AGLI Recortes de Prensa   Jueves 10 Abril  2014

Esa falacia de la bajada de impuestos
Primo González www.republica.com  10 Abril 2014

El encaje que pretende el Gobierno con la reforma fiscal, la salida de la crisis económica y la mejora de sus expectativas electorales se presenta como un ejercicio cargado de dificultades y de riesgos y posiblemente generador de conflictos de difícil solución. Los analistas económicos y los expertos de las principales organizaciones internacionales que periódicamente estudian nuestros problemas económicos están llegando a una conclusión generalizada que no deja de resultar inquietante: la posibilidad de que España reduzca el déficit público en los próximos años se presenta muy difícil y, en consecuencia casi obligada, la posibilidad de reducir la creciente Deuda Pública es cada vez más remota.

La cantinela de que el Gobierno va a reducir los impuestos, por mucho que el guión reformista de Rajoy-Montoro se aparte de las recomendaciones y sugerencias de la comisión de sabios de Manuel Lagares, es un ejercicio de voluntarismo político y electoral, de ejecución casi imposible en el plano fiscal y presupuestario. Lo sucedido en el año 2013, que no era un año electoral, bien puede servir de guía, si contemplamos cómo el gasto público aumentó un 0,37% del PIB y los ingresos públicos (aún después de retoques importantes a la fiscalidad, es decir, subidas de impuestos) crecieron un 0,59% del PIB, todo ello para recortar el déficit en apenas 0,22 puntos sobre el PIB, hasta el 6,62% del PIB. El año 2013 ha sido un ejercicio perdido en buena medida (no del todo) en el saneamiento del sector público. La queja habitual de que el Gobierno aplicó en exceso la máquina de la austeridad se conjuga bastante mal con las cifras del Presupuesto, que muestran un inequívoco perfil alcista, a pesar de que la economía estaba en recesión y el PIB descendió en términos reales. Asusta pensar lo que pasará con el gasto público cuando la economía no esté sometida al estrés recesivo y con una clase política mirando las encuestas a cada minuto.

No es de extrañar, por lo tanto, que los numerosos analistas que se ocupan de auscultar nuestro “milagro económico”, como han empezado a llamarlo enfáticamente (no sin una apreciable dosis de cinismo) algunos de nuestros dirigentes políticos, muestren cada vez más dudas sobre la posibilidad de que España reduzca el déficit público este año 2014 y el año 2015, a pesar de que los objetivos que nos marcó Bruselas en su momento son bastante benévolos, conociendo las estrecheces fiscales y las penurias presupuestarias por las que está pasando una economía que difícilmente superará el 1% de crecimiento anual en estos dos años, el actual y el que viene.

Que España tenga dificultades para cumplir con los objetivos de déficit marcados por Bruselas e incluso para recortar el déficit del año anterior, que sería lo mínimo exigible, será el argumento principal, o quizás la consecuencia, del estrecho margen para los cambios fiscales, mucho más si estos tratan de plasmar un descenso de los tributos. La subida del IVA, negada una y otra vez y recordada por Bruselas de forma insistente, se presenta como inevitable si el país quiere mantener el Estado de Bienestar.

Sobre todo si hay que atender a las dos grandes limitaciones a las que se enfrenta la política presupuestaria española en los próximos años, un gasto impresionante en intereses como consecuencia de una Deuda Pública que ya roza el volumen del PIB y una escalada imparable de los gastos asociados al envejecimiento de la población, que en unos pocos meses se han disparado en unos 1.000 millones de euros mensuales adicionales, en una carrera imparable y que resulta imposible de controlar porque las pensiones hay que pagarlas y el número de pensionistas es cada vez superior y la pensión media de los que se incorporan al sistema es cada vez más alta. En estos dos últimos años, el Gobierno ha tenido la fortuna de disponer del dinero del Fondo de Reserva de las Pensiones para tapar el agujero asistencial, pero el Fondo está en fase de desaparición porque sus recursos son finitos y los ingresos muy escasos. Pero aún contado con este dinero de la hucha de los pensionistas, el problema de base sigue siendo el mismo: España no recauda lo que necesita para mantener los compromisos, en especial con los deudores y con los jubilados, por citar sólo algunas de las necesidades perentorias. Hay que decirle al país cuanto antes que es necesario subir los impuestos y templar los gastos.

Y dale con el equilibrio
Nota del Editor 10 Abril 2014

Hay economistas que únicamente piensan en el equilibrio cuando se trata de las cuentas del estado.
Y como cualquier ama de casa sabe, el problema no es equilibrio sino eficacia.
Equlibrio se consigue dedicando todo el prespuesto familiar a comprar jamón de bellota, y la familia se muere.

Hay que exigir eficacia.Y quien no sea capaz de ser eficaz, que se dedique a otra cosa.
Eficacia se consigue analizando cada partida de gasto tratando de conseguir más por menos.
Se me ocurre una partida: los profesionales de la política, sobran y nos la ahoraríamos entera.

Automatismos de Estado
GABRIEL ALBIAC ABC  10 Abril 2014

Para que una nación se invente solo existen dos vías: la insurreccional y la política

LA clave la formuló el presidente en una obviedad básica: «aunque tomásemos 500 cafés el señor Mas y yo, nos faltaría la potestad que la Constitución nos niega». La democracia no es un juego de amabilidades, negociación o apaño entre individuos. Es automatismo propio de una máquina llamada Estado. Desalmada; por suerte. Aquí, lo sentimental extravía. Diseccionemos automatismos. De Estado. Ineluctables.

En retórica cero, para que una nación se invente mediante desgaje de otra nación previa, sólo existen dos vías: a) la insurreccional, b) la política.

Poco se puede valorar acerca de la insurreccional. Es un tipo peculiar de guerra. Y las guerras sólo conocen dos desenlaces. Si el insurrecto gana, todo el poder queda en sus manos; aunque el ganador sea sucedió en Kosovo, hace no tanto un gang de narcotraficantes. Si el insurrecto la pierde, le esperan los tribunales de justicia y el presidio, en el caso de que no esté en vigor la pena de muerte. No hay gran cosa que especular acerca de la vía a). Los choques de fuerza los resuelve la fuerza. Y nadie, ni el vencedor ni el vencido, puede quejarse de eso. A no ser contra sí mismo, por haberse metido en tal ratonera.

El procedimiento b) es más complejo. Para que una nueva nación pueda políticamente inventarse a partir de otra que ya existe, se requiere un paso previo: que ésta última deje de existir, para que, en el lugar que ocupaba, se erijan otras dos ajenas. Y ahí, de nuevo, se abre una inconciliable alternativa entre: ba) disolución de la Constitución que existe, a través de los procedimientos de reforma que la Constitución necesariamente ha previsto como garantía; bb) abolición unilateral de la Constitución mediante arbitrario «acto soberano» de la parte escindida.

En rigor, bb) no es una alternativa autónoma. Es una versión retórica de a). Pospone sólo el momento militar a la previa exhibición del bucolismo cursi, la insurrección al eufórico despliegue de los festejos de terruño, coro y danza. Es la variedad insurreccional cuyo arquetipo da la «marcha sobre Roma» de los camisas negras de Mussolini en 1922. Si el Estado se rinde sin disparar un tiro, tanto mejor. Si no lo hace, es cuando comienza el gran juego.

Queda ba): la puesta en marcha de las previsiones constitucionales para cambiar la Constitución. Tampoco eso es negociable entre individuos: ni entre Mas y Rajoy, ni entre Nadie y Nadie. Es un automatismo del Estado. Que sólo puede funcionar cuando no lo trabe voluntad alguna. Para que el sujeto constituyente España deje de existir se exige:

Una condición previa: la aprobación por ambas cámaras, con mayoría de dos tercios, de su disolución para convocar elecciones a Cortes Constituyentes.
La elaboración de una Constitución nueva que modifique la definición del sujeto constituyente y haga posible su fractura en dos.

La aprobación de ese texto por Congreso y Senado con mayoría de dos tercios.
La celebración, en el conjunto de la nación, del referéndum que ratifique la nueva Constitución que la disuelve.

La disolución de las Cortes Constituyentes y la convocatoria de elecciones parlamentarias acordes al nuevo texto.
A partir de ese momento, la región que aspiraba a desgajarse puede iniciar su propio mecanismo decisorio.
Es lo que hay. Y en nada lo modifica la gracia o el disgusto que pueda provocarnos. La voluntad aquí no juega. Por suerte.

