fraudulento sistema Ponzi de la Seguridad Social el que ha condenado a varias generaciones de esforzados trabajadores a percibir pensiones raquíticas y en continuada erosión.

Pero, pese a ello, los manifestantes nos reaseguran que este fracaso colectivo no se debe a haber erigido un mastodonte burocrático disfuncional que anula la capacidad de elección del ciudadano y le sirve en bandeja nuestras libertades a políticos, lobbies y transitorias coaliciones electorales; no, el fracaso colectivo se debe a que las clases medias todavía disponen de una pizquita de renta disponible después de impuestos y a que el Estado no saquea suficientemente a las empresas dentro de las cuales se producen todos los bienes que sustentan nuestros actuales estándares de vida. No: más bien, todo lo contrario.

Uno podría comprender, y de hecho comprende, perfectamente que la gente salga a la calle a protestar tras sentirse estafada por el Estado: éste ha depauperado fiscalmente a millones de personas a cambio de prometerles unos servicios y prestaciones en una cantidad y calidad fantasiosas. Por desgracia, la gigantesca carga fiscal que estoicamente han soportado los españoles —el trabajador medio soporta una tributación superior a los 15.000 euros anuales— ha impedido que una gran porción de la clase media haya acumulado un suficiente patrimonio que le confiriera la autonomía financiera necesaria para poder escoger en el mercado a los mejores proveedores de servicios sociales. En consecuencia, las clases medias se han vuelto ultradependientes de las dádivas de unos políticos que ahora reconocen la estafa que en su momento perpetraron al prometer populistamente bienestar a raudales cuando, en realidad, sólo estaban multiplicando el bienestar del Estado. Y, claro, ahora la gente protesta y patalea.

Pero su error, su inmenso error, es postular que el remedio a esta estafa pasa por profundizar todavía más en la estafa. No es de recibo confundir dignidad con Estado y, por tanto, dignidad con coacción. La prosperidad colectiva no proviene del sometimiento colectivo, sino de la libertad individual y social. No necesitamos más Estado, sino más sociedad; no más ordeno y mando, más intervenciones coactivas, más exacciones tributarias, más burócratas oligarquizados sino más acuerdos voluntarios, más cooperación pacífica, más intercambios y altruismo social, y más empresarios y ahorradores. Y ninguna de estas sanas reivindicaciones puede hallarse entre las marchas de la dignidad. Dejemos de huir hacia adelante. No necesitamos una involución estatista sino una revolución liberal: el Estado paternalista e intervencionista es el problema, no la solución.

Desnortados, pero totalitarios
EDITORIAL Libertad Digital 23 Marzo 2014

La denominada "Marcha de la Dignidad" puso ayer de manifiesto en Madrid el delirio programático del que vienen haciendo gala las principales organizaciones políticas y sociales que apoyan estas algaradas extremistas. Los representantes de las distintas expediciones, procedentes de toda España, tomaron la palabra en el centro de Madrid para hacer públicas las reivindicaciones que consideran imprescindibles para sacar al país de la crisis. Sin embargo lo que ayer se escuchó en la capital de España no fue un catálogo de medidas más o menos afortunadas para acabar con las dificultades económicas que nos afectan a todos los ciudadanos, sino una especie de pronunciamiento popular que cuestiona la base misma de la democracia con el fin de implantar un sistema totalitario por métodos violentos al gusto de la izquierda.

Todos los radicalismos tuvieron ayer su acomodo en esta manifestación pretendidamente espontánea, a pesar de que sus proclamas coinciden plenamente con la agenda de los grupos políticos que están poniendo precisamente en riesgo la supervivencia de España como una nación libre, soberana y democrática. Así, en una concentración que tenía como objetivo declarado promover una mejora de las condiciones económicas de los ciudadanos, pudimos escuchar acusaciones hacia los poderes públicos por intentar, por ejemplo, que en Cataluña los niños puedan estudiar en su lengua materna. Ver a unos manifestantes que protestan por el recorte de "derechos sociales" aplaudir a quienes están destruyendo uno de esos derechos en una parte del territorio nacional, da una idea del nivel de sectarismo de los participantes en una marcha que, si algo no tuvo, fue precisamente dignidad, ni ética ni tampoco intelectual.

Pero esa fue tan sólo una de las muchas contradicciones de una manifestación destinada fundamentalmente a tratar de expulsar del poder al Gobierno del PP por métodos antidemocráticos, como no se cansaron de insistir los oradores. En el terreno económico, el programa defendido por los portavoces no pudo ser más contrapuesto. Se quejan de que los políticos han llevado al país a la ruina, pero piden otorgar más poder a esos mismos políticos a condición de que sean de izquierdas; están en contra de la globalización, pero apuestan por "internacionalizar la lucha obrera" recuperando la retórica decimonónica del marxismo y, en fin, quieren que el Estado pague a cada ciudadano un sueldo mensual, pero evitando recortar el gasto público en otros sectores y dejando de pagar la deuda externa, con lo que la quiebra soberana del país y la ruina generalizada serían tan sólo cuestión de días.

