AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 2 Abril  2014

CTO, el fichaje que necesita España S.A.
S. McCoy El Confidencial 2 Abril 2014

Ha habido interpretaciones para todos los gustos al dato de déficit público detallado por el Gobierno el pasado lunes. Sin embargo, con mayores o menores matizaciones, es imposible no coincidir en que ha sido el esfuerzo fiscal de ciudadanos y empresas el que ha permitido su magra corrección del 6,84% al 6,62% en 2013 –dando por buena la falacia de excluir las ayudas a la banca que, siendo desembolso efectivo se excluyen contablemente, al revés que en la vida real–, toda vez que el gasto no sólo no se ha mantenido estable, sino que ha repuntado un 0,2%. Si querían un motivo para encenderse de buena mañana, aquí lo tienen.

Lo curioso es que existe el convencimiento entre los muros de Moncloa de que están haciendo lo imposible para que no sea así.

Olvidan, tal vez, que el sistema de prestaciones públicas es demográfica y financieramente insostenible y que, mientras no cojan el toro de las pensiones, el desempleo, la educación o la sanidad por los cuernos, en los distintos ámbitos geográficos de competencia, lo demás será superfluo.

No tienen en cuenta, quizás, que eliminando duplicidades administrativas y concentrando entes públicos y semipúblicos, cosa que la endogamia política y el amor al sillón impiden, el impacto positivo en las cuentas financieras de la Administración sería sustancial, lo que convierte este proceso, por ende, en imprescindible numéricamente y socialmente necesario.

Se les escapa, me temo, que el debate no es de ‘menos’, que en muchos ámbitos también, sino de ‘mejor’ en términos de eficiencia: eficacia para el ciudadano y coste para el erario, lo que implica tamaño óptimo, procesos simples, información unificada y control y monitorización permanente para evitar ‘fugas’.

Ignoran, es un suponer, que, de hecho, minimizar operativamente la estructura puede ser un error si esta no está siendo adecuadamente gestionada.

El elemento transversal que puede facilitar todo esto, salvo las decisiones vinculadas a la elefantiasis de la estructura de Estado, comunidades autónomas, Mancomunidades, Diputaciones, Cabildos o Ayuntamientos, es la tecnología. Urge más que nunca la incorporación de un CTO o chief technology officer al staff de Mariano Rajoy con poderes casi plenipotenciarios. Una figura similar a la que contrató Barack Obama en Estados Unidos, en parte por el valor en términos electorales de la decisión, en parte por la presión de los distintos gigantes de la consultoría informática radicados en la primera potencia del mundo, sobre todo por la precaria situación presupuestaria que le aflige.

Alguien que cuente con un equipo suficiente como para llevar a cabo la transformación que la parte en manos no privadas de nuestro país necesita. Y que pueda hacerlo de una manera transversal, en coordinación con los distintos centros de gobierno locales y regionales. Con ello se conseguirían no sólo notables ahorros materiales, la excusa, sino avanzar en un elemento tan básico para asegurarnos tanto la viabilidad futura como nación como la unidad de mercado, el objetivo. Bien entrado el siglo XXI queda casi todo por hacer en ámbitos tan relevantes como el sanitario, el judicial y, lo que es peor aún, buena parte de los intentos por avanzar en esta materia se han hecho de manera descoordinada en cada uno de los reinos de taifas que la incierta deriva autonómica ha consolidado. Una multiplicidad que supone un obstáculo más en el, se anticipa, lento proceso patrio de recuperación económica.

Hasta ahora buena parte de las decisiones sobre esta materia, las urgencias del directo, han ido centradas a reducir servicios y a primar el aspecto precio sobre cualquier otro considerando. Es hora de adoptar una visión más de largo plazo que permita inversiones plurianuales con un objetivo financiero concreto. La experiencia prueba que delegar su ejecución en el mismo que se juega el voto en la siguiente elección es inviable. Hacen falta Eliots Ness de la vida que sobrevivan al ciclo de partidos. Propuestas no le van a faltar. Buena parte de los especialistas en los distintos segmentos que pueden afectar al día a día de la acción pública se mostrarían de acuerdo con mecanismos de remuneración basados en fees fijos bajos y compensación adicional en forma de porcentaje sobre los ahorros conseguidos si la Ley de Contratos del Estado lo admitiera. Algo que primaría a los que cuentan con la capacidad técnica y la escalabilidad suficiente como para dar la vuelta a áreas completas, ofreciendo soluciones integrales listas para quedarse.

¿A qué esperamos?
No nos podemos contentar, con todos mis respetos, con un funcionario de segundo rango elevado a categoría de subsecretario como el antiguo subdirector de informática de la Agencia Tributaria al que promocionaron a finales del año pasado para intentar paliar esa falta. El movimiento ha de ser necesariamente de fuera a dentro, de la sociedad y el mundo real, de la aplicación práctica y la cuenta de resultados al funcionarial y no al revés. Como ciudadanos y contribuyentes hemos ayudado demasiado con nuestro silencio a que la mediocridad que nos gobierna renuncie a nuestro futuro a cambio de asegurarse el suyo. En este tema, sin embargo, no cabe cesión alguna. No podremos ser nada sin la tecnología. Algo tan evidente en el ámbito privado hemos de exigir que se convierta en prioridad en el público. Si no, apañados vamos. Cualquier programa político que no haga de este issue prioridad máxima, úsenlo para limpiar cristales. Así de dramático es.

Fallo del TC
Secesiones
Mikel Buesa Libertad Digital 2 Abril 2014

La sentencia del Tribunal Constitucional en la que se anula la apelación a la soberanía del pueblo de Cataluña que, en enero de 2013, aprobó el Parlamento de esa región, y se concluye que "en el marco de la Constitución una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España", ha situado la cuestión de la secesión catalana dentro del ámbito doctrinal reconocido por el derecho internacional. El TC ha señalado, en efecto, que el derecho a decidir puede ser defendido sin conculcar el ordenamiento jurídico, pues nuestra Constitución no exige "una adhesión positiva a la norma fundamental", aunque sólo podrá ser ejercido si previamente ésta se modifica para darle cabida siguiendo los procedimientos establecidos en ella. Más aún, la sentencia le recuerda a la cámara legislativa catalana "que tiene reconocida por la Constitución la iniciativa de reforma constitucional" y que si la ejerciera "el Parlamento español deberá entrar a considerarla".

El derecho internacional sitúa la cuestión de la secesión en una orientación similar a la asentada por la doctrina constitucional española. El reciente libro sobre El derecho de secesión en la Unión Europea, de Manuel Medina Ortega -catedrático de la Universidad Complutense y, en su momento, político socialista-, lo deja muy claro. Su análisis destaca que, aunque la resolución 1574/XV de la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptada en 1960, "proclamó el derecho a la libre determinación de todos los países y territorios sometidos a la dominación (…) colonial", esa misma organización estableció diez años después, en la resolución 2625/XXV, la garantía del "derecho de los Estados a mantener su soberanía y su integridad territorial", de manera que

se rechaza ahora el derecho de cualquier minoría, etnia, región, nacionalidad, nación o pueblo a adquirir la independencia mediante declaraciones o actos unilaterales.

En definitiva, señala el profesor Medina Ortega, "la secesión de una parte de un Estado (…) se rige por el derecho interno de ese Estado", de manera que las declaraciones unilaterales de independencia "no merecen el reconocimiento jurídico de la comunidad internacional".

Sin embargo, los casos reales de secesión que se han sucedido a lo largo del último medio siglo, una vez concluido el proceso de descolonización, no siempre han respondido a las prescripciones jurídicas internacionales. Es cierto que algunos de ellos se han producido en el marco de acuerdos entre las partes concernidas, de manera que los Estados emergentes fueron rápidamente reconocidos. Los ejemplos de Singapur -separado de la Federación de Malasia en 1965-, Timor Oriental -reconocido por Indonesia en 2002- o el Cantón suizo del Jura -segregado del de Berna en 1979-, así como la disolución de la antigua Checoslovaquia, en 1993, y la desintegración de la Unión Soviética, dos años antes, son de esa naturaleza, aunque no constituyen la regla.