LA TRAMPA DEL DIÁLOGO
ISABEL SAN SEBASTIÁN ABC  10 Abril 2014

La Constitución no es una carta otorgada, como dan a entender los separatistas, sino el fruto de un diálogo

ES realmente trágico que el debate político nacional, la estabilidad del país y hasta el futuro de España giren en torno a una falacia construida por el nacionalismo y sus compañeros de viaje. A una peligrosa trampa en la que han caído todos los gobiernos desde el arranque de la democracia, premiando con prebendas y dádivas cada desafío a la legalidad constitucional en un vano empeño de apaciguar a los sediciosos y obtener su apoyo interesado. Presumía el portavoz de CiU en el Congreso, el pasado martes, de que su grupo «votó en su día la Constitución que el Gobierno dice defender ahora», mientras «otros partidos no lo hicieron». Y decía la verdad. Los nacionalistas catalanes y vascos aprobaron la Carta Magna en 1978, sí, aunque hoy parece evidente que ya entonces su intención no era otra que traicionarla, toda vez que nunca han sido leales a lo que firmaron ni han dejado de restarle legitimidad.

La Constitución no es una carta otorgada, como dan a entender los separatistas con sus denuncias, sino el fruto de un diálogo que culminó en acuerdo gracias a las cesiones hechas por las distintas partes implicadas, incluidos los diputados reacios a dar su respaldo al Título VIII. Pese a su discrepancia, éstos y sus partidos aceptaron sin reservas la totalidad del texto aprobado, a diferencia del nacionalismo, que siempre ha dado a la ley de leyes un valor meramente instrumental, sagrado en aquello que tiene de beneficioso para sus intereses y relativo cuando algún postulado se opone a sus pretensiones, como es el caso del Artículo II.

Ni CiU ni PNV, tan defensores del «derecho a decidir», han asumido nunca el concepto de «soberanía nacional», que no es sino el derecho inalienable del conjunto de los españoles a decidir sobre lo que nos atañe a todos, como bien recordó Mariano Rajoy en una de sus intervenciones parlamentarias más brillantes. Desde el mismo momento en que se aprobaron los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña empezaron a escucharse de sus labios lamentos victimistas, demandas de mayor autogobierno y sobre todo exigencias de diálogo. Porque «diálogo» es la palabra clave de esta estafa, basada en desplazar el punto de partida de cada conversación hasta la casilla alcanzada en la fase anterior, de manera que la negociación en cuestión sólo pueda derivar en ganancia para el que pide y pérdida para el llamado a dar. Cualquier otro planteamiento, como por ejemplo la posibilidad de discutir una reducción de las competencias transferidas, es inmediatamente tildado de «antidemocrático» y rechazado por reaccionario. O sea, que su «diálogo» es nuestro «trágala», pese a lo cual somos nosotros los «fachas». Un prodigio de manipulación conceptual que ha triunfado en Cataluña y está en el origen de la gravedad que alcanza el problema al que nos enfrentamos.

Por si no bastara con ello, los postulados de arranque de este «diálogo» se basan sistemáticamente en premisas falsas y engañosas: la supuesta voluntad del Estado de relegar la lengua y cultura autóctonas a una «condición residual», el maltrato económico, la presunta espontaneidad de un movimiento surgido «de la gente», la pretendida legalidad de una consulta expresamente desautorizada por el TC, y suma y sigue. No hay mentira excesiva en el empeño de justificar lo injustificable. Ahora el Congreso ha dicho «no» al referéndum catalán, pero la experiencia demuestra que el órdago les saldrá gratis o incluso recibirá un premio de consolación que alentará nuevas traiciones. De ahí la trampa. Si la negativa verbal no se acompaña de hechos, la próxima ronda de «diálogo» nos saldrá un poco más cara a todos.

Aforados y Cataluña yéndose
Manuel Muela www.vozpopuli.com 10 Abril 2014

El anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye nuevos aforamientos en favor del Príncipe heredero y de la Reina, nos recuerda una de las características del régimen del 78, que consiste en el abuso de la figura del aforado de la que disfrutan miles de políticos en ejercicio sin parangón con otros sistemas democráticos. El aforamiento, que tenía alguna justificación en los balbuceos de las democracias parlamentarias de hace más de un siglo, carece de sentido cuando las libertades civiles son ejercidas y respetadas y cuando la Justicia es un poder independiente. Por eso, la utilización de dicha figura ha ido perdiendo fuerza al compás del avance de la democracia, pero España, como en tantas otras cosas, es la excepción que confirma la regla. Aquí el que no es aforado no es nadie. Con esa práctica, han logrado convertir la democracia y la administración de justicia en verdaderas caricaturas, que son toleradas y asumidas por una sociedad que tiene conciencia de que eso es así y que siempre lo va a ser. Vamos, que no tiene arreglo, porque los que tienen el poder se sienten cómodos y protegidos, aunque esto último empieza a ser dudoso con aforamientos o sin ellos. Todo dependerá de cómo evolucionen la política y la economía españolas con problemas como el de Cataluña y la insostenibilidad de la deuda entre otros.

El instinto de conservación del Poder
Los nuevos aforamientos decididos por el Consejo de Ministros no son en sí mismos relevantes, lo relevante es que se mantiene la tónica de la protección al Poder, acompañada de un mensaje poco edificante sobre la capacidad e independencia de la Justicia. Realmente no es nada nuevo, pero importa subrayar lo que tiene de recordatorio sobre los límites de la libertad y del ejercicio de los derechos democráticos en España, cuando tantas cábalas se hacen sobre el vigor y la duración del régimen de la Transición. Desde esa perspectiva, se entienden perfectamente todas las maniobras y artilugios destinados a la protección y defensa de lo existente, sin pararse a pensar que los mayores enemigos del sistema son los abusos y la incompetencia de muchos de sus protagonistas, y eso no se arregla ni con aforamientos ni con propaganda, ni tampoco con gobiernos de concentración. A pesar de ello, me temo que se recorrerá el mismo camino que en crisis históricas anteriores con guiones conocidos y finales también conocidos, aunque esto último resulta difícil de pronosticar en una sociedad como la española actual, tan desvertebrada y tan desencantada.

En la medida en que las principales fuerzas políticas del régimen van perdiendo el favor y la confianza de los españoles, cobra fuerza el instinto de conservación de ellas y se alimenta la teoría de la concentración como instrumento para formar un frente común contra los problemas que ellos mismos han creado o que han sido incapaces de solucionar. Entre los primeros se encuentra el relativo a la ruptura territorial de España, que tiene su expresión más inquietante en Cataluña, pero no solo allí, porque las fuerzas centrífugas de la insolidaridad y del desapego al Estado común han pasado a formar parte esencial del Estado Autonómico. Este ha sido gobernado y administrado por quienes ahora dicen que hacen falta grandes pactos de Estado para taponar la riada aparecida en Cataluña, que amenaza con anegar al resto. Por eso, resulta imposible pensar que las soluciones vengan de la mano de tales estadistas, cuyas obras completas de más de tres décadas están a la vista de todos los españoles.

Sin alternativas democráticas se vislumbra la vía autoritaria
Contarán cuentos, harán apelaciones a la soberanía nacional y prometerán el oro y el moro, pero la triste verdad es que ni ellos saben cómo salir de la trampa que han fabricado por acción u omisión. El debate del martes en el Congreso de los Diputados, a propósito de Cataluña, ha sido revelador sobre cuan grave es la situación allí y el daño que la misma puede provocar al resto de España. Realmente, estamos viviendo el prólogo de una crisis que terminará desencajando todo el sistema político y económico español, con repercusiones en la propia Unión Europea, y el Gobierno y las Cortes creen haberla zanjado en una tarde. Sabemos que no es cierto, porque la maquinaria de la independencia sigue en marcha y el poder central parece atrapado por la indecisión para asumir el control de Cataluña y por la falta de planes para ordenar la situación resultante en cualquiera de los escenarios previstos: la intervención o la secesión. Las alternativas democráticas y constituyentes para restaurar el Estado no aparecen por ninguna parte.

En tales condiciones, cualquier intento de prospectiva nos conduce a escenarios muy complicados. Conocemos a los agentes principales, los partidos políticos españoles y los catalanes, así como la presencia e implantación menguante de los primeros en Cataluña. También comprobamos por dónde respiran las dos centrales sindicales, UGT y CCOO, allí. Y por último, y no menos importante, la aguda crisis que atraviesa el socialismo español. En cuanto a la situación institucional española qué podemos añadir que no se sepa. Por tanto, todas las opciones parecen abiertas y van desde el pacto sobre la independencia de Cataluña, tutelado por los acreedores de España con el concurso de Alemania, hasta la vía autoritaria para intentar conjurarla, porque, de momento, parece descartada la iniciación de un período constituyente por la inexistencia de alternativas para conducirlo. A la derecha española, con un PSOE capitidisminuido, le tocará enfrentar en solitario el problema y al conjunto de los españoles sufrir sus consecuencias.