Estas algaradas recurrentes de los grupos extremistas siempre cuentan con el apoyo más o menos explícito de los partidos de izquierda. IU porque en su locura programática defiende esas mismas medidas suicidas y el PSOE porque su falta de escrúpulos le permite asumir cualquier iniciativa que socave la legitimidad de su rival político cuando ostenta el poder. A pocas semanas de que se inicie la campaña de las elecciones europeas, ambas formaciones corren el riesgo de que los ciudadanos sensatos las identifiquen con estos grupos antisistema, cuyo recorrido electoral es inexistente tal y como ocurre cada vez que concurren a unos comicios en cualquiera de sus ámbitos. Mientras tanto, el Partido Popular debe estar viendo estas intentonas totalitarias como una posibilidad de mejorar sus expectativas electorales en el futuro próximo, porque frente a esta oposición callejera y los partidos que la apoyan, aparece forzosamente ante los ciudadanos como el único factor de estabilidad en la política española.

La esencia de la reunión de ayer fue ver a la UGT, protagonista del robo de los ERE andaluces, pidiendo acabar con la corrupción, y a personajes como Willy Toledo, palafreneros de los últimos reductos de comunismo, dando lecciones de democracia bajo la atenta mirada de diputados comunistas en las Cortes Generales. Unos radicales desnortados, considerados por los medios de izquierdas como un ejemplo de dignidad que la inmensa mayoría de los ciudadanos, por fortuna para nuestro país, no está dispuesta a imitar.

Cierre de un ciclo histórico
Alejo Vidal-Quadras Libertad Digital 23 Marzo 2014

Hay seres humanos cuya muerte no sólo representa su desaparición de este mundo como individuos, sino que simbolizan también el final de toda una época, como si su corazón hubiese dejado de latir a la vez que el tiempo que les tocó vivir llegara a su agotamiento definitivo. Adolfo Suárez cumplió un destino singular, al igual que un siglo antes hiciera Antonio Cánovas del Castillo, el de ser el encargado de abrir una nueva etapa de la historia de España concebida para durar largamente y para solucionar problemas antiguos y enconados. La dictadura franquista, con sus discutidas luces y sus exageradas sombras, fue un paréntesis y no, como pretendió hasta su postrer suspiro su principal protagonista, un punto y aparte iniciador de una nueva y dichosa era de estabilidad, paz y prosperidad.

Los conflictos seculares de nuestra áspera patria seguían vivos bajo el manto silenciador del paternalismo autoritario del longevo general, y estaban prestos a resucitar tan pronto éste desapareciese. Suárez fue el elegido por el Rey y su sabio mentor para pilotar la construcción de una democracia que reconciliase el capital con el trabajo, sometiese el ejército al poder civil, separase amistosamente la Iglesia del Estado y calmase las tensiones centrífugas. La misión fue cumplida con extraordinaria celeridad y habilidad, pero pecó de ingenuidad e improvisación. El arranque tuvo un éxito sorprendente y mereció el elogio más encendido dentro y fuera de nuestras fronteras, aunque encerraba en su interior defectos y contradicciones que con los años han ido carcomiendo las vigas de nuestro edificio institucional hasta el peligro cierto de derrumbe que hoy nos amenaza.

Quizá haya sido una suerte o una muestra de la misericordia divina que Adolfo Suárez perdiese el contacto con la realidad durante sus últimos años porque no es difícil imaginar cuán grande hubiera su decepción si hubiese sido testigo en plena lucidez de la progresiva degeneración del prometedor sistema que él alumbró en 1977 hasta la partitocracia corrupta que ahora nos llena de bochorno. Suárez se ha ido dejando tras de sí una España en fase de transformación y henchida de incertidumbre. No es el momento para el reproche por los fallos de diseño de la Constitución de 1978, sino del respeto y la gratitud hacia una figura decisiva de nuestro reciente pasado que será siempre recordada en el futuro como un hombre de excelentes intenciones y geniales intuiciones cuyos sucesores en lugar de suplir las fragilidades de su legado con un trabajo serio y responsable de perfeccionamiento, las intensificaron con su oportunismo, su deslealtad, su cortedad de miras y su venalidad. Descanse en paz un gran patriota, un político notable y un hombre de bien.

El sueño regeneracionista y la nación española
FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR ABC  23 Marzo 2014

Ante el Desastre del 98, una serie de intelectuales luchó por sacar a España de su decadencia

En la memoria de Europa yacen los restos del nacionalismo étnico y de las identidades raciales. En nuestro pasado reposan las víctimas y los verdugos de fantasías comunitarias que fabricaron su delirio contra una tradición que estableció la civilización europea sobre la libertad del individuo y su compromiso existencial con sus semejantes. Y, en esta perpleja actualidad, que no deja de sorprendernos con sus entusiasmos por causas funestas y su indolencia ante valores esenciales, asoman de nuevo actitudes que creíamos superadas. Vuelve ese romanticismo que confunde la rectitud de la inteligencia con la intensidad emocional. Vuelve ese nacionalismo que prefiere la pasión unánime de la estética populista a la voluntad crítica de una ciudadanía plural.

Hoy necesitamos imperiosamente poner en estado de alerta una conciencia cívica, en cuyo programa debe constar, ante todo, el rescate del pulso nacional que se ha perdido. Sin ese reencuentro con las razones de España, nada que tenga que ver con nosotros, en cuanto ciudadanos libres e iguales en derechos, podrá construirse. Una nación no es una relación contractual revisable. Una nación no es, tampoco, la manifestación trágica de un ser inmutable. Una nación es una cultura, realizada en la historia, asumida como conciencia común, vivida como tradición y ejercida como empresa.

