AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 4 Junio  2014

República no es sinónimo de izquierda radical
Alejandra Ruiz-Hermosilla www.gaceta.es  4 Junio 2014

Ni los partidarios ni los detractores de modificar la forma del Estado español han sabido sacudirse el polvo de aquellos primeros años de la década de 1930.

El terror a la república es propio de otra generación de españoles y de otro tiempo. Como lo es la reivindicación entusiasta de aquella república en concreto, la segunda en España, la que terminó en guerra civil. Y eso a pesar de que esta liaison entre lo que fue y lo que piden que sea está protagonizada por demasiados jóvenes demasiado radicales. No ya el recuerdo, pero sí el relato está en exceso presente. A pesar de que han transcurrido más de ochenta años, la palabra república está en España del todo vinculada a la experiencia de la Segunda República. Así se explica la imposibilidad de crear en el imaginario colectivo el concepto de república al estilo alemán o estadounidense. Ni los partidarios ni los detractores de modificar la forma del Estado español han sabido sacudirse el polvo de aquellos primeros años de la década de 1930. Ninguno es capaz de imaginar una república en España que no estuviera promovida, alentada, sostenida, protagonizada y desarrollada por la izquierda radical. Unos la temen y otros la añoran, paralizados ante la evolución que España y la política han experimentado sin que ellos se enteraran.

Como la izquierda radical en nuestro país es sólo una minoría que hace mucho ruido y la mayoría de los españoles grita “¡que viene el coco!” cuando cree que se acerca el fin de la monarquía, lo que se nos viene tras la abdicación de Don Juan Carlos, la máxima novedad, es el rey puesto: el Príncipe de Asturias, el heredero, proclamado Rey con el nombre de Felipe VI. Y el problema de este nuevo tiempo esperanzador e ilusionante que pretendió vendernos Juan Carlos I en su mensaje televisado para no explicar las razones por las que renunciaba es que ni es esperanzador ni es ilusionante. La ventaja es que, casi con seguridad, resultará ser mejor de lo que se espera. Sobre todo por la cantidad de tonterías que se han escrito sobre Felipe de Borbón y Grecia -la de que es un chico de su tiempo supera a todas-, por lo poco que se espera de Doña Letizia -sólo un puñado cree que acabará con la Corona y otro pellizco que será la salvadora de la institución monárquica- y porque la continuidad, la estabilidad y la tradición (conservar lo que, grosso modo, funciona) no son malas consejeras en tiempos convulsos como los que vive España entre el azote de la crisis económica, la amenaza a la unidad nacional y la desafección, cuando no indignación, hacia los políticos, la Familia Real y las instituciones del Estado en su conjunto.

Ni rey muerto ni rey puesto
EDITORIAL Libertad Digital  4 Junio 2014

Es difícil creer que Don Juan Carlos hubiese tomado la decisión de abdicar ya en enero y que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición estuvieran al tanto desde marzo, sobre todo si se tiene en cuenta la falta de respuestas claras por parte del Ejecutivo y la sensación de improvisación que está transmitiendo todo el proceso. Ni siquiera se sabe con seguridad cuándo va a producirse la proclamación de Felipe VI: la fecha del 18 de junio no ha sido confirmada por la Casa Real ni por el Gobierno, que se limita a señalar que el asunto "no está cerrado". Se cree que se hará coincidir el acontecimiento con la publicación en el BOE de la ley orgánica que consignará la abdicación de Don Juan Carlos.

Tampoco se sabe nada de una cuestión capital: el tratamiento y el estatus de Don Juan Carlos una vez haya dejado de ser el Jefe del Estado. Lo más que ha dicho el ministro de Justicia respecto de la "inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad" de que pudiera seguir gozando es que será regulada "en su momento por un real decreto".

Tratándose de una abdicación, quizá sea excesivo aspirar al automatismo que encierra el conocido refrán "A rey muerto, rey puesto", pero no por ello deja de ser lamentable y evitable la imagen de precipitación que se está transmitiendo; lo único seguro y claro parece ser el orden de sucesión al trono, que, para colmo, contradice el deseo de las élites políticas y mediáticas de acabar con la tradicional prelación del varón sobre la mujer.

Una abdicación nunca debe dar la impresión de ser una huida hacia adelante, y la única defensa que podría tener la precipitación e improvisación que esta renuncia está transmitiendo residiría en el pésimo momento elegido: los dos grandes partidos que han servido de base a la Monarquía acaban de cosechar su mayor fracaso electoral en unos comicios en los que han descollado fuerzas abiertamente contrarias a aquélla. Para colmo, los promotores del mayor y más grave desafío institucional contra la Nación, el proceso separatista catalán, se dicen decididos a seguir rumbo al despeñadero.

A ello hay que sumar que en el mismo PSOE hay sectores favorables a la celebración de un referéndum en torno a la continuidad de la Monarquía y contrarios a mantener el consenso constitucional al que hace unos días se refería el fugitivo Alfredo Pérez Rubalcaba.

El nuevo monarca habrá de contribuir a la regeneración del sistema y a la salvaguarda de la unidad de la Nación si no quiere pasar a la historia por ser el último.

Ante la gravedad de la hora
Xavier Pericay www.cronicaglobal.com 4 Junio 2014

Como acostumbra a suceder en las grandes ocasiones, uno recuerda dónde estaba cuando recibió la noticia. Yo estaba frente a la pantalla del ordenador. Había terminado mi apunte del día, lo tenía ya colgado en mi página web y algo debía de estar buscando en la red porque, de pronto, me crucé con el titular de El Confidencial. Se trataba de un anticipo, dado que el presidente Rajoy todavía no había comparecido ante los medios en La Moncloa, pero todo indicaba que la cosa iba en serio. Pasada la sorpresa inicial —por supuesto, la hipótesis de la abdicación llevaba mucho tiempo instalada en la opinión pública, pero no como algo inminente y menos tras la recuperación del Rey—, en lo primero en que pensé fue en la vigencia de lo que acababa de escribir. Es natural; en periodismo las opiniones duran lo que dura su razón de ser y, ante noticias como la de este lunes, pocas habrá que logren mantener el tipo. Aun así, enseguida me apercibí de que lo mío, por suerte, era también un anticipo. O, mejor dicho, podía leerse como tal. Sobra añadir que lo anticipado no era la abdicación del Rey. Pero sí, hasta cierto punto, lo que a mi juicio conviene hacer en adelante si no queremos echar por la borda lo que el reinado de Juan Carlos I ha representado para este país.