Cataluña
Un triste trámite
José Luis González Quirós Libertad Digital 10 Abril 2014

El debate del Congreso sobre la petición del Parlamento de Cataluña ha sido un trámite triste, por más que los necios papanatas convencidos de que nunca pasa nada se pretendan felicitar por la derrota de las pretensiones separatistas, o por que los discursos parlamentarios reconozcan la vigencia de la ley y la Constitución. Es obvio que se conforman con poco, pues sólo faltaría que el Congreso hubiese puesto en duda su propia legitimidad. Esta clase de victorias no están hechas para muchas celebraciones, porque, más allá de las formas externas, son íntimas derrotas, muestras de un fracaso que no hay valor para reconocer.

¿De qué sirve que se nos recuerde que la ley merece un respeto si no se hace nada cuando se conculca, cuando se hacen mangas y capirotes con las sentencias judiciales o con el derecho de los ciudadanos a hablar en la lengua de su predilección? Más allá de la forzada alegría tras la victoria parlamentaria, la vida sigue igual, Mas sigue en sus trece y el referéndum, ilegal, por supuesto, camina hacia su consumación en medio de una nube de papeles que analizan la nula base jurídica en que se sustenta y otras circunstancias igualmente irrelevantes desde el punto de vista político.

El Congreso de los Diputados parecía discutir sobre el sexo de los ángeles cuando los que se avienen a plantearle tan exquisitas cuestiones ya han dejado claro que les importan una higa sus conclusiones metafísicas. Si el Congreso representase en verdad la soberanía nacional, habría que concluir que esta anda muy decaída; pero el Congreso funciona en la práctica como una escenificación levemente barroca de lo que deciden no mucho más de la mitad de media docena de personas, y esta exquisita minoría anda perdida entre papeles y sin saber muy bien cómo se sale del maldito embrollo. Lo dijo Rajoy al subir al coche: "Aquí continuamos", la vida sigue igual.
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Un débil rayo de incierta luz se asomó también en uno de los tramos de la lección de oposiciones que recitó el jefe del Gobierno, cosa que todo el mundo reconoce que hace bien. Habló de que el fondo de la pretensión de los embajadores ocasionales del Parlamento catalán no cabía en la Constitución, y añadió, seductor: "Al menos en esta Constitución". Luego los medios han hablado de la puerta abierta, siempre las metáforas ocultando las intenciones, pero cuando se admite y se sugiere que se reforme la Constitución para dejar contentos a los que difícilmente se contentarán se está diciendo: "Habéis perdido, pero queremos que ganéis". Produce auténtico bochorno que este triste trámite concesivo y desmoralizado se produzca el mismo día en que un catalán de estirpe que ejerce de primer ministro de Francia diga, en medio de aplausos generales e inteligentes, que va a reducir a la mitad las regiones de Francia, y también el día en que la líder de los independentistas de Quebec ha tenido que marcharse a casa tras su fracaso en convocar un tercer referéndum. Pero ni en Francia ni en Canadá tienen idea de lo que es un Estado moderno y de las múltiples facilidades que somos capaces de ingeniar a fin de que cambie todo lo que haya que cambiar para continuar haciendo lo mismo.

Por esto creo que no ha habido un debate en el Congreso, al menos el debate que debiera haber. Simplemente se han recordado los reglamentos, las pólizas y poco más, para prometer sotto voce a los desleales que España no olvida pagar a sus traidores. ¿Qué harán los que debieran conformarse? Es fácil de adivinar, porque lo sucedido ayer confirma la eficacia de la fórmula, a saber, cualquiera que plantee una batalla frontal a la democracia española puede estar seguro de ganarla. Todo aquel que se burle de la democracia, que asesine o se salte la ley con un mínimo de garbo no tendrá nada que temer, lo peor que puede pasarle es que tarde en cobrar su botín, pero la renta siempre será segura. Lástima que Bolinaga no haya tenido el gusto de desplazarse hasta el Congreso para ver en primera fila el comienzo de una nueva cesión, como siempre amparada en lo más alto. El Congreso que votó a favor de la negociación con ETA, y que no se ha desdicho, ya ha explicado con luz y taquígrafos lo que hay que hacer para que cada uno de los escogidos pueda continuar con lo suyo.

Alguno dirá que eso exige reformar la Constitución, pero ¿quién le va a negar a Rajoy y a Rubalcaba la capacidad de concertarse por el bien de todos? Siempre hay un forense dispuesto a facilitar el trámite, o un equipo de juristas capaces de aseverar que ya cabe lo que no cabía o que la soberanía troceada puede acabar demostrando la cuadratura del círculo, si fuere conveniente. Desde 1977, los españoles se han acostumbrado a que sus representantes se rindan una y otra vez a la fuerza, a que se olviden de representar lo que sienten y quieren, a cambio de afanarse en la perfecta continuidad de un sistema que es lo único importante. Ese sistema ha salido ayer fortalecido, con el aplauso de una amplia mayoría de sus beneficiarios, pura lógica.

¿Qué pasará de aquí al 9 de noviembre? No es difícil imaginarlo. El Houdini catalán encontrará la llave de nuestra despensa y recuperará todo lo que le hemos robado, que ya se sabe es mucho. Tal vez haya que ceder y dejarle instalar alguna urna, pero eso son detalles sin importancia. Lo que se ha visto este martes es que los separatistas son muy educados y cordiales, y que no vamos a ser tan bárbaros de obligarles a pasar un mal rato.

José Luis González Quirós, profesor de Filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y vicepresidente del Comité Ejecutivo provisional de Vox.

¿Cuándo meterán la tijera a las Administraciones públicas?, ¿va a ser que nunca?
“¡Lanzadas, señores, lanzadas; no alfilerazos!”, A.Daudet
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 10 Abril 2014

En ocasiones uno llega a pensar que está desvariando o que le ha invadido la demencia senil o que si, a copia de escuchar a los políticos mentirle, ya se ha acostumbrado a ello y se ha hecho inmune a sus pertinaces incumplimientos de promesas. En todo caso, se pudiera pensar que, en circunstancias de crisis, en caso de una hecatombe económica por la que hemos pasado y seguimos pasando; cuando la economía privada se ha llevado la peor parte y los trabajadores han sufrido uno de los más sonados recortes salariales, los más afortunados, y han perdido sus puestos de trabajo, los que peor lo han pasado; puede resultar hasta insultante que, el Gobierno y los gobiernos autonómicos, que a todos ellos les corresponde su parte de culpa, hayan sido incapaces de poner la tijera en el tema del sector público si, por el contrario, tan dispuestos, tan prestos e implacables han sido cuando se ha tratado de aplicarla a sectores tan vitales como: la Seguridad Social, la Sanidad, la Enseñanza y las mismas pensiones, amén de otros sectores que sería largo detallar. No se han atrevido o no han tenido la visión necesaria para enfrentarse a una tarea que un día deberá acometerse.

He tenido ocasión de leer un artículo de un conocido periodista en LD, en el que se nos recuerda que esta promesas, una de ellas, la que PP nos hizo a sus votantes cuando las elecciones del 20M del 2011 fue, precisamente, meterle mano a fondo a esta enorme parafernalia en la que se ha convertido la estructura del Estado, incluyendo en ella la que corresponde a los gobiernos de las comunidades autónomas, unas más que otras, que se ha convertido en una de las cargas más onerosas para los ciudadanos que, aparte de verse afectados en sus emolumentos por los zarpazos de la recesión, se han visto obligados a contribuir, con sus elevados impuestos, a que una plantilla desorbitada y a todas luces innecesaria, siga manteniéndose a pesar de que, en el caso, por ejemplo, de los entes públicos que se han ido creando en todo el Estado (como un medio de ejercer unas tareas que no podían ser asumidas por los entres públicos); se hayan convertido en un enorme reservorio de enchufados de los distintos partidos políticos.

Lo cierto es que, por raro que pueda parecer, a pesar de las sonadas protestas de los funcionarios, como las de Sanidad y Educación, resulta que, aunque se congelaron salarios y se suprimieron algunas pagas extras, los menos afectados por la crisis han resultado ser el colectivo de empleados públicos. Las quejas y denuncias que, de forma tan notoria y reivindicativa, se vienen repitiendo por los que han resultado ser los más privilegiados de los españoles, no parece que tengan otra justificación que intentar conservar los privilegios de casta, sin tener en cuenta que los que mayores tarascadas se han llevado han sido, precisamente, los empleados de empresas privadas. Según la EPA, Encuesta de Población Activa, elaborada por el INE; en el tercer trimestre del año 2007 se alcanzó en España el máximo nivel de empleo con 20’5 millones de personas empleadas. Sin embargo, al cierre del 2013 su volumen se situaba por debajo de los 16’8 millones. Ello comportaba la desaparición de 3´7 millones de puestos de trabajo, el 18’3% de aquella punta de empleo.