En efecto, las secesiones envueltas en procesos de violencia han sido muy frecuentes. Recordemos, por ejemplo, que Eritrea logró separarse de Etiopía en 1993 tras una década de conflicto armado; o que Sudán del Sur llegó a un acuerdo de segregación con Sudán en 2011 tras varios decenios de guerra civil; o que la independencia de la mayor parte de las repúblicas yugoslavas se vio envuelta en sucesivas guerras durante la última década del siglo pasado. En ocasiones, esos procesos bélicos se desarrollaron con el auxilio de una potencia exterior. Es lo que ocurrió en 1921 con Mongolia, separada de China tras la intervención soviética; o con Bangladesh, medio siglo más tarde, tras la intromisión de la India en apoyo de su secesión con respecto a Pakistán; o más recientemente con Bosnia-Herzegovina y con Kosovo, donde fue relevante la participación de la OTAN impulsada por Estados Unidos y algunos de los miembros de la Unión Europea; y hace pocas semanas con Crimea y la ayuda de Rusia, aunque en este caso sin que la guerra haya llegado a declararse.

Claro que la guerra, incluso cuando ha sido virulenta, no siempre ha dado el resultado apetecido por las fuerzas políticas separatistas. El ejemplo de Biafra, cuya independencia apenas se mantuvo durante tres años -entre 1967 y 1970- y fue sangrientamente reprimida por el gobierno de Nigeria, es bien elocuente; como lo es también el de los Tigres Tamiles, en este caso apoyados militarmente por India, que tras casi un cuarto de siglo de guerra terrorista fueron derrotados por el ejército de Sri Lanka, impidiéndose así la creación del Estado Tamil en la península de Jaffna. Y a estos casos se suman algunos más, a veces con la intervención de fuerzas de otros países, llegadas en auxilio del Estado afectado para reprimir a los grupos separatistas, como ocurrió en la Isla de la Unión cuando intentó separarse de San Vicente y Granadinas en 1979; en el Tíbet y Sinkiang, que han tratado de desligarse de China; en el de la Isla de Bougainville, entre 1990 y 1993, al pretender su secesión de Papúa-Nueva Guinea; o en el de la Isla de Santo, cuyo intento de independencia con respecto a Vanuatu (Nuevas Hébridas) fue reprimido en 1982 por una tropa conjunta de Francia y el Reino Unido.

Todo esto deja claro que, en los tiempos actuales, cuando el derecho internacional ha establecido su preferencia por la estabilidad de los Estados ya reconocidos, aunque las secesiones son posibles, su viabilidad es incierta. Los casos de éxito han venido de la mano de la guerra como procedimiento para imponer la voluntad de los independentistas frente al Estado del que querían segregarse, con la particularidad de que, casi siempre, la victoria ha requerido el apoyo y el compromiso de una potencia exterior, de un padrino con capacidad para hacer aceptable la excepción entre los miembros establecidos de la comunidad internacional -aunque no siempre con fortuna, como revela el hecho de que Kosovo aún no haya sido admitido en la ONU-. Y también están las poco frecuentes secesiones pacíficas, fruto de acuerdos y complicidades hilvanados entre fuerzas políticas capaces de respetarse entre sí y de encontrar las vías institucionales de la ruptura sin que, por ello, tuviera que desmoronarse el Estado fraccionado.

Cuando observamos a los nacionalistas catalanes tratando de imponer su separación de España por la vía de los hechos consumados, ajenos a las prácticas democráticas por mucho que se quiera identificar a éstas con la realización de consultas populares de imposible legalidad, parece que nada se ha aprendido de la experiencia internacional. Por ello, creo que hay que dar la bienvenida al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, a la vez que se insta a los partidos concernidos en la tarea de la independencia a emprender el laborioso camino de lograrla sin violencia. Si no, será la guerra.

Andalucía
La majestuosa mangancia de la Junta
José Luis Roldán Libertad Digital 2 Abril 2014

Dejó escrito Quevedo que los delitos pequeños se castigan y los grandes se coronan… y que sólo es delincuente el que puede ser castigado, y el facineroso que no puede ser castigado es señor. Alguien de la Junta, en tiempos de Chaves, debió de leer a Quevedo y se inspiró. Desde entonces, aquí se roba a lo grande; cifras galácticas que, por lo que se deduce de los sondeos electorales, no provocan en la ciudadanía andaluza ni indignación ni escándalo. La corrupción a escala sideral otorga señorío y garantiza impunidad. Eso -el señorío criminal de la Junta- lo sabe bien el fiscal superior de Andalucía, que, según el testimonio de unos valientes luchadores contra la corrupción, manifestó que en la actividad delictiva de la Junta de Andalucía se daban todas las notas que caracterizan el crimen organizado, excepto el uso de la violencia física, pero que, sin embargo, no podía abrir una causa general contra ella.

No obstante, acaba de ordenar la apertura de diligencias para averiguar cómo en sólo dos años se han evaporado 10.000 millones de pesetas de una de sus fundaciones, la que gestionaba los fondos de la formación profesional, la Faffe, hoy integrada en el Servicio Andaluz de Empleo, y sus miles de enchufados -mayormente del PSOE y la UGT- convertidos por la jeta -y por la impagable, es un decir, colaboración de un fabulador juez digital del Tribunal Supremo, que le debe los ropones al partido socialista- en empleados públicos.

Aunque personalmente nada espero de la Fiscalía en eso de perseguir corruptos, y mucho menos de los jueces, considero, no obstante, un gran avance ese gesto del fiscal superior. Recordemos que la denuncia que abrió la caja de Pandora de los ERE fue guardada por el fiscal de turno en un cajón, y nada se supo de ella hasta que la juez Alaya -singularidad judicial; ¡honra, veneración y larga vida!- se hizo cargo del caso.

Por si fuese poco, mientras Bruselas investiga el destino de otros 35.000 millones de pesetas otorgados a la Junta para políticas de prevención de riesgos laborales, la Cámara de Cuentas ha señalado en el informe de fiscalización del Servicio Andaluz de Empleo correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010 que existen nueve supuestos analizados -que suponen otros 10.000 millones- en los que concurre responsabilidad administrativa y contable por parte de esta agencia de la Junta. El consejero del ramo (don Jozé Zánchez, conzejero de innovazión, zienzia y empreza), que, como al Pilatos de La vida de Brian, lo han puesto ahí para que el público se ría, ha soltado una de las suyas: "Ezto ez un problema de gobierno que hay que rezolverlo dentro del Gobierno"; o sea, ¡chitón! Consecuentemente, Susanita y Dieguito, las dos columnas que sostienen el corrupto régimen andaluz, han rechazado -¡en plena campaña propagandística sobre la ley andaluza de transparencia!- que el Parlamento investigue el asunto. Y todavía hay ingenuos que se dejan engañar por esta collera de pájaros implumes.

No ha pasado un año desde su designación, y el manto de pureza con el que la Hermosa de San Telmo pretendía enmascarar su falta de sustancia se ha derretido como la nieve en primavera, dejando al descubierto que este oscuro régimen podrido tiene por cabeza a una gallina clueca, tan vanidosa como estéril. No esperen, pues, de ella otra cosa distinta a la de sus predecesores, esto es, corrupción y propaganda. Por cierto, ¿qué apuestan a que su próximo posado tendrá de fondo la Tour Eiffel; y que la alcaldesa de París será, sin duda, la futura hija predilecta de Andalucía?