Así las cosas, no queda otro remedio que afrontar la situación presente desde la sociedad civil. Es decir, desde un amplio movimiento ciudadano que haga oír su voz y ponga todo su esfuerzo en defender España y su Constitución

Yo hablaba de unidad, de unidad ante la evidencia de que los partidarios de acabar con la España constitucional —ya rompiendo España, ya rompiendo la Constitución, ya rompiendo lo uno y lo otro— no se paraban en barras a la hora de dejar atrás sus diferencias y arremeter contra el enemigo común. Por descontado, semejante empresa unitaria debería empezar por los dos grandes partidos nacionales. ¿Pero qué puede esperarse de unas formaciones lastradas por sus múltiples y reiteradas incapacidades? El PSOE es en estos momentos una suerte de alma en pena, sin cuerpo en el que encarnarse. Y el Partido Popular, un conglomerado reticente, miedoso y acomplejado. De ahí que fijara mi atención en las otras dos únicas formaciones de ámbito nacional susceptibles de defender esa España constitucional —el caso de Vox hay que ponerlo de momento en cuarentena, hasta comprobar si tiene o no recorrido—, esto es, en UPyD y Ciudadanos. La suma de sus votos en las europeas convertían una hipotética unión de ambos partidos en una más que probable tercera fuerza, sólo superada por PP y PSOE. Con el inconveniente, eso sí, de que esa unión, mil veces reclamada en distintas tribunas y ampliamente anhelada por la militancia y los votantes de ambas formaciones, sigue bloqueada por el rechazo de quienes capitanean una de las dos naves, la que lleva precisamente en su mascarón, y en posición señera, el tan preciado vocablo.

Así las cosas, no queda otro remedio que afrontar la situación presente desde la sociedad civil. Es decir, desde un amplio movimiento ciudadano que haga oír su voz y ponga todo su esfuerzo en defender España y su Constitución. No se trata de sustituir a los partidos. Se trata de hacerles ver la gravedad de la hora y la necesidad de unirse en un solo y perentorio proyecto. Lo que no debería confundirse tampoco con una suerte de encastillamiento. La Constitución puede ser reformada, claro está. Pero no porque lo soliciten socialistas en crisis, carlistas redivivos, federalistas de ocasión o terceras vías nacionalistas en busca de un destino. En los tiempos que corren, con una consulta secesionista a la vuelta de la esquina y una izquierda deseosa de liquidar el sistema y empezar a cortar cabezas —aunque sea en sueños— como en los grandes días revolucionarios del 36, lo primero que hay que preservar es la ley o, si lo prefieren, nuestra ley de leyes. Y preservar significa obedecer, respetar. De lo contrario, el país se vuelve ingobernable y acaba siendo pasto de la anarquía.

España, esta España, sigue valiendo la pena. Y si algo hay que agradecerle al Rey saliente es haberla hecho posible. Sólo faltaría que fueran ahora los propios españoles quienes, unos por acción y otros por omisión, la echaran de nuevo a perder.

Sucesión
El adanismo español ante la abdicación
Cristina Losada Libertad Digital 4 Junio 2014

La abdicación de un rey y la sucesión son, en una democracia, asuntos propios de la normalidad por revestidos que estén de carácter histórico. Sólo han de poner en marcha el automatismo previsto. En España, tanto el deterioro de salud como la pérdida de popularidad del rey Juan Carlos, fuese por el escándalo de corrupción de su yerno, por la cacería de Dumbos o por la global desconfianza en las instituciones, aconsejaban la abdicación hace tiempo. Cualquier momento era bueno y, sin embargo, ninguno lo es. Como anecdótica prueba de ello, por ahí campan las especulaciones del tipo "abdica para que no se hable de…" que son la comidilla del patio de vecindad.

El Rey abdica después de haber intentado, con mucho voluntarismo y poco éxito, hacerse perdonar los errores de los últimos años con un despliegue de actividad que acaso ha mostrado más la necesidad de una retirada. Hay que congratularse de que no escuchara a quienes pretendían que siguiera hasta el final y muriera con la corona puesta.

Cierto que los problemas económicos y políticos no iban a empeorar porque siguiera de rey Juan Carlos, ni van a mejorar porque sea rey su hijo, pero dentro de lo posible está, pequemos de optimistas, que el recambio ayude a transformar la limitada visión que se ha tenido de la monarquía de la Transición acá. Porque se la ha visto como una institución que recibía su única legitimidad del papel político que, por circunstancias excepcionales, tuvo el Rey en aquella época. O de su rol, más que discutible, de embajador de los intereses comerciales de España.

De aquella limitada visión de la monarquía se lamentaba Julián Marías cuando escribió en 1978:

Soy un viejo republicano que no ha renunciado al uso de la razón –de la razón histórica quiero decir–, y por eso me he decidido a pensar a fondo, qué puede ser una Monarquía adecuada al último cuarto del siglo XX y a un país de las condiciones de España. En vista de que los monárquicos no parecían muy dispuestos a hacerlo, me encargué de ese esfuerzo de pensamiento (…)

Huelga decir que ese esfuerzo de pensamiento apenas encontraría seguidores en el escenario político. En la derecha, porque no suele meterse en política. En la izquierda, porque prefirió mantener vivo el mito de la II República. El resultado de esa dejación es que no se sabe para qué tenemos una monarquía parlamentaria ni cuáles son las ventajas comparativas de esa forma de gobierno.

Ahí tenemos a la izquierda folclórica empuñando la tricolor y pidiendo referéndums, cuando no una buena guillotina, para deshacer ese "legado del franquismo" que es la monarquía. Supongo, entonces, que la democracia, que provino de una ley aprobada por las Cortes franquistas, también querrán someterla a plebiscito. ¿O no, queridos niños? Late ahí el adanismo de los más o menos jóvenes "indignados", pero no sólo de ellos. Buena parte de las élites políticas de estas décadas se entregaron a la tentación de hacer tábula rasa e inventar lo inventado. De hacer una y otra vez la Transición, ¡a ver si de esta sale como a mí me gusta! De aquellos polvos, estas bullangas republicanas tan anacrónicas.

Abdicación del Rey
Se va en el peor momento y sin dar explicaciones
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 4 Junio 2014

Yo pedí públicamente la abdicación del Rey en 2005, cuando respaldó los pactos de Zapatero con la ETA y el Estatuto de Cataluña, base del golpe de Estado dirigido por la Generalidad de Cataluña, que, en abierta rebeldía contra la legalidad constitucional, está creando su propio Estado con dinero de todos los españoles. En aquellas declaraciones a El Mundo, que fueron en parte la razón de mi bendita salida de la COPE, yo pedía que el Príncipe asumiera la Corona porque, además de ser joven, no había sido salpicado por ningún escándalo. ¡Y faltaban años para lo de Botswana!

