AGLI Recortes de Prensa   Sábado 19 Abril  2014

Manifiesto de los 2300
Barcelona 25 Enero 1981.

Los abajo firmantes, intelectuales y profesionales que viven y trabajan en Cataluña,
conscientes de nuestra responsabilidad social, queremos hacer saber a la opinión pública
las razones de nuestra profunda preocupación por la situación cultural y lingüística de
Cataluña. Llamamos a todos los ciudadanos demócratas para que suscriban, apoyen o
difundan este manifiesto, que no busca otro fin que restaurar un ambiente de libertad,
tolerancia y respeto entre todos los ciudadanos de Cataluña, contrarrestando la tendencia
actual hacia la intransigencia y el enfrentamiento entre comunidades, lo que puede
provocar, de no corregirse, un proceso irreversible en el que la democracia y la paz
social se vean gravemente amenazadas.

No nace nuestra preocupación de posiciones o prejuicios anticatalanes, sino del
profundo conocimiento de hechos que vienen sucediéndose desde hace unos años, en
que derechos tales como los referentes al uso público y oficial del castellano, a recibir la
enseñanza en la lengua materna o a no ser discriminado por razones de lengua (derechos
reconocidos por el espíritu y la letra de la Constitución y el Estatuto de Autonomía),
están siendo despreciados, no sólo por personas o grupos particulares, sino por los
mismos poderes públicos sin que el Gobierno central o los partidos políticos parezcan
dar importancia a este hecho gravísimamente antidemocrático, por provenir
precisamente de instituciones que no tienen otra razón de ser que la de salvaguardar los
derechos de los ciudadanos.

No hay, en efecto, ninguna razón democrática que justifique el manifiesto propósito de
convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña, tal como lo muestran, por
ejemplo, los siguientes hechos: presentación de comunicados y documentos de la
Generalidad exclusivamente en catalán; uso casi exclusivo del catalán en reuniones
oficiales, con desprecio público del uso del castellano, como ha ocurrido en el mismo
Parlamento Catalán, en el que un parlamentario abandona ostensiblemente airado la sala
en cuanto alguien hablaba en castellano; nuevas rotulaciones públicas exclusivamente
en catalán; declaraciones de organismos oficiales y de responsables de cargos públicos
que tienden a crear confusión y malestar entre la población castellanohablante, como las
recientes del Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña y otras emanadas de
responsables de las Consejerías de Cultura y Educación de la Generalidad; proyectos de
leyes, como el de «normalización del uso del catalán», tendentes a consagrar la
oficialidad exclusiva del catalán a corto o medio plazo, etc.

Partiendo de una lectura abusiva y parcial del artículo 3 del Estatuto, que habla del
catalán como «lengua propia de Cataluña» -afirmación de carácter general y no jurídico-
, se quiere invalidar el principio jurídico que el mismo articulado define a renglón
seguido al afirmar que el castellano es también lengua oficial de Cataluña. No podemos
aceptar su desaparición de la esfera oficial, sencillamente porque la mitad de la
población de Cataluña tiene como lengua propia el castellano y se sentiría injustamente
discriminada si las instituciones no reconocieran -de hecho- la oficialidad de su lengua.

El principio de cooficialidad, pensamos, es jurídicamente muy claro y no supone
ninguna lesión del derecho a la oficialidad del catalán, derecho que todos nosotros
defendemos hoy igual que hemos defendido en otro tiempo, y acaso con más voluntad
que muchos de los personajes públicos que ahora alardean de catalanistas.
No nos preocupa menos contemplar la situación cultural de Cataluña, abocada cada día
más al empobrecimiento, de continuarse aplicando la política actual tendente a proteger
casi exclusivamente las manifestaciones culturales hechas en catalán, como lo mostraría
una relación de las ayudas económicas otorgadas a instituciones oficiales o particulares,
grupos de teatro, revistas, organización de actos públicos, jornadas, conferencias, etc.

La cultura en castellano empieza a carecer de medios económicos e institucionales no
ya para desarrollarse, sino para sobrevivir. Esta marginación cultural se agrava si
pensamos que la mayoría de la población castellanohablante está concentrada en zonas
urbanísticamente degradadas, donde no existen las más mínimas condiciones sociales,
materiales e institucionales que posibiliten el desarrollo de su cultura.

