AGLI Recortes de Prensa   Domingo 30  Marzo  2014

Salvar a España o salvar a la casta
EDITORIAL Libertad Digital 30 Marzo 2014

El coordinador federal de IU lanzó ayer una carga de profundidad a la clase política, al advertir públicamente de un posible gobierno de coalición entre PP y PSOE después de las próximas elecciones generales. Según Lara, José Luis Rodríguez Zapatero estaría orquestando esta operación entre bambalinas con ayuda de una cierta corriente interna en el PSOE y algunos medios de comunicación, algo que el expresidente del Gobierno ha desmentido tajantemente como no era de esperar. Pero al margen de afirmaciones y desmentidos a título particular como los escenificados este sábado, resulta indudable que los recientes acontecimientos sugieren la posibilidad de un futuro acuerdo de los dos grandes partidos para mantener en pie un régimen del que ellos son los principales beneficiarios.

La crisis económica y la operación separatista de la Generalidad catalana son los dos problemas coyunturales de mayor calado a los que se enfrenta la sociedad española en estos momentos. Junto a ellos hay cuestiones estructurales de importancia capital que lastran las posibilidades de que esos dos graves asuntos se resuelvan de forma favorable a los intereses generales, como son la politización de la Justicia y nuestro disparatado e insostenible modelo territorial.

Unos órganos judiciales cuyos miembros deben el puesto a los partidos políticos no pueden garantizar la existencia de una Justicia independiente, dispuesta a sancionar con el rigor exigible los desmanes protagonizados por la clase política sin temor a represalias profesionales, tanto en casos de corrupción como en las iniciativas ilegales de órganos territoriales del Estado tal que la intentona separatista propiciada por el actual presidente de la Generalidad catalana. En cuanto al Estado Autonómico, además de haberse convertido en una fuente de problemas políticos y de crear continuas ineficiencias en la gestión de los servicios públicos transferidos, la mera existencia de diecisiete minigobiernos fraccionando el mercado nacional, compitiendo entre ellos y gastando anualmente más de un cuarto de billón de euros (casi la cuarta parte de la riqueza nacional), es una afrenta que sólo se sostiene porque los dos grandes partidos tienen decenas de miles de altos cargos que han decidido mantener aun a costa de la ruina general.

Ante este cúmulo de amenazas para la supervivencia del régimen, que el PP y el PSOE pretenden apuntalar junto a la Corona con meros retoques, hay que añadir el surgimiento de nuevos partidos a ambos lados del espectro político que amenazan a su vez con cuestionar la hegemonía de la que han venido disfrutando las dos grandes formaciones nacionales en las tres últimas décadas. No es de extrañar, por tanto, que ya hayan surgido voces anunciando un futuro pacto de gobierno entre los dos partidos mayoritarios, que otorgue carta de naturaleza política al entendimiento de facto existente entre ambas formaciones.

Un acuerdo marco de Gobierno entre los partidos mayoritarios no es necesariamente malo ni bueno, sino en función del objetivo que se pretenda alcanzar con él. De hecho, en situaciones críticas como las que atraviesa nuestra Nación hasta sería deseable un entendimiento que fructificase formalmente en los órganos ejecutivos del Estado. Pero eso sí, siempre que el objetivo fuera salvar a España; no a la casta política actual. Por desgracia, todo hace indicar que, de producirse ese eventual Pacto de Estado, las miras de los dirigentes políticos y las más altas instituciones estarán dirigidas a lo segundo en detrimento del interés general de todos los españoles.

España, ejemplo de Monarquía bananera
Juan Laborda www.vozpopuli.com 30 Marzo 2014

Cuando ya pensábamos que estábamos curados de espanto, cuando la anestesia colectiva suministrada por los discípulos “goobelianos” patrios parecía admitir cualquier trágala, salió a escena el inefable Cristóbal Montoro. En plena representación de esa obra teatral trágico-burlesca en que se ha convertido el devenir diario de nuestro país, nuestro ufano ministro decidió subir al escenario. Pero no crean ustedes que se conformó con un papel secundario, ¡no!, ya ni siquiera le valía hacer de protagonista. Quería, al menos por un día, ser el director de la representación teatral, y establecer las correspondientes acotaciones.

Y sus indicaciones a sus conciudadanos, convertidos en actores secundarios de una obra de terror, eran dos. Por un lado, deberían mostrar su inmensa felicidad y alegría por un dato de déficit público, el correspondiente a 2013, completamente maquillado y alejado de la realidad. Por otro, de manera chulesca, reprendió a Cáritas por ofrecer dotes de realismo sobre cómo es la vida cotidiana de millones de españoles, mísera.

Con razón un atento observador e inversor internacional afirmó, tras unas estruendosas carcajadas, “Spain is becoming my favourite Banana Republic”, algo así como “España se está convirtiendo en mi República Bananera favorita”. Yo simplemente le comenté que no éramos una República sino una Monarquía, a lo que él respondió, “No problem, Spain is becoming my favourite Banana Monarchy”.

Para desgracia de nuestro neófito director de teatro, durante esa misma semana se dio a conocer el dato preliminar de inflación de marzo y que de nuevo, en su variación interanual, entró en territorio negativo. Frente a la verborrea oficial, la realidad es muy dura, tremenda, España se encuentra en parada cardiorrespiratoria, ha entrado en el peor de los males económicos, deflación por endeudamiento.

El dato de déficit público, un nuevo juego floral
Desde estas líneas venimos denunciando como los indicadores económicos publicados, relativos a nuestra querida España, están siendo manoseados grotescamente por un gobierno, el nuestro, ávido de trasladar la ciudadanía la farsa de que el empobrecimiento masivo al que nos han sometido ha sido por nuestro bien.

Como botón de muestra expusimos nuestras dudas sobre la congruencia del dato de PIB correspondiente al último trimestre de 2013. La magnitud de la contracción del consumo público era muy extraña. Registró una caída real del 14,6% y una contribución al crecimiento trimestral anualizado del PIB de -3 puntos porcentuales. De ahí la pregunta que numerosos economistas nos hicimos, “¿es una caída real del gasto o estamos traspasando la contabilización del mismo al siguiente ejercicio para intentar acercarse al objetivo de déficit del 6,5% del PIB?”. La respuesta es muy sencilla, se cerró la admisión de gastos de 2013 una semana antes de acabar noviembre. Increíble.

No me sean malos, no vayan a pensar ustedes que la Alemania de Merkel nos va a afear la conducta, y de esa manera estropear el nuevo acto o jornada de la obra teatral diseñada por Rajoy y compañía. No, no lo hará, se está reservando para los stress test o pruebas de resistencia a que someterán a la banca y donde la nuestra saldrá muy mal parada.

Como están asustados por la deflación, harán la vista gorda en materia de déficit público, elecciones tocan. Incluso los países de la Unión Europea ya han aprobado un cambio en el método de cálculo del déficit público estructural que beneficia especialmente a España, ya que se traducirá en una relajación del esfuerzo de ajuste exigido por Bruselas. La razón es muy sencilla. La metodología propuesta para calcular el paro estructural y de ahí el déficit estructural se relajará, y con ello los nuevos deberes venideros en materia fiscal. Algo es algo.

Las desigualdades, fruto del rescate a las élites
Pero el gobierno no puede acallar, y por lo tanto ocultar, una cruda realidad. La pobreza vuelve a instalarse en nuestro país con toda su intensidad. Diversos informes de Caritas, UNICEF, o Save The Children ya nos avisaban de lo que era un secreto a voces. Añadan ustedes también los recientes informes “sesudos” de distintos organismos multilaterales -FMI y OCDE- sobre las consecuencias y los efectos de la crisis y de las políticas económicas que ellos mismos recomendaban. Los resultados para nuestro país no pueden ser más demoledores.

La crisis ha sido aprovechada en nuestro país por quienes la generaron –gerencia bancaria y acreedores foráneos- para hacer un ajuste de cuentas con la ciudadanía. Para ello han contado con la ayuda inestimable de una clase gobernante mediocre e insensible. Las cifras ponen de manifiesto que Occidente en general, y muy especialmente nuestra querida España, se encuentran inmersos en una fase de aparente recuperación y apogeo de las élites, pero que en realidad oculta un empobrecimiento masivo de la ciudadanía. Se trata de un equilibrio inestable que al final acabará estallando. Y es esto lo que trata de acallar Montoro. Lo dicho, “Spain is becoming my favourite Banana Monarchy”.

La tercera muerte de Adolfo Suárez
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 30 Marzo 2014

Todas las crisis, cuyo relato pormenorizado daría lugar a varios tomos, han venido a darse la mano en este final de ciclo que suene a fin de régimen. Crisis económica, cierto, pero sobre todo crisis política de caballo, crisis de unas instituciones desprestigiadas, desde los tribunales de Justicia, hasta la clase política, pasando por la Corona. Todo en crisis. Todo en almoneda.

Mantienen no pocos especialistas que, a pesar de las taras con que nació la vigente Constitución de 1978, el viaje a la libertad de los españoles hubiera podido recibir un nuevo impulso regenerador si, tras la crisis de la segunda mitad de 1992 (clausurados los fastos de la Expo de Sevilla y los JJ.OO. de Barcelona) y 1993, crisis que mandó al paro a más de un millón de personas en 18 meses, la Corona y la clase política se hubieran embarcado en una vuelta de tuerca modernizadora de esa Constitución, una vez desaparecido el riesgo de asonada militar. No hubo voluntad para emprender ese proceso. El sistema había cristalizado ya en lo que ha venido a parar hoy, en un reparto de los montes entre los partidos mayoritarios, los nacionalismos de derecha catalán y vasco, y la Corona como gran usufructuaria, todo bajo la protección financiera brindada por la elite empresarial situada al frente de las grandes empresas y bancos. Todos habían hecho ya de la libertad un negocio. Todos navegaban a sus anchas por el río de la corrupción que nos lleva, en particular un titular de la Corona que, con el visto bueno de los sucesivos presidentes de Gobierno, se había dedicado a acumular dinero y novias, no sin que antes Felipe González y sus mayorías desactivaran a una Justicia cuya independencia, reconocida en la Carta Magna, se segó de raíz.

Ese soberbio impenitente que es José Maria Aznar creyó que el crecimiento y la presencia de dinero en el bolsillo de una clase media cada vez más numerosa sepultaría para siempre la protesta larvada de esa parte de la población quejosa con la pobre calidad de nuestra democracia. El golpe encubierto del 11-M cambió el rumbo de España, instalando en el Poder a un piernas que ha causado un daño quizá irreparable a la unidad de la nación, al alentar un Estatuto de Cataluña que nadie reclamaba y que fue aprobado en referéndum por menos de un tercio de su población. La incompetencia de ese piernas agravó una crisis económica de una profundidad desconocida, el fondo del valle plagado de detritus materiales y morales en el que hoy nos encontramos, con millones de parados, un Estado autonómico proclive al gasto descontrolado, un Estado del Bienestar imposible de financiar si no es acumulando deuda, unas élites nacionalistas que, en el punto más bajo de España, país sin pulso, han decidido romper la baraja y jugar por su cuenta la carta de la ruptura, y una sociedad civil miedosa y ensimismada, en gran parte entontecida por ese “Prontuario Zapatero a la Felicidad” que, al rechazo a la responsabilidad individual, añade la pretensión de que el Estado debe atender a la solución de todos sus problemas, sin preguntarse, al tiempo, quién paga la cuenta.

