AGLI Recortes de Prensa   Jueves 12 Junio  2014

Los españoles votaron la monarquía.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 12 Junio 2014

Eso dijo ayer en su discurso Mariano Rajoy. Aún siendo cierto, se le olvidó mencionar un pequeño detalle, todo iba en el mismo paquete de la Constitución. Los que decidieron cual sería el modelo de Estado fueron los llamados "padres de la Constitución" que se limitaron a consolidar lo que el dictador Franco dispuso para la sucesión en la Jefatura del Estado del régimen. No estaban los tiempos para plantear alternativas republicanas teniendo en cuenta que la infraestructura política y militar del régimen estaba intacta y la lealtad jurada a la figura de D. Juan Carlos I como Rey de España y Jefe del Estado heredero de Franco. De hecho, su coronación fue ilegal porque su padre D. Juan de Borbón seguía ostentando los derechos dinásticos. El hecho de que esa Constitución fuese votada y aprobada por una amplia mayoría, no le quita la mancha de la ilegitimidad ante el "trágala" impuesto por el régimen para acceder a entregar el poder.

Así que Mariano Rajoy intenta basar toda la legalidad en un hecho que desde el punto de vista democrático es inaceptable. Negar el derecho de los españoles, hoy en día alejados de esa coacción, para decidir libremente el modelo de Estado y algunas otras cuestiones esenciales, es simplemente despreciar la democracia. Porque la pregunta es ¿qué otra alternativa tuvimos los que la votamos en el año 1978? Ninguna, era eso o la continuidad de la dictadura con un nuevo Jefe del Estado que estaba encantado de serlo. Aún resuenan en mi cabeza canciones como aquella de "Libertad, Libertad, sin ira libertad" mientras ETA seguía asesinando a militares y civiles de modo indiscriminado. Unos años convulsos entre noviembre de 1975 con la muerte del dictador y el intento de involución cortesana de febrero de 1981 con el esperpéntico golpe de Estado.

Ayer en el Congreso asistimos a otro esperpento , a otro absurdo burlesco de la aprobación de una Ley Orgánica para constatar el derecho de un Rey a abdicar. Como ya escribí en otro artículo hace unos días, a leyes absurdas, reacciones absurdas. Lo más absurdo fue sin duda el desbarajuste ideológico de un PSOE en caída libre que lleva camino de quedarse como una fuerza política de cuarto nivel siendo ampliamente superada por otras opciones de izquierda como IU o la llamada izquierda plural y esa cosa radical nacida en la Universidad que se llama PODEMOS y que veremos que nombre adopta en las elecciones autonómicas y generales. Fue realmente patético el momento en que el dimisionario Alfredo Pérez Rubalcaba mencionó el sentimiento republicano que debía ser supeditado al cumplimiento de los pactos institucionales apoyando a la monarquía. Eso deja la puerta abierta a que debamos ser otros los que reclamemos el referéndum como única forma democrática de conocer la voluntad del pueblo español en un tema tan esencial como es el modelo de Estado.

El Congreso se ha transformado en un circo que seguirá con su espectáculo según el plan previsto para terminar con la proclamación de D. Felipe como Rey de España y nuevo Jefe del Estado. La única duda es si al acto se hará con la sobriedad y austeridad prevista en un principio o se le dará mayor boato y pompa con desfiles, paradas miliares, paseo en carroza hasta el Palacio Real, misa de Coronación y toda la parafernalia monárquica acorde con el momento histórico de la sucesión al trono de España. Parece ser que dada la urgencia con que todo este asunto se ha desarrollado, vaya usted a saber por qué, no existe tiempo material para planificar otra cosa, quedándose en una auténtica chapuza típica del más conocido tópico de los españoles de la improvisación.

Por mi parte, sigo reclamando democracia y el referéndum sobre la reforma del modelo de Estado. Tiempo habrá de que se acometan otras reformas en la Constitución, que lo único que ha demostrado es haber envejecido muy mal y no haber alcanzado los objetivos que se habían propuesto esos "padres del invento". España se descompone, ETA ha llegado al poder en El País Vasco y Navarra y el secesionismo catalán de CiU, ERC y otros radicales, si nadie lo impide, van a conseguir su plan independentista y la ruptura de España. Es urgente tomar medidas y es responsabilidad de este gobierno y de los partidos que le sustentan PSOE y PP asumir su papel de defensa de la unidad de España.

Ayer PSOE y PP con su "unidad de voto" solo contribuyeron a la desvirtualización de la democracia, solo un diputado socialista, Odon Elorza, tuvo la dignidad suficiente para expresar en libertad lo que comparten muchos de los españoles que representa. Lo que perdió ayer fue la soberanía del pueblo español, atada a esa uniformidad del voto impuesta desde las directivas de los partidos políticos llamados constitucionalistas. Ayer volvieron a votar los españoles a través de sus representantes, pero estos volvieron a estar coaccionados por quienes pretenden que todo siga igual.

El referéndum y la República
Manuel Muela www.vozpopuli.com 12 Junio 2014

En el plazo de dos semanas la caldera política española ha entrado en ebullición, sin que parezca que las calenturas desatadas vayan a remitir a corto plazo. Las causas vienen de atrás, pero la renuncia del Rey ha quitado el tapón de la botella y sembrado el caos en el seno del régimen político, mientras en los extramuros se excitan los deseos de cambio. Ante el descrédito de los símbolos partidarios, las banderas republicanas aparecen por las calles y plazas de España como alternativas simbólicas de un porvenir distinto. Junto a ellas, la petición de un referéndum para que se opine sobre la continuidad de la monarquía y, en su caso, se abra un período constituyente en nuestro país. Todo ello es consecuencia del agudo proceso de descomposición del entramado institucional y del sentimiento de orfandad que se ha instalado en gran parte del establishment, que viene optando por ignorar la realidad y por desdeñar el alcance de lo que ocurrió el 25 de mayo pasado. Es una mala cosa persistir en los errores, pensando que los meses venideros serán propicios al statu quo y que las corrientes profundas que circulan por la sociedad española se terminarán disolviendo. En mi opinión, sería más realista intentar aprehender los mensajes de un pueblo muy castigado, para encauzar los deseos de cambio y que éste no se convierta en patrimonio de unos pocos que, desde la izquierda, aspiran a ser los únicos interlocutores del mismo.

Los problemas trascienden lo jurídico y lo legal
De poco vale volver sobre las causas de que España se encuentre inmersa en una crisis nacional de la envergadura de la actual, porque son de sobra conocidas y los historiadores harán uso de ellas cuando analicen las últimas décadas españolas. Lo urgente ahora es tomar conciencia de los problemas y proponer soluciones para atajarlos o, como mínimo, para atenuarlos, sabiendo que los milagros no existen y que los viejos mitos no valen para enfrentar el futuro. De ahí que me llame la atención la falta de iniciativas provenientes de la derecha democrática y del centroizquierda, más allá de proclamar las bondades del orden constituido y dar la apariencia de que no pasa nada. El colmo de esa actitud ha sido la declaración del Fiscal General del Estado al afirmar que lo que no está en la Constitución no existe. Realmente, creo que esa afirmación ha sido producto de la deformación profesional, transformando la vieja expresión judicial de que lo que no está en los autos no está en la realidad. En todo caso, una simplificación inapropiada por parte de una persona a la que consideraba por sus intervenciones sensatas en programas inolvidables de cine, ya desaparecidos. De todas formas, un mal día lo tiene cualquiera.

Si las cosas que suceden o que puedan suceder no traspasaran el ámbito de lo jurídico, podríamos estar tranquilos. Puede que eso sea lo que piensan los titulares del Poder y de quienes lo sostienen, pero no estamos ante un problema jurídico o de simple legalidad; en lo que estamos es en el desmoronamiento de un modelo político y económico que no ha sabido o no ha querido transformar a España en un país libre, solidario y civilizado, a pesar de haber contado con recursos ingentes y con el apoyo inestimable del pueblo español. Y ese pueblo español, de forma pacífica, ha ido advirtiendo de los errores y lo acaba de reiterar en las pasadas elecciones europeas. En ese contexto ha surgido la petición del referéndum sobre la Monarquía. No creo en los referéndum o plebiscitos, pero comprendo que en las circunstancias presentes algunos consideren el referéndum el instrumento adecuado para cumplir la legalidad y avalar los cambios sobre los que opinar y trabajar en los meses próximos. Al fin y al cabo, es lo que hizo el Rey Juan Carlos I con su referéndum sobre la Reforma Política de diciembre de 1976. Nada nuevo bajo el sol.

Todos deben caber en la República integradora y nacional
Lo que me parece que hay que dilucidar es si la petición de referéndum y el debate de la República van a quedar sólo en manos de quienes han tomado la iniciativa en la izquierda aglutinada en torno al Partido Comunista o, por el contrario, tales iniciativas se pueden enriquecer con las aportaciones provenientes del resto del espectro político español, para construir la alternativa nacional, democrática e integradora al sistema de la monarquía. Creo que el debate debería ir por ahí, y no convertirlo en una exhibición de sectarismos y nostalgias que sólo pueden conducir a la esterilidad, si no a cosas peores. Todo el mundo, monárquicos o republicanos, tiene que hacer valer sus opiniones y propuestas. En el caso de la República la más consecuente sería convertirla en el objetivo de expresión constitucional de los viejos valores de libertad, igualdad y fraternidad, compartidos por los que desde la derecha a la izquierda pretendan que España cierre su agitada evolución política y se sume al conjunto de las grandes repúblicas del continente: Francia, Italia, Alemania o Austria, por citar ejemplos significativos.

Los latiguillos frecuentes entre demócratas y organizaciones políticas diciendo que son republicanos pero…, deberían dejar paso a concreciones sobre qué clase de República está en sus mentes o en sus doctrinas, porque el nuevo tiempo pide claridad en beneficio de todos. Por mi parte, pienso que la República no debería ser la consecuencia fatídica del hundimiento de la monarquía, como lo fue en ocasiones anteriores; tampoco sería la mera sustitución de la persona del jefe del Estado. Habrá de ser mucho más, un proyecto civilizador inspirado en las mejores tradiciones humanistas, liberales y democráticas de nuestro país. No sé en qué modelo pensarán otros. Tampoco sé cómo los monárquicos se plantean sacar a la monarquía del pozo en que ella misma se ha metido. Por eso, sería muy saludable y esclarecedor saberlo. En cualquier caso, lo que sí sé es que el camino abierto el 25 de mayo obliga a adoptar iniciativas para que los logros de libertad y solidaridad, claramente amenazados ahora, no sean tirados a la basura por el inmovilismo de unos y el sectarismo trasnochado de otros.

¿Monarquía republicana o república coronada?
JORGE DE ESTEBAN El Mundo  12 Junio 2014

A lo largo de nuestra era constitucional, especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy, se destacan dos cuestiones constantes que no acabamos de resolver y que parecen irremediablemente unidas. En efecto, la dicotomía monarquía versus república y la de centralismo versus regionalismo explican sobremanera el sentido de nuestro constante movimiento pendular constitucional, así como la orientación de nuestra vida política en definitiva. En principio, la Constitución de 1978 esbozó sendas propuestas de solución para los dos problemas y creo que podían haber constituido una fórmula si no definitiva, al menos válida para muchos años.