Resulta en este sentido sorprendente la idea, de claras connotaciones racistas, que altos
cargos de la Generalidad repiten últimamente para justificar el intento de sustitución del
castellano por el catalán como lengua escolar de los hijos de los emigrantes. Se dice sin
reparo que esto no supone ningún atropello, porque los emigrantes «no tienen cultura» y
ganan mucho sus hijos pudiendo acceder a alguna. Sólo una malévola ignorancia puede
desconocer que todos los grupos emigrantes de Cataluña proceden de solares históricos
cuya tradición cultural en nada, ciertamente, tiene que envidiar a la tradición cultural
catalana, si más no, porque durante muchos siglos han caminado juntas construyendo un
patrimonio cultural e histórico común.

Que una desgraciada situación económica y social obligue a ciento de miles de familias
a dejar su tierra, es ya lo bastante grave como para que, además, quiera acentuarse su
despojo con la pérdida de su identidad cultural. Cuando esta situación se da, cumple a la
sociedad el remediar en los hijos la injusticia cometida con sus padres. Nadie, sea cual
sea su origen, nace culto, pero todos nacen con el inalienable derecho a heredar y
acrecentar la cultura que sus padres tuvieron o debieron tener. Nadie nace con una
lengua, pero todos tienen derecho a acceder a la cultura mediante ese vínculo afectivo
que une al niño con sus padres y que, además, comporta toda una visión del mundo: su
lengua. Que este principio pedagógico elemental tenga que ser hoy reivindicado en
Cataluña prueba nuevamente la gravedad de la situación.

Resulta, por tanto, insostenible la torpe maniobra de pretender que esa inmensa mayoría
de emigrantes, que comparte la lengua castellana, no forma una comunidad lingüística y
cultural, sino que sólo posee retazos de culturas diversas reducidas a folklore. Que digan
esto los mismos y razonables defensores de la unidad idiomática de Cataluña, Valencia
y Baleares -unidad si acaso, menor que la de las diversas hablas del castellanoresultaría
risible si la intención no fuera disgregar esa conciencia cultural común.

¿Habrá que recordar que pertenecemos a una comunidad lingüística y cultural de cientos
de millones de personas y que la lengua de Cervantes, en la actualidad, no es ya el viejo
romance castellano, sino el fruto de aportaciones de todos los pueblos hispánicos? ¿En
virtud de qué principio puede negarse a los hijos de los emigrantes de cualquier lugar de
España el acceso directo a esa lengua y a ese patrimonio cultural? ¿Acaso en nombre
del mismo despotismo que pretendió borrar de esta misma tierra una lengua y una
cultura milenarias? La historia prueba que esto fracasa.

No parece, por tanto, que la integración que se busca pretenda otra cosa que la
sustitución de una lengua por otra, sustitución que ha de realizarse «de grado o por
fuerza», como se empieza a decir, mediante la persuasión, la coacción o la imposición
según los casos, procurando, eso sí, que el proceso sea «voluntariamente aceptado» por
la mayoría. Se dice que la coexistencia de dos lenguas en un mismo territorio es
imposible y que, por tanto, una debe imponerse a la otra; principio éste no sólo contrario
a la experiencia cotidiana de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña -que aceptan de
forma espontánea la coexistencia de las dos lenguas-, sino que, de ser cierto, legitimaría
el genocidio cultural de cerca de tres millones de personas.

Se suele presentar en contra de las afirmaciones dichas hasta aquí, el hecho conocido de
que gran parte de los medios de comunicación (cine, televisión, prensa), siguen
expresándose en castellano, por lo que esta lengua no corre ningún peligro. No creemos
que pueda ser negativo el que existan medios de comunicación que se expresen en
castellano; si acaso, sería deseable que su castellano fuera mejor y que no informaran
tan poco y tan mal sobre la comunidad de lengua castellana y sus problemas. Lo único
negativo sería que no se crearan otros tantos medios, o más, de expresión en catalán.

Por otra parte, de esta falta de medios de comunicación en catalán no son responsables
los castellanohablantes. Póngase remedio a esta situación en sentido positivo,
construyendo y desarrollando la lengua y cultura catalanas, y no intentando empobrecer
y desprestigiar la lengua castellana. Se evidencia cierta falta de honestidad para afrontar
las verdaderas causas lingüísticas, culturales y políticas que puedan impedir el
desarrollo de la cultura catalana en este intento de culpabilizar a los castellanohablantes
de la situación por la que atraviesa la lengua catalana. Hay, por ejemplo, razones
comerciales evidentes a las que nunca se alude y cuya responsabilidad no recae
precisamente en los no catalanes.

No podemos pasar por alto en este análisis la situación de la enseñanza y los enseñantes.

