AGLI Recortes de Prensa   Sábaado 5  Julio  2014

Batalla de ideas
Rajoy creó Podemos
Daniel Rodríguez Herrera Libertad Digital 5 Julio 2014

El cuerpo electoral cambia continuamente: se nos van muriendo los más mayores y cumplen los dieciocho cada vez menos jóvenes. Para analizar hacia dónde vamos hay que examinar qué piensan y por dónde tiran esos nuevos electores. Es cierto que el tiempo nos hace cambiar, y que generalmente hace cambiar más hacia la derecha que hacia la izquierda, pero eso es un proceso lento que tampoco es precisamente universal. También es verdad que es mucho más frecuente ser de izquierdas entre los jóvenes.

Sin embargo, esa supuesta rojez universal de la juventud no se da siempre. A mediados de los 90, incluso en las universidades eran mayoría quienes apoyaban a Aznar y al PP. Porque, como explicaba Milton Friedman en esa cita tergiversada hasta la saciedad por Naomi Klein, en épocas de dificultad y cambio nos aferramos a las ideas que hay en ese momento en el ambiente. La crisis de aquellos años, después de más de una década de Gobierno de Felipe González, y el enorme paro juvenil que padecíamos podría haber llevado a la juventud a la extrema izquierda, como está sucediendo ahora. Y aunque en parte lo hizo, el PP logró en general evitarlo. Porque en aquel momento tenía ideas y las promovía y publicitaba con los medios que tenía a su disposición.

Veinte años después, el panorama ha cambiado mucho. A la izquierda tradicional se la han llevado por delante el huracán del buenismo y su responsabilidad ante la crisis. Y por la derecha... Por la derecha han arrasado Rajoy y los sorayos. Que sí, que mucho abogado del Estado y mucho manejo magistral de los tiempos, pero la última vez que oyeron hablar de una idea maniobraron en la sombra para que se cerrara el medio donde a algún despistado se le ocurrió proferirla. O se echara al director. Lo que fuere, con tal de que la derecha se transformara en un páramo intelectual en el que sólo de vez en cuando pasara rodando un matojo. Y a fe que lo han conseguido. Los pocos que resistimos lo hacemos muy a su pesar.

Arrasar con las ideas liberal-conservadoras tiene sus cosas útiles, no se crean. Permite reducir un poco el descontento de los tuyos cuando les apuñalas por la espalda en repetidas ocasiones, porque no se enteran de la mitad de las cosas horrendas que haces. Pero tiene el pequeño problema de que en el momento en que no logras sacar el país de la sima donde lo dejó Zapatero, cosa inevitable cuando apuestas por políticas socialdemócratas y no liberales, la juventud no tiene ante sí ninguna idea decente a la que aferrarse. Las únicas que hay en el ambiente son las de la extrema izquierda, los indignados. Ideas que cuando se llevan a la práctica, en el mejor de los casos, destruyen un país.

España nunca ha sido capaz de llegar a los extremos de prosperidad y aburrimiento de los que disfrutan en naciones como Suiza, pero sí es cierto que ha recorrido, siquiera brevemente, un camino que nos permitió alcanzar cierta prosperidad y algunas libertades. El temor, siempre presente, es que nos abalanzáramos con entusiasmo por la vía argentina hacia la ruina. Ahora, gracias a Rajoy, se ha abierto incluso la posibilidad de que nos convirtamos en un país bolivariano. Gracias, majete.

Los plátanos de canarias y el petróleo de toda España
Juan Vicente Santacreu. Periodista Digital 5 Julio 2014

La imbecilidad es contagiosa, la inteligencia no

Parece que algunos no se enteran de lo que significa ser un país. Por ejemplo, ¿por qué los canarios no se meten sus plátanos por el culo? Muy sencillo, primera porque son muchos plátanos para tan pocos culos y segunda porque forman parte de esta “cosa” que aún llamamos España. Es decir, somos un país y los plátanos de Canarias son para toda España. Aquí se comparte todo, lo bueno y lo malo. O por lo menos así debería ser.

Pero cuando en un país se ha fomentado la política de la imbecilidad da como resultado que un grupo de imbéciles canarios diga en voz alta y sin ningún tipo de vergüenza: “no a las prospecciones de petróleo en Canarias”. Como si el petróleo de Canarias fuera de los canarios.

Pues bien imbéciles, ni el petróleo canario es vuestro, ni el Ebro es de los Catalufos, ni el plan hídrico es de los feudos locales y ni el español es para unos cuantos. ¡Ah! Y ni la región catalana es de los catalufos. Los recursos de España son para todos los españoles. No se puede permitir –como están haciendo estos hijos de puta- que no puedan trabajar millones de españoles en una región de España por culpa de los putos dialectos. Véase por ejemplo a los periodistas que no pueden trabajar de hecho en un tercio de España por culpa de las lenguas. ¡¡Y ahí están los periodistas!! Calladitos y sin rechistar no sea que molesten al “Rey Friki de las mariconadas” y los deje sin currar.

Lo mismo pasa con el agua del Ebro que se tira al mar mientras Alicante se seca. Y cientos de cosas más, porque en esta “Cosa” todo funciona igual.

No hay nada más peligroso que dar voz y voto a un imbécil porque estos se inflan y se crecen como el ave Fregata hasta ir soltando todo tipo de gilipolleces en voz alta, que claro, de tanto repetirlas hasta ellos se las creen.

Y justo cuando España está inmersa en una imbecilidad colectiva producto de 40 años de adoctrinamiento imbécil, saltan a la escena política nacional –perdón, estatal- la trup circense de los “We can”, que estos además de Pabloskys, son guarros, peluos y unos indigentes culturales, es decir, imbéciles con denominación de origen.

Por eso digo que somos una “Cosa”, porque ningún país del mundo empezaría con imbecilidades ante la posibilidad de encontrar crudo en su territorio. Es más, si quieres argumentos imbéciles también los tengo, te encuentras un simple fósil prehistórico o un utensilio de mierda de la época y no te pertenece, es patrimonio de España y nadie lo cuestiona. Ese es el problema que los “peluos” no tienen ni puta idea que el petróleo también son fósiles.

Lo terrible de España ya no son los imbéciles que opinan, el problema es que son muy imbéciles y además son muchos, tanto en la derecha como en la izquierda, y mientras tanto los españoles cada día más pobres y sin hacer nada.

Así lo pienso y así lo digo

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http://www.masaborreguera.com/twitpost/ejercito-catalan.html

Desafío separatista
La fragata y el fajín
Javier Somalo Libertad Digital 5 Julio 2014

Las crónicas que Pablo Planas envía desde Barcelona para Libertad Digital pueden invitar a la sonrisa si nos quedamos sólo en los detalles. En el caso de la militarización de la Generalidad conviene advertir su verdadera intención: la amenaza. Con la inexcusable propaganda, eso sí.

Blindados, patrulleras y fragatas. Léase sencillamente hostilidad. Otra cosa es la prevista "guerra de guerrillas" en caso de… ¿en caso de qué? Tampoco importa, la prevé y la menciona sin rubor. Pero esa táctica, puramente española, es la que adoptó ETA –"militar" y "político militar", recuérdese– o aquel Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive. Guerrilla, nacionalismo… no estamos ante lo desconocido. Las fragatas despistan, adornan, y hasta recuerdan a Gila pero esconden –lo justo– esa amenaza, un programa de sedición armada aunque sólo sea en el papel.

Una fuerza armada paramilitar en el seno de una democracia no es sino terrorismo, aunque éste requiera de determinadas condiciones para definirse así, según los puristas. El mensaje de violencia institucional ya está sobre la mesa de un Gobierno central que lo fía todo al cumplimiento –automático, sin coerción– de una Constitución violada a diario.

Tampoco quiere el Gobierno multiplicar por dos olvidando así que el proyecto separatista de paralizar un frente para concentrarse en otro ya empezó a fraguarse en Perpiñán. Inventar la Historia, inocularla en un sistema educativo y reclutar gudaris a la fría sombra del claustro de una abadía es costumbre conocida o debería serlo. Lo hemos visto y pagado con muchas vidas. Los efectos de ignorarlo ahora llegarán desde dos frentes o unidos en uno solo, en función de lo que más convenga.

Mientras, seguimos financiando los instrumentos que sirven al fin, como la ANC, proyecto de CiU y ERC, que es como decir la Generalidad. O el CAC, que documenta querellas contra periodistas sin tener capacidad jurídica sabiendo que la Generalidad –de la que emana– se arrogará la representación del pueblo catalán para litigar en los juzgados. Lo hacen y les sale mal –querellas y fragatas– pero lo hacen siendo ilegal y así será tantas veces como va el cántaro a la fuente. Cuenta la intención, el hecho consumado e impune. ¿Cómo no lo van a repetir con el referéndum? Además, confeccionarán su censo al estilo de Hassan II y si asoma algún contratiempo ya se ocupará la ANC de montar una Marcha Verde, o estelada o blaugrana. Los hechos consumados no se castigan en España: "No pueden hacerlo, no sucederá, es ilegal", se dice desde Madrid asistiendo a cómo lo hacen. Como Neville Chamberlain, que negó la posibilidad de que en Alemania pudiera nacer la Werhmacht simplemente porque estaba prohibido por el Tratado de Versalles.

Pagaría barriles del cognac más añejo y las mejores vitolas por disponer de un Winston J. Churchill los minutos suficientes para susurrar al presidente del Gobierno que la infausta política de apaciguamiento de un líder conservador trajo desgracias al mundo entero. Sin exagerar, sólo como ejemplo pretérito, pero antes de que Pablo Planas nos informe de que la ANC prepara apuntes sobre la Línea Sigfrido en Aragón y Valencia en su vertiente puramente propagandística, claro. En todo caso, antes de que documenten que el propio Churchill nació en Arenys de Mar.

Y por último, no olvidemos hoy el acto protocolario que prologó el reinado de Felipe VI: antes de ser proclamado rey se le hizo Capitán General. Cinco estrellas de cuatro puntas y dos bastones cruzados que simbolizan el mando sobre el mando. Es verdad que las estrellas y el fajín de Jefe Supremo de los Ejércitos no suponen mando militar real, excepción hecha en torno al 23-F. Pero su nuevo portador ha de saber que hay una zona de España, donde estaba la Capitanía General de Barcelona, luego Región Militar Pirenaica Oriental –reconozco que hoy le he perdido la pista a su denominación, si es que existe– donde ya no le reconocen autoridad, donde no tendrá Cuartel, donde uno de sus bastones de mando no se cruzará con otro. Seguirán recibiéndole para que salude y despida en catalán pero allí el único fajín de autoridad será el que se ciñan los castellers que boten las fragatas. Y no habrá que culpar al Rey sino a quienes corresponde gobernar como muy bien recordó en su discurso de Proclamación.

En un país normal
Miquel Porta Peralescronicaglobal.com 5 Julio 2014

Dice el nacionalismo catalán que en un país normal -se refiere a España- determinadas cosas no pasarían. Por mi parte -admito que en España pasan cosas que no deberían pasar-, afirmo que en un país normal -hablo ahora de Cataluña: acepto que es un país dicho sea en la acepción territorial del término: región, provincia y territorio- no ocurrirían cosas como las que a continuación enumero.