Sin embargo, no tenemos más remedio que confesar que en los momentos actuales tanto la Monarquía, como el Estado de las autonomías, se hallan por diversas causas en una situación extremamente delicada. Una vez más la estabilidad constitucional y política corre el peligro de naufragar porque unos no aceptan la Monarquía, reivindicando lisa y llanamente la república, ni tampoco otros el Estado de las autonomías, blandiendo bien una nueva forma de Estado, bien exigiendo la independencia de territorios que secularmente han configurado la nación española. Sea lo que sea, en esta hora histórica la crisis de ambas cuestiones han cristalizado, por un lado, en la abdicación del Rey Juan Carlos I y, por otro, en el ya institucionalizado separatismo catalán, el cual considera este año como el año triunfal del viaje a su particular Itaca, con los nacionalistas vascos dispuestos a imitar ese ejemplo. La sombra de una grave crisis nacional, como en otros momentos de nuestra Historia, se proyecta sobre nuestra realidad más inmediata. Así las cosas, semejante panorama se convertirá en desolador si no sabemos reaccionar a tiempo, después del tiempo perdido por los últimos gobiernos. Pues bien, en lo que respecta a este artículo me voy a centrar exclusivamente en el primer problema, dejando para otra ocasión el segundo del que ya me he ocupado en numerosas ocasiones.

La Monarquía en España ha sido, por razones históricas, una de las piezas básicas del eterno rompecabezas constitucional. Ahora bien, el concepto de monarquía ha pasado por tres etapas claramente diferenciadas: primero, como forma de Estado, es decir, como una monarquía absoluta en la que todas las instituciones irradiaban del centro soberano, que era el rey. En segundo lugar, surgió la monarquía constitucional que limitaba en cierta medida los poderes absolutos del rey por medio de una norma fundamental. Y, en tercer lugar, se impuso la forma de la monarquía parlamentaria en la que la soberanía radica en la nación, representada por las Cortes, mientras que el rey no es más que un símbolo de la unidad de España con funciones representativas, de arbitraje y moderación.

En esta tercera versión, la monarquía ya no es ni una forma de Estado ni una forma de Gobierno, es simplemente la forma que adopta la Jefatura del Estado. De este modo, con la Constitución de 1978, en la que el centro neurálgico de la política reside en las Cortes y en el Gobierno que emana de ellas, entramos en una fase que se podría definir, ciñéndonos exclusivamente al Jefe del Estado, tanto como monarquía republicana que como república coronada. En todo lo demás, en todo lo que se refiere a las demás instituciones del Estado, no existe ninguna diferencia con respecto a una república parlamentaria. Es más: si nos atenemos a la protección de los derechos fundamentales, o al nivel del desarrollo económico alcanzado, es claro que las monarquías europeas están por encima de la mayoría de las repúblicas existentes hoy en el mundo. Por tanto, mantener la polémica entre la monarquía, propia de las derechas, y la república, propia de las izquierdas, es absolutamente estéril y corresponde a otras épocas. Porque si antes las monarquías daban lugar a un régimen de concentración del poder o supremacía del rey, en la actualidad el rey no tiene poderes, sino únicamente funciones que están tasadas y que necesitan refrendo. Por supuesto, se puede defender la república aunque sólo fuese por razones estéticas y si hubiera que partir de cero yo también elegiría la república. Pero estamos en España y en el año 2014, lo que implica que tenemos una Jefatura del Estado de tipo monárquico en un régimen que permite la democracia más avanzada. Por consiguiente, no se trata de cambiar de Constitución, sino simplemente de reformar la que hay.

Dicho de otra manera, la simple diferencia entre nuestra actual Monarquía y una eventual república, se limitaría exclusivamente a la forma de nombrar al Jefe del Estado. En efecto, el Jefe del Estado en una monarquía parlamentaria lo señala la historia, puesto que se trata de una persona que pertenece a una dinastía que ha venido reinando en un país determinado. Por el contrario, en una república parlamentaria el Jefe del Estado no lo elige directamente el pueblo, como ocurre en una república presidencialista como es la americana, sino que el presidente es elegido normalmente por las Cámaras que forman el Parlamento o por una asamblea de delegados que se disuelve una vez elegido el Jefe del Estado.

Ésta es la diferencia sustancial entre una monarquía parlamentaria y una república parlamentaria, pues en lo que respecta a todas las demás instituciones no es que puedan ser idénticas en ambos casos, es que realmente lo son. De ahí que exista mucha más diferencia entre una monarquía absoluta, como la que existe hoy en Arabia Saudí, y la monarquía parlamentaria española, que entre una Monarquía parlamentaria y una república parlamentaria que prácticamente, como he dicho, pueden ser hermanas gemelas.

Ahora bien, si la única diferencia esencial es la forma de elegir al Jefe del Estado, así como el tiempo de su permanencia en el cargo, lo que habría que dilucidar es si existen más ventajas que inconvenientes en cada uno de los dos modelos. En lo que se refiere al Jefe del Estado de una monarquía es evidente que no es elegido democráticamente, sino que viene elegido por la tradición. Eso significa que se siguen las leyes biológicas de la sucesión y que el tiempo de su permanencia en el trono es normalmente el periodo de su vida. Las ventajas de esta situación del rey como Jefe del Estado son varias: primero que se trata de una persona que desde su niñez, sea varón o mujer, ha sido educada para moverse en el terreno de las alturas del Estado. Naturalmente, su permanencia en el puesto durante toda su vida puede ser también una ventaja para el propio Estado, puesto que, por ejemplo, utilizando el caso español, el Rey Juan Carlos I, que ha estado 39 años en su puesto, se ha convertido por el mero hecho de permanecer en una figura histórica que es conocida en todo el mundo.

ES MÁS: existe un inconveniente, convertible en ventaja, respecto a la no elección democrática del rey. En efecto, precisamente porque no es elegido democráticamente, tiene una virtud que difícilmente se alcanza en el caso de una república, porque no es, teóricamente hablando, de ningún partido político, lo que le sitúa por encima de todas las controversias políticas. En añadidura, recordemos que el monarca, en este tipo de régimen constitucional, tiene unas funciones tasadas, que no le permiten salirse de lo establecido y que necesitan siempre del refrendo de otra persona que asume la responsabilidad del acto. Por supuesto, puede haber monarcas mejor o peor preparados, más o menos inteligentes, y más o menos demócratas. Todo eso es importante, pero lo es menos si como he dicho sus funciones están tasadas y requieren el refrendo y, sobre todo, si mantiene una conducta ejemplar.

La crisis actual que afecta a la Monarquía es consecuencia de los escándalos que han cometido miembros hasta ahora de la Familia Real, de ahí que la cuestión es si el cambio en la Jefatura del Estado puede detener el deterioro de la institución monárquica. Para ello no sólo hay que hacer las cosas bien procesalmente, sino que se deberían hacer también determinados gestos coincidiendo con el nuevo Monarca para convencer a la mayoría de los españoles de que se deber mantener la Monarquía, al menos mientras no se supere la crisis generalizada que padecemos y no se encauce mínimamente el problema del separatismo.

En definitiva, creo que en la actual situación de emergencia nacional bien valdría la pena dar un voto de confianza al nuevo Rey. Pero, a su vez, el Gobierno debería también hacer algún gesto que nos convenciese de que algo va a cambiar. Para conseguir tal objetivo sería necesario que el presidente Rajoy, previo acuerdo con el nuevo Rey, realizase una profunda crisis de Gobierno, presentando al mismo tiempo un programa social para lo que resta de legislatura. Si es cierto que la economía comienza a remontar, estas medidas serían el mejor pasaporte para el nuevo Monarca, dejando también abierta la puerta a la esperanza para una negociación con Cataluña y el País Vasco. Comenzar un nuevo reinado no sucede todos los días, sobre todo cuando partimos de una situación de crisis generalizada en todas las instituciones del Estado.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Ley de Abdicación
Una falta de respeto
José Luis González Quirós Libertad Digital 12 Junio 2014

La sesión celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados para aprobar la Ley orgánica necesaria para que el nuevo Rey pueda tomar el relevo tras la abdicación de Don Juan Carlos ha mostrado con una claridad meridiana la falta de respeto que una serie de formaciones políticas tienen hacia los ciudadanos, hacia la democracia y hacia sus representantes, y, en último término, lo muy poco que se respetan a sí mismos.

La tendencia a convertir sus intervenciones en la sede de la soberanía nacional en una comedia bufa no ha ido a menos en una sesión tan singular, sino que ha alcanzado cimas propias de los espectáculos de cabra y trompeta. ¿Cuesta tanto entender que las opiniones minoritarias no tienen derecho a poner en entredicho el marco en el que obtienen presencia, audiencia y respeto? Que cierta izquierda se deje llevar por su condición radicalmente antidemocrática, pues no puede haber democracia sin orden y sin ley, puede parecer normal, pero no lo es en absoluto. Que un líder comunista se atreva a relacionar sus torpes palabras con el recuerdo de una guerra sangrienta que enfrentó a los españoles, por fortuna ya hace casi ochenta años, indica que su idea de la democracia es rigurosamente incompatible con el respeto a las mayorías, que cree que la democracia es lo que él define en sus algaradas, y que confunde la política con el indigesto batiburrillo de ideas que salen atropelladamente de su boca, y que seguramente nadie entendería de no ir acompañadas de gestos y símbolos suficientemente gruesos e intempestivos. Una persona que no conoce la diferencia entre "pedir" y "exigir", y que no reconoce que el Parlamento sea el legítimo representante de la soberanía tiene que parapetarse tras de muchas baratijas e improperios para dar la sensación de que está diciendo algo inteligible.

Lo mismo cabe decir de las formaciones nacionalistas que han buscado en esta ocasión la oportunidad para vender sus bagatelas de campanario. Resulta que empiezan a hablarnos de las repúblicas catalana, vasca y gallega como quien nos habla del Mediterráneo, de la evidencia misma de las cosas. Pero es que esas repúblicas no están en parte alguna, salvo en las confusas mientes de quienes han olvidado su condición de representantes de los españoles y dedican todas sus escasas energías a representar sus obsesiones identitarias, sus miopías morales.

Algo debería hacer la Cámara para evitar convertirse en un patio de vecindonas en momentos en que la mayoría de los ciudadanos desea tener una imagen digna y respetable de sus instituciones. Es verdad que el hecho de que ciertos elementos puedan emitir sus opiniones y sus confusas razones es una muestra de que existe libertad política, pero no dejaría de existir si la Cámara supiese dotarse de procedimientos que eviten el sonrojo de los españoles ante la confusión entre el Congreso de los Diputados y cualquier plazuela. No tenemos un órgano legislativo para que puedan exhibirse carteles que caben en cualquier esquina, sino para que se pueda desarrollar un debate civilizado, argumentado y pedagógico sobre las alternativas ante los diversos problemas que nos afectan. Ya sé que todo lo que algunos son capaces de pensar se puede resumir en un vocablo rudimentario, pero el Congreso debiera respetarse algo más de lo que lo hace y no permitir que sus bancos se conviertan en una especie de café teatro.

Una cosa más. En medio de este triste panorama se nos ha escapado la oportunidad de hacer un mínimo de autocrítica, porque ya es triste que el legislativo no haya tenido oportunidad en casi cuarenta años de afrontar con calma y prudencia una Ley orgánica que todo el mundo sabía necesaria. Se trata de un ejemplo particularmente nítido de subordinación del legislativo al ejecutivo, y de este a las urgencias del momento y a los dictados de la imagen y las encuestas. Es muy poco grato reconocer que una Ley como esta ha tenido que ser tramitada como quien hace una chapuza. Esa urgencia que produce el descuido es el mejor cauce para que los descerebrados confundan lo que están haciendo con las grandes batallas que imaginan podrán ganar alguna vez, tan escasa es su capacidad de cálculo y de discernimiento.