Debería estar, pues, contento por la súbita decisión del Rey, pero sólo lo estoy a medias, porque el Rey se ha ido en el peor momento y sin dar explicaciones. Y eso no es de recibo.

Los contrarios a la abdicación han esgrimido en los últimos años, sobre todo tras el regio trompazo africano, tres razones para que Juan Carlos no dejara la Corona: que siempre dijo que moriría en la cama (la Reina lo ha repetido mucho, incluso en TVE), que Letizia era un flanco demasiado débil del Heredero y que, cuando lo de Cataluña estalle y desemboque en una declaración unilateral de independencia el Rey haría su último servicio plantando cara al Golpe de Estado, esta vez de verdad, y respaldando con la fuerza de la ley al Gobierno y al régimen constitucional.

Había otra razón para abdicar, que era su salud, pero hace tiempo que no se veía físicamente mejor al Rey que en su breve discurso de despedida. Y si por agotamiento o hastío quería irse, lo natural era hacerlo al cumplir los 75 años, no los 76 que ha esgrimido hoy como argumento. Si no se ha ido tras dos años de quirófano en quirófano, ahora que está mejor no es lógico que se vaya. Otra cosa es que, convencido de que hasta los reyes mueren, haya decidido pasar sus últimos años con Corinna. Eso explicaría el sorprendente viaje de la Reina a Nueva York, cuando, después de tantos años, podía concluir su tarea "profesional" más dignamente. No es que sea culpa de la Reina el indecoroso comportamiento del Rey, pero, por unos días, podía haber fingido el duelo. Por lo visto, ya no están para fingir nada.

Dentro del ámbito familiar, es posible que sea inminente la imputación de su hija Cristina por los presuntos delitos perpetrados junto a Urdangarín en el caso Aizoon-Noos. O que finalmente se haya amilanado el juez y no la impute, con lo que todo señalaría al Rey como garante de su impunidad. Pero también en ese caso, lo mejor para el Príncipe era que el Rey afrontara el desgaste correspondiente y no lo endosara a su heredero, que con la Corona debe hacerse cargo de las deudas morales de su padre.

No son pocas. El Rey simboliza, sobre todo tras el caso Urdangarín, un régimen de corrupción, desacreditado hasta extremos insospechados, pero que las recientes elecciones europeas han ayudado a vislumbrar. Con la algarabía republicanoide –una verdadera república nacional no puede ser la reivindicación de la sectaria y sangrienta II República- en la Puerta del Sol, con la declaración de independencia de Cataluña al caer, con la crisis del sistema bipartidista que blindaba la continuidad dinástica y con el desprestigio total de la Corona encarnada por el Rey, lo decente, lo patriótico, lo paternal y responsable era acometer esas batallas sordas de reconstrucción moral y política del Estado y de la maltrecha nación española. El legado de Juan Carlos, en ese sentido, es sencillamente catastrófico. Quitarse de en medio sin dar ninguna explicación es lo peor que le podía hacer al Príncipe. Y se lo ha hecho.

El futuro rey contará siempre con nuestro apoyo –crítico, porque España merece ser una democracia y porque somos liberales, no serviles- en la lucha contra la corrupción institucional y en defensa de la Libertad y la Nación. Pero no porque sea Rey sino porque lo va a ser de España en uno de los momentos más difíciles de su historia. Para hacer lo que no ha hecho su padre, nos tendrá siempre a su lado. Para hacer lo mismo, no.

Izquierda
El fetichismo monarquizante de la horda republicana
Pablo Molina Libertad Digital  4 Junio 2014

El anuncio de la abdicación del Rey en la persona de su hijo y heredero desató ayer la lógica oleada de concentraciones a favor de la República. En concreto de la Segunda, cuya bandera tremolaba sobre las cabezas de los participantes junto con la de la URSS, enseña habitual en las concentraciones republicanas de la izquierda española, para que nadie se llame a engaño sobre el verdadero sentido de estas manifas. Entre gritos contra los Borbones y el capitalismo, los asistentes exigieron con urgencia la llegada de la III República con la bandera de la Segunda, fracasada por el sectarismo de unos, la oposición de otros y la desafección de todos hasta desembocar en la Guerra Civil. Como referente histórico-político, el ejemplo no está nada mal.

Al despiste de unos pocos y la demagogia de otros muchos hay que sumar la ingenuidad generalizada de considerar al régimen republicano una especie de misterio sacramental laico, capaz de otorgar una gracia especial de estado a sus dirigentes que garantice la pureza de su desempeño posterior. No debería ser necesario traer a colación el caso de Francia, patria del republicanismo moderno, cuyos presidentes desde De Gaulle han acabado involucrados sin excepción en feos asuntos de corrupción y sugestivos temas de faldas, con Mitterrand y Hollande como epítomes de hasta dónde pueden llegar en estas aficiones un presidente republicano cuando, además, es progresista.

En todo caso, las concentraciones antimonárquicas de este lunes tuvieron un éxito perfectamente descriptible, a tenor del número de asistentes. El 99% de los votantes de IU y Pablemos mostró su abierta desafección a la causa republicana porque, más allá de quién ocupe la jefatura del Estado y del proceso para su designación, lo que quieren mayormente es trincar el sueldo público que les ha prometido el chico ese que sale a tanto en la tele debatiendo con su novia en las cadenas de mucho progreso. A ellos hay que sumar los defensores del Jordán democrático de las urnas como requisito para ungir al elegido del pueblo y los que tachan de ilegítimo un sistema político vigente porque no tienen la menor posibilidad de cambiarlo por cauces legales. Un panorama grotesco de minorías radicales, entreveradas por la habitual cuadrilla separatista intentando aprovechar la ocasión para ver qué hay de lo suyo, que contribuye a esbozar un ambiente propicio para que los agnósticos en materia de formas del Estado nos convirtamos en acérrimos defensores de la Monarquía. Pero de la Absoluta.

La abdicación
Felipe VI y la reforma de la Constitución
Emilio Campmany Libertad Digital  4 Junio 2014

Decir que el inicio del reinado de Felipe VI inaugura una nueva era podría no ser otra cosa que una exageración más en el cúmulo de lugares comunes que vamos a oír estos días. Sin embargo, la profunda crisis institucional que padece España, agravada por la crisis económica, hace concebir la esperanza de que, en efecto, el reinado de Felipe VI sea el de la superación del descrédito que sufren muchas de nuestras instituciones, empezando por la propia Monarquía. Los mayores desafíos son dos: devolver a la política el prestigio que la corrupción y la partitocracia le han arrebatado y que Cataluña y País Vasco sigan siendo España. Las voces sensatas creen que ambos han de afrontarse con una reforma de la Constitución, pero no dicen en qué sentido. Creen que han de ser los mayoritarios PP y PSOE quienes lo acuerden.