En un país normal, el gobierno no cumple o incumple la Ley y las resoluciones de los Altos Tribunales a la carta, es decir, a mayor gloria de sus particulares e intransferibles intereses.

En un país normal, no se reclaman unos supuestos derechos históricos -lean ustedes, unos privilegios- preconstitucionales.

En un país normal, quien defiende el llamado "derecho a decidir" lo hace -eso es la democracia y así funciona el Estado de derecho- en el marco de la legalidad vigente y solo en él, sin triquiñuelas, ni subterfugios, ni artimañas, ni añagazas.

En un país normal, ningún gobierno plantea un referéndum ilegal -fecha y pregunta con trampa- que no se celebrará.

En un país normal, ningún gobierno apela al diálogo poniendo como condición previa del mismo la celebración del referéndum sobre el cual, precisamente, versa el diálogo.

En un país normal ningún gobierno impulsa un Consejo Asesor para la Transición Nacional que diseña las estructuras de Estado del nuevo Estado que surgirá de un referéndum que no se celebrará.

En un país normal, ningún político afirma que quienes defienden el Estado de derecho carecen de sensibilidad democrática.

En un país normal, no se califica de nacionalistas españoles que rompen la convivencia a quienes defienden la legalidad democrática frente a los nacionalistas catalanes que no respetan la ley y sí pueden resquebrajar o fracturar la convivencia.

En un país normal, se respeta el derecho a decidir de los padres cuando se trata de elegir la lengua vehicular en la cual quieren que se eduque a sus hijos. Y también se respeta -además de las sentencias judiciales al respecto- a la mitad de la población -de hecho, más de la mitad de la población- que tiene y siente como propia -no como impropia o extranjera- la otra lengua cooficial.

En un país normal, nadie tilda de intrigante -con todo lo que el término conlleva e implica- a quien tiene una idea distinta de lo que es y debe ser Cataluña. Y de lo que es y debe ser España.

En un país, normal ningún gobierno autonómico o regional promociona un simposio con el título de 'Alemania contra Baviera' o 'Estados Unidos contra Nebraska' o 'México contra Jalisco' o 'Argentina contra Chubut' o 'Indonesia contra Sumatra Meridional' o 'España contra Cataluña'.

En un país normal -sigo con los territorios citados-, los gobiernos normales de Baviera, Nebraska, Jalisco, Chubut o Sumatra Meridional no se sienten expoliados por un Estado del que son -se trata de una cuestión ontológica- parte constitutiva.

En un trabajo de Hannah Arendt, titulado Verdad y política, se puede leer que la verdad y la política mantienen muy malas relaciones. Para la filósofa alemana, la mentira fabrica unas imágenes persuasivas que pueden calmar el ánimo del ciudadano. A ello, cabe añadir que hay quien se engaña con sus propias mentiras, porque el engaño sin autoengaño es casi imposible. Gracias al engaño se construye una realidad -virtual- que casa con las fantasías, deseos o necesidades de quien engaña. Un detalle: quien dice la verdad, o tiene voluntad de aproximarse a la misma, es considerado como un peligroso y destructivo enemigo interior. Y el caso es que, a veces, el engaño -las imágenes persuasivas de nuestra filósofa- no calma el ánimo del ciudadano, sino que encrespa sus fantasías, deseos o aspiraciones.

Si quieren que les diga la verdad, comparto el deseo que Artur Mas expresó hace unos meses: "Quiero vivir tranquilo en un país normal". Por eso, president, respetuosamente, le doy un consejo y le sugiero una práctica. El consejo: no se engañen a ustedes mismos y así no nos engañaremos nosotros mismos. La práctica: póngase manos a la obra para que los ciudadanos de Cataluña -como usted dice- podamos vivir tranquilos en un país normal.

Desde las Américas
España: Bienvenido, Mr. Chávez
Carlos Alberto Montaner Libertad Digital 5 Julio 2014

La idiotez política está al alcance de cualquier pueblo. Ninguna sociedad está libre de recorrer ese camino. Quien lo dude debe pensar en la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, la Cuba de los Castro o la Venezuela de Hugo Chávez. Sobran los ejemplos.

Podemos es un partido político chavista, oficialmente creado hace pocos meses en España. Pablo Iglesias es su cara más visible. Se trata de un joven profesor universitario, desaliñado, con barba rala y cola de caballo, quien no vacila en defender el uso de la guillotina para traer la felicidad a la sociedad española.

El personaje y su partido han entrado en la vida pública española sorpresivamente. En las elecciones al Parlamento Europeo la novísima organización obtuvo 1.200.000 votos y cinco escaños. Esto ha desatado las alarmas.

El calificativo de chavista a Podemos no es gratuito, sino todo lo contrario. Ha sido muy costoso. De acuerdo con una investigación llevada a cabo por el diario El País, los directivos españoles de esa organización han recibido, por medio de una fundación, unos cuatro millones de dólares a lo largo de los años en concepto de asesorías por parte de la Venezuela de Hugo Chávez.

Por el tipo de medidas llevadas a cabo por el chavismo se pueden deducir las creencias que prevalecen en Podemos. Forman parte del extendido grupo de fabricantes de miseria que militan tras las banderas del populismo. Cuando Chávez llegó al poder había seis millones y medio de pobres en Venezuela. Hoy existen más de nueve y el país padece todo tipo de escaseces en medio de la mayor violencia. En Caracas, dicen, ya no se contabilizan los habitantes sino los supervivientes.

¿Pueden semejantes personajes llegar al poder en España en un futuro próximo? El periodista Federico Jiménez Losantos, quien procede del Partido Comunista y ha evolucionado hacia el liberalismo, afirma que sí, y yo creo que tiene razón. Pudiera ocurrir.

Todos los elementos están dados para la tormenta perfecta. Los dos grandes partidos nacionales –PP y PSOE– se han desacreditado por culpa de la corrupción. Hay un 25% de desempleo, que alcanza el 50 entre los más jóvenes. El separatismo –catalán y vasco– va en aumento. La monarquía cuenta con un tibio respaldo. Muchos jóvenes bien preparados emigran hacia otras naciones porque no encuentran posibilidades de prosperar en España.

Las propuestas de Podemos son totalmente disparatadas, pero eso jamás ha sido un obstáculo para ganar elecciones en épocas de crisis. Prometen repartirlo todo porque, para esta gente, corta de entendederas, el problema no está en la limitada generación de riquezas por la debilidad del tejido empresarial, sino en su mala distribución.

Creen que la forma de combatir el desempleo es repartir el trabajo justamente. Si el 100% de los trabajadores sólo trabajara el 75% de la jornada laboral, el 25 que no encuentra empleo podría hallarlo.

Creen que si se reduce la edad de la jubilación a los 60 años, en lugar de los 65 hoy vigentes, habría más empleos disponibles y más tiempo para disfrutar del ocio. (¿Por qué no a los 50?).

Creen que basta con despojar de sus excedentes a los que tienen para otorgar a toda persona radicada en España un subsidio "digno" que le permita vivir decorosamente.

Es decir, Podemos promete terminar con la crisis con menos esfuerzo, en lugar de con más, que es lo que dictan el sentido común y la experiencia. Pero esas propuestas, que arruinan a cualquier sociedad, son gratas a los oídos de muchos electores.

¿Son demócratas los miembros de Podemos? No lo creo. No se puede ser chavista y demócrata simultáneamente, de la misma manera que no se puede apoyar al fascismo o al comunismo y creer en la libertad. Es lo que los clásicos llamaban contradictio in terminis, algo así como un cuadrado redondo.

La vía electoral, eso sí, es la fórmula para llegar al poder y, desde allí, dinamitar las instituciones que sostienen el Estado de Derecho. Esto es lo que han llevado a cabo la Venezuela de Chávez y Maduro y, hasta cierto punto, el Ecuador de Rafael Correa.

¿Cómo pueden llegar al poder semejantes personajes? Jiménez Losantos piensa que mediante un pacto con los socialistas, los comunistas de Izquierda Unida y los separatistas más radicales de Cataluña y el País Vasco. Un nuevo Frente Popular que se inclinaría paulatinamente hacia el estatismo colectivista-populista, que derrote al centroderecha en las urnas y precipite a España en una etapa revolucionaria.

¡Dios nos coja confesados!
elblogdemontaner.com

“No hay que entender Occidente en un sentido exclusivamente geográfico”
Mario Vargas Llosa: “Occidente tiene que ver con la coexistencia en la diversidad y la defensa de los derechos humanos"

La Tribuna. Redacción. latribunadelpaisvasco.com 5 Julio 2014

escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha intervenido en el Campus FAES 2014, dentro del curso “La cuenca atlántica: desafíos y oportunidades”

En su ponencia, el autor de “Conversación en la catedral” ha explicado que “Occidente no hay que entenderlo en un sentido solamente geográfico sino, fundamentalmente, en un sentido cultural y político. Los grandes aportes de Occidente al mundo, que son la raíz de los mayores avances que ha tenido la humanidad, son culturales y son políticos. La cultura de la libertad nace en Occidente, y nace no con la idea no de que sea únicamente un patrimonio geográfico sino una manera de organizar la sociedad a la que pueden adherirse no importa cuál sea su situación geográfica, todas las sociedades del mundo”.

Para Vargas Llosa, “la cultura de occidente tiene que ver con la coexistencia en la diversidad, con el respeto y la defensa de los derechos humanos, con la defensa del individualismo, de la libertad como algo indivisible, y con la idea de que libertad política, económica, cultural e individual no son cosas distintas, sino expresiones de una misma idea, generosa, abierta, también pacífica, de lo que es el ser humano y también la sociedad”.

Y añadió: “Creo que todos los países que hacen suya esta cultura, la cultura de la libertad, son de alguna manera parte integrante, parte esencial, de lo que es el Occidente. Occidente no es desde luego solamente la cultura de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, del individualismo y la coexistencia en la diversidad; también el Occidente tiene desvíos y aberraciones profundas; el nacionalismo, no lo olvidemos, es también una criatura de Occidente, así como el nazismo o el fascismo, también son productos aberrantes, destructores, profundamente negativos, del Occidente. Pero la gran herencia, en nuestro tiempo, de lo que es la cultura occidental, es fundamentalmente, esa cultura de la libertad”.


Cataluña ante el desafío secesionista
Convivencia Cívica Catalana enseña cómo solicitar enseñanza bilingüe en Cataluña
La plataforma ayuda a los padres a inscribir a sus hijos en la LOMCE y reclamar el derecho a una educación en catalán y español
Redacción www.lavozlibre.com 5 Julio 2014

Madrid.- La plataforma Convivencia Cívica Catalana ha presentado esta semana los impresos y procedimientos para solicitar la enseñanza bilingüe en Cataluña y cómo acogerse a la LOMCE, que entra en vigor en este próximo curso 2014/2015.

Ante el derecho que recoge la citada ley sobre la educación bilingüe. Convivencia Cívica Catalana se ha prestado para acompañar a los padres que deseen acogerse a la LOMCE y efectuará con ellos la tramitación de sus solicitudes a la administración.

