AGLI Recortes de Prensa   Jueves 3 Abril  2014

Pensiones: lo mucho que queda por hacer
Primo González www.republica.com 3 Abril 2014

Buenas cifras para el empleo y la Seguridad Social en el mes de marzo. En suma, para el mercado de trabajo. Pero tras las cifras positivas del último mes (hay que recordar que estamos en zona de mínimos), es obligado mencionar las sombras importantes que se esconden cuando del flujo mensual pasamos al “stock”, es decir, los datos que reflejan la situación laboral en términos acumulados. El historial que pesa sobre la economía en materia de empleo es para quitarle el sueño a cualquier Gobierno, no sólo por ese 26% de tasa de paro en relación con la población activa sino por el grave desequilibrio que se está acumulando en las cuentas de la Seguridad Social, del que momentáneamente estamos saliendo gracias a que el dinero acumulado en el Fondo de Reserva de las Pensiones está permitiendo capear el desfase.

A finales del pasado mes de marzo, y tras el interesante aumento del número de cotizantes a la Seguridad Social en el tercer mes del año, el sistema ha alcanzado los 16,296 millones de cotizantes. Es necesario recordar que esta cifra de personas que abonan cada mes a la Seguridad Social sus correspondientes cuotas está en mínimos desde hace bastantes años, desde luego desde que se inició la crisis. En marzo del año 2007, el número de cotizantes a la Seguridad Social era de 19,085 millones de personas. Es decir, en relación con la época boyante de la economía española y del empleo, la Seguridad Social cuenta con cerca de 2,8 millones de afiliados menos, lo que sirve para tener una idea algo más apropiada sobre el estado actual de las cosas y el camino que queda por recorrer.

El número de pensionistas ha subido, entre tanto, hasta los 9,16 millones de personas. Entre que los pensionistas aumentan cada año y que el ingreso medio de las pensiones experimenta ligeros avances, la cifra mensual a la que debe enfrentarse la Seguridad Social ha ido en aumento hasta situarse ya en torno a los 8.000 millones de euros mensuales. A finales del año 2010, el coste medio de las pensiones era de unos 6.900 millones de euros al mes.

Esta diferencia de 2,8 millones de cotizantes menos que hace unos 6 años, mientras el número de beneficiarios de las prestaciones ha ido en aumento constante, está generando cada ejercicio anual un importante desfase de perfil creciente. La caída del número de cotizantes durante estos últimos años se tradujo en una caída de los ingresos por cotizaciones del 2,9% el pasado año, lo que situó los ingresos por cotizaciones en 98.100 millones de euros, una cifra que no perforaba la cota de los 100.000 millones de euros anuales desde el año 2006. Con estos ingresos, la Seguridad Social ha de hacer frente a unos pagos por pensiones que siguen en aumento y que el pasado año alcanzaron los 108.600 millones de euros, un 4,9% más que en el año 2012.

La espiral del déficit de la Seguridad Social nos ha llevado hasta una situación bastante peligrosa desde el punto de vista financiero. España debería no sólo mejorar el empleo sino hacerlo de forma más acelerada que en los primeros meses de este año. Ya es un buen consuelo que las altas como afiliados a la Seguridad Social lleven varios meses de subida ininterrumpida. El objetivo ideal consistiría en recuperar aquellos 2,8 millones de cotizantes que la crisis se ha llevado por delante. Como eso no es razonable esperarlo a corto ni siquiera a medio plazo, el objetivo de aumentar el número de cotizantes en al menos un millón de personas debería ser una aspiración de cara a la próxima legislatura. En el último año (marzo de 2013 a marzo de 2104), el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 115.000 personas. Aumentar en un millón llevaría más de 9 años a este ritmo y ni aún así se aseguraría el equilibrio de la Seguridad Social, necesario para garantizar el pago futuro de las pensiones.

Jaque mate, ¿de quién?
mikel arteta El Mundo 3 Abril 2014

Formuladas ya las preguntas del referendum catalán, repasemos algunos argumentos para deslegitimar una consulta que pone en jaque a España como Nación política; un hecho este último que refiere a la comunidad solidaria que nos vincula jurídica y políticamente.

1. Sobra reincidir en la manipulación identitaria del nacionalismo: a golpe de simposios, subvenciones, regulaciones e inmersiones, han levantado un sentimiento nacional, una nación étnica. Porque étnica es una nación histórica (o sea, que vive más en el pasado -o del futuro- que en su agónico presente) creada sobre algo tan gaseoso como el sentimiento; éste, al servicio de la demagogia, siempre es excluyente, pues siempre tomará a la parte por el todo.

2. Menos hincapié se hace en subrayar que los medios iliberales para la nacionalización son condición necesaria para forjar la mayoría en favor de una nueva nación política: el 30% de los catalanes tiene reparos en expresar sus ideas en público. Se debe tener esto en cuenta para responder a quienes advierten que las fronteras son arbitrarias y pasan luego a imponernos su arbitrio para delimitarlas. Éstos son doblemente negligentes. Primero por hacer la vista gorda ante los métodos facinerosos con que se recaban las mayorías. Y, segundo, porque se desentienden de su propia premisa: si las fronteras son arbitrarias, no es posible justificarlas ni defender legítimamente un cambio. Ni siquiera sirve la regla de la mayoría, por dos razones. Porque las mayorías varían en función de la circunscripción: como en el cuento de nunca acabar, en una Cataluña independiente, Barcelona podría autoerigirse, circularmente (porque así lo sientan ellos, y granjeándose de antemano la posibilidad de ser mayoría), en circunscripción soberana y decidir entonces que no pagarán impuestos para Tarragona. Y porque quien en un colectivo mancomunado puede abandonar el barco a su antojo, dispone siempre de una capacidad de chantaje que pervierte la deliberación por el interés general y elimina de raíz la propia esencia de la comunidad política: la solidaridad o, lo que es lo mismo, la reciprocidad de derechos y obligaciones.

De la circularidad que radica en la pregunta acerca del origen del demos sólo se sale haciéndonos cargo de la arbitrariedad, pero nunca tratando de justificar su cierre apelando a la lengua, a la historia, a la etnia o al sentimiento. Por suerte el derecho internacional sólo permite alegar invasión, expolio u opresión: tres circunstancias que, asociadas con Cataluña, han hecho reír a una comunidad internacional que les ha cerrado la puerta.