Sin embargo, el tiempo apremia. No porque Mas siga avanzando o por el temor a que en la próxima legislatura PSOE y PP sumen bastante menos diputados que hoy. Urge hacer pronto la reforma porque, con la composición actual del Congreso, no tiene que convocarse un referéndum si los dos grandes partidos no lo quieren. La Constitución dice que éste sólo se hará si lo piden 35 diputados y hoy por hoy, sin CiU, es muy difícil sumar ese número. En la próxima legislatura en cambio es previsible que será mucho más fácil reunir esos 35 si, como se espera, PP y PSOE se dan un batacazo.

¿Y qué motivos podrían tener PP y PSOE para no querer un referéndum? Podrían tenerlos muy poderosos si la reforma que nos proponen es una que, con tal de que los independentistas soporten seguir siendo españoles, se atribuya a Cataluña y quizá también al País Vasco determinados privilegios en perjuicio del resto de los españoles. Una reforma constitucional que por ejemplo concediera a Cataluña competencias económicas similares a las que ya disfruta el País Vasco o que considerase de uno u otro modo y según y para qué soberanos a los habitantes de ambos territorios podría y debería merecer el no del resto de los españoles y ser rechazada en referéndum. Para prestigiar el engendro, PSOE y PP podrían tentar a Felipe VI ofreciéndole el dudoso privilegio de figurar como mediador en el hipotético acuerdo con CiU halagándole los oídos diciéndole que sería visto como el salvador de la unidad de España.

No sé si este esperpento u otro similar se está fraguando ya. Lo que ha de saber el nuevo rey es que romper la igualdad de todos los españoles o repartir su soberanía no es diferente a cargarse la unidad de España, que es algo que está obligado a defender. Es más, si PP y PSOE pactan algo de ese estilo con CiU y logran sustraer la reforma a nuestra consideración impidiendo un referéndum, nuestra única esperanza de que el crimen no se perpetre será nuestro nuevo y joven rey.

Un reinado poco ejemplar
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com  4 Junio 2014

El anuncio de la abdicación del rey ha pillado por sorpresa a propios y extraños. No por el hecho sino por el inesperado momento. Existía un plan para el relevo, un acuerdo por el que Juan Carlos cedería el trono en un plazo suficiente y ordenado, intentando recuperar parte de su imagen pública. Pero algún súbito elemento contribuyó a elevar la presión hasta el límite, precipitando los acontecimientos. Se ha especulado con el hundimiento electoral de los partidos dinásticos. Con la imparable caída de la popularidad de la Corona, lastrada por los manejos para impedir a toda costa la imputación de Cristina, aun retorciendo hasta el límite el Estado de Derecho. O con los inexplicados viajes al Golfo, en medio de incesantes rumores sobre enjuagues y comisiones.

El cerco en torno a Juan Carlos se estrechaba con revelaciones periodísticas que desmentían su "heroico" pasado, apuntaban a un mayor conocimiento de los negocios de Urdangarin o sugerían un nombre árabe como supuesto testaferro. Incluso un diputado llegó a presentar una pregunta en el Congreso solicitando aclaración sobre supuestas comisiones por intermediación en negocios del Golfo. Unos hechos que pudieron desesperar definitivamente a los últimos partidarios de retrasar el relevo. El creciente bombardeo no sólo afectaba al prestigio del rey: la propia monarquía estaba en juego.

La renuncia ponía fin a un reinado con más sombras que luces, falto de transparencia, controles y responsabilidades. Los medios contribuyeron a crear un tabú alrededor de la figura de Juan Carlos, ofreciendo una visión falsa e idealizada, repleta de embustes y ocultaciones. El rey pudo actuar durante décadas a su antojo, exento de los controles propios de una monarquía parlamentaria. La ausencia de frenos permitió comportamientos dudosos, difícilmente digeribles por la opinión pública, espoleados por una inviolabilidad no limitada a sus actuaciones institucionales sino extensible de manera abusiva a todos los asuntos privados. Y los gobiernos difundieron una peligrosa falacia, una mentira para protegerse: debido a esa inmunidad, las actuaciones del rey no podían ser investigadas. Esta fue la excusa para mantener la opacidad.

Inviolable pero investigable
La inviolabilidad impide que el rey sea procesado pero no implica que su responsabilidad penal quede en suspenso o impune: recae sobre las autoridades que refrendan sus actos por acción u omisión. De hecho, todos los actos del monarca quedarían cubiertos por el denominado refrendo presunto. El Gobierno asumiría la responsabilidad general de la actividad de la Corona y sólo podría eludirla presentando su dimisión ante disconformidad con la conducta del rey. Es decir, que si el monarca cometiera alguna irregularidad, la responsabilidad sería atribuible al Gobierno si éste tuviera conocimiento de ella. No existía, por tanto, impedimento u obstáculo, aparte de la falta de voluntad, para investigar las actividades reales pues éstas podrían derivar en responsabilidad de personas procesables.

La "preparación", esa excelsa cualidad del aspirante al trono, nunca se exigió a los políticos que ocupan importantes cargos
Juan Carlos cede el trono dejando a su hijo un panorama desolador. Una monarquía con credibilidad bajo mínimos, un régimen carcomido hasta los cimientos que amenaza con derrumbarse y un país desintegrado, desmoralizado, dominado por el caciquismo, el clientelismo y la corrupción. Pero sirve de poco cambiar la persona sin transformar las instituciones. Quienes argumentan que el príncipe está muy “preparao” imitan a aquellos aduladores que dirigían exagerados elogios a Juan Carlos. Olvidan que la monarquía no puede basarse en las cualidades o la buena voluntad de su titular sino en estrictas reglas, adecuadas leyes, eficaces mecanismos de control y garantía de trasparencia. Y en unos lazos emocionales que, una vez rotos, se recomponen con muchísima dificultad. Quien pretenda restaurar el prestigio de la Corona tiene por delante una tarea hercúlea que no admite atajos. Requiere profunda reforma y estricta ejemplaridad. La "preparación", esa excelsa cualidad del aspirante al trono, nunca se exigió a los políticos que ocupan importantes cargos. La España del absurdo ataca de nuevo.

Otro "error Berenguer"
Felipe no es sólo heredero al trono. También, si las informaciones son ciertas, futuro beneficiario de esa fortuna valorada en 2.000 millones de dólares que la prensa internacional atribuye a su padre. Si desea recuperar la credibilidad de la monarquía, debe aferrarse a la transparencia aclarando todos los detalles. El público está demasiado cabreado para aceptar una suerte de amnistía o ley de punto final, un entierro del pasado como si nada hubiera ocurrido. Otro "error Berenguer" ochenta años después. Sin levantar las alfombras, muchos podrían ver la abdicación como un "coge el dinero y corre" para burla y escarnio de los sufridos ciudadanos.