Con un formulario adaptado a la nueva normativa, bajo el título 'Por el bilingüismo en la escuela: sí al uso equilibrado de nuestras dos lenguas', los padres podrán solicitar la educación en catalán y español, además de pedir a la Consejería catalana de educación que incluya la casilla en el impreso oficial de preinscripción en la que se pregunte por la habitual lengua del alumno, como es su obligación legal.

En caso de que la Consejería deniegue las solicitudes, como venía siendo habitual, Convivencia Cívica Catalana tramitará las peticiones ante el Ministerio de Educación, que asumirá por cuenta de la Consejería los gastos de escolarización en un centro privado donde se impartirá una enseñanza bilingüe.

De forma totalmente altruista y sin coste para los padres, Convivencia Cívica Catalana ha puesto a disposición de todos ellos el impreso en su página web, en el apartado de Enseñanza en las escuelas (www.convivenciacivica.org).

Una vez firmada la solicitud, los padres pueden hacer llegar a la plataforma el formulario relleno de tres maneras diferentes: por correo ordinario (Apartado de Correos 6142 08080 Barcelona); en mano (Calle Guitard, 45, ático segunda, Barcelona) o poniéndose en contacto con un asesor de zona (teléfonos: 659 055 939 o bien 626 377 683).




VIII ESCUELA DE VERANO - FUNDACION DENAES "EN DEFENSA DE ESPAÑA"
 FUNDACION DENAES  5 Julio 2014

PRIMER DÍA: VIERNES 18 DE JULIO
15.00 Acreditación de los Alumnos.

16.00 Presentación de la VIII Escuela de Verano.

D. Ricardo Garrudo. Patrono de DENAES.
Excmo. Sr D. Iñigo de la Serna. Alcalde de Santander.
Excmo. Sr D. Ignacio Diego. Presidente de Cantabria.
D. Victor Pérez Velasco. Director de la Escuela de Verano.

16.30 Conferencia Inaugural.
“La Defensa de la Unidad Nacional desde la Ley”.
D. Emilio Eiranova. Abogado, ex juez y ex fiscal.

17.30 Pausa.
17.45 Mesa Redonda.
“El Tratamiento de España y lo español en los Medios de Comunicación”
D. Fernando Paz. Historiador.
D. Raúl Vilas. Periodista.
D. Hermann Tertsch. Periodista.

19.00 Fin de la jornada docente.
19.30 Ofrenda floral víctimas del terrorismo.
21.00 Cena Camaradería.

SEGUNDO DÍA: SABADO 19 DE JULIO
10.00 Conferencia.
“DENAES ante el futuro próximo: necesidad y oportunidad”
D. Gustavo Bueno. Patrono de DENAES.

11.00 Pausa Café.
11.15 Mesa Redonda.
“España por encima de los partidos”

D. Enrique Calvet (UPyD), miembro del Comité Económico y Social Europeo.
Dª Carina Mejías (Ciudadanos). Diputada del Parlamento de Cataluña.
Dª María Arenales (PP). Diputada por Valladolid al Congreso de los Diputados.
(PSOE). Pendiente de Confirmar.
D. Santiago Abascal (VOX). Secretario General.

12.30 Ponencia
“Gibraltar español: por Historia y por Derecho. Acciones para su recuperación”.
D. Javier Ortega. Abogado.

16.30 Mesa Redonda
“España, una realidad histórica inapelable”.
D. Enrique Orduña Rebollo. Historiador.
D. Emilio Sáenz-Francés. Historiador
D. Luis Español Bouché. Escritor.

18.00 Pausa
18.15 Ponencia
“Las Fuerzas Armadas, Constitución y Unidad Nacional”.
D. Juan Chicharro. General de División en la reserva y ex Comandante General de Infantería de Marina.

19:00: Acto de clausura

El coste del curso para los “Amigos de la Nación”, al corriente de sus cuotas, es de 50 euros.
El coste para estudiantes y jubilados es de 50 euros (estudiantes consultar becas).
El coste para desempleados es cero euros.
Esta actividad de la FUNDACION DENAES estará abierta al público en general, siendo el coste de la matrícula 150 euros.
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de llegada del boletín de inscripción al correo electrónico fundación@nacionespanola.org. o bien llamando de 9,30 h. a 13,30 h al teléfono 914318726.
La FUNDACION DENAES organiza también dentro de la Escuela de Verano una cena de confraternización, el viernes 18 a las 21.30 horas y el precio por cubierto será de 50 euros.
Junto con la reserva se deberá adjuntar justificante de pago del curso y/o de la cena.

FUNDACION DENAES
www.denaes.es

******************* Sección "bilingüe" ***********************
El idioma de los lémures ratón

Luis del Pino Libertad Digital 5 Julio 2014

Madagascar es una enorme isla del tamaño de España, situada a unos cuatrocientos kilometros de la costa oriental africana. Debido a su aislamiento, allí han evolucionado una flora y una fauna muy diferentes a las de otras partes del mundo.

Entre esos animales característicos de Madagascar hay una familia de primates, los lémures, de los que existen más de cien especies distintas. Los análisis genéticos han demostrado que todos los lémures evolucionaron a partir de una única familia de mamíferos ancestrales que debió de llegar flotando a la isla sobre un tronco, como resultado de algún huracán tropical, hace unos 65 millones de años.

Existe una enorme diversidad de lémures y entre ellos hay un grupo, los lémures ratón, que son los primates más pequeños que existen. Con solo 10 cm de longitud y unos 30 gramos de peso, el lémur ratón cabe en la palma de la mano.

Hasta hace muy poco, se pensaba que solo existían 2 especies distintas de lémures ratón, basándose en las diferencias de tamaño, color y forma del cuerpo. Pero en los últimos años los científicos han demostrado, gracias a los análisis genéticos y a observaciones más precisas, que los lémures ratón se clasifican en más de 20 especies diferentes. La razón de que esas especies solo se hayan descubierto en la última década es el enorme parecido que existe entre unas especies y otras.

Como curiosidad, hay tres especies de lémures ratón que son absoluta y totalmente idénticas. Los individuos de una especie solo se diferencian de los de las otras por los sonidos que emiten para comunicarse. O, por decirlo de otro modo: la única característica observable que diferencia a esas especies es el "idioma" que utilizan.

Ayer conocimos la noticia de que la Xunta de Galicia prohíbe a los profesores gallegos entregar la memoria de fin de curso en español. Según la denuncia efectuada por Galicia Bilingüe, los profesores se enfrentan a la posibilidad de que les abran expediente disciplinario en caso de usar el español. No estamos hablando de separatistas de CIU o del PNV, sino del gobierno gallego del PP, dirigido por el señor Núñez Feijóo.

Lejos de entender el mensaje de las urnas del pasado 25 de mayo, el Partido Popular sigue a lo suyo, que no es otra cosa que imponer la misma hoja de ruta que los nacionalistas, pero con pasitos más cortos, para que sus votantes lo digieran mejor.

Porque, en el fondo, lo que está en juego es mantener ese estado de las autonomías que constituye el modo de vida, la agencia de colocación, el negocio, de PP, de PSOE y de los partidos nacionalistas.

Y para mantener ese estado de las autonomías, no queda otra que justificarlo en las supuestas diferencias entre españoles. La Xunta de Galicia, la Generalitat de Cataluña o el Gobierno Vasco serían necesarios porque los gallegos son distintos de los catalanes, éstos de los vascos y todos ellos del resto de los españoles.

En realidad, no existen tales diferencias. Los españoles somos indistinguibles desde todos los puntos de vista. La sociedad española no está dividida en grupos étnicos o religiosos, como pasa en otros países. De modo que la única posibilidad de crear una división artificial que justifique la existencia del estado de las autonomías es, como en el caso de los lémures ratón, el idioma. En nada se diferencia un niño gallego de otro catalán o extremeño, pero ahí está el señor Núñez Feijóo para que ese niño aprenda a sentirse diferente, por la única vía posible: obligándole a hablar otro lenguaje distinto. Lo cual exige, por supuesto, obligar en primera instancia a los profesores a galleguizarse.

Como les decía, el Partido Popular no parece haber entendido el mensaje de las urnas del pasado 25-M. Bueno, pues cuando alguien es duro de oído, lo que hay que hacer es repetir el mensaje de manera más clara. Dentro de diez meses, en las elecciones autonómicas y locales, tendremos oportunidad de hacerlo.

Es obligado descartar posibles filtraciones en la lucha contra ETA
EDITORIAL El Mundo 5 Julio 2014

LA AUDIENCIA Nacional ha emitido dos resoluciones para descubrir posibles filtraciones sobre operativos policiales contra ETA y su entorno. El estado embrionario de esta investigación judicial obliga a ser muy prudentes. Sin embargo, la sola posibilidad de que el entramado etarra pueda tener topos próximos a la Policía, la Guardia Civil o el Ministerio de Interior es motivo suficiente para exigir una revisión exhaustiva de los procedimientos seguidos en las operaciones bajo sospecha y una depuración de responsabilidades sin concesiones. Hay razones para estar alerta.

A instancias de la Unidad Central Especial de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia, Eloy Velasco, ha solicitado a cuatro compañías de telefonía la identificación de los titulares de 13 móviles, además del rastreo de las llamadas efectuadas entre las 14.45 y las 15.45 del pasado ocho de enero para «recabar nuevos indicios» -dice el juez- que permitan conocer si se produjo algún soplo relativo a la operación que permitió la detención del clan Zulueta. Aquel día, la abogada de la banda terrorista que pasó información a Thierry sobre la Audiencia Nacional fue detenida en un despacho de Bilbao junto a otros siete letrados abertzales mientras se afanaban en la destrucción de documentos.

Es verdad que el Ministerio del Interior había difundido con antelación una nota informativa sobre este operativo, una gravísima negligencia que puso sobre aviso a los detenidos antes de la irrupción de los agentes y por la que fue destituido el jefe de prensa del gabinete. Pero que el juez haya actuado a petición de la propia Guardia Civil obliga a extremar las precauciones, ya sea para cazar a posibles topos o para descartar su existencia.

En otra resolución, el magistrado se dirige al instituto armado y al Ministerio del Interior para que, «a la mayor brevedad», informen sobre un posible soplo a Gara de una entonces inminente operación policial dirigida -según una información de portada de este diario el pasado 17 de junio- «contra el apoyo económico a los presos vascos».

Esta vez el juez procede a instancias del colectivo de la izquierda abertzale Konpobidean Herrira Eskubideen. En las últimas dos semanas no se ha producido ninguna redada contra letrados vinculados a ETA, así que es imposible saber hasta qué punto el soplo denunciado por Gara, y del que acusa a «periodistas cercanos» a Interior, está fundamentado. Es más, no cabe aguardar de la asociación impulsora del escrito del juez una intención distinta que indagar sobre los periodistas que cubren la lucha antiterrorista. Pero ambas diligencias inciden en la posibilidad de que la banda y su entramado pueda tener infiltrados o contar con la colaboración de soplones. Sin ánimo de establecer paralelismos, tras el episodio del chivatazo del bar Faisán es comprensible que las Fuerzas de Seguridad y el Ministerio del Interior estén especialmente sensibilizados ante este tipo de riesgos.