¿El fin del sistema?
MANUEL MONTERO EL CORREO 12 Junio 2014

Por lo que se ve estos días, hay ganas de acabar con el régimen que nació con la Transición. En las encuestas la gente aparece más satisfecha con lo que tenemos, pero según los principales índices políticos ya no lo aguantamos. Lo dice contundente una opinión pública que cada vez cuenta más, la de las redes sociales: vivimos en el peor de los mundos, hay que liquidar la Monarquía para acabar con las rémoras de la dictadura. Tenemos que proclamar la República ya –referéndum en tres meses–, lo exigen las izquierdas de la izquierda. Los medios de comunicación suelen deleitarse con cualquier manifestación republicana o exabrupto antimonárquico, pues puede el gusto por vernos en crisis profunda, molesta la estabilidad. No sólo eso: alguno de los pilares políticos del sistema sale ahora con dudas sobre el modelo de Estado. En los últimos 36 años nunca los socialistas habían discutido la cuestión, pero de pronto muestran reticencias que debían haber expuesto antes y sus candidatos amagan con competir en rupturismo.

El problema principal no es que tras la abdicación del Rey haya brotado con fuerza un republicanismo, cabía esperarlo. Lo que asombra es la futilidad de la defensa de nuestro sistema constitucional. A los embates republicanos se responde con evocaciones mojigatas y almibaradas sobre el rey y la preparación del príncipe. Los argumentos antimonárquicos que se usan no son muy allá –lo de ‘monarquía o democracia’ es estúpido–, pero defender la monarquía constitucional con esquemas tipo Disneylandia o Sissi Emperatriz deja el sistema a la intemperie.

El vacío argumental sobre nuestro régimen político resulta demoledor. Las respuestas, si las hay, suelen ser a la defensiva. No explican los valores constitucionales, sino, como mucho, alegan que si cambiamos iríamos a peor o que estamos forzados por las leyes vigentes: no porque éstas sean buenas, sino porque nos atan. Un recién llegado concluiría que soportamos la Constitución, la Monarquía o la unidad nacional como cargas que nos han caído en suerte. No porque respondan a ningún consenso o voluntad nacional, sino porque mejor no meneallo. Es la argumentación interna que está aplicando el PSOE para contener su rebelión republicana, no muy distinta de la del PP sobre la cuestión catalana (de la socialista mejor ni hablar).

Un observador no avisado concluiría que en España predominan los partidarios de la independencia catalana y vasca –cada cual en su sitio–, los que quieren defenestrar la Monarquía y proclamar la República a la voz de ya, la legión que aspira a cepillarse la política económica a golpe de referéndums contra los recortes, las masas contra el sistema de partidos… Es la ‘voz de la calle’, la que llega a las tertulias, de las que todo sale agigantado. ¿Vivimos en un país que no nos gusta? Se apela a la mayoría silenciosa para rebatirlo, pero lo alarmante es que quienes la representan den en silenciosos.

Un fenómeno llamativo: la Transición se ha convertido en un proceso vilipendiado. Nos ha proporcionado el periodo más largo de convivencia democrática, pero esto ya no cuenta. La moda es vapulearlo. En la opinión avanza la idea de que estuvo lastrado por el temor a golpes de Estado; de que fue una artimaña por la cual el franquismo nos impuso una monarquía. El consenso con que alumbró nuestro sistema constitucional se ve cuestionado de raíz, por la idea de que la aceptación del Rey fue una cesión por temores, no un acuerdo nacional en la búsqueda de la convivencia. Subyace el supuesto de que el antifranquismo representaba la pureza democrática, una idea más que cuestionable, pues en las reivindicaciones antifranquistas resultaban esenciales las críticas a la democracia formal o burguesa, que fue lo que vino e identificamos hoy con democracia.

Ilegitimidad de origen, como secuela franquista; ilegitimidad política, pues se entiende que el consenso no fue un deseo sino fruto del temor. Cuesta ahora entender que durante un par de décadas la democracia constitucional fuese alabada, en la época en que se daba alguna importancia a la convivencia.

Suele explicarse la actual crispación como un producto de la crisis económica, pero comenzó antes, durante nuestra última etapa de prosperidad. Las crispaciones aparecieron entonces, cuando mejor vivíamos (visto desde la perspectiva actual), no son hijas de la crisis. Sobreabundaron los reproches sobre el significado de la Transición como un borrón y cuenta nueva. El sectarismo triunfó sobre la convivencia ya en tiempos de bonanza, no parece algo coyuntural. Fue entonces cuando la concordia dejó de ser un valor político: como mucho, quedó para la plebe, la que en las encuestas no traduce el cabreo general. Pero no hay que minusvalorar la capacidad destructiva de nuestros políticos: no conseguirán regenerar el sistema de partidos, pero sí que el sectarismo se generalice. Cuando las encuestas señalen que el 100% de los ciudadanos odia al que no piensa como él habrán logrado el objetivo.

Empezamos reinado cuando el régimen nacido de la Transición amenaza ruina. No porque haya críticas al sistema ni porque sean intensas, que entran dentro de la lógica, sino por la incapacidad de las mayorías políticas de articular un discurso coherente, atractivo y que sugiera algo más que el mantenimiento de lo que hay. Mientras nuestros políticos opten por no definirse o por sugerirse opositor al sistema, la crisis del régimen constitucional seguirá, imparable. Las agitaciones que acompañan a la sucesión acabarán pareciendo una cuestión menor.

Una abdicación errónea en el fondo y en la forma
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 12 Junio 2014

El Congreso de los Diputados ha aprobado la llamada ley orgánica de abdicación de Juan Carlos I. Esta abdicación, a mi juicio, es un grave error en el fondo y en la forma. En el fondo, porque en este momento crítico para España la marcha del Rey transmite un mensaje de debilidad; en la forma, porque la abdicación debería, a mi juicio, haberse hecho mediante un Real Decreto. Las razones para revestirla de forma ley sólo pueden sospecharse pero pueden tener mayores inconvenientes que ventajas.@Desdelatlantico

I. UNA ABDICACIÓN EQUIVOCADA EN EL FONDO.
El oficio de Rey tiene anejos privilegios, pero también cargas. No parece oportuno ejercer el oficio de Rey sólo cuando lleva consigo privilegios... y abandonarlo en el momento en que exige pesadas cargas. Los privilegios que necesariamente se atribuyen al Rey son la otra cara de la moneda de un oficio que exige el sacrificio máximo cuando las circunstancias son adversas. Sólo circunstancias gravísimas justifican el abandono en un momento de crisis. Muy distinta sería la cuestión si se dejara el puesto en un momento feliz, de triunfo o de tranquilidad, en cuyo caso la abdicación transmitiría un mensaje de generosidad y de confianza en el futuro.

Pero no es el caso aquí. Es evidente que en un momento de gravísima crisis política interna y de serias amenazas externas el oficio de Rey no es necesariamente una actividad placentera. Por eso mismo, la abdicación EN ESTE MOMENTO transmite un mensaje erróneo. Un mensaje de huida del peligro.

No soy quien para decir si ese mensaje responde realmente a los sentimientos del Rey. Quiero suponer que no. Pero el hecho es que cuando alguien se encuentra ante un peligro grave y en vez de afrontarlo abandona el puesto a otro, el mensaje que se envía es un mensaje muy negativo para los intereses de España.

La decisión de abdicar es tanto más incomprensible cuanto que los médicos y las propias imágenes de televisión informan de que la salud del Rey ha mejorado respecto a estos dos últimos años.
El texto del comunicado entregado por el rey Juan Carlos I al Presidente del Gobierno, recogido en la documentación del "Proyecto de ley orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón" no contiene a mi juicio una justificación convincente. Es más, analizada en profundidad lo que contiene es un mensaje.

El único argumento para abdicar es que "hoy merece la pena pasar a la primera línea una generación más joven". Pero ¿sólo "hoy"? ¿Por qué no "ayer"?
Y si no tuvo que ser "ayer", ¿por qué "hoy" y no esperar a un "mañana"?

El argumento de la juventud es el argumento más anti-monárquico posible, pues si algo define el puesto de Rey es su carácter vitalicio y, por tanto, la legitimación de que un individuo debe ser Jefe de Estado por muy viejo que sea. Siempre que tenga facultades mentales y físicas. Pero aquí no se argumenta que al Rey le hayan mermado estas facultades.
En definitiva, el argumento de la "juventud" es un argumento que NO es convincente en una Monarquía.

II. UNA ABDICACIÓN ERRÓNEA EN LA FORMA
1. La errónea exclusión del Real Decreto.
La citada documentación del "Proyecto de ley orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón" elaborada por el Gobierno desdeña, de forma a mi juicio, completamente inadmisible en términos jurídicos, la posibilidad de que la abdicación sea resuelta mediante un Real Decreto.

Esta es la argumentación que da el Gobierno:
"(Contra) soluciones alternativas (como) ... un mero acto del Rey con el refrendo del Presidente del Gobierno, una autorización o ratificación de las Cortes, etc. Con independencia de su mayor o menor fundamento, el problema de estas soluciones es que, en ausencia de ley orgánica sobre la materia, no existe en la actualidad un procedimiento normativamente previsto para hacerlas efectiva, lo que imposibilita su puesta en práctica."

El argumento es inadmisible.
La Constitución es norma jurídica directamente aplicable, mientras no se establezca expresamente lo contrario.
El artículo 64 de la Constitución dice claramente que

"1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno (...)
2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden."

En consecuencia, SÍ EXISTE UN PROCEDIMIENTO NORMATIVAMENTE PREVISTO PARA HACER EFECTIVO UN ACTO DEL REY CUAL LA ABDICACIÓN.

2. La equivocada elección de una ley (norma general) para un acto singular
La ley es, en la teoría del Estado constitucional una norma GENERAL. La norma SINGULAR es, por definición, una concreción al caso concreto de algo previsto en una norma general. Lo correcto, por tanto, es que la ley regule supuestos generales que mediante un decreto se concretan para el caso singular.
La utilización de la ley, que en buen Derecho, debe ser una norma "general" para un caso SINGULAR (tan singular que hasta en su título expresa que SÓLO se redacta para ESTA abdicación) es propia de malos juristas. Quizá sea un instrumento de leguleyos, pero no de juristas.

En consecuencia, NO ES LA LEY, NORMA GENERAL, EL INSTRUMENTO IDÓNEO PARA FORMALIZAR UN ACTO SINGULAR

3. La errónea tramitación de la ley orgánica.
Lo peor de todo es que, una vez tomada la decisión de formalizar la abdicación mediante una ley, y no mediante un Real Decreto, se ha vulnerado el procedimiento legislativo.
La prensa informó de que el día 6 de junio

La Cámara Alta decidió incluir como último punto del orden del día de la sesión plenaria de esta semana la autorización para tramitar en lectura única el proyecto de ley que avala la abdicación de Don Juan Carlos. Lo ha hecho antes de que la iniciativa llegue a la Cámara e, incluso, de que haya sido aprobada por el Congreso de los Diputados.