El debate sobre monarquía o república ya está en la calle. La legitimidad de la monarquía hereditaria no puede emanar de la historia, la inercia o la costumbre sino del consentimiento mayoritario de los ciudadanos, que deberá expresarse oportunamente en un referéndum. Sin embargo, la verdadera urgencia, el objetivo fundamental no es la naturaleza del jefe de Estado sino las reformas que conduzcan a un sistema político con efectiva separación de poderes, representación directa, rendición de cuentas e instituciones neutrales y objetivas. Esas reformas que los partidos dinásticos se negaron a acometer y que implicarían la inauguración de un nuevo régimen. Hay que mantener la cabeza fría, ignorar los señuelos y atender a las prioridades. Los caballos delante del carro. Sea monarquía o república, lo prioritario es que el sistema cumpla los requisitos exigidos. Poco ganaríamos cambiando una monarquía bananera por una... república platanera.

Una República para España
Maria Jamardo. Minuto Digital 4 Junio 2014

Manifiesto desde ahora que no tengo predilección en la praxis por ninguno de los dos sistemas de organización del Estado que desde el anuncio de abdicación del Rey, se han puesto sobre la mesa como polos enfrentados de una misma realidad social. Indiscutiblemente, considero que sea cual sea el sistema elegido para dar forma al Estado y precisamente en España, debería ser legitimado democráticamente y debatido con carácter de urgencia y madurez por los españoles.

jamardoEs cierto e innegable que, desde hace algún tiempo, se han acentuado las voces que claman por una República para España. En tal caso espero, por el bien de todos, que los republicanos convencidos y todos aquellos que sin ser estrictamente republicanos pensamos que la monarquía es un anacronismo y que difícilmente puede cohabitar como sistema en una sociedad que se pretende igualitaria en derechos y deberes para todos, tengamos a bien consensuar un modelo lo más alejado posible del precedente inmediato en el horizonte temporal, la 2ª República.

Como española he defendido en algunas otras ocasiones que me cuesta integrar intelectualmente una realidad dual donde frente a una sociedad que se pretende libre, igualitaria y democrática, el Jefe del Estado lo es de forma hereditaria y por consanguineidad y en la que existe en la Corona una prevalencia del varón sobre la mujer o del primogénito sobre el resto de descendientes. Pero de ahí, a simpatizar con todos aquellos extremistas que atacan de forma irracional y furibunda a la Monarquía en la calle e insultan y vilipendian con mayor o menor acritud al Rey, quemando imágenes, promoviendo algaradas o faltando al respeto a los símbolos identitarios de mi país… hay un abismo. Conmigo, que no cuenten.

Que no olviden todos ellos que en esa 2ª República que tanto ansían, y que desconocen profundamente, por mandato legislativo era imposible enaltecer a la monarquía o hacer apología de la misma, so pena de cárcel. Les pregunto, ¿es esa la libertad de expresión que proponen restaurar?.

Opino que no habrá un contexto más óptimo para abrir un debate intenso, sereno y con visión de futuro acerca de qué queremos ser. Deberíamos definir cuáles son las premisas sobre las que construir lo que estamos por vivir como país y rectificar los errores cometidos. Pero no de una forma oportunista ni exaltada, sino como parte de una necesidad vital que nos lleve a plantearnos un proyecto verdaderamente común, que fortalezca nuestro sentimiento patriótico, el concepto de Estado y debilite de una vez por todas el absurdo de los nacionalismos (vía supresión de las autonomías). A mí, no se me ocurre una ocasión mejor.

No se trata pues solamente de promover un movimiento enfrentado de monárquicos contra republicanos. ¿De verdad que somos tan poco ambiciosos y originales?.

Se trata de plantear una reforma constitucional desde la raíz. Recuperar la presencia de la sociedad civil y defender todos a una aquello que dentro de los cauces democráticos, queramos articular como piedra angular de nuestra identidad nacional.

Si se nos plantea la posibilidad de elegir y decidir en Referéndum, ¿estamos preparados?¿somos de verdad la sociedad que creemos?, o… ¿tenemos miedo a ser verdaderamente libres?.

Siempre he pensado que soñar en grande hace las cosas mucho más probables que si las limitamos de partida. Hablemos con nosotros mismos. De tú a tú. Y sea cual sea el resultado de la mayoría, República o Monarquía trabajemos en equipo para respetarlo, hacerlo respetar y defenderlo a ultranza, aún incluso cuando no haya sido lo que personal e individualmente hubiéramos preferido.

Para mí, lo esencial del debate no es qué modelo “gane”. Sino que el que lo haga, nos defina como sociedad, nos permita vivir en paz con nosotros mismos para avanzar y sobre todo, legitime sin ningún género de duda al Jefe del Estado para que pueda desarrollar su labor con todo el respaldo y confianza que una tarea de tal magnitud reclama de los ciudadanos.

 ¿Monarquía o república? Tercera España
Editorial UPyD  4 Junio 2014

En Suazilandia, un país devastado por el sida, el rey elige a sus mujeres (en la actualidad 14) tras hacerlas bailar semidesnudas. Hace unos años se compró un lujoso jet privado que costó el 25% del presupuesto del país. No es una buena monarquía. En Venezuela tienen un presidente al que su antecesor se le aparece en forma de pajarito. Esto es preocupante, pero lo peor es que tiene la costumbre de encarcelar a los líderes de la oposición y reprimir -en ocasiones hasta la muerte- a los jóvenes que se manifiestan en su contra. No parece una buena república.

Es poco probable que si hoy alguien fundara un nuevo Estado (con la intención de que fuera una democracia, claro) estableciera la monarquía como forma de gobierno (sólo el delirante nacionalismo catalán es capaz de jugar con la idea). Pero, lo cierto es que el mundo ha heredado de la historia un gran número de familias reales que, en los regímenes constitucionales, cumplen un papel simbólico como cabeza del Estado. Y así, frente a Suazilandia, tenemos Suecia, Noruega, Reino Unido o Canadá. De mismo modo, frente a Venezuela, existen Francia, Estados Unidos, Alemania o Finlandia.

Exigir que se elija entre monarquía o república es tramposo: ¿qué tipo de monarquía, qué tipo de república? Plantearlo en términos de monarquía o democracia es sencillamente infame, y que se haga desde una izquierda que sigue teniendo como modelos a Cuba o Venezuela, que es condescendiente con Corea del Norte y que todavía se incomoda cuando le recuerdan a Stalin debería simplemente descalificar a quien lo sostiene. La presencia de guillotinas y otro atrezzo revolucionario en las concentraciones en contra de la Corona deberían provocar escalofríos en quien conozca mínimamente la historia.