Remedando a sir Winston, "No hemos evitado la guerra y tenemos, además, el deshonor"
Todas las crisis, cuyo relato pormenorizado daría lugar a varios tomos, han venido a darse la mano en este final de ciclo que suene a fin de régimen. Crisis económica, cierto, pero sobre todo crisis política de caballo, crisis de unas instituciones desprestigiadas, desde los tribunales de Justicia, hasta la clase política, pasando por la Corona. Todo en crisis. Todo en almoneda. Mariano Rajoy, inesperado heredero del desastre, se esfuerza en taponar vías de agua con el espíritu esforzado del honrado conservador de provincias empeñado en gestionar la dote y entregar la estafeta al final de su mandato en mejores condiciones. Sin brillo. Sin sentido de la grandeza que exige el momento, crucial, que vive España. Sin abordar la crisis política cuya solución reclama a gritos un gran pacto de Estado capaz de alumbrar un nuevo periodo –otros 30 ó 40 años- de paz y prosperidad para los españoles. Empantanados en la tesis de “las tres erres”, Rey, Rajoy y Rubalcaba, tres boxeadores sonados que a duras penas se sostienen abrazados en el ring para no caer sobre la lona, mientras, sudorosos y agotados, escrutan la posibilidad de esa grosse koalition capaz de mantenerlos con vida unos cuantos años más.

El valiente fontanero encargado de desmontar el Movimiento
En estas circunstancias ocurre el fallecimiento de Adolfo Suárez, un hombre que ya había muerto en vida tiempo atrás, cuanto la enfermedad que padecía le apartó del mundo de la razón. Nadie se acordaba del valiente fontanero encargado de llevar a cabo los planes que Occidente (fundamentalmente un Washington alarmado por lo ocurrido poco antes en Portugal y la socialdemocracia alemana) había preparado para España; todos habían dado la espalda al falangista atildado que la mente preclara y tortuosa de aquel factótum en la sombra que fue Torcuato Fernández-Miranda, go-between entre el joven Rey y los poderes de la OTAN, había descubierto para llevar a cabo la tarea. Nadie mejor que el ministro secretario general del Movimiento para desmontar el Movimiento. Suárez no solo cumplió su papel, sino que se lo creyó y en un determinado momento decidió volar solo, como cuando, en aquel inolvidable sábado santo, sorprendió a todos, empezando por el Rey y siguiendo por la cúpula militar, con la legalización del PCE. Tanto se lo creyó, que los poderes de verdad decidieron echarlo -en el fondo, Adolfo solo se representaba a sí mismo-, convencidos de que el falangista guaperas se estaba convirtiendo en un peligroso izquierdista.

Lo cierto es que el germen de los males que ahora exhibe un régimen que ha llegado hasta aquí exhausto, tironeado por una corrupción galopante, ya estaban marcados a fuego en el ADN de una Constitución que había optado por el café para todos autonómico para enmascarar el viejo problema catalán y vasco, bajo la amenaza de un Ejercito mayoritariamente franquista, a quien el teniente general Gutiérrez Mellado, tal vez uno de los auténticos héroes de esta historia, tuvo que atar muy en corto jugándose la vida. Vieron así la luz los 17 Estaditos, con 17 Gobiernos, 17 Parlamentos, 17 Tribunales Superiores de Justicia, 17 Defensores del Pueblo, etc., etc. El resultado, desolador, es que hoy tenemos un Gobierno central con facultades muy mermadas para atender auténticas políticas de Estado, aunque, a cambio, tenemos los 17 Estaditos imposibles de financiar, 17 clases políticas dispuesta a matar antes de devolver una sola de las prerrogativas arrancadas a Madrid, y tenemos, más vivo que nunca, amenazador, el desafío del separatismo catalán y, subsidiariamente, vasco. Remedando la célebre frase de sir Winston, no hemos evitado la guerra y tenemos, además, el deshonor. Despilfarro, corrupción y riesgo de ruptura de España.

Nadie mejor que el ministro secretario general del Movimiento para desmontar el Movimiento
Mañana seguirá el esperpento con ese funeral de Estado en la Almudena, tal vez preludio del proceso de canonización del “héroe de la Transición”, el “audaz improvisador” Adolfo Suarez, elevación a los altares -de la que tan necesitada está nuestra clase dirigente- del hombre vilipendiado y escarnecido por la inmensa mayoría de quienes estos días han organizado el gran aquelarre de su entierro en beneficio propio. Las tres muertes de Adolfo Suárez. Con la utilización torticera de su figura, los dueños del sistema han pretendido un triple objetivo consistente, por un lado, en dar brillo a una clase política pesimamente valorada por la opinión pública; en embellecer, por otro, los perfiles de “esta” democracia tan maltrecha, tan necesitada de alicatado hasta el techo; y en ensalzar, en último lugar, el valor de la Corona como elemento de consenso, y en particular del propio rey Juan Carlos como personaje clave de la Transición (“Adolfo y yo…”) y figura imprescindible para garantizar la convivencia (en realidad los intereses del establishment patrio), porque ha sido el Rey quien más y mejor ha rentabilizado, o ha pretendido hacerlo, esta tercera muerte de Adolfo Suárez. Las audiencias de las televisiones que han retransmitido los fastos han dejado claro que los españoles no se han dejado embaucar por el intento.

Suárez o el retrato de un hombre corriente
Suárez o el retrato de un hombre corriente que, mal pertrechado a nivel intelectual, gozaba de gran habilidad para el regate en corto, en gran parte gracias a su simpatía y capacidad para las relaciones personales. Su momento de gloria llega en la tarde de aquel 23 de febrero de 1981 cuando, en el Congreso de los Diputados y frente al cañón de las pistolas, se mantiene firme (“la dignidad de la andadura vertical y del paso erguido del hombre”, que dijo Bloch), de modo que, enemigo de la servidumbre voluntaria, defensor de la legalidad democrática, se inmortaliza, en ese instante en que vida y muerte se discuten, como el héroe de Carlyle, el tipo de una pieza, el minuto de gloria del hombre común capaz de derrotar al miedo. Poco o nada se ha dicho del Suárez cuya figura, lejos de la Presidencia, cruzó con más pena que gloria al frente del CDS hasta irse diluyendo en el silencio, sin que el Rey, que decía pestes del “héroe de la Transición”, se le pusiera al teléfono, pero al mismo tiempo obligado a pedir ayuda al Rey, del que fue leal servidor, para mantener un tren de vida que incluía casas en Madrid, Ávila y Mallorca, además de despacho, y que, en el colmo de los colmos, llegó a encargar un barco a Mefasa en la primavera de 1993, idea de la que le disuadió el propio Monarca (“Es que este jilipollas se piensa que sigue siendo Presidente del Gobierno”), porque Adolfo no tenía un duro y alguien tendría que pagarlo. Como ha escrito García Trevijano, “La transición fue un pacto y de algo así solo puede derivar corrupción”. En cascada.

Anegados como estamos por el aluvión de lágrimas de cocodrilo que estos días fluye por doquier, resulta obligado denunciar el intento torticero de utilización de la imagen del ex presidente por parte de un establishment político empeñado por esta vía en recuperar la suya. Como ha dicho Gregorio Morán, uno de los mejores conocedores de la figura de Suárez, “La Transición fue un negocio fabuloso, lo que pasa es que la empresa ha quebrado”. Es hora de reconocer que el colapso del sistema que el finado contribuyó a crear coloca a los españoles en la tesitura de desbrozar otra vez un camino capaz de asegurar un nuevo periodo de paz y prosperidad para todos, camino que inevitablemente pasa por una regeneración integral de las instituciones. Porque una cosa son las libertades y otra, muy distinta, una auténtica democracia caracterizada, de entrada, por una efectiva separación de poderes. La tarea de introducir a España por la senda de esa democracia de calidad, democracia digna de tal nombre, sigue pendiente. El punto de partida no es baladí. El PIB per capita en paridad de compra, que en el año 1975 era de 3.500 dólares, había escalado hasta los 24.900 en 2012 (tras haber caído por la crisis), según los indicadores del BdE. Esta España se parece muy poco a la de 1975 y en nada a la de 1940. Tal vez el cambio consista en sacudirnos la costra de una clase política enmohecida. La solución, a vuelta de urna.

No eliminó extras
Algo no cuadra: el déficit del cuarto trimestre registra el menor aumento de la crisis
España registró en el cuarto trimestre el menor agujero fiscal desde 2007, casi 9.000 millones de euros inferior al de 2012.
M. Llamas Libertad Digital 30 Marzo 2014

España registtró un déficit del 6,62% del PIB en 2013, según anunció el viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desviándose así algo más de un décima respecto al objetivo del 6,5% fijado por Bruselas. De este modo, el agujero de las Administraciones Públicas ascendió a un total de 67.755 millones de euros, lo cual supone apenas un recorte de dos décimas respecto a 2012 (-2.678 millones de euros). Y ello, pese a la masiva subida de impuestos aplicada hasta el momento.

Sin embargo, esta cifra arroja ciertas dudas a la vista de cómo evolucionó el déficit a lo largo del pasado año. Así, el agujero fiscal ascendía a 49.980 el pasado septiembre, de modo que aumentó en 17.775 millones extra en los últimos tres meses del año, una vez descontadas las ayudas financieras.

Se trata del menor aumento que registra el déficit público en un cuarto trimestre desde que estalló la crisis. En concreto, habría que retroceder a 2007, en plena burbuja inmobiliaria, para observar una cifra menor. Dicha brecha aumentó en 32.000 millones en el cuarto trimestre de 2008, 41.000 millones en 2009, 40.000 en 2010 y 45.000 millones en 2011. En los últimos meses del año el déficit suele aumentar porque se concentran importantes partidas de gasto.

Pero el pasado trimestre no arroja el mismo resultado, sobre todo si se compara con el año previo. En el cuarto trimestre de 2012, el déficit público aumentó en unos 26.600 millones (excluyendo ayudas financieras), lo cual supone casi 9.000 millones más respecto al cuarto trimestre de 2013. El descenso experimentado en el último año llama la atención, ya que cabe recordar que el Gobierno eliminó la extra de Navidad a los empleados públicos en 2012 (unos 5.000 millones), de modo que o bien se ha desplomado el gasto público en los últimos tres meses del pasado ejercicio o bien la recaudación ha aumentado de forma muy significativa para explicar tal caída.

En este sentido, cabe señalar que en el tercer trimestre de 2013, el gasto público fue algo superior al del mismo período de 2012, mientras que la recaudación evolucionó de forma muy similar. Según informa Bloomberg, una de las posibles razones estriba en que Hacienda ordenó que no se contabilizaran gastos públicos a partir de finales del mes de noviembre, de modo que parte del gasto de diciembre se habría pasado automáticamente al mes de enero.