Ese puñado de razones, esa larga experiencia que había que reactivar fue lo que un grupo de intelectuales españoles definió como regeneración. Antes del Desastre de 1898, se habían alzado las voces de quienes trataban de inculcar en los españoles las aptitudes reformistas del desarrollo económico y el sereno coraje de constituirse en un verdadero pueblo. Ninguno de estos hombres quiso volcar en su patriotismo la alucinación sonámbula de las naciones que sobreviven en un pasado legendario. No vinieron a deleitar la autocomplacencia de sus contemporáneos, sino a advertir de la gravedad de una época en la que, alejándose del resto de los países occidentales, España corría el riesgo de dejar de existir como nación, para sobrevivir apenas como mera administración presupuestaria, un Estado sin alma.

Futuro y escuela
Por eso permanecen en nuestra mejor memoria. Porque no fueron los escribas de una vanagloria conformista, sino los portavoces de una indignación, tanto más áspera cuanto más fuerte latía su compromiso con lo que España era como historia y con lo que debía seguir siendo como proyecto. Las innegables inflamaciones de su lenguaje correspondían a la retórica de un tiempo muy dado a esos excesos; pero su mensaje nunca fue una entretenida divagación. Si algo distinguió a quienes proclamaban la urgencia de la regeneración fue, precisamente, su atención a los problemas concretos, que conectaba con el ánimo insigne de nuestros arbitristas.

El atraso económico, la carencia de un sistema educativo actualizado, el drama de una alimentación deficiente, el escaso interés por la productividad agrícola, la necesidad de una política de riego… Pero nadie piense que se trata del informe frío de un grupo de tecnócratas. Porque a las reformas económicas propuestas por aquellos hombres hay que añadir su tarea de moralización, de regeneración política, de vertebración de la ciudadanía... su voluntad de sacar a España de su decadencia.

Una nueva nación
Ricardo Macías Picavea, en El problema nacional (1899), señalaba que «en ningún pueblo del mundo hay menos idea y más apagado sentimiento de lo que es la tradición que en España». No había añoranza del pasado en su discurso, sino deseo de recuperar una cultura desnuda de gestas falsificadas; había empeño por alentar una conciencia nacional moderna. Lucas Mallada, en Los males de la patria y la futura revolución española (1897), acusaba a esa administración que combatía por mantener un imperio cuando ni siquiera había sido capaz de forjar una nación, y llamaba al compromiso de todos los dirigentes políticos en la tarea común de poner España en marcha: «Urge mucho, en bien del sosiego público, que detrás de las banderas de la regeneración administrativa y de la moralidad se congreguen todos los hombres de recto juicio y de sano corazón».
Impulso democrático

Frente al pesimismo de muchos de sus compañeros, Luis Morote, en La moral de la derrota (1900), pretendía encontrar en la formación histórica de España un impulso democrático, defensor de la soberanía del pueblo, que empujara la regeneración nacional concebida no como ruptura con la tradición, sino como reencuentro con lo mejor de la misma. El Desastre debía servir para una recuperación moral, no para sedimentar nostalgias imperiales: «Dediquémonos aquí, en el viejo solar de la patria, a consolidar nuestra unidad y nuestra libertad, a ayudar a España en la terrible prueba, de la que ojalá se salve, de concebir el nuevo ser que lleva dentro, ser de luz y de esperanza».

Sobre todos ellos, la mirada de Joaquín Costa, en quien ha podido verse la síntesis de análisis empírico y sueño razonable, de denuncia de la política corrupta y confianza en el liderazgo de individuos egregios, de respeto a la dignidad del pueblo y consideración por la labor de los intelectuales, de amor a lo más profundo de España y compromiso con una tarea de europeización.

Europeización de España
La escuela, la universidad, la honradez de la clase política, las virtudes de los ciudadanos y el impulso modernizador de la cultura. Reconstitución y europeización de España, como lo expresaría en el título de uno de sus trabajos. En el gozne histórico y moral del final del siglo XIX, estos hombres proponían para España más que un programa: una actitud. En el pesimismo de su análisis no dejó de anidar la esperanza de su patriotismo. Para ellos, la nación no era un contrato ni un ser inmutable. Era una realidad histórica y, por tanto, un ilusionado, exigente y audaz desafío que su voluntad de ser españoles arrojaba al rostro de un tiempo difícil.

"Rajoy y Rubalcaba deberían constatar que es la dictadura de su casta la que nos arruina, aliena y evapora"
Periodista Digital 23 Marzo 2014

Este 23 marzo 2014 Pedrojota Ramírez titula La España evaporada su homilía dominical Cartas de un arponero ingenuo en El Mundo.

Hoy es el día. Y con lo de Adolfo Suárez más. Prometí al hombre del canotier, el bigotito y el ejemplar de El Imparcial que el 23 de marzo del 14 acudiría al Teatro de la Comedia y aquí estoy, como un solo hombre, con los ojos y oídos bien abiertos, en la Sala de las Ballenas del Museo de Historia Natural de Londres, cogiendo sitio desde el martes.

Añade: Un acomodador reparte un manifiesto. Conviene leerlo antes de que comience el acto. Se titula Prospecto de la Liga de Educación Política Española y en su segundo párrafo afirma: «El hecho más evidente y grave de nuestra vida nacional en los meses que corren es la manifiesta incapacidad de los viejos partidos, de las instituciones antiguas, de las ideas tópicas para prolongar su existencia aparente... Sólo conservan la aptitud de los escombros para ahogar bajo su gravamen nuevas germinaciones». Caray: eso es lo que hace 35 años me decía de madrugada, paseando ante la puerta de casa y refiriéndose a Alianza Popular, el presidente Suárez.