El ambiente de malestar creado por los decretos de traspasos de funcionarios ha puesto
de manifiesto una problemática a la que ni el Gobierno central ni el Gobierno de la
Generalidad quieren dar una respuesta seria y responsable. No se quiere reconocer la
existencia de dos lenguas en igualdad de derechos y que, por tanto, la enseñanza ha de
organizarse respetando esta realidad social biling|e, mediante la aplicación estricta del
derecho inalienable a recibir la enseñanza en la propia lengua materna en todos los
niveles. El derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna castellana ya empieza
hoy a no ser respetado y a ser públicamente contestado, como si no fuera este derecho el
mismo que se ha esgrimido durante años para pedir, con toda justicia, una enseñanza en
catalán para los catalanoparlantes.

De llevarse adelante el proyecto de implantar progresivamente la enseñanza sólo en
catalán -no del catalán, que indudablemente sí defendemos-, los hijos de los emigrantes
se verán gravemente discriminados y en desigualdad de oportunidades con relación a los
catalanoparlantes. Esto supondrá, además, y como siempre se ha dicho, un «trauma»
cuya consecuencia más inmediata es la pérdida de la fluidez verbal y una menor
capacidad de abstracción y comprensión.

Se intenta defender la enseñanza exclusivamente en catalán con el argumento falaz de
que, en caso de que se respetara también la enseñanza en castellano, se fomentaría la
existencia de dos comunidades enfrentadas. Falaz es el argumento porque el proyecto de
una enseñanza sólo en catalán puede ser acusado -y con mayor razón- de provocar esos
enfrentamientos que se dice querer evitar. Se quiere ignorar, por otra parte, que
actualmente ya existe esa doble enseñanza en castellano y catalán, para demostrar lo
cual bastaría hacer una estadística de los colegios en los que se dan clases
exclusivamente en catalán y aquéllos en los que se sigue dando en castellano. Mayor
causa de enfrentamientos será, indudablemente, que se respeten los derechos
lingüísticos de unos y no los de otros.

Tampoco podrán achacarse a la coexistencia de las dos lenguas los posibles conflictos
nacidos de las diferencias sociales que coinciden en gran parte con las existentes entre
catalano y castellanohablantes. Desde esta perspectiva no cabe duda de que la lengua se
ha convertido en un excelente instrumento para desviar legítimas reivindicaciones
sociales que la burguesía catalana no quiere o no puede satisfacer, aunque la deuda que
la sociedad catalana tiene para con la emigración sea inmensa y en justicia merezca
mucho mejor trato. Sin embargo, en este momento de crisis el conocimiento del catalán
puede ser utilizado - y ya lo está siendo-, como arma discriminatoria y como forma de
orientar el paro hacia otras zonas de España. En efecto, el ambiente de presiones y de
malestar creado ha originado ya una fuga considerable no sólo de enseñantes e
intelectuales, sino también de trabajadores.

No es menos criticable el acoso propagandístico creado en torno a la necesidad de
hablar catalán si se quiere «ser catalán» o simplemente vivir en Cataluña. Se ha
pretendido con esta propaganda identificar a la clase obrera con la causa nacionalista, y
aunque se ha fracasado en este empeño, la mayoría de los trabajadores se están viendo
obligados a aceptar que las expectativas, no ya de promoción social, sino simplemente
de que sus hijos prosperen, no pueden pasar por serlo. Se llega así a la degradante
situación de avergonzarse de su origen o su lengua ante los propios hijos, a cambiarles
el nombre, etc. Esta humillante situación constituye una afrenta a la dignidad humana y
es hora ya de denunciarla públicamente.

Mientras no se reconozca políticamente la realidad social, cultural y lingüísticamente
plural de Cataluña y no se legisle pensando en respetar escrupulosamente esta
diversidad, difícilmente se podrá intentar la construcción de ninguna identidad
colectiva. Cataluña, como España, ha de reconocer su diversidad si quiere organizar
democráticamente la convivencia. Es preciso defender una concepción pluralista y
democrática, no totalitaria, de la sociedad catalana, sobre la base de la libertad y el
respeto mutuo y en la que se pueda ser catalán, vivir enraizado y amar a Cataluña,
hablando castellano. Sólo así podrá empezarse a pensar en una Cataluña nueva, una
Cataluña que no se vuelque egoísta e insolidariamente hacia sí misma, sino que una su
esfuerzo al del resto de los pueblos de España para construir un nuevo Estado
democrático que respete todas las diferencias. No queremos otra cosa, en definitiva,
para Cataluña y para España, que un proyecto social democrático, común y solidario.