Sobre estas líneas todavía puede darse un diálogo informado por la historia, capaz de reconocer los miedos existenciales de los interlocutores entre sí, y capaz de encontrar los hallazgos constitucionales e institucionales suficientes para apagar esos miedos y ofrecer un futuro estable a nuestro pueblo. Un futuro estable, no definitivo. Suficiente en todo caso para enfrentarse con serenidad a los retos que la presente situación mundial representa para todos los actores dotados de cierta identidad histórica comunitaria.

Historia y presente: el problema catalán
José Luis Villacañas El Confidencial 30 Marzo 2014

Todo entre nosotros está orientado al instante actual: las formas de comunicarse, de percibir, de atender, de hablar, de amar. Pocos echan de menos un tiempo más estructurado, más complejo. A una época a la que le cuesta trabajo imaginar el futuro, le cuesta también atender al pasado. Una cosa lleva la otra. La consecuencia es que sencillamente creemos que lo que no es actual, no existe.

En cambio, esta superstición respecto a las cosas que se nos dan en el tiempo no se ha extendido a las cosas que se nos dan en el espacio. Nadie asume que las cosas sean meramente las sensaciones actuales que tenemos de ellas. Nadie las reduce a colores, impresiones táctiles, olores, todo eso que puede ser objeto de la atención centrada en el ahora. Sabemos que hay algo invisible en las cosas, por debajo de sus superficies, que de forma misteriosa les ofrece densidad, solidez, resistencia. Desde luego, sabemos que eso que albergan las cosas por debajo de la piel que nos impresiona son campos de energía, espacios vacíos, neutrones y protones y todo eso. Pero jamás se nos ocurrirá pensar que, porque todo eso sea invisible, podemos dirigirnos contra ellas impunemente. Sabemos que algo invisible en ellas nos ofrece resistencia, produce choques mortales, genera conflictos entre ellas y nuestros cuerpos. En suma, eso invisible en ellas hace que las cosas no estén sometidas a nuestra voluntad. No podemos disponer de ellas si no respetamos las leyes que rigen su estructura invisible.

El fenómeno del choque, del conflicto, nos condena a la violenciaResulta muy extraño que hoy pensemos que el tiempo es diferente. Sin embargo, él también, aunque invisible, tiene densidad, solidez, y es capaz de oponernos resistencia de forma tan dura como las cosas, los muros, los objetos metálicos y acerados. De forma desatenta, creemos que porque el tiempo pasado no se vea, ya no existe. Deberíamos comenzar a creer que el tiempo presente es también materia; que tras la superficie del presente se esconde una dura, impenetrable, inmanejable, indisponible materia, y que para tratarla sin riesgos debemos conocer sus leyes y respetarlas.

De la misma manera que verificamos la densidad de la materia externa mediante los choques que destrozan los cuerpos y producen las ruinas, verificamos la tozudez de la materia histórica, la materia del pasado, cuando de repente vemos que estallan los conflictos a nuestro alrededor. Entonces echamos mano de todo lo que nos ofrece lo actual y nos sentimos como desnudos. No sabemos qué hacer ni qué decir. El fenómeno del choque, del conflicto, cuando para su administración sólo nos asiste la atención a lo actual, nos condena a la violencia. Verbal, expresiva, al principio, poco a poco aumentará su intensidad en la medida en que el sujeto esté desprovisto de herramientas culturales.

Las percepciones del pasado y la angustia del futuro
Conocer el pasado es no sólo la manera de producir distancias culturales para evitar el choque violento de la desnuda expresividad, sino también la forma de jugar con esas distancias para que den lugar al reconocimiento del otro y entender su problema, algo que por lo general también se hunde en el pasado y está aumentado por la inquietud del futuro. En suma, el conflicto es aquello que hace que el tiempo presente cobre toda su dimensión y complejidad, lo que exige que la percepción levante la vista más allá del instante actual, hacia el pasado y hacia el futuro.

Un futuro que no puede anticiparse es siempre percibido como una amenazaNuestras sociedades, volcadas hacia el instante de la actualidad, generan por doquier sujetos incapaces de obtener percepciones adecuadas sobre el pasado, de ofrecer relatos compartidos de la experiencia vivida. Mi impresión es que estos sujetos tampoco están en condiciones de neutralizar de forma compartida la angustia de un futuro que, oculto tras los destellos inconexos de la memoria inmediata, no deja ver su rostro y es imposible de anticipar. Y un futuro que no puede anticiparse es siempre percibido como una amenaza.

Estas reflexiones valen para la existencia de cualquier grupo humano. Están en el fondo de la carencia de herramientas para manejar el conflicto que se da dentro de las paredes de una casa, en la violencia de género, y lo están también en el fondo de los conflictos que estallan entre los grupos más amplios, comunidades y pueblos, tal y como hemos visto ahora entre Ucrania y Rusia o, como vemos entre nosotros, entre Cataluña y el resto de España. El hecho de que nos haya producido escándalo un congreso titulado “España contra Cataluña” ha desviado nuestra atención de algo todavía más importante: que no teníamos un relato conocido, persuasivo, previo, extendido y alternativo al que se anunciaba con este rótulo. Que una parte crea que pueda disponer del pasado a su arbitrio es la prueba evidente de que la sociedad en su conjunto ya había perdido todo contacto adecuado con su pasado.

La leyenda negra de la no escritura de la Historia
Es la vieja queja castiza contra la leyenda negra. Pues, en efecto, esta queja castiza olvida que la leyenda negra se impuso desde el siglo XVI sencillamente porque Felipe II dio orden de no escribir historia alguna. Sólo un valiente y esforzado Mariana, que pagaría con la cárcel su valentía por esta y otras cosas, se atrevió a escribir una historia española en latín -aunque luego fuese traducida-, que fue la única vigente hasta el siglo XIX, y que por no tentar a la suerte decidió terminar en el reinado de Fernando el Católico. Al abandonar el campo del pasado, el poder público hispano fue así víctima del relato que escribieron los otros.

Nuestro sistema de enseñanza está fomentando el mismo defecto que Felipe II. Está abandonando el sentido del tiempo, a cambio de fomentar el sentido de lo actual. Está abandonando una condición fundamental de la ciudadanía, a cambio de fomentar sólo la condición de integrante del mercado de trabajo. Esto es un error. Si uno entra en un colegio británico que se precie, lo primero que ve en la parte alta de la pared de todas las aulas es una línea del tiempo que les permite a los alumnos adquirir familiaridad con las mediaciones históricas de las que su presente es resultado. Ahí, en las mediaciones filosóficas, religiosas, culturales, literarias y sociales, el presente adquiere significado y muestra su estructura plena, los estratos de tiempo que lo sostienen y le dan sentido y densidad material. Ahí se adquieren las herramientas para mediar el conflicto con razones que nos enseñan a cuestionar una posición dogmática, unilateral, ensimismada.

Esto no quiere decir que nuestros profesores de historia no sepan mucho más sobre la historia de España y del mundo que en ninguna etapa anterior. Por ejemplo, en el congreso que nos escandalizó, la inmensa mayoría de historiadores españoles podría dar razones de que esa formulación era exagerada y unilateral. Pero entregado cada uno a su especialización, no han sabido ofrecer un relato animado, vital, persuasivo, retóricamente refinado y literariamente atractivo del avatar histórico de España y sus pueblos. En el fondo, la historia de un país es como su política. A una historia ensimismada en hablar a especialistas, que dejan el campo del pasado común a la novela histórica, corresponde una política distante, elemental, brutal y carente de argumentos y de retóricas a la altura de los tiempos.

La participación del otro
Quien se decida a obedecer la norma de reconocer al otro, deberá conocer su historia. Y deberá hacerlo de tal modo que el otro participe en la narración de su pasado. Sólo así los interlocutores podrán comprender sus miedos y sus inquietudes, cuyo desconocimiento lleva directamente al conflicto. Algo de eso ha pasado en los últimos diez años entre Cataluña y España. Los miedos y las angustias existenciales de los dos colectivos han crecido por doquier, confrontados a una situación mundial cambiante y amenazante de globalización que altera la expectativa de los grupos humanos y amenaza la pervivencia de su identidad.

En la Constitución de 1978 hay una promesa de pervivencia de la cultura catalana, entregada por la totalidad del pueblo español al pueblo de CataluñaSí, en el fondo de todo conflicto hay una inseguridad, un miedo, una amenaza. Comprenderlo e identificarlo es media solución del problema. Presionada por la potencia de la cultura en español, la segunda del mundo, una cultura milenaria como la catalana no deja de verse en peligro de extinción. Para un español de Cáceres es fácil que esto no sea percibido como una tragedia, pero cualquier español debería sentirlo como tal. Porque en la Constitución de 1978, como no podía ser de otra manera, hay una promesa de pervivencia de la cultura catalana, entregada por la totalidad del pueblo español al pueblo de Cataluña. Esa promesa debería ser cumplida y debería ser puesta por encima de cualquier conflicto que en el pasado haya acontecido entre España y Cataluña. Porque esa promesa se hizo a cambio –es lo que se promete al acatar la Constitución- de acallar la inquietud y la angustia de muchos españoles ante el horizonte de que el pueblo de Cataluña no forme parte de los pueblos de España, una inquietud que atraviesa la mente y el corazón de tantos que saben de forma consciente o inconsciente de la debilidad de su historia unitaria nacional. (CC/Miguelazo84)

Pero lo que no forma parte de los pueblos civilizados es dejarse llevar por los miedos y las angustias. Abandonarse a ellos es el mejor camino para que el peor de los escenarios se cumpla. Cualquiera que conozca la historia de España y de Cataluña percibirá que se equivocan los que desde Cataluña creen que el poder público español es tan débil como para que no pueda recomponer vínculos con una mayoría de catalanes. Lo hizo en 1520, como lo hizo en 1650, en 1720 y en 1931. Pero quien sepa algo de esa historia afirmará que también se equivocan los que aspiran a que el poder público central español sea tan fuerte como para reducir a Cataluña a una región más de España. Eso lleva sin pasar mil años y no va a pasar ahora, no debe pasar, porque, como ya he dicho, la Constitución de 1978 encierra una promesa de que no pase.

QUE VUELVA EL IMPERIO DE LA LEY A CATALUÑA
Editorial ABC 30 Marzo 2014

Despejada por el TC la inconstitucionalidad de la declaración soberanista y su eje principal el referéndum que pretende dar coartada a esa ilegalidad, el Estado debe comenzar a desarticular, con la ley en la mano, todas los mecanismos puestos en marcha por el entramado independentista catalán. Por ejemplo, el socorro que los alcaldes afines a la cruzada emprendida por Junqueras y Mas (ERC y CiU) están prestando a la Generalitat para efectuar la consulta. ABC da cuenta hoy de que más de seiscientos municipios se disponen a facilitar el padrón al Ejecutivo catalán con el fin de elaborar el censo de los habilitados para participar en el referéndum previsto para el 9 de noviembre. Se trata de la penúltima ilegalidad que comete el frente soberanista, pues la Ley de Régimen Local prohíbe de manera clara a los ayuntamiento ceder los datos del padrón a otras administraciones para fines ajenos a sus competencias. Como la sentencia del Constitucional ha dejado claro unánimemente que la Generalitat no puede convocar la consulta por su cuenta, los alcaldes de cada uno de esos municipios estarán vulnerando la ley cuando consumen la cesión de los datos, y por ello deben ser objeto de la acción de la Fiscalía para reparar la legislación vulnerada.