Y concluye: Rajoy y Rubalcaba deberían constatar [...] que es su egoísmo de partido el que nos impone «este vivir el hueco de la propia vida», como si fuéramos todos, y no sólo el amado Rey Lear que ahora nos deja, quienes hubiéramos perdido de uno en uno la memoria; que es la dictadura de su casta la que nos arruina, aliena y evapora en medio de «las fórmulas de uso mostrenco que flotan en el aire público»; que es su cinismo imperturbable el que «va depositando sobre el haz de nuestra personalidad una costra de opiniones muertas»; que son ellos y toda la patulea de zánganos apandadores, aferrados a sus poltronas, los que han convertido a España en una maqueta de sí misma, en cuyas oquedades sólo hay paro o subempleo para los jóvenes, saqueo fiscal para los adultos con trabajo y automoribundia para todos. No es ya la España invertebrada -aquí está el esqueleto- pero sí la España evaporada junto a su mejor caballero.

Niños bilingües: ventajas frente a la adquisición más tardía del lenguaje
Marga Gutiérrez del Arroyo. Periodista Digital 23 Marzo 2014

Las sociedades modernas y el flujo migratorio de las familias, abre interrogantes acerca de los procesos de construcción de la Identidad de los niños. La Lengua es uno de los aspectos más significativos de la Identidad de una persona, y el Bilingüismo un sueño de muchos padres para sus hijos (y por supuesto, de muchos adultos que inundan las academias de idiomas).

Sin embargo pocos son los que pueden acceder a esta posibilidad: Deben darse unas circunstancias muy precisas para ello. Hagamos un breve repaso por el proceso del bilingüismo.

El bilingüismo no es la suma de dos lenguas, sino la competencia comunicativa en dos lenguas. Un ejemplo ilustrativo que explica Abdelilah-Bauer, es el del corredor de vallas, quién debe reunir la competencia del velocista y del saltador de altura, creando una nueva categoría diferente de las otras dos. Lo mismo ocurriría con el niño bilingüe, que si bien tiene un léxico comparable en cantidad a los niños de su edad (un niño entre 18 y 24 meses conoce 50 palabras aproximadamente), no es así en calidad, dado que la mitad de esas palabras pertenecen a un idioma y la otra mitad al otro. De ahí la sensación general de que un niño bilingüe es más tardío en el lenguaje.

Sin embargo el niño bilingüe ha demostrado tener un pensamiento más creativo, en cuanto a la capacidad para generar soluciones a un problema (por ejemplo: encontrar maneras de hacerse entender en dos códigos diferentes, personalizar el idioma en función de la persona a la que se dirige, etc.), y una conciencia del lenguaje como objeto (conciencia metalingüística) mucho más avanzada, lo que le facilitará mucho el camino a la adquisición de la lectura.

¿Cómo conseguir utilizar este potencial a su favor y no crear dificultades añadidas?
Todo parece indicar que existe un periodo crítico para la adquisición natural de una lengua: los tres primeros años de vida, siempre y cuando el niño esté expuesto a un contexto facilitador. Después e inevitablemente, este equilibrio se romperá y una de las dos lenguas acabará convirtiéndose en dominante (la que se practique en el país de residencia o en el colegio al que vaya el niño y la que más comodidad le genere).

Lo ideal será que el niño vuelva a exponerse a la segunda lengua cuando la lengua dominante se haya instaurado (a partir de los cuatro años) y de esa manera evitar la confusión del niño, la preocupación de los padres centrada en exceso en el bilingüismo y la contaminación de la lengua dominante (no ofreciendo al niño la posibilidad de sentirse a gusto utilizando a la perfección una de las dos lenguas, por la ambición de que maneje dos).

Marga Gutiérrez del Arroyo es una de las Psicólogas Infantiles del Gabinete Psicológico ‘Aprende a Escucharte‘ en la calle Alonso del Barco nº 7, en Madrid.

Internacional
Los hispanos son ya mayoría en California
EMILI J. BLASCO / CORRESPONSAL EN WASHINGTON ABC 23 Marzo 2014

El número de latinos, 39% de la población, acaba de sobrepasar al de blancos no hispanos

Los hispanos se han convertido en el grupo étnico mayoritario de California, después de que este mes su número alcanzara 14,5 millones, suponiendo con ello el 39 por ciento de la población. Los hispanos eran ya el grupo mayoritario en Nuevo México y están cerca de serlo en Texas (46,3% y 37,6% de su población respectivamente, según el censo de 2010), pero el caso de California es especialmente significativo por ser el estado más poblado de Estados Unidos. Es además la octava economía del mundo.

Esto era un hito demográfico largamente anticipado que se había previsto para mediados del año pasado, pero la reducción de la llegada de inmigrantes y el descenso de la tasa de natalidad entre los latinos demoró hasta ahora el cambio de mayoría. Una mayoría que recupera la comunidad hispana desde que la perdió poco antes de que en 1850 California entrara en EE.UU. Además de los dos grupos mencionados, en California residen un 14,9% de personas de origen asiático y 7,2% afroamericanos. Entre los hispanos, la mayoría son de procedencia familiar mexicana.

