AGLI Recortes de Prensa   Jueves 27  Marzo  2014

Deuda Pública para largo
Primo González www.republica.com 27 Marzo 2014

En los últimos días han aparecido varias estimaciones sobre el horizonte de la Deuda Pública española en los que se formulan algunas previsiones bastante preocupantes para el futuro de la economía española y para el bienestar de los ciudadanos. Desde el año 2008, España ha acelerado su deuda estatal, la que se va acumulando en el balance del país como consecuencia de un persistente aumento del gasto público por encima de los ingresos. Este desequilibrio aún sigue castigando nuestras cuentas públicas y estamos a la espera de conocer con precisión cuál ha sido realmente la cuantía de ese déficit en el año que acaba de concluir, ya que frente a un objetivo y compromiso con Bruselas de no rebasar el 6,5% del PIB, parece que las últimas estimaciones apuntan hacia un 7% del PIB.

La cuantía de la deuda pública (la privada es otra historia) acumulada ya se sitúa cerca del 100% del PIB, es decir, el equivalente al valor de lo que produce la economía española en un año. La última cifra oficial era del 93,9% a finales del año 2014, es decir, casi tres veces la cuantía de finales del año 2007, cuando España situó el volumen de Deuda Pública acumulada en el 36,3% del PIB. Entre los años 2000 y 2007, la Deuda había caído en 23 puntos.

Con la crisis económica, el papel del Estado cobró un protagonismo especial y ello, sumado a una merma importante de los ingresos fiscales, provocó un aumento de unos 57 puntos del PIB en el volumen de la Deuda Pública acumulada en relación con el PIB del país. Un auténtico disparate que pone de relieve no sólo la incapacidad de los gobernantes de la época sino la dureza de la crisis económica, ya que en esos años el PIB descendió a un ritmo del 0,5% anual en términos nominales. Esa dinámica alcista de la Deuda Pública aún no se puede dar por concluida ni mucho menos, aunque el ritmo de aumento es ahora menor que en los tres o cuatro años que nos precedieron.

Las predicciones que han salido a la luz estos días son básicamente dos. Una de los analistas del banco británico Barclays, que estiman que la Deuda Pública española no va a bajar del 100% del PIB hasta el año 2030 y que seguirá en aumento hasta el año 2017. Y otra que ha realizado para Funcas el experto Joaquín Maudos en un excelente trabajo en el que formula previsiones algo más favorables en relación con el futuro del endeudamiento español, aunque también con una notable carga de riesgo para el desenvolvimiento de la economía.

Los analistas de Barclays han señalado que España tiene por delante una dura tarea de ajuste fiscal que en realidad no ha hecho más que comenzar. La economía estará, entre tanto, sometida al riesgo de una elevada vulnerabilidad en la medida en que la percepción de los mercados puede provocar cambios bruscos en las condiciones de financiación, lo que dificultaría de forma considerable no sólo la financiación de este cuantioso volumen de deuda sino su reducción en el futuro.

El analista de Funcas es más explícito en sus evaluaciones y señala que la Deuda Pública española sólo empezará a bajar cuando se cumplan dos condiciones: un tipo de interés en la financiación de la Deuda Pública inferior al PIB nominal (es decir, la economía debe crecer en términos nominales por encima del coste medio de la financiación del Estado) y, como segundo factor, un superávit primario en las cuentas públicas, es decir, más ingresos que gastos, dejando de lado los costes financieros. O sea, si los costes financieros son superiores al déficit público primario, el país estaría en condiciones de ir reduciendo el stock de Deuda Pública acumulada. A corto plazo, en el horizonte de dos o tres años, y a pesar de las bajadas del tipo de interés al que el Estado emite la Deuda Pública, no es previsible que el PIB nominal crezca más que el tipo de interés al que se financia el Estado.

Estas dos condiciones no resultan fáciles de cumplir, entre otras cosas porque España necesitaría de un largo periodo de serenidad en los mercados, sobre todo los mercados exteriores, ya que tres cuartas partes de la Deuda Pública del país se financia con los recursos que proveen los inversores foráneos.

Israel Ortega
No hay igualdad económica sin libertad económica
Fundación Heritage Libertad Digital 27 Marzo 2014
De todas las ideas para reducir la desigualdad económica que el presidente Barack Obama probablemente mencione en este año electoral, no espere que mencione la única que realmente se ha probado que funciona: el empleo.

Este aplastante dictamen es difícil de refutar después de leer la edición más reciente del Índice de Libertad Económica, donde se vuelve a demostrar que los países con mayores niveles de libertad económica tienen un desempeño sustancialmente mejor en aspectos como el crecimiento económico, el ingreso per cápita, los servicios médicos, la educación, la protección del medio ambiente y la reducción de la pobreza.

Para expresarlo de la manera más sencilla, la libertad económica es el derecho fundamental de todo ser humano a controlar su propio trabajo y sus propiedades. Desde luego, esta idea no es algo nuevo. El economista Adam Smith fue el primero en fomentarla, en su obra más emblemática, La riqueza de las naciones, con lo que marcó el camino del capitalismo y el comercio actuales.

Aunque puede que moleste a los progresistas de hoy en día, el capitalismo moderno ha hecho más para reducir la pobreza que cualquier iniciativa pública.

Como acertadamente resumió el presidente Ronald Reagan, el mejor programa social es el empleo.

Desgraciadamente para nosotros, el Índice 2014 de Libertad Económica revela una crítica terrible para Estados Unidos, "la tierra de los libres", pues revela un declive pronunciado. De hecho, Estados Unidos tiene la desafortunada distinción de llevar siete años consecutivos de declive en el Índice, lo que nos ha colocado ya en la categoría de los países mayormente libres, junto a Santa Lucía, Lituania y Georgia.

Las razones de esta caída son muchas, pero resulta difícil pasar por alto el gasto desbocado del Gobierno federal y el completo desprecio por una deuda federal en constante crecimiento, que ya alcanza fácilmente los 17 billones de dólares. Aunque sería injusto vincular la totalidad de la borrachera de gastos federales al presidente Obama, lo cierto es que ha mostrado poco apremio por frenar el gasto público.

Las pruebas son abundantes, pero quizás la principal sea el fallido experimento de un billón de dólares de la atención médica, por lo que resulta poco sorprendente que los autores del Índice de Libertad Económica tengan una visión desfavorable de este absoluto despilfarro.

Aparte de la disciplina fiscal, los países son evaluados según la facilidad para abrir en ellos una empresa y la imparcialidad de sus sistemas judiciales, así como por los niveles de tributación en sus economías. Una vez más, en prácticamente todos estos apartados nos estamos alejando de las mismas condiciones que forjaron la economía más próspera y libre que el mundo haya conocido jamás.

¿Aún necesita pruebas? Bien, pues según un informe de la Asociación de Inversores Inmobiliarios Extranjeros, Londres ha adelantado a Nueva York y ya es el principal destino del planeta para la inversión en propiedades. Pero el sector inmobiliario no es la única industria que está sufriendo los embates de una economía cada vez más hostil al libre mercado, en la que abrir, poner en marcha y mantener una empresa a flote es costoso debido al aluvión de impuestos y regulaciones por culpa de leyes como la Dodd-Frank y Obamacare. Como recientemente han revelado mis compañeros de la Fundación Heritage, sólo en 2012 los nuevos costos reguladores de los que han informado las agencias totalizan 23.500 millones de dólares.

El Índice de Libertad Económica es desde hace ya 20 años una destacada obra de referencia, ya que muestra que prácticamente cualquier país tiene la capacidad y la habilidad de crear las condiciones económicas que saquen a la gente de la pobreza, al tiempo que aumenta la calidad de vida de sus ciudadanos ampliando la libertad económica. Países como Chile y Corea del Sur, que hace sólo un par de generaciones estaban anclados en la pobreza, son ahora potencias económicas internacionales que disfrutan de los beneficios de la libertad económica.

Es por ello tremendamente negativo que en nuestro propio país la clase política parezca estar mucho más interesada en librar una guerra de clases y en avivar las llamas del populismo en vez de adoptar las medidas que han demostrado que reducen la desigualdad de ingresos.

©2014 Libertad.org
* Traducido por Miryam Lindberg

Quedamos a la espera....
Vicente A. C. M. Periodista Digital 27 Marzo 2014

Este es Mariano Rajoy, lo que mejor le define. Siempre tan educado y formal con su "estamos a la espera de sus noticias" y le ha faltado añadir lo de "y nos ponemos a su entera disposición para cualquier aclaración que precise. Suyo Affmo." Ese es el mensaje de un Gobierno que ni sabe ni quiere darse por enterado de que Artur Mas y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña llevan delinquiendo desde hace tiempo con cantidad de actuaciones y manifestaciones de clara insumisión y rechazo a la legalidad vigente y a las sentencias de los Altos Tribunales de España. ¿A qué está esperando el Gobierno de España y el Congreso de los Diputados para actuar con arreglo a la Ley?

Ya dije hace unos días que retrasar lo inevitable solo va a hacer que la respuesta sea más traumática y violenta. Porque lo quieran o no va a haber violencia por parte de quienes se han embarcado y han arrastrado a la sociedad española en Cataluña a un proceso de secesión. La actitud del Presidente del Gobierno es inadmisible en quien tiene la responsabilidad de gobernar y de hacer cumplir la Constitución de España. No habría que recordarle a Mariano Rajoy que al tomar el cargo dijo lo de "juro cumplir fielmente el cargo de Presidente del Gobierno con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros". Si no se siente con fuerza o convencimiento moral para hacerlo, entonces debe dimitir, disolver su Gobierno y convocar elecciones generales para que el nuevo Presidente electo asuma la respuestas que España necesita para salvaguardar su futuro como Nación indivisible.

Bien es cierto que consecuencia del mangoneo mezquino de las Instituciones judiciales, las sentencias que se producen suelen ser un reflejo del carajal político de sus componentes, elegidos por la casta política de los partidos para garantizar lealtades y sumisión al poder político. La misma sentencia de ayer del Tribunal Constitucional es toda una aberración, como ya dije en mi escrito, al pronunciarse políticamente sobre un asunto estrictamente jurídico que no admite interpretaciones o aclaraciones innecesarias, salvo que se quiera confundir a los ciudadanos. Porque hoy por hoy, repito, la Constitución no contempla otro derecho a decidir soberano que no sea el del pueblo español en su conjunto y no el de grupos hetereogéneos y limitados de españoles pertenecientes a municipios, regiones o comunidades autónomas concretas.