Y así ha de proceder el Estado con todas y cada una de las ilegalidades puestas en marcha por el frente independentista. Desde las declaraciones de soberanía acordadas por ayuntamientos dominados por CiU o ERC, a la insumisión fiscal acordada por corporaciones de pelaje soberanista, pasando por la negativa a cumplir la normativa en materia de banderas o por utilizar dinero público para una ilegalidad. Ha llegado el momento de que se implementen todos los mecanismos jurídicos precisos para devolver el imperio de la ley a Cataluña y de que respondan ante los tribunales todos aquellos empeñados en vulnerarlo.

Vox se presenta en Valencia
Vidal-Quadras: "Estar flojos ante la ofensiva separatista es de cobardes"
Para el presidente de Vox, el objetivo del nacionalismo separatista catalán es una "subversión abierta contra el orden constitucional".
Agencias Libertad Digital 30 Marzo 2014

El presidente de Vox y candidato de ese partido a las elecciones europeas, Alejo Vidal-Quadras, ha asegurado este sábado que estar "flojo de remos" ante la ofensiva separatista de Cataluña, como la actitud que ha adoptado el Gobierno, "es de cobardes".

Vidal-Quadras ha realizado esta afirmación durante la presentación del partido Vox en Valencia, en un acto en el que han participado también los dirigentes nacionales del partido Santiago Abascal e Ignacio Camuñas, así como la coordinadora provincial, Cristina Seguí.

Tras asegurar que el objetivo del nacionalismo separatista catalán es una "subversión abierta contra el orden constitucional" con la única intención de "destruir la nación", Vidal-Quadras ha afirmado que "el terrorismo revolucionario y racista" ocupa las instituciones del País Vasco.

El dirigente de Vox ha rechazado el modelo de Estado federal plantado por los socialistas y ha pedido "movilizar a los ciudadanos que sostienen el Estado contra los que lo expolian". "Hay que acabar con un Estado corrupto y clientelar por otro que se comprometa con la unidad nacional", ha manifestado.

Ha dicho también que la culpa de la crisis económica y de una administración pública sobredimensionada que sólo acrecienta la deuda pública es de los partidos políticos tradicionales (la partitocracia, como ha afirmado en diversos momentos) "que no quieren renunciar a los pesebres" de las subvenciones públicas.

El secretario general de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que si el Gobierno de la Generalidad de Cataluña se quiere ir "los españoles no podemos retenerle: ahí están el aeropuerto del Prat y el puerto de Barcelona. Pueden irse, pero sin las tierras, que pertenecen a todos los españoles".

Abascal ha pedido también al Gobierno central que aplique la ley y ponga en marcha los mecanismo contemplados en el artículo 155 de la Constitución "para destituir a Artur Mas" como presidente de la Generalidad de Cataluña. .

Un gráfico que debería abochornar
El Confidencial 30 Marzo 2014

La casualidad ha querido que el mismo día en que el ministro Montoro presentaba los datos de déficit de 2013, la OCDE haya publicado un gráfico impactante. Probablemente, el que mejor refleja el desastre de las políticas económicas practicadas en los últimos años en la mayoría de los países avanzados, incapaces de frenar el aumento de la deuda pública hasta niveles insoportables.

El gráfico refleja que el endeudamiento de las diez principales economías del mundo que a la vez tienen el mayor nivel de renta per cápita -entre ellas España-, roza ya el 120% de su PIB. Lo sorprendente no es sólo el porcentaje, sino que se trata del nivel más elevado de los últimos 135 años. Incluso, es ligeramente superior al que llegó a existir en los primeros años 40, cuando la guerra mundial obligó a los países a endeudarse hasta límites desconocidos para financiar la contienda. Ahora no se han producido guerras ni escaramuzas bélicas, pero los distintos gobiernos han tirado con pólvora ajena.

Una simple comparación lo demuestra. El mundo desarrollado necesitó anteriormente 65 años (entre 1880 y 1945) para alcanzar el máximo nivel de endeudamiento conocido hasta entonces (estando por medio dos guerras devastadoras), pero ahora apenas ha requerido de poco más de 40 años para alcanzar tan portentosa progresión (del 40% al 120% del PIB).

El mundo desarrollado necesitó anteriormente 65 años (entre 1880 y 1945) para alcanzar el máximo nivel de endeudamiento conocido hasta entonces (estando por medio dos guerras devastadoras), pero ahora apenas ha requerido de poco más de 40 años para alcanzar tan portentosa progresión (del 40% al 120% del PIB)El caso español es, entre todos, el más significativo. Como se sabe, España ha multiplicado casi por tres su deuda pública en los últimos seis años (un hecho sin parangón en la reciente historia económica de las naciones avanzadas), pero, al mismo tiempo, ha subido los impuestos de forma brutal. En ningún otro  país de la Unión Europea (ni siquiera en los intervenidos) ha crecido tanto el esfuerzo fiscal individual a través de los dos impuestos con mayor potencia recaudatoria: el IVA (cinco puntos el tipo general y tres el reducido) y el IRPF (nueve puntos el tipo marginal máximo sin contabilizar las tarifas autonómicas).Y ello, sin tener en cuenta los aumentos de tipos impositivos en el IBI o los impuestos especiales (gasolinas o tabaco).

Lo dramático, sin embargo, es que, pese a ello, el déficit público apenas decrece. Algo que refleja la incapacidad de este Gobierno para enderezar las cuentas públicas de forma radical, por mucho que la propaganda oficial se regodee en cifras que deberían abochornar. Después de media docena de años en crisis, el sector público, como anunció el viernes Montoro, acumuló un déficit equivalente al 6,62% del PIB, apenas dos décimas menos que el año anterior pese a que las subidas de impuestos decretadas en el último Consejo de Ministros de 2011 (el primero de Rajoy) y las decididas en 2012 han tenido un evidente impacto retardado sobre la recaudación. O lo que es lo mismo, el déficit fiscal ascendió en 2013 a nada menos que 67.755 millones de euros.

Un resultado desalentador
Esta cifra, sin embargo, es engañosa, toda vez que el conjunto de las Administraciones Públicas se endeudó el año pasado en 76.458 millones de euros. Esta es, en realidad, la diferencia entre ingresos y gastos, toda vez que es el dinero que se ha pedido prestado a los mercadosy que habrá que devolver con sus correspondientes intereses. Y todo ello sin contar las ayudas al sistema financiero (unos 5.000 millones de euros más). Es por eso que lo más razonable es analizar la variación de la deuda pública (los pasivos financieros), toda vez que los datos no son manipulables, como el déficit, aunque las cifras estén avaladas por Eurostat. Como sostiene el economista César Molinas, al final el déficit se ha convertido en una convención contable entre países.

Si se echa la vista atrás el resultado es verdaderamente desalentador, y no sólo porque España seguirá siendo el país de la eurozona con mayor déficit público, sino que este país, después de haber disparado la artillería subiendo impuestos y recortando gastos de forma significativa en sectores estratégicos, como la educación o la investigación, se encuentra con un déficit -incluido el estructural que no depende del ciclo económico- descomunal: más del doble que el límite máximo fijado como razonable por los tratados de la UE.

Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa celebrada tras el último Consejo de Ministros.Eso quiere decir que en dos años, el actual Gobierno sólo ha recortado el déficit en apenas 2,4 puntos del PIB (sin contar ayudas a la banca). Sin duda, una victoria pírrica -siendo generosos- fruto de una estrategia de política económica equivocada que se ha centrado en bajar salarios para atraer capital extranjero y que éste pueda comprar pisos baratos o empresas a precio de ganga, pero que ha olvidado que la devaluación de las nóminas se lleva por delante tanto las bases imponibles que grava Hacienda como las cotizaciones sociales que financian la Seguridad Social. Por eso, no es de extrañar que de los 6,62 puntos de PIB de déficit, nada menos que el 83% tenga su origen en las administraciones centrales (incluyendo Seguridad Social) y no en las autonómicas.

Lo paradójico del caso es que ahora el Gobierno, en una pirueta antológica, se plantea bajar impuestos (básicamente IPRF y Sociedades), cuando lo que tendría que haber hecho en su momento es no subirlos para impedir el deterioro de la renta disponible de las familias a causa del desempleo.

El fracaso de España en la lucha contra el déficit pone de manifiesto que las reformas económicas son una condición necesaria para que aumente la actividad económica, pero no suficientes si no se acierta en la orientación general de la estrategia económica, destinada en estos momentos únicamente a contentar a los mercadosAunque lo que es realmente de aurora boreal es que ahora baje impuestos a crédito. Es decir, que el Estado va a seguir endeudándose este año y el próximo en cantidades ingentes (en torno a 100.000 millones de euros en ambos ejercicios) para poder financiar la rebaja de la presión fiscal. Y la deuda no es otra cosa que los impuestos que se dejan de pagar y se endosan a las siguientes generaciones con la consiguiente carga de intereses. Con razón los mercados están tranquilos sin ninguna aversión al riesgo (Spain is back, sostenía cínicamente JP Morgan), dado que el BCE les garantiza la liquidez suficiente para seguir comprando deuda pública pagando únicamente el 0,25%.Y todo ello sin tributar por IVA. Es sorprendente que las transacciones financieras -en una economía cada vez más bancarizada- sigan sin pagar imposición indirecta.

El fracaso de España en la lucha contra el déficit pone de manifiesto que las reformas económicas -y este Gobierno ha hecho bastantes y muchas en la buena dirección- son una condición necesaria para que aumente la actividad económica, pero no suficientes si no se acierta en la orientación general de la estrategia económica, destinada en estos momentos únicamente a contentar a los mercados. Las ganancias de competitividad son fundamentales, pero no lo es menos apuntalar la tímida recuperación de la demanda interna sin esperar al 1 de enero de 2015.

Borrachera de cemento
El problema del déficit, sin embargo, no tiene sólo que ver, por supuesto, con los errores de este Gobierno, que en todo caso tiene el mérito de haber puesto orden en las cuentas públicas aflorando la morosidad y metiendo en cintura a las comunidades autónomas. Ni siquiera con los desastres del anterior Ejecutivo, por muy manirroto y lamentable que haya sido su política económica.

Hay que buscar las razones en un problema de naturaleza estructural que tiene que ver con la calidad del sistema productivo. Y el hecho de que sólo se supere el 40% de la recaudación respecto del PIB cuando la economía está dopada con el ladrillo (se llegó al 41,1% en 2007 en plena borrachera de cemento) pone de relieve los problemas de fondo. Que hay que vincular con el bajo nivel de ocupación y con la especialización del sistema productivo en actividades de bajo valor añadido.