Dinero público, presupuesto, subvención, derroche y despilfarro.
Mamandurrias difícilmente explicables ante la sufrida ciudadanía
La España del Despilfarro: Las subvenciones públicas mas desconcertantes, desternillantes y vergonzosas

Periodista Digital. 5 Julio 2014

La España del Despilfarro: Un paseo por obras faraónicas que nunca terminan

"Vergonzoso: en la España de la estafa y despilfarro el Gobierno sólo destina 17 millones a la pobreza infantil"
Los chollos y mamandurrias que disfrutan por la cara nuestros políticos
Los 'chollos' y sueldazos que tienen los ex presidentes autonómicos
Los diez chollos más chuscos en la España de los 5 millones de parados

El debate lleva tiempo instalado en la sociedad, avivado por los avatares de una crisis económica que ha puesto bajo la lupa a todos los arietes del manejo del dinero público: ¿se deben mantener ciertas subvenciones públicas cuando la necesidad aprieta?

El BOE del 17 de diciembre de 2010, por ejemplo, provocó una hecatombe. En plena resaca del recorte del 5% a todos los funcionarios de España, la subida del IRPF y del IVA y otras medidas altamente impopulares tomadas por el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se publicó una batería de ayudas consignadas para proyectos de desarrollo y cooperación internacional y de impulso al papel de la mujer, desde Cabo Verde y Etiopía hasta El Salvador y Guatemala.

La controversia saltó de inmediato, porque toda prestación social acostumbra a recibir el beneplácito de la ciudadanía, pero no con el agujero del bolsillo sangrando a borbotones.

Antes y ahora el sello del dinero español viaja, por ejemplo, de la mano solidaria del Ejecutivo andaluz, hasta Burkina Faso, lo que siembra de desconcierto a parte de la población que todavía no ha podido salir de una situación de desempleo o no encuentra el respaldo del erario para mantener a una persona anciana en su hogar.

Otras inyecciones de parné público no provocan malestar, sino más bien desencajan una sonrisa, una carcajada indignada.

Como la última idea bosquejada por el departamento de Igualdad de Canarias, con Elena Máñez al frente, que se ha propuesto finiquitar con el «amor romántico» en el archipiélago, sin especificar muy bien en qué consistirá tal desempeño.

No están todas las autonomías que son, pero el diario ABC -tirando de sus corresponsales- ha hecho un repaso somero por las prestaciones regionales que menos justificación encuentran por parte de los ciudadanos a los que representan.

También ayuda un vistazo a bote pronto del Boletín Oficial del Estado (BOE) para encontrar algunos dispendios que se pueden juzgar como algo superfluos o absurdos.

Esta es la lista de algunas de esas 'infumables' ayudas y mamandurrias:

País Vasco: entre cursos de oratoria y la compra de noticias en medios afines

El Gobierno vasco del PNV deberá responder ante la Justicia a algunos gastos «extraordinarios», que podrían ser ilegales, como la compra de noticias a diversos periódicos afines como «Deia». El lendakari, Iñigo Urkullu, compareció recientemente en el Parlamento vasco para explicar por qué varios departamentos de su gabinete compraron espacios de información para propaganda de su acción gubernamental en varios medios del Grupo Noticias, pero sin que se exhibiera el logotipo del Gobierno vasco, indicativo de que se trataba de publicidad institucional. Una circunstancia denunciada por UPyD en el Parlamento vasco y que podría vulnerar la Ley de Publicidad. La adquisición de noticias a la carta asciende a más de 70.000 euros, informa Itziar Reyero desde Bilbao.
Vasco para dos consejeros

Además, también está en cuestión la política de cursos sufragados con dinero público a sus altos cargos como las clases de oratoria que, por valor de 302 euros la hora, recibieron sus consejeros de Sanidad, Jon Darpon, y de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. La partida total destinada a este concepto fue de 4.840 euros, según denunció UPyD en el Parlamento vasco.

Por otra parte, el Ejecutivo de Urkullu ha destinado al menos 100.000 euros a cursos de idiomas para sus altos cargos entre 2013 y 2014.

Así consta en los diversos informes trimestrales de «externalización de servicios» remitidos por el equipo de Iñigo Urkullu a la Cámara vasca, a petición del PSE y de UPyD, y que fiscalizan las acciones contratadas a empresas externas por no ser propios de la administración.

Según esta documentación consultada por ABC, se sufragan clases de euskera, inglés y francés para la formación de una veintena de altos cargos, incluidos los dos únicos consejeros del Gobierno nacionalista que no dominan el vasco.

Son los mismos que practican su oratoria: Darpon, que recibe clases por valor de 5.000 euros al año, y Beltrán de Heredia, quien junto con un asesor da 12 horas al mes, por importe de 4.320 euros en 2013 y 5.280 este año.

En el cuidado de su «identidad digital» en las redes sociales el Gobierno del PNV se ha gastado 80.000 euros en el último año. De ellos, 21.175 euros se han entregado al periodista y consejero en EiTB por el PNV Iker Merodio, encargado de velar por la imagen del lendakari y el portavoz, Josu Erkoreka. Por otra parte, 59.900 euros más completan la estrategia digital del Ejecutivo de Vitoria en Twitter y Facebook.

Andalucía: desde toldos a proyectos reproductivos en Burkina Faso

La presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, responde en el Parlamento autonómico a las prioridades en la Ley de Presupuesto regional para 2015, en presencia de su vicepresidente, Diego Valderas, de IU

Manuel Contreras informa desde Sevilla de algunas de las subvenciones más llamativas auspiciadas por el Gobierno de Susana Díaz y su predecesor en el cargo, José Antonio Griñán. El gabinete socialista consigna ayudas desde el erario público para las siguientes localizaciones:

-Sombras subvencionadas
La Junta de Andalucía ha subvencionado con 54.504 euros la instalación de toldos en las calles del centro de Huelva. La aportación del Gobierno andaluz supone el 80% del total, ya que el resto es aportado por el Ayuntamiento de Huelva.

-Sexo y deporte
El Instituto Andaluz de la Juventud dispone de un importante capítulo para subvenciones en el que tiene un lugar destacado el sexo y el deporte. Así, en 2012 financió actividades como el llamado «observatorio de diversidad afectivo-sexual», para el que el colectivo Entiendes recibe 15.000 euros; un centro de terapia y orientacion sexual gratuito del Instituto de Sexología Al-Ándalus (6.000 euros) o cursos en Málaga sobre la igualdad de sexo, como «Igualarte» y «Igual da» (sic), costeados con 3.400 euros cada uno. También se mantiene un curso de «body combat» -deporte que combina el uso de los puños con las artes marciales-, con 1.000 euros, el curso «Grafitteando, expresándonos», con 2.500 euros en Cádiz, o los 700 euros concedidos a la asociación La Caña de España para pagarle una visita cultural desde la provincia de Jaén a Granada.

-«Música, maestro»
Una de las aportaciones más generosas y polémicas de la Junta de Andalucía es a la Fundación Baremboim, que tiene dos proyectos en Andalucía, el Taller del Diván y la Academia de estudios orquestales. El presupuesto anual de la Fundación alcanzó los 1,9 millones de euros, aunque los recortes hicieron que en 2012 se redujese a 1,2 millones. En 2011 el Diván costó 450.000 euros, de los que 363.000 procedían de la subvención de Presidencia.

-Ventana al presupuesto
La Consejería de Economía puso en marcha, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, un Plan Renove de Ventanas para cambiar tanto el vidrio como el marco de estas instalaciones, con ayudas de entre 90 y 400 euros por ventana. El coste total de la obra debía estar entre los 1.000 y los 10.000 euros

-De Bodogodo a Huancaquita
Las ayudas al desarrollo otorgadas por la Junta de Andalucía también han generado reiteradas polémicas. Entre las subvenciones repartidas por la Agencia Andaluza para el Desarrollo, gestionada por Izquierda Unida (IU), figura financiación para proyectos como la «mejora sexual y reproductiva» en las zonas rurales del distrito de Bogodogo, en Burkina Faso; otro en Huancaquita (Perú) denominado «Contribuir a que los niños, las niñas y adolescentes de cuatro zonas rurales adquieran en la escuela conocimientos, habilidades y competencias necesarias para la vida»; o «Apoyo al desarrollo económico local de Goubi mediante el empoderamiento y fortalecimiento de las mujeres de la comunidad» en Togo.

Canarias se gasta en luchar contra el «amor romántico»
El presidente de Canarias, Paulino Rivero (drcha.), creó un comisonado para su portavoz en la lucha antiprospecciones petrolíferas

En Canarias varios podrían ser los casos a citar sobre consignaciones extravagantes, aunque la actualidad ha puesto énfasis en el Instituto Canario de Igualdad.

ABC publicó hace unas semanas cómo este organismo, que dirige Elena Máñez, se ha propuesto acabar con el «amor romántico» («deconstruir el modelo de amor romántico»).

El instituto recibe de las arcas públicas alrededor de 7,2 millones de euros cada año, recoge Moisés Álvarez desde el archipiélago.

Otro caso siempre controvertido es el del cargo del comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales.

Un cargo que se creó «ad hoc» para su actual y único titular hasta la fecha, el nacionalista Fernando Ríos (Coalición Canaria), quien en la actualidad se ha convertido, «de facto», en portavoz del Ejecutivo de las islas en su lucha antiprospecciones.

El gasto que supone este órgano unipersonal sigue siendo ejemplo fundamental de quienes critican que Paulino Rivero siga sin aligerar una Administración autonómica sobredimensionada.

Cataluña: se recorta todo, menos los gastos secesionistas
El presidente de la Generalitat de Cataluña , Artur Mas, no ajusta el gasto en el despilfarro soberanista

La información recabada por María Jesús Cañizares, en Barcelona, sostiene que si algo ha caracterizado el mandato de Artur Mas es la queja reiterada sobre las precarias finanzas catalanas. Pero también, el mantenimiento y, en algunos casos, el aumento del gasto en su proceso independentista.

Ello supone una contradicción, pero las cifras son elocuentes. Los presupuestos de 2014 revelan el aumento de dinero destinado a la política exterior del Gobierno catalán.

Diplocat, el instrumento para proyectar al mundo el proceso soberanista, dispone este año de 2,6 millones de euros frente a los 1,4 millones de 2013. Asimismo, las cinco «embajadas» de la Generalitat -Nueva York, Berlín, UE, Londres y París- implican un gasto de 2,2 millones, el doble que en 2013.

El 25% del presupuesto catalán está destinado a la «elefantiasis» administrativa que la Generalitat arrastra en forma de empresas públics, fundaciones o consorcios, y que se reducen muy lentamente.

Esos 200 entes se llevan 7.957 millones de un total de 29.307 millones de todo el sector público catalán. A este gasto se añaden los 500 millones que la Generalitat destina a los consejos comarcales, una organización supramunicipal única en España que se une a las diputaciones, mancomunidades y ayuntamientos.

Y mientras Mas se niega a reducir los impuestos, su Ejecutivo se muestra generoso con quien hace donaciones a asociaciones que fomentan el catalán, incluso aquellas que están situadas en la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Andorra, sur de Francia e Italia.

La financiación privada de estas entidades, tal como publicó ABC, da derecho a rebajas del IRPF. Algunas de estas entidades ya son objeto de importantes subvenciones públicas, como Òmnium Cultural (1,4 millones en 2012) y Acció Cultural del País Valencià (715.000 euros).