Es muy evidente que las leyes contemplan como delitos punibles las intenciones y manifestaciones públicas para la comisión de los mismos, y no solo cuando éstos son cometidos. En el caso de Artur Mas y del Gobierno de la generalidad sus actuaciones y declaraciones son claramente de insumisión a la legalidad vigente y a las sentencias de los Altos Tribunales de España en un proceso de secesión que además está siendo financiado con los fondos públicos de los impuestos de todos los españoles. No hace falta esperar a que este desafío ilegal sea una realidad con la meta fijada en el próximo 9 de noviembre. No hace falta esperar cuando desde el Gobierno de la Generalidad se intenta crear bases legales alternativas mediante promulgación de leyes "ad hoc" o cartas inducir a la comisión del delito a otras instituciones como los ayuntamientos o las Fuerzas de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Sr. Rajoy, déjese ya de "marear la perdiz" y cumpla su juramento. Ya lo sé, no es muy apetecible pasar a la Historia como el Presidente del Gobierno de España que suspendió- aunque sea temporalmente- una de las principales autonomías de España. No es muy agradable ser el primer Presidente que promueve el enjuiciamiento de los golpistas secesionistas catalanes con Artur Mas,Homs y demás patulea de CiU y ERC del Gobierno de la Generalidad. No es apetecible ni agradable, pero es inevitable y urgente. Hay que saber decir que NO y no sentirse avergonzado ni culpable por ello. Hay que tener la valentía y fortaleza para cumplir con el deber y vencer la tentación de creer que el tiempo todo lo cura y que algo o alguien vendrán a solucionar lo que es de nuestra exclusiva responsabilidad.

Creo que no hace falta añadir nada más Sr. Rajoy. Yo no voy a ser tan educado ni formal como usted y solo espero que actúe ya si no quiere pasar a la Historia como el responsable de la fractura y desaparición de España.

Suyo affmo. Vicente A.C.M.

P.D.: Enterado de la luctuosa noticia de la muerte de su hermano Luis, le doy mi profundo pésame y le acompaño en su sentimiento.

La calle y el vacío democrático
Manuel Muela www.vozpopuli.com

La atonía del Parlamento y el ensimismamiento de los partidos políticos, dedicados a la autopropaganda y a ensalzar estos días su querida Transición, han convertido a la calle en el centro de las demandas o las protestas de la gente, lo que no es objetable desde el punto de vista democrático. En cambio, si es rechazable la violencia, aunque debe decirse que se produce de forma aislada y excepcional y que, por tanto, no se invalida la importancia del ejercicio del derecho de manifestación que se va extendiendo por España. La cuestión es por qué aumentan las protestas y qué hacen los poderes públicos ante las mismas. Lo primero viene explicado por la profundidad y extensión de los problemas y la percepción de que no se acierta con su resolución y, en cuanto a lo segundo, se constata el escaso interés por atender las demandas pacíficas, con la devaluación consiguiente del ejercicio del derecho de manifestación. Una visión errónea de la democracia que da alas a los que piensan que los gobernantes solo atienden a aquellos que plantean sus reclamaciones ejerciendo la violencia. Ya ha habido varios ejemplos de ello y sería conveniente rectificar las actitudes, si no queremos que la paciencia se transforme en ira contra el poder.

No se percibe la solución de los problemas
La fórmula de debatir poco y del recurso al decreto-ley, que es la traducción del viejo “ordeno y mando”, con los resultados dramáticos que conocemos, ponen de manifiesto a los ojos de cualquier observador que España está mal gobernada y que carece de respuesta institucional a los males que padecemos: el país se sostiene por las inercias casi mecánicas de una economía medianamente desarrollada, arropadas por la superestructura política y mediática, que se empeña en transmitir a la sociedad mensajes simplistas para encubrir las carencias y las amenazas que se ciernen sobre la vida y el bienestar de los españoles. Así llevamos siete interminables años, aguantando chaparrones y latigazos en medio de un mar sin orillas en el que resulta difícil mantenerse a flote.

Creo, y así lo he manifestado en anteriores ocasiones, que la magnitud de los problemas nacionales, y la percepción de que los gobernantes parecen incapaces de ordenar su resolución, ha extendido sentimientos de fatalismo en la sociedad española ante la falta de iniciativas y de propuestas distintas a la proclama repetida de los recortes sociales y de la obediencia a lo que indiquen la Unión Monetaria y los acreedores de nuestro país. El presidente del Gobierno no se cansa de repetir que las cosas están mejor, aunque no se note, y que los cambios vendrán de Europa, como si en las instituciones europeas conocieran de verdad qué necesitamos los españoles. En mi opinión, se trata de un discurso pobre que, nutrido por tantos abusos y arrogancia, va colmando la paciencia de la gente y llenando las ciudades de protestas. Y el peligro de todo eso es que la insensibilidad ante las mismas termine rompiendo la cuerda, convirtiéndolas en problemas de orden público.

La sordera del poder es un explosivo peligroso
Estamos en un país sometido a la dictadura de lo políticamente correcto, eufemismo para encubrir la intolerancia hacia las críticas al poder, en el que no resulta fácil romper el cordón sanitario con el que se pretende mantener el dominio de unos pocos que se presentan como administradores casi exclusivos de lo público, gracias a un tejido jurídico-constitucional impermeable a las necesidades sociales y demasiado olvidadizo de los valores que deben inspirar el buen gobierno. Por eso, todo aquello que contribuya a educar a la sociedad y a fortalecer los sentimientos de exigencia cívica y de participación política ha estado desterrado de la política española. Y así nos va.

Pero todo en la vida tiene límites y ha tenido que ser la crisis desencadenada hace siete años la que ha dejado al desnudo la fragilidad no sólo de nuestra economía sino también de nuestro orden político. Este se muestra incapaz de enfrentar los problemas y se resiste a reconocer su fracaso, para abrir otras vías y caminos con el objetivo de cambiar aquello que no funciona en beneficio de los ciudadanos. No solo no se estimula el cambio, sino que se vende y ejecuta un mensaje que además de injusto es profundamente desmoralizador: los que gobiernan ahora y quienes les sustituyan deberán administrar la pobreza creciente, cargando el peso en los débiles, sin la menor exigencia hacia sí mismos, cuyo privilegio de dominio político es incuestionable. La esperanza de mejora que al principio se situaba en un semestre o en el año siguiente, se retrasa en todos los estudios y prospectivas a cinco o diez años, lo que convierte ésta travesía del desierto en insoportable. El servicio de estudios de Barclays estima que hasta 2030 la deuda pública se mantendrá en el 100 por 100 del PIB. Como estimación, es ilustrativa de nuestros pesares.

Por eso, hay que reconocer que las llamaradas de descontento, unas pacíficas y otras no tanto, son el resultado de incurias y torpezas acumuladas, amén de hacer oídos sordos al clamor de las calles y plazas de España. Los sordos y sus portavoces se escudan en que los manifestantes son minoritarios. Y es verdad que lo son. Siempre ha sido así, incluso en los momentos revolucionarios, pero son la parte visible de un iceberg que puede terminar rompiendo el casco de un buque tan vacío de democracia y de soluciones como lleno de corrupción y de incompetencia. Repetimos la misma historia, que nunca se aprende, hasta que un día nos encontremos en medio del remolino sin saber cómo salir de él, porque cuando surgen los maidanes de Kiev, por cierto muy aplaudidos desde muchos medios españoles, o los modestos gamonales de Burgos, desaparecen las razones democráticas y se entra en los túneles del autoritarismo. De todos depende, y del gobierno principalmente, que no se ahonde el vacío democrático y que se atiendan las llamadas de los millones de españoles hartos de discursos vacuos y de promesas incumplidas.

INCONCEBIBLE
La ultraizquierda debe asumir su responsabilidad por el 22-M
Benjamín López www.elsemanaldigital.com 27 Marzo 2014

Se echan de menos declaraciones de condena por parte del PSOE y de IU. De Izquierda Unida se esperaba y del PSOE cada vez sorprende menos. Su silencio se vuelve cómplice y les deslegitima.

"Es una pena que una manifestación pacífica termine con actos violentos", decía la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, sobre las autodenominadas "Marchas de la Dignidad" del 22-M. No, no nos engañemos, no es una pena, es natural, estaba cantado y se sabía de antemano. Por eso se enviaron 1.750 policías, porque no había más que leer el manifiesto por el que se convocaba la manifestación para prever lo que iba a pasar.

Y es que si los organizadores, según reza ese manifiesto, consideran que el sistema en el que vivimos "necesita la represión para mantenerse y que debe ser superado con la lucha en la calle", que "los distintos Gobiernos se sitúan fuera de la legalidad", que al "capitalismo le sobran las libertades y los derechos" y que estamos en "un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan", ¿qué podemos esperar que suceda en la manifestación? Pues lo que sucedió, ni más ni menos.

De "Marchas de la Dignidad" tenían muy poco, de extremismo y subversión mucho. La ultraizquierda está detrás de ese llamamiento antidemocrático que busca cargarse el sistema e imponer el suyo, que ya sabemos cual es. No hay más que mirar a Cuba, China, Corea del Norte o Venezuela para verlo.

La violencia no fue casual, fue premeditada, organizada y ejecutada conforme a un plan. Los 67 policías heridos dan fe de ello. Así que, no busquemos culpables en ese bando. Es posible que la policía cometiera fallos en el despliegue pero el culpable de la violencia es el que tira la piedra, no el que recibe la pedrada, es el que apuñala, no el apuñalado.

Por eso, se echan de menos declaraciones de condena por parte del PSOE y de IU. De Izquierda Unida se esperaba y del PSOE cada vez sorprende menos. Su silencio se vuelve cómplice y les deslegitima. Antes de pedir explicaciones al ministro del Interior y al director de la Policía debería pedírselas a los convocantes de la manifestación que, claramente, tienen una responsabilidad en lo sucedido.

Hay una evidente relación causa-efecto y no vale tirar la piedra y esconder la mano; no vale jalear a la masa, hacer un llamamiento a la "lucha en la calle" contra el Gobierno que está "fuera de la legalidad" y luego mirar para otro lado.

La violencia privatizada
Kiko Méndez-Monasterio www.gaceta.es 27 Marzo 2014

La teoría política moderna habla de que es el Estado el que goza del monopolio de la violencia. Pero la práctica en España es que la izquierda ha privatizado ese privilegio público desde la Transición.