Mientras, en el sector privado, las pérdidas de puestos de trabajo fueron de 3’6 millones de trabajadores, en el sector público apenas afectó a 136.000 efectivos; o sea un 20’6% de los empleados privados contra un 4’6% en el sector público. Habría que preguntarse, por lo que respecta a las recientes manifestaciones “blancas”, de Sanidad o “verdes”, de Educación, qué tanto por ciento había en cada una de ellas de interés por la salud de los ciudadanos o por los derechos de los estudiantes, y que tanto por ciento de miedo a perder gabelas, privilegios, complementos salariales o beneficios sociales, cuando no defensa de tipo corporativa. Es muy útil utilizar a enfermos o desvalidos o estudiantes de baja extracción económica, como coartada para ocultar intereses de tipo económico de médicos, sanitarios y enfermeros o de catedráticos, profesores o asimilados; temerosos de que el progreso o las exigencias requeridas para poder ejercer sus profesiones se eleven, en beneficio de los educandos o de los pacientes, de modo que, en muchos casos, estén por encima de sus capacidades actuales como docentes.

Hay que decir que, las escasas reducciones que se han producido entre el personal del funcionariado, han tenido lugar en aquel sector de los empleos eventuales o interinos (contratos temporales), de modo que el número de temporales en las administraciones públicas ha descendido en 214.000 personas desde finales del 2007 y, por el contrario, el número de indefinidos ha subido en 78.000. Aquí queremos hacer mención a un dato curioso. En Catalunya, la comunidad más endeudada de España, el afán de crear una administración paralela para sustituir a la del Estado español en caso de separación, la ha convertido en la comunidad donde se ha incrementado más el número de funcionarios desde que comenzó la crisis, con un 7’6% de incremento; seguida de Navarra con un 6’9%; todo lo contrario que en el caso de Madrid, que han disminuido en un 14’6%. Alguien debería dar explicaciones del porqué de estas diferencias abismales.

Otro dato llamativo. A pesar de su difícil situación de endeudamiento y su déficit público, la arisca comunidad catalana también es la que más ha aumentado el número de asalariados públicos con un incremento del 21’3% de indefinidos, bajando el volumen de temporales en un 38’8%. Todo ello tiene un explicación que entra de lleno en la lógica de los separatistas, que intentan amarrar a aquellos funcionarios que les son fieles para constituir la base de un futuro gobierno independiente. En el sentido contrario, al referirnos al sector privado, se ve como en todas las autonomías, desde que comenzó la crisis, se ha ido destruyendo este tipo de empleo. Como ha ocurrido en otros aspectos, también en algunas de las CC.AA se han producido mayor pérdidas de empleo privado que, en el conjunto nacional es del -21’5%; así ocurre en Andalucía (-28%) Castilla y León (-24’3%) y la misma Catalunya (-23’1%).

Cuesta entender como el PSOE del señor Rubalcaba y la señora Valenciano, que tan incisivos se muestran en temas como el aborto o la corrupción, no hayan hecho hincapié en un tema tan sangrante como es el del excesivo gasto público en España. Claro que tiene un doble explicación: la primera, el hecho evidente de que todo lo que signifique fortalecer al Estado, darle poder sobre la economía del país y controlar a los ciudadanos va a favor de sus políticas estatalizantes y, en segundo lugar, que la mayoría de los funcionarios empleados en la empresas públicas y en las administraciones locales, están ocupados por socialistas a los que se les han dado cargos en compensación a sus servicios prestados. Una entente que ni el PP (que también tiene sus propios enchufados) ni el PSOE tiene demasiado interés en romper.

Suena un poco a deja vú lo de los recortes, la austeridad y los sacrificios, cuando una de las recomendaciones que se nos siguen haciendo desde Bruselas, la de entrar a fondo en la reducción del apartado del Estado, siga siendo el verso suelto de esta política de contención del gasto en que parece estar empeñado el gobierno del señor Rajoy. Una muestra más de que hay cuestiones que, la mojigatería de los políticos del PP, han declarado como vudús, sobre los que pasan de puntillas, ante la posibilidad de que, si se levanta la tapa de esta Caja de Pandora, el revuelo que se pueda producir, puede herir de gravedad a la gaviota cargada de votos que piensan que ya está volando en dirección a las urnas de las próximas legislativas. O así es, señores, como desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos este timo de la “intocabilidad” de de los funcionarios.

El error de tratar con guante blanco el tizne sectario separatista
“Barones, ya podemos marcharnos; hoy a lo menos, hemos dejado bien puesto el honor de España”, Jaime I de Aragón
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 10 Abril 2014

Una vez más hemos asistido a una de estas sesiones del Congreso en las que, las palabras de los parlamentarios y de los representantes del Parlament Catalá, (unas mejor pronunciadas que otras, emitidas en castellano cultivado las unas y estrepitosamente destrozadas, quizá intencionadamente, pronunciadas por aquellos que en España se consideran como extranjeros) han sonado a monótonos monólogos. Los catalanes apoyados por el PNV e IU, conocedores sus pocas posibilidades de salir airosos de su intento de vender, a sus señorías, su plan soberanista y el resto, al menos en una aplastante mayoría, dispuestos a cortar por lo sano cualquier intento de saltarse la Constitución. Ha sido una representación en la que, cada partido político, ha hecho gala de su enfoque particular sobre el tema que se discutía; con la evidente intención de que sus partidarios, con independencia de los del resto de partidos, salieran satisfechos de la actuación de sus respectivos líderes. Los dos enfoques de lo que debe ser España: la constitucionalista para unos, y la ruptura de sus lazos con los españoles la otra y, entremedio, la propuesta que se inventó el señor Pere Navarro del PSC (rápidamente recogida por Rubalcaba y el resto de socialistas) de cambiar la Carta Magna para facilitar la creación de un tipo de Estado federalista. Algo que parece un apaño poco distinto a las actuales autonomías.

Por mucho que pudiera extrañarnos se ha tratado, una vez más, de uno de estos estúpidos diálogos de sordos, sabiendo que sus adversarios políticos iban a ser impermeables ante cualquier argumento que se propusiera, cualquier contrapropuesta que se le ofreciera o cualquier intento de reconciliar posturas, encaminado a introducir en la legalidad a unos señores que, lo primero que hicieron, fue poner como condición sine qua non, la celebración de un referéndum en Catalunya, de marcado signo separatista; una actuación ilegal que choca frontalmente con nuestra Constitución de 1978. Extraña que, el señor Rajoy, haya utilizado un lenguaje tan exquisitamente diplomático, unas alabanzas a Catalunya y a los “emprendedores” catalanes, que ha llegado un momento que nos han parecido exageradas, edulcoradas y poco ajustadas al tono de la intervención de los tres enviados de la Generalitat que, aunque correctos, han utilizado un lenguaje a todas luces temerario, reivindicativo, victimista, desconsiderado hacia la legislación española y, directamente contrario a los preceptos constitucionales.

Nos ha gustado, especialmente, la líder de UPyD, señor Rosa Diez que, quizá porque es una política de raza y experta en el tema nacionalista, no ha tenido empacho alguno en poner los puntos sobre las íes en el famoso tema del “diálogo”, cuando ha preguntado: “¿Diálogo con quién y sobre qué? ¿Y negociar qué? ¿Hay que dialogar con alguien que incumple las sentencias de los tribunales?”. En realidad, estas son las preguntas que nos venimos haciendo desde hace meses los españoles y éstas son también las que nos gustaría hacerle al ejecutivo del PP, cuando observamos que todos sus esfuerzos para convencer a los nacionalistas catalanes van de fracaso en fracaso sin que, en ningún momento, hayan hecho intento alguno para poner orden en la comunidad catalana; obligar a que se cumplan las leyes e impedir que, una y otra vez, el tema del castellano se vaya ido soslayando, aunque ello suponga pasarse por alto ls sentencias que se han pronunciado a favor de una enseñanza mejor y más extendida de este idioma.