Valencia: La oposición denuncia facturas de 600 euros la noche de hotel

Alberto Caparrós informa desde la Comunidad Valenciana de que en esta autonomía el sueldo y las dietas de la intendente del Palau de les Arts de Valencia, Helga Schmidt, han sido uno de los grandes caballos de batalla para la oposición, que ha denunciado la existencia de facturas de hotel con cargos de hasta seiscientos euros por una noche costeados por las arcas públicas.

La máxima responsable del recinto de la ópera en Valencia cobra al año 90.000 euros, a los que se suman otros 24.000 por los gastos de residencia en un céntrico hotel de la capital del Turia, siempre según las cifras aportadas por el PSPV-PSOE.

Unas cantidades que para la Generalitat suponen una inversión en el ámbito cultural (Schimdt goza de reconocimiento mundial en el sector), pero que para la oposición constituyen un despilfarro.

El sueldo de la intendente se ha reducido un 60%, en aplicación del decreto ley que fija que ningún alto directivo puede cobrar más que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y se ha establecido la excepcionalidad de la indemnización por gastos de residencia y mantenimiento, de 23.439 euros, que tiene que firmar el consejero del ramo.

Castilla-La Mancha: El AVE de Bono, los coches de Barreda y otras lindezas
La difícil situación ecómica que vive Castilla-La Mancha desde hace varios años obligó al gobierno de María Dolores de Cospedal a aplicar serias medidas de austeridad y recortes de numerosas gastos en instituciones al encontrarse a su llegada al poder con una deuda de 2.600 millones de euros.

Sin embargo, existen todavía algunos organismos que salen muy caros a las arcas autonómicas, como la televisión regional, cuyo presupesto de explotación para 2013 fue de 44,2 millones de euros, de los que la Junta aportó 39 millones.

Y, a pesar de haber reducido en personal en la Administración, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes castellano-manchegas, José Luis Martínez Guijarro, ha denunciado que el Gobierno regional «ha multiplicado por cinco el número de personas que están directamente a su servicio, pasando de cinco que había en 2011 a 24 personas que forman parte del Gabinete de Presidencia» lo que supone, a su juicio, multiplicar por tres la partida destina a estos fines en el anterior Gobierno de Barreda y alcanzar los 900.000 euros más de gasto. Desde el PSOE, se denuncia también que el 40% de los altos cargos y directivos del actual Gobierno autonómico viven fuera de la región, muchos de ellos en Madrid, con lo que tienen que echar mano de coches oficiles, con los consiguientes gastos de gasolina y conductores.

Otros optan para desplazarse entre Toledo y Madrid en AVE, donde un vehículo con conductor también les aguarda a su llegada.

Lo cierto es que Cospedal ha tenido por bandera el recorte de gastos superfluos y su Gobierno defiende el esfuerzo que ha hecho por aplicar medidas para reducir la estructura de sus administraciones públicas. Castilla-La Mancha fue pionera en eliminar instituciones como el Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social (CES), la Sindicatura de Cuentas, algunas empresas públicas y numerosas fundaciones castellano-manchegos, además de altos cargos y número de consejeros, auspiciando así un fuerte ahorro en las arcas regionales.

Desde enero de 2013, los diputados autonómicos no conbran ningún sueldo público, excepto la mesa y los portavoces. Además, está en trámite la reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha para reducir a 33 el número de diputados autonómicos.

En Castilla-La Mancha se han llegado a subastar hasta coches para sacar dinero, como el Audi A-8 blindado que perteneció a José María Barreda y que adquirió el anterior gobierno regional en 2007 por 377.000 euros.

En Castilla-La Mancha se han suprimido el sueldo a los diputados y también organismos, como el Consejo económico y Social, la Sindicatura de Cuentas, el Defensor del Pueblo y numerosas empresas públicas, como Gicaman. Y para rematar, es la priemra comunidad autónoma que reduce a 33 el número de diputados.

Además se han subastado coches de la Junta, como un Audi-A-8 blindado que perteneció a José María Barreda, el vehículo que, según el actual Gobierno regional, adquirió la Junta en 2007 por 377.000 euros.

Cospedal ha denunciado siempre que cuando llegó al Ejecutivo castellano-manchego en 2011 se encontró una gran deuda quse se elevaba, de acuerdo a un informe de la Consejería de Economía, hasta los 2.600 millones de euros

Castilla y León: cuando a los de secano les da por los aviones y los aeropuertos
Una Comunidad siempre marcada para la austeridad, la crisis no ha hecho sino potenciar este sello característico «animando» a la Junta de Castilla y León a reducir algunas de las partidas que, aunque no parecían innecesarias «a priori», la realidad ha convertido en un gasto que, al menos, de momento no ha sido nada rentable.

Es lo que ha pasado especialmente con la importante inyección de dinero destinada a potenciar los vuelos en los cuatro aeropuertos de Castilla y León. Millones de euros en forma de distintos convenios turísticos, pero que perseguían asentar vuelos y aumentar el uso de unas instalaciones que, por contra, no han hecho sino ver cómo perdían pasajeros y conexiones.

Basta con recordar los 37 millones de euros del acuerdo con Air Nostrum -hubo otros con más compañías- para dar una idea de los fondos destinados a este capítulo hasta 2012.

La Junta se convertía en el Gobierno regional que más destinaba a este fin durante un periodo de «vacas gordas». La crisis redujo sustancialmente estas cifras y también el número de vuelos y pasajeros en los aeródromos.

Algo similar -aunque el balance habrá que hacerlo a futuro- ocurre con la apuesta de la Junta por el vehículo eléctrico, traducida, por ejemplo, en una subvención de 33,5 millones para ayudas en las infraestructuras de recarga.

Sin embargo, el «fracaso» en la comercialización de ese tipo de vehículos ponen en cuarentena el fin de tan elevada inversión.

Más allá de partidas concretas, el Ejecutivo autonómico también se ha destacado por buscar siempre el acuerdo con los sindicatos mayoritarios y la patronal dentro del denominado Diálogo Social.

Este «buen rollo» no ha salido gratis a la Junta que, año tras año, concede subvenciones millonarias -más de siete millones en lo que va de 2014- a unos y otros para que realicen cursos de formación y prevención -entre otros- con los trabajadores y desempleados de la Comunidad.

Aragón: 800 gobiernos a falta de ponerse a dieta

Aragón tiene 1,3 millones de habitantes, pero para gobernarlos cuenta con cinco administraciones distintas que suman casi 800 gobiernos diferentes: 731 ayuntamientos, Gobierno autonómico -con delegaciones en Huesca y Teruel, y varias oficinas delegadas en cabeceras de comarca-, administración periférica del Estado -incluyendo la Delegación del Gobierno en Aragón y las tres subdelegaciones del Gobierno, una por provincia-, tres diputaciones provinciales con una larga lista de políticos a sueldo y... 32 comarcas, cada una con gobierno y mini-parlamento.

Estas últimas, creadas hace más de diez años por consenso de todos los partidos políticos, supusieron la aparición de 800 cargos políticos nuevos, los consejeros comarcales. Y en la lista se incluyen los presidentes y vicepresidentes de las 32 comarcas, la inmensa mayoría con sueldos por dedicación exclusiva o parcial.

Y los consejeros comarcases cobran dietas. En retribuciones de los políticos de las comarcas se le van a Aragón más de cinco millones de euros al año, uno de ellos para pagar los sueldos de los presidentes. Cuestionadas socialmente a pie de calle, estas estructuras políticas comarcales llevan tiempo esperando una reforma que las adelgace sustancialmente.

El PP se comprometió a ello cuando accedió al Gobierno regional en 2011, pero el asunto aún está pendiente. Sigue su curso en las Cortes de Aragón, con la incógnita de si la reforma llegará a tiempo antes de que se celebren las elecciones municipales de mayo del próximo año.

Si para entonces no está lista, al menos por cuatro años más seguirán perviviendo esos 800 cargos políticos en los consejos comarcales.

Baleares: cuando tu manirroto predecesor te sirve de acicate
En Palma de Mallorca informa Josep María Aguiló de que cuando el actual presidente del Gobierno balear, el popular José Ramón Bauzá, accedió al cargo, en junio de 2011, se encontró con una deuda de 4.560 millones de euros y con 1.600 millones pendientes de pago a proveedores. Esta fue la herencia económica recibida del tripartito que presidió el socialista Francesc Antich en la pasada legislatura.

Esta situación de quiebra técnica obligó a Bauzá a recortes drásticos, que incluyeron la retirada de subvenciones a los medios de comunicación locales o la eliminación en el primer tramo del actual mandato de 113 empresas públicas.

En este sentido, en la actualidad no habría gastos superfluos ni en la Comunidad ni en otras instituciones gobernadas por los populares, como por ejemplo el Ayuntamiento de Palma o el Consell de Mallorca, en donde sólo se han mantenido las subvenciones y las ayudas a las entidades que trabajan en los ámbitos de la educación, la sanidad o los servicios sociales.

Muy lejos empiezan a quedar ya los tiempos en que los gobiernos del popular Jaume Matas o de la nacionalista Maria Antònia Munar subvencionaban todo tipo de eventos, en el Ejecutivo autonómico y en el Consell de Mallorca respectivamente.

Algunas de dichas ayudas, presuntamente ilícitas, acabaron formando parte de varias causas judiciales en las que posteriormente fueron imputados Matas, Munar y otros exaltos cargos del PP y de Unió Mallorquina (UM).

Un ejemplo paradigmático del dispendio llevado a cabo por la antigua presidenta de UM en los años en que estuvo al frente de la institución insular (1995-2007) serían los 600.000 euros presupuestados en 2006 para la celebración de la Diada de Mallorca.

La mayor parte de ese dinero fue destinada a la compra de 110.000 banderas mallorquinas, que fueron distribuidas de manera gratuita por dos periódicos locales de la isla.

Navarra: más de 66.000 euros para las abejas; 21,59 para jubilados
En Pamplona, Pablo Ojer informa de que el mundo de las subvenciones autonómicos es una maraña realmente complicada.

Son muchas las convocatorias de los distintos departamentos a los cuales distintas empresas, asociaciones e instituciones optan para recibir ayudas.

Pero más allá de los proyectos concretos que cada empresa o asociación presenta, llama la atención también las convocatorias que el propio Gobierno de Navarra abre. Así por ejemplo, en el año 2011 se concedieron 66.400 euros para apoyar la polinización. Estas ayudas se concedieron a un total de 57 personas que tenían colmenas de abejas.

El motivo para conceder estas ayudas es, según la propia convocatoria del Gobierno de Navarra, «mantener un nivel adecuado de actividad apícola, por sus positivas repercusiones en la conservación de la biodiversidad, principalmente por la función de polinización que tienen las abejas, ya que la labor polinizadora de las abejas se considera de suma importancia para la buena conservación de muchas de las especies existentes de flora autóctona».

Sin embargo, más allá de los motivos de concesión de las ayudas, llama la atención también las cuantías que se asignan.

Así por ejemplo, el Gobierno de Navarra concedió una ayuda al club deportivo Paz de Ciganda por importe de 59,84 euros para participar en la división de honor del campeonato de pelota. En contraposición, la SCDR Anaitasuna recibió 144.197 euros por su participación en la División de Honor Masculina de Balonmano.