Los Procustos, que nunca entienden que el todo es más complejo que las partes (hace 50 años Pujol ya calificaba de «ejército de ocupación» a 200.000 catalanes), harían bien en entrar en la modernidad, con tres siglos de retraso, y aceptar que no hay lecturas justificables al margen de las unidades morales: las personas. España, como Estado social y democrático de Derecho, es pluralista y talla los derechos individualmente. Sólo así se hace justicia con quienes arbitrariamente nacen dentro de sus fronteras. En este marco, la calidad de los derechos efectivamente arrebatados al poder dependerá de la agonal tarea política de la sociedad civil. Nuestra baja calidad democrática no apunta tanto a la Constitución como una sociedad civil sin pulso, que avala al poder e ignora sus desmanes en virtud de una causa mayor...

3. Cabe recordAR que la vigencia del pluralismo, la institucionalización de la contienda política, la garantía de los derechos fundamentales y, en fin, la apertura a una deliberación pública que pueda hacer prevalecer el interés general, existen ya en nuestro Estado. Esto nos arma de razones para desacreditar el decisionismo político que blande la Generalitat: en los actos de la Diada, Forcadell tildó al Estado de «adversario» y al PP y Ciudadanos de «partidos españoles en Cataluña»; incorporó, para referirse a sus conciudadanos, las viejas categorías con que pensábamos la política internacional; excluyó al adversario político convirtiéndolo en enemigo. De ahí a la violencia en las sedes de UPyD, C's y del PP no va ningún paso.

4. Hay quien cierra el debate apelando a la Constitución: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado»; «el referéndum es ilegal». Sinceramente, no veo a qué soliviantarse. El derecho no debe tener la primera palabra para dirimir conflictos pero siempre tendrá la última; esto será más digerible si comprendemos su dualidad intrínseca. Por una parte, hacer honor a la soberanía popular implica reconocer que el derecho nunca hubiera llegado a existir sin un proceso constituyente refrendado mayoritariamente. Pero, por otra parte, el texto que votamos no queda al arbitrio de los ciudadanos. Nuestra Constitución es parangonable al resto de constituciones liberales porque el derecho tiene su lógica o «forma» propia; la que acaba dibujando un concepto de Estado democrático de derecho que no es absolutamente disponible. El derecho democrático implica reciprocidad y acumula una tradición de pensamiento que integra conceptos como «tolerancia», «separación de poderes», «dignidad», «constitución» o las sucesivas «generaciones de derechos fundamentales» que se imbrican de forma inseparable. No hay derechos civiles sin derechos políticos; y éstos no son creíbles sin la igualdad material que deben garantizar los derechos sociales. Invocar al derecho no es arrojarle a nadie un ladrillo.

5. Sin embargo, antes de la palabra última que ostenta el titular del monopolio de la violencia, todavía apelaremos a las condiciones de legitimidad del poder. Éste será legítimo si se adecua a la lógica democrática: el autogobierno colectivo debe asumir que la opción de participar como ciudadano se le debe a todos los afectados por las decisiones políticas. En este sentido, todo ciudadano español debe poder decidir sobre algo que le desempoderaría democráticamente, pues una secesión le arrebataría para siempre su influencia sobre lo que allí suceda en adelante. Además, sería injusto que abandonasen el compromiso solidario de transferencia de rentas quienes, en detrimento de otros, se beneficiaron económicamente de una planificación estatal. Al contrario, la lógica democrática implica que cuanto más global sea el colectivo mejor será el autogobierno. ¿Por qué? Porque en todo tipo de relaciones, el privilegio de una parte implica enseguida su supremacía frente a la otra y, por ende, abre la puerta a una relación de dominación. En un mundo tan interdependiente como el nuestro, únicamente la cesión de la soberanía popular hacia arriba nos permitiría luchar contra los imperativos económicos que asfixian y maniatan a unos gobiernos más que a otros. Hoy la democracia o es cosmopolita o es deficiente: menos fronteras, sí; pero más, no.

¿Qué hacer con un referendo de premisas antidemocráticas y que, a menos que otorguemos soberanía a quien no la tiene, sólo sería consultivo? Si se hace política, tal vez podamos un día contar que sus promotores se pegaron un tiro en el pie. Tanto si no hay consulta como si la hay (y al final fueran mayoría, como parece, los que no quieren Estado o lo quieren ambiguamente «dependiente»), no se desembocaría necesariamente en confederación, bilateralidad o asimetría. Por tanto, con un enroque inteligente, este escenario ambiguo parece brindarnos, desde ya, legitimación suficiente para emprender juntos una reforma constitucional. Quizá baste sacrificar dos peones para que el bloque constitucionalista ponga en jaque mate a la crisis institucional. Primero: a muchos parecería colmarles la república (menos funcional que la deteriorada Monarquía, pero de origen más democrático). Nada esencial. Segundo: la definitiva federalización (simétrica, obviamente) del disfuncional «Estado de las autonomías» en una «Federación de estados» reavivaría el Senado y explicitaría por fin las competencias de los nuevos entes soberanos: estados y federación.

Haciendo de la necesidad virtud, el embate nacionalista forzaría la conversión de una dinámica centrífuga en otra centrípeta, donde ya no se trate de sangrar al Estado sino de legislar de consuno, por el interés general. Repartir competencias entre estados y Federación no se hará en función de los agravios sino de la eficacia que presumamos en cada caso (conforme al principio de subsidiariedad), echando mano de la experiencia, del derecho comparado, etc. ¿No es el momento?

Mikel Arteta, Licenciado en Derecho y Ciencias políticas. Doctorando en Filosofía política por la Universidad de Valencia

11-M
Diez años perdidos y en tinieblas
Gabriel Moris Libertad Digital 3 Abril 2014

"Cree a aquellos que buscan la verdad: duda de los que la han encontrado" (Adré Gide).

Acabamos de conmemorar el décimo aniversario de la matanza de casi doscientos inocentes en la Comunidad de Madrid. No olvido a los heridos de toda índole, difíciles de cuantificar y evaluar. Ha habido actos conmemorativos para todos los gustos. Quiero expresar que el tipo de conmemoraciones de aquella triste jornada fue tan variopinto que cubrió casi todas las expectativas.

Permítanme como víctima situarme en un ángulo que me impida visualizar el conjunto de los escenarios. De cualquier forma, quiero agradecer sinceramente a todos los organizadores su deseo de recordar a las víctimas. También creo de justicia agradecer -una vez más- el comportamiento de todos los que trabajaron y se entregaron para paliar los males de la masacre.