El señor Mas ni se ha inmutado y ya ha anunciado que seguirá su ruta hacia la consulta sobre el derecho decidir. Ha insinuado, en varias ocasiones, su intento de seguir internacionalizando su contencioso con el resto de España y ha anunciado que la próxima etapa de su recorrido independentista será la aprobación, antes del 11 de septiembre, de la llamada “Ley de Consultas” que, a su criterio, permitirá a todos los catalanes hacer el referéndum que tanto vienen solicitando. Una sola pega, esta nueva ley será ilegal, recurrida ante el TC y, a la vista de la resolución del Alto Tribunal, respecto a la ilegalidad de que Catalunya se atribuya derechos de los que carece, seguramente será suspendida de inmediato, con lo cual el empedernido líder del independentismo catalán va a tener que recurrir a otras triquiñuelas.

Y entrando en el terreno especulativo, no acabamos de entender cuáles pueden ser estas conversaciones, diálogos, encuentros etc. de los que habla el señor Rajoy. Si sabemos que no se puede ceder en lo relativo al autogobierno o la secesión; cabe preguntarse de qué otros temas pueden discutir el gobierno y la Generalitat catalana. Hubiéramos pensado que, acaso, en lo de la fiscalidad; aquella famosa petición catalana de un régimen fiscal especial para Catalunya, semejante a aquel del que gozan en la comunidad foral de Navarra. Nos hace el efecto de que Rajoy sigue pensando que por este extremo tiene posibilidades de amainar el espíritu separatista de los catalanes. Mucho nos tememos que ya sea tarde para este tipo de acuerdos. Tampoco parece que lo acogieran bien el resto de comunidades del propio PP.

La realidad es que, en estos momentos, aunque parezca increíble, el señor Mas ya no manda en Catalunya. Los efectos de una propaganda incesante durante años; de una educación en las “Nápolas” catalanas, donde se ha adoctrinado a los niños en la creencia de que España oprime a Catalunya y hay que separarse de ella; han conseguido que el tanto por ciento de catalanes que quieren independizarse, a pesar de las nefastas consecuencias de todo tipo que ello supondría para ellos, cada vez es más numeroso, lo que impide al señor Presidente de la Generalitat hacer marcha atrás. Por otra parte, de todos es sabido que el líder de ERC, el señor Oriol Junqueras, vigila cada paso de su colega de CIU y no le permitiría, ya lo ha dicho por activa y por pasiva, que se llegara a ningún otro acuerdo que no fuera la independencia de Catalunya.

Es posible que, este stand by entre el Gobierno de Rajoy y los secesionistas, se pueda mantener un año más; pero llegará un momento, aquel en que los separatistas den el paso decisivo de salir a las calles, apoderarse de las instituciones, ocupar los aeropuertos y los muelles y hacerse con los edificios oficiales, (todo ello ha sido anunciado por los de ERC) etc.; en el que el Gobierno ya no podrá mirar hacia el otro lado y se verá obligado a tomar una determinación. ¿Cuál va a ser esta determinación? ¿Ceder a que se produzca la anunciada secesión? ¿Aplicar el Art. 155 y, en este caso, nos preguntamos por qué no lo ha hecho antes? ¿Ocupar militarmente Catalunya? ¡Vayan a saber!.

Y si todo ello nos parecen remedios poco prácticos, no nos queda otro remedio que pensar que, el señor Rajoy y su ejecutivo, han pecado de timoratos, de pasividad, de falta de valentía política y de poca perspectiva de futuro, al permitir que se hayan reforzado los nacionalismos y no haber atajado los primero movimientos secesionistas desde el principio; antes de que hubieran adquirido la fuerza y la virulencia que han conseguido en la actualidad. No basta que, en el Parlamento de la nación, se hagan representaciones ostentosas, sino que, lo que es preciso es que se tomen las medidas necesarias para que, lo que empieza a ser una amenaza evidente en contra de la unidad española, sea reprimido de la forma menos traumática pero sí, con la energía y efectividad precisa para evitar que, este mal ejemplo, siga cundiendo y la integridad de la nación sea puesta en peligro. O así es, señores, como, desde la óptica de un ciudadano de a pie contemplamos, inquietos, esta deriva nacionalista.

Cataluña
Sorpresa: la democracia no sólo son las urnas
Cristina Losada Libertad Digital 10 Abril 2014

Piensan algunos que el debate sobre el referéndum separatista en el Congreso fue una pérdida de tiempo y una pérdida que es ganancia para Artur Mas, que obtiene un extra de publicidad, de victimismo y de apariencia de buena conducta: nosotros respetamos las reglas, vamos a Madrit (bueno, él no) y nos dicen que nones. Todo esto tiene, sin duda, sus puntos de razón. Pero no comparto el balance. Porque un debate como el del martes, 8 de abril, es también un pequeño ejercicio formativo, un cursillo sobre cuestiones básicas de la convivencia democrática, sobre qué es la democracia y qué representan la ley y la Constitución, que son materias que no podemos dar por sabidas hoy en España.

No hay que darlas por sabidas, no sólo entre los independentistas, que son un caso obvio: si no ignoran qué es la democracia, qué bien lo disimulan. Aunque yo pienso que muchos, pongamos los del tipo Marta Rovira, verdaderamente lo ignoran y de buenísima fe. El problema es que su ideología y su proyecto político llevan dentro el bicho que se come a la democracia, el mismo que destruye la nación de ciudadanos para construir la nación identitaria. Ni hay duda de que éstos suspenden el examen de democracia de manera radical, y tanto el teórico como el práctico: quieren hacer lo que les pete (y lo están haciendo). Pero esa soltura, ese desenfreno con el que proclaman que la democracia es votar y punto, encuentra eco y coro más allá de sus filas.

¡Déjennos votar! ¡Déjenlos votar! ¡Mídase en las urnas cuánto apoyo tiene el independentismo! ¡No hay que tener miedo a votar! Son opiniones, son demandas, que igual se oyen en las tertulias periodísticas que en la barra del bar de al lado. Y no sólo en Cataluña, donde los sondeos indican que una amplia mayoría quiere "la consulta", incluso entre los no independentistas. Lógicamente, a todos ellos lo que expuso Rajoy en el debate (la democracia es respetar la ley), o lo que dijo Rosa Díez (la democracia también es decidir sobre qué no se vota y quién tiene competencia para votar), ha de sonarles como música para camaleones, como una extraña sinfonía, una orquestación absurdamente complicada cuando todo es tan sencillo como poner unas urnas, y ¡hala! Bueno, pues no. Resulta que la democracia es complicada.

Hay cosas, no obstante, sorprendentes. Personas que jamás admitirían que los vecinos del cuarto piso de su edificio decidieran ellos solos la demolición del tramo de escalera que hay entre el cuarto y el quinto, están en cambio dispuestas a aceptar que los catalanes decidan ellos solos si España sigue como está o pierde una parte de su territorio. Cómo se evapora esa dosis de sentido común al transitar del escenario cotidiano al de la política, es asunto que me fascina. No tengo explicación. Quizá hemos pasado de una época, aquella de la Transición, en que los españoles apenas sabían nada de lo que era la democracia, pero sabían que no sabían, a otra en que muchos ignoran qué es la democracia, pero ignoran que lo ignoran. La democracia es un proceso de aprendizaje –y un esfuerzo– permanente. Pero a los convocantes del referéndum separatista, de la democracia sólo les interesan las hojas.

Patriotismo
Miquel Porta Perales www.cronicaglobal.com 10 Abril 2014

Para empezar, un poco de historia. El 20 de septiembre de 1792, en la localidad de Valmy, en el departamento francés de Marne, tuvo lugar una batalla que enfrentó al ejército francés con las tropas del Sacro Imperio Romano Germánico y Prusia. La victoria fue de la Francia revolucionaria al mando de los generales Charles Dumouriez y François Christophe Kellerman. Y fue precisamente Kellerman quien, al arengar a sus tropas antes de la batalla, pronunció el entonces novedoso "¡Viva la Nación!" La idea de nación –en la línea de los sueños de la razón impulsados por la Revolución francesa- abría las puertas de la libertad frente al absolutismo. En este sentido, puede considerarse que la nación es un producto revolucionario, porque supone el triunfo de la voluntad general, de los derechos e intereses ciudadanos, frente a la libertad particular del monarca. En definitiva -históricamente hablando-, la idea de nación se ha presentado ligada a las ideas de soberanía y democracia.