Si mañana tuviéramos una república, España seguiría con seis millones de parados, la misma pobreza, la misma corrupción y el mismo modelo de Estado ineficaz. En realidad, a la Corona no le ocurre nada distinto de lo que le pasa al resto de las instituciones españolas. Carece de transparencia y de un marco legal adecuado. Además, el bipartidismo, creyendo que le hacía un favor, ha perjudicado seriamente la imagen de la familia real al protegerlos con descaro ante ciertos escándalos, en especial ante el caso Nóos. Unión Progreso y Democracia ha exigido reformar la Corona para adaptarla a los mismos criterios democráticos que cualquier otro ámbito del Estado. Si PP y PSOE lo hubieran entendido así y no lo hubieran tomado como un intento de devaluar a la jefatura del Estado, quizás hoy la situación sería otra.

¿Quiere esto decir que no se puede cambiar la forma de gobierno? Por supuesto que sí. Pero, digan lo que digan los exaltados, sólo es posible de dos formas: o saltándose la ley o a través de una reforma de la Constitución. Y -como nos recuerda hoy Rosa Díez- si se quiere cambiar la Constitución es imprescindible que se aborden todos los defectos que ha demostrado tener. Por citar sólo uno: prescindir de la provincia como circunscripción para tener una ley electoral justa. Es chocante que la misma izquierda que exige la abolición de la monarquía por un procedimiento ilegal sea la que renuncia a cambiar la ley electoral allí donde puede porque gobierna: Andalucía. No se puede ser más hipócrita.

UPyD no ha querido nunca tomar una posición a favor o en contra de la monarquía porque es un asunto menor que levanta las pasiones y absorbe las energías que el país necesita para las reformas de calado. La igualdad, la libertad y el bienestar de los españoles no dependen de que tengamos un rey o un presidente, sino de que funcionen adecuadamente todas las instituciones, incluida la jefatura del Estado. Es una irresponsabilidad -y señala hacia intereses ocultos- poner la república como el principal objetivo político, por delante, por ejemplo, de la reforma en profundidad del mercado laboral. Esto, en el fondo, lo sabe cualquiera. Lo que ocurre es que a los que viven de la división y del frentismo, este debate les parece un filón.

Ayer anunció el rey Juan Carlos I que abdica la corona en su hijo Felipe. Juan Carlos de Borbón ha sido un personaje clave en la historia de España. Sus principales aciertos fueron tan decisivos que siempre pesarán más que sus errores en la balanza que valore su trabajo. Su marcha se produce en un periodo de incertidumbre como no se había conocido desde los primeros años de su reinado. A un lado, el fracaso de quienes, queriendo apropiarse en exclusiva de los éxitos de la democracia se han negado la reformar lo que no funcionaba; al otro, los que, aprovechando la confusión, no sólo quieren cambiar lo que no funciona, sino también destruir buena parte de lo positivo. En medio, UPyD representa lo que siempre ha representado: la tercera España.

(Vía  latribunadelpaisvasco.com)

 
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¿Y de lo mío qué?

Vicente A. C. M. Periodista Digital  4 Junio 2014

Eso es lo que estará preguntándose D. Juan Carlos cuando haya visto la escuetísima Ley Orgánica de Abdicación presentada en Proyecto de Ley para su aprobación en el Congreso de los Diputados. Un único artículo y una única disposición adicional sobre la entrada en vigor de la Ley. Para que luego digan que no ha habido improvisación. ¿De verdad hacía falta una Ley donde se diga que D. Juan Carlos abdica?Y si hacía falta ¿por qué se ha tardado 39 años en abordarla y no se ha incluido en una más genérica de la Lay de Sucesión ya existente y aún sin revisar? No no hay improvisación, en absoluto. Todo estaba previsto y estamos en un clima de normalidad democrática.

Vamos a ver. Resulta que ahora la famosa "inviolabilidad" del Rey recogida en la Constitución, va a quedarse en una especie de limbo hasta que una nueva Ley recoja el estatus final en que queda la figura del Rey tras abdicar. Es decir, D. Juan Carlos teóricamente claro, queda expuesto a cualquier demanda contra él en la que se le acusara, por ejemplo, de comisionista y de haberse enriquecido por su "gestión" en el desempeño de sus funciones institucionales. De hecho hay numerosos libros y artículos donde se analiza el asombroso patrimonio del Rey y se insinúan sus amistades peligrosas. Al parecer el Gobierno ha decidido que sea el nuevo Rey, D. Felipe VI, el que decida sobre el estatus de su padre, las asignaciones de fondos, etc.

Otra cosa es plantearse si esa "inviolabilidad" en actuaciones delictivas se contemplaría en la figura de un Presidente de la República. Sinceramente creo que no. Así que el sistema Monárquico tiene unos privilegios indiscutiblemente anti democráticos, al igual que el vergonzoso estatus de aforamiento de la mayoría de cargos políticos y de gobierno de este país, algo completamente impensable en otras democracias de la UE. Será por eso que la casta política se aferra a su privilegiado estatus y se niega a debatir siquiera el posible cambio de sistema de gobierno. La insolencia llega al punto en que Mariano Rajoy desafía a quien no esté de acuerdo a presentar una moción en el Congreso. Una moción que necesita obligatoriamente el aval de al menos 500.000 firmas de ciudadanos y que posteriormente debe pasar el filtro de la Cámara. Un lugar donde los diputados lo son por haber sido incluidos en listas cerradas y donde los partidos políticos imponen la disciplina del voto. Todo muy democrático ¿verdad?

Se alude a que no se puede estar modificando la Constitución por el simple hecho de que una o varias generaciones de ciudadanos no la hubieran votado. Aún estando de acuerdo en lo sustancial, lamentablemente se parte de un supuesto absolutamente falso y es que la Constitución se aprobó en un ambiente de total libertad y con conocimiento del extenso contenido, como si aquello fuera una democracia firmemente consolidada. La realidad fue que por un lado estaba un ejército procedente de la dictadura vigilante del proceso y por el otro el acoso criminal de las diversas organizaciones terroristas como ETA, el GRAPO, TERRA LLIURE entre otros. Un escenario de inestabilidad y de miedo a la involución. En el año 1978, los que votaron fueron los nacidos hasta 1960, es decir los que tienen ahora más de 55 años, unos 13,4 millones a finales del 2013, de una población con derecho a voto de unos 36 millones. ¿Y no es legítimo modificar la Constitución?