De vez en cuando hay que explicar el epíteto de la izquierda violenta. Nostálgicos de veinte años que se sueñan milicianos de otro siglo, y también -o a la vez- simplemente chusma amiga de la impunidad de la masa. Sorprende que a alguien le sorprenda que los que marchan bajo banderas rojas, alzando el puño de la ira, terminen sus manifestaciones tratando de linchar a los policías. Nunca han hecho otra cosa. El neocomunismo apenas ha tenido que aggiornarse, ahora leen a Lenin en breves tuits: “Contra los cuerpos la mentira, contra las almas la violencia” decía la momia, y sus fanáticos se afanan en replicar esa lucha dual, a ladrillazos contra la policía, a pura demagogia y falsedad en los medios de comunicación.

Nos ha faltado explicar el gulag con el mismo detalle que Auschwitz. Quizá ha sido imposible, porque cuando Solzhenitsyn vino a España la izquierda intelectual dijo entender los campos de concentración, y Juan Benet hasta exigió que se vigilaran mejor, para que gente como el premio Nobel no pudiera escaparse. Lo cierto es que la concordia de la que se habla estos días sólo fue posible enterrando a los militares de madrugada, y sentando a los terroristas en el Congreso.

La teoría política moderna habla de que es el Estado el que goza del monopolio de la violencia. Pero la práctica en España es que la izquierda ha privatizado ese privilegio público desde la Transición, cuando la amnistía ponía en la calle a terroristas que habrían de volver a asesinar, en mitad de una aplauso infame del congreso. A veces ni siquiera lo niegan, lo de la privatización, sólo esbozan media sonrisa y medio argumento revolucionario institucional. En su versión extrema han parido todas las organizaciones criminales de las últimas cuatro décadas, del Frap y el GRAPO a los comandos anticapitalistas, de pintorescos ejércitos gallegos hasta el Gal y Eta -que ahora se ha disfrazado de alcalde y maneja buena parte del presupuesto-. En su terrorismo de baja intensidad son piquetes sindicales, radicales futboleros, universitarios que no estudian y energúmenos pateando antidisturbios; y, por último, su columna gafapasta se encarna en tertulianos repitiendo que también es violencia la de los mercados, o la del fascismo, que es la palabra con la identifican al judío de turno, ya puede ser un periodista independiente o un tío de Tarrasa que se empeña en ser español.

El Ministerio del Interior todavía no nos ha explicado porque no cumplió e hizo cumplir la ley, y quién es el responsable de que los agentes de la autoridad fuesen linchados en plena Castellana. Debe hacerlo. Y después nacionalizar de nuevo el uso de la fuerza.

El monopolio legítimo de la extrema izquierda
EDITORIAL Libertad Digital

A la vista de lo acontecido desde la salvaje manifestación del pasado sábado, parecería que en España el monopolio legítimo de la violencia no lo tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sino los manifestantes de extrema izquierda. Sólo así se entendería que las fuerzas antidisturbios tuvieran orden de no utilizar material antidisturbios, que los manifestantes se atrevieran a moler a palos a los agentes, que la mayoría del centenar de heridos fueran policías, que los escasos manifestantes detenidos hayan sido ya puestos en libertad o que a los policías heridos que se defendieron para repeler a sus agresores les hayan abierto un expediente.

Así las cosas, es perfectamente comprensible el malestar de los agentes antidisturbios con los mandos del Cuerpo Nacional de Policía que dirigieron y planificaron el dispositivo, no en vano han presentado una querella en la que se les acusa de tres posibles delitos: lesiones -por omisión-, omisión del deber de impedir delitos y denegación de auxilio.

Ahora bien, el auténtico responsable de ese bochornoso espectáculo de violencia e impunidad no es el alto mando policial, ni siquiera la delegada del Gobierno. Es el acomplejado Gobierno, con su temor a lo que pudieran achacarle la oposición de izquierda y unos observadores de la OSCE que no se sabe a santo de qué estaban ejerciendo labores de vigilancia. Cualquier otro miembro de la OSCE habría elevado la más enérgica protesta ante la dirección de la misma por la insultante presencia de sus observadores en una democracia como la española.

Basta tener presente cómo actúan las fuerzas antidisturbios en Francia, Gran Bretaña, Alemania o Estados Unidos para hacerse una idea de cómo los gobernantes democráticos cumplen con su deber de preservar el orden público. Pero ¿qué orden público van a preservar y qué protección van a brindar a la ciudadanía unos agentes que, por culpa de unos inadmisibles complejos políticos, están maniatados a la hora de proteger hasta su propia integridad física?

Mucho se debe criticar a la extrema izquierda, que no sabe protestar sin llevar a cabo acciones de violencia, pero no menos criticable es una derecha gobernante que hace dejación de sus funciones y con ello alienta el salvajismo. Si los autores de este auténtico terrorismo callejero merecen la cárcel, no menos exigible es la dimisión del ministro de Interior, por no saber o no querer estar a la altura de la situación.

Violencia política
22-M: el orden público visto por la izquierda
Cristina Losada Libertad Digital 27 Marzo 2014

Toxo y Méndez han lamentado que no se hable del éxito de la manifestación del otro día, que ambos apoyaron, sino de "los incidentes". Bien, me temo que ése es su problema y el de los organizadores. La violencia tiene la fea costumbre de eclipsar todo lo demás. Absolutamente. Pero lo llamativo es esa preocupación invertida a la que daban voz los dos sindicalistas. Que preocupe que la violencia eclipse el mensaje de un acto y no preocupe, en primerísimo lugar, que la violencia estallara en ese acto. Porque lo que se está diciendo, en corto, es que el mal no es la violencia, sino el hecho de que la violencia concentre la atención pública.

Este peculiar orden de prioridades no es privativo de Toxo y Méndez. Es el orden que han venido estableciendo comúnmente gentes de la izquierda cuando la violencia nace de los suyos. Es su orden público. Un modo de evitar un rechazo taxativo que explica que la violencia surja una y otra vez al calor de este tipo de actos. Porque es cierto que hay, entre los que acuden a ellos, grupos decididos a liarla parda. Pero lo es también que esos grupúsculos cuentan con el abrigo que les proporcionan los organizadores respetables: nunca se les ve reclamando que les caiga el pelo a los agresores, al contrario, lo que piden por norma es su inmediata puesta en libertad, que salgan como inocentes, incluso como héroes. Si esto no es legitimar la violencia, se le parece mucho.

Yo no sé si los organizadores del 22-M podían haber controlado a los violentos in situ, como se hacía antaño mediante servicios de orden. Estos días de repaso a la Transición se recordaba la célebre concentración que organizó el PCE en 1976 en el funeral de los abogados laboralistas asesinados en Atocha. A uno de los dirigentes de CCOO entonces, Nicolás Sartorius, le oí decir al respecto que se puso "un servicio de orden que ya quisiera la policía". Eso digo yo: ya hubiera querido la policía que los del 22-M tuvieran un servicio de orden de verdad. Mejor dicho, ya hubieran querido los ciudadanos que los organizadores organizaran su acto.


Ignoro aquello, pero sé esto: al pedir la libertad de los detenidos, los que llevan la voz cantante del 22-M están protegiendo a los que hicieron destrozos e hirieron gravemente a decenas de agentes. Al tiempo, muy cucos, tratan de protegerse del desprestigio mediante una delirante teoría que achaca los disturbios a "provocadores parapoliciales". Y yo pregunto: si eran polis infiltrados para provocar, ¿cómo piden su puesta en libertad? No espero que respondan. Pero lo importante es el consentimiento tácito. El efecto de la violencia no ha de medirse únicamente por los daños materiales: su objeto primordial es ejercer coacción. Los que se ponen de perfil ante la violencia son los que desean beneficiarse de su efecto coactivo. Sin mancharse las manos, of course.

Doctrina elemental para caprichosos
José María Albert de Paco Libertad Digital 27 Marzo 2014

La anulación por parte del Tribunal Constitucional del principio aprobado por el Parlamento catalán en enero de 2013, que proclamaba que "el pueblo catalán" tenía, "por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano", está lejos de ser esa cuña de civilización que algunos catalanes (no muchos, ciertamente) reclamamos al Estado.

No en vano, ya el preámbulo de dicha declaración, en que la condición de ciudadanía emana de la preexistencia de un cuerpo místico, "el pueblo catalán", que "a lo largo de su historia" habría manifestado “democráticamente” la voluntad de autogobernarse; ya ese preámbulo, digo, exigía la piqueta del TC. Recordémoslo a viva voz, siquiera para constatar cómo ciertos descalabros sintácticos (y, por ende, morales) palidecen al menor contacto con el aire:

El pueblo de Cataluña, a lo largo de su historia, ha manifestado democráticamente la voluntad de autogobernarse, con el objetivo de mejorar el progreso, el bienestar y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, y para reforzar la cultura propia y su identidad colectiva.

Si en lugar de historia escribimos siglos, por cierto, se nos revela (y nunca mejor dicho) el texto que sirvió de inspiración, esa otra cumbre de la prosa catalana preambular:

El pueblo de Cataluña ha mantenido a lo largo de los siglos una vocación constante de autogobierno.

Y en el que, ni que decir tiene, no hay una sola palabra que se tenga en pie, así se trate de mantener o de manifestar.

Mas, lejos de hurgar en la herida, la sentencia del TC resulta en una suave reconvención pedagógica que no es fruto del cinismo, como sería deseable, sino de la habitual transigencia de Madrit para con el nacionalismo, ese afán de apaciguamiento cuyo efecto más evidente ha sido el vaciado de España como ámbito de ciudadanía. A semejanza de esos padres que razonan a sus hijos por qué no pueden tirar al abuelo por el balcón, los magistrados, en su fallo, brindan al Parlamento catalán una tersa explicación acerca de cuál es su lugar en el mundo y, lo que ya resulta pasmoso, cómo deberían obrar sus señorías para que se haga el nuevo sol. O lo que es lo mismo: qué botón deben pulsar para destruir el Estado.

Respecto a si la sentencia es jurídica o política, baste recordar que el 6 de abril de 2004 el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó una declaración institucional por la que declaraba la capital catalana "ciudad antitaurina". Se trataba, dijo entonces el alcalde Clos, de una declaración sin efectos prácticos, por cuanto la competencia para prohibir los toros en Barcelona no correspondía al Consistorio barcelonés. Apenas cinco años después, el Parlamento catalán prohibía los toros en Cataluña.