Bien puede decirse que el conflicto del nacionalismo catalán no es únicamente con el Estado –dejo a los freudianos la explicación por la cual les cuesta tanto hablar de "España"-, sino también –sobre todo- con el Estado de derecho y la sociedad abierta

Pero, los sueños de la razón –como lúcidamente señaló y dibujó Goya en los Caprichos- acaban produciendo monstruos. El nacionalismo, por ejemplo. Una amenaza. No me tilden de sectario. Admito que el nacionalismo, en sus inicios, se presenta ligado a las ideas de soberanía, democracia, modernización e interés general. Admito que el nacionalismo ha tenido, en determinados lugares y momentos, un carácter cívico e integrador. Liberal, incluso. Admito que el nacionalismo ha favorecido y posibilitado los procesos de descolonización y de recuperación cultural. Pero, también hay que admitir que el nacionalismo, cual Jano bifronte, ha sido detestable. Y hay que admitir que el nacionalismo, además de encontrarse en el origen de innumerables conflictos nacionales e internacionales de consecuencias dramáticas, además de propiciar la supresión o recorte de derechos, ha sido y es sinónimo de populismo, desintegración, particularismo, localismo, egoísmo, etnicismo, chovinismo, exclusión. Hoy, el nacionalismo -al socaire de determinados intereses políticos, económicos, psicológicos y simbólicos- revive, no las glorias del pasado, sino algunas de las miserias de ayer. Una amenaza, decía. En Cataluña, por ejemplo. Al respecto, no es una casualidad que Der Spiegel hablara, en un reportaje de septiembre de 2012, de la emergencia de un "nuevo egoísmo" en Europa. ¿Saben ustedes cuál era la imagen que ilustraba el reportaje del semanario alemán? Una fotografía de la Diada catalana de aquel año. El nacionalismo catalán como "nuevo egoísmo": populismo, mesianismo, victimismo, sentimentalismo, invención de la verdad a la carta, descalificación sistemática del adversario, concepción neopatrimonialista del "país" y de quién ha de gobernarlo, promesa de un futuro mejor por arte de liberación "nacional". Y quebranto de la ley a conveniencia: bien puede decirse que el conflicto del nacionalismo catalán no es únicamente con el Estado –dejo a los freudianos la explicación por la cual les cuesta tanto hablar de "España"-, sino también –sobre todo- con el Estado de derecho y la sociedad abierta.

Así las cosas, ¿cómo hacer frente al desafío nacionalista hoy existente en Cataluña? Mi respuesta es la siguiente: patriotismo. Pero, ¿no dijo Samuel Johnson -frase muy conocida y ampliamente repetida- que "el patriotismo es el último refugio de los canallas"? Sospecho que el célebre poeta, ensayista y crítico británico no había leído a Cicerón. Ni a Tucídides, Aristóteles o Séneca. Ni a los humanistas del Renacimiento. Veamos, ¿qué hay que entender por patriotismo más allá de ciertos usos que tergiversan o manipulan el significado del término en beneficio propio? Lo digo en latín, con las palabras que el propio Cicerón utilizó hace veintidós siglos: "Pro legibus, pro libertate, pro patria". La patria entendida como sinónimo de libertad y ley. En definitiva, una nación de ciudadanos. Idea que, por nuestros lares, tomó cuerpo en la Constitución de Cádiz. Idea que remite a las revoluciones liberales que instauraron, en Europa y América, los derechos del Hombre y del Ciudadano.

La política no puede obedecer al inefable amor al terruño. No puede fundamentarse en la afirmación heráldica que separa el Nosotros del Ellos. No puede basarse en las ficciones, caprichos y obsesiones del político de turno. La política –además de huir de las "pasiones que esclavizan el alma", por decirlo a la manera de Cicerón- debe inspirarse en los valores liberales, esto es, en el respeto a la legalidad constitucional, en la apuesta por el refuerzo de la práctica democrática, en el interés común, en la toma de decisiones compartidas y el respeto a la identidad privada del individuo. Parafraseando a Goethe, no se trata de fabricar buenos catalanes o españoles, sino de generar ciudadanos libres de una sociedad abierta. Eso es el patriotismo.

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Powell y el negocio de la paz

ROGELIO ALONSO EL CORREO  10 Abril 2014

· Sorprende que el Gobierno español no muestre interés en deslegitimar a quien se esfuerza en perpetuar a ETA

Hace unos días la policía norirlandesa desactivó una bomba lapa junto a una comisaría. Horas antes, una patrulla de la policía fue atacada con un artefacto explosivo. En noviembre un oficial norirlandés descubrió otra bomba lapa debajo de su coche cuando se disponía a llevar a su hija al colegio. Recientemente el responsable de la Federación de Policía de Irlanda del Norte se refería así a los grupos escindidos del IRA que aún continúan con la violencia: «La amenaza sobre los oficiales de policía y sus familias es intensa. El ansia de sangre de esta gente y su odio no tiene límites». Esta realidad revela el erróneo análisis con el que Jonathan Powell intenta justificar su injerencia en la política antiterrorista de un Estado democrático como España. Powell insiste en presentarse como facilitador del desarme del IRA y conocedor de los pasos que deben darse para que ETA también entregue sus armas, según aduce, sin escisiones. Promete pues un final feliz mediante una comparación ventajosa que ha logrado persuadir a políticos y periodistas en nuestro país a pesar de la tramposa manipulación con la que defiende su intrusión de parte.

En primer lugar, la continuidad del terrorismo en Irlanda del Norte cuestiona una de las premisas del británico con la que ya justificó la legitimación de ETA que la declaración de Aiete supuso: no es el terrorismo de ETA la «última confrontación armada de Europa», como engañosamente subraya Powell. En segundo lugar, la pervivencia del terrorismo de los grupos escindidos del IRA evidencia que el proceso que Powell presenta como modélico no lo es en absoluto. Ello no le inhibe a la hora de vender sin base alguna sus fórmulas para el País Vasco como una garantía para evitar escisiones en ETA. Precisamente la metodología propugnada por Powell en Irlanda del Norte es la responsable de que el desarme del IRA fuera enormemente limitado e incapaz de generar la confianza entre las víctimas que perseguía una verdadera entrega de armas. En cambio, la escenificación de un falso desarme se convirtió en una oportunidad propagandística que el brazo político del IRA, el Sinn Fein, rentabilizó. El propio Martin McGuinness llegó a reconocer la falta de transparencia que impidió que los gestos del IRA fueran convincentes. Sin embargo el Gobierno recompensó a la banda con una valiosa publicidad magnificando como históricos meros actos propagandísticos que Blair y Powell vendieron como éxitos propios. En esa línea el IRA recurrió a la complicidad de un religioso protestante y otro católico para concluir sus cuatro actos a través de los cuales dijo haber puesto armas fuera de uso. Con esa hábil escenificación el IRA logró distorsionar su imagen real: la de un grupo terrorista que se negó a desarmarse realmente y a esclarecer asesinatos cometidos con armas que jamás fueron sometidas a análisis forenses. Este es un escenario atractivo para ETA, pues la pomposamente denominada Comisión Internacional Independiente para el Decomiso dejó claro que deseaba ahorrarle al IRA una imagen de «derrota» o «culpa».

La farsa del desarme adquirió credibilidad en no pocos círculos internacionales gracias al aval de los gobiernos británico e irlandés. En esa espiral de concesiones que tanto legitimó a los representantes políticos del IRA fortaleciéndoles electoralmente, el grupo terrorista obtuvo además la promesa de que los activistas con causas pendientes en busca y captura podrían regresar a sus hogares con total impunidad. Peter Hain, ministro británico para Irlanda del Norte entonces, reflejó bien el injusto pragmatismo político que guió tan nefasta política al asegurar que esa medida era «dolorosa» para las víctimas pero «necesaria para cerrar la puerta de la violencia».

Esa es la lógica que Powell desea aplicar en España y para la que cuenta con el apoyo del Gobierno vasco, interesado en evitar una derrota de la ideología nacionalista sobre la que descansa el terrorismo etarra. Lo confirma la legitimación que el propio lehendakari brinda a los autodenominados ‘verificadores’ y ‘mediadores’, encantados de prestarse a la propaganda terrorista a cambio de una retribución económica. Más sorprendente debería resultar que el Gobierno español no muestre interés alguno en deslegitimar a personajes que se esfuerzan en perpetuar a ETA mientras sus representantes políticos siguen rentabilizando la decadencia de la banda. La inacción gubernamental queda en evidencia con iniciativas como la promovida por Covite al forzar la comparecencia de los ‘verificadores’ en la Audiencia Nacional o con declaraciones de dirigentes nacionalistas congratulándose de que el Gobierno español deje hacer su trabajo a los mediadores de parte.