Mi atención se ha focalizado este año en cuatro actos que han tenido relevancia. Dos de ámbito nacional y otros dos de ámbito local, en Alcalá de Henares.

El primero de ellos fue el funeral de Estado celebrado en la catedral de la Almudena de Madrid. En él pudimos ver, además de los altos dignatarios de las instituciones, a las víctimas y sus representantes. También pudimos constatar la ausencia de personas que tuvieron un notable protagonismo en aquella fecha inolvidable. Todo ello encaja en la lógica de los hechos.

Sin duda, la homilía del cardenal Rouco Varela tuvo gran relieve. En la prensa suscitó todo tipo comentarios, incluso silencios. Más importante que la actitud de la prensa me parece la reacción que dicha homilía pueda producir en las víctimas, en la sociedad y en los responsables de investigar los hechos e impartir justicia. Copio textualmente dos párrafos de ella: "Hubo alguien, hubo personas que con una premeditación escalofriante estaban dispuestas a matar inocentes, a fin de conseguir oscuros intereses del poder". "No sabemos exactamente cuáles fueron los propósitos e intenciones últimos de los que pensaron, programaron y ejecutaron los atentados de Atocha; lo que sí resulta claro es que no podrán neutralizar y menos anular los frutos de nueva y redimida humanidad". No creo necesario añadir comentario alguno.

La víspera se celebró un acto conmemorativo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en la sede de las Comunidades Europeas de Madrid. La Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M ostentó la representación española; en su nombre, Eloy Morán tuvo una emotiva intervención. Comentó sus vivencias personales en el tren en el que viajaba y llamó su atención sobre la ausencia en el acto de otras asociaciones españolas de víctimas del terrorismo. El núcleo del discurso giró en torno al hecho de que, pasados diez años, sólo sabemos el número de víctimas mortales, el número aproximado de heridos y poco más. Las causas judiciales en curso han tenido que ser promovidas por las propias víctimas, cosa que hacen con gusto y que seguirán haciendo hasta conocer la verdad de lo ocurrido. Creo que esta intervención tampoco ha recibido el debido trato informativo.

En Alcalá de Henares, una de las ciudades víctima del atentado, hubo dos actos: el oficial, promovido por las autoridades municipales, y otro oficioso, organizado por un grupo de víctimas del 11-M; éste se celebra mensualmente desde septiembre de 2006.

El acto oficial revistió un carácter extraordinario, pues a los actos habituales de cada año se unieron el cambio de nombre de la Plaza de la Estación y la simbólica suelta de globos por niños nacidos en 2004. La plaza se llama desde ahora Plaza del 11 de Marzo. La palabra víctimas, incluida en la petición ciudadana, ha desaparecido por voluntad de nuestros ediles. Una fecha en sí no explicita todo lo ocurrido ese día. Mi agradecimiento a la corporación municipal por no olvidar lo inolvidable.

En la concentración vespertina del décimo aniversario se presentaron, por medio de una herramienta informática, los resultados de una campaña de recogida de firmas dirigida al Gobierno, al Congreso y a la Audiencia Nacional. La petición tiene por objeto investigar los atentados del 11-M. Casi 56.000 firmas avalan esta petición, con el fin de hacer la justicia pendiente, regenerar las instituciones y sentar las bases para prevenir otro crimen de lesa humanidad. La petición ha encontrado repuesta en sesenta y seis países, en todas las provincias de España y, lo más significativo, casi diez mil personas explican los motivos para apoyarla. Transcribo un ejemplo reciente:

Para saber, no tu verdad ni mi verdad sino, LA VERDAD.

En breve se cursará formalmente esta petición.

Esta crónica del décimo aniversario del 11-M nos muestra señales, aparte de mi esperanzada ingenuidad, de que las tinieblas que envuelven estos crímenes no van a lograr que los diez años de impunidad tiendan hacia el infinito. La sociedad va observando destellos de la verdad que nos ocultan las instituciones

La historia oficial, sin sentido
¿Qué pasó en Leganés?
Uno de los aspectos más rocambolescos de la versión oficial del 11-M es la explosión de Leganés. Este jueves se cumplen 10 años.
Luis del Pino Libertad Digital 3 Abril 2014

El 3 de abril de 2004, pocas semanas después de la masacre del 11-M (http://www.libertaddigital.com/temas/11-m/) , la Policía rodeaba un piso en la C/ Carmen Martín Gaite de Leganés y, después de un asedio de varias horas, se produjo una explosión en la que presuntamente murieron siete magrebíes y un miembro del GEO.

La historia oficial es que aquellos siete magrebíes estaban implicados en el atentado del 11-M e hicieron volar aquel piso al verse rodeados. Pero lo cierto es que la historia oficial no tiene ningún sentido:

¿Por qué los responsables del 11-M iban a concentrarse en aquel piso, en lugar de huir de España tras el atentado?

¿Por qué eligieron para refugiarse un piso que daba pared con pared con el de un policía experto en escuchas y seguimientos?

¿Por qué eligieron para refugiarse un piso marcado, en el que anteriormente ya se habían producido intervenciones policiales?

¿Por qué unos terroristas que no se habían suicidado en los trenes del 11-M iban a suicidarse en aquel piso?

Si iban a suicidarse, ¿por qué esperaron nada menos que siete horas, rodeados por la Policía, antes de hacerlo?

¿Por qué esperaron los terroristas a que se desalojaran los ocho bloques de viviendas colindantes?

¿Por qué la Policía tardó casi cinco horas en desalojar a los vecinos, si esos terroristas eran tan peligrosos?

¿Por qué esos terroristas se suicidaron en el interior de la vivienda, donde su capacidad de hacer daño era menor, en lugar de salir al encuentro de los GEO, que aguardaban parapetados en el rellano de la escalera?

No es solo el modus operandi lo que no cuadra. El sumario del 11-M está plagado de detalles que invitan a pensar en algún tipo de montaje:

Una supuesta carta de despedida de uno de esos presuntos suicidas, escrita en árabe, a la que alguien añadió una firma en caracteres latinos.

Una serie de supuestas llamadas de despedida de esos presuntos suicidas que, teniendo más de diez teléfonos a su disposición (los cuales aparecieron en el desescombro) se dedicaron a llamar de manera sucesiva, en vez de simultánea, a lo largo de casi una hora.