Para seguir siendo españoles
Xavier Pericay www.cronicaglobal.com 2 Abril 2014

En un artículo publicado ayer aquí mismo, Mercè Vilarrubias volvía sobre el asunto que ya le ocupó en su valiente y utilísimo Sumar y no restar. Este asunto es la creencia, convertida en doctrina por el nacionalismo catalán, de que la inmersión lingüística favorece la cohesión social hasta el extremo de que cualquier otro modelo educativo no puede sino acarrear su quiebra. Por supuesto, tal y como demuestra Vilarrubias, esa creencia no tiene base alguna. Ni racional, ni factual. En otras palabras: no existe ningún vínculo entre inmersión y cohesión, aparte del eco de una vulgar rima consonántica. Si los apóstoles de la escuela catalana insisten en pregonar lo contrario es justamente para blindarse ante cualquier crítica, para no tener que dar explicaciones de sus actos, próximos —y la justicia se encarga de recordárnoslo casi cada día— al delito. La cohesión social depende de múltiples factores, y entre ellos, muy en primer plano, los educativos. Pero esos factores educativos son la calidad, la equidad y los índices de fracaso escolar. La lengua vehicular no está ni se le espera.

No se me escapa que tres décadas y media de nacionalismo gobernante tienen que haber hecho mella por fuerza en las conciencias y en las costumbres. Pero los catalanes, si en verdad aspiramos a seguir siendo libres, iguales y fraternos, o sea, a seguir siendo españoles, no tenemos más remedio que reafirmar nuestra españolidad

Excepto en la Cataluña nacionalista. Porque este es, al cabo, el problema. Estamos tan acostumbrados a reducir nuestro marco analítico al que los propios nacionalistas nos imponen, que a nadie se le ha ocurrido, que yo sepa, contraargumentar del siguiente modo: de acuerdo, demos por bueno que la inmersión lingüística —o sea, la existencia de un único idioma vehicular— es el factor educativo determinante de la cohesión social; siendo así, ¿a qué espera el Gobierno central para recuperar sus competencias plenas en educación y establecer un modelo educativo cohesionador para el conjunto del territorio nacional en que el castellano sea la única lengua vehicular? ¿O acaso no merecen los españoles, tomados como un todo, el mismo privilegio del que hasta ahora sólo se ha beneficiado una parte, la de aquellos que también disfrutan de la condición de catalanes? ¿O acaso no son todos sin distinción, hayan nacido donde hayan nacido y residan donde residan, ciudadanos libres, iguales y fraternos?

No hace falta añadir cómo sería recibido en la Cataluña nacionalista semejante contraargumento. Se armaría la de Dios es Cristo. Que si supone una agresión contra Cataluña; que si se trata de una medida totalitaria, dada la pluralidad idiomática española; que si estamos ante una vuelta al franquismo; todo menos reconocer su identidad con el argumento al que los propios nacionalistas recurren para defender su statu quo educativo. Pero esa ampliación del foco, ese convertir por sistema los asuntos catalanes en asuntos españoles, no debería utilizarse tan sólo como reactivo. También como acto afirmativo. Todo cuanto afecta a Cataluña afecta a España entera. Lo que significa que todos los españoles, hayan nacido o no en Cataluña y residan o no residan en esa Comunidad, tienen algo que decir sobre sus asuntos. Y ese algo adquiere proporciones considerables cuando el tema en cuestión trasciende el campo familiar e interesa el espacio público. La inmersión lingüística, por ejemplo. O, ya que estamos y no parece que vayamos a salir pronto de ella, la pomposamente llamada «transición nacional».

No se me escapa que tres décadas y media de nacionalismo gobernante tienen que haber hecho mella por fuerza en las conciencias y en las costumbres. Uno no es de piedra. Pero los catalanes, si en verdad aspiramos a seguir siendo libres, iguales y fraternos, o sea, a seguir siendo españoles, no tenemos más remedio que reafirmar nuestra españolidad. Y no me refiero ahora a simbologías o identidades. Sólo a algo tan simple y, sin embargo, tan olvidado como es el convencimiento de que los problemas de los demás españoles son nuestros problemas, del mismo modo que los nuestros son los suyos.

Jaque mate, ¿de quién?
mikel arteta El Mundo  2 Abril 2014

Formuladas ya las preguntas del referendum catalán, repasemos algunos argumentos para deslegitimar una consulta que pone en jaque a España como Nación política; un hecho este último que refiere a la comunidad solidaria que nos vincula jurídica y políticamente.

1. Sobra reincidir en la manipulación identitaria del nacionalismo: a golpe de simposios, subvenciones, regulaciones e inmersiones, han levantado un sentimiento nacional, una nación étnica. Porque étnica es una nación histórica (o sea, que vive más en el pasado -o del futuro- que en su agónico presente) creada sobre algo tan gaseoso como el sentimiento; éste, al servicio de la demagogia, siempre es excluyente, pues siempre tomará a la parte por el todo.

2. Menos hincapié se hace en subrayar que los medios iliberales para la nacionalización son condición necesaria para forjar la mayoría en favor de una nueva nación política: el 30% de los catalanes tiene reparos en expresar sus ideas en público. Se debe tener esto en cuenta para responder a quienes advierten que las fronteras son arbitrarias y pasan luego a imponernos su arbitrio para delimitarlas. Éstos son doblemente negligentes. Primero por hacer la vista gorda ante los métodos facinerosos con que se recaban las mayorías. Y, segundo, porque se desentienden de su propia premisa: si las fronteras son arbitrarias, no es posible justificarlas ni defender legítimamente un cambio. Ni siquiera sirve la regla de la mayoría, por dos razones. Porque las mayorías varían en función de la circunscripción: como en el cuento de nunca acabar, en una Cataluña independiente, Barcelona podría autoerigirse, circularmente (porque así lo sientan ellos, y granjeándose de antemano la posibilidad de ser mayoría), en circunscripción soberana y decidir entonces que no pagarán impuestos para Tarragona. Y porque quien en un colectivo mancomunado puede abandonar el barco a su antojo, dispone siempre de una capacidad de chantaje que pervierte la deliberación por el interés general y elimina de raíz la propia esencia de la comunidad política: la solidaridad o, lo que es lo mismo, la reciprocidad de derechos y obligaciones.

De la circularidad que radica en la pregunta acerca del origen del demos sólo se sale haciéndonos cargo de la arbitrariedad, pero nunca tratando de justificar su cierre apelando a la lengua, a la historia, a la etnia o al sentimiento. Por suerte el derecho internacional sólo permite alegar invasión, expolio u opresión: tres circunstancias que, asociadas con Cataluña, han hecho reír a una comunidad internacional que les ha cerrado la puerta.

Los Procustos, que nunca entienden que el todo es más complejo que las partes (hace 50 años Pujol ya calificaba de «ejército de ocupación» a 200.000 catalanes), harían bien en entrar en la modernidad, con tres siglos de retraso, y aceptar que no hay lecturas justificables al margen de las unidades morales: las personas. España, como Estado social y democrático de Derecho, es pluralista y talla los derechos individualmente. Sólo así se hace justicia con quienes arbitrariamente nacen dentro de sus fronteras. En este marco, la calidad de los derechos efectivamente arrebatados al poder dependerá de la agonal tarea política de la sociedad civil. Nuestra baja calidad democrática no apunta tanto a la Constitución como una sociedad civil sin pulso, que avala al poder e ignora sus desmanes en virtud de una causa mayor...

3. Cabe recordAR que la vigencia del pluralismo, la institucionalización de la contienda política, la garantía de los derechos fundamentales y, en fin, la apertura a una deliberación pública que pueda hacer prevalecer el interés general, existen ya en nuestro Estado. Esto nos arma de razones para desacreditar el decisionismo político que blande la Generalitat: en los actos de la Diada, Forcadell tildó al Estado de «adversario» y al PP y Ciudadanos de «partidos españoles en Cataluña»; incorporó, para referirse a sus conciudadanos, las viejas categorías con que pensábamos la política internacional; excluyó al adversario político convirtiéndolo en enemigo. De ahí a la violencia en las sedes de UPyD, C's y del PP no va ningún paso.