No hay democracia real en España y los dos principales partidos políticos PSOE y PP son los principales responsables. No hará falta obtener las 500.000 firmas, bastará con esperar a las elecciones autonómicas y municipales y dar el golpe final en las elecciones generales. A eso no le podrán negar legitimidad y que no sea democrático. Como bien dice el refranero popular, "arriericos somos y en el camino nos encontraremos".


Explicar lo inexplicable
J. de Mendizábal www.vozpopuli.com  4 Junio 2014

El PP oficial resume el caos actual en "no hemos sabido explicar bien lo que estamos haciendo; es un problema de comunicación y pedagogía".

Por resumir: NO es verdad. Entre otras cosas, porque es imposible. Y la mayoría de los cargos nacionales electos, lo saben, pero no pueden decirlo porque -entonces- no irán en las listas en 2015. Tan sencillo como eso. No se puede explicar lo inexplicable.

En este modesto blog llevamos diciendo desde hace dos años, dos o más, que el PP estaba incumpliendo su programa electoral de 2011 desde el minuto 1. Una especie de "jugaremos al ataque, que nadie lo dude" y salir con 10 defensas. Venimos a ganar y tal. Traducción: portero y un autobús delante y a ver si en un córner suena la flauta.

Bien, no ha sonado la flauta, más bien todo lo contrario. El discurso, además, no es cierto. Han cuadruplicado la deuda del Estado, la Seguridad Social está en quiebra, el gasto público no se ha reducido un ápice y, tampoco, han cumplido los ratios de déficit, ni las CCAA cumplen un puñetero requisito de los que, teóricamente se les 'imponen'. Ni uno.

¡Hemos ganado las elecciones europeas! Ah, ¿sí? La izquierda bolivariana, independentista, anticonstitucional, republicana, comunista es la que ha ganado las elecciones. Sumen IU, Podemos, ERC, Bildu, Compromís... y, ahí lo tienen, 15 o 16 escaños. Igual que el PP. Eso, sin llegar a añadir a esa izquierda los 14 del PSOE de Rubalcaba y Valenciano que son gente educada en El Pilar o el Liceo Francés, y que esperemos les valga con sus pósters del Che en casa, y no vayan a más. Esperemos que se queden en Hendrix tocando Hey Joe! y quemando la guitarra en el escenario... su guitarra y no la nuestra. Esperemos que piensen en sus pisos de Chamberí, Pozuelo o similar. Pero, mientras, veremos si no juegan al #podemos y ya sea el acabose.

Para qué contar lo de CiU o PNV. En realidad, deberían estar aterrorizados estos últimos, pero siguen en su fiesta particular nacional independentista -si no, ¿qué vendemos?- hasta que tengan que pedir socorro al Estado español para no ser arrasados por la turba. Temita este... ante la absoluta disolución del PP en Cataluña y País Vasco. En breve, marginal. Del PSE/PSC, mejor ni hablar.

El Estado Español, España en definitiva, se ha ido a tomar por culo, perdón por la expresión. Y la culpa no sólo la tiene Arriola, un empleado en definitiva. La tiene el empleador. El que paga a Arriola. Y tiene cara y ojos. Y un nombre. Es el presidente del Gobierno Español. Un incapaz.

¿Les parece insultante 'incapaz'? Ajá. Nos parecía inaudito que Zapatero, un saltimbanqui, un vendedor de elixir curatodo en su carreta ambulante, pudiera haber llegado a ser presidente de España. Sólo un dato anecdótico: ¿Qué padre o madre de nuestro país hubiera permitido aparecer ante el presidente de los Estados Unidos de América con sus hijas disfrazadas de Halloween? ¿Alguno de Uds. hubiera permitido semejante alucine? Vamos, ni Cándido, ni Toxo, que se ponen corbata para ir a Zarzuela. "Es que ellas hacen lo que quieren". Correcto, es Ud. imbécil.

Pero aquello pasó, y venían los tecnócratas del Estado a arreglar el desaguisado... del Estado. Abogados del Estado, Técnicos Comerciales del Estado comandados por el Registrador... ¡ya está! Vamos a arreglar España y, aunque la población no se entere, lo estamos haciendo.

Parches en un tremendo agujero
No es verdad. No están reformando nada. Están, en el mejor de los casos, poniendo parches en el inmenso agujero creado por los anteriores gobiernos socialistas y por los primos hermanos de Valencia, Murcia... sin olvidar el Ayuntamiento de Madrid: siete mil millones, más o menos de socavón.

Y de la corrupción ¿qué? Es socialista. No es verdad. Es general. Es socialista, sin duda. Pero ¿y Valencia? ¿Gürtel? ¿Bárcenas, sé fuerte? ¿Millet, Oriol Pujol...? Vamos, hombre, por Dios.

Independencia de la Justicia. Este sí que es un buen chiste. Pacto pp-psoe-ciu-pnv. ¡Hay que acabar con la lentitud de la Justicia, porque ¡no es justicia! Ja. Jajajajajaja.

Bolinaga&co. Para qué hablar de esto, total. 620 días tomando potes. Olé. Permisos para todos de finde, no vayan a poner bombas otra vez.

Impuestos. Impuestos y más impuestos a empresas y trabajadores. Y, después... más impuestos en forma de cotizaciones sociales, ivas, ibis, basuras, multas o lo que se tercie. Patrimonio, Sucesiones... Joder con la derecha.

"Las empresas han ganado mucho dinero y, con ello, invierten en el exterior". Sólo por esa declaración al Ministro de Industria, Energía, Comercio, Turismo habría que cesarle de inmediato.

Educación. La Lomce es un parche. Y muy malo, por cierto. Por no hablar de la Educación Universitaria. Eso ya, ni parche.

Cataluña/País Vasco. Bien, gracias. Avanzamos hacia la independencia sin problemas.

En fin, el asunto no es el cómo (comunicación) sino el qué (contenido). Nada que no sepa el mínimo informado. En definitiva, no se puede explicar lo inexplicable. Se trata de hace otras cosas. Por ejemplo, lo que prometieron.

Lo demás, es inexplicable.

El camino hacia la ignominia de los partidos de izquierda en Cataluña
MARITA RODRÍGUEZ  latribunadelpaisvasco.com  4 Junio 2014

Desde que estrenamos democracia, los partidos de izquierda siempre se han mostrado más proclives a la defensa de la identidad que a garantizar la igualdad de los ciudadanos en materia de deberes y derechos, que es lo que tradicionalmente se suponía que hacían mejor que los partidos conservadores, a los que se relacionaba más con la defensa de privilegios de casta. De todas formas, a lo largo de todas estas décadas, su política se ha ido desdibujando hasta el punto de que si analizamos sus discursos, sin que nos informen previamente de quien los pronuncia, nos cuesta distinguirlos del de los partidos nacionalista-etnicistas.