Y todavía más irrisoria resulta la ayuda concedida en 2013 a la Asociación de Jubilados y Pensionistas Denen Nahia, de la localidad de Lizarraga. Esta asociación fue «agraciada» con 21,59 euros. Sí, sí. La coma está correctamente puesta y no falta ningún cero por ninguna parte. Una subvención de 21,59 euros.

Galicia: Cuando se pasa de subvencionar muñecas parlantes a controles austeros

La llegada del PP a la Xunta de Galicia en 2009 supuso un drástico cambio de política en contraste con las subvenciones otorgadas en su día por el gobierno de socialistas y nacionalistas.

Salvo las correspondientes a los servicios sociales, Sanidad y Educación, el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo puso coto a una época en que las ayudas públicas no contaban con los criterios de control actuales.

Una prueba un tanto anecdótica de ello fue la compra durante la legislatura bipartita de consoladores y otros productos eróticos para enseñara las gallegas a masturbarse dentro del programa «Quérome», dependiente de la vicepresidencia de Anxo Quintana. A este menester dedicaron alrededor de 2.000 euros.

Poco recorrido tuvo la petición del BNG de fomentar la fabricación de muñecas que hablasen en gallego y la «galleguización» de los juguetes y los regalos dirigidos a los más pequeños.

La otra cara de la moneda la protagoniza Núñez Feijóo, descrito en tono jocoso en alguna ocasión como «Feijóo I El Austero», el actual mandatario protagonizó un importante ajuste en la administración paralela eliminando un buen número de los conocidos como «chiringuitos», entre otros importantes ajustes.

Murcia: No hay para nada, pero si dinero a manta para festivales
En Murcia el festival SOS 4.8 que cada año reúne a miles de jóvenes para asistir al primer gran evento de música de la temporada, suscita apoyos y críticas a partes iguales.

En todo caso, la Comunidad subvenciona con 300.000 euros la cita musical con el razonamiento de que reporta unos ingresos mayores a la ciudad de Murcia.

Aunque la promoción de la música autóctona es otra de sus razones, los críticos ven injustificable que un festival de música que ingresa por la venta de entradas, consumición de bebidas y comida, reciba dinero público cuando otros eventos similares se financian con iniciativa privada.

Entre los gastos caídos en saco roto se destaca la campaña de Turismo «No Typical» que pretendía lanzar una renovada imagen de la Región de Murcia y que tuvo un coste de 3 millones de euros aunque luego fue desestimada. Los gastos en promoción, publicidad y diseño de logotipos e imagen no sirvieron de nada tras cambiar a un nuevo eslogan turístico.

Los gastos derivados en promover el futuro aeropuerto de Corvera, tal y como ha denunciado el grupo parlamentario socialista de Murcia, no han tenido ninguna utilidad en cuanto a que la infraestructura permanece a día de hoy cerrada y con numerosos escollos financieros y jurídicos por solventar antes de su puesta en marcha.

También desde el PSOE se denuncian proyectos que se anunciaron como referentes en su momento y que la crisis ha dejado de lado.

Es el caso de la ciudad de los Contenidos Digitales, Contentpolis. La que iba a ser referente de la producción digital en España recibió hasta 450.000 euros de subvención para acciones formativas. Tras paralizar el proyecto, 60.000 euros han quedado pendientes de reintegro a las arcas públicas.

La izquierda, el nacionalismo y el guindo
FÉLIX OVEJERO. FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD 5 Julio 2014

- Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de Euskadiko Ezkerra (1974-1994)
Gaizka Fernández Soldevilla
Madrid, Tecnos, 2013

· Tiempo de canallas. La democracia ante el fin de ETA
Eduardo Teo Uriarte
Vitoria, Ikusager, 2013

· 1979/2006. Historia de la Resistencia al nacionalismo en Cataluña
Antonio Robles
Barcelona, Biblioteca crónica Global, 2013

Podrá contarse de muchas maneras, pero la idea fundamental de nuestros nacionalismos más tremendos es muy sencilla: España ha oprimido históricamente a vascos y catalanes, explotados en su riqueza y despreciados en su identidad cultural. El maltrato económico y la falta de reconocimiento político de una identidad cultural compartida serían la cristalización consumada de un conflicto que se ha prolongado durante siglos y que se manifiesta de distintas formas. Algunos, como Esquerra Republicana de Catalunya, hablan sin rubor de colonias víctimas de ocupación militar. Es el relato del conflicto12. Un relato que, apenas sin reservas, la izquierda española ha hecho suyo con muy pocas excepciones. En ese guindo anda y no parece que se vaya a caer.

Y ahora, la realidad. La económica, primero. En palabras de Teo Uriarte en uno de los libros reseñados: «El País Vasco es una de las zonas de mayor bienestar de Europa y el mundo, donde más de cien mil ciudadanos vascos, de una población de 2,1 millones, disponen de una segunda vivienda en propiedad en otras partes de España, donde los salarios medios en activo y las pensiones de jubilación superan la media española y donde dos de sus localidades, San Sebastian y Getxo, tienen las viviendas más caras de España. Además, la cobertura de servicios sociales alcanza los niveles más altos. También hay que mencionar la relación de privilegio fiscal y financiero con el resto de España». Exactamente, según uno de los más competentes analistas de estas cosas, Ángel de la Fuente, «la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias». La fantasía no es menor si atendemos a la acusación de falta de reconocimiento de la identidad. El sistema público ofrece la posibilidad de estudiar íntegra y exclusivamente en euskera, una lengua que sólo utilizan el 13,3% de los vascos. Eso sí, el euskera es un requisito para acceder a concursos, empleos públicos y ayudas a proyectos de cualquier orden. Una decisión institucional que cercena las opciones sociales y laborales de una mayoría de los vascos, incompetentes en euskera. Y, por supuesto, también del resto de los ciudadanos españoles, a los que no les cabe ni la posibilidad de jugar el partido.

En Cataluña, pues poco más o menos. O peor: aunque no existe la posibilidad de escolarizarse en castellano, ésta es, además de la lengua común, la lengua materna del 55% de los catalanes, frente 31,6%, que tiene el catalán. La clase política de primera línea presenta otro perfil: según solventes estudios de hace pocos años, tan solo el 7% de los parlamentarios reconoce el castellano como su «identidad lingüística»3. Una circunstancia poco compatible con lo que normalmente sucede con las colonias: los colonizados son los que mandan. Como tampoco lo es que Cataluña sea la región con mayor PIB de España, que el presidente de la Comisión de Exteriores de la metrópoli sea un nacionalista catalán o que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros cincuenta y cinco altos cargos de la Generalitat cobren más que el presidente del Gobierno. Y, si se mira la trama social, la fabulación nacionalista todavía resulta más extravagante. Cerca del 70% de los catalanes, que en primera y segunda generación proceden de otras partes de España, ocupan las partes más bajas de la pirámide social y viven en el extrarradio de las ciudades, mientras que los «colonizados» habitan en los mejores barrios. También aquí la lengua empeora las cosas, al menos si nos importa la igualdad. Al convertirse el catalán en requisito para acceder a muchos puestos laborales, entre ellos los de la administración pública, la lengua oficia como un filtro que penaliza a los castellanoparlantes, los más humildes. La exclusión real es la de los supuestos invasores. Y no es retórica, que, de tan naturalizada que está la patología, se expresa con pasmosa brutalidad. Es el caso de Mas cuando recomienda a los que piden la escolarización en castellano «que monten un colegio privado en castellano para el que quiera pagarlo, igual que se montó uno en japonés en su momento». Otro ejemplo: en pleno debate electoral, ante la presencia callada de los políticos de izquierda, interrumpe a otro candidato para decirle: «Miren si este país es tolerante que ustedes vienen aquí, hablan en castellano en la televisión nacional de Cataluña y no pasa nada». Lo más inquietante de todo es el «vienen aquí», ese sentido patrimonial del territorio político, asociado, además, a la identidad.

Ese es el cuadro: España muestra un grado de reconocimiento institucional de sus lenguas minoritarias absolutamente excepcional, que, desde luego, no encontramos en ningún otro país de la Unión Europea con un grado de pluralidad cultural comparable o mayor4. Opresión, ninguna: riqueza y reconocimiento. Sin embargo, la izquierda ha comprado el cuento de la opresión nacional. Asume que hay un fondo de verdad en el relato nacionalista. Y hasta reproduce sus mentiras. En el caso catalán sobran los ejemplos. Así, la Conferencia Política de EUiA, (Esquerra Unida i Alternativa, referente de Izquierda Unida en Cataluña) defiende la existencia de un límite del 4% de la solidaridad interterritorial «como en Alemania», aunque hoy todo el mundo sabe –y admite, incluidos sus promotores– que la existencia de ese límite es una falsedad puesta en circulación por los nacionalistas, como lo es, dicho sea de paso, la existencia de balanzas fiscales oficiales en los Estados federales del mundo. Pero lo peor no es ya que la izquierda compre la mentira sino que, también, adquiera en el lote el sustrato moral que acompaña a la mentira: la indecencia del límite a la solidaridad. Por este camino, EUiA se encuentra, en estos asuntos, al lado de la Liga Norte, el incómodo apoyo internacional del presidente de la Generalitat.

Pero los desórdenes morales en torno al nacionalismo catalán de los últimos tiempos resultan pecados veniales comparados con los que han acompañado durante tantos años al nacionalismo vasco. El más evidente, el matonismo cotidiano: el asesinato, la intimidación y los desplazados políticos. La falta de libertad, sin más, tan magníficamente sintetizada en la clásica secuencia de Blade Runner: «Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo». Falta de libertad de unos que era falta de libertad sin más, porque en la buena sociedad, como nos recordaba el Manifiesto comunista, «La libertad de cada uno es condición de la libertad de todos». Y es que por no ser libres ni siquiera lo eran quienes compartían la perspectiva de los asesinos, que no eran libres de defender cosas distintas de las que defendían, de cambiar de ideas. Incluso ellos mismos tenían razones para dudar de si lo que decían creer lo creían honestamente o lo hacían porque era lo único que les dejaban creer.

A partir de ahí, el resto. El terror era el soporte material –que no el intelectual– último de las miserias de muchos otros, de cómplices, que cobijaban al criminal y señalaban a la víctima; de los que comprendían los asesinatos, «porque algo habrán hecho»; de los apocados, que educadamente pedían a su vecino que «por favor, no deje el coche en el garaje de la comunidad, que los demás no queremos pagar por sus ideas», y de los equidistantes, que otorgaron razón a la violencia por el hecho mismo de serlo y pedían «diálogo», como sucedió con aquel improvisado remate de la periodista Gemma Nierga –portavoz circunstancial de los allí presentes– a la manifestación posterior al asesinato de Ernest Lluch: «Estoy convencida de que Ernest, hasta con la persona que lo mató, habría intentado dialogar; ustedes que pueden, dialoguen, por favor».