4. Hay quien cierra el debate apelando a la Constitución: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado»; «el referéndum es ilegal». Sinceramente, no veo a qué soliviantarse. El derecho no debe tener la primera palabra para dirimir conflictos pero siempre tendrá la última; esto será más digerible si comprendemos su dualidad intrínseca. Por una parte, hacer honor a la soberanía popular implica reconocer que el derecho nunca hubiera llegado a existir sin un proceso constituyente refrendado mayoritariamente. Pero, por otra parte, el texto que votamos no queda al arbitrio de los ciudadanos. Nuestra Constitución es parangonable al resto de constituciones liberales porque el derecho tiene su lógica o «forma» propia; la que acaba dibujando un concepto de Estado democrático de derecho que no es absolutamente disponible. El derecho democrático implica reciprocidad y acumula una tradición de pensamiento que integra conceptos como «tolerancia», «separación de poderes», «dignidad», «constitución» o las sucesivas «generaciones de derechos fundamentales» que se imbrican de forma inseparable. No hay derechos civiles sin derechos políticos; y éstos no son creíbles sin la igualdad material que deben garantizar los derechos sociales. Invocar al derecho no es arrojarle a nadie un ladrillo.

5. Sin embargo, antes de la palabra última que ostenta el titular del monopolio de la violencia, todavía apelaremos a las condiciones de legitimidad del poder. Éste será legítimo si se adecua a la lógica democrática: el autogobierno colectivo debe asumir que la opción de participar como ciudadano se le debe a todos los afectados por las decisiones políticas. En este sentido, todo ciudadano español debe poder decidir sobre algo que le desempoderaría democráticamente, pues una secesión le arrebataría para siempre su influencia sobre lo que allí suceda en adelante. Además, sería injusto que abandonasen el compromiso solidario de transferencia de rentas quienes, en detrimento de otros, se beneficiaron económicamente de una planificación estatal. Al contrario, la lógica democrática implica que cuanto más global sea el colectivo mejor será el autogobierno. ¿Por qué? Porque en todo tipo de relaciones, el privilegio de una parte implica enseguida su supremacía frente a la otra y, por ende, abre la puerta a una relación de dominación. En un mundo tan interdependiente como el nuestro, únicamente la cesión de la soberanía popular hacia arriba nos permitiría luchar contra los imperativos económicos que asfixian y maniatan a unos gobiernos más que a otros. Hoy la democracia o es cosmopolita o es deficiente: menos fronteras, sí; pero más, no.

¿Qué hacer con un referendo de premisas antidemocráticas y que, a menos que otorguemos soberanía a quien no la tiene, sólo sería consultivo? Si se hace política, tal vez podamos un día contar que sus promotores se pegaron un tiro en el pie. Tanto si no hay consulta como si la hay (y al final fueran mayoría, como parece, los que no quieren Estado o lo quieren ambiguamente «dependiente»), no se desembocaría necesariamente en confederación, bilateralidad o asimetría. Por tanto, con un enroque inteligente, este escenario ambiguo parece brindarnos, desde ya, legitimación suficiente para emprender juntos una reforma constitucional. Quizá baste sacrificar dos peones para que el bloque constitucionalista ponga en jaque mate a la crisis institucional. Primero: a muchos parecería colmarles la república (menos funcional que la deteriorada Monarquía, pero de origen más democrático). Nada esencial. Segundo: la definitiva federalización (simétrica, obviamente) del disfuncional «Estado de las autonomías» en una «Federación de estados» reavivaría el Senado y explicitaría por fin las competencias de los nuevos entes soberanos: estados y federación.

Haciendo de la necesidad virtud, el embate nacionalista forzaría la conversión de una dinámica centrífuga en otra centrípeta, donde ya no se trate de sangrar al Estado sino de legislar de consuno, por el interés general. Repartir competencias entre estados y Federación no se hará en función de los agravios sino de la eficacia que presumamos en cada caso (conforme al principio de subsidiariedad), echando mano de la experiencia, del derecho comparado, etc. ¿No es el momento?

Mikel Arteta, Licenciado en Derecho y Ciencias políticas. Doctorando en Filosofía política por la Universidad de Valencia


El holocausto sanitario catalán
Hay novedades en todos los frentes sanitarios. La destrucción deseada y planeada por la Generalidad no para. Puede arrasarlo todo. El panorama asistencial y hospitalario real parece imposibles. Hay una acción bárbara que los grandes medios no exponen. No se perciben límites morales ni humanos. Son capaces de todo y más.
Alfons Quintà www.cronicaglobal.com 2 Abril 2014

La Generalidad había manifestado que no recortaría más la sanidad en 2014. Pero de hecho la está recortando, y no poco. El caso del Hospital Juan XXIII de Tarragona es escandaloso. A la hora de asignar su nuevo presupuesto exponen que recibirán siete millones de euros menos. En una carta colectiva, 24 de los 30 jefes de servicio afirman que un nuevo tijeretazo sería "totalmente inadmisible".

En Gerona se ha demostrado que las ya inmensas listas de espera expuestas por el consejero Ruiz eran una falacia. La ex consejera socialista Marina Geli ha hecho saber que en aquella demarcación sanitaria las listas de espera en 14 intervenciones quirúrgicas con tiempo garantizado han aumentado más de lo que dijo Ruiz, en exactamente un 84,56%. Todos los datos concretos que se expondrán, relativos a toda Cataluña, muestran que la realidad es mucho peor del que se temía.

La Generalidad obra en un clima de desprecio por la ciudadanía. En efecto, Mas-Colell anunció, como si fuera una victoria, haber logrado un recorte, esencialmente sanitario, de 1.400 millones de euros. ¿Hay que felicitarle?

Boi Ruiz, riéndose del legislativo autonómico
El jueves de la semana pasada el Parlamento autonómico de Cataluña aprobó por unanimidad (sic) una moción instando el Gobierno de la Generalidad "a parar temporalmente el proceso de creación del nuevo ente que tiene que gestionar los recursos asistenciales de titularidad pública" en la demarcación de Lérida. Es un tema capital que ya trataré. Peligra todo, incluida la supervivencia del ICS. Puede empeorar (aunque parezca imposible) el sistema de contratación, elemento clave del malgoverno, como dicen los italianos, del sistema sanitario catalán.

Allí radica lo que atrae tanto a los políticos y a los partidos, la pela. Sin este factor no tendríamos tantas trifulcas. Nunca se tiene que olvidar que el presupuesto de Salud es todavía el más importante de la Generalidad. Sin tenerlo presente, no se entiende nada de la sanidad expública catalana.

Encuestas, dinero y maniobras políticas
Es, por lo tanto, por razones comprensibles (pero no admisibles) que la Consejería parece dispuesta a no hacer ningún caso al legislativo autonómico, a pesar de que la moción reclamando una parada del maligno proceso fue votada por CiU y ERC. Nos toman el pelo, pero también, vaya, evidencian el miedo que les genera la pérdida de expectativa de voto que, por suerte, muestran las encuestas. Las que ellos tienen y nosotros todavía no. ¿Estarán cocinándolas?

Ningún medio de comunicación informó de aquella moción unánime del Parlamento autonómico, un tipo de hecho que nunca se produce por azar. Se entiende: se trata de la mayor maniobra actualmente en curso para liquidar la sanidad pública. Se ha empezado por Lérida y se quiere seguir, en este orden, por Gerona, Tarragona y Barcelona. Si Ruiz gana esta batalla crucial estamos listos.