El problema es que el Reglamento del Senado dice, en su artículo 129.1:
"Cuando la naturaleza de un proyecto o de una proposición de ley, remitidos por el Congreso de los Diputados, lo aconseje, o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única"

Es evidente que se está incumpliendo el procedimiento establecido pues el proyecto de ley ha sido remitido al Senado, no por el Congreso de los Diputados, sino por el Gobierno. Las prisas no son buenas consejeras.

En consecuencia, SE ESTÁ VULNERANDO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO.

III. ¿POR QUÉ SE HA ELEGIDO UNA LEY PARA FORMALIZAR LA ABDICACIÓN?
El Gobierno, en la varias veces citada documentación justificativa del del "Proyecto de ley orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón" ofrece algunos documentos, pero poco convincentes.

No sólo porque se desdeña el instrumento idóneo (el Real Decreto) con una argumentación insostenible, sino porque se alegan antecedentes históricos que, precisamente por corresponder a otras Constituciones con otro sistema de distribución del poder NO SON ESGRIMIBLES para interpretar este supuesto actual.

1. El inaceptable motivo de propiciar la intervención de "los representantes del titular de la soberanía"
El Gobierno alega que la elección de la "ley" como forma del acto singular de abdicación de Juan Carlos I se hace para propiciar la intervención de "los representantes del titular de la soberanía". Este argumento es insostenible en Derecho Constitucional.
Los diputados y senadores no son "representantes del titular de la soberanía", sino representantes del "cuerpo electoral". Y no es lo mismo. Porque el "cuerpo electoral" NO ES EL TITULAR DE LA SOBERANÍA.

Para que lo puedan entender todos: si los diputados y senadores fueran "representantes del titular de la soberanía" podrían, ahora mismo, derogar la Constitución de 1978 y hacer otra. Pero no pueden hacerlo. Porque no representan al "titular de la soberanía", sino al "cuerpo electoral".

2. ¿Es un intento del presidente Rajoy de trasladar su responsabilidad a las Cortes?
La fórmula, a mi juicio, idónea para formalizar la abdicación es el Real Decreto.
Mediante éste, el Presidente del Gobierno asume TODA la responsabilidad del acto.
Por eso mismo, el Presidente del Gobierno, si considera que la abdicación no es oportuno o es errónea, puede rehusar el refrendo y, en consecuencia, impedir la abdicación si considera que no es de interés nacional.

¿Es la tramitación de este acto singular como una "ley" un intento de que su responsabilidad por este grave hecho histórico quede transferida (y difuminada) en los diputados y senadores que voten a favor de dicha "ley"?

3. ¿Es un intento (erróneo) de re-legitimar democráticamente la Monarquía?
La memoria justificativa del proyecto de ley elaborado por el Gobierno parece sugerir esto. Dice:

"someter la norma que dé eficacia de un acto (...) del Rey al debate y posibilidad de enmienda propios de la tramitación parlamentaria, es (...) para hacer efectivo el principio democrático"

Ahora bien, el principio democrático ya se hizo efectivo desde el momento en que fue el pueblo quien determinó en referéndum que aceptaba una monarquía, con lo que ello implica, que, entre otras cosas, es que la determinación de quien es el jefe del Estado depende de una sucesión familiar y no de una elección popular.
¿Se ha tratado, en este momento de crisis de la monarquía, de buscar una re-legitimación de la misma forzando un procedimiento que haga que la mayoría de los diputados y senadores aceptando la abdicación de Juan Carlos I estén aceptando el ascenso al trono de Felipe VI?

El objetivo puede ser loable, pero es incompatible con la monarquía y resulta letal a largo plazo. Pues si la legitimidad de la monarquía tuviera su origen en una votación de una ley orgánica, Y NO EN LA CONSTITUCIÓN, la existencia de la monarquía quedaría al albur de lo que se pueda determinar en otra ley orgánica.

IV. UNAS PREGUNTAS INCÓMODAS
La elección de la "ley" para formalizar este acto singular es un grave error jurídico.
Hago dos preguntas que, me temo, muchos no se han hecho:
¿qué ocurriría si se aprobara una ley orgánica DEROGANDO la ley orgánica de abdicación de Juan Carlos I?
ç¿qué ocurriría si se recurriera esta ley orgánica ante el Tribunal Constitucional (y, cosa improbable con nuestro TC) se declarara inconstitucional?

Estas preguntas, en otro contexto podrían parecer absurdas.
Pero me temo que el contexto político español, después de las elecciones del 25-M está cambiando mucho y muy deprisa.
Estos eventuales problemas, aunque cambie el contexto, se pueden evitar. Haciendo bien las cosas. Creo que no ha sido el caso.

ARTÍCULOS SOBRE ESTE ASUNTO
- Una abdicación errónea en el fondo y en la forma (12-VI-2014)
- El debate sobre la inviolabilidad del rey: causas y olvidos (10-VI-2014)
- Y el juancarlismo provocó la crisis de la Monarquía (10-VI-2014)

El juego del independentismo
El efecto cascada puede ser muy desestabilizador, por numerosas razones.
José Manuel López García  www.diariosigloxxi.com 12 Junio 2014

Si se parte de la Constitución española en sus dos primeros artículos se evidencia la imposibilidad legal de la independencia de cualquier autonomía o población del territorio del estado. Aunque la situación actual está, a mi juicio, tensionada por la consulta catalana sobre la independencia con fecha fijada para el 9 de noviembre de 2014, si bien es, claramente, ilegal e inconstitucional. Aunque creo que no se sabe muy bien que sucederá, ni que medidas exactas aplicará el gobierno de la nación ante este desafío, lo que, en mi opinión, aumenta la incertidumbre ante lo que realmente puede suceder, y acerca de las consecuencias efectivas desde una perspectiva política y social.

Considero que es un contrasentido este planteamiento, porque se podría entrar en una dinámica de votaciones en relación a la soberanía de las diversas nacionalidades existentes en España que sería negativa para los intereses generales, y por la imagen de desunión y descontrol que se produciría en todo el mundo respecto a nuestro país. Si Cataluña, Galicia, el País Vasco, Asturias, etc, pretenden independizarse se creará, por imitación, un enorme problema de estabilidad política, y unos profundos problemas en distintos aspectos económicos, sociales, etc. Porque el efecto cascada puede ser muy desestabilizador, por numerosas razones. Porque en estas cuestiones la claridad y el orden estatal deben ser visualizados por todos los ciudadanos.

Ciertamente, si la decisión de la independencia o separación de una comunidad autónoma fuera con la aprobación de todos los ciudadanos españoles con derecho a voto, a mi juicio, quedaría legitimada democráticamente. Además de los cauces democráticos que establece la Constitución para la propia reforma de parte de su articulado se pueden proponer cambios más sustanciales, que si son aprobados con las correspondientes votaciones, y de acuerdo con los procedimientos delimitados por las leyes y reglamentos, me parecen legítimos. Existe la posibilidad de aumentar las competencias, y de el establecimiento de mejores mecanismos de compensación económica y equilibrio presupuestario.

Respeto las ideas de los independentistas, pero no las comparto. Porque en un mundo cada vez más interconectado deja de tener sentido la atomización de los poderes. En un planeta globalizado e interdependiente la tendencia política es justamente la contraria. Si bien esto también debe ser objeto de análisis que delimiten el alcance exacto de la soberanía de cada estado respecto a la Unión Europea, para no llegar a niveles de dependencia del poder europeo que limiten de modo incoherente e irracional el legítimo poder y autonomía del estado español.

Otra razón más es pensar en los problemas que puede generar el proceso independentista, con la considerable pérdida de la influencia y relación de España con Iberoamérica, y con los restantes países del mundo. En un contexto de crisis económica en el que todavía estamos inmersos, aunque sea por el número absoluto de personas en paro, los experimentos independentistas no me parecen apropiados. Lo que se necesita, precisamente, es un cierto cosmopolitismo universalista que comprenda la diversidad de las nacionalidades y regiones de cada estado, pero que las integre en proyectos de desarrollo más solidarios y amplios.

El derecho a votar no es algo absoluto que se puede aplicar sin condiciones a lo que se quiera e interese en cada momento sociopolítico, algo que está presente, en mi opinión, en los planteamientos de cierto independentismo político catalán. Noto una sustancial falta de consideración respecto a una parte del ordenamiento jurídico que garantiza la unidad de este país. Las falacias y las argumentaciones incoherentes no deben sostener ningún discurso que justifique el desprecio de las leyes, y de su racional interpretación reafirmada por numerosos juristas altamente cualificados.

¿Un Gobierno abierto? Suecia saca los colores a España por su "tímida" ley de transparencia
Nacional www.vozpopuli.com 12 Junio 2014

La normativa del 'Ejecutivo Rajoy' no incluye protección para los funcionarios honrados que quieren denunciar casos de corrupción. En el país escandinavo es delito perseguir al filtrador, mientras que la Administración española destina recursos públicos a 'cazarlo'. "Allí, los periódicos locales publican a menudo quienes son los más ricos de la ciudad", señala un experto.

El debate sobre una de las normas estrella del Gobierno Rajoy, la denominada Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, todavía colea. Y es que pese a que el texto fue aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en noviembre del pasado año, sólo ha entrado en vigor una parte del mismo, la relativa al Código de Buen Gobierno. El grueso del proyecto no será de aplicación obligatoria hasta finales de este año para la Administración General del Estado y las entidades privadas (las comunidades y ayuntamientos tienen una moratoria hasta 2015). En este contexto, las dudas sobre la efectividad de la norma se mantienen, sobre todo si se compara con otras legislaciones europeas del norte de Europa, mucho más avanzadas en este campo. La distancia que, al respecto, aún separa a España de países escandinavos ha sido puesta de manifiesto en una jornada informativa celebrada en Madrid con presencia de expertos en el modelo sueco.

El seminario El impacto de la Transparencia y el Buen Gobierno, organizado por el Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE, el Gobierno sueco y la firma Kreab Gavin Anderson, del mismo país, hizo repaso a una serie de lagunas que todavía arrastra la ley española de Transparencia. Entre ellas, sobresalió la falta de autonomía profesional y de libertad que seguirán sufriendo los funcionarios para "decir la verdad".

Así, los ponentes hicieron hincapié en que el Ejecutivo popular no ha incluido en el texto, que calificaron de reforma "tímida", ni incentivos para que los empleados públicos sean transparentes ni mecanismos de protección en el supuesto de que quieran denunciar casos de corrupción. El pasado 31 de mayo, Vozpópuli publicó las historias de tres funcionarias, Carmen Dolz, Isabel Villalonga y Dolores Linares, quienes, guiadas por su honradez, pusieron resistencia al establishment ante abusos de los administradores.

En su intervención, Víctor Lapuente, profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), diagnosticó como uno de los males del sistema español el "techo de cristal" con que se encuentra el funcionario que aspira a subir en escalafón, pero que quiere seguir siendo "neutral" en el manejo de información. Por contra, se refirió a la situación de los cargos a dedo y citó a Francisco de la Torre, jefe de equipo de Inspección de Hacienda en Madrid, para recordar que casi las mitad de los 1.400 inspectores de la Agencia Tributaria ocupan puestos de libre designación.

El modelo sueco, a diferencia del español, permite el acceso a 'emails', evaluaciones de candidatos a un determinado puesto, uso de tarjetas de crédito por parte de cargos públicos...