Esa mayoría hispana, aunque de creciente influencia, no tiene aún una directa traslación en la composición de la clase política o empresarial de California. De acuerdo con el Pew Research Center, el 31% de los latinos californianos de menos de 17 años viven bajo el umbral de pobreza. En las elecciones de 2012 había 5,9 millones de latinos facultados para votar, lo que era solo el 42% de los latinos de California, mientras que en el caso de los blancos no hispanos la cifra era del 80%. Además, el 69% de los adultos del estado sin título de enseñanza secundaria son hispanos.
«Deportador en jefe»

En cualquier caso, su peso es creciente en el debate público y aunque no constituyen un grupo homogéneo políticamente, su número hace imposible que pueda aprobarse en California una ley antiinmigratoria como la llamada Proposición 187, que en 1994 declaró que no se podía recibir cuidado médico, escolarización u otros servicios sociales si antes no se aportaban pruebas de ciudadanía. La ley fue declarada inconstitucional al poco tiempo.

Otra prueba de la influencia hispana es el reciente encuentro de Obama con líderes latinos en la Casa Blanca, a los que prometió limitar el proceso de deportaciones de inmigrantes ilegales, cuyo número se ha disparo durante la actual Administración. Este último hecho había llevado a la responsable del Consejo Nacional de la Raza, Janet Muguía, a llamar a Obama «deportador en jefe».

España / terrorismo
La Fundación para la Libertad alerta a la ONU sobre los «mediadores» de ETA
s. e. ABC 23 Marzo 2014

El colectivo que preside Nicolás Redondo Terreros considera que los aliados internacionales de la banda dañan al Estado de Derecho y a las víctimas del terrorismo
La Fundación para la Libertad alerta a la ONU sobre los «mediadores» de ETA

La Fundación para la Libertad ha advertido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los «perjuicios» que para los intereses del Estado de Derecho, las víctimas del terrorismo y la sociedad en general tiene la actividad de los «mediadores» o «expertos en resolución de conflictos».

Así, ha expresado su preocupación por la actividad de «determinados grupos de mediación que se arrogan una facultad arbitral sólo reconocida por ETA, sus adláteres políticos y el nacionalismo en su conjunto», y que les permite «legitimar un escenario negociador que contemple el pago de un precio político como coste de la resolución del conflicto». Para la organización que preside Nicolás Redondo Terreros, los mediadores invocan siempre una serie de pautas o reglas universalmente aplicables a todo «proceso de paz» y pasan por alto deliberadamente que España «es una democracia consolidada y no registra déficit democrático alguno que consienta equiparar la legitimidad política del Estado con la de una banda terrorista o con la de sus tentáculos políticos». Tampoco tienen en cuenta, añade, que la respuesta de la sociedad a ETA «no ha sido nunca violenta» y, por lo tanto, resulta imposible plantear una solución en términos de conflicto civil. Así, y tras subrayar que la mediación en otros procesos abocó a «la impunidad total o parcial de violadores de derechos humanos», sostiene que los mediadores «persiguen una mediación totalmente dañina para los intereses de la sociedad, a la que se desea forzar a una negociación con quienes violan sistemáticamente los derechos humanos; no debe aceptarse un chantaje a plazos».
Derrota de ETA

«Por ello el diálogo que reivindican no facilita la paz que dicen perseguir, sino que oculta la verdadera realidad en torno al terrorismo, imponiendo una narrativa que perjudica gravemente a sus víctimas, esto es, el Estado y la sociedad», insiste la Fundación para la Libertad. En su opinión, el final de ETA «solo puede ser uno: la derrota de los terroristas y la victoria del Estado de Derecho. Nunca puede resolverse la lucha contra el terrorismo en un empate y por eso carecen de la más mínima lógica las propuestas de ningún mediador de parte para resolver lo que tan impropiamente llaman el conflicto». Con este documento remitido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra anuncia su posición en ese foro «a la vista de los intentos de manipulación política que con toda seguridad se producirán, como ya se vienen produciendo, para devaluar el objetivo que deben perseguir todos los demócratas con respecto a la organización terrorista ETA: su derrota y disolución incondicional».

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España, capital Buenos Aires: el peronismo saca la cabeza

Carlos Sánchez El Confidencial 23 Marzo 2014

Cuesta creer que la ciencia haya detectado los temblores del universo un instante después de su origen -hace 13.800 millones de años-, pero, todavía, nadie conozca el cabeza de cartel del Partido Popular (PP) a las elecciones europeas.

Puede parecer una boutade, pero no lo es. La política en España se ha convertido en un arcano impenetrable. En particular, en todo lo relacionado con el partido que gobierna el país. Rajoy juega a ser Maquiavelo (‘las huestes deben temer al príncipe’), y con eso pretende dejar claro quién manda. El resto, a callar.

No estamos ante un movimiento táctico con fines electorales. Su estrategia es coherente con una forma de hacer política basada en crear liderazgos artificiales por la fuerza del BOE o de los estatutos internos de cada partido. Lo mismo hizo Zapatero en su día, y eso explica que hoy vague por la nadería más absoluta sin que ninguno de sus conmilitones reivindique su figura después de haberlo aclamado. La vieja dicotomía entre poder y autoridad en estado puro.

El economista Fernández-Villaverde lo reflejó de una manera lúcida hace algún tiempo: “El problema de la burbuja no fue que nos dedicásemos a construir casas en la mitad de Teruel, sino el que nos olvidáramos de que España había llegado al límite de sus instituciones”.