Un sindicato y otros diferentes
El sindicato CATAC-CTS ha efectuado una interesante descripción del proceso iniciado en Lérida, en la cual señala la cínica responsabilidad de ERC. En cambio, los dos grandes sindicatos -UGT y CCOO- todavía no han roto del todo con sus, como mínimo, inercias y malas prácticas, acreditadas por las subvenciones recibidas de la Consejería de Salud, para llevar a cabo actividades de nombre bien fumígeno.

El odio visceral de Ruiz y compañía contra el Instituto Catalán de la Salud (ICS) adquiere dimensiones patológicas. Hospitales públicos modélicos y muy gestionados (como el Valle de Hebrón) empiezan a sufrir un déficit mortal. En este centro, el mejor de Cataluña, está previsto que sea de 27 millones de euros, cuando siempre había estado en equilibrio. Visto desde la base, el drama humano que crea el ahogo deliberado generado desde la Generalidad es difícil de explicar y de creer, debido a su dimensión. Todos los adjetivos se quedan cortos.

Plantas cerradas y pacientes dejados en pasillos
En los servicios de urgencias de muchos hospitales, del ICS y de la concertada, hay boxes de urgencias con dos y tres enfermos, a veces alguno de ellos con una infección contagiosa. Pacientes justificadamente ingresados en urgencias tienen que quedarse dos y tres días en minúsculos boxes o en estrechos pasillos. Estos pacientes no pueden ser llevados (drenados, en argot hospitalario) a habitaciones, porque no las hay, al haberse cerrado plantas enteras, por orden expresa de la Generalidad. Los recortes contables implican este tipo de realidades concretas.

En cuanto a las consecuencias políticas y sociales se da, en la ciudadanía y en muchos profesionales, una resignación insólita, alimentada por la mentira independentista. Ahora bien, ya nadie se cree que la tragedia sanitaria sea por culpa de "Madrit". En Cataluña tenemos una corrupción muy específica y muy amparada políticamente que está en el origen de todo. Lo he escrito muchas veces en los últimos dos años y medio. Si comparamos la manera de hacer de aquí con el caso de la privatización de la sanidad madrileña, veremos que allí se ha seguido un camino jurídico preciso, ciertamente criticable política y socialmente, pero sin casos como el de Josep Prat y otros. Aquí hay un guirigay arbitrario, cínico y pudente. ¿O no?

Peor que en ninguna parte y con menos movilización
En ninguna parte más de España se da el deliberado destrozo del personal sanitario propio de Cataluña, que siempre ha sido lo peor pagado del Estado. Ni en ninguna parte hay casos tan insólitos como el Hospital Clínico de Barcelona, donde su clínica interna superprivada este año recibirá 12.681.028 euros de la Generalidad. Ni un consejero tan grosero y falso como Boi Ruiz.

Este personaje parece satisfecho de poder cometer las maldades que comete. Osó decir que no ve recuperable el nivel anterior de sanidad pública, teniendo en cuenta el nivel al que ha caído. Caramba, ¿quién tiene la culpa? ¿Ha sido sin querer, como dicen los niños cuando rompen un jarrón?

A pesar de que aquí la situación sea peor que en ninguna parte, en Cataluña, hasta ahora, no ha habido mucha movilización sanitaria y ciudadana. La razón más importante de esta resignación ha sido un falaz discurso independentista, hoy desacreditado.

La sanidad, afectando al voto de CiU y de ERC
Muchos médicos me dicen que la resignación va evolucionando hacia un rechazo genérico de la política de CiU y de ERC. "Hay pacientes que se consideran independentistas pero que me dicen que no les votarán, debido a su política sanitaria", me asegura un facultativo.

En el caso de CiU esto es patente e irreparable. También afecta a ERC, que ha votado todas las maldades de CiU, en primer término la prórroga del presupuesto. Demagógicamente, ERC esconde la mano, después de haber echado la fatal piedra en los constantes e inacabados recortes sanitarios.

CiU y ERC tienen miedo de ser castigados electoralmente por los recortes sanitarios. Esto explica el retraso en la difusión de los datos sobre expectativa de voto, elaborados por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalidad. Mas las tiene en las manos. Debido a que miembros de la ejecutiva de la federación de CiU tienen algún conocimiento, en una reciente reunión de aquel órgano supremo de CiU se consideró, por primera vez, la posibilidad de cesar a Boi Ruiz, si bien por ahora nada lo indica.

La situación concreta de los hospitales
La atención sanitaria pública catalana se está muriendo. Lo hace en silencio y sin esquela. Se ve muy bien al analizar la situación concreta, siete días sobre siete, en los hospitales catalanes. El pasado fin de semana quise ver como están varios hospitales concretos.

La conclusión obvia ha sido una situación de desastre generalizado, que también afecta a servicios de muchos centros privados. El afán, la pasión y de hecho el odio al ICS, muy visible en la política de la Generalidad, se sitúan fuera de lo que es humanamente comprensible. El abandono del Pacto Nacional por la Salud por parte de la patronal ACES, representativa de la privada pura, expone bien que han superado todos el límites.

Boi desde siempre sólo ha sido el servidor de la privada concertada. Lo ha hecho con tanta pasión que en realidad se ha convertido en un mero arrasador. Ciertamente, tiene que pensar que después de él ya puede venir otro Diluvio Universal.

Silencio sobre la mortalidad
En cambio, las dos patronales de la privada concertada, una de ellas la de Ruiz, continúan donde estaban, sin que sientan vergüenza. Boi Ruiz, como Mas y Mas-Colell, hacen daño y lo saben. Pero les da igual. Todavía continúan sin decir nada respecto al aumento de la mortalidad, en Cataluña, en 2012, en un monstruoso 5,3 por ciento. Sólo yo lo he escrito. Ya veremos cómo será la de 2013 y cuándo lo harán público. Si los grandes medios de comunicación no estuvieran controlados, todo sería diferente.

Muchas religiones tienen un propio concepto del caos generalizado, normalmente presentado como un castigo divino. El Diluvio Universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el concepto islámico de "jahiliyyah" y el descalabro científico (en concreto matemático) de la "teoría del caos" formulada por Edward Lorenz, se mueven en este orden de cosas.

La aportación de la Generalidad al caos
La maldita aportación de la Generalidad, en el orden sanitario, tendrá que ser reconocida públicamente y obviamente denunciada, a partir de los muchos hechos concretos que la caracterizan, así como situarla en un marco conceptual perverso. Haría falta, además, que fuera severamente castigada. Pero para lograrlo haría falta que antes la maldita "aportación" de la Generalidad fuera muy descrita y muy expuesta. Que todavía no lo sea no es ningún azar. Pero los elementos de prueba contra la Generalidad son infinitos.

Así, el pasado martes por la mañana la mentirosa TV3 dio un trozo del discurso del presidente François Hollande del día anterior, anunciando el nombramiento de Manuel Valls. Yo lo había oído a las ocho de la tarde del día anterior, por la cadena pública gala France 2.

Censurando a François Hollande
Hollande dijo que tenía tres grandes objetivos: lucha contra el paro, preservación de la Seguridad Social y modernización de la economía. En TV3 se emitió el trozo diciendo que tenía tres objetivos, pero se cortó después de anunciar sólo el primer objetivo, la lucha contra el paro. Se notó mucho el corte repentino.

Yo he probado que sé más de TV que cualquier actual directivo de TV3, o que todos ellos juntos. Les puedo echar en cara que aquello que hicieron se llama censura de base política. No se podía dejar a Hollande decir que en Francia se tiene que preservar la Seguridad Social, porque es obrar de manera antitética a como lo han hecho y lo hacen CiU y ERC.

Observar y nunca callar, como tantos medios
Parafraseando un axioma jurídico muy conocido, si los que aspiramos a ser observadores honestos calláramos, tendríamos que ser condenados, porque nuestro silencio habría sido una de las causas del gran daño causado, y del que queda por causar, sin ningún tipo de duda. Afinando un poco vemos que es inmensa la responsabilidad de los medios públicos y cínicos de la Generalidad, así como de los miserables muy subvencionados, es decir comprados.