Tan sólo es un ejemplo de hasta qué punto el nacionalismo catalán (y todos los nacionalismos, si me apuran) ha utilizado como pie de pértiga para proyectarse a los cielos la literatura que sus propios adalides han ido generando, y para lo cual no requerían más verdad que su ingenio desbocado: "el pueblo de Cataluña", "a lo largo de los siglos", “una vocación constante”... Llegado el momento, esas declaraciones se hacían pasar por tradición, y la tradición por “legitimidad democrática”.

Conviene no olvidar, en fin, que las multas a comerciantes por no rotular en catalán, la prohibición taurina, la expulsión de la lengua castellana del ámbito público o el señalamiento y hostigamiento del adversario político empiezan siempre con un escriba alucinado que, a la voz de "ar", levanta una patria de papel.

¿Por qué lo llaman diálogo cuando quieren decir imposición?
José Rosiñol Lorenzo. Periodista Digital 27 Marzo 2014

El nacionalismo suele nutrir su “artillería” dialéctica soft –en otros momentos, tras asambleas enardecidas, se apuesta por la sedición o directamente por la rebelión- con demandas y súplicas malintencionadas al “diálogo”, naturalmente, dicho diálogo es una perversión más del lenguaje nacionalista, forma parte de una bien ejecutada puesta en escena del victimismo propiciatorio, aquél diseñado para ganar adeptos haciéndose pasar por la parte débil de un artificioso escenario de confrontación, de suma cero.

Pero cuando hablan de diálogo ¿a qué se refieren?, ¿de qué premisas parten?, ¿cómo conciben ese espacio negocial?, lo cierto es que, para empezar, las llamadas descarnadas al diálogo son una falacia, no son más que una parte del relato victimista que decía más arriba, el destinatario de estos mensajes es ese rebaño secesionista de buena fe que debe seguir creyendo –creer como si de una fe religiosa se tratase- en el independentismo como causa eminentemente moral, cuya esencia es determinantemente democrática.

Aún más, si tomamos ese constructo mental denominado “construcción nacional”, ese espacio referencial sobre el que se desarrolla la narración secesionista, vemos como hay unas prenociones implícitas –aunque algunas veces hay escapes de sinceridad explícita- por las que cualquier inicio de negociación debe comenzar con un espíritu de superioridad moral del “genio del pueblo catalán” que está, como no podría ser de otra manera, por encima de “España”, de cualquier ordenamiento jurídico y del respeto a las normas democráticas.

Estamos ante una situación que podría resumirse así: “creo un problema para alcanzar un objetivo, y planteo que la única solución es hablar de cuándo y cómo voy a alcanzar dicho objetivo”, pero el problema, para quién no se haya dado cuenta aun, no es entre administraciones, ni de raíz económica, ni de reconocimiento de la pluralidad española (cuestión que está recogida y amparada por nuestra Carta Magna), no, el problema es un problema esencialista, el independentismo se basa en la creencia de que existe una nación cultural preexistente a la Constitución, a España y a la democracia.

Esa nación cultural se traduce en la reducción del ciudadano a súbdito, la pluralidad a la homogeneización, la integración a la asimilación, la sagrada esfera del individuo a la imposición del espejismo de lo colectivo, es por ello que, partiendo de estas premisas historicistas, culturalistas y basadas en relativismos lingüísticos, cualquier diálogo será infructuoso, es más, si partimos aceptando esa “superioridad moral” nacionalista, si asumimos como que el nacionalismo es el único interlocutor válido de los catalanes y existe una única forma legítima de sentir la “catalanidad”, ese diálogo no solo será infructuoso sino que sería seguir un juego tremendamente nocivo para el futuro de nuestra democracia y de los derechos de todos los catalanes (independentistas o no).

Democracia mediante la ley
Marcus Pucnik www.cronicaglobal.com 27 Marzo 2014

¿Quieren saber lo que Europa dice sobre el “proceso” de Artur Mas? Lean la Opinión de la Comisión de Venecia. Después sustituyan Ucrania por España, y vuélvanla a leer.

Posiblemente se pueda consultar la opinión de los catalanes, pero el asunto no pasaría de aquí. Un referéndum que se llama consultivo pero que obliga a todos a actuar en consecuencia no es consultivo, sino trilerismo

Cataluña no es Crimea, pero España es Ucraina: aquí valen los mismos criterios, expuestos por la Comisión. Mas pudo inventarse una pregunta de referéndum que no pasaría esos criterios, aceptados también por el CATN que en su primer informe hizo referencia al Código de buenas prácticas en referéndums. Pero los principios fundamentales que esta Comisión acaba de aplicar ahora al caso de Crimea son un torpedo contra la linea de flotación de todo el "derecho a decidir".

La esencia misma de éste, la idea de la "radicalidad democrática" que se impone a cualquier ley, es incompatible con estos principios, entre ellos el respeto al estado de derecho. La Comisión muestra que estos principios están bien vivos y válidos, y cuando habla de "negociaciones serias" no quiere decir que no haya lineas rojas. Las hay, y por más que se queje Mas día sí y día también: son las lineas que marca la Constitución. Se puede negociar de mucho, per no de cambios en la Constitución que no pasan por la vía constitucional.

Posiblemente se pueda consultar la opinión de los catalanes, pero el asunto no pasaría de aquí. Un referéndum que se llama consultivo pero que obliga a todos a actuar en consecuencia no es consultivo, sino trilerismo. Los catalanes no tienen el derecho a decidir, la "radicalidad democrática" no existe. No hay voluntad popular por encima de la ley: sería la ley de la selva.

La Opinión de la Comisión de Venecia, que en su nombre completo lleva la expresión "democracia mediante la ley". En todo caso, habrá que unificar criterios.] es el punto de vista de una organismo altamente competente y respetado precisamente porque en todo lo que hace se aplica a favor de un máximo de democracia.

La democracia de Mas no es la democracia como se entiende en Europa y el mundo. No hay "sí o sí". No hay democracia sin ley, y sobre todo no hay democracia en contra de ella. Lo que hay en estados democráticos es democracia mediante la ley.

Lo que le queda al tándem Mas/Forcadell es crear una situación de crispación y confrontación máximas para intentar llevar el mundo a la conclusión de que España no puede retener a Cataluña en contra de la voluntad de los catalanes. Y en eso están.

La ventana del Maligno
Fernando José Vaquero Oroquieta  latribunadelpaisvasco.com 27 Marzo 2014

José Javier Esparza, uno de los intelectuales más completos de la España de hoy, en su faceta de crítico televisivo para el Grupo Vocento denominó su columna semanal -nunca igualada en calidad y profundidad por otros- como El invento del maligno. Y una selección de esos textos, titulada Informe sobre la televisión: el invento del maligno, se editó como libro, allá por 2001 (Criterio Libros, Madrid, 203 páginas). Pero, ¿no es una exageración descalificar así a la televisión? ¿Necesariamente es un artefacto peligroso al servicio de oscuras pretensiones de sabe Dios quiénes?

La TV, sin duda, ha transformado nuestras vidas y difícilmente podrían concebirse sin ella: para lo bueno y para lo malo. Al igual que respecto a tantas otras realidades instrumentales -especialmente las nuevas tecnologías- la bondad y razonabilidad de su uso depende, más que nada, del buen juicio, la voluntad y la libertad del usuario: éste puede encender la televisión y absorber pasiva y mansamente todo lo que vomita el plasma… pero también apagarla a voluntad y conforme criterios propios. Lo mismo sucede con internet: puede ser vehículo de libertad, relaciones positivas y contenidos sanos; o por el contrario, una vía al servicio de delitos terribles.

En todo caso, en la subcultura televidente, concurre una circunstancia que la hace muy poderosa: está asociada al ocio; esos momentos privilegiados y anhelados, en que las defensas psicológicas e intelectuales se encuentran bajas, en reposo. De modo que nos encontramos particularmente vulnerables a contenidos, mensajes subliminales y demás mercancías averiadas que rechazaríamos en otras circunstancias.

La televisión, pues, no es un simple instrumento neutral. Por el contrario, ha devenido en un medio de cambio social transformando las mentalidades, de implantación –velis nolis- de nuevas ideas y actitudes hegemónicas al servicio de lo políticamente correcto a escala planetaria. De hecho, los mismos contenidos pueden visualizarse en todos los continentes, estrenándose simultáneamente, en las principales cadenas televisivas del mundo, las denominadas series “de culto”; además de otras muchísimas más de calidad inexistente. Otro ejemplo sangrante de esa uniformización universalista es el de los reality show que comparten formatos y comportamientos. La pregunta que se impone, ante ello, es si esa programación televisiva similar y los reality ¿son expresión de los valores compartidos o, al contrario, pretenden modificarlos en cualquier latitud del planeta? Casi nadie, a estas alturas, lo duda; de ahí que todo el mundo sepa a qué nos referimos cuando se habla de «televisión basura».

La televisión puede ser, veíamos, un medio de cultura, de civilización, de educación cívica… o instrumento al servicio de los poderosos. Lamentablemente, la acumulación anónima y planetaria de capital y la fusión de esos intereses político-financieros con los valores culturales hegemónicos del radical-progresismo, han encaminado a las televisiones por el segundo de los caminos. Y con muy pocas excepciones. Así, si pensamos en España, vemos que dos oligopolios controlan la industria televisiva, su publicidad y casi toda la oferta: Atresmedia TV y Mediaset España.

Afortunadamente, el acceso masivo a internet, la generalización de la denominada “piratería” de contenidos audiovisuales, y el desarrollo de las redes sociales, han permitido que los usuarios puedan elaborarse una televisión “a la carta”: así, eMule, Ares, Torrents, etc., son conceptos/herramientas casi imprescindibles para quienes desean “exprimir” los medios de comunicación visuales y “liberarse” de programaciones rígidas, aburridas y saturadas de publicidad. De modo que, en un entorno sociocultural de marcado individualismo y desvinculación generalizados, por lo que respecta a la televisión, y pese a la gran industria y a la SGAE, la libertad de elección se está abriendo paso gracias a las nuevas tecnologías; pero con los riesgos propios de la sobreinformación, el peso aplastante de lo visual sobre otras formas de ocio y relación social, y el daño colateral del desplazamiento de la letra impresa (libros y periódicos).

En suma, puede afirmarse que viene planteándose, con diversas tácticas y estrategias, una dialéctica de raíz libertaria entre usuarios y poderosos, que persigue que las televisiones puedan servir a personas libres, familias críticas y comunidades activas. Y para facilitarlo, nada mejor que la vía empleada por las asociaciones de usuarios de la comunicación en su -tan singular como desconocida- batalla frente a los magnates de esta industria.