Mientras tanto, silencio, mucho silencio. Tanto que en un debate con tantas aristas como el proceso soberanista de Cataluña nadie se sale del guion. El PP, de forma disciplinada, asume la estrategia tancredista de Rajoy al margen de cualquier racionalidad política. Pero no es, desde luego, el único. Nadie en CiU cuestiona el camino hacia ninguna parte en que ha derivado la política en Cataluña.

El presidente catalán puede parecer que tiene arrestos, pero en realidad su estrategia es un salvoconducto. Camina a lomos de la Asamblea Nacional de Cataluña -como lo hizo Arias Navarro sobre el tardofranquismo-, pero no para cambiar las cosas, sino para mantenerse en el poderNo es de extrañar teniendo en cuenta que, en realidad, lo que sucede en Cataluña se parece cada vez más a una partida de ajedrez insípida por falta de movimientos inteligentes.

Rajoy no es, por supuesto, el astuto caballero medieval que jugaba una partida con el diablo en el séptimo sello de Bergman para ganar tiempo y evitar que su alma se la llevara el leviatán; ni Artur Mas, el taimado demonio que reclama lo que considera suyo: el alma de su adversario. En el fondo ambos son terriblemente conservadores, algo que los diferencia de Adolfo Suárez, que convirtió el arrojo en algo más que una táctica política.

A lomos de la Asamblea
El presidente catalán puede parecer que tiene arrestos, pero en realidad su estrategia es un salvoconducto. Camina a lomos de la Asamblea Nacional de Cataluña –como lo hizo Arias Navarro sobre el tardofranquismo-, pero no para cambiar las cosas y dirigir el proceso soberanista, sino para mantenerse en el poder. Por eso, el debate sobre la independencia de Cataluña es ajeno a cuestiones ideológicas, algo consustancial a los nacionalismos.

Lo mismo que en la revolución francesa lo que estaba en juego era la salida del Antiguo Régimen, el proceso catalán está huérfano de ideología, sin duda para hacer posible que se mantenga unido el bloque soberanista. Ellos lo llaman de forma cínica ‘transversalidad’.

Tan insípido debate, convierte a la política en un juguete roto de las ideas. Sobre todo cuando se articula a través de comités de expertos que, en realidad, lo que hacen es legitimar la acción política a través de un supuesto certificado de calidad. El profesor Edward Said ya analizó su papel y llegó a la conclusión de que lo que diferencia a los expertos de los intelectuales (desparecidos durante la crisis) es que los primeros se ocupan del conocimiento práctico necesario para que la sociedad continúe reproduciéndose (el nuevo conservadurismo), mientras que los segundos señalan las grietas del sistema.

No se trata de un asunto menor. Como recordaba hace unos días La Vanguardia en un excelente trabajo, los historiadores Hobsbawm y Judt representaron dos maneras distintas de abordar el estudio de la historia, pero ambos coincidían en reconocer los derechos del lector -en política habría que hablar del elector- para que se le explique por qué suceden las cosas, cuándo y dónde ocurrieron y con qué consecuencias. Nada de eso acontece.

La burrada de Ignacio González
En el lugar de la política se han instalado movimientos de toda suerte y condición (mareas de todos los colores, asambleas nacionales, marchas de la dignidad…) que, en realidad, lo que desafían es a la propia democracia representativa.

Como en Venezuela, Argentina o Ucrania, donde la deslegitimación del poder crea con dinero incierto falsos movimientos sociales (en muchas ocasiones de origen oscuro) que canalizan las demandas ciudadanas. Y que son absurdamente espoleados cuando políticos como Ignacio González dicen burradas. Como comparar a las marchas que este fin de semana pululan por Madrid con los neonazis griegos.

Tal vez debería preguntarse el presidente madrileño por qué muchos votantes del PP (sobre todo del ámbito sanitario) acuden a este tipo de convocatorias. O por qué los partidos tradicionales están siendo desbordados por la calle. Sin duda, porque sus estructuras gastadas son incapaces de articular los nuevos desafíos.

La repugnante violencia desatada en su día contra Rosa Díez en la Universidad Autónoma de Barcelona prueba que algo está cambiando en la política española y ya ni siquiera se libran las nuevas formaciones que no tienen nada que ver con la gestión del desaguisado. Ningún líder político podría acudir hoy a una facultad española por miedo de su integridad física. El peronismo en estado puro.

No es que exista un problema de desafección hacia la política, como muchas veces se dice, ni de despolitización, sino que los partidos tradicionales han sido rebasados por buena parte de la ciudadanía ante la falta de respuestas creíbles. Ante la ausencia de cauces de participación política que necesariamente conduce a la frustraciónEsta incapacidad de la democracia para dar respuestas convincentes a los electores es lo que explica el deterioro de los sistemas representativos. La política ‘tradicional’ ha encontrado sus propias limitaciones mucho antes de lo que se pensaba pese a la extensión de los sistemas de protección social, que son, en realidad, los únicos responsables de que la crisis no haya derivado en un estallido social.

Hoy, sin embargo, y pese a ello, muchos ciudadanos no se sienten representados en el parlamento. Es lo que sucede cuando se incumplen de forma sistemática los programas electorales. No es que exista un problema de desafección hacia la política, como muchas veces se dice, ni de despolitización, sino que los partidos tradicionales han sido rebasados por buena parte de la ciudadanía ante la falta de respuestas creíbles. Ante la ausencia de cauces de participación política que necesariamente conduce a la frustración.