Somos víctimas de una destrucción psicosomàtica. Nuestro cuerpo ("soma", en griego clásico) está siendo destruido por la carencia de trabajo, que implica mala alimentación (repugnantemente negada por Ruiz) y un empeoramiento sanitario que ya no puede ser contradicho. Mientras, la "psique" (alma, espíritu) es destruida por un sistema mediático deliberadamente concebido y pagado por la Generalidad para lograr nuestro encarcelamiento intelectual y moral.

Es analizando la destrucción sanitaria, concebida y aplicada desde la Plaza de San Jaime, que todo ello adquiere más sentido y logra un nivel superior de claridad. Es esta claridad la que nos dará fuerza para dar un puntapié a los que se lo han merecido, sobradamente.


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La extrema-derecha ante las elecciones europeas. Lectura crítica (VI)
Los anti-inmigracionistas
Ernesto Milá Minuto Digital 2 Abril 2014

En este dossier hemos insistido en que la única posibilidad que ha percibido la derecha nacional europea para renovar su contacto con las clases populares consiste en situar el problema de la inmigración como “tema estrella” (no único pero si como tema de atención preferente). En España tal problemática solamente es asumida por tres organizaciones. No es raro que en este erial de resultado electorales y ausencia de cargos públicos, dos de ellas sean los únicos que hayan podido obtener un mínimo de resultados tangibles, PxC y E2000.

España 2000, eje Valencia – Alcalá
E2000 es junto con la PxC, el único grupo que ha conseguido demostrar cierto arraigo y disponer de una mínima representación institucional. Ambos partidos han obtenido, en las provincias de de Castellón y Barcelona, respectivamente, una cuota electoral del 1,5% de los votos en las últimas elecciones generales. España 2000 tiene su origen en Valencia y pudo establecer una sólida cabeza puente en Alcalá de Henares.
Logotipo de España 2000

Hasta 2007, E2000 participó en distintos intentos unitarios que se saldaron con fracasos. De hecho el mismo nombre del partido deriva del que tuvo la coalición impulsada por DN para las elecciones de 2000 que en Valencia logró mantenerse como iniciativa unitaria. E2000 siempre ha preferido disponer de delegaciones con arraigo a la dispersión habitual de pequeños núcleos poco operativos. A partir de las últimas elecciones municipales, pudo contar con tres puntales importantes en ciudades de tamaño medio: Alcalá de Henares, Silla y Onda que durante la legislatura han ido realizando propuestas y actividades por lo que tienen fundadas esperanzas en mantener y ampliar la representación en esas localidades e irradiar a las vecinas.

El eje central de la actividad de España 2000 es el “patriotismo social”, la doctrina de la “preferencia nacional” y la “lucha contra la inmigración masiva”. En estos últimos años, el crecimiento de E2000 se ha realizado especialmente en torno a aquellos núcleos en los que existe presencia institucional o con fuertes posibilidades de tenerla en las próximas elecciones locales.

Uno de los elementos que más han contribuido a la expansión de E2000 son las ayudas sociales efectivas que han ido realizando sus núcleos. A partir de ellas se han comprobado sus efectos y sus límites. El principal de todos ellos es que la persona a la que se ha ayudado difícilmente se integra en el movimiento político a causa de sus muchos problemas personales. Sin embargo, la ayuda social sirve para movilizar militantes, concienciarlos de que existen problemas sociales muy reales, transmitir esa sensación a la comunidad, y, sobre todo, desde los puestos institucionales enfocar con más medios, posibilidades y efectos, tales ayudas. Porque, en efecto, allí en donde se han mostrado más eficaces es justo donde existe ya presencia institucional. Sin ésta, su alcance es limitado y queda como mero altruismo o en simple propagandismo.

E2000 siempre ha sido contraria a participar en elecciones en las que no puede obtener un resultado apreciable. En las últimas elecciones generales, dada la falta de medios, los esfuerzos se concentraron en la provincia de Castellón obteniéndose buenos resultados (1,5%), renunciando a participar en provincias en las que apenas era necesario tener 150–300 avales, pero en las que no había posibilidades de obtener resultados apreciables. En las elecciones europeas anteriores y en las que se convocarán este año hubiera sido posible presentar candidatura pero muy difícil compensar los gastos generados.

Al igual que PxC, E2000 prefiere concentrar medios para las elecciones municipales. Su razonamiento es que solamente en estas elecciones es posible demostrar que se posee arraigo social y es allí en donde se puede realizar algo efectivo por la población más necesitada.

En el análisis que E2000 realizaba desde 2007, se preveía que la crisis económica, al persistir, generaría una crisis social, en la que el problema de la inmigración agravaría el problema propio de las capas autóctonas más desfavorecidas y, de prolongarse, terminaría abriendo una crisis política que correría el riesgo de poner en peligro las bases mismas del régimen nacido en 1998. De ahí que tempranamente, ya en 2010, E2000 optase por lanzar una ONG, el Hogar Social Maria Luis Navarro que empezó cooperando con el Banco de Alimentos y que actualmente reparte un par de toneladas mensuales de alimentos.

En el análisis de E2000, la gran contradicción sobre la que se puede basar el crecimiento de la base social de un partido de extrema–derecha es la radical incompatibilidad de los intereses de las clases autóctonas más modestas y de los contingentes de inmigrantes, así como la desprotección de los primeros y la sobreprotección de los segundos. A partir de este dato se puede articular un discurso político que vaya más allá del problema migratorio; pero sin la consideración de la inmigración como problema, se carece de la posibilidad de elaborar un planteamiento capaz de interesar a algún grupo social amplio.

Como en todos los grupos surgidos de una coalición, las partes que dieron lugar a E2000 procedían de distintos ambientes políticos, y, por tanto, se produjeron distintas crisis e incorporaciones y no siempre el crecimiento fue lineal. En la ciudad de Valencia era donde se daba la circunstancia de que E2000 contaba con más afiliación y, sin embargo, donde existía un peor nivel de organización. En la actualidad, esa delegación está en fase de reorganización, mientras que los grupos de Castellón y Alcalá se encuentran en plena expansión.

En el Hogar Social, tanto E2000 como otros grupos amigos, han organizado cenas, charlas, presentaciones y desde ahí se han repartido varias toneladas de alimentos a las familias necesitadas.

Plataforma per Catalunya, ¿hay vida después de Anglada…?
Fundada por Josep Anglada a partir de la Plataforma Viguetana, este antiguo miembro de Fuerza Nueva que aspiró durante un tiempo a ser secretario general del Frente Nacional de Blas Piñar, terminó emergiendo a finales de 1999 en su ciudad natal, Vic, con un proyecto anti–inmigracionista que luego se amplió al resto de Catalunya. Quince años después, los azares de la vida, hicieron que Josep Anglada fuera destituido de la presidencia de la organización cuya imagen estaba ligada especialmente a su nombre.

Con 67 concejales obtenidos en las elecciones municipales es, con mucho, la fuerza más importante del ambiente de extrema–derecha española. Sin embargo, PxC generó distintas escisiones (Partit per Catalunya, Acció Democrática, Partido de los Españoles de Cataluña, salidas y rupturas individuales) que fueron compensadas durante un tiempo por el ascenso en su cuota electoral evidenciada en el aumento en su número de concejales: 4, 17, 67… Sin embargo, cuando se convoquen dentro de un año las nuevas elecciones municipales, Anglada ya no estará al frente del partido sin que, en el momento de escribir estas líneas, esté claro quien ocupará el liderazgo.