Para rescatar del olvido tamaña gesta, y situar el fenómeno televisivo en su evolución y contexto global, el libro Puré mediático* de María Isabel Martínez Éder -pionera incansable desde hace dos décadas, en que lanzara en Pamplona, con otros, la Asociación Plaza del Castillo de Usuarios de Medios de Comunicación, Telespectadores y Radioyentes- se ha convertido en memoria documental viva de esta existencia semiclandestina.

Puré mediático es un texto narrativo de esa empecinada lucha por una televisión de calidad, respetuosa y responsable con los derechos de los usuarios; especialmente los más desprotegidos. Su balance es muy crítico, de modo que afirma en su página 7: «Ni sucesivos gobiernos, ni oposición, ni defensores del pueblo o del menor, ni códigos de autorregulación, ni Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en su apartado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, han estado a la altura de las circunstancias. Las personas u organismos sustitutorios de la autoridad audiovisual operante en todo país desarrollado del mundo, han fracasado en España. Es así y ha sido su responsabilidad».

El texto denuncia, especialmente: la vulneración de los derechos de los menores; la inexistencia de una autoridad audiovisual independiente que vele por su cumplimiento; a una televisión basura que es «barata de realizar, crea adicción, extiende el analfabetismo cultural, favorece la degradación ética y social y crea una audiencia acrítica fácilmente manipulable»; el nefasto papel de Radiotelevisión Española; los excesos de la cadena de televisión Telecinco, de la que es socio mayoritario el delincuente internacional Silvio Berlusconi; el incumplimiento de los códigos de autorregulación; la exposición sin límites de violencia y pornografía; la saturación publicitaria; los cientos de emisoras ilegales o alegales; etc.

En su larga trayectoria, estas asociaciones y activistas molestaron, y mucho, a los poderosos; de modo que, en 2003, Telecinco envió a dos periodistas de la revista «Agente de Policía »al despacho de esa asociación, y al de otros activistas, para elaborar un supuesto reportaje sobre niños, violencia y televisión, grabando con cámara oculta imágenes y conversaciones, posteriormente emitidas -manipuladas y descontextualizadas- en «Crónicas Marcianas» y «Aquí hay Tomate», el 22 de diciembre de 2004. Ya en el ámbito judicial, por sentencia Nº 99/2007 del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona se condenó a Gestevisión-Tele5 a hacer público el fallo; lo que se cumplió torticeramente. Así lo resume Maribel Martínez: «La emisión [del reportaje] se llevó a cabo en horas de máxima audiencia, pero la lectura de la sentencia impuesta se realizó en torno a las 2,20 horas de la madrugada el día 7 de octubre, dando fin al programa “La noria”, leída por su presentador Jordi González y deliberadamente confundida con los títulos de crédito».

Maribel atribuye los méritos y éxitos de tan peculiar lucha al conjunto la sociedad española; que según su criterio, no está ni adormecida, ni es indiferente, ni estaría desorganizada.

Discrepo: desde su humildad y entusiasmo quiere atribuir a la sociedad española virtudes que la adornan a ella personalmente y que, en su impecable trayectoria y servicio, se ha ganado justamente con su coherencia e insobornable idealismo. Por el contrario, entiendo que la sociedad española deriva inevitablemente hacia la decadencia: desvinculada, caprichosa, ciega y despreocupada, volátil…

Puré mediático es, pues, un testigo documental clave e imprescindible para conocer la evolución de la TV en España y el empeño de unas minorías activas por humanizarla; pudiendo ser fuente de inspiración, acaso, de otras movilizaciones futuras al servicio de la sociedad y los más débiles.

(*) Puré mediático. Textos críticos (opinión y datos brutos). Medios de Comunicación –Sociedad en España. 1990-2012. Desde el punto de vista de los usuarios, telespectadores y radioyentes. María Isabel Martínez Éder. Ediciones Eunate. Pamplona. 2013. 498 página

Varapalo del Consejo de Europa a la consulta independentista promovida por Mas
Una opinión jurídica de la Comisión de Venecia sobre Crimea advierte de que no es legal celebrar un referéndum secesionista si la Constitución no lo permite. Recuerda que "el principio de integridad territorial" está dentro de los estándares constitucionales europeos. Y plantea la "autodeterminación interna" -esto es, un autogobierno con competencias limitadas- como solución a este tipo de conflictos.
Alejandro Tercero www.cronicaglobal.com 27 Marzo 2014

"Si la Constitución de Ucrania no permite un referéndum de secesión, esto no contradice en ningún caso los estándares constitucionales europeos. Más bien es típico en las constituciones [de los Estados miembros] del Consejo de Europa no permitir la secesión".

Así de contundente se ha posicionado la Comisión Europea para la Democracia a través de la Ley del Consejo de Europa, más conocida como Comisión de Venecia, en una opinión adoptada el jueves pasado sobre la legalidad del referéndum independentista celebrado en Crimea.

La Comisión no deja lugar a la dudas, y se refiere a un infome emitido por el propio organismo en el año 2000 que trata de dar orientación sobre cómo resolver conflictos étnico-políticos en Europa:

"El principio de integridad territorial tiene un reconocimiento muy extendido -ya sea expreso o tácito- en el derecho constitucional. Por otro lado, el derecho constitucional excluye la secesión o la redefinición de las fronteras. Esto no debería ser ninguna sorpresa, en tanto en cuanto que esa rama del derecho es el fundamento mismo del Estado, que podría ser privado de una de sus partes constituyentes si se dispusiesen posibilidades para ello".

La "indivisibilidad del Estado" implica que no es legal una consulta secesionista

Esta opinión de la Comisión de Venecia supone un nuevo revés para el referéndum independentista que promueve el presidente de la Generalidad, Artur Mas, en el sentido de que genera un nuevo precedente jurídico que, sin duda, será tenido en cuenta por la Unión Europea, pese a que el Consejo de Europa es un organismo diferente.

La Comisión insiste en que "la afirmación de la indivisibilidad del Estado", que recoge la mayoría de las constituciones, "claramente implica la prohibición de la secesión".

Así, en relación a Crimea, recuerda que "el artículo 2 de la Constitución de Ucrania señala que la indivisibilidad del territorio de Ucrania es uno de los mayores valores de la Constitución ucraniana y es una indicación de que un referéndum sobre la secesión no puede ser constitucional en Ucrania". Una situación perfectamente extrapolable al caso de Cataluña.

La "autodeterminación interna" es la solución
Por otra parte, la Comisión de Venecia indica que la imposibilidad legal de llevar a cabo una consulta secesionista "no significa que el concepto de autodeterminación sea ajeno al derecho europeo constitucional".

De hecho, destaca que "la autodeterminación se entiende principalmente como la autodeterminación interna en el marco de las fronteras existentes y no como la autodeterminación externa a través de la secesión". Una situación que ya se aplica en España a través de las CCAA.

"Los medios públicos deben ser neutrales"
Más allá de la ilegalidad del referéndum celebrado en Crimea, la resolución también critica la forma en que este se ha llevado a cabo, y recuerda cuáles son los estándares internacionales que se exigen para estos casos:

"Las autoridades deben ofrecer información objetiva; los medios públicos deben ser neutrales, especialmente en cuanto a la cobertura de las noticias; las autoridades no deben influir en el resultado de la votación mediante una campaña imparcial y excesiva; el uso de fondos públicos por parte de las autoridades para la campaña debe ser restringido".

Se trata de unos criterios que chocan frontalmente con la actuación de la Generalidad en los últimos meses, consistente en utilizar intensivamente los medios públicos para defender la celebración del referéndum independentista y apoyar la secesión de Cataluña, destinando grandes cantidades de fondos públicos a esa labor. De igual forma, sería cuestionable la campaña de los ayuntamientos integrados en la Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Las "negociaciones serias" como requisito ineludible
Finalmente, la Comisión de Venecia concluye que "solo un referéndum consultivo para aumentar la autonomía [de Crimea] podria ser permitido bajo la Constitución de Ucrania".

E insiste en que "cualquier referéndum sobre el estatus de un territorio deberían haber estado precedidas de negociaciones serias entre todas las partes interesadas, unas negociaciones que no tuvieron lugar" en el caso de Crimea.

"La decisión del poder constituyente ucraniano de no conceder el derecho a la secesión no puede ser criticado en base a los estándares europeos constitucionales", reitera.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Cataluña
El golpe de Estado diario de Artur Mas
Pablo Planas Libertad Digital 27 Marzo 2014

Artur Mas ha vuelto a dar muestras de su elevado sentido de Estado y respeto por la legalidad democrática al valorar el fallo del Constitucional sobre la declaración de soberanía del Parlamento catalán. "El proceso continúa", ha dicho, como si una sentencia suscrita por unanimidad tuviera el mismo valor que un cromo de Iniesta. La confianza que el PP y el PSOE albergan en que no se celebrará ninguna consulta separatista en Cataluña el 9-N contrasta con los pronunciamientos notoriamente explícitos del molt honorable. Y no solo con su retórica y soflamas. Contrasta también con el día a día de la Generalidad, cuyos estudios y programas abarcan aspectos tan prosaicos del día después de la independencia como el control del aeropuerto, las telecomunicaciones, los cajeros automáticos, el estampillado de sellos de correos y las medidas a adoptar en caso de difusión de falsos rumores.

Se trata de un informe del Consell Assesor per a la Transició Nacional, el CATN, que despliega un amplio abanico de posibilidades y contiene detalladas instrucciones en caso de "beligerancia" del Estado español. Papel oficial del que se embebe la ponencia golpista de la Assemblea Nacional Catalana, la ANC. Y como colofón a un día normal en Barcelona, la vicepresidenta ha enviado una carta a todos los alcaldes para que se cuadren y colaboren, que el 9-N hay consulta caiga quien caiga. Es algo realmente inaudito: un día después del fallo del TC, mailing a los alcaldes para que quede constancia. El 9 de noviembre de 2014, consulta, según se hace saber.