Los datos no se han hecho públicos todavía, pero es muy probable que en 2013 -pese a la subida de los impuestos-, los ingresos totales no hayan superado el 37-38% del PIB, un nivel a todas luces insuficiente para financiar las grandes partidas del Estado en condiciones dignas de un país desarrollado: pensiones, sanidad, educación o dependencia. Y la prueba del nueve es que, según el Gobierno, este año el Estado, en el sentido más amplio, gastará 390.100 millones sin contar deuda y desempleo, lo que revela la dimensión del problema. Incluso descontando esas partidas, el Estado tendría déficit fiscal.

Esta es la paradoja de la situación económica española. Los indicadores de coyunturas apuntan, sin duda, hacia una consolidación de la recuperación económica, con crecimientos superiores al 1% este año y el próximo, pero, sin embargo, el sector público apenas lo nota: déficit de otros 60.000 millones de euros en 2014, como prevé el Plan Presupuestario, con un saldo primario (sin intereses de la deuda) del -2,2%.

Quiere decir esto que los aumentos de recaudación que pomposamente airea el ministro Montoro tienen más que ver con el dinero público que el Estado ha inyectado en la economía (recuperación de la paga extra a los empleados públicos, pago a proveedores o fondo de liquidez) que con un auténtico cambio de tendencia. Las bases imponibles de los agentes económicos privados (sumando los principales impuestos) siguen cayendo: un 3,9%. Y ya son seis años consecutivos. Ese es el verdadero problema de la economía española, y no sólo la inversión extranjera.

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Si el PP ya no defiende la Nación, la Ley y el Orden, ¿qué defiende?
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 30 Marzo 2014

La Derecha española comparte algunas cosas con la Izquierda, pero se diferencia en tres cosas fundamentales: cree en la propiedad privada, en la Ley para defender sus derechos individuales y en la nación española como comunidad política. Hace sólo cuarenta años, la religión era un factor clave en la diferenciación de las dos Españas; y aunque la Iglesia Católica no tenga hoy una influencia decisiva en la orientación del voto, creyentes y no creyentes de Derecha detestan que la Izquierda ataque a la tradición católica, al cristianismo, a los curas y a las monjas, que además les parecen más respetables y eficaces que el Estado en la ayuda a los más necesitados. Sin embargo, basta comprobar el nivel de asistencia a los oficios religiosos y el nivel de voto de la Derecha para concluir que apenas la mitad se mueve por motivos confesionales. Sin embargo, lo que durante la Transición era un motivo de división –lo es parcialmente en despenalización del aborto- el anticristianismo patológico de la Izquierda ha logrado borrar prácticamente la diferencia entre creyentes y no creyentes. Virtudes del anticlericalismo.

Sin embargo, en España, la propiedad y la libertad individual –que incluye la Ley servida por jueces independientes y el Orden Público garantizado por una policía honrada- cree como siempre o más que nunca, porque la vida y la propiedad no estaban tan mal defendidos como ahora desde 1936. La novedad es que, quizás por primera vez, un Gobierno de Derechas no aparece como remedio a la inseguridad ciudadana sino como indolente cómplice del incumplimiento de las leyes, de su tergiversación por jueces politizados y, por ende, corrompidos, de la propia indefensión de las fuerzas de Orden Público ante los delincuentes por culpa de políticos y jueces. Y como telón de fondo, la disolución de España como Estado y su crisis como nación política sin que el Gobierno haga nada para evitarlo.

Que esto lo hiciera la Izquierda en el Gobierno, llegando como en tiempos de Zapatero a niveles de idiocia criminal, podía soportarlo la Derecha social esperando al cambio de Gobierno. Pero que lo haga un partido, el PP, al que llevó al poder hace más de dos años con mayoría absoluta y dio más poder local y regional que ha tenido Gobierno alguno en democracia no tiene precedentes históricos, ni ideológicos ni casi, casi geológicos. Que la Derecha deje indefensa a policías y guardias civiles ante los criminales de extrema izquierda es como si se descubrieran mensajes satánicos en el Testamento de Isabel la Católica. Con la diferencia de que al escudriñador de textos no lo creería nadie y la inacción, incompetencia y cobardía del Gobierno del PP en la defensa del Orden Público lo hemos visto con todo detalle por televisión. Un medio, por cierto, que con Rajoy está alcanzando un nivel de tendenciosidad izquierdista como no ha padecido jamás, ni en los últimos años bobos del aznarismo.

No hace falta siquiera comentar que el recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional para que declarase ilegal el proceso separatista catalán no suponía la búsqueda de un respaldo legal para una acción dura, clara e inequívoca del Ejecutivo, sino un mecanismo de dilación, de huida de sus responsabilidades, típico de Rajoy, seguramente el Presidente del Gobierno peor preparado, en lo personal y en lo político que podía tocarle a España en la crisis separatista. Y nos ha tocado. A estas alturas, nadie cree que el Gobierno cuyo portavoz en materia de política interior es el ministro de Exteriores sea capaz de hacer absolutamente nada ante el separatismo de la Generalidad catalana, salvo allegar dinero y ganar tiempo… para Mas.

¿Y en que cree el PP si ya no cree en la Nación, en la Ley y en el Orden? Diríase que aspira a que los jueces gobiernen por ellos, quedándose con el disfrute de las prebendas del Poder que, eso sí, comparte con toda la casta política. Pero incluso para eso hay que hacer leyes aplicables. Y lo que ha hecho el PP es una LOMCE que no mejora prácticamente nada en Educación, una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que es peor que la Ley Corcuera o de la patada en la puerta, y una nueva ley del aborto que jamás verá la luz del BOE. Eso sí, Gallardón presume de controlar ya a todos los jueces de relevancia política, del Supremo al CGPJ y del Constitucional a la Audiencia Nacional. ¿Y para qué, si no hay una política que aplicar, unos valores que defender, unos principios que mantener, una Ley y un Orden Público que respetar? ¿Para qué queremos jueces sin no tenemos Ley? ¿Para qué Gobierno si se niega a elegir, o sea, a gobernar?

El PP ha subido los impuestos más que lo que pedían los comunistas, ha politizado la justicia más que el PSOE, ha soltado a más etarras que ZP, le da a Mas dinero e impunidad para destruir España, ha perpetrado, para compensar su traición a las víctimas del terrorismo, una ley del aborto que disgusta a la mayoría de sus votantes y, como remate, deja indefensas a la Policía y a la Guardia Civil y, con ellas, a los ciudadanos. Votarle sin ser muy de izquierdas se está poniendo francamente difícil.

La piedra múltiple
Alejo Vidal-Quadras www.vozpopuli.com 30 Marzo 2014

Aparte de la natural indignación por la irresponsabilidad, deslealtad y mendacidad que comporta, el proyecto de los separatistas catalanes empieza a producir un cierto hastío. Una vez más, y ya van incontables, se reabre la cuestión de una financiación singular y privilegiada para Cataluña dentro del Estado autonómico, y de nuevo el Gobierno central lanza mensajes de que está dispuesto a hablar del asunto mientras el Partido Socialista por su parte reclama un diálogo constructivo. Todo parece apuntar a que el inminente debate en el Congreso sobre la petición del Parlamento catalán de que le sea transferida a la Generalitat la competencia de convocar referendos, será la ocasión para que se abra la puerta a esta solución. Pero es aquí donde surge incontenible una agobiante sensación de fatiga.

¿No llevamos acaso tres décadas de mejora continua de la financiación autonómica con crecientes transferencias de tributos estatales amén de otros fondos extraordinarios para enjugar los despilfarros nacionalistas? ¿No es el Tesoro nacional el que cubre el déficit de las pensiones de los jubilados catalanes? ¿No es cierto que toda esa historia fantástica sobre las balanzas fiscales es un montaje plagado de falsedades además de conceptualmente infumable? ¿Alguien cree que las restantes Autonomías de régimen común aceptarán mansamente que la amenaza secesionista catalana se traduzca en privilegios insolidarios para los que se alzan desafiantes contra el orden constitucional y se ciscan en la legalidad todos los días? ¿Es el Gobierno de la Nación consciente de que, dada la imposibilidad de una discriminación favorable a Cataluña, la generalización de un sistema de concierto para el conjunto de las Comunidades acabaría con la Hacienda del Estado y España desaparecería por falta de recursos para desarrollar políticas de ámbito estatal?

Si esa es la situación, ¿por qué se pierde el tiempo con maniobras absurdas por irrealizables? El espectáculo denigrante de un Ejecutivo con mayoría absoluta temblando de miedo ante gentes corruptas e insolentes a las que hace tiempo debería haber metido en cintura con las armas de la ley y de la razón, provoca el rechazo y la desazón de la ciudadanía. Si hubiera que esgrimir un motivo de peso para sustituir a los viejos partidos establecidos por una nueva hornada de fuerzas parlamentarias libres de complejos y con ideas claras sobre la unidad nacional y el imperio de la ley, esta renovada comedia lo proporciona con creces. Se suele decir que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. El refrán no reza sin duda para los dos enormes dinosaurios que monopolizan desde la Transición la vida política española. Sus pesadas moles no han cesado de trastabillar ante el siniestro pedrusco separatista sin que parezcan capaces de aprender a sortearlo. Ha llegado la hora de que cedan plaza a actores políticos de refresco con la agilidad suficiente para saltar sobre tan engorroso escollo.

ANC: ¿gobierno en la sombra o la sombra del gobierno?
José Rosiñol Lorenzo. Periodista Digital 30 Marzo 2014

Los planteamientos pretendidamente “ilusionantes”, el lenguaje metafórico, el recurso a lo bucólico, el romanticismo historicista con el que el nacionalismo ha tejido un espeso velo de manipulación más o menos soft, va tornándose más tosco, más agresivo, más incómodo, más excluyente, más determinista, esta corrupción del lenguaje, de las formas, es directamente proporcional a la degeneración y a la instrumentalización de la democracia.

Degeneración democrática en forma de polarización de la política, reducir el debate sociopolítico a un juego de suma cero, atizar la fractura social como método de agitación social, preferir la anomia a lo harmónico, transformar la arena sociopolítica en arena de circo (romano), hacer pasar por imperativo categórico lo que no es más que dogma, preferir una sociedad manipulada a una informada, ocultar tras argumentos racionales lo que no es más que misticismo trasnochado.

Esta es y ha sido la tónica de los partidarios de la “construcción nacional”, han creado un relato fantástico, teológico, en el que las consecuencias de las decisiones son falseadas u ocultadas, sus resultados se asemejan más a la soteriología que al cálculo racional y sincero de coste/beneficio, dónde los derechos individuales son machacados por la ansiedad totalizante, dónde la sagrada esfera del ciudadano es constantemente asaltada por corsarios mediáticos y comisarios de la política esencialista, dónde el todo (la supuesta nación) es mucho más que las partes (los derechos de las personas).