Y el riesgo cierto es que para recuperar ese espacio perdido, los partidos se conviertan en rehenes de una falsa democracia asamblearia o articulada a través de movimientos sociales -como el peronismo- que en realidad está en las antípodas del ideal democrático por ausencia de legitimidad.

¿Quién ha elegido a la pomposa Asamblea Nacional de Cataluña como instrumento de acción política? Nadie, pero los partidos catalanes del bloque soberanista siguen a pies juntillas sus consignas por miedo a ser desbordados por la calle. Incluso, los sindicatos -que un día fueron internacionalistas- se pliegan a sus consignas, como lo prueba esta reunión impensable hace unos años entre CCOO de Catalunya y Carme Forcadell, la líder de la Asamblea Nacional catalana. ¿Quién manda realmente en Cataluña?, cabe preguntarse.

Lo mismo sucede en Madrid cuando toda suerte de marchas confluyen en la capital y los partidos de la oposición se suman a la manifestación en busca del voto perdido a través de un nuevo populismo de izquierdas de imprevisible consecuencias. Y no hay mayor peligro para las democracias que gobernar a golpe de movimientos sociales -por muy transversales que sean- que expresan, en realidad, la miseria de un sistema político incapaz de dar respuestas a muchas preguntas. Mientras no se demuestre lo contrario, la legitimidad está en las urnas.

Charnegos y maquetos. ¿Españoles que no quieren serlo?
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 23 Marzo 2014

Los nacionalismos catalán y vasco han sido hiperlegitimados y abultadamente votados por efecto de un relativamente extraño fenómeno de desnacionalización española en el País Vasco y en Cataluña. Fenómeno protagonizado por la mimetización de los grandes flujos migratorios hacia esas comunidades que fueron enormes a partir de los años sesenta del siglo pasado, en combinación con el acercamiento político y la colaboración estrechísima de la izquierda, que los acogía mayoritariamente, con los nacionalismos de ambas comunidades.

En el Parlamento de Vitoria y en el de Barcelona las mayorías absolutas son rotundamente nacionalistas. En Cataluña entre CiU, ERC y CUP suman 74 escaños de los 135 de la Cámara legislativa y en Euskadi entre el PNV y Bildu, 52 escaños de los 75 del Parlamento. No es inexacto calificar ambas mayorías absolutas de secesionistas o independentistas con los matices que se quieran, Y tales mayorías no serían posibles si no fuera por el ya apuntado afán mimético de las primeras generaciones de emigrantes que consistió en un esfuerzo por integrarse en las sociedades receptoras conforme a las pautas de las burguesías dirigentes en Bilbao y Barcelona -ambas, ciertamente colaboracionistas con el franquismo como acredita la historia más objetiva, salvando excepciones que confirman la regla-, y que a partir de los años ochenta -con los Estatutos de autonomía- comenzaron una práctica de progresiva asimilación de la inmigración.

Es paradójico que haya sido la España migrante de hace cincuenta años la que ha encumbrado a fuerzas políticas nacionalistas en esas dos comunidades. El vehículo mimético y asimilador no han sido directamente ni el PNV ni CiU, sino, principalmente, los partidos socialistas (PSE en Euskadi y PSC en Cataluña), que se quisieron distanciar de la derecha por sus evocaciones hereditarias del franquismo y demeritaron la identidad española en la medida en que España resonaba todavía como “Una, Grande y Libre”, expresión emblemática de la dictadura.

El nacionalismo catalán en sus distintas versiones y el vasco cuidan a los nietos de los charnegos y maquetos porque no tienen otra alternativa demográfica y social Fueron los socialistas los que doblaron el pulso inicial a la estigmatización de castellanos, gallegos, extremeños o andaluces como charnegos en Cataluña o maquetos en el País Vasco, vocablos de marchamo nacionalista conceptualmente diferentes porque el primero alude a lo lingüístico-cultural y el segundo es marcadamente étnico. Ahora, y desde hace ya años, en ambas comunidades a nadie se le ocurre aludir a esas expresiones de origen despectivo y prepotente, aunque en el imaginario de las terceras generaciones -los nietos de aquellos inmigrantes de los sesenta- siguen teniendo resonancia y reactividad.

La prima socialista a los nacionalismos
Los socialistas vascos y catalanes, en una visión de España muy condicionada por la historia precedente a la democracia, han venido ofreciendo una prima a los dos grandes nacionalismos. El PSE sostuvo en el gobierno vasco al PNV desde 1986 hasta finales de los años noventa, incluso en una tesitura en la que su partido obtuvo más diputados que los nacionalistas. Y el PSC, una convergencia de las corrientes socialistas catalanas del final de los setenta, no tuvo mayor objeción en formar dos tripartitos con ERC, siendo el primero de ellos el que lanzó el Estatuto de 2006.

En ambos casos -y basta comprobar la realidad política actual- en una y otra comunidad los socialistas están postergados y emergentes y potentes los nacionalistas en sus alas moderadas y radicales. El PSOE del inmediato futuro sólo recuperará el terreno perdido si se constituye en una izquierda que no secunde a las mesocracias nacionalistas de Bilbao y Barcelona y, por el contrario, ofrezca una alternativa a ellas. En cuanto a la derecha no nacionalista, el desastre en esas comunidades es histórico y de remontada improbable ahora y por mucho tiempo.