Pero ha habido más. La contaminación moral alcanzó también a aquellos que parecían oponerse al relato del conflicto. Expresiones como «los esfuerzos de ETA no son suficientes» o, incluso, «ETA tiene que comprender que su única opción es disolverse y entregar las armas», se avecinaban inquietantemente al trato que el profesor otorga al alumno descarriado del cual espera que reconduzca su conducta. Atentos a las buenas señales, debíamos elogiar los gestos y agradecer el respeto a la ley, el comportamiento que se da por supuesto a cualquier ciudadano. Parecía que les debíamos alguna cosa, que la deuda era nuestra, aunque fuera ETA la que debía bastantes más cosas que explicaciones.

El trasfondo de reproche y elogio, una versión de la parábola del hijo pródigo, reposaba en un inquietante poso de confianza, en la creencia de que la reconvención y nuestra decepción escuecen al criminal porque le importan tanto nuestro juicio sobre él como el paisaje moral de fondo que hace inteligible el reproche. Si te recrimino una grosería, es porque espero que te importen tanto las buenas maneras como mi opinión. Sustituyan ETA por Al Capone o Jack el Destripador y entenderán lo que quiero decir. Si a algún lector la comparación le parece un desafuero, es porque está preso precisamente de lo que quiero señalar, porque cree que hay razones para entender a ETA que no se dan en los otros dos casos. Confío en que siga leyendo: detrás de su incomodidad se esconde el meollo de problema, el soporte intelectual del desorden.

Hay muchas razones psicológicas por detrás de un desajuste moral que lleva a empatizar con los asesinos, casi todas con el nombre de solemnes teorías psicológicas: disonancias cognitivas, preferencias adaptativas, síndrome de Estocolmo, etc. Cada una a su manera confirma que los humanos andamos necesitados de levantar patrañas para afrontar fragilidades y desamparos, hasta incluso buscar la simpatía de quien nos esclaviza. Intentamos recrear nuestras biografías y pactar con miserias y cobardías sin sentirnos miserables o cobardes. Eso y mil cosas más, seguramente. Y casi es normal que suceda. Pero si en el caso del terrorismo nacionalista se materializan con tal naturalidad es porque un armazón argumental allana el camino: el relato del conflicto con la nación oprimida. A partir de la asunción de que hay una justicia última en el relato nacionalista, de que una reclamación digna late por debajo de la indignidad de los procedimientos, la retórica de la comprensión se precipita. La identidad ignorada, el trato especial, las asimetrías y la historia, sobre todo la historia, servirán para establecer reconciliaciones y equidistancias imposibles entre víctimas y victimarios, para contraponer los esfuerzos de «la izquierda abertzale» a la intransigencia del «Tea Party pepero», para reclamar diálogos, perdones y el aquí paz y después gloria.

Con todo, no es lo peor. A primera vista, parecería que la perversión radica en asumir que, por «políticos», los «chicos de la gasolina» y los de las pistolas son mejores que los criminales comunes. Al fin y al cabo, no hay motivo para pensar que las razones políticas son más limpias que las impúdicamente criminales. Más bien al contrario: el crimen por «razones políticas», en una sociedad democrática, es peor que el crimen que no busca coartadas ni escamotea su indignidad. No cabe exculpación en la invocación a la naturaleza política de los objetivos de la organización terrorista, cuando precisamente la política decente se sostiene en el respeto a la dignidad del discrepante. Pero la magnitud del desarreglo moral es todavía mayor, si tenemos en cuenta que la política no siempre es coartada: pocos disculpan los crímenes de nazis y xenófobos. La vileza radica en que cuando se dice «por razones políticas», se está queriendo decir «razones políticas justas». Ahí se instala la línea de demarcación con los nazis, la que sostiene el edificio entero de la comprensión, la que hace impensable la retórica del arrepentimiento, la que allana el camino a que, al salir de la cárcel, los criminales sean recibidos como héroes y encuentren a los suyos ofreciéndoles el balcón de los consistorios para los aplausos de los vecinos. Nada que ver con el final del franquismo, cuando los cómplices de la dictadura volvían discretamente a sus casas, confiando en que nadie les recordara su pasado. El problema no era de poder, pues poder siguieron conservando los franquistas durante bastante tiempo, mucho más que el de una ETA policialmente derrotada por un Estado democrático, sino de paisaje moral, de ese sórdido paisaje moral ocupado por el mentiroso relato nacionalista del conflicto. El problema era que «franquista» era una ofensa y «abertzale» es un honor.

Si el embrollo moral funciona es porque los pasos en falso son altamente probables cuando quiere combatirse la violencia dando por buenos sus motivos, que es lo que sucede cuando se acepta el relato nacionalista. La moraleja más extendida entre quienes compran el relato del conflicto es que, aunque las buenas causas se han defendido de malas maneras, eso no supone que las malas maneras enloden la justicia de las causas. Y sí, estrictamente, no es descartable que una buena causa se defienda de mala manera. Pero ese no es el presente caso. Aquí no sólo hay malas maneras: también hay malas causas, y, además, la relación entre unas cosas y otras no es casual. En realidad, lo que sucede es que: a) en una sociedad razonablemente democrática se han cometido asesinatos y violencias; b) se ha hecho en nombre de ideas nacionalistas, esto es, de una noción de ciudadanía excluyente; y c) el vínculo entre a) y b) está lejos de ser circunstancial. Como no creo que nadie pueda discutir de buena fe las dos primeras tesis, déjenme desarrollar la tercera.

Vaya por delante que no estoy sosteniendo que el vínculo sea necesario, que la relación entre la violencia y el relato sea como el que se da entre el teorema de Pitágoras y los axiomas de la geometría euclidiana. Pace quienes quieren encontrar el gulag en las páginas de El capital, la relación entre ideas y prácticas está lejos de ser inexorable. Ideas y prácticas se mueven en planos diferentes y, por lo demás, siempre cabe introducir premisas intermedias para enderezar conclusiones que, a primera vista, pueden parecer obvias. Carl Schmitt sirvió a los nazis y a las Brigadas Rojas. Dicho esto, el hecho de que los vínculos no sean necesarios no descarta la existencia de vínculos de plausibilidad. Difícilmente servirá el Corán para fundamentar una comuna hippie y en Mein Kampf no se encuentran instrucciones para el Bar Mitzvah. En nuestro caso sucede que difícilmente será compatible con la convivencia democrática un ideario que pone la pertenencia a la comunidad cultural por encima de consideraciones igualitarias y se fija como objetivo la recreación de una identidad esencial. Se necesita construir la nación y poner en vereda a los que se resisten.

Para ser algo más precisos: que el vínculo entre a) y b) no resulte circunstancial no deriva en puridad de la incompatibilidad conceptual entre la nación identitaria y la nación democrática. Que esa incompatibilidad existe está fuera de duda: sobre ella se levanta el combate de los dos últimos siglos entre el ideal nacido en la Revolución Francesa, la nación de ciudadanos iguales en derechos y libertades, y la nación del Volksgeist de los historicistas, la étnica, asociada a la identidad, que tendrá su expresión más consumada en las apelaciones a la raza aria. Por supuesto, la nación identitaria podría decorarse como democrática en un mundo de ficción, de islas perdidas con poblaciones desconectadas, en las que –a falta de un doctor Mengele– operase una suerte de especiación alopátrica, por aislamiento geográfico. Otra cosa es en la vida real, en la historia conocida, mestiza y mudadiza, donde los intentos de levantar naciones a partir de ciudadanías compactas culturalmente conducen inexorablemente a levantar fronteras, socavar derechos y expulsar poblaciones. La aspiración a naciones sostenidas en comunidades culturales tuvo mucho que ver con la Gran Guerra y, en nuestro mundo, en el que apenas se encuentran veinticinco Estados lingüísticamente homogéneos –esto es, en los que al menos el 90% de la población habla la misma lengua– es una garantía segura de zapatiesta no menor, incluso en el continente «más normalizado», Europa, con cuarenta y nueve Estados y doscientas veinticinco lenguas, por no hablar de lo que sucedería en países como Nueva Guinea, que para responder a su configuración lingüística debería atomizarse en mil Estados, a razón de una identidad lingüística por Estado.

Los descarríos de fundamentar las comunidades políticas en las identidades constituyen un poderoso argumento para apostar por las naciones democráticas, en las que el perímetro de la ciudadanía no se atiene a patrones culturales. Al revés, la prioridad de la ley y la democracia, el compromiso con las reglas como único requisito de ciudadanía, es garantía de la pluralidad: no hay ciudadanos fetén, ni más propiamente «nacionales» según su grado de «integración»; no caben preocupaciones, como la expresada por Jordi Pujol, por un mestizaje que se convierte en «una cuestión de ser o no ser» de la comunidad política, porque sucede como con «un vaso (al que) se le tira sal y la disuelve; se le tira un poco más, y también la disuelve», pero llega un momento en que «no la disuelve». Dicho de otro modo: en una sociedad razonablemente democrática, como la nuestra, mientras no se limiten los derechos de nadie, no está justificado romper las reglas. El derecho de autodeterminación sólo procede cuando se explota o se priva de derechos a las minorías nacionales. Es lo que en inglés se denomina remedial secession: la autodeterminación externa, la secesión y la creación de nuevas fronteras y de un nuevo Estado como respuesta a la opresión sistemática por parte del Estado. Era lo que sucedía con las colonias y es, tal vez, lo que puede suceder con poblaciones indígenas, homogéneas y concentradas territorialmente. En ausencia de democracia y con comunidades excluidas, desprovistas de derechos, el relato del conflicto, si no es fantasioso, conduce sin excesivos desórdenes morales a la rebelión.

La incompatibilidad entre el mundo de las naciones identitarias, levantadas sobre etnias homogéneas, y los principios de las naciones democráticas está, por lo visto, fuera de toda duda. Pero, más allá de eso, y de que un mundo levantado sobre etnias homogéneas resulte peligroso o improbable, lo que en nuestro caso empeora las cosas y estrecha el vínculo entre malas ideas y malas acciones es una circunstancia bien precisa: la falsedad de los supuestos empíricos del relato nacionalista. Porque aquí hay algo más que la incompatibilidad en los principios entre la nación democrática y la nación identitaria. Ésta, como tal, no impide, bajo ciertas circunstancias, la compatibilidad práctica. Si, por ejemplo, se da la improbable circunstancia del aislamiento reproductivo de poblaciones dispersas (la citada especiación alopátrica) y la nación ciudadana se levanta sobre la homogeneidad étnica, sobre comunidades culturalmente compactas (como las que sueñan los nacionalistas), con arreglo al principio que propugnó Wilson y –sufrimientos y bestialidades bélicas mediante– permitió a Rusia, Alemania y el Reino Unido destruir primero y quedarse después con los restos de los imperios turco y austrohúngaro, en ese caso, el nacionalismo podrá forzar la maquinaría de la democracia y, en nombre de la mayoría, imponer su ley. Una minoría que es mayoría territorialmente concentrada puede jugar a la democracia en su perímetro geográfico y, si existen instituciones de autogobierno, atrincherarse en apelaciones a la «voluntad del pueblo». En el límite, hasta puede pensar en levantar su Estado en nombre de la nación.