Esa actitud de un Gobierno que insiste en reivindicar la derrota de ETA sugiere una dejación similar a la confesada por Jonathan Powell en sus memorias: «Pertenecíamos a una generación más joven y la guerra contra el terrorismo irlandés no era nuestra guerra». Ese distanciamiento respecto del conflicto norirlandés evidencia un falso pragmatismo de pésimas consecuencias para una democracia que combate al terrorismo. Paul Wilkinson, académico ya fallecido que asesoró a Margaret Thatcher, oponía la comprometida militancia del terrorista a la pasividad que en ocasiones muestran algunas sociedades víctimas del terrorismo y sus líderes. Las declaraciones de Powell interpretan el terrorismo como una mera molestia que hay que evitar en lugar de como un desafío político en el que se dirime mucho más que el final de una campaña de atentados. Esa filosofía prioriza políticas cortoplacistas y efectistas renunciando a estrategias multifacéticas como las requeridas para contrarrestar con eficacia los presupuestos que legitiman el terrorismo. Ese modelo no ha logrado que la violencia en Irlanda del Norte desaparezca, pero sí algo que ya se vislumbra en Euskadi: una considerable impunidad política, moral e histórica de quienes justifican el terrorismo.

La 'famiglia' catalana
Carles Enric López. www.economiadigital.es 10 Abril 2014

Cuando escuché a Jordi Pujol hablar sobre las chonis y los Fernández me di cuenta de que hasta ellos se habían creído sus mentiras. Lo imaginaba cada vez que oía hablar a Carme Forcadell de la ANC. Pero, seamos francos, la constatación por alguien más serio como el Molt Honorable President era algo novedoso.

Ellos, explicaré porque uso ellos y no todos, hablan de un movimiento transversal de toda la sociedad civil catalana y el poble català en estos meses.

El problema de agrupar colectivos sociales y darles un valor unitario siempre es complejo de tratar. Hoy vamos a hacer un experimento. De esos donde ya me veo inundado de críticas por lo de siempre, pero que denotará una realidad a veces ignorada. Y, como no, todo a base de datos y números. No de creencias o mitos como inyectan los que ya podemos denominar amigos de la mentira.

Dos datos de partida. Desde hace años se extrae información estadística del censo de apellidos en España y, por ende, en Catalunya. En este último caso lo publica Idescat (Institut d'Estadistica de Catalunya) y está disponible en Internet.

Los 25 apellidos más comunes de los habitantes de Catalunya están encabezados por los García, Fernández, Martínez, López, y así hasta alcanzar casi un 30% de la población real de Catalunya. El experimento es sencillo, ¿cómo se plasma esa distribución en la política catalana?.

Ese 30% de apellidos está presente en un 0% del primer apellido de todos los diputados de ERC, en apenas un 1% de los de CIU, un 8% de los del PSC y hasta un 40% en el PP. Y, como complemento, en grupos menores como ICV y Ciutadans también representa un 0%.

Pero, ¿es casualidad? No seamos malvados. Quizás los Fernández, García o López no tienen interés por la política autonómica catalana. Tampoco se preocupen que en las legislaturas de los años 30 su número era entonces literalmente cero. Quizás antes y ahora estén en esa sociedad civil que proclama la amiga Forcadell desde la ANC. ¿Lo comprobamos?

Miramos el secretariado de la ANC, un grupo de unas 80 personas que, por cierto, no tenía ni idea de que existiera. Allí, esos 25 primeros apellidos que representan el 30% de los catalanes sólo está representado en apenas un 2% de los miembros del secretariado de la Asamblea. Pero, como somos unos manipuladores, seguro que piensan que esos apellidos están representados fielmente por el otro 70% de los catalanes. Total, ese 30% tiene origen foráneo y no les interesa lo de aquí.

Vamos a comprobarlo. Encontramos que el primer apellido de los diputados de ERC está presente solo en el 0,7% de los catalanes. En CIU, siendo el doble de diputados, sus apellidos están en apenas un 1,7% de los catalanes. Si sumamos a Antoni Fernandez Teixidó en un 2,9%. Como referencia los apellidados García en Catalunya son cerca del 2,5%. Es decir, sumando todos los diputados de CIU y ERC apenas un 3% tienen un primer apellido común al 100% de los catalanes.

Pero, ¡aún hay más! Hay un dado casi milagroso en estadística. ¿Será el milagro catalán? Hay hasta 13 apellidos: Junqueras, Cosconera, Donés, Russiñol, Cima, De Gispert, Guinó, Maimí, Montañola, Pascal, Regull, Rovirol o Senserrich con menos de 150 personas en toda Catalunya con ese apellido. Es decir, familias que apenas suman --recuerden entre todos-- 1.000 personas en la Catalunya de los 7,5 millones tienen casi el 20% de los diputados de ERC y CIU, y el 10% de todos los diputados.

Suerte que nos queda esa transversal sociedad civil, llamada ANC. Oh wait! El 18,75% de los miembros del citado secretariado de la ANC forma parte de 15 familias catalanas que suman entre todos sus miembros la cifra de 946 personas de los 7,5 millones de catalanes. Son las familias: Albes, Alentorn, Bitlloch, Boloix, Contjoch, Guillaumet, Loire, Manya, Marfany, Murgo, Pelach, Que, Sallàs, Sardiné y Vilarasau.

En resumen, menos de 2.000 personas catalanas de 28 familias --sí señores sólo 2.000 personas de los 7,5 millones de catalanes-- tienen el 20% de todos los diputados de CIU y ERC en el Parlament y casi el 20% de todos los miembros del Secretariado de la ANC. Como dirían algunos, blanco y en botella. Bienvenidos a la “famiglia catalana”, ya saben donde algunos son de los nuestros y otros no.

La intoxicación continua
Jordi García-Petit www.cronicaglobal.com 10 Abril 2014

Cada mediodía, cada noche, cada hora de cada día nos hemos de tragar unos sorbos largos de la pócima soberanista en los telediarios de TV3 y en los informativos de Catalunya Ràdio, además de las cucharadas de pócima de la prensa subvencionada de papel y digital. Los medios del servicio público de información, los medios de todos, al servicio de una parte del todo. El dinero de todos de una Cataluña financieramente quebrada y desbordada de necesidades sociales subvenciona una campaña de intoxicación, que envenena el cuerpo social y separa a las personas.

Ocultan que la Generalidad y el Gobierno autonómico son también instituciones del Estado y que los hachazos indiscriminados a la seguridad, al bienestar y al futuro son también obra de los gobernantes de aquí

Mientras, el crecimiento galopante de la pobreza y la desigualdad, las listas de espera hospitalaria, el abandono de los barrios populares, la sequía de recursos en las escuelas, institutos, universidades, centros de investigación, la desatención de los incapacitados, de los necesitados de toda condición son silenciados o tratados esporádicamente, de manera descontextualizada, como un suceso más, como un imponderable de la crisis, como otra anécdota emotiva, sin responsables o como único responsable del desastre el Estado, el central; pues ocultan que la Generalidad y el Gobierno autonómico son también instituciones del Estado y que los hachazos indiscriminados a la seguridad, al bienestar y al futuro son también obra de los gobernantes de aquí.

La atmósfera política -y una parte de la civil- se ha hecho espesa y agobiante para los no creyentes. Añadidos a la intoxicación continua, la complicidad tácita, cómoda, y el silencio miedoso corrompen el espíritu de una sociedad hasta ahora abierta, inclusiva, tolerante, dinámica. No hay debate de ideas, solo la hegemonía de una idea única de bajo vuelo, poco o nada pensada, creída a ciegas, cuya música atrae multitudes, como atraía criaturas el flautista de Hamelín.

¿Dónde están los intelectuales otrora tan presentes, tan audaces en la crítica, de palabra y de escritura tan brillantes? Es evidente que no se notan en la idea única, cuyo nivel ahuyenta el pensamiento libre; callan, luego consienten y traicionan su función tradicional.

Todavía no es totalitarismo, falta para ello el Estado propio, pero ya es "totalismo", un paso previo al ahogo de las libertades y, en particular, de la libertad de información, la primera víctima de cualquier totalismo. Después de invocar a todas horas el carácter democrático y pacífico del proceso soberanista, el trabajo de zapa de la intoxicación deformadora de la opinión pública lo despoja de los elevados atributos que le suponen.

CARRERAS, AUTOR DE 'PACIENCIA E INDEPENDENCIA'
“Para los nacionalistas es ahora o nunca. No tendrán una España tan débil en años”
D. Forcada El Confidencial 10 Abril 2014

“Avui paciència, demà independència”. El catedrático de Derecho Constitucional y articulista Francesc de Carreras (Barcelona, 1943) escuchó esta proclama a principios de la Transición en una de las multitudinarias manifestaciones a favor de la autonomía. Al principio le sorprendió pero, con el tiempo, entendió que la clave del avance del nacionalismo catalán es la paciencia. Y que la autonomía no es más que una mera fase transitoria de camino a la independencia. El “camino sin retorno” del que el convergente Jordi Turull advertía el pasado martes desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Carreras ha recopilado en un libro titulado precisamente Paciencia e independencia una selección de sus artículos en La Vanguardia y El País con los que recorre los avatares de la hoja de ruta que ha desembocado en el mayor órdago soberanista de las últimas décadas y sobre la agenda oculta del nacionalismo.