Toda esta endiablada situación, este callejón sin salida al que nos han empujado (y nos hemos dejado empujar) los independentistas, se está tornando peligroso, ya no son (solo) planes ilegales, no, nos llevan hacia escenario de ruptura antidemocrática, de totalitarismo descarnado, para demostrar lo dicho hasta aquí solo hay que leer la “hoja de ruta” de la Assemblea Nacional Catalana, cuando dicen cosas como “…En cualquiera de los escenarios, el proceso ya es irreversible. Y lleva necesariamente a la Declaración de independencia…”.

Estos que se llenan la boca de democracia, de “derecho a decidir (la independencia)”, de la “voluntad popular”, de que “solo quieren votar (la independencia)”, en todos los escenarios previstos en las calenturientas mentes asamblearias, se votase lo que se votase en un hipotético referéndum de autodeterminación, el “proceso” es irreversible, conduce “necesariamente” a la independencia, parece que lo que opinen los catalanes es irrelevante frente a la Causa, si nos damos cuenta, este espíritu de predeterminación también contamina al que debería ser el representante de todos los catalanes.

Un Presidente de la Generalitat convertido en activista en pro de la independencia, en fiel seguidor y conseguidor de un colectivo privado como la ANC, una minoría entre la minoría independentista, unos pocos que parecen designados a ser la vanguardia de un “pueblo” catalán reducido a ser comparsa o súbdito de una realeza soberanista…

Parece que el principio de representación se ha reducido a un principio de lo asambleario, el principio de la publicidad en principio la opinión publicada, si la ANC apuesta por una Declaración Unilateral de Independencia (DUI), Artur Mas, se apresura a “no descartar al 100% la posibilidad de una DUI”, tenemos al mayor cargo público de Cataluña que no descartar “al 100%” cometer un delito, ¿qué tipo de sociedad están creando?, ¿cómo es posible el grado de tolerancia de una sociedad como catalana ante propuestas que desbordan no ya el marco legal sino una mínima ética democrática?, ¿hasta qué punto han conseguido anestesiar a la ciudadanía de Cataluña?

¿Cómo es posible que una entidad privada como la ANC (con 28.000 miembros) pueda controlar tanto la acción de gobierno como la agenda política?, de su hoja de ruta se vislumbra cómo conciben y de qué premisas parten: “…Seguiremos empujando nuestros representantes políticos para que asuman la voluntad mayoritaria del pueblo catalán…”, se erigen en voz y voto de todos los catalanes, como legitimados para presionar a los legítimos representantes de la ciudadanía catalana, todo ello con la connivencia y colaboración de las instituciones públicas catalanas.

Sus objetivos confesos son: “Conducir el proceso hacia la declaración de independencia de la forma más ordenada posible, pacíficamente y lo antes posible…” y los partidos políticos deben “…reforzar la seguridad interna y la capacidad de colaborar en la autoorganización civil…” o “…En cada pueblo y barrio de las ciudades catalanas habrá que estructurar ” organizaciones unitarias “…”, esto es control del territorio, además es todo unánime, terroríficamente unívoco…

Apelan a movilizaciones masivas y espectaculares, pero en sus palabras se descubre la manipulación, cuando dicen respecto al próximo 11 de septiembre “…La idea sobre la que debe girar la convocatoria es que el pueblo de Cataluña convoca la Consulta.”, es decir, parece que confiesen inconscientemente que este montaje de que la movilización parte de la gente es, precisamente eso, un montaje publicitario/ideológico, lo mismo como cuando leemos “…generar el clima de defensa de los derechos democráticos frente a quienes los niegan.”, no hablan de denunciar, mostrar, vislumbrar o ilustrar, no, hablan de “generar”…

A medida que avanza el texto, la hoja de ruta se convierte en un plan de sedición: “…habrá que recurrir la última etapa para demostrar que lo hemos intentado todo por la vía pacífica y democrática…”, parece que quieran legitimar y justificar escenarios “no pacíficos”, “no democráticos”, esto es solo la antesala de la locura de quien se cree estar en una “Sala de la Pelota” pero en verdad estarían más cómodos viendo cómo arden las instituciones democráticas en pos del Objetivo Final: “…debe concretarse en elementos como el control de las grandes infraestructuras y fronteras – puertos, aeropuertos, … – , la seguridad pública, las comunicaciones , etc.”

La proposición para cometer rebelión
Rafael Arenas García www.cronicaglobal.com 30 Marzo 2014

Cuando era estudiante de Derecho, allá por la segunda mitad de los años 80, los artículos 214 y siguientes del Código Penal me parecían una broma. Allí se regulaba el delito de rebelión y el supuesto de hecho era tan exótico como "derogar, suspender o modificar la Constitución", "destituir al jefe del Estado" o "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". En aquellos momentos nos parecía que tales delitos estaban recogidos en el Código Penal porque allí tenía que haber de todo; pero su realización nos parecía tan probable como una visita de extraterrestres.

La reacción ante tamaño anacronismo [el 23-F] había sido tan contundente y unánime que nuestra convicción era que resultaba imposible que en nuestro país se repitiera una situación semejante

Es verdad que hacía poco habíamos sufrido el intento de golpe de Estado del 23-F, pero la reacción ante tamaño anacronismo había sido tan contundente y unánime que nuestra convicción era que resultaba imposible que en nuestro país se repitiera una situación semejante. España ya era un Estado miembro de la UE (entonces Comunidad Económica Europea) y de la OTAN, éramos un país homologable a los otros Estados occidentales y una rebelión en España era un supuesto tan fantástico como pudiera serlo el descubrimiento de la Atlántida sumergida.

Ahora, sin embargo, casi treinta años después de aquellos tiempos estudiantiles me veo repasando esos mismos artículos del Código Penal o, para ser más precisos, los equivalentes en el Código Penal vigente, el de 1995 (artículos 472 y siguientes). El motivo es la reciente publicación de la ponencia "Full de ruta 2014-2015" de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Se trata de una propuesta de texto que debería ser aprobado en la asamblea general de esa asociación, que se celebrará el 5 de abril del año 2014. El texto propuesto recoge los pasos que deberían seguirse para conseguir la plena independencia de Cataluña en una serie de escenarios que se sitúan fuera del marco legal y constitucional vigentes. Es decir, se trata de un plan de acción para conseguir la derogación de la Constitución en el territorio catalán y la creación de un Estado independiente en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Para conseguir este objetivo en el caso de que -como sería previsible, añado yo- el Estado español se opusiese a la secesión, se plantea la creación de "organizaciones unitarias en los barrios y pueblos" que tendrían como función "mantener la actividad normal" y "organizar movilizaciones masivas" que centren permanentemente la atención del mundo (líneas 302 a 308 de la ponencia). Además se cuenta con la participación de la Generalidad y de los ayuntamientos (líneas 387-390) y con ejercer "presión democrática" (línea 427) sobre los alcaldes que se muestren reticentes a colaborar en el proceso de secesión. La declaración de independencia se plantea como un objetivo irrenunciable que ha de ir acompañado del ejercicio de la soberanía, lo que implica "el control efectivo del país" y, en concreto, "el control de las grandes infraestructuras y fronteras -puertos, aeropuertos..., la seguridad pública, las comunicaciones, etc.-" (líneas 621 a 625).

Se trata, como puede verse, de un plan que tiene como objetivo explícito la derogación del orden constitucional y la destrucción de la unidad del Estado, objetivos claramente inconstitucionales que deberían hacer imposible la colaboración de las instituciones públicas (Generalidad, diputaciones y ayuntamientos) con la ANC, pues hacerlo supondría cooperar con quien pretende subvertir el ordenamiento al que deben su existencia tales instituciones. Es una consecuencia creo que evidente del planteamiento subversivo de la ANC. Se me hace difícil pensar que en cualquier otro país de nuestro entorno se tolerara que instituciones públicas colaboraran con organizaciones que de forma explícita plantean como objetivo irrenunciable la destrucción del orden constitucional a través de mecanismos ajenos a los previstos legalmente.

Se me hace difícil pensar que en cualquier otro país de nuestro entorno se tolerara que instituciones públicas colaboraran con organizaciones que plantean la destrucción del orden constitucional a través de mecanismos ajenos a los previstos legalmente

Ahora bien, más allá de las consecuencias constitucionales que deberían derivarse de la colaboración de instituciones públicas con la ANC, el plan que se propone en la ponencia que se estudiará en la reunión del 5 de abril podría tener también relevancia penal. El artículo 214 del Código Penal que yo estudié indicaba que eran "reos de rebelión los que se alzaren públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 1º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. [...] 5º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

Evidentemente, el plan de la ANC cae en el tipo previsto en este artículo ya que se plantean actuaciones y movilizaciones de masas con el objetivo de la secesión de Cataluña, actuaciones que pasan por el control de las instituciones y de la seguridad pública. El artículo 472 del Código Penal vigente mantiene este tipo penal, aunque ya no basta con que se produzca un alzamiento "público" con el fin de derogar la Constitución o declarar la independencia, sino que se requiere también que sea "violento". Esto es, sin una actuación violenta no entraríamos en el tipo penal. En el caso de la propuesta de la ANC, esta actuación violenta está implícita en la llamada al control de fronteras e infraestructuras porque ¿cómo si no es con la violencia se podrá expulsar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de los aeropuertos y fronteras o conseguir el control de las infraestructuras y de los centros de comunicación?

Estamos ante un plan detallado para llevar a cabo un golpe de Estado y esta planificación se encuentra penada, en concreto en el artículo 477 del Código Penal: "La provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión [que viene definida en el artículo 472 del Código Penal que se acaba de citar] serán castigadas, además de con la inhabilitación prevista en los artículos anteriores, con la pena de prisión inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente".

No es ninguna broma; estamos ante un desafío gravísimo al Estado de Derecho, no por parte de una organización marginal, sino por una asociación que cuenta con miles de socios y que hasta ahora ha recibido un importante apoyo institucional en sus acciones. La sociedad catalana ha de responder a este desafío y para ello ha de contar con el apoyo de las instituciones públicas. Nos estamos jugando la democracia que con tanto esfuerzo se construyó hace casi cuarenta años.

VASCOANDALUZA
JON JUARISTI ABC  30 Marzo 2014

La tragedia terrorista sigue pesando en la vida cotidiana del País Vasco y se resiste a transformarse en comedia
A comienzos de los años sesenta del pasado siglo, una prima de mi padre casó con un sevillano que había estudiado Derecho en Deusto. La familia del novio tenía un inmenso cortijo y el chico se había hecho muy popular toreando becerros en el Puerto Viejo de Algorta. Mi muy jesuítica familia paterna se mostró honradísima con el enlace, porque para los nacionalistas vascos los ricos nunca han sido maquetos. Cuando la pareja se separó, a finales de la década, el primo de Sevilla, tan majete y simpático hasta entonces, pasó a ser un señorito franquista, vago y sinvergüenza «como todos los andaluces», según los más montaraces de mi parentela.