Lapuente también criticó que en España se den órdenes para prevenir filtraciones, por ejemplo, en el seno de una comunidad autónoma. El profesor hizo la comparación con el modelo sueco y destacó que en el país escandinavo, en cambio, se considera delito el tratar de averiguar quién ha filtrado una noticia. La Administración española no sólo va retrasada en este punto, sino que además destina recursos públicos a la caza del filtrador.

Asimismo, a diferencia de lo que ocurre en España, Lapuente comentó que en Suecia hay acceso libre a "todo documento generado por la actividad política", sin riesgo para la seguridad. Aludió, en este sentido, a correos electrónicos, evaluaciones de candidatos a un determinado puesto, uso de tarjetas de crédito por parte de cargos públicos, etc. "Allí, los periódicos locales publican a menudo quienes son los más ricos de la ciudad", ilustró.

Por su parte, Elisa de la Nuez, abogada del Estado, integrante de Pro-acceso y editora del blog ¿Hay derecho?, incidió en la necesidad de que el Consejo de Transparencia previsto por la ley "incorpore a miembros de la sociedad civil" y no sólo representantes de la Administración.

El pasado mayo, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) remitió un escrito al Congreso en el que denuncia que el Gobierno lleva ya seis meses incumpliendo la Ley de Transparencia al no haber validado el real decreto que regula el Estatuto Orgánico de dicho órgano supervisor. La normativa establecía que tal estatuto debía aprobarse en los tres primeros meses de la entrada en vigor de la misma, plazo que concluyó el pasado marzo. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Presidencia matizaron entonces a Vozpópuli que "aún hay margen hasta finales de año".

El registro de los grupos de presión
En cuanto a la ausencia de regulación de los lobbies en la Ley de Transparencia, algo que reclamó el PSOE durante la tramitación parlamentaria del proyecto, el defensor de la prensa sueco, Ola Sigvardsson --también asistió la embajadora Celia Julin-- señaló que en su país "no hay lista de lobbies" porque el nivel de transparencia que existe allí no requiere tal control.

Según un estudio sobre percepción ciudadana realizado en el año 2013, España se encuentra en el número 41 en el ranking mundial y en el 13 del europeo, en cuanto a calidad de transparencia de las instituciones. Según el seminario, "esto significa que, a pesar de que se están realizando notables esfuerzos, indiscutiblemente aún queda un largo recorrido".

Apoya la campaña 'Better Together'
La autora de Harry Potter dona un millón de libras contra la independencia de Escocia
J.K. Rowling defiende la permanencia de Escocia en el Reino Unido de cara al referéndum previsto para septiembre
Agencias www.lavozlibre.com 12 Junio 2014

Madrid.- La escritora británica J.K. Rowling, autora de la saga de novelas protagonizada por Harry Potter, ha decidido donar un millón de libras esterlinas (1,23 millones de euros) a la campaña 'Better Together' ('Mejor Juntos'), que defiende la continuidad de Escocia en Reino Unido ante la celebración en septiembre del referéndum sobre la independencia de esta provincia.

Nacida en Inglaterra y residente en Edimburgo, Rowling es uno de los apoyos más importantes que ha recibido esta campaña en contra de la secesión de Escocia que dirige Alistair Darling, exministro de Economía y miembro del Partido Laborista, la formación a la que respalda esta autora de 'Best-sellers'.

En un comunicado publicado en su página web oficial, la escritora ha advertido sobre la "importancia" del tema que se va a decidir en el referéndum de septiembre. "Mis reticencias a la hora de apoyar la independencia no tienen relación con ninguna falta de creencia en la valía del pueblo escocés y sus logros. La cruda verdad es que Escocia está sometida a las mismas presiones del siglo XXI que el resto del mundo", ha explicado.

"ME PREOCUPA LA NEGACIÓN DE LOS RIESGOS"
"Tiene que competir en los mismos mercados globales, defenderse de las mismas amenazas y navegar en lo que aún parece una frágil recuperación económica. Cuanto más escucho la campaña a favor del sí, más me preocupo por la minimización o incluso la negación de los riesgos", ha asegurado la escritora.

Rowling ha lamentado que cada vez que "sale un tema importante", como la "enorme dependencia" del petróleo que tendría una Escocia independiente o su moneda, aparezcan las "acusaciones de alarmismo". Al mismo tiempo, ha expuesto, aparecen datos "dramáticamente distintos" y previsiones opuestas de los partidarios del sí y del no, "lo que hace difícil saber qué creer".

La autora de Harry Potter ha subrayado, en todo caso, que si Escocia vota a favor de su independencia "no habrá vuelta atrás". "Esta separación no será rápida ni clara. Necesitará microcirugía para desenredar tres siglos de interdependencia y, después de eso, tendremos que tratar con tres vecinos irreconciliables", ha asegurado.

En esta línea, Rowling ha advertido de que Escocia sufrirá las consecuencias económicas si decide inclinarse por la secesión. "El resto de Reino Unido no tendrá voz en la decisión del mayor cambio de la unión en siglos pero sufriremos las consecuencias económicas", ha alertado.

Según ha informado el diario británico 'The Guardian', Rowling expresó públicamente su apoyo a la campaña a favor del no a la independencia de Escocia cuando asistió como invitada de honor a un concierto de recaudación de fondos organizado por 'Better Together' a principios de 2014 en Edimburgo.

La iniciativa 'Better Together' ha alertado en los últimos meses a sus seguidores de que sus oponentes de la campaña 'Escocia Sí' les llevan la delantera con una donación de 3,5 millones de libras aportada por una pareja, Chris y Colin Weir, que ganaron el bote de Euromillones y han decidido hacer esta aportación que supone el 80 por ciento de los ingresos de esta iniciativa.

RECIBE INSULTOS Y CRÍTICAS DE INDEPENDENTISTAS
Tras anunciar su apoyo a la campaña del no, J.K. Rowling ha recibido en las redes sociales insultos y críticas airadas, que han sido condenadas por detractores y partidarios de la independencia.

"Esto tiene que parar, la gente debe poder expresarse libremente y sin miedo", declaró la laborista escocesa Margaret Curran, quien calificó los mensajes que ha recibido Rowling como un "vil abuso".

El ministro principal escocés, el nacionalista Alex Salmond, sostuvo por su parte que tanto los partidarios de la independencia como "J.K. Rowling, que respalda la campaña del no, tienen derecho a expresar su apoyo sin recibir ataques de ninguna parte". "Creo que todo el mundo debe poder expresar su punto de vista en cualquier sentido", afirmó Salmond.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
Reflexiones monárquicas de un republicano

Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com 12 Junio 2014

Puedo ser republicano, pero no estúpido.

Cualquiera de los más renombrados personajes de la II República, como Azaña, Indalecio Prieto, Ortega y Gasset, Unamuno, Maura, José Antonio Primo de Ribera, Madariaga, Sánchez Albornoz, Alcalá Zamora, Calvo Sotelo, Lerroux, etc, estaría espantado viendo los especímenes que abogan hoy por la III República, y saldría corriendo despavorido buscando un rey al que coronar.

Yo, como ellos, como Sánchez Albornoz que fue el presidente de la República en el exilio, quiero una forma de gobierno para España, no para partes de una nación descompuesta.

Viendo las intervenciones de ayer, memorable fecha en la que el Congreso de los Diputados ha aceptado la abdicación del Rey a favor de su hijo, siento una desazón profunda, una perturbación del alma al borde de la desesperación. Observamos a unos abogando por la república catalana, otros por la república de Euskal Herria, algunos por la gallega, y así un largo etc. Esto no es una apología republicana, es un esperpento balcanizante, es un aquelarre carnavalesco, una degradación del templo donde se expresa la soberanía del pueblo español que ni Dante hubiera podido imaginar en su descripción de los infiernos. Absurdo, abominable, demencial. ¿Pero cómo hemos podido llegar a esto? Esta gente esquizofrénica, delirante, no añora la II República, que fue más seria que toda esta panda de mangantes, no; aspira a resucitar la I República, que tan bien describió Gustave Le Bon desde el país vecino a finales del siglo XIX (“La psicología de las masas”):

“Los radicales hicieron el descubrimiento de que una república centralizada es una monarquía disfrazada y, para burlarse de ellos, las Cortes, unánimemente, proclamaron una república federal, a pesar de que ninguno de los votantes podría haber explicado qué era lo que había acabado de votar. Esta fórmula, sin embargo, encantó a todos; la alegría fue intoxicante, delirante. El reino de la virtud y de la felicidad acababa de ser instaurado sobre la tierra. Un republicano cuyo oponente le negaba el título de federalista se consideraba mortalmente insultado. Las personas se saludaban en la calle con las palabras ‘¡Viva la República Federal!’ Después de lo cual se cantaban loas a la mística virtud de la ausencia de disciplina en el ejército y a la autonomía de los soldados. ¿Qué se entendió bajo ‘república federal’? Hubo quienes dieron en entender que significaba la emancipación de las provincias, instituciones similares a las de los Estados Unidos, y la descentralización administrativa; otros tenían a la vista la abolición de toda autoridad y el rápido comienzo de la gran liquidación social. Los socialistas de Barcelona y de Andalucía estaban por la soberanía absoluta de sus comunas; propusieron endosarle a España diez mil municipios independientes, legislar por cuenta propia y hacer que su creación fuese acompañada por la supresión de la policía y del ejército. En las provincias del Sur pronto se vio a la insurrección extenderse de pueblo en pueblo y de villorrio en villorrio. Después de que un pueblucho había hecho su ‘pronunciamiento’, su primera preocupación consistió en destruir los cables telegráficos y las líneas de ferrocarril tanto como para destruir toda comunicación con sus vecinos y con Madrid. El caserío más lamentable estaba determinado a erguirse sobre su propio trasero. La federalización había dado lugar al cantonalismo, marcado por masacres, incendios, más toda clase de brutalidades, y sangrientas saturnalias se celebraron a lo largo y a lo ancho del país.”

Es ese el modelo y destino que nos ofrece la mayoría de los republicanos representados en el Congreso de los Diputados, en un espectáculo circense que en cualquier otro país de nuestro entorno próximo civilizado –incluso en Venezuela- no se permitiría.

Evidentemente, los dirigentes de la II República cometieron muchos errores que nos llevaron a una guerra fraticida, pero nunca hubieran caído en una abominación de la idea republicana como la ofrecida en el Parlamento español para cualquiera que tenga un poco de dignidad de serlo. No hay mas que revisar los diarios de sesiones del Congreso de Diputados en aquel ciclo frustrado de nuestra historia para comprobar que el nivel intelectual y su generosidad por sus conciudadanos distaban años luz de esta plebe que clama por la República de las repúblicas, que es como decir la mesa de las mesas o los pantalones de los pantalones, es decir, la locura.

Desgraciadamente caminamos a velocidad de vértigo hacia el suicidio colectivo. De los dos grandes partidos cuyo destino histórico ha llevado a la responsabilidad de Estado, ya solamente queda uno, gravemente erosionado por un persistente empeño de su dirigente y hoy presidente de Gobierno de dejar que el tiempo resuelva los problemas, mientras acompaña a Zapatero a ver pasar las nubes. El otro ya no es un partido, es un enjambre sin reina, donde cada cual pulula a su manera, y nos amenaza con poner al frente a un tal Madina que pertenece a la dinastía de Zapatero y le podríamos bautizar como Zapatero II, y cuyas virtudes, méritos y cualidades desconocemos. Ya tuvimos bastante con la hégira zapateril que dejó despedazada en todos los órdenes a nuestra España, como bien refleja en su magnífico libro el también socialista Joaquín Leguina (“Historia de un despropósito. Zapatero, el gran organizador de derrotas”, 2014), como para repetir la aventura del desconcierto.