Pregunta: ¿Qué conclusión extrae del debate del pasado martes y del “no” rotundo al plan de Artur Mas?

Respuesta: Era un debate previsible en el que la delegación catalana venía a buscar el no. Sabían perfectamente que sería un no. No sólo por razones políticas, también por razones jurídicas. Venían a conseguir una cosa que han logrado en clave interna: el poder decir “nosotros hacemos esfuerzos para que España nos comprenda y entablar un diálogo, y son ellos los que se niegan”. Desde este punto de vista han conseguido su objetivo. Sus intervenciones fueron flojísimas, parecían boyscouts de la política. Pero eso seguramente lo han conseguido.

P.: En esa escenificación se puede englobar, por tanto, ese gesto de la diputada de ERC al saludar al presidente Rajoy antes de subir a la tribuna…
R.: Querían demostrar que venían con la mano tendida para el diálogo. Pero el martes por la mañana, escuchaba una radio de Barcelona que estaba diciendo que estos tres se iban a meter en la boca del lobo. En otra radio se decía que esa tarde se iba a demostrar el enfrentamiento entre dos legitimidades, la de España contra la de Cataluña. El conseller Homs estuvo durísimo y vino a decir que España estaba haciendo una política propia de la Edad Media, de duelos entre hidalgos, y que, en cambio, Cataluña estaba haciendo una política de diálogo y mano tendida que era propia del siglo XXI. Y es que las posiciones en Cataluña son muy duras con respecto a lo que ellos llaman España, que es el Gobierno de Madrid, el partido de la oposición, etc.

Las intervenciones de Rajoy y Rubalcaba, por su parte, las encontré excelentes, la verdad. Ante una petición imposible, los dos hablaron de una manera clara, muy sincera y muy pedagógica, que hacía mucha falta para que todo el mundo lo entienda. La Constitución no es un texto que esté en el vacío, sino que responde a posiciones lógicas y posiciones así, como la consulta, tienen que tratarse a nivel de toda España. El que se vaya una parte afecta al resto, a toda España, y esto es incluso extensible a Europa. No es cuestión de que sólo ustedes opinen, sino de que opinemos todos. Lo que se pudo ver y deducir también fue la intransigencia de la posición catalana: el no queremos apaños o terceras vías, queremos sólo una cosa… votar de forma legal o ilegal.

P.: En el último artículo que recoge en esta recopilación se llega a preguntar si Madrid se entera o no de lo que está pasando en Cataluña…
R.: Cuando escribí ese artículo era julio de 2013. Entonces, en Madrid no se enteraban. Yo venía aquí, hablaba con amigos y con gente del mundo político y no se enteraban. Interpretaron mal la manifestación del 11 de septiembre de 2012, que fue el inicio. Después, al ganar Mas las elecciones sin mayoría absoluta, interpretaron que CIU y ERC no se iban a entender y que esto se acabaría con un enfrentamiento entre ellos. Se equivocaban, porque perdían de vista que, en Cataluña, hay muchas personas que creen que esto de la independencia es lo mejor que le puede pasar a Cataluña. También, mucha gente mayor que es lo que llevan esperando toda su vida y que es una cuestión sentimental. Además, piensan que esto será fácil, inmediato y que será hecho con el aplauso de Europa y del mundo porque el mundo admira a este pueblo. Esta gente tiene esto metido y es muy difícil que se le modifique esto. Luego hay un espacio que está en posiciones contrarias y, después, un sector intermedio que espera que le cuenten mejor las cosas y le den razones. A estos, a los racionales que no acaban de decidir quién tiene razón, hay que explicarles la situación tal y como es.

P.: Sin embargo, en uno de los artículos incluidos en el libro sostiene que sería bueno poder plantear una consulta no vinculante para que, de una vez, los ciudadanos catalanes se posicionen. ¿No es esto, en el fondo, lo que pedía la delegación catalana al Congreso?
R.: Es una formulación distinta. No es el derecho a decidir. Es un referéndum consultivo que convoca el Gobierno de Madrid en virtud del artículo 92 de la Constitución para saber qué piensa el pueblo de Cataluña sobre este tema. Es una vía que se parece a la vía canadiense. Yo digo que esto es posible. ¿Que sea conveniente? Se puede ver. Pero se tendría que entender, por las dos partes, que esta puede ser una vía de salida. Naturalmente, antes de hacer esto tiene que haber un debate mucho más serio que el que ha habido hasta ahora. Y un debate hecho por personas con autoridad e independencia. Probablemente, con unos puntos de referencia que sean estudios profundos que puedan ser invocados como estudios de autoridad. Por ejemplo, que un gran jurista europeo analice qué pasaría con Cataluña fuera de la Unión Europea o con una Cataluña independiente en un escenario internacional. Igual diría de un premio Nobel americano que analizase el tema económico o historiadores que se pronuncien sobre la verdadera historia de España y Cataluña. Yo creo que el Gobierno debería impulsar todo esto o a través de una Comisión de las Cortes para darle un aire más neutral, más creíble.

P.: De verdad cree que se puede producir ese debate sereno, racional y sosegado que plantea en un tema tan pasional como este y con una sociedad civil que, como usted mismo describe en libro, vive de la subvención de la Generalitat en muchos casos…
R.: Yo creo que sí. La democracia hay que cuidarla. Si no se cuida y se deja que vayan saliendo ayudas a medios de comunicación sin control alguno, pues se produce esta situación. Pero si somos vigilantes de cómo funciona la democracia y de cómo se produce un debate en la opinión pública, naturalmente que esto se puede producir. En Cataluña se escuchan mucho las radios oficiales y hay medios privados que son notoriamente sesgados, pero también en Cataluña se venden periódicos del resto de España y se ven y se oyen radios y teles de España y del resto del mundo. También hay una reacción de una sociedad que necesitaba el poder. Los empresarios catalanes están muy pendientes de la Generalitat y son muy obedientes. De cierta manera porque la Generalitat da permisos y otorga subvenciones. Pero parte de este empresariado ahora ha hecho números y ha visto que una Cataluña fuera de la UE estaría muy desprotegida porque estaría fuera del mercado común, independientemente de que se pudiera producir un hipotético boicot. Los productos catalanes, por ejemplo, se encarecerían en el mercado común, empezando por España, que es su principal mercado. Todo esto, en un debate racional, claro que influiría a mucha gente.

P.: El título del libro, “Paciencia e independencia”, hace referencia a una consigna que usted mismo escuchó en una de las manifestaciones de la Transición: “Hoy paciencia, mañana independencia”. Es la misma hoja de ruta que expuso el diputado Turull a las Cortes al advertir que ha comenzado un camino sin retorno.
R.: Esto yo creo que no se aguanta por ningún lado. Cataluña tiene más autonomía que nunca en la historia. Pero si comparamos la autonomía de Cataluña y de otras comunidades con países federales de nuestro entorno, resulta que tienen un gran poder. Cuando se habla de un nacionalismo español galopante, naturalmente que habrá nacionalistas en España, pero como poder dominante nunca un nacionalismo fuerte permite que el Estado deje de tener tantos poderes y los disperse entre las comunidades autónomas.

P.: Asegura también que esta situación actual no es fruto ni de un Estatuto recortado ni de le negativa a un pacto fiscal. ¿Estaríamos pues en esta misma situación si no se hubieran producido ambos antecedentes?
R.: Habrían buscado otro tipo de excusas porque lo decisivo es que, en estos años, España estaba en un momento débil y sumamente criticable desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista institucional con todas las noticias sobre corrupción y el bastante mal comportamiento de las instituciones en cuanto a la separación de poderes. Todo esto, que exige una regeneración en España, ha sido aprovechado. Se han dicho frases en Cataluña, en privado, de que ahora o nunca. No se les presentará una España tan débil como ahora hasta dentro de 15 o 20 años. Por eso han cogido la sentencia del Tribunal Constitucional. El TC tiene la función de preservar la Constitución y, afortunadamente, se hizo esa sentencia y en eso hay que dar las gracias al PP y a Enrique Múgica, el entonces defensor del pueblo, por haber presentado en su día el recurso. Coger esta sentencia como el enfrentamiento entre dos legitimidades, la legitimidad del pueblo catalán y la legitimidad de 12 magistrados, es no saber qué es la democracia constitucional.


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