Pero ese no es el caso de nuestros nacionalismos y por eso no pueden ni siquiera simular el juego de la nación democrática. Como nos recordaban los datos iniciales, «la identidad nacional» es un cuento y la explotación, un deliro. Aquí no hay minorías excluidas ni oprimidas. Por no haber, no hay minorías que sean mayoritarias en los territorios de las naciones recreadas. Nadie en su sano juicio puede pensar que Mas o Urkullu son Gandhi, Luther King o Mandela. Y, claro, cuando, como es el caso, no se encuentra por lado alguno la nación invocada; incluso más, cuando hasta el invento goza de reconocimiento, ya no hay manera de jugar a la democracia, ni en serio ni en broma. Para que se entienda: en un País Vasco o en una Cataluña independientes, la «cultura nacional» de los nacionalistas nada tendría que ver con la cultura de los nacionales y, en consecuencia, para construir la nación habría que prescindir de la democracia, sea liberal, republicana, participativa o elitista.

De hecho, todos los argumentos que se han utilizado para defender la «cultura nacional» de los ciudadanos de las supuestas naciones exigirían, en rigor, acabar con las identidades nacionales que saturan las proclamas nacionalistas. No lo digo yo: lo dice uno de los mayores teóricos del nacionalismo, cuando sostiene que la nueva nación debe hacer uso exclusivo de «la lengua y la identidad comunes [...]. Una economía moderna requiere una fuerza de trabajo móvil, alfabetizada e instruida. La educación pública estandarizada en un mismo idioma se ha considerado esencial si se quiere que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades laborales en la economía moderna. De hecho, la igualdad de oportunidades se define en razón, precisamente, del igual acceso a las principales instituciones que operan en el idioma de la mayoría»5. Si tomamos como buena la –por lo general solvente– argumentación de Will Kymlicka, en una Cataluña y un País Vasco independientes, su propio principio nos conduciría a mantener el castellano, «el idioma de la mayoría», como única lengua «para asegurar la igualdad de oportunidades», y enviar a los museos la cultura nacional sobre cuya defensa se pretende sostener la independencia de las «naciones sin Estado».

Por supuesto, para un nacionalismo, que tiene un trato infrecuente con la realidad que invoca, los principios tampoco son un problema. De modo que su moraleja es sencilla: peor para la realidad, lo que, en este caso, quiere decir «peor para la libertad». Si no hay minorías oprimidas concentradas territorialmente, que son mayoría en el ámbito de la supuesta nación, no queda otra que levantar la nación inexistente con los genuinamente nacionales y tratar a los que no entran en la horma como ciudadanos en proceso de reconversión, como extranjeros con identidad suspendida. Pueden entrar, pero de uno en uno y sin ensuciar las esencias. Los españoles, si acaso, de visita y sin tocar los muebles: de prestado y a pedir permiso. Esa era la disposición que había en las palabras de Mas y, si se quiere un ejemplo muy reciente, en el acto organizado el pasado 21 de febrero, con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, el Parlamento autonómico de Cataluña situaba al castellano como uno más de los doscientos setenta idiomas extranjeros que se hablan en Cataluña, junto al wólof, el urdú, el quechua, el inglés, el amazig o el árabe. En las intervenciones se defendió al catalán como la única «lengua común» en Cataluña, porque es «nuestra lengua nacional» y como exclusivo «factor de cohesión». Y ahora recuerden: la lengua materna del más del 55% de los catalanes es el castellano. También la común, entre nosotros y entre los españoles.

Así las cosas, cuando los nacionales no están a la altura del proyecto nacionalista y hay que crear la identidad, la construcción nacional exige forzar las costuras de los derechos, olvidarse de la mínima neutralidad liberal, comprometer a la instituciones públicas con el proyecto identitario, convertir a los medios de comunicación y a las comunidades de identificación (deportivas, recreativas) en herramientas de propaganda y, sobre todo, establecer mecanismos de filtro y penalización, de tal modo que los ciudadanos se vean obligados a decantarse entre unas identidades que se dibujan como excluyentes. Para acomodar el mundo al relato, el nacionalismo oficiará como ingeniero de vidas y de almas. La sociedad civil en marcha a toque de silbato. Una pormenorizada ingeniería social de premios y castigos, y hasta de amenazas o de comprensión ante las amenazas, que animará a unos a marcharse, a otros a recluirse y a unos pocos, muy pocos, a levantar la voz, como nos muestra con documentado detalle el libro de Antonio Robles en el caso catalán. Sobe el caso vasco, no es necesaria otra documentación que la lectura de la prensa de las últimas décadas.

Lo extraño, si se piensa bien, es que tengan que recordarse estas cosas, de sentido común. En realidad, ha habido momentos en los que parecía que el sentido común se imponía. En uno de ellos, quizás el más digno de todos, espontáneo de verdad, en los días que siguieron al asesinato de Miguel Ángel Blanco, muchos ciudadanos cayeron en la cuenta de que unas cosas no estaban alejadas de otras, de que el relato del conflicto no era ajeno a la barbarie. Y entre ellos, algunos dieron unos pasos más hasta las puertas del nacionalismo para reparar en que la obscena moraleja de la compresión no tenía otro sostén que la patraña del conflicto. El nacionalismo se dio cuenta de que se le había descubierto el truco, de que el rey estaba desnudo. Los cultivadores y beneficiarios del relato, que no ignoraban su fragilidad, se asustaron. Y reaccionaron con rapidez. El PNV, antes de que las inevitables conclusiones se impusieran, temeroso de que el deprecio se extendiera desde los procedimientos hasta las ideas, desde los que agitaban el árbol hasta lo que recogían las nueces, intentó frenar la marea y nos advirtió de un singular peligro que, no se sabe por qué, suponía un riesgo para la sociedad democrática: el aislamiento de Herri Batasuna. Al poco firmó el Pacto de Lizarra.

La reacción del PNV se explicaba: vive y alienta un conflicto al que se ofrece como solución. Necesita que no se apague. Su existencia política se justifica en la retórica del conflicto: el PNV se presenta como la respuesta mediante los justos procedimientos a la causa justa. Lo que ya resultaba más difícil de entender era que muchas voces de la izquierda, cuando los ciudadanos establecían las sencillas ecuaciones, siguieran insistiendo –y hasta ofendidos– en la existencia de tan extravagante peligro. El aislamiento político de quienes hacían imposible la democracia y la libertad –y que daban por bueno algo bastante peor que el aislamiento de sus conciudadanos: su exterminio– se convertía, por arte de birlibirloque, en un peligro para la democracia y la libertad. Y ahora comparen de nuevo el trato que se ha dispensado a franquistas o racistas, e intenten recordar a alguien que hubiera condenado su aislamiento. La diferente respuesta sólo se explica porque sigue reconociéndose justicia y verdad en la retórica del conflicto. La integración de los que habían justificado el asesinato era la integración de sus argumentos.

La reacción del PNV resultaba previsible, pues mucho le iba en el negocio, pero que la izquierda hubiera dado curso al relato del conflicto resultaba simplemente ininteligible. El socialismo es un ahondamiento del ideal jacobino que inspira la Revolución Francesa. El propio Marx no dudará en reivindicar explícitamente su lema más completo: Unité, Indivisibilité de la République, Liberté, Égalité, Fraternité6. En condiciones normales, nuestra izquierda debería adoptar frente a los nacionalistas una posición parecida a la que ha tenido la europea frente a la Liga Norte: ponerlos al lado de la reacción, la defensa mezquina de privilegios y la indefendible identidad. No hablamos –no está de más recordarlo– de nacionalismos del Tercer Mundo, a la Nasser, casi siempre de raíz republicana. En coordenadas parecidas, jacobinas, se había situado a lo largo de su historia el grueso de la izquierda española, salvo extrañas excepciones, como el POUM, que, mitologías retrospectivas aparte, fue siempre un partido irrelevante. Pero con el franquismo, sin que nadie se molestara en explicarlo, todo cambió.

No es ocasión de indagar aquí por qué fueron así las cosas, pero así fueron. Con todo, ese no es el problema mayor. En principio, no deberían tener mayor trascendencia los desbarajustes intelectuales de nuestra izquierda, aparte de llevarnos a evocar el clásico lema spinoziano que le gustaba repetir a Marx, según el cual «Ignorantia non est argumentum». El problema aparece cuando al desbarajuste intelectual se une, como es el caso, una suerte de autoridad moral que exime a la izquierda de explicar el porqué de sus apuestas. Basta con su nihil obstat para dar por santa y buena una causa, sin que tenga que demorarse en el trámite del razonamiento. Ante realidades cambiantes, esa combinación de indigencia intelectual y talante sentencioso resulta particularmente patológica, aunque sólo sea porque, por falta de ejercicio, entumece la musculatura mental. El resultado es una retórica menesterosa, reactiva en unos casos e inercial casi siempre, que si sale del «¿De qué se habla? Que me opongo» es sólo para recalar en el «¿De qué se habla? Que me apunto». Sus coqueteos multiculturales, que harían palidecer a Marx de vergüenza, han sido quizás el ejemplo más solemne de esa deriva. Pero tampoco hay que engañarse, que ese es incluso demasiado vuelo. Aquí simplemente bastó que el nacionalismo se reescribiera a sí mismo como antifranquista para otorgarle –sin preguntas históricas ni conceptuales– el sello de calidad democrática. Como si el antifascismo –ese sí, real– de Stalin lo convirtiera en demócrata. En todo caso, el resultado es el conocido: la izquierda compró la mercancía más trucada del nacionalismo, el relato del conflicto, sin tasarlo empírica o ideológicamente, y le concedió un sello de limpieza moral del que carecía por historia y por principios. Un sello que, por lo que fuera, administraba en exclusiva. Resultó malo para todos y pésimo para la izquierda. Porque con el relato nacionalista, enredado en el corto plazo de la política parlamentaria y en el ir tirando, se llevó el tóxico que ha acabado por desquiciar ideológicamente al nacionalismo, como le sucede a cualquiera que intenta cuadrar lo incompatible: con los principios desdibujados y como vaca sin cencerro.

Esa ha sido la corriente dominante, la que explica que estemos donde estamos. Pero no es toda la historia. Unos pocos se cayeron del guindo, se apearon y hasta se resistieron al trastorno general. Los libros aquí reseñados son crónicas de las vidas de algunos que se cayeron, en unos casos en primera persona, en otros con la mirada pulcra del analista. Todos lúcidos. Todos perdedores.

Una historia de traidores
Héroes, heterodoxos y traidores ya fue comentado en estas mismas páginas de Revista de Libros, pero resulta inevitable volver sobre él en el contexto de la presente reflexión. El libro de Fernández Soldevilla arranca de su tesis doctoral, de una investigación académica. Lo es en el mejor de los sentidos, en su afán de verdad. Los juicios son ponderados y no hay afirmación sin documentar. Un esmerado trabajo que es, a la vez, una muestra ejemplar de la reciente historiografía vasca, joven y no tan joven, capaz de tocar los asuntos políticamente calientes sin vocación de trinchera ni servilismos de causa. Y tiene su mérito, porque ese quehacer se ha realizado en una atmósfera de las que invitan al silencio o, aún peor, dada la fácil y tentadora transición desde la explicación a la compresión, a las disculpas y a las justificaciones. Basta con ver lo sucedido con tantos historiadores catalanes, no hace tanto fervorosos marxistas y hoy verdaderos nation builders, entregados a recrear mitologías de esencias nacionales y eternos conflictos entre pueblos impermeables al trasiego de gentes y mercancías. El hecho de