Vaya caramelo envenenado le ha dejado su padre al futuro Felipe VI. Si sabe sacar a España adelante con estos mimbres, como Jefe del Estado, merecerá el premio Nóbel del logro de lo imposible.

Por eso, aunque republicano de ideas, soy un monárquico exaltado.
¡Que Dios nos proteja!
www.educacionynacionalismo.com

La ETA que viene

Kiko Méndez-Monasterio www.gaceta.es 12 Junio 2014

La ETA que viene, en fin, estará representada por una sopa de letras nacionalistas y de izquierda, que dan por amortizado -por asesinado- al sistema y preparan el último asalto al poder.

El debate sobre la ley de abdicación ha sido la imagen perfecta del tiempo político, que obliga a reformular la sentencia de Alfonso Guerra: hoy el que no se mueve -hacia la izquierda- no sale en la foto.

Lo único positivo que se puede decir sobre el parlamento actual es que el que lo sustituya dentro de un tiempo serátodavía peor. En vez de la inteligencia fría -química- del faisán Rubalcaba, oiremos a Eduardo Madina, que es Pablo Iglesias vestido de limpio. Y a Pablo Iglesias también le oiremos usurpando el discurso que ahora hace Amaiur, construcciones intelectuales de apariencia simple, pero que tienen como único objeto justificar y premiar la violencia política. La democracia es Gamonal, ha dicho el personaje de moda, y no se refería a que en las últimas elecciones ganóel PP en ese enclave castellano, sino a que minorías violentas y disciplinadas son capaces de dictar la política de todos. En eso estamos.

Asíque en la próxima legislatura los filoterroristas de Amaiur, Bildu - o como se llame entonces al ropaje que adquiera la bestia- se sentirán plagiados, y tendrán que subir a la tribuna directamente con el pasamontañas para tratar de mantener a su público, porque contemplan entre divertidos y perplejos como muchos grupos políticos han hecho corta y pega de los postulados etarras. En lo laicista radical ya casi les gana Rosa Díez, que sólo le queda decir a la tapada socialista que las monjas reparten caramelos envenenados a los niños; en el separatismo les aventajan hasta los catalanes democristianos, más veloces en el sprint de la traición; y en su deformación del pasado ni siquiera pueden competir con el Partido Popular, que al mantener la ley de Memoria Histórica de Zapatero otorga más legitimidad a Josu Ternera y a Bolinaga que a los derechos del Príncipe de Asturias.

La ETA que viene, en fin, estarárepresentada por una sopa de letras nacionalistas y de izquierda, que dan por amortizado -por asesinado- al sistema y preparan el último asalto al poder. Sospecho que desde el búnker del régimen, con sede en el síndrome de Estocolmo, se empeñarán en mantener sus privilegios pactando con hachas y serpientes, avanzando hacia una monarquía confederal, convenciendo a Felipe VI de la necesidad de cimentar su trono en la culminación del proceso de paz, cediendo una vez más a los chantajistas del populismo y del odio.

Puede que no tardemos mucho en asistir a la excarcelación de Otegui y de Usabiaga -pendientes de un recurso ante el TC-, o a la promoción de indultos para otros terroristas, acelerando asíla amnistía silenciosa desde hace tiempo pactada.

Al bipartidismo ya le han crecido sus cuervos, mimados hasta el exceso, hambrientos de los ojos y las vísceras de sus progenitores. Y sólo un insensato amor a España nos impide sentarnos tranquilamente a disfrutar del espectáculo.

Abdicación del Rey
¿Cómo era aquello del nacionalismo moderado?

Cristina Losada Libertad Digital 12 Junio 2014

Por esa imprevisión tan española, que deja las cosas para el último momento, la abdicación del Rey no tenía ley que la regulara. No hay ni ha habido, en estas décadas, falta de voluntad legisladora en España, sino todo lo contrario, pero ese asunto, que la Constitución instaba a resolver en ley orgánica, se quedó en el tintero durante 36 años. Por aquello de no abrir debates incómodos, no ha quedado otra que abrirlo cuando más incómodo resulta. En fin, no íbamos a ser como Holanda, que además de tener reglado el proceso de abdicación, dispone de experiencia en la materia. Aunque, para decirlo todo, hay quienes interpretan aquel mandato constitucional en el sentido de que cada abdicación requiere una ley al efecto.

Así las cosas, si esta ley de abdicación se asemeja a alguna otra es a la que se aprobó en el Reino Unido cuando Eduardo VIII, en 1936, renunció al trono para poder casarse con la dos veces divorciada señora Simpson, matrimonio al que se oponía, entre otros, el gobierno. El rey firmó un documento anunciando su intención en unas pocas líneas, y después el parlamento, en texto de similar brevedad, reconoció, aprobó y ratificó la abdicación a fin de hacerla efectiva. Además hubieron de aceptarla los que se llamaban entonces los Dominios, entre los que se encontraban Canadá, Australia y Nueva Zelanda, tres estados, por cierto, que en la actualidad no son repúblicas, como hacían circular aquí estos días algunos "republicanos". Su jefe de estado es la Reina.

El formato del debate en el Congreso, con cada grupo exponiendo su posición, tiene cierto efecto distorsionante: las minorías parecen mayoría hasta que finalmente la votación aclara la relación de fuerzas. Era predecible, y así ha sucedido, que la extrema izquierda, incluido ese derivado de ETA-Batasuna que es Amaiur, aprovechara tan buena ocasión para reclamar la república, sea catalana o vasca, sea federal, confederal, ibérica o cantonal, que de todo eso ha habido o se pretendió que hubiera en la historia política española. Aunque los adjetivos no deben tapar el sustantivo: la mayoría de los que hoy están haciendo de republicanos reclaman la Segunda República. Su bandera es la tricolor y es la parafernalia de 1931-1936 la que pasean por las calles. Todo un reclamo.

El debate y la votación permitieron visualizar, no obstante, algo más que la voluntad de ciertos grupos de utilizar el Congreso como manifestódromo. Se asistió también a otra demostración igualmente anunciada: la renuncia del nacionalismo que se ha venido llamando moderado a hacer honor a ese calificativo-espejismo al que los grandes partidos, con ceguera voluntaria, se siguen aferrando. Los partidos nacionalistas que aun a regañadientes se movieron en el campo de juego constitucional, que se mostraron dispuestos, a cambio de algo, naturalmente, a aparentar sentido de Estado y participar en la gobernabilidad, han vuelto a señalizar que quieren romper la baraja. Hasta Coalición Canaria se ha unido a la ola rupturista con su exigencia de una nueva Constitución. Dense por enterados, de una vez, los que todavía crean en su vuelta al redil.

¿Un PSOE que huye del centro y renuncia a la E de español?

La izquierda moderada está perdiendo la batalla ante otros líderes
Miguel Massanet  latribunadelpaisvasco.com 12 Junio 2014

El Gobierno y determinadas instituciones políticas de la nación parecen empeñados en hacernos creer que estamos en la normalidad. Si el separatismo parece haber llegado al paroxismo de la incongruencia, entrando en una dinámica de perfecto desconcierto entre las fuerzas políticas que integran esta tendencia cuando, desde Unión el señor Durán y Lleida (no sabemos si en una de sus habituales jugarretas a la que tan habituados nos tiene), deja correr la noticia de que pretende abandonar su puesto al frente de su formación política, seguramente por presuntas discrepancias, latentes desde hace tiempo, con el señor Mas de Convergencia; el señor Pere Navarro, el Secretario General del PSC, por su parte y sin previo aviso, unos días antes de la celebración de un Consell Nacional Extraordinario en el que, precisamente, se pretendían limar las diferencias entre las dos tendencias del partido catalán: los que quisieran apoyar al separatismo y los partidarios de seguir las consignas del PSOE nacional.

Es evidente, señores, que el hecho de que, en un momento delicado de la política interna del país, tuvieran lugar una elecciones europeas, aparentemente inocuas desde el punto de vista de la correlación de fuerzas internas que, no obstante, han elevado la tensión política debido al sonado fracaso de los dos partidos tradicionales en turnarse en el poder, PP y PSOE, y la aparición de fuerzas nuevas, hasta ahora sin más que una presencia testimonial en el mapa político de España, como ha sido la sorpresa de “Podemos”, liderada por un visionario comunista cuyo nombre, curiosamente, coincide con el del fundador del partido socialista, Pablo Iglesias; que, no obstante, ha conseguido dar la sorpresa con 1.200.000 votos; consiguiendo situarse en el cuarto puesto en cuanto a escaños para el Parlamento Europeo. Tampoco ha contribuido a tranquilizarnos el evidente reforzamiento de IU del señor Cayo Lara y en gran éxito de ERC que, por primera vez, se ha posicionado por delante de la coalición CIU.

Los continuos desafíos a las leyes, a las autoridades, al orden público y a la propia Constitución; juntamente con la cada vez más evidente politización de la Justicia, que, en sus actuaciones, cada vez se ve con más evidencia, la pretensión de ejercer la oposición al Gobierno obstaculizando, desde la judicatura, todas las iniciativas legislativas del mismo; una actitud que se ve evidenciada ante la negativa de los jueces de la Audiencia Nacional a obedecer las limitaciones impuestas a la Ley de la Justicia Universal, manteniendo abiertos procedimientos que, en virtud de la nueva legislación, debieran de haber abandonado y, aprovechándose de la misma, para poner en libertad a una gran cantidad de mafiosos, argumentando que es la nueva ley la que les obliga a ello. Esta actitud impulsa a los ciudadanos españoles a creer que es necesario meter el bisturí para extirpar, del tercer poder de la nación, todos estos nódulos cancerosos que impiden que, en España, exista una Justicia igual para todos, impartida por jueces apolíticos, que se limiten a su función primordial de hacer cumplir la ley y no a hacer uso de ella para aplicarla según a ellos se les antoje.

No hay día que, en alguna localidad de nuestro país, en especial en las ciudades más pobladas, no se produzcan manifestaciones, enfrentamientos con las fuerzas del orden, alteraciones de la vida de los ciudadanos, huelgas o destrucción del mobiliario urbano, como si todo ello se hubiera convertido en una costumbre a la que todos los que padecen tales alborotos o incidentes se viesen obligados a acostumbrarse, aunque, en ocasiones, pudiera peligrar su propia integridad física. ¿Es este un país instalado en la normalidad democrática o, por el contrario, lo que se está empezando a producir es el impulso revolucionario de aquellos que pretenden acabar con el orden constitucional para alcanzar sus objetivos totalitarios?

El desconcierto por el que parece estar pasando el PSOE, desde que el señor Rubalcaba se retiró del primer plano de la política, nos hace pensar que la izquierda moderada, la llamada centro-izquierda del señor Felipe González, está perdiendo la batalla ante otros líderes, del estilo del señor Madina, que siguen manteniendo como objetivo principal luchar contra los empresarios, el capitalismo, la economía global etc. con el propósito de implantar una democracia sui generis, la que siempre ha sido impuesta por los brahmanes comunistas, consistente en imponer su voluntad sin tener en cuenta las consecuencias que se pudieran derivar de su estatalización trasnochada y de su pretendida igualdad que siempre acaba siendo un igualitarismo en la pobreza y, como se viene destapando en algunas autonomías, un enriquecimientos de unos pocos que suelen ser los que, con más ganas, pregonan la lucha contra el capitalismo.