Me encanta Sevilla, ciudad en la que estudié los primeros cursos de una licenciatura que terminé en Deusto, con los jesuitas. Conozco los estereotipos de los vascos que corren entre los andaluces, y a la inversa, los que circulan de los andaluces entre los vascos, y nunca dejarán de parecerme peligrosamente ambiguos. En el extremo, refuerzan el inveterado cainismo de la raza, aquel carácter apartadizo que Menéndez Pidal descubría ya entre los iberos, celtas, celtíberos y compañía. Por eso creo que es sano reírse de ellos, como lo han hecho ya los cientos de miles de espectadores entre los que me incluyo de Ocho apellidos vascos, el acontecimiento cinematográfico de la temporada. Muy sano, pero según cómo y, sobre todo, según cuándo.

La película de Martínez Lázaro consiste en una sucesión de chistes desternillantes ensartados en un argumento escasamente original, porque lo del andaluz que se finge vasco es un tópico bastante transitado. Una de sus últimas manifestaciones literarias fue una valiente novela de Eduardo Gil Bera, Os quiero a todos (Pretextos, 1997), cuyo protagonista, un emigrante gaditano en el País Vasco, descubre que la supervivencia individual en una sociedad dominada por el nacionalismo y el terror requiere el recurso continuo a la mentira y a la impostura.

La novela de Gil Bera no hacía concesiones a la comedia. Era pura sátira, de lo mejor en su género. Ocho apellidos vascos, por el contrario, quiere ser comedia, y comedia amable, con personajes encantadores que produzcan una risa consoladora. Y lo logra, sin duda. Ahí reside la clave de su éxito y, al mismo tiempo, su mayor debilidad moral.

Mark Twain definió la comedia como tragedia desgastada por el tiempo. Con La vaquilla (1985), Luis García Berlanga se atrevió a hacer por vez primera una película cómica sobre la guerra civil. Sólo lo consiguió a medias (tuvo que cerrarla con una imagen trágica: la de la vaquilla muerta en tierra de nadie, entre dos líneas de trincheras cuyos ocupantes vuelven a matarse entre sí), y eso que ya habían transcurrido casi medio siglo desde la guerra y diez años desde la muerte de Franco. Pero ni la guerra civil ni el franquismo habían pasado aún a la historia. La tragedia no había terminado de desgastarse.

La tragedia de ETA sigue formando parte del paisaje cotidiano del País Vasco, y se resiste a su transformación en comedia. El tiempo no ha empezado siquiera a desgastarla. Muy significativamente, la película de Martínez Lázaro ha irritado tanto a las víctimas del terrorismo como a la izquierda abertzale por un mismo motivo la visión cómica de la kale borroka, aunque por razones distintas, evidentemente. Es cierto que ha cosechado el favor de la inmensa mayoría que no está con las víctimas ni con Bildu, pero eso no supone coincidir con la moral de la democracia, sino con la amoralidad de la equidistancia, algo a lo que el cine español nos tiene acostumbrados en su tratamiento del terrorismo etarra desde los orígenes mismos de la transición.

Jarabe de arce
J. M. RUIZ SOROA EL CORREO  30 Marzo 2014

· En una sentencia con ‘aroma’ canadiense, el Constitucional español ha utilizado la técnica de la ‘interpretación conforme’ para decirle al sistema político cómo debe tratar la demanda soberanista

El Tribunal Constitucional español, como casi todos los europeos, presenta relevantes diferencias con el Tribunal Supremo de Canadá o de Estados Unidos, a pesar de que todos ellos desempeñan una misión que finalmente es idéntica: la de controlar la constitucionalidad de las leyes dictadas por el legislador ordinario. Una de esas diferencias es la de que el Tribunal español es estrictamente lo que se conoce como ‘un legislador negativo’, nunca positivo. Es decir, el Tribunal no puede decirle al legislador cómo debe regular una materia concreta para que su ley sea conforme a la Constitución, sino sólo decirle cuáles son los límites que no puede traspasar so pena de inconstitucionalidad. No lo que puede hacer, menos aún cómo debe hacerlo, sino sólo lo que no puede hacer. Y eso una vez surgida la legislación conflictiva.

Por el contrario, los tribunales norteamericanos no sólo pueden sugerir al legislador el contenido adecuado de una regulación para ser conforme a la Constitución, sino que pueden elaborar dictámenes sobre cuestiones globales incluso antes de que se plantee conflicto alguno, a petición del Gobierno, orientando de esta manera a la futura legislación. Es de esta manera que el Tribunal Supremo de Canadá emitió su famosísimo Dictamen de 1998 sobre el supuesto derecho de una provincia canadiense a la independencia.

En su recientísima sentencia de 25 de marzo sobre la declaración soberanista del Parlament catalán, el Tribunal Constitucional (citando expresamente el dictamen canadiense) ha declarado contraria a la Constitución cualquier declaración de soberanía o autodeterminación por parte de una comunidad autónoma, tanto de acuerdo con el derecho constitucional español como con el derecho internacional. Por ello, «una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocarar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España». En este punto, el Parlamentent ha traspasado el límite y el Tribunal declara que es nula la declaración de soberanía del pueblo catalán en estricto cumplimiento de su función de guardián de los límites.

Pero el Tribunal no ha querido quedarse ahí. El aroma del dictamen canadiense ha llegado a España, se nota. Y para no quedarse en la pura negatividad, el Tribunal ha recurrido a una técnica que, de alguna limitada forma, le permite constituirse en ‘legisladoror positivo’: la de la interpretación conforme.

¿En qué consiste? A grandes rasgos, el Tribuna toma una parte de la norma impugnada, que literalmente podría ser contraria a la Constitución y, en lugar de anularla, la salva con la condición de que sea interpretada necesariamente como él mismo establece. De esta manera, el Tribunal termina por constituirse en ‘colegislador’ puesto que ‘inventa’ una interpretación forzosa de una ley, que posiblemente no era la que el mismo legislador pensaba.

Esto es lo que ha hecho el Tribunal con el famosísimo y abstruso ‘derecho a decidir del pueblo catalán’. Interpretarlo … cambiando totalmente el sentido original que tenía o quería tener esa expresión. En resumen, lo que dice el Tribunal es que la declaración de que el pueblo catalán tiene «derecho a decidir» es válida pero siempre que se entienda que lo que tiene ese pueblo no es un ‘derecho’ sino una simple ‘aspiración’ (una pretensión o una demanda). No puede ser un derecho, porque entonces sería el derecho de autodeterminación o de secesión que el propio Tribunal ha declarado inexistente. Pero como el Tribunal quiere en el fondo hacer lo que hizo el de Canadá más libremente, utiliza la técnica de la interpretación y expone: donde el Parlament dice ‘derecho a decidir’ hay que leer ‘aspiración a independizarse’.

Y, ya puesto, el Tribunal se anima a decirle al legislador cómo se trata esta aspiración en el marco constitucional. Es decir, va a legislar sobre esa cuestión no prevista en la Constitución. Ciertamente se arriesga a que le tilden de invadir un ámbito que no le toca, pero se atreve.

¿Y qué legisla? Pues lo mismo –aunque sintetizado al extremo– que legisló su homólogo americano: la aspiración a la independencia es legítima y debe ser atendida, tratada y resuelta por el Estado. ¿Cómo? A través de un proceso de diálogo inspirado en la «mutua lealtad y el recíproco apoyo» (es la versión española del deber canadiense de «negociar de buena fe»), un proceso de diálogo «cuyo resultado no está predeterminado» (frase literal canadiense que significa que el diálogo puede terminar tanto en la independencia como en el mantenimiento de la unión). En ese proceso de diálogo, obligatorio si lo pide una comunidad autónoma, «no está excluido ningún procedimiento que respete el marco constitucional» (referencia bastante transparente a una posible consulta a la voluntad de la sociedad catalana). Lo importante es que el proceso debe respetar en todo caso la legalidad y, por ello, si concluye en una decisión de independencia pactada deberá tramitarse finalmente como una reforma constitucional reggllaadda por la Constitución (exactamente igual que en Canadá).

Somos muchos los que hemos sentido quque esta vez el Tribunal ha estadodo a la altura de las circunstanciascias (una decisión rápida, sencilla y clclara) y ha estado a la alturatura del paraparadigma constitucionalnal democráticdemocrático tal como hoy se interpreta en el mundo de las democraciasmocracias libeliberales, utilizando la técnicanica de la ‘interpretación conforme’ parpara decirle al sistema político cómo debe procesar y tratar la demanda soberanista. Estructurar más este proceso es algo que el Tribunal deja al legislador oordinario, como no podía ser de otra forma. Como es sabido, algunos defendemos que se estrestructure legalmente el proceso con carácter geneneral y previo (Joseba Arregi y otros, ‘La secesión de España’, 2014), pero eso es lo de menos. Lo relevante es que se han establecido las pautas de abordaje democrático y constitucional de un asunto tan delicado como éste.

Los indómitos nacionalistas seguirán diciendo que el pueblo ruritano tiene derecho a decidir, cómo no. Y que incluso se ha reconocido que cabe en la Constitución. Cierto, si les gusta expresarlo así, faltaba más. Pero recuerden que el Tribunal ha sentado la pauta obligatoria: si quiere usted acogerse a la Constitución, donde dice ‘derecho’ entiéndase ‘aspiración’. Y si no lo quiere entender así, está fuera de la Constitución. De la de aquí y de la cualquier otra democracia liberal.

Las dos manos de Bingen Zupiria. Dios te la da y San Pedro te la bendice
Santiago González http://santiagonzalez.files.wordpress.com   30 Marzo 2014

Deia, miseria en la portada
El Gobierno vasco busca poner cara a la tortura

Lo que ven sobre estas líneas es una captura de pantalla de la página web del diario Deia. El amontonamiento es tal cual, capturado del original. El Gobierno vasco busca poner cara a la tortura, dice el primer titular. El Gobierno vasco no busca a los asesinos de los 325 crímenes etarras que no han podido ser esclarecidos, por ejemplo, el del primer superintendente de la Ertzaintza, Carlos Díaz Arcocha. El antiguo concejal de Herri Batasuna en Tolosa, Jonan Fernández, ha contratado al más mediático de todos los forenses españoles (con perdón) para que reexamine las ¿5.000, 10.000? denuncias de torturas hechas por los terroristas. Cada una tendrá su rueda de prensa.

En el segundo, Ibarretxe reivindica su gran hallazgo conceptual: el derecho a decidir, un eufemismo acuñado para llamar a la autodeterminación por el asa que no quema.

El tercero es una muestra de infamia: “Pagazaurtundua se apoya en ETA en su estreno electoral”. Suele pasar: ETA trata de construir país y las putas víctimas la usan como peana para auparse. Aprovechan para ello cualquier descuido. El de Gurutz Agirresarobe, por ejemplo, que dejó el ADN con sus babas en una taza de café en el bar Daytona, esperando a que llegara Joxeba Pagazaurtundua para asesinarlo con cuatro disparos en la cabeza. Y ahora va su hermana Maite y ’se apoya en ETA en su estreno electoral’ como candidata número 2 en la lista al Parlamento Europeo de UPyD.