El hecho de que uno de los teléfonos con los que se efectuaron esas supuestas llamadas de despedida continuaba activo un mes después de producirse la explosión del piso.

Dos faxes supuestamente enviados por esos terroristas desde el piso al diario ABC y a Telemadrid, cuando en aquel piso no había ningún fax.

La ausencia de casquillos de subfusil, a pesar de que la versión oficial dice que hubo un intercambio de disparos con subfusil que duró entre 15 y 30 minutos.

La ausencia total de imágenes, tanto de los supuestos terroristas disparando a través de las ventanas, como de la propia operación de asalto de los GEO.

La misteriosa desaparición de las manos de tres de aquellos suicidas, que no pudieron ser identificados por las huellas dactilares.

La aparición en el desescombro de más de 20 libros de temática religiosa, que no solo habían resultado milagrosamente intactos en la explosión, sino que, además, algunos de ellos eran libros santos chiíes, lo que no cuadra con el hecho de que aquellos siete magrebíes eran sunníes.

El hecho de que uno de los cadáveres apareciera con los pantalones puestos del revés.

El lector interesado en profundizar en cualquiera de los aspectos mencionados puede leer los siguientes artículos donde se explican más detalladamente los distintos puntos:

-¿Qué ocurrió en Leganés?
http://www.libertaddigital.com/opinion/18-que-ocurrio-en-leganes-28380/

- Visiones contradictorias
http://www.libertaddigital.com/opinion/19-visiones-contradictorias-28729/

- Brigada de limpieza
http://www.libertaddigital.com/opinion/23-brigada-de-limpieza-29906/

¿Qué pasó en Leganés? ¿Es cierto que unos islamistas, presuntamente relacionados con el 11-M, se inmolaron en aquel piso? ¿Se trató de una operación de inteligencia, en la que fueron liquidados algunos de los autores del 11-M, o algunos de los cabezas de turco? ¿O en realidad en aquel piso no murió nadie?

Lo normal es que las autopsias de aquellas siete personas nos hubieran permitido aclarar algunas de las dudas. Sin embargo, aunque parezca mentira, a aquellos presuntos suicidas no se les hizo autopsia para determinar la causa de la muerte.

Después de la explosión del piso de Leganés, el desescombro y la recogida de restos continuaron a lo largo del domingo 4 de abril de 2004. Ambas operaciones estaban dirigidas in situ por la juez Teresa Palacios. Los restos de los presuntos suicidas fueron enviados al Instituto Anatómico Forense para realizar los correspondientes estudios y cumplimentar los trámites legales.

En el Instituto Anatómico Forense no se encontraba la directora, Carmen Baladía, que acababa de tomar un permiso pocos días antes, con el que esperaba poder recuperarse del tremendo desgaste vivido desde el fatídico 11-M, cuando le tocó hacerse cargo de organizar todas las autopsias de las víctimas en aquella morgue improvisada en que se convirtió el IFEMA.

En su lugar, Carmen Baladía había dejado como responsable del Instituto al doctor Pera, como director en funciones. Sin embargo, quien se hizo cargo de la situación tras la explosión del piso de Leganés no fue el doctor Pera, sino el jefe de la Sección de Antropología del Instituto, José Luis Prieto Carrero, que hizo caso omiso del director en funciones y se puso al mando de todo lo relacionado con los cuerpos de los "suicidas", sin que el doctor Pera pudiera impedirlo.

A las 11:30 de la mañana del lunes 5 de abril, funcionarios de la Sección de Antropología y Biología de la Comisaría General de Policía Científica se personaban en el Instituto Anatómico Forense para colaborar en el examen de los cadáveres y tomar muestras de ADN de los restos, con vistas a su identificación. Sin embargo, el doctor Prieto se encaró con los funcionarios de Policía Científica y, de forma un tanto incorrecta, les dijo que el examen de los restos sería realizado por el personal a su cargo y que no les iba a permitir la toma de muestras de ADN si no recibía una orden por escrito de la juez del caso, ya que tenía órdenes de enviar las muestras al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTC) de Madrid. Tras eso, les dijo a los miembros de la Policía Científica que volvieran a las seis.

A las 18:00 volvían a presentarse los funcionarios policiales en la sede del Instituto Anatómico Forense, volviéndoseles a reiterar que ya se estaban encargando de la toma de muestras de ADN los miembros del INTC y que no se les iba a permitir el acceso a menos que se recibiera orden escrita de la juez. La propia juez Teresa Palacios, que continuaba supervisando las labores de desescombro en Leganés, llamó por teléfono al doctor Prieto para ordenarle que permitiera el acceso de la Policía Científica a los cadáveres. Pero ni siquiera eso bastó, ya que Prieto se negó, hasta que la juez no enviara sus órdenes por escrito, cosa que desde Leganés, obviamente, no podía hacer. Finalmente, después de muchos dimes y diretes, se permitió a los funcionarios policiales tomar las muestras de ADN que venían buscando, tras lo cual se marcharon.

Fue el equipo del doctor Prieto quien realizó los estudios antropológicos, toxicológicos y radiológicos de los cadáveres de los presuntos suicidas. Sin embargo, no realizó la autopsia de los cadáveres.

La irregularidad es de tal calibre (puesto que la Ley obliga a realizar las autopsias) que el juez Del Olmo tuvo que solicitar, dos años después, que el doctor Prieto redactara los informes de autopsia (VER DOCUMENTO 1 http://www.libertaddigital.com/documentos/documento-del-juez-del-olmo-sobre-la-autopsia-de-leganes-41913146.html). Pero ya era tarde. Del Olmo podía ordenar que se hiciera una segunda autopsia (o, mejor dicho, una primera autopsia), pero lo que no podía era ordenar que se redactara un informe de una autopsia que no se había hecho (VER DOCUMENTO 2 http://www.libertaddigital.com/documentos/advertencia-el-anatomico-forense-a-del-olmo-41913147.html). Ante la advertencia que la directora del Instituto Anatómico Forense hizo llegar a Del Olmo, en el sentido de que su petición era irregular, el juez optó por anular su petición de que se redactara ese informe.