Visto el panorama, cabrían dos posibilidades desde la perspectiva de Rajoy. La primera, que Mas se fuera a echar atrás por voluntad propia en un momento dado, algo en plan "ahora paso, ya no me apetece", cosa que no parece que vaya a ocurrir. La segunda, que alguien o algo, incluso el Estado, le pare los pies. Sabedores de las dificultades que entraña el cumplimiento de la ley, tanto para quienes deben velar por su cumplimiento como para quienes la deben cumplir, debería tenerse en cuenta que ya no es la ANC quien prepara un golpe, de mano, efecto o de Estado, un golpe al cabo, sino la propia Generalidad, a través del CATN, pesebre oficial de Pilar Rahola y Carles Viver, un exmagistrado del TC. El documento del que les hablo se plantea hipótesis tan estimulantes y pacíficas como el cierre del "espacio aéreo catalán". Con comillas porque todo esto está por escrito.

La Generalidad no se esconde, de modo que o a Mas le entra un ataque súbito de responsabilidad y cordura, o le paran los suyos o el 9-N hay consulta y no se hable más.

Si no sucede ninguna de estas cosas o cualquier otro giro inesperado, a Rajoy no le va a quedar más remedio que hacer algo con el proceso catalán, a no ser que los informes y actividades del ministro Margallo, entre Haro y Filipinas, estén provistos de unos improbables efectos retardados que reconduzcan a Mas, Carme Forcadell, Homs, Junqueras y un largo etcétera por la senda de la legalidad, la concordia y el buen entendimiento general.

"El proceso continúa". Es que no lo puede decir más claro. El golpe ya ha empezado. Es lo de cada día.

Contrapuntos en este bendito país
Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com 27 Marzo 2014

Ha fallecido el presidente artífice de la transición democrática, D. Adolfo Suárez. Se le han hecho los honores de Estado, como corresponde a alguien que puso las condiciones para que no volviéramos a situaciones de enfrentamiento civil. Aunque algunos se han empeñado en volver al pasado y romper los pactos básicos de entendimiento.

Sé, y comprendo, que haya quien afirme que la Constitución fue una chapuza nacida del consenso entre fuerzas contradictorias. Incluso que esa Constitución puso la semilla de los secesionismos, sin que los nacionalismos vasco y catalán se bajasen del monte, a pesar de las concesiones (véase, por ejemplo, la Adicional Primera de la C.E. que es un anacronismo). Lo entiendo.

Pero, sin aquel paso que permitía poner los puentes para un borrón y cuenta nueva respecto a la Guerra Civil y las décadas del franquismo, no hubiera sido posible un marco de libertades y un régimen de pluralismo político y social. Y, sobre todo, una legitimación del sistema. En definitiva, la concordia nacional y la convivencia pacífica.

Sin embargo, ahora viene la segunda parte del asunto. Y en esta cuestión no tiene la culpa Adolfo Suárez, un hombre bueno, que hizo todo lo que estaba en sus manos para la reconciliación entre los españoles. Aquellos acuerdos de partida de hacer borrón y cuenta nueva los rompió Zapatero y la izquierda en su conjunto en las dos legislaturas previas al actual mandato; tanto con la llamada “memoria histórica” como con las actitudes de ruptura respecto a la mal llamada “derecha”, protagonizadas en escenarios como el día después al 11-m, por poner un ejemplo. Ese clima de compromiso con los pactos de Estado para respetar el marco constitucional fue gravemente violado con sucesivos acontecimientos como la promulgación de un Estatuto de Cataluña manifiestamente inconstitucional y base del actual proceso de independencia catalana, los pactos con ETA que han herido la memoria de las víctimas, y, sobre todo, las movilizaciones en la calle para tirar a un gobierno legítimo, por mucho que no guste. Y se sigue vulnerando con el pertinaz empeño de derrumbarlo, negando la posibilidad de pactos de Estado en materias fundamentales para la pervivencia del Estado social y de derecho, sin perjuicio de la natural crítica que podamos compartir.

Y, pasemos a esta parte. La llamada movilización por “la dignidad” es legítima siempre que no se utilice la violencia. Aún no se ha oído ningún comunicado donde se denuncie los actos bárbaros y criminales con ocasión de la citada manifestación, por parte de sus organizadores en la jornada en que se velaban los restos del expresidente. No quiero decir que la mayoría de los manifestantes fueran responsables de esos actos de pura “kale borroka” en Madrid. En absoluto. Pero sí se echa en falta un repudio por quienes dirigieron y convocaron ese acto de protesta.

Cuando se pone en riesgo la vida e integridad física de unos servidores públicos, que velan por el cumplimiento de las garantías constitucionales, cuando se atenta contra ellos, cuando se les agrede hasta poner en grave compromiso sus vidas, cuando se llega a coartar a los servicios de ambulancia obstaculizando su función, gritando para que no acudan en auxilio de personas heridas, se cometen graves delitos. No se entiende que solamente uno de las casi dos decenas de detenidos haya quedado a disposición de la justicia, aun en el supuesto de que los dejados en libertad solamente hayan cometido un atentado contra la autoridad. ¿Acaso no es suficiente motivo para encarcelarles?

Pero menos se entiende que los mandos policiales o la autoridad competente, dejaran a merced de salvajes que iban armados de adoquines, barras de acero, y armas blancas, a un grupo de policías que quedaron aislados sin que se dispusiera la disolución y arresto de quienes atentaron contra la vida de ese grupo de servidores del orden público. Alguien tiene que dimitir. Si cualquier ciudadano tiene el derecho a la protección de su vida y bienes, más aún la de aquellos que representan a la autoridad legítima. Cuando se pierde el sentido de la autoridad y del poder legítimo se abren las puertas del vandalismo y de la barbarie, que es el punto en el que nos encontramos.

Y vayamos a otra cuestión que es el contrapunto de lo que representaba el presidente Suárez, y que es una clara evidencia de cómo se han roto los puentes construidos con dificultad y sufrimiento en aquellos años de finales de la década de los 70.

El presidente de la Generalitat catalana, también fue a los actos de homenaje al difunto Suárez. O más bien, fue a lo suyo, que es poner la nota discordante.

Es lamentable que el Sr. Mas rompiera el clima que exigía el guión y las normas de conducta y cortesía acordes con el momento, con el cuerpo del expresidente Suárez presente, tratando de utilizar e instrumentalizar la idea del consenso, para reclamar, una vez más, mano abierta a su pretensión ilegal, que convierte en imposible un referendum para la autodeterminación de Cataluña. Ni era el momento ni era el lugar para ello. Pero el personaje, una vez más, queda retratado en lo que es. Cada uno proyecta en sus actos lo que es. Es precisamente él quien más vivamente refleja la ruptura de aquello que construyó Suárez, y quien mejor representa la ruptura con los pactos constitucionales. Pero es, precisamente, en el acto de despedida de quien abrió las puertas a la esperanza de reconciliación, quien rompe toda expectativa de concordia para el futuro de nuestros hijos. No merece ser presidente de Cataluña, y los catalanes deberían hacer una reflexión de cómo defender su dignidad, machacada con un presidente así.

Estamos en una fase en la que se requieren nuevos pactos constitucionales y reconstruir los lazos que nos deben unir a todos los españoles. En ello nos va el futuro de nuestros hijos y nietos y el bienestar colectivo.

www.educacionynacionalismo.com

Cataluña
¿Y ahora qué va a hacer Mas?
José García Domínguez Libertad Digital 27 Marzo 2014

El romanticismo de patio de colegio que inspira el proceder institucional de los catalanistas acaba de chocar con el sentido común jurídico del TC. Así, el Constitucional se ha visto obligado a perder un tiempo que no le sobra explicando obviedades del libro gordo de Petete a Artur Mas y sus muchachos, con el siempre histriónico Homs a la cabeza. Pues, al parecer, el presidente de la Generalitat desconoce que únicamente las personas son libres para actuar como les plazca con la única restricción de no traspasar los límites fijados en las leyes. Los poderes públicos, en cambio, carecen de libre albedrío. Al contrario que los individuos, las instituciones del Estado, y el Parlamento de Cataluña no es otra cosa más que eso, poseen competencias, no derechos y libertades.

Para gran asombro de don Artur y su muy ignaro escudero, ocurre que las instituciones no están legitimadas para hacer lo que les dé la gana, sino habilitadas para ejercer solo las prerrogativas previstas en la norma jurídica que en su día las creó. Por eso el Ayuntamiento de Albacete no puede decretar sanciones comerciales contra la Federación Rusa, ni la Diputación de Soria nacionalizar la banca previa votación de su pleno. Por lo mismo que tampoco al Parlamento de Cataluña le compete anular lo establecido en el artículo dos de la Constitución, a saber, que el titular único de la soberanía es el pueblo español. De patio de colegio, sí. Pero ha hecho falta un pronunciamiento del Constitucional para explicárselo. Y aún parece que no lo han entendido.

¿Qué harán ahora los niños del patio? Lo acaba de conjeturar en El País Joaquim Coll, el intelectual orgánico de cabecera de la actual dirección del PSC. En la certeza de que el Estado va a anular el proceso, Mas esperará a que, en septiembre, el hemiciclo local apruebe la nueva ley autonómica de consultas. Acto seguido, esto es sin dar tiempo material al Gobierno para que recurra la norma ante el TC, el Consejo Ejecutivo de la Generalitat emitirá el decreto convocando el referéndum. Gesto teatral para la galería que le permitirá a Mas cumplir con su promesa y, al tiempo, hacerse un hueco, él, un tecnócrata anodino sin el menor pedigrí, en el pequeño santoral catalanista. Después, claro, llegará el Constitucional con las rebajas y el asunto, como siempre, quedará en nada. Pero esa será otra historia.

El analfabetismo jurídico del separatismo catalán
"No hay peor desentendido que el que no quiere entender”, El Criticón II 183
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 27 Marzo 2014

Sin duda, señores, el señor Artur Mas, presidente de la Generalitat catalana e impulsor directo de ese invento político por el que han decidido, él y el Parlament catalán, que Catalunya es un ente jurídico distinto de la nación española; debería, después del rapapolvo que le ha propinado el Tribunal Constitucional, disculparse ante sus conciudadanos y presentar su dimisión irrevocable por el daño que les ha hecho: a la autonomía catalana y a los españoles residentes en esta región; haciéndoles creer que Catalunya tenía porvenir separada de España, que sería bien recibida en Europa y que la vida de quienes habitaban en ella sería mucho mejor siendo un nuevo estado independiente. Los millones de euros que la Generalitat ha venido destinando de los impuestos recaudados de los ciudadanos, a alimentar este disparatado proyecto; hubieran estado mejor destinados a pagar las deudas que tienen con sus proveedores, a paliar la pobreza de una importante parte de la ciudadanía y a mejorar el funcionamiento de las instituciones.