Firmas: Amando de Miguel, Carlos Sahagún, Federico Jiménez Losantos, José Luis
Reinoso, Pedro Penalva, Esteban Pinilla de las Heras, José María Vizcay, Jesús
Vicente, Santiago Trancón, Alberto Cardín y 2.300 firmas más.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Requerimiento a los consistorios
La delegada del Gobierno planta 19 banderas españolas más en el mapa catalán
Llanos de Luna llega los tribunales para conseguir que en los ayuntamientos y consejos comarcales más separatistas ondee de nuevo la enseña nacional.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 19 Abril 2014

Dieciséis ayuntamientos y tres consejos comarcales catalanes han acreditado en los últimos días cumplir con la Ley 39/1981 de Banderas, que dicta que la enseña nacional debe ondear en determinados edificios públicos como los ayuntamientos, diputaciones, entidades locales y consejos comarcales, entre ellos. Retirar la bandera española se ha convertido en los últimos meses en un gesto habitual en los ayuntamientos más identificados con el proceso separatista catalán, no necesariamente en manos de ERC o de CiU. Es la marca visual de las administraciones municipales que colaboran con la Assemblea Nacional Catalana (ANC), están inscritas en la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y ceden locales y espacios públicos para cualquier actividad relacionada con la causa del independentismo, el proceso y la consulta.

Sin embargo, han decidido reponer la bandera de España tras recibir el requerimiento de la Delegación del Gobierno en Cataluña, o la notificación del recurso contencioso administrativo interpuesto por la delegada, Llanos de Luna, distinguida por el nacionalismo con feroces ataques verbales y descalificaciones políticas.

Se trata de los siguientes municipios y consejos:
En la provincia de Barcelona: Abrera (gobernado por el PSC), Els Hostalets de Pierola (PSC), Sentmenat (CiU), Vacarisses (Unió Independent per Vacarisses), Santa Coloma de Cervelló (Progrés) y Sant Sadurní d'Anoia (PSC, con acuerdo con ERC).
En la de Lérida: Agramunt (ERC), Cervera (CiU), Golmés (CiU), Ribera d'Urgellet (CiU), Consejo Comarcal del Segrià (CiU) y Consejo Comarcal de l'Urgell (CiU).
En la de Gerona: Bolvir (Endavant Cerdanya), Mont-ras (CiU), Palafrugell (PSC), Palamós (PSC), Puigcerdà (CiU), y el Consell Comarcal de la Cerdanya (CiU).
En la de Tarragona: Mora de Ebro (CiU).

En algunos de los casos, los ayuntamientos han querido demostrar que han sido "forzados" a reponer la bandera española y que lo hacen por imperativo legal. En Sant Sadurní, con la oposición de la alcaldesa socialista pero el voto a favor de CiU y ERC, se ha decidido no sólo izar la bandera nacional sino poner una placa en la puerta del consistorio en el que se anuncia que la medida de la siguiente manera: "En aquest Ajuntament s'hissa la bandera española per imperatiu legal". Hacía dieciséis años que se había retirado la bandera, tras una de esas campañas que lideraba el exalcalde convegente de Solsona (Lérida) Ramón Llumà cada 11 de septiembre. Aún se recuerda la excusa de Llumà, que dijo haber enviado la bandera española a la lavandería.

En Bolvir la protesta municpal consistió en retirar la bandera catalana y colgar sólo la española, consiguiendo una efímera publicidad. Otro requerimiento de la persistente Llanos de Luna devolvió la senyera al lado de la bandera nacional. El alcalde adujo que se le habia amenazado por haber colgado la estelada y que por eso izaba sólo la española.

Los ayuntamientos de otros municipios que lucen de nuevo la bandera española se han caracterizado por su radicalismo. En Santa Coloma de Cervelló, por ejemplo, gobierna un grupo independiente e independentista denominado "Progrés" que decidió hace unos meses conceder el nombre de una calle al inductor de los asesinatos del empresario textil José María Bultó (mayo del 77) y del exalcalde de Barcelona, Joaquín Viola, y su esposa, Montserrat Tarragona (en enero del 78), Jaume Martínez Vendrell, "instructor" del Exèrcit Popular Català, banda terrorista a la que se atribuyeron los brutales atentados. Este asunto también está recurrido por los servicios jurídicos de la Delegación del Gobierno.

En la actualidad, Llanos de Luna tiene denunciados a ochenta ayuntamientos catalanes por el incumplimiento de la ley de banderas y la previsión es que a medida que vayan recibiendo los requerimientos judiciales o la notificación de recurso repongan la bandera española y retiren las esteladas de las dependencias municipales.
 


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