El doctor Prieto protagonizó también en la Comisión de Investigación del 11-M otro episodio peculiar. El Partido Socialista le convocó a la Comisión para contrarrestar mediáticamente el testimonio de Carmen Baladía, y lo hizo citándole en calidad de "Subdirector del Instituto Anatómico Forense", cargo que no sólo no ostentaba dicho doctor, sino que ni siquiera existía: en el Instituto Anatómico Forense no había subdirector. El propio Prieto tuvo que mandar un escrito aclarando que él no era subdirector del Instituto, a pesar de lo cual su comparecencia en la Comisión de Investigación del 11-M no fue anulada.

Resulta llamativo, en la secuencia de acontecimientos vividos tras la explosión del piso de Leganés, el interés en que los funcionarios de la Comisaría General de Policía Científica no accedieran a los cadáveres. ¿Qué era lo que no debían ver? No es el único caso en que se trató de dejar al margen, como ya saben los lectores de Libertad Digital, a la Policía Científica: los restos de los focos de explosión de los trenes tampoco fueron enviados a la Policía Científica para su análisis, como tampoco se permitió a los funcionarios de Policía Científica fotografiar la mochila de Vallecas tras su desactivación. ¿Quién trató de dejar al margen a la Policía Científica en muchos aspectos clave de las investigaciones del 11-M? ¿Y por qué motivo?

¿Cómo se solventó la irregularidad legal de la ausencia de autopsias en el juicio del 11-M? Pues muy sencillo: el juez Gómez Bermúdez dijo en su sentencia que los informes antropológicos (que no son una autopsia) redactados por el Dr. Prieto y su equipo eran equivalentes a una autopsia (que no lo son), y asunto arreglado.

De modo que no sabemos cuál fue la causa de la muerte de aquellas siete personas, o si efectivamente se suicidaron, o si estaban vivas antes de la explosión.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Bolinaga, a la cárcel

EDITORIAL Libertad Digital 3 Abril 2014

Bien está que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno vaya a procesar al excarcelado terrorista de ETA, Josu Uribetxeberria Bolinaga, a raíz de un informe de la Guardia Civil, basado en las declaraciones de los etarras Miguel Gaztelu, José Luis Erostegi y Sabino Usandizaga, que le señalan como autor material del asesinato en junio de 1986 del agente de la Benemérita Antonio Ramos Ramírez.

Esta buena noticia no debería, sin embargo, dejar en un segundo plano dos hechos absolutamente bochornosos. En primer lugar, que los datos relativos a este asesinato estaban en poder de la Audiencia Nacional al menos desde 1998, con el entonces juez Baltasar Garzón como máximo responsable judicial de la investigación que tenía como objetivo la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, aunque por motivos que se desconocen este informe de la Guardia Civil no fue trasladado al juzgado del mismo tribunal en el que estaba abierta la causa por el asesinato del agente Ramos.

En segundo lugar, el escándalo que representa que este criminal esté en libertad. A pesar de haber sido condenado a 178 años de cárcel por el asesinato de otros tres guardias civiles y por el secuestro de Ortega Lara, fue excarcelado hace ya más de año y medio por el Gobierno de Rajoy, que alegó que su fallecimiento era inminente a causa de una enfermedad supuestamente terminal.

Salvo reclamar una inmediata investigación por la tremenda incompetencia de Garzón, poco cabe añadir respecto de un sujeto que ya ha sido condenado por prevaricación y que tanto tiempo tuvo metido en el cajón un asunto como el del chivatazo a ETA , o que tanto respaldo ha brindado siempre a las negociaciones con la banda con la excusa de que, "por la paz, hay que hablar hasta con el diablo".

La libertad de Bolinaga constituye un insulto muchísimo más grave para la memoria, la dignidad y la justicia que merecen las víctimas del terrorismo. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha afirmado hipócritamente este miércoles que la situación del criminal "debe ser contrastada periódicamente". Esto es precisamente lo que la Fiscalía no ha hecho desde su vergonzosa puesta en libertad, a pesar de que todos el mundo pudo constatar la mejoría en su estado de salud tan pronto puso término a la huelga de hambre que precedió a su excarcelación. Ya en la valoración de la excarcelación, la médico forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena entregó un informe en el que aseguraba que el secuestrador de Ortega Lara no se encontraba en "fase terminal" y que la sintomatología que presentaba era compatible con su tratamiento por parte de los servicios médicos penitenciarios.

Lo más infame de esta injusta excarcelación fue la clamorosa mentira gubernamental que le sirvió de base: el presidente del Ejecutivo y los ministros de Interior y Justicia afirmaron que era un "imperativo legal" y que prevaricarían si la denegaban. Lo cierto es que la ley permite pero en ningún caso obliga a la puesta en libertad de los terroristas enfermos en fase terminal, circunstancia que, para colmo, y tal y como se ha demostrado en este tiempo, no afectaba a Bolinaga.

El terrorista, al que desde entonces se le ha visto de vinos o en compañía de proetarras que ostentan cargos públicos, debe volver inmediatamente a la cárcel. En caso contrario, se confirmaría que el respeto del Gobierno de Rajoy al Código Penal en lo que respecta a ETA es tan escaso como el que le merece la burlada Ley de Partidos.

Bolinaga
Debe volver a prisión "vivito y coleando"
Daniel Portero Libertad Digital 3 Abril 2014

La cárcel de Zaballa (Álava) es conocida porque es donde se alojan o están adscritos presos de ETA que gozan de privilegios por la mal llamada "Vía Nanclares". Entre todos ellos podrían esclarecer 83 casos sin resolver. Uno de ellos es el desgraciadamente conocido Uribechevarría Bolinaga, a quien recientemente se le ha imputado el asesinato de Antonio Ramos. Son casi dos años los que lleva este sujeto sin cumplir su condena en la cárcel. Con tres asesinatos a sus espaldas únicamente ha permanecido en la cárcel 15 años. Con 10 asesinatos que podría esclarecer nunca ha colaborado con la Justicia. De hecho, ni se ha arrepentido de sus asesinatos dentro del comando Txantxangorri ni dentro del comando Goherri. Tampoco ha pedido perdón a ninguna de sus víctimas ni a sus familiares.

¿Por qué sigue en libertad un sujeto que debería tratar su cáncer al igual que el resto de presos comunes? Los tribunales deben resolver de una vez por todas esta injusta situación de las víctimas del terrorismo. Tal y como se informó el número de septiembre de 2013 de la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, al etarra Uribechevarría Bolinaga, en libertad condicional desde hace casi dos años, se le relaciona ya con el asesinato del guardia civil gaditano Antonio Ramos Ramírez. Pero además podría dar información muy valiosa de 9 casos más de asesinato sin resolver de ETA si es que no está implicado en la comisión de dichos atentados también.