Resulta difícil creer, y mucho más asumir, que sean los hijos y nietos de charnegos y maquetos los que hagan de serpas a los nacionalismos secesionistas para alcanzar la cumbre de su programa de máximosSegún el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña, el 60% de los consultados en un sondeo publicado el pasado martes votaría favorablemente para que la comunidad se convirtiese en “un Estado en Europa”. La pregunta es turbia y, por lo tanto, carece del valor necesario para dotar de plena fiabilidad a la encuesta. En realidad, cuando se trata de una desmembración territorial y la decisión no es ante un formulario sino ante las urnas -compruébese Quebec por dos veces y veamos lo que sucede en Escocia- los mecanismos racionales y sentimentales regresan a la trayectoria personal y familiar del votante, a una especie de identidad de ultratumba. Y ahí es donde tiene sentido el trabajo que ha elaborado Miguel Angel Quintanilla, director del área de publicaciones de FAES, que ha indagado en los apellidos de los ciudadanos vascos y catalanes. Les remito a la página web de la fundación para que comprueben los resultados pero les adelanto que la profusión de García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, Pérez, González y Ruiz es tal en Cataluña y el País Vasco que cuesta creer -y cuesta mucho- que las sociedades de esos territorios, por mimetizados y asimilados que estén su habitantes con orígenes en otros, opten por quebrar la unidad plural de España.

El nacionalismo catalán en sus distintas versiones y el vasco -algo menos- cuidan a los nietos de los charnegos y maquetos porque no tienen otra alternativa demográfica y social que hacerlo para sobrevivir y elevar el diapasón de su propia ideología identitaria que se basó históricamente en la diferenciación del/con el otro. Es decir, se fundamentó en la pertenencia ancestral. La sobrevenida de los otros españoles, primero, fue rechazada (el PNV nació reactivamente a la industrialización vasca y al obrerismo de finales del siglo XIX) y, luego, se convirtió en una energía de la que se apropiaron a través del gran fallo histórico de la izquierda española que ha consistido en no serlo. Esa contradicción interna alcanza su máxima expresión en el PSC que tuvo todas posibilidades en su mano con un presidente de la Generalitat que se apellidó Montilla y nació en Córdoba y, en cierta medida, en el PSE, que tuvo un lendakari que se apellidó López.

Resulta difícil creer, y mucho más asumir, que sean los hijos y nietos de charnegos y maquetos los que hagan de serpas a los nacionalismos secesionistas para alcanzar la cumbre de su programa de máximos. No es nada extraño, en este contexto, que la película “Ocho apellidos vascos” esté siendo un éxito de taquilla. Porque quizás, el primer gag de los muchos que abundan en el filme consista en el título de la cinta. Hay, claro, vascos -como habrá catalanes- con ocho apellidos autóctonos pero no son esos ciudadanos los que hacen masa crítica independentista.

Toneladas de sentido común frente al "España nos roba"
"España contra Cataluña" o cómo Jesús Laínz pone las cosas en su sitio
Redacción.  latribunadelpaisvasco.com 23 Marzo 2014

No había pasado una semana de la derrota de Cavite cuando "La Veu de Catalunya" afirmó que los catalanes estamos clavados a una barca que hace agua; si queremos salvarnos hemos de aflojar las ataduras.

Un siglo largo después, Oriol Pujol, ante el congreso de su partido de marzo de 2012, agradeció a su padre y a Artur Mas que hubieran enseñado a los catalanes cómo superar los escollos y huir de estas aguas podridas que nos ahogan .

Entre ambas metáforas náuticas ha transcurrido un siglo de ingeniería ideológica destinada a convencer a los catalanes de que España es la eterna enemiga de Cataluña, de que todos los males vienen de ella y de que el único camino hacia la felicidad y la prosperidad es el de la independencia.

La culpa exclusiva de la España castellana por el Desastre del 98, la condena de todo el pasado de España, la inferioridad racial de los españoles, la manipulación de la historia, la utilización de la lengua como arma política, la agitación del odio, la complicidad de la izquierda, la parálisis de la derecha y el recurso final al "España nos roba" son los temas principales de este libro, que presenta un trepidante repaso, tan riguroso como mordaz, por el problema más grave con el que se enfrenta la España del siglo XXI.

El autor
Jesús Laínz (Santander, 1965) es autor de varios libros, dedicados fundamentalmente al problema separatista, que han cosechado un notable éxito de crítica y lectores. Sobre "Adiós, España. Verdad y mentira de los nacionalismos" (Encuentro, 2004) afirmó su prologuista Stanley G. Payne que se trata del "más completo compendio crítico o guía sobre la mayoría de estos problemas que haya aparecido nunca en un solo libro" y José María Carrascal que "resume, como ningún libro de cuantos hasta ahora han caído en mis manos, la verdad y la mentira de los nacionalismos".

"Desde Santurce a Bizancio. El poder nacionalizador de las palabras" (Encuentro 2011), dedicado a desentrañar la ingeniería lingüística desplegada tanto en España como en otros países europeos, fue definido por Amando de Miguel como "la crónica despiadada, inflamatoria y cáustica de hasta qué extremos de estolidez pueden llegar los delirios nacionalistas". Otros títulos, siempre en Encuentro, son "La Nación falsificada" (2006), ameno repaso del papel de los catalanes y los vascos en la construcción de España, y las recopilaciones de artículos "España desquiciada" (2007) y "Escritos reaccionarios" (2008).
 


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