Es posible que Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, haya actuado favorablemente a sus futuros intereses, al retirarse de la carrera para el puesto del Secretario General del PSOE; no obstante, tenemos la impresión de que, para su partido, para los socialistas moderados que tantos hay en España, y, en general, para España y sus ciudadanos, ha sido un golpe bajo que ha dejado descolocados, no solamente a aquellos que renunciaron a presentarse a la elección, pensando en que Susana sería la que alcanzaría el puesto y ahora, a dos días de cerrarse las presentaciones, se encuentran en una situación desairada que augura, para el partido, problemas futuros y, quisiera equivocarme, el posible acceso a su Secretaria de sujetos, como el citado Madina, del que se dice que no ha presentado ninguna propuesta ni iniciativa que lo calificase como un buen aspirante, antes bien, según comenta la prensa, hace años se cebó con el señor Acebes empleando expresiones como: vómito, aliento sobrecargado, mala baba, olor a podrido etc. lo que, para cualquier ciudadano responsable, amante del orden y de las buenas maneras, no puede inspirarle más que repulsión y falta de confianza para encargarle una responsabilidad en un partido y, mucho menos, como un aspirante a la presidencia del Gobierno.

España, señores, no puede permitirse seguir pendiente de tantos frentes abiertos, amenazada por un retorno a gobiernos de tipo bolivariano y en manos de sujetos que nunca han tenido otra ocupación que la de militar en un partido, sin que tengan los conocimientos que se precisan para asumir las responsabilidades del gobierno de una nación. Del otro posible candidato, Pedro Sánchez, sólo se puede decir que sólo lo conocen sus padres, aunque sí sabemos que es contrario a la monarquía. El peligro de que el PSOE decida abandonar sus aspiraciones de ocupar un centro izquierda, para buscar un espacio más a su izquierda en disputa con la IU de Cayo Lara; no hace más que aumentar las inquietudes que podamos abrigar respecto a lo que sería, si se cumplen los pronósticos, un resultado de las legislativas del 2016 favorable a una coalición de izquierdas extremas y eso si, en las próximas municipales, ya no se empieza a fraguar una situación insostenible para el Gobierno de la nación. Todo ello, mientras el separatismo en Catalunya y País Vasco se aprovecha de la ocasión para avanzar en sus amenazas y desafíos, con un PSC descabezado y tirando al separatismo.

Un momento en el que, más que nunca, el Gobierno debe poner toda la carne en el asador para recuperar confianza y evitar que, cuando lleguen los próximos comicios, España caiga en manos de quienes se empeñan en destruirla. O así es como, señores, desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, vemos la peligrosa deriva en la que nos movemos y sin tiempo para evitarla.

Dimisión de Navarro
El proceso separatista acaba con el socialismo catalán
Pablo Planas Libertad Digital 12 Junio 2014

Pere Navarro es la última víctima de la ruleta rusa del PSOE y del proceso separatista. Desde que Rubalcaba anunciara su dimisión tras las elecciones europeas del 25 de mayo hay que esperar hasta última hora para cerrar el parte de bajas del día. Y no sólo en las filas socialistas, aunque el congreso organizado por Rubalcaba es una invitación a salir corriendo y sólo se animan a tomar las riendas del partido quienes no tienen nada que perder, como Eduardo Madina, Patxi López o Pedro Sánchez. Susana Diaz tardó algo más de lo previsto en comprender que la alfombra roja tendida por Rubalcaba servía para tapar las arenas movedizas, pero finalmente ha advertido el peligro.

En el caso de la dimisión de Navarro concurre además la circunstancia catalana, la guerra sin cuartel que le declaró y ha ganado el sector nacionalista de su partido, impulsado por ERC y tan ampliamente representado en las covachuelas orgánicas como escaso entre el grueso de la militancia. Navarro les ha durado un par de asaltos, no ha resistido la lectura en clave "derecho a decidir" de los comicios en Cataluña. Su renuncia aboca al partido hacia el bloque separatista; es un punto a favor de Junqueras, que suma la cabeza de Navarro a la de Duran mientras pilota imperturbable el proceso como si Mas fuera un mando a distancia.

Para el socialismo catalán, es el final de la historia. No hay más, igual que ocurrió con el PSUC. Adiós al PSC-PSOE, a aquel partido que ganaba generales y perdía autonómicas, al partido del cinturón rojo que plantó cara a Pujol y adiós al que se convirtió en una mala copia de CiU durante el tripartito. Su final amplia el campo de actuación de Ciutadans y supone una oportunidad única para el partido de Rivera, pero es, en general, una mala noticia para quienes se oponen a Mas, así como una pérdida casi imposible de asumir para el PSOE, que se queda sin partido en Cataluña.

Tal como han dejado el listón los últimos dimisionarios y renuentes, el presidente de la Generalidad debería ser el próximo en caer y ya estaría tardando. Como se recordará, CiU no sólo perdió las elecciones, sino que precipitó el triunfo de ERC, algo que no se veía desde los tiempos de la Segunda República. Sin embargo, Mas sale cada vez más reforzado de sus derrotas, fenómeno atribuido también a los efectos del proceso. En cambio y desde la perspectiva de Junqueras, Mas es un personaje de Walking Dead con fecha de caducidad el 9 de noviembre, fecha prevista para el referéndum separatista.

En la contraparte, la situación del PSOE, quebrado entre "republicanos" y "pragmáticos", no anima a pensar que se mantenga al lado del PP en el rechazo a los planes independentistas. Si el PSC ha caído en manos de los partidarios de subirse al tren de Mas y Junqueras, Madina no es precisamente una garantía en materia de patriotismo constitucional. Su credibilidad en eso es, más o menos, la de Pablo Iglesias, por lo que toda la responsabilidad recae en el Gobierno del PP en solitario.

Se espera mucho de la proclamación de Felipe VI, como si estuviéramos a las puertas de una gran catarsis política e incluso económica, pero no consta que entre las funciones reales esté la mediación política y que el problema catalán se vaya a diluir a la vuelta de un verano sin vacaciones. Ni que los empresarios catalanes hayan logrado el más mínimo avance en lo de convencer a Mas para que entre en razón. El expediente catalán es para Rajoy, que ya puede ir despidiéndose del apoyo del PSOE para adoptar las medidas que inevitablemente va a tener que tomar en relación a Cataluña.

Euskadi busca su relato sobre ETA
Historiadores preparan, por encargo del Gobierno vasco, un dictamen sobre el pasado terrorista
Luis R. Aizpeolea Madrid El Pais 12 Junio 2014

A los dos años y medio del cese definitivo del terrorismo etarra, muchos se preguntan lo mismo que la madre de Jorge Diez Elorza, el ertzaina asesinado por ETA en febrero de 2000 junto con el dirigente socialista vasco Fernando Buesa, durante un acto de homenaje a las víctimas de aquel crimen: “¿Quién escribirá la historia? ¿Dejaremos que sean quienes mataron a Jorge los que la escriban? ¿Esas decenas de años serán recordadas como un tiempo de horror o de lucha heroica, como pregona el que fue entorno de ETA?”.

Para conformar un relato democrático, el Gobierno vasco ha encargado a un grupo de historiadores de la Universidad del País Vasco (UPV) que elaboren para final de año un dictamen sobre los últimos 50 años de la vida en Euskadi, marcada por el protagonismo del terrorismo etarra. La etapa analizada abarcará desde 1968, año en el que la banda cometió su primer asesinato, hasta hoy, un tiempo marcado por el cese definitivo de la violencia terrorista.

La iniciativa se une a otras, surgidas tras el cese definitivo de ETA, como el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, el mapa de víctimas del terrorismo —en el que trabaja la asociación Covite—, un informe sobre víctimas policiales y otras iniciativas que confluirán en el Instituto de la Memoria.

Antonio Rivera, catedrático
“No se puede pasar página sin más con el argumento de que hay que mirar hacia adelante”, señala Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, exviceconsejero de Cultura del Ejecutivo socialista de Patxi López, y uno de los encargados de elaborar el dictamen. “El papel de los historiadores es evitar un cierre en falso. El terrorismo no ha sido el resultado de un conflicto entre vascos. Ha socavado las bases de la democracia. Ha habido un totalitarismo de ETA, que ha querido imponer su proyecto a la sociedad, y eso hay que dejarlo claro si queremos asentar la sociedad del futuro. Tenemos que dar una respuesta para las generaciones futuras a la interrogante de por qué pudo pasar lo que pasó”, sostiene.
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Rivera forma parte del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, el centro adscrito a la UPV, responsable de elaborar el dictamen. El encargo del Ejecutivo vasco se formalizó a través de una enmienda a los presupuestos generales de la comunidad autónoma que fue presentada por el Partido Socialista de Euskadi y asumida y aprobada por el Ejecutivo del PNV, y que preveía la financiación necesaria para la elaboración del informe. En el proyecto trabajan fundamentalmente, junto a Rivera, el catedrático de Historia Contemporánea Luis Castells y los investigadores José Antonio Pérez y Raúl López Romo.

El dictamen, que pretende ser breve, por debajo del centenar de folios, se centrará en el impacto social del terrorismo en cinco etapas: dictadura (1968-1975), Transición (1976-1981), consolidación democrática (1982-1994), socialización del sufrimiento (1995-2011) y final de ETA, desde 2011 hasta hoy. Irá acompañado de relaciones bibliográficas exhaustivas, fondos audiovisuales, fotográficos y una base de datos actualizada que identificará a cada víctima y el tipo de comportamiento que desarrollaron la sociedad y las diferentes entidades (Administraciones, partidos) como protesta.

Rivera cree necesario hacer historia de los años de plomo. “Si la memoria es personal, los poderes públicos deben definirse sobre si en el País Vasco asistimos con el terrorismo de ETA a un movimiento de liberación nacional o a uno totalitario y a partir de ahí fijar las bases de la sociedad del futuro”, sostiene. “El que gane la batalla de la memoria, ganará la batalla de estos 50 años”.

Castells abunda en la necesidad de un relato común sobre la base de otras experiencias históricas: “El Holocausto en Alemania, la resistencia al Gobierno colaboracionista de Vichy en Francia o ante el fascismo en Italia constituyen hitos sobre los que se construyó una conciencia antifascista que contribuyó a que el terrorismo de los años setenta y ochenta (Baader-Meinhof, Brigadas Rojas) fuera marginal”.

“Hay mucha literatura sobre ETA, pero no está articulada”, añade Rivera. “Lo que pretendemos es poner una pica en Flandes para proyectar todo un futuro de investigaciones como las que han desarrollado colectivos universitarios en lugares como Irlanda del Norte y que se echan en falta en nuestra universidad pública vasca. Aunque ha pasado poco tiempo desde el cese definitivo de ETA, ya es momento de empezar a hacer historia. La gente en el País Vasco quiere olvidarse del drama del terrorismo porque tardó mucho tiempo en reaccionar; reaccionó de manera masiva a partir de la segunda mitad de los años noventa, cuando todo el mundo se sintió amenazado por la estrategia de ETA de socializar el sufrimiento”.

Para Castells, la cifra de más de 800 víctimas mortales que ha provocado ETA da prueba de “la intensidad con que se vivió la violencia que generó ETA principalmente” y de “un terrorismo que ha dejado muchos traumas en su siniestro recorrido, de manera que sería propio de una sociedad abyecta e inmoral considerar que no ha ocurrido nada extraordinario en nuestra reciente historia”.