Anglada fue apartado de su cargo por problemas en el manejo de los fondos del partido. La historia es largo y compleja, pero, deriva de deudas contraídas con partidos extranjeros. En efecto, en 2009, el valenciano Enrique Ravello fue nombrado responsable de relaciones exteriores. Partidario de la “Europa de las etnias”, Ravello contactó especialmente con aquellos grupos situados en esa misma orientación (Vlaams Belang y Lega Nord) y con partidos con los que alguno de estos mantenía estrechas relaciones (caso del FPÖ austríaco con el VB). De ahí surgieron dos créditos contraídos con el FPÖ y con el VB para las elecciones autonómicas de 2010. Anglada y Ravello contaban en obtener diputados y en la facilidad para devolver las cantidades prestadas. El dinero su utilizó especialmente para realizar un mailing masivo que reportó, efectivamente, 75.000 votos a la formación quedándose a pocas decenas de votos de obtener un diputado por Tarragona. Así pues Anglada pidió a los grupos municipales que cedieran una parte de sus ingresos para ir financiando la deuda. Sin embargo, ese dinero llegó “tarde y lento” al FPÖ y al VB a pesar de que sí se habían producido aportaciones de los grupos locales. Hay que decir que esta situación no era nueva, sino que era conocida por los miembros del Consell Executiu de PxC un antes de que se produjera la crisis. Este y otros motivos generaron tras las últimas elecciones autonómicas catalanas un fuerte malestar interior que terminó cristalizando en la destitución de Anglada, en un verdadero golpe de Estado interior.

Cabe decir que la posición de PxC en materia “nacional” había variado con el paso del tiempo y el cambio en las circunstancias de la política catalana. Inicialmente, los fundadores de PxC estaban de acuerdo en aportar una componente “catalana” al nuevo partido (la zona de Vic es la más “nacionalista” de Cataluña), idea con la que se identificaron los jóvenes del grupo Batzegada de orientación tradicionalista partidarios de una concepción “foral” de España. El propio Anglada en el consistorio de Vic resaltó en 2013 que su bandera era la “senyera” (la oficial de la Generalitat), en absoluto la “estelada (propia del independentismo).

Pero luego, el crecimiento y la particular concepción de Anglada de PxC como “partido franquicia” hizo que los grupos locales estuvieran dirigidos y formados por gentes que mantenían muy distintas actitudes en la materia: desde antiguos miembros del PP, hasta independentistas. En esa época, la política oficial de PxC era considerar que esto era “secundario” en relación al problema político real de Cataluña: la presencia de más de 1.500.000 de inmigrantes. Pero, cuando se produjo la manifestación convocada por la Asamblea Nacional de Cataluña el 11 de septiembre de 2012 ya fue imposible eludir una toma de posición clara y nítida.

Hay que decir que si bien el partido tuvo su origen en una zona de gran implantación catalanista (la Montanya catalana, Vic) y con una fuerte orientación anti–inmigración, y de ahí su inicial orientación “catalanista”, poco después fue evidente que el problema grave con la inmigración se encuentra en Cataluña en el cinturón industrial de Barcelona, que coincide con las zonas de mayor presencia castellanoparlante. Así pues, si bien nadie discutía la orientación “catalanista” del grupo, el equilibrio se mantenía evitando declaraciones “muy catalanistas” o “muy españolistas”. Era evidente que esta situación no podría mantenerse eternamente y que antes o después surgirían tensiones porque los temas y las actitudes que necesitaba Anglada para mantenerse como concejal en Vic no eran las mismas que las que precisaban los concejales del cinturón industrial.

Al convocarse las elecciones generales de 2011, se produjo el gran conflicto. Ante la imposibilidad de definirse sobre “españolismo” o “catalanismo”, el discurso de PxC perdió espacio e interés: el debate de la sociedad catalana en aquel momento era la “cuestión nacional” y todo en Cataluña giraba en torno a esto. PxC evitó el definirse claramente en una u otra dirección pensando que el discurso anti–inmigracionista le dispensaba de ello y, especialmente, para mantener equilibrios internos.

El resultado fue catastrófico: no solamente dejo fuera de juego a PxC (que, tal como podía esperarse, experimentó un aumento de votos en el cinturón industrial de Barcelona, pero disminuyó de influencia en las zonas de más fuerte presencia nacionalista), sino que dos formaciones sobre las que no quedaban dudas de su “españolismo”, PP y C’s, extrajeron réditos abundantes de esta renuncia a presentarse como el defensor de las clases más modestas en Cataluña, mayoritariamente castellanoparlantes, que son precisamente las que deben soportar la competencia y la presión de la inmigración y resultan más negativamente afectadas por su presencia.

A partir de este error estratégico, incomprensible y suicida, el papel de Anglada empezó a verse debilitado progresivamente. A uno de sus principales puntos de apoyo, Enrique Ravello, que además de ocupar el cargo de responsable de relaciones internacionales, ocupaba también el de responsable de expansión de PxC fuera de Cataluña, tras aparecer junto a los responsables del Vlaams Belang con la bandera independentista, se le abrió expediente disciplinario, abandonando la formación y dejando prácticamente solo al “rey” cuya presencia en el tablero, a partir de ese momento, era cuestión de tiempo. De hecho, desde la denuncia presentada por un hijo de Anglada por “violencia doméstica” en 2010, su situación se había convertido en muy delicada. A pesar de que el hijo retiró la denuncia, El País publicó lo esencial de la misma, generando cierto malestar interior en PxC.

En el capítulo de errores estratégicos de segundo orden merece mencionarse la autorización para la formación de un grupo de Plataforma per Catalunya en el Rosellón francés, una zona con un buen nivel de implantación del Front National, que legítimamente vio en la formación de este grupo una intromisión en “su” territorio. Si a estos unimos que Enrique Ravello había defendido hasta última hora la candidatura de Bruno Gollnisch frente a la de Marine Le Pen cuando se dirimían la elección de presidente de la organización, entenderemos mejor la desconfianza de la actual dirección del Front hacia todo lo que ocurre a esta parte de los Pirineos.

Ahora, PxC se encuentra descabezada, sigue contando con la lealtad de algo más de unos 50 concejales, sobre los 67 iniciales, y todo induce a pensar que conseguirá reponerse y ampliar su implantación en el cinturón industrial de Barcelona y en las zonas de mayor presencia de inmigración, desapareciendo en zonas del interior. Se ignora si entre los miembros de la dirección actual de PxC hay alguno con capacidad, voluntad e fuerza como para sustituir a Anglada y personalizar en un nombre y un rostro a la organización, algo necesario en democracia.

En caso de que en unos meses PxC consiga ese nombre y lo sitúe en la presidencia estará en condiciones de participar en luchas políticas autonómicas y nacionales. En caso contrario, si no aparece nadie con empuje suficiente, deberá contentarse con participar en las elecciones locales e ir creciendo en esa dimensión política.

A en las autonómicas de 2010, PxC añadió al tema anti–inmigración, otros dos en los que Anglada se movía mal, pero que constituyeron el andamiaje de aquella campaña electoral: la lucha contra la corrupción, la lucha contra la crisis económica con la exigencia de reforma del sistema. En la actualidad, paradójicamente, el hecho de que la propia PxC haya expulsado a su propio presidente al reprochársele dudas sobre el manejo de fondos, es su mejor baza: en efecto, marcaría el camino por el que deberían circular todos los partidos para el saneamiento de sus propias filas, no dudar ni siquiera en sacrificar a su líder, si de lo que se trata es de luchar contra la corrupción. De todas formas, lo previsible es que en los meses próximos todo este tema termine en los tribunales.

¿Tiene posibilidades PxC de superar su crisis? La situación que vive Cataluña en relación a la inmigración es mucho más tensa que en cualquier otra autonomía y, por tanto, PxC responde a un problema muy real. Ahora bien, para poder destacar en este terreno, PxC tendrá que tomar partido por las dos únicas posiciones reales hoy en Cataluña: o a favor de España y contra el separatismo, o a favor de una Cataluña independiente. Las “terceras posiciones” son muy difíciles de explicar especialmente en momentos de radicalización política y nunca han podido afirmarse. El mismo PSC lo está comprobando en la actualidad.