Partamos, por ejemplo, de la Conferencia nacional del PSC el 12 de octubre de 1994. Como de costumbre, no se abordó el tema lingüístico en profundidad, pero algunos de sus dirigentes se mostraron preocupados por una posible fuga de votos hacia el PP si seguían mostrando tibieza sobre este tema y se atrevieron a apelar a la “necesidad de desterrar cualquier posibilidad de división social por razones de origen o de lengua”.

Josep Mª Sala se mostró convencido de que debían ofrecer un “mensaje de tranquilidad frente a los planteamientos de CiU –defensora del monolingüismo a toda costa–, que acabarán por dividir a la sociedad catalana”. “Cataluña es un país bilingüe y hemos de defender el bilingüismo en todas partes”.

El primer secretario, Raimon Obiols, señaló como problema urgente la recuperación del consenso social sobre la normalización lingüística. Exigió a CiU y a su gobierno “que respetaran los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos de Cataluña y el de los padres de cada alumno a elegir, en los primeros pasos de la enseñanza, la lengua que desean para su hijo”. Recordó que “la defensa de la igualdad de derechos sociales, culturales y lingüísticos es uno de los elementos que justifican la trayectoria de este partido como fuerza progresista y popular”.

Sólo cuatro años más tarde, colaboraron activamente con la inconstitucional Ley de política lingüística de 1998 que permitía que la imposición del catalán invadiera hasta la esfera de las relaciones privadas como pueden ser las comerciales -las famosas multas por no rotular en catalán-. El día que se aprobaba la polémica ley, en vísperas de las navidades de 1997, la AT hizo pública su protesta en las proximidades del Parlament, representando, por medio de una parodia, el “entierro de la libertad lingüística”. A la salida, después de haber dado su voto afirmativo, el propio Obiols nos hizo un ostentoso corte de mangas.

Era todo un preludio. Gobernaron en coalición con IC y con ERC, y tiraron adelante un estatuto, que nadie pedía, que recogía todos los puntos de la mencionada ley del 98, incorporando un articulado en todos los ámbitos que dejaba sin efecto la Constitución española y que acabó en el Tribunal Constitucional (TC). Lideraron una manifestación en contra de la sentencia de dicho tribunal y propiciaron un clima de insurrección por todos conocido.

En el tema lingüístico, los “defensores de la igualdad y de la cohesión social” se han superado a sí mismos con unos argumentos para defender la inmersión que producen sonrojo en cualquier persona con unos conocimientos mínimos de lógica.

Como ejemplo, tomemos una fecha reciente. Sesión parlamentaria del 25 de abril de 2014 de debate de una moción, presentada por C’s (junto con las enmiendas a la misma del PPC), solicitando –al amparo de la STC de 2010 y de los recientes Autos del TSJC– la restitución del castellano como lengua vehicular en la enseñanza y la garantía de cumplimiento estricto e inmediato de todas aquellas medidas cautelares dictadas por los tribunales, aunque sean impugnadas.

PSC (Rocío Martínez-Sampere Rodrigo)
“El catalán es vehículo de nuestra cultura. Y nosotros eso queremos que sea para todos, porque es nuestro concepto de nuestra cohesión social, que se basa en una cohesión civil y en una cohesión cultural. Y esto es el catalán y eso es la inmersión lingüística y eso es lo que apoya la mayoría de este Parlamento y la mayoría de la sociedad catalana.”

EUiA (Joan Mena Arca)
“La educación y el sistema de inmersión lingüística de Cataluña no es patrimonio de ningún tribunal, no es patrimonio de ningún juzgado, es patrimonio de todos los catalanes y de todas las catalanas y, por tanto, debemos decidir entre todos y entre todas, y esto es lo que intentamos hacer.”

... “la gente en Cataluña habla el mismo castellano que en el resto del Estado, y son las pruebas diagnósticas que hace el Ministerio de Educación, que hace Madrid, que hace el Ministerio de Educación; las competencias básicas de cuarto de la ESO, que nos dicen que son similares al castellano que se habla en Cataluña y el castellano que se habla en el resto del Estado, y las pruebas de acceso a las PAU , lo que antes eran las pruebas de selectividad , que nos dicen que hay más o menos la misma nota en lengua castellana, lengua y literatura castellanas, para los estudiantes de Cataluña y para los estudiantes del resto del Estado. Por tanto, no hay ningún problema lingüístico en Cataluña.”

Que la mayoría del Parlament –gracias a estos partidos que han olvidado el significado de la igualdad y de la democracia– apoya la inmersión, es una obviedad. Que la mayoría de la sociedad catalana la avale, está por ver. Les reto a que lo averigüen. No hace falta que convoquen una consulta ilegal. Basta que informen a todos de sus derechos y ofrezcan la casilla con la opción lingüística (catalán, castellano, o bilingüe) en las preinscripciones de matriculación.

Si estos señores reconocieran que la ley está por encima de sus intereses, se les podría decir que la doctrina constitucional está en contra del modelo de inmersión. En cambio, el modelo de conjunción lingüística sí que tiene el aval constitucional, como también lo tiene el de la doble red. En el de conjunción, los padres no pueden escoger una de las lenguas oficiales en exclusiva como vehicular; en el de doble red, sí. Lo que está claro es que si la Administración ofrece la enseñanza exclusivamente en la lengua cooficial, automáticamente, ha de proporcionar también la posibilidad de enseñanza exclusivamente en castellano.

Desde luego que el castellano que se habla en Cataluña es similar al que se habla en el resto del “Estado”. Otra cosa es que el nivel de competencia lingüística sea parecido; eso es poco probable, pero datos objetivos no tenemos puesto que, hasta ahora, no ha habido ninguna prueba común. En cuanto a los resultados de las PAU, habría mucho que matizar. El nivel de exigencia de catalán es muy superior al de castellano, así como el de éste es superior al de inglés. Por tanto, las calificaciones no son comparables. Si obviamos este detalle, cuando los alumnos sacan mejores notas en inglés que en español y en catalán –como ha ocurrido en mi instituto (Arnau Cadell de Sant Cugat) muchos años, por ejemplo– tendríamos que concluir que el idioma que dominan mejor es el inglés.

El caso es confundir al personal. A estas alturas, la inmersión ya no se puede justificar ni como medida de “fomento para normalizar el catalán”. Cualquier trato preferente, aunque sea en forma de porcentajes, otorgado a una de las lenguas cooficiales comporta un trato discriminatorio para una parte de la población y establece dos categorías de ciudadanía.


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