Un problema que se ha planteado en Euskadi y en Irlanda tras el final del terrorismo, a diferencia de lo ocurrido en Alemania, Francia o Italia tras la Segunda Guerra Mundial, es que “las formaciones políticas herederas de grupos terroristas tienen una sólida presencia parlamentaria”, señala Castells. “No se sale de una época traumática con una interpretación consensuada sobre lo que ha supuesto la violencia en nuestro país sino con varias visiones sobre el pasado y sobre la función desempeñada por organizaciones como ETA, que ha sido derrotada policialmente, pero no lo ha sido su discurso”.

Rivera explica que “ya sucedía en el pasado con las treguas de ETA que la izquierda abertzale subía espectacularmente en las elecciones. (...) Siempre tuvieron un apoyo social y yo añadiría que hoy la integración de Eusko Alkartasuna en Bildu-EH le ha abierto la puerta a las clases medias nacionalistas”, opina. “La violencia de los grupos terroristas parapoliciales o los abusos policiales hay que condenarla como vulneración de los derechos humanos, pero la violencia de ETA tiene la singularidad de responder a un proyecto político totalitario, de imposición a la sociedad vasca y, más allá de que su número de víctimas fue muy superior, ejerció un carácter troncal en el terrorismo en el País Vasco y fue quien marcó el inicio y el final de la etapa terrorista”.

Otra cuestión clave es si el recuerdo de los años de plomo puede ser negativo porque puede reabrir heridas y obstaculizar la convivencia. Castells considera que la izquierda abertzale debe realizar un reconocimiento autocrítico de su complicidad con ETA en el pasado para contribuir a una necesaria deslegitimación del terrorismo que ayude a cerrar las heridas. “Tiene muchas dificultades para hacerla porque supone reconocer el error de su trayectoria durante muchos años. Pero es el único camino”.

Las víctimas del terrorismo, finalmente, son otra clave de la historia. Todos coinciden en que los planteamientos de las víctimas del terrorismo son plurales y en la necesidad de que la izquierda abertzale haga un reconocimiento del daño causado, como antesala para la convivencia. A la par, consideran que los poderes públicos, instituciones y partidos, deben contribuir con su discurso a la convivencia sin buscar rentabilidad política del dolor de las víctimas

‘POLITIZACIÓN ASFIXIANTE DEL ESPACIO PÚBLICO’
‘El Govern utiliza a menores para la secesión’
Rosalina Moreno www.gaceta.es 12 Junio 2014

María José García, portavoz de Educación del PPC, expone en GACETA.ES el “adoctrinamiento al que se somete a los niños en colegios públicos de Cataluña”.

Esteladas en colegios, en parques infantiles, propaganda política en los tablones e incluso en las mochilas de los niños… María José García Cuevas, diputada del PP en el Parlamento catalán y portavoz de Educación, acusa al Govern “de abuso de poder” al “usar medios, espacios públicos y menores de edad al servicio del proceso de secesión”, “algo que sólo pasa en los regímenes totalitarios” y le exige “que defienda su proyecto rupturista con los medios legítimos que admite nuestra democracia”.

García Cuevas, que el pasado jueves fue nombrada nueva adjunta a la secretaría general del PPC, señala a GACETA.ES que su partido está recibiendo una avalancha de llamadas de padres “alertando del adoctrinamiento que en los colegios públicos los profesores están sometiendo a sus hijos”. Pone como ejemplo que “el pasado viernes se metió en los macutos de niños de primaria el cartel de una manifestación para el próximo sábado contra la aplicación del 25% de castellano, convocada por la asociación Somescola, absolutamente politizada”.

“Colocando una estelada, que es una bandera política que incida a la secesión y a la insumisión a la Constitución y al Estado, y diciéndoles que vayan a manifestarse en contra de los tribunales de Justicia, menuda formación democrática en valores que les están dando”, dice indignada. Pide a la Generalitat que no se escude detrás de la autonomía local ni de la de los centros educativos y le recuerda que “utilizar estas herramientas es ilegítimo y antidemocrático”.

La diputada informa también de que “se están empezando a producir situaciones de acoso y violencia escolar por el tema de la secesión” y que han recibido denuncias de padres que han tenido que cambiar a sus niños de centro. “A una niña, que puso en la carpeta una pegatina de una señera para la asignatura de catalán y una de la bandera de España para la clase de castellano, le llegaron a pegar. Cuando sus padres fueron a protestar al colegio, el tutor les dijo que ella había provocado al llevar una bandera de España”, explica.

García Cuevas ya ha pedido a la consejera de Enseñanza de la Generalidad, Irene Rigau, que adopte medidas disciplinarias frente al adoctrinamiento y el reparto de propaganda política. Además, este miércoles, en la sesión de control al Govern, ha reclamado a la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, que “ponga en marcha acciones para corregir la imposición de esteladas y demás propaganda política en espacios públicos”, y le ha recordado que “sólo en las dictaduras unos deciden cómo debemos pensar todos, imponiéndonos símbolos y banderas”.

Ortega le ha replicado que “hay que respetar los ámbitos competenciales de las administraciones” y que la “la imposición y la sanción no es la mejor manera de garantizar la convivencia”. Por su parte, la diputada popular subraya que “esto no es un tema de un Ayuntamiento, sino de CiU, Esquerra y la CUP, que en muchos casos con la colaboración necesaria del PSC, están cediendo espacios públicos y permitiendo que servicios públicos como la educación se politicen”.

El PPC también ha recibido quejas sobre “la invasión y la politización del espacio público”, que García Cuevas tacha de “asfixiante”. Dice que “empieza a haber una ambiente social de opresión en Cataluña, sobre todo en las zonas del interior, donde hay esteladas por todos lados”. Según cuenta, invaden desde ayuntamientos a rotondas, vías públicas y parques de bomberos, algo que considera una “falta de respeto a la democracia, a la convivencia y al pluralismo político”.

Indica que “la gente está yendo a protestar a los ayuntamientos, aunque muy tímidamente porque cuando alguien se significa en contra de la secesión, lo aíslan” y que “el ambiente social es de tanta presión que nadie se atreve a denunciarlo en voz alta”. “Ha habido un caso de un padre en un pueblo de Vic, que pidió una instancia a la consejería para que a su hijo se le aplicara la educación bilingüe y el director del colegio mandó una carta a todos los padres desacreditando a esta persona. No contentos con eso, el Consistorio publicó la misiva en su web”, relata.

Entre las provocaciones que sufren destaca que “el alcalde de Banyoles (Gerona), aprovechando la semana de tiempo de flores, cedió a la assemblea.cat una rotonda para que la adornase y ha colocado una estelada y una urna con florecitas en el suelo, que dice Sí Sí” para que los catalanes sepan lo que deben votar. “Están tan obsesionados que no se dan cuenta del descrédito rayando el ridículo que todo esto supone en su plan ilegal de referéndum y secesión”, destaca García Cuervas, y añade que “ninguna mayoría democrática legitima que un responsable público utilice políticamente los medios”.

NGENIERÍA FINANCIERA EN LAS ÚLTIMAS CONCESIONES
La creatividad de la Generalitat o qué vender cuando ya lo has vendido todo
Marcos Lamelas. Barcelona El Mundo 12 Junio 2014

La Generalitat de Cataluña está mostrando una creatividad inusitada en el terreno de las privatizaciones. Ante la problemática de qué vender cuando ya lo has vendido todo, el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ha encontrado una nueva vía. La explicación oficial es que se ingresarán 800 millones de la gestión del agua en el área metropolitana de Barcelona. La práctica es mucho más compleja y pone sobre la mesa una compleja ingeniería financiera que supone titulizar de manera indirecta y parcial el canon del agua que cobra la Generalitat a cambio de una rentabilidad que rondará el 6%, según han avanzado fuentes financieras. Muy alta con las actuales condiciones del BCE.

En la actualidad, la Generalitat cobra el canon del agua, que es recaudado en el recibo del agua que cada compañía emite a los abonados. En el caso de los más de 30 municipios que integran el área metropolitana de Barcelona, Aguas de Barcelona es quien remite este recibo, que ingresa cada año 146 millones de euros en las arcas públicas. En la práctica es parte de este canon el que se colocará en los mercados.

Con la obligación de reducir el déficit al 1% del PIB y con los mercados de deuda cerrados, ha sido necesaria una enmarañada estructura financiera para conseguir, a la vez, los ingresos previstos por privatizaciones –2.300 millones–, evitar el portazo de los inversores institucionales y que la operación no compute como mayor deuda pública.

El plan inicial era privatizar las depuradoras por 1.400 millones, pero se descartó, entre otras razones por el pequeño detalle de que muchas de dichas depuradoras no eran de la Generalitat. Con el nuevo esquema se concesiona de facto el canon del agua asegurando que no subirá, algo que algunas fuentes del sector consideran poco probable.

terrorismo
Segi propuso sabotear trenes aunque «haya muertos»

j. pagola / madrid ABC 12 Junio 2014

Así consta en el documento «Enseñarle los dientes al enemigo» incautado a algunos miembros de la trama juvenil de ETA absueltos ahora por la Audiencia Nacional

«¡Golpeemos juntos, en la misma dirección» para encauzar «de manera ordenada y uniforme las fuerzas, el enfado y el ansia de respuesta del pueblo». Esta era una de las consignas vertidas en el manual «enseñarle los dientes al enemigo», que la Policía incautó a los cabecillas de Segi absueltos ahora por la Audiencia Nacional. «kale borroka» de alta intensidad; terrorismo puro y duro, que proponía incluso envenenar depósitos de agua, sabotear trenes, «aunque haya muertos» e incendiar urnas.

El documento, que manejaban los ahora absueltos, enfatizaba que era «muy importante seguir adoctrinando a las nuevas generaciones» con los modelos de «lucha» utilizados por la «izquierda abertzale». «Y en el pueblo, cuando haya que poner barricadas, con naturalidad, pediremos en la herriko la implicación de la gente». El manual instruía acerca de cómo preparar y ejecutar los sabotajes, aunque hacía distinciones entre los objetivos. Así, si se trataba de responder a una situación grave, «tendremos que quemar una sede del PSOE o apedrear un batzoki del PNV». «A los ladrones electos de Aralar -entonces eran mal avenidos- les tiraremos piedras; pero a los del PP, cócteles». Y Segi recordaba a todos aquellos que deseaban «un mayor compromiso en la lucha», que hay una organización que «practica la lucha armada», en alusión a ETA.
Quemar las urnas

El manual, en su última parte, daba instrucciones para perpetrar ataques, incluidas emboscadas y trampas. Proponía sabotajes contra el ferrocarril, como cortocircuitos en la catenaria, barricadas, manipulación del cambio de agujas, borrado del sistema eléctrico de semáforos, pese a reconocer que «pueden provocar muertes». Además, planteaba el envenenamiento de depósitos de agua de enemigos «muy significados». También, el llamado «voto incendiario» para quemar urnas en aquellas elecciones en las que no se presentara el brazo político de ETA. Daba instrucciones de cómo echar pegamento en un papel, mezclarlo con glicerina e introducir el papel en el sobre. «Tienes un minuto de tiempo para votar y marchar». Incluso, indicaba el manual de Segi, «podemos introducir un sobre de plástico pequeño en el sobre para que el fuego sea más efectivo con la mezcla en su interior de potasio clorado y azúcar. Esta mezcla cuando queme el otro dará más fuerza al fuego».


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