PxC, al igual que E2000, considera que las elecciones europeas no son en la actualidad el teatro más adecuado para su participación y han hecho público que no presentarán candidatura. Varias formaciones –AES y DN y quizás alguna otra– se apresuraron a solicitar que les cediera sus avales, puerta que a partir de la primera reunión de la dirección tras la “crisis Anglada” se cerró.

Partido por la Libertad. Recordando a Iniciativa Habitable.
El éxito de PxC en las últimas elecciones municipales hizo que existiera cierto contagio en otras autonomías. Antes, tras las elecciones municipales de 2007, ya se había producido un primer movimiento de simpatía que acabó mal: el grupo madrileño, dirigido por César Román, un antiguo militante del Frente de la Juventud en los últimos años 70, tras pedir un crédito, terminó enfangado en una agria discusión con Anglada, quedándose PxC con la factura por los gastos originados por la inexistente Plataforma por Madrid. En 2011, sin embargo, el entusiasmo suscitado fuera de Cataluña por los resultados de PxC fue mayor y cristalizó en la formación de grupos de simpatizantes, en su mayoría antiguos miembros de formaciones ya existentes, en especial DN (en Asturias, Burgos). Entre ambos períodos, PxC mereció también el interés de un Enrique de Diego, quien organizó la presentación de un libro firmado por Josep Anglada en Madrid.

En ese período, de Diego se había convencido de que su Plataforma de las Clases Medios tenía un techo limitado e intentaba buscar una organización que dispusiera de una base social más amplia. En el choque entre Enrique Ravello y de Diego en la última parte de la campaña electoral para las autonómicas de 2010, Anglada se decantó hacia el primero (gracias al cual habían llegado los dos créditos a la PxC), negándose a que de Diego tomara la palabra en el acto de final de campaña. Éste, a partir de ese momento, éste inició los ataques contra el presidente de PxC.

En Madrid, desde hacía años existía la percepción de que un grupo anti–inmigracionista podría arraigar. DN había sido la primera opción hacia principios del milenio, pero pronto los problemas interiores demostraron la imposibilidad para esa sigla de para asentarse en Madrid. Cuando la intentó E2000, su responsable en Madrid-capital estaba en las mismas posiciones de la extrema-derecha de los años 70 y en absoluto en las anti-inmigracionistas.

Posteriormente, un grupo de antiguos miembros del Vértice Social, hasta ese momento ligados a FE–JONS dieron vida a Iniciativa Habitable (sobre la imagen del grupo holandés dirigido por Pym Fortune que sería poco después asesinado). Desde el principio, este grupo quiso jugar una carta de corrección política y moderación, con lo que ocurrió lo inevitable: paso completamente desapercibido. Finalmente, en las anteriores elecciones, al no presentarse Foro Verde en Galapagar, se acordó presentar un candidato de Iniciativa Habitable que salió elegido concejal.

Cuando Iniciativa Habitable evidenció tener muy poco mordiente para el electorado y para captar bases nuevas, la idea de promover una formación anti–inmigracionista se desplazó hacia el Frente Nacional de Fernando Cantalapiedra. Un grupo de antiguos miembros de CEDADE, dirigidos por José María Ruiz, observaba la evolución de los acontecimientos, esperando su turno para mover ficha. Cuando tuvieron lugar las últimas elecciones municipales y las esperanzas del Frente Nacional depositadas en sus candidaturas del Norte de España, quedaron decepcionadas, al mismo tiempo que PxC obtenía buenos resultados, pareció llegada la hora. Así nació el Partido por la Libertad.

Tras esas elecciones municipales, un cierto número de personas independientes o ex militantes de grupos anteriores, habían escrito a la dirección catalana de PxC ofreciéndoles constituir en su zona una plataforma similar. Inicialmente, Enrique Ravello se encargó de coordinar estos contactos y con ellos se configuró el núcleo originario de lo que luego sería PxL. Sin embargo, a partir de las últimas elecciones generales la buena armonía entre PxL y Anglada quedó rota y ambas organizaciones emprendieron caminos separados que solamente el golpe de Estado interior volvió a aproximar. De hecho, lo más probable es que, en caso de no surgir un aspirante a la sucesión de Anglada en el interior de PxC, José María Ruiz aspire a ocupar ese cargo dentro del marco de una organización unificada o federada.

Se trata de una formación que en su aspecto exterior recuerda extraordinariamente a Iniciativa Habitable: búsqueda de la corrección política, huida de cualquier tipo de radicalismo e intento de encontrar un arraigo en los municipios. En el momento de escribir estas líneas cuenta con un grupo en Burgos de antiguos miembros de DN, otro en Málaga, también dirigido por gente que abandonó DN hace 10 años. Ha realizado presentaciones en Madrid y cuenta con un grupo activo en Sevilla y algunas conexiones en la cornisa cantábrica.

Hasta ahora, PxL no ha experimentado todavía la “prueba del fuego” que constituyen unas elecciones locales. A pesar de que la moderación evidente del grupo, no llame la atención, es posible que obtenga algunas concejalías y que, a partir de ahí, pueda pensarse en una dinámica mucho más ambiciosa. Todo dependerá del número de concejales que obtenga.

A pesar de que, PxL carece de vínculos formales con PxC, actualmente en realidad existen buenas relaciones de sintonía y afinidad entre ambas organizaciones y un contacto permanente. También existen relaciones cordiales con los concejales de E2000 que han estado presentes en actos de presentación de candidaturas de PxL.

Todo esto, induce a pensar, si es que la lógica es aplicable a este ambiente político, que lo normal sería que tras las próximas elecciones municipales estos grupos tendieran a estrechar sus lazos de colaboración. En realidad, estos tres grupos tienen zonas muy bien definidas de influencia y no entran en competencia entre sí, ni tienden a robarse militantes unos a otros. La percepción de que es necesario poner coto a la inmigración masiva, defender la identidad nacional, reformar el sistema político y la arquitectura constitucional, les une.

La lógica impondría el que en caso de mejorar sus resultados en las municipales de 2015, se constituyese una “asamblea de concejales” electos de estos grupos, con servicios de asesoría, comunicación, etc, comunes entrándose en una nueva dinámica política: el formar, a partir del municipalismo un nuevo movimiento político–social con peso real y base social amplia, una especie de Udalbiltza1 como la que propuso Herri Batasuna en 1999 que trató de asumir y liderar la construcción de la independencia. Propuesta que ya ha sido lanzada y que solamente espera para concretarse ver cuál es la correlación de fuerzas que aparece tras las próximas elecciones locales.

1.- Udalbiltza (Euskal Herriko Udal eta Udal Hautetsien Biltzarra, Asamblea de Municipios y Electos Municipales de Euskal Herria) asociación de cargos electos municipales que fue creada por los firmantes del Pacto de Estella en 1999 y que agrupa a representantes de los distintos partidos nacionalistas vascos uno y otro lado de los Pirineos. Sus actividades fueron suspendidas en 2003 por el juez Baltasar Garzón.

El próximo viernes día 4 capítulo VII de la serie
La “vieja frontera”: la periferia de la extrema–derecha
Vox encuentra su origen en la Fundación para la Defensa de la Nación Española creada por Santiago Abascal en 2006. Toda su carrera política se ha realizado a la sombra del PP, partido en el que ha militado entre 1994 y 2013.

VER CAPÍTULO I : Una panorámica general
VER CAPÍTULO II : Los resultados electorales
VER CAPÍTULO III : Los programas de los partidos: AES-Impulso Social
VER CAPÍTULO IV : La España en Marcha, “lo pequeño es hermoso”
VER CAPÍTULO V : Más piezas del puzle: falange histórica y MSR
 


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