Del terrorista Uribechevarria Bolinaga únicamente hay constancia judicial de que participó en 3 asesinatos y en el secuestro de Ortega Lara. Sin embargo, su historial sangriento es bastante amplio pues ha formado parte de los comandos Txantxangorri desde 1985 a 1987 y del comando Goherri desde 1991 a 1997 que cometieron más de medio centenar de asesinatos en dichos periodos temporales. Desde el año 1995 a 1997 existen 4 casos sobreseidos que aún no han prescrito pero que en los próximos años sí que podrían hacerlo si este miembro de ETA no ayuda a esclarecerlos. Por todo lo anterior, Bolinaga debe volver a prisión.

Bolinaga, o la ignominia
ISABEL SAN SEBASTIÁN ABC  3 Abril 2014

Bolinaga no está preso porque un gobierno quiso que saliera y otro carece del coraje o la convicción necesarios para poner fin a esta infamia

JOSU Uribetxeberría Bolinaga, ese etarra menudo de barba cana y ojos de escualo, que frecuenta los bares de su pueblo tocado con una boina, exhibiendo su desvergüenza, es la viva imagen de la ignominia. La suya y sobre todo la nuestra; la del Estado que consiente semejante afrenta a la decencia.

Josu Uribetxeberría Bolinaga encarna todas las cualidades de la víbora adoptada como símbolo por la banda criminal a la que ha servido toda su vida en calidad de esbirro a sueldo: es escurridizo, repugnante a la vista y sobre todo al corazón, venenoso. No es que destile odio, es que su naturaleza misma es odio traducido en una mezcla de crueldad y cálculo que le ha llevado a matar, torturar y alardear de sus crímenes con esa sangre de reptil que corre por sus venas podridas, sin mostrar la sombra de un remordimiento.
Josu Uribetxeberría Bolinaga está condenado a cientos de años de prisión por los asesinatos de tres guardias civiles, Mario Leal, Antonio López y Pedro Galmares, servidores ejemplares de España, así como por el secuestro y tortura de José Antonio Ortega Lara, cuya dignidad nunca logró quebrar ETA. Ahora hemos sabido, gracias a la impagable labor que lleva a cabo la asociación de víctimas del País Vasco, Covite, que fue señalado también como autor del asesinato del cabo Antonio Ramos, perpetrado en 1986 y hasta ahora impune, debido a un «error» de Garzón, quien «olvidó» procesarle por ese delito.

Josu Uribetxeberría Bolinaga está libre. Hace años, cuando purgaba pena en la cárcel de la que nunca habría debido salir, su retrato colgaba de las farolas de la avenida central de Mondragón, gobernada a la sazón por sus colegas de Batasuna. Ahora es él quien transita por las calles de esa localidad, que tras un breve paréntesis de decoro ha vuelto a manos de los bilduetarras, merced a la negociación entablada por el Ejecutivo de Zapatero con la ralea terrorista a la que pertenece el sujeto en cuestión.

Josu Uribetxeberría Bolinaga figura, con su primer apellido, en las actas incautadas al etarra Francisco Javier López Peña, alias «Thierry», que recogen las conversaciones mantenidas entonces entre los negociadores gubernamentales (uno de ellos el vocal del CGPJ Gómez Benítez) y los sicarios del hacha y la serpiente. El apartado referido a él reza textualmente: «El Gobierno ofrece salidas a enfermos graves, incluso uno de Ortega Lara. Uribetxeberría». Dice «ofrece», no «exigimos», lo cual añade un punto más de abyección a un cambalache ya de por sí nauseabundo a fuer de cobarde, embustero y traidor.

Josu Uribetxeberría Bolinaga salió hace año y medio de prisión en estado presuntamente terminal, aunque basta ver su aspecto para constatar que esa mentira diagnóstica fue una falsificación más de las muchas que jalonan ese «proceso de paz» cimentado en la claudicación. Cada día que pasa en libertad constituye un agravio para sus víctimas, un ultraje a la justicia, una ofensa al honor de esta nación escarnecida por cuarenta años de violencia etarra y un insulto a la inteligencia. Por eso no basta con que la Fiscalía pida informes sobre su salud. Lo único aceptable sería ordenar su inmediata detención.

Josu Uribetxeberría Bolinaga no está preso, que es como debiera estar, porque un gobierno quiso que saliera y otro carece del coraje o la convicción necesarios para poner fin a esta infamia. Y encima ni siquiera han cobrado la deuda impagable de oprobio contraída en nombre de la sociedad española. ETA no ha entregado las armas.

San Sebastián 2016, un plan en las peores manos
Editorial El Mundo 3 Abril 2014

CUANDO Bildu asumió el proyecto de San Sebastián como capital europea de la Cultura -que impulsó su anterior alcalde, Odón Elorza-, ya aventuramos que habría problemas. La vocación internacional del evento casaba mal con la mirada sectaria y aldeana de los proetarras. También hacía prever una relación conflictiva con los gobiernos autonómico y central, con los que necesariamente hay que coordinar los planes. La dimisión anunciada ayer de la directora del programa, elegida por el alcalde, Juan Karlos Izagirre, viene a confirmar esos temores.

El Ayuntamiento ha dirigido hasta ahora el proyecto con el mayor de los secretismos. Lo poco que ha trascendido de él resulta desolador. Baste decir que la mayor iniciativa conocida hasta ahora es la construcción de una tirolina para unir la ciudad con la isla de Santa Clara. Está claro que San Sebastián, históricamente cosmopolita y vinculada al arte, podría ser una gran capital de la Cultura, pero nunca en manos de Bildu. Fue un error por parte del Gobierno de Zapatero avalar su designación cuando ya se sabía que los sucesores de Batasuna serían quienes gestionarían el evento, ante la certeza de que lo utilizarían en su propio interés, como instrumento de propaganda y altavoz internacional de sus tesis.

ETA
Los compromisos
Ana Velasco Vidal-Abarca Libertad Digital 3 Abril 2014

El Gobierno ha aprobado el repliegue de los Grupos de Acción Rápida de la Guardia Civil del País Vasco. Los argumentos se basan en motivos de operatividad, de optimización de recursos, de presupuesto y de "inminente" derrota de Eta. Ni una sola palabra sobre la insistente exigencia en este sentido de los nacionalistas.