El responsable moral y profesional de esta miseria se llama Bingen Zupiria Gorostidi, es periodista y actualmente dirige el diario del PNV ‘Deia’. Fue director de Comunicación de la Presidencia del Gobierno Vasco con José Antonio Ardanza durante una década, hasta 1998, año en el que el lehendakari fue sustituido por Juan José Ibarretxe Markuartu. En mayo de 1999, Zupiria fue nombrado director de Euskal Telebista, cargo que desempeñó hasta septiembre de 2009. Dos años después constituye Giza Quest Bizkaia XXI, también conocida como G-Quest, empresa que dirige hasta hacerse cargo de la dirección de ‘Deia’. La empresa se constituyó con un capital social de 20.000 euros, tiene su domicilio en Bilbao, en el número 17 de la calle Ibáñez de Bilbao y actualmente sigue siendo de su propiedad.

Pues bien, viene resultando que esta semana el parlamentario solitario de UPyD en la Cámara de Vitoria, preguntó por las clases de oratoria que los consejeros Jon Darpon (de Salud) y Estefanía Beltrán de Heredia (de Seguridad) han recibido con cargo a los presupuestos. 4.849 euros por 16 clases: a 302,5€ la hora.

Vayamos por partes, que dirían Jack el Destripador, Joaquín Leguina y el señor ministro de Justicia. Cualquiera que haya oído expresarse a los citados, considerará que ambos necesitaban las clases. Cualquiera considerará en segundo lugar que ya está bien de que los gobernantes lleguen al Gobierno como los becarios, con voluntad de aprender, y que si llegan con carencias, a ver por qué no se las pagan ellos. Ah, los tiempos en que los gobernantes venían llorados, meados y aprendidos de casa. Por último, quien les haya oído después se preguntará por qué el Gobierno no reclama a la empresa prestataria del servicio la devolución de un dinero gastado tan tontamente.

Pero esta es otra historia. Lo relevante del caso es que la empresa adjudicataria del encargo es G-Quest, propiedad, como queda dicho, de Bingen Zupiria y que así fue explicado por el Gobierno a la pregunta de UPyD. No soy partidario de establecer relaciones causales gratuitamente, pero no hay manera de que suene bien esto: Deia, periódico del PNV, dirigido por Bingen Zupiría, acusa a las víctimas de UPyD de ‘apoyarse en ETA’ después de que dicho partido preguntara en el Parlamento al Gobierno del PNV por la adjudicación de un servicio a una empresa propiedad del mismo Bingen Zupiria.

Los servicios de inteligencia detectan nexos constantes entre radicales catalanes y vascos
Existe "un canal perfectamente consolidado" basado en la "confianza personal"
Grupos catalanes como la CUP son ahora los que inspiran a la izquierda 'abertzale'
FERNANDO LÁZARO Madrid El Mundo 30 Marzo 2014

"Frecuente, constate, fluida. Con un canal perfectamente consolidado tanto por el tiempo que lleva funcionando como por la confianza personal que comparten los responsables". Así describen los servicios de inteligencia en sus informes los nexos y comunicaciones entre la izquierda independentista catalana y la izquierda 'abertzale' vasca, que aglutina al autodenominado Movimiento para la Liberación Nacional Vasco (MLNV).

Según los analistas, estos vínculos inicialmente se orientaban hacia el País Vasco, ya que se veía en aquella comunidad la fuerza para avanzar hacia la ruptura con el actual statu quo político y lograr la independencia que defienden las diferentes organizaciones que aglutinan ambos movimientos extremistas. Sin embargo, "desde que en Cataluña se ha iniciado el actual proceso soberanista, el sentido de la atención ha cambiado de polo. Cataluña es ahora el referente para el MLNV y la izquierda abertzale", destacan las fuentes consultadas.

Los servicios de inteligencia atribuyen este giro a dos circunstancias. Primero, "los éxitos que desde el independentismo sociológico se están alcanzando". Y segundo, y puede que aún más significativo, "la gran influencia que ejerce la CUP en la órbita de los movimientos sociales".

Estos especialistas de la seguridad del Estado entienden que no se puede despreciar la "capacidad de revitalización" que está demostrando la izquierda independentista catalana. Recuerdan que en poco más de una década ha logrado hacerse con las riendas de una importante masa social, compuesta fundamentalmente de jóvenes que la consideran "su movimiento de referencia, con vocación de futuro".

Los que se dedican a diseccionar todos los movimientos políticos entre ambas comunidades señalan como uno de los ejemplos de esta "inversión" en el flujo de relaciones entre Cataluña y el País Vasco las intervenciones que llevó a cabo el líder de la CUP, David Fernández, en el País Vasco. El diputado catalán participó en charlas impulsadas por la Iniciativa Popular para Liberar a Arnaldo (en referencia a Arnaldo Otegi). Hasta hace poco, los ponentes catalanes en este tipo de eventos ejercían prácticamente de teloneros, "acompañando" a los líderes de la izquierda 'abertzale' en sus intervenciones. La repercusión de sus palabras apenas alcanzaba al País Vasco y a los medios afines.

Ahora, por el contrario, las caras de la izquierda independentista catalana aparecen como modelos de referencia; son los que marcan la pauta y los que se convierten en las estrellas de los eventos. Desde el País Vasco, según desglosan en sus informes los especialistas en la inteligencia del Estado, se sigue con "detalle y atención" todos los movimientos que proceden de los gestores del reto soberanista.

Los informes a los que ha tenido acceso EL MUNDO también analizan los movimientos de los independentistas vascos y catalanes ante los inminentes comicios europeos. Según se recoge en los textos, Bildu habría mantenido contactos con formaciones radicales de Cataluña con el objetivo de presentarse de forma conjunta a las elecciones del 25-M, desde la CUP hasta Solidaritat Catalana, pasando por ERC.

Desde las formaciones catalanas también existe un interés por tratar de alcanzar acuerdos con la izquierda 'abertzale', para rentabilizar "los postulados del soberanismo y las naciones sin Estado". Los analistas creen de hecho que existe un vínculo natural entre la CUP y el conglomerado Bildu/Amaiur.

Pese a ello, estas negociaciones no han fructificado. La CUP ha renunciado a presentarse a las elecciones europeas y, por el momento, Bildu acudirá en los comicios en coalición únicamente con el BNG.

Con todo, los especialistas policiales y de la inteligencia española insisten en que la izquierda independentista catalana es plenamente consciente de que en Cataluña se ha puesto en marcha un proceso importante y con un gran empuje social y de que puede ser "su oportunidad".

Los radicales que están aglutinados en este movimiento y que históricamente utilizaban un lenguaje belicista saben que tienen que "bajar el pistón", acoplarse al lenguaje de los que "impulsan ahora todo el movimiento independentista" y esperar "su momento". "No cederán ni renunciarán a sus reivindicaciones en el plano social, pero les toca rebajar la tensión de su lenguaje y dejarse llevar por la ola", explican estas fuentes.

"El proceso no puede verse empañado por otras acciones que no sean las que cuenten con el respaldo de una amplia mayoría social. Por esta razón, las consignas de combatividad se ven reducidas a la mínima expresión".
Con el número de preso de Otegi

Con el líder de la izquierda 'abertzale' preso en la cárcel de Logroño, los tres diputados de la CUP (Candidatura d'Unitat Popular) en el Parlamento catalán, David Fernàndez, Quim Arrufat y Georgina Rieradevall, exhibieron su número de preso y se fotografiaron con él en señal de apoyo. El gesto se produjo durante la investidura de Artur Mas como 'president' de la Generalitat, nada más aterrizados en el Parlament donde la CUP, antes de las elecciones catalanas de noviembre de 2012, carecía de representación. El anuncio de que por primera vez se presentarían a las autonómicas, cuando hasta esa fecha sólo lo habían hecho a los comicios municipales, ya contó con el respaldo del portavoz de la antigua Batasuna. En un 'tuit' desde la cárcel escribió: "¡Sólo quiero deciros que deseo que irrumpáis con toda la fuerza! ¡Sonreíd! ¡Ganaremos!". Fue llegar al escaño y devolverle inmediatamente el favor con la imagen de los tres luciendo en un papel la cifra que etiqueta a Otegi como preso. Esta fotografía fue muy celebrada por la izquierda 'abertzale'. Dirigentes como Pernando Barrena, portavoz ahora de Sortu, reprodujo la imagen en Twitter. Barrena fue también uno de los firmantes de un manifiesto en apoyo de la CUP. Durante las eleccciones de 2012 representantes de la izquierda radical del País Vasco participaron asimismo en algunos de los mítines de los independentistas catalanes.

Para cumplir una sentencia
Mas permite más horas de castellano en una sola aula de un colegio barcelonés
Una familia ha tenido que pleitear durante cinco años para que su hija pueda recibir el 50% de las clases en castellano en Cataluña.
Agencias Libertad Digital 30 Marzo 2014

La Generalidad ha aceptado que un colegio de Barcelona imparta la mitad de las clases en castellano y la otra mitad en catalán, después de que así lo solicitaran ante los tribunales los padres de una alumna de cuarto de primaria.

En una resolución con fecha 14 de marzo de 2014, la consejera de Educación, Irene Rigau, ordena dar cumplimiento a las sentencias que reconocieron el derecho de la alumna a ser escolarizada en castellano y acepta un reparto del 50% en las horas de clase impartidas en cada una de las dos lenguas oficiales.

En su resolución, a la que ha tenido acceso Efe y que hoy avanza el diario El Mundo, la Generalidad da por bueno el proyecto lingüístico del colegio, que actualmente ya imparte el mismo número de horas de catalán y de castellano en la clase de cuarto a que asiste la niña, por entender que "da estricto cumplimiento" a lo establecido por la ley.

Concretamente, la resolución incluye un informe de la Inspección de Educación que especifica que en la clase de cuarto de primaria B de la escuela Sagrado Corazón se imparten 9,5 horas de clase semanales en castellano y otras 9,5 en catalán, además de otras cuatro en inglés.

La decisión es fruto de la batalla legal que iniciaron los padres de la alumna, que entonces cursaba preescolar, y en la que consiguieron que los tribunales reconocieran el derecho de la menor a recibir las clases en castellano y catalán, como lenguas vehiculares en idéntico porcentaje.

Por el contrario, la Generalidad se niega a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que recientemente obligó a cinco escuelas catalanas a impartir un 25 % de sus materias en castellano.

El portavoz del PPC en el Parlamento de Cataluña, Enric Millo, ha reclamado a la Generalidad que el modelo de educación bilingüe aceptado para el citado colegio barcelonés "se haga extensivo en un futuro en todas las escuelas catalanas".

Para Millo, esta resolución "es positiva porque implica un precedente muy importante, ya que es fundamental entender el derecho que tienen los padres a solicitar que sus hijos sean educados en catalán y en castellano".

Por su parte, el presidente de Ciutadans (C's), Albert Rivera, ha defendido hoy "normalizar en las aulas y en las instituciones lo que es normal en la calle", por lo que ha proclamado que "se acabó el proyecto identitario de una sola lengua en una Cataluña bilingüe"


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