La rotundidad con la que, el Alto Tribunal, ha despachado el tema catalán, por mayoría absoluta, no tiene por donde atacarse si todavía se pretende, como quieren intentarlo Mas, Junquera, Homs y toda la cuadrilla irredenta de separatistas, buscarle un atisbo de esperanza para su causa. El hecho de que, el TC, haya dicho que: el tener ideas políticas no es un delito, que todas las opciones tienen cabida en el ordenamiento jurídico español y que es posible solucionar los problemas de una consulta autonómica siguiendo los cauces legales establecidos por la Constitución y las leyes; no tiene otra lectura que la que se ha venido repitiendo, insistentemente, por el Gobierno de la nación, desde que el señor Mas jugó al órdago de pedir la independencia de España (manteniendo, como premisa indispensable para cualquier negociación con el Gobierno de la nación, que la celebración de una consulta sobre “el derecho a decidir” era una condición sine qua non): se puede negociar todo menos un autogobierno catalán, porque la Constitución española en sus artículos 1 y 2 no permiten que nada destruya la unidad de España.

Todas las vueltas que se le quieran dar van a chocar, a partir de ahora, con la declaración de nulidad de todo el proceso independentista catalán. Y eso será así por mucho que, un empecinado presidente de la Generalitat, se siga empeñando en dar coces contra el aguijón, negándose a rectificar, pretendiendo cubrir su fracaso diciendo que el proceso va a continuar y afirmando que se van a dar los rodeos necesarios para superar todos los obstáculos que se les vengan poniendo. Se ha declarado ilegal la convocatoria unilateral de un referéndum y también que la soberanía resida en el pueblo catalán. A partir de ahora, desde el punto de vista legal, van a tener que comenzar de 0 e iniciar, si es que persisten en su absurda pretensión, el camino de la legalidad. Es muy curioso que, el propio señor Mas, haya repetido, incesantemente, que ellos siempre se moverían dentro de la “legalidad” y que no iban a incurrir nunca en actuaciones ilegales ¡Ahora es el momento, don Arturo, de demostrar lo que vale su palabra y ser consecuente con sus promesas!.

Hay que decir que las puertas del Parlamento, como ya existe una declaración en este sentido, también se las van a cerrar; por lo que sus posibilidades de conseguir su aprobación para la consulta solicitada, se les van a esfumar. Otro líder, que hubiera fracasado ante su pueblo, engañándolo con falsas promesas y haciéndole concebir esperanzas ilusorias, hubiera tenido la dignidad de dimitir y dejar que se nombrara un nuevo gobierno o convocar nuevas elecciones. Al respeto, tenemos que decir que, como es de todos sabido, el último cartucho que le quedaba al señor Mas para el caso que se le negara la posibilidad de acudir a la consulta pública, era la de convocar nuevas elecciones en las cuales los separatistas podrían incluir, en su programa de gobierno, una consulta para ofrecer a sus votantes la posibilidad de apoyar la independencia.

Conviene recordar que no estará permitido que cualquier gobierno que pudiera suceder al actual en Catalunya, fuera de derechas, izquierdas o de carácter independentista, pudiera poder poner en duda el hecho clarificado por el TC, de que “la soberanía del Estado español reside exclusivamente en el pueblo español”, no, por supuesto, en el pueblo catalán o el gallego o vasco, ¡en todo el pueblo español! en el caso de que el Parlamento de la nación, con todos los requisitos exigidos por la Constitución, decidiera someter a un referéndum el concederle un estatus especial a los catalanes.

Capítulo aparte merece la forma grosera, impropia de personas civilizadas y absurda en unos señores que ocupan unos escaños, precisamente porque la Constitución española se lo ha permitido y, evidentemente, torpe por cuanto demuestran a las claras que los únicos argumentos que se les ocurre aportar en contra de la resolución del TC, en la que habla de “pluralismo” y “legalidad”, consisten en descalificar a sus componentes, tal y como, un despendolado señor Tardá, de ERC, ha afirmado, diciendo que: “la institución vuelve a demostrar que está corrompida y que se sus jueces les puede más la tripa que el cerebro”, demostrando con ello la clase de sujetos que integran la formación a la que pertenece. Una diputada del CUP, Isabel Vallet, no ha querido ser menos y ha afirmado que, su partido, “no reconoce” la sentencia del TC, “no se la reconoce como una decisión válida”. Esta señora se ha quejado de que, el TC, haya tardado 8 años en decidir sobre la ley concursal y, no obstante, le ha bastado con un año para decidir sobre el tema soberanista catalán . ¡no ha tenido en cuenta, tan “sagaz” política que, para decidir sobre el tema separatista catalán basta con leerse dos artículo cortos de la Constitución española: el 1º y el 2º) Muchos pensamos que, con unos cuantos minutos, ya había suficiente!.

¿Supondrán estas actitudes inconformistas y estos reproches, hechos a la totalidad de magistrados del TC (habían decidido recusar a tres de ellos), un rechazo a la Constitución y a todas las leyes estatales?, ¿El señor Homs, de CIU o el señor Bosch de ERC, decidirán declararse en rebelión contra el Estado? El tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que, aunque el Gobierno de la nación se ha declarado satisfecho con la declaración del TC, ahora, al señor Rajoy, se le habrán acabado las excusas, dilataciones, negociaciones y componendas para andarse con remilgos en lo que respeta al nacionalismo catalán; porque ha sido el mismo TC quien le ha abierto las puertas para atajar actos contrarios a derecho, como este mismo que ha sido declarado nulo. Lo que sí ha quedado demostrado es que con paños calientes, con ignorar los problemas, con intentar “comprar” a base de millones al Gobern catalán, no se ha conseguido otra cosa que ayudarles a financiarse su propia estrategia en contra del resto de España.

No sea, señores, que una vez que se ha conseguido lo más, ahora que tienen la oportunidad de ejercer su mayoría en el Congreso de Diputados, permitan que, desde la impunidad que se les ha concedido, hasta ahora, a los que quieren la independencia; se siga la misma política de apaciguamiento y concesiones, como si nada hubiera pasado. Puede que, de ser así, muchos patriotas no lo entendiéramos más que como una deslealtad y una traición a la patria. O así es, señores, como desde la óptica del ciudadano de a pie, vemos esta cuestión.

La formación comunista estrecha cada vez más sus lazos con los violentos
Izquierda Unida: ¿la nueva Batasuna?
Elentir (Blog Contando Estrelas)  latribunadelpaisvasco.com 27 Marzo 2014

Tras apoyar activamente la movilización ultraizquierdista del pasado sábado, que se saldó con 67 policías heridos y 29 radicales detenidos -entre ellos una dirigente de IU y un energúmeno que ha sido enviado a prisión acusado de tentativa de homicidio-, si Izquierda Unida fuese una fuerza democrática ya se habría apresurado a condenar por activa y por pasiva la violencia desatada por cientos de manifestantes. Pero no lo ha hecho ni cabe esperar que lo haga.

La actitud de la formación comunista ante la violencia de sus afines no es nueva entre la extrema izquierda y tampoco resulta extraña en la propia trayectoria de IU, sobre todo en su trayectoria más reciente. A modo de ejemplo:

En octubre de 2011 el diputado de IU Gaspar Llamazares sale en defensa del rapero Pablo Hasel, que en una entrevista había declarado: “Yo seguiré brindando cuando ETA le vuele la nuca a un pepero.” Entre las canciones de este miserable hay expresiones de clara apología del terrorismo como “No me da pena tu tiro en la nuca, pepero” y “¡Vivan los GRAPO!”. El 4 de octubre Hasel fue detenido por apología del terrorismo por orden de la Audiencia Nacional. Llamazares le defiende diciendo: “No se puede juzgar la disidencia frente al sistema de Hasel como apología del terrorismo.” Sin comentarios.

El 25 de septiembre de 2012 un movilización de ultraizquierda acaba con ataques a la Policía, resultando heridos siete agentes. En vez de condenar la violencia ultra, IU acusa a la Policía de provocarla, lo que causa indignación entre los sindicatos policiales, uno de los cuales presenta ante el Tribunal Supremo una denuncia contra los diputados de IU Cayo Lara, José Luis Centella y Alberto Garzón por injurias y calumnias contra la Policía.

En diciembre de 2012 el presidente de la patronal extremeña denuncia a un dirigente de IU por amenazas tras referirse a la elección del presidente de aquélla con la expresión “Contra la patronal; amonal, amonal”, en referencia al explosivo usado por ETA. En vez de expulsar a ese impresentable dirigente, Izquierda Unida sale en apoyo del denunciado presentándole como víctima de una “persecución política y mediática”. El colmo de la desvergüenza.

El 5 de julio de 2013 comienza en Barcelona el 20º congreso del Partido Obrero Revolucionario, grupo trotskista integrado en Izquierda Unida. Es invitado a tomar parte en él el batasuno Pernando Barrena, que fue miembro de las direcciones de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, organizaciones ilegalizadas por formar parte de la estructura de ETA y que hace dos años se estrenaba como portavoz de Sortu equiparando a las víctimas de ETA con los asesinos y a la labor policial con el terrorismo etarra.

El 13 de septiembre de 2013, y tras ser condenados a prisión 4 terroristas de Resistencia Galega por participación en organización terrorista, falsificación de documento oficial y tenencia de explosivos, la federación gallega de IU lanza un infame comunicando negando que Resistencia Galega sea terrorista, arremetiendo contra la sentencia judicial y afirmando que “el terrorismo realmente existente en nuestro país es el de extrema derecha”. Y eso a pesar de que Resistencia Gallega llevaba ya perpetrados 137 atentados, 33 de ellos con bomba.

El 14 de diciembre de 2013 IU apoya una marcha no autorizada de grupos de ultraizquierda en Madrid, que termina con agresiones a la Policía, resultando heridos 14 agentes. IU no sólo no condenó la violencia desatada contra la Policía, sino que jaleó la violenta manifestación.

A mediados de enero de 2014 el portavoz de IU en Burgos justifica la violencia ultraizquierdista en Gamonal, y lo hace de forma muy clara: “desde Izquierda Unida Burgos, seguiremos luchando para que Gamonal sea la chispa que arranque la revolución en todo el país. Esperamos que lo que está ocurriendo en este barrio sea la chispa necesaria para una transformación a nivel estatal.”