La noticia se ocultó en una disposición general más amplia del boletín oficial interno de la Guardia Civil y no ha merecido prácticamente ninguna explicación ni valoración por parte del Gobierno, que mantiene una actitud de silencio sistemático acerca de todas las decisiones que toma con respecto a la política antiterrorista y que no opina jamás sobre la estrategia del Gobierno vasco y su utilización de ingentes recursos públicos en apoyar los planteamientos propagandísticos de los entornos proetarras.

Que el Gobierno vasco se emplee a fondo en elaborar planes de "paz y convivencia" que ponen en el mismo plano a las víctimas del terrorismo y a las que ellos mismos denominan –sin ningún tipo de sin pruebas– víctimas de "abusos policiales" es lo previsible; que a continuación lleven a esas supuestas víctimas, que no son más que vulgares etarras llenos de odio, a los colegios para que adoctrinen a los niños, también es previsible en un partido con la trayectoria del PNV; que financie investigaciones sobre torturas contra los Cuerpos de Seguridad del Estado forma parte de su condición; pero que el Gobierno de España calle ante semejantes afrentas que cuestionan la honestidad y la legitimidad del Estado para combatir el terrorismo es desconcertante e incomprensible.

¿Por qué calla el Gobierno? ¿Por qué oculta el Gobierno? ¿Por qué inexorablemente van cayendo los bastiones que nos defendían de la legitimación de la banda y garantizaban su derrota?

Primero fue la legalización de sus partidos políticos, el vientre de alquiler que acabó pariendo una criatura que crece, se hace fuerte y controla importantes instituciones en el País Vasco. Después vino la oportuna derogación de la Doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –Europa como coartada–. A continuación, el regreso de los terroristas huidos, que no son otros que los que han conseguido que sus crímenes prescribieran porque el Estado no ha sido capaz de investigarlos con la debida diligencia, ni de detenerles para juzgarles y condenarles. Son por tanto terroristas impunes a los que la Administración española está informando solícitamente de que no tienen causas pendientes y les está facilitando los trámites burocráticos para volver, mientras a sus víctimas les niega la información acerca de cuáles son esos delitos que han prescrito y que afectan a sus familiares asesinados.

Y ahora es la Guardia Civil, que empieza a salir por la puerta de atrás para que el repliegue en el País Vasco de Policía y Guardia Civil sea otro de los compromisos cumplidos.

Hemos llegado a tal extremo que han tenido que ser las propias víctimas del terrorismo, a través de la organización Covite –y no el Gobierno, que permaneció pasivo–, quienes han desenmascarado la pantomima de la entrega de armas de Eta, al pedir a la Audiencia Nacional que interrogase a los verificadores. Y hemos tenido que escuchar también –ante otro silencio atronador de nuestros gobernantes– al lendakari Urkullu reclamando que se destruyan las armas que pueden conducir al esclarecimiento de asesinatos sin resolver y mostrando su satisfacción por que el presidente del Gobierno le esté "dejando hacer con discreción" mientras conmina a que se aplique una política penitenciaria específica para que los etarras no beneficiados por la derogación de la Doctrina Parot salgan de la cárcel lo antes posible.

Ante este panorama, no es extraño que exista una profunda desconfianza entre las víctimas y un fundado temor a que los terroristas finalmente no cumplan sus condenas, bien porque muchos ni tan siquiera sean juzgados, bien porque reciban penas insuficientes, obtengan beneficios penitenciarios o directamente porque sean indultados por el Gobierno, a poder ser con discreción. Otro compromiso, uno más, que, si no lo evitamos, nos conducirá a ese final en el que las víctimas dejarán de ser un referente moral y Eta será una organización política digna de todos los respetos.

Ana Velasco Vidal-Abarca, cofundadora de Vox y de la AVT.

Víctimas del terrorismo ya vaticinaron que San Sebastián 2016 sería “una indecencia y un desastre”
Redacción.  latribunadelpaisvasco.com 3 Abril 2014

Las personas que más han sufrido la violencia terrorista, los hombres y mujeres que más han padecido la soledad, la exclusión y el desprecio de muchos donostiarras que tanto han callado durante décadas frente a los crímenes etarras, no pudieron permanecer en silencio ante la proclamación de la capital guipuzcoana como centro de la cultura europea para 2016.

Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez, asesinado por la banda terrorista ETA el 23 de enero de 1995 en un bar del barrio viejo donostiarra, afirmaba hace unos meses tener una “sensación inmensa de soledad, aunque ya no me queda espacio para la sorpresa”. En su opinión, el jurado que proclamó la designación de San Sebastián tomó la decisión “desde la ignorancia y la indecencia”, fijándose solamente en una ciudad que puede ser un bonito mirador y olvidándose de muchas cosas importantes. “El fallo me parece digna de cretinos”.

Ana Iríbar, licenciada en Filología francesa y con un hijo ya mayor de edad fruto de su matrimonio con Gregorio Ordóñez, afirmó tras la proclamación sentirse preocupada por el regalo que se había hecho a Bildu, “ya que será absolutamente nefasto para las víctimas del terrorismo. Aunque a estas alturas de lo vivido, no me importa en absoluto. No quiero ni medio reconocimiento de Bildu ni de la ciudad que esta coalición gobierna. Lo único que espero de ellos es la condena de la actividad criminal que ETA ha llevado a cabo a lo largo de los últimos años y que sientan la humillación que deben sentir los derrotados."

Desde el Foro contra la Impunidad en el País Vasco, formado por víctimas del terrorismo y relevantes profesionales, se lanzaba un mensaje similar: “La capitalidad europea es una burda manipulación elaborada por los comisarios políticos de José Luis Rodríguez Zapatero, en colaboración con el PNV, para pasar página, para apostar por el olvido del centenar de asesinatos que ETA ha cometido en la ciudad y para abrir un nuevo tiempo en el que todos debemos ‘reconciliarnos’. Fue el último regalo de Zapatero a ETA”.

Desde el Foro contra la Impunidad se recordaba también que San Sebastián “no es, en absoluto, inocente de todo lo que ha pasado”. Para esta asociación, la capital guipuzcoana, salvo honrosas excepciones, es una ciudad “intransigente, intolerante y llena de cobardes. Para esta ciudad se puede aplicar lo que en su momento explicó el escritor húngaro, superviviente de los campos de concentración nazis, Elie Wiesel, que dice que lo peor de aquellos tiempos no fueron los asesinos, sino la indiferencia absoluta con la que la gente normal vivía las situaciones más aberrantes”.

Por su parte, Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, también mostró hace un tiempo su pesar “porque el mundo vaya a tener con San Sebastián la visión de una capital europea de la cultura en la que sus gobernantes son amigos de los etarras y en la que se quita la bandera de España o el retrato del Rey de las instituciones”.

Pedraza, además, lamentó que la elección llegara en el momento en el que la ciudad está gobernada por los "amigos de los etarras", que la única imagen que van a dar de la ciudad es “la de una urbe en la que solamente ondeé la ikurriña y se hagan peticiones de libertad para los presos de la banda terrorista ETA”.

Txema Urkijo
Raúl González Zorrilla. Director. La Tribuna del País Vasco. 3 Abril 2014

“Se da la paradoja de que muchas víctimas, no todas, están viviendo el final del terrorismo casi como un drama o algo traumático, cuando aparentemente debiera ser un motivo de satisfacción y de gozo. No perciben que el final es el que ellas podían esperar y se van acumulando reivindicaciones”. (Txema Urkijo. 25 de febrero de 2013)
Por enésima vez, un político, o alguien que vive directamente de la administración pública y que lo ha hecho así con diferentes equipos de Gobierno, trata, no se sabe bien con qué conocimiento, con qué legitimidad o con qué experiencia victimal, de arrogarse el derecho a saber no solo lo que han de pensar las víctimas sino cómo han de sentirse éstas ante un pretendido final de la organización criminal que las ha convertido en tales.

La insolencia de Txema Urkijo, que es la misma que caracteriza a gran parte de los políticos del País Vasco y del resto de España, resulta en este caso especialmente manipuladora porque el ya ex asesor de Víctimas del Gobierno vasco sabe perfectamente que sus acciones y sus opiniones, siempre contemporizadoras con el imaginario emocional nacionalista, siempre renuentes a proclamar que la democracia ha de imponerse radicalmente sobre el terror y siempre abiertas a propiciar encuentros equidistantes entre los victimarios y las personas afectadas por las acciones criminales de éstos, no son compartidas por la mayoría de las víctimas del terrorismo que, en la mayor parte de las ocasiones, expresan sus opiniones individualmente o a través de las asociaciones mayoritarias de este país como la AVT, COVITE o Voces contra el Terrorismo.

Pero Txema Urkijo, y otros tantos muchos como él, no escuchan el discurso abrumadoramente mayoritario de las víctimas, que exige una lectura justa del pasado, que demanda que los asesinos cumplan sus penas, que denuncia la impunidad y que sigue empeñado en que se investiguen los más de 300 crímenes de ETA que todavía están por resolver, porque estas reclamaciones no encajan con lo que él, o sus superiores políticos, desean que sea el presente y el futuro del País Vasco. En este punto, no debemos olvidar que desde múltiples y diferentes ámbitos socio-políticos se está trabajando intensamente para que las permanentes reclamaciones de memoria, verdad y justicia que abanderan la gran mayoría de las víctimas del terrorismo se transmuten en otro tipo de peticiones, éticamente indecentes, que hablan de perdonar a los asesinos, que apelan a “sumar esfuerzos” entre quienes matan y quienes mueren y que exigen “olvidar” a quienes más han padecido la lacra terrorista.

Txema Urkijo, en su trabajo tan pretencioso como vacuo y manipulador en las diferentes “oficinas de víctimas” de las que ha formado parte, es, en este sentido, uno de los más conspicuos representantes de esta peculiar ética “prêt-à-porter” que tanta tradición y arraigo tiene en Euskadi. Se trata de una moralidad acomodaticia y dúctil, hoy excepcionalmente exitosa, que habla, efectivamente, en favor de los derechos humanos, demanda la paz, celebra el fin de los crímenes y valora la conclusión de la extorsión y de las amenazas, pero lo hace siempre con parches argumentales que difuminan la autoría de los asesinatos, que evitan señalar con nombres y apellidos a los responsables de los delitos, que abogan por extender la responsabilidad de la barbarie a toda la sociedad, que obvia a los muchos cómplices políticos de la atrocidad y que, en su nivel máximo de indolencia, llora por las víctimas del horror al mismo tiempo que consuela a los victimarios en Nanclares.

Ante la paulatina imposición de este gran relato referencial, es totalmente comprensible que las víctimas del terrorismo vivan el presunto final de la banda terrorista que asesinó a sus familiares con una intensa zozobra, una honda preocupación y una fuerte indignación porque, entre otras cosas, la mayor parte de ellas tiene la convicción ética y la certeza intelectual de que ETA dice que deja de asesinar porque ha comenzado a ver fructificar sus objetivos. De hecho, la semilla del totalitarismo etarra ha germinado ya en el Diputación Foral de Guipúzcoa, en el Ayuntamiento de San Sebastián y en más de un centenar de consistorios de Euskadi y Navarra que están bajo el yugo de Bildu; los presuntos fines ideológico-políticos que los criminales decían defender con sus atentados, se han convertido ya en el eje central sobre el que pivota la política vasca, y hemos visto cómo el discurso de ETA se ha instalado cómodamente también en el Parlamento de Madrid.

Por si todo esto fuera poco, el relato de lo sucedido que se está imponiendo en la sociedad vasca, y también en la española, es el que dicta un movimiento totalitario, con más de un millar de asesinatos a sus espaldas, en el que la desmemoria y la mentira histórica se alían para dar luz a un escenario irreal en el que "ha habido sufrimiento por ambas partes”, en el que “todos tenemos que ceder” y en el que hay que ofrecer espacios para “la reconciliación”.

Efectivamente, ETA ha dicho que se marcha y lo hace enfangando de miseria las muchas instituciones que ya controla, amenazando con un perpetuo tutelaje del “proceso”, exigiendo “concesiones” a España y Francia, enorgulleciéndose de sus actos bárbaros, homenajeando a sus asesinos, sin reconocer ningún tipo de daño causado y sin pedir perdón a nadie. ¿Qué siente, señor Urkijo, ahora que se marcha, al saber que ha dedicado más de una década de trabajo bien remunerado con fondos públicos a sacar la cara a los terroristas a costa de humillar, mentir y manipular a las víctimas de éstos?


Recortes de Prensa   Página Inicial