Obtener y conservar por la violencia lo que no logran por las urnas
A estas alturas ya resulta evidente que Izquierda Unida se siente cómoda entre los violentos, cuyas agresiones a la Policía se niega a condenar, intentando presentar a los agentes agredidos como agresores, eso sí, mientras apoya la represión policial más brutal en dictaduras de izquierdas como Cuba y Venezuela. IU está arrojando contra la sociedad española un mensaje tácito que sólo puede ser interpretado en clave de amenaza: incapaces como son de llegar al poder por las urnas, están dispuestos a alcanzarlo por medio de la violencia, y a seguir usándola para mantenerse en él. A fin de cuentas, ellos mismos usan una misma palabra para referirse a esa forma de tomar el poder y para disfrazar a dictaduras como la cubana: “revolución”.

Lo que dice la ley sobre quienes fomentan, propician o legitiman la violencia
IU no es la primera fuerza de ultraizquierda en España que se sirve de la más burda manipulación del lenguaje para legitimar la violencia con fines políticos. Ya ha habido otras y algunas, afortunadamente, han sido ilegalizadas por ello. En una democracia no se puede tolerar a los que buscan un atajo hacia el poder por medio de la violencia, usen una esvástica o una estrella roja. La vigente Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos establece con claridad las causas para declarar ilegal a un partido político “cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave”, y se cita, entre otras tres posibilidades, la siguiente:

“Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas.”

¿Es que IU tiene patente de corso? ¿Qué más tienen que hacer estos antidemócratas para que la justicia actúe contra ellos?

Artículo publicado originalmente por Elentir en su blog Contando Estrelas

INVESTIGACIÓN POLICIAL
La conexión batasuna del 22-M
Juan E. Pflüger www.gaceta.es 27 Marzo 2014

La Policía estudia los nexos de grupos violentos y partidos de extrema izquierda, como IzCa, liderado por Doris Benegas.


A medida que avanza la investigación sobre los graves sucesos y las agresiones a la Policía que se produjeron tras las denominadas “Marchas de la Dignidad”, se van conociendo las implicaciones que en esos hechos tienen los sectores más radicales de la extrema izquierda, algunas de las cuales se mantienen una relación muy próxima con el entorno radical vasco del entramado social y político de ETA.

Durante la manifestación que recorrió el tramo que media entre la estación de Atocha y la Plaza de Colón se pudieron ver numerosos símbolos y pancartas relacionadas con los diferentes grupos terroristas que han existido en España.

Con el consentimiento del dispositivo de seguridad establecido por los convocantes a la marcha se pudieron ver numerosos carteles que solicitaban el acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco y Navarra, emblemas de la organización terrorista catalana Terra Lliure, o pancartas con leyendas alusivas a los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre como: “Que vuelvan los GRAPO… necesitamos una limpieza de fachas urgente”.

Además, recientes informaciones de la investigación policial apuntan a que el grupo terrorista gallego –así lo ha considerado la Audiencia Nacional- Resistencia Galega (RG) serían los protagonistas máximos en la organización de las agresiones a los miembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional. RG es un grupo que forma parte del denominado Movimiento de Liberación Nacional Galego, conformado a imagen y semejanza del Movimiento de Liberación Nacional Vasco y en sus comunicaciones llevan años amenazando con que “lucharemos y golpearemos unidos contra el Régimen del 78”.

Una consigna que parece haber adoptado el partido político Izquierda Castellana (IzCa), a juzgar por el editorial colgado en la mañana de ayer en su página web, para defender la acción de los violentos contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El artículo pivota sobre la idea de que el “Régimen monárquico de 1978 (…) recurre a la represión pura y dura como su único discurso”.

La vinculación con Doris Benegas
IzCa es un grupo de izquierda radical y nacionalista castellano que lidera la abogada Doris María Benegas, hermana del histórico líder socialista Txiki Benegas, que ha sido una de las más destacadas portavoces a la hora de pedir la liberación de los 27 detenidos por los disturbios ocurridos tras la manifestación del pasado sábado y que terminaron con 67 policías heridos.

La rama juvenil de su organización, bautizada como Yesca, se caracteriza por su radicalismo y su conexión con varios de los grupos más radicales de la extrema izquierda en Madrid como Contrapoder, Estrella Roja, la Coordinadora Antifascista o los ultras radicales del Rayo Vallecano, Bukaneros. Todos ellos con contactos, demostrados en múltiples ocasiones, con el entorno batasuno a través de la ilegalizada Segi.

Una relación que los cachorros de IzCa han heredado de la líder de su formación, Doris Benegas quien ocupó el segundo puesto a las elecciones europeas de 2009 en las listas de Izquierda Internacionalista (II), una formación que estuvo a punto de ser ilegalizada en virtud de la Ley de Partidos Políticos al ser considerada como una “marca blanca” de ETA. Una de las pruebas que la Fiscalía presentó para ilegalizar la franquicia batasuna fue la presencia de Benegas en ella, a la que consideraba estrechamente vinculada a Batasuna. En la lista también se encontraba otro de los dirigentes de IzCa, el médico Luis Nicanor Ocampo.

Benegas es la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Valladolid, el grupo que se dio a conocer por los escraches ante las residencias de los políticos del Partido Popular y a cuyos actos en Madrid, según ha señalado la policía en varias ocasiones, suelen acudir miembros de los grupos radicales antes mencionados.

Por su parte, Ocampo, es uno de los dirigentes de la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad Pública en Castilla y León, también vinculada, al igual que IzCa y Yesca a la “Marcha por la Dignidad”. La Plataforma a la que pertenece Ocampo es la misma en la que, desde Madrid, participa muy activamente la médico, y ex diputada de Izquierda Unida, Ángeles Maestro desde su rama de Madrid. Maestro también participó en mítines de Iniciativa Internacionalista en las elecciones de 2009.

La relación de Benegas con los proetarras es, según declaró ella misma en la Audiencia Nacional, de “igual a igual”, a la vez que manifestaba que los miembros del entramado político de la banda terrorista gozan de gran “reconocimiento social, honradez y prestigio”.

Carlos Jimenez Villarejo, a los independentistas: "Que no mientan"
Critica, "desde una perspectiva de izquierdas", a los partidos que promueven un "distanciamiento de España para conseguir sus objetivos espurios". Y, más aun, a los que, "por intereses mezquinos, buscan un hueco para convertirse en no se sabe qué".
Redacción www.cronicaglobal.com 27 Marzo 2014

"¿De qué soberanía están hablando? ¿De la de los diputados, o de la de los ciudadanos que están sufriendo sus políticas liberales?". Con esta pregunta retórica se podría resumir la conferencia que ha dado este miércoles en Barcelona el ex fiscal anticorupción, miembro de Federalistes d'Esquerres y candidato a las primarias de Podemos, Carlos Jiménez Villarejo. Y en la que, "desde una perspectiva de izquierdas", ha cargado contra los promotores del desafío independentista y de la declaración de soberanía declarada inconstitucional justo un día antes. Con especial énfasis en sus antiguos compañeros de viaje de ICV-EUiA, formación en cuyas listas Jiménez Villarejo participó en las últimas elecciones autonómicas.

En la conferencia, organizada por Alternativa Ciudadana Progresista, bajo el inequívoco título "La izquierda, ante el desafío nacionalista en Cataluña", Jiménez Villarejo se ha dedicado a desmontar lo que entiende que son las "mentiras" de las formaciones que aprobaron la declaración de soberanía, CiU, ERC e ICV-EUiA. Y poniendo de manifiesto el "error" de los partidos de izquierda involucrados.

Villarejo ha citado el propio mismo texto de la declaración, que explica que esta se acordó "de acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo catalán en las urnas". Algo que el ex fiscal ha negado tajante e irónicamente.

Críticas a ICV-EUiA
"¿Cuándo se expresó? Yo no lo recuerdo", ha exclamado. "Sí recuerdo que en las elecciones de 2012 formé parte de las listas de ICV-EUiA, y nosotros no hablamos de eso", ha añadido, para resaltar el giro de la formación ecosocialista. "Que no mientan. A mí no me pueden manipular diciendo que voté una cosa que no voté, ni a mí ni a millones de catalanes", ha aseverado.

En la misma línea -y, esta vez, sin dar siglas-, ha criticado a los partidos que promueven un "distanciamiento de España para conseguir sus objetivos espurios". Y, más aun, a los que, "por intereses mezquinos, buscan un hueco para convertirse en no se sabe qué".

"Desde una perspectiva de la izquierda, solo cabe volver a nuestros principios", ha continuado. Unos principios que pasan por luchar por "más derechos y más igualdad", en lugar de "romper con los trabajadores" y "cogerse del brazo de Mas", en referencia al presidente de la Generalidad.

Para Artur Mas y su formación también ha tenido palabras Jiménez Villarejo. Ha recordado sus "políticas neoliberales", que entiende que violan el artículo 9 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas", así como a "remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud". "¿Cómo hablan de la Constitución como obstáculo cuando la están incumpliendo?", se ha preguntado. "Es curioso que hablen de soberanía cuando gobierna un partido que viola la Constitución", ha añadido.

Villarejo también ha criticado a los partidos soberanistas porque hablan de "construir el estado de bienestar" en una hipotética Cataluña independiente "cuando ahora la están destruyendo". A la vez que ha señalado la "situación de embaucamiento" en la que considera que viven quienes creen que la independencia permitiría solucionar los problemas actuales de Cataluña.

"Nos intentan embaucar"
Así, se ha extrañado de los "escenarios de optimismo radical" que manejan los independentistas, cuando "la realidad es de pesimismo absoluto". "No podemos aguantar más tiempo que nos intenten embaucar", ha proclamado. "No podemos admitir que nos sigan mintiendo", ha añadido, concluyendo que este es "el gran reto de los ciudadanos de izquierda".

"El camino que han emprendido es un camino sin salida", ha afirmado. "Yo estoy aquí para impedirlo, para defender la alternativa que finalmente va a triunfar", ha concluido. Una alternativa que, según ha explicado, pasa por una "unión" de los "pueblos de España" en un modelo de tipo federal.

Al acto han asistido una cincuentena de personas, entre las cuales había el también miembro de Federalistes d'Esquerres Manuel Cruz, el candidato de Ciudadanos a las europeas Javier Nart y el ex diputado autonómico de la formación naranja Antonio Robles. Este último ha contribuido al mensaje de Villarejo en la ronda de preguntas, cuando ha alertado de que existen ya "dos generaciones embaucadas", que creen sinceramente que "España nos está jodiendo desde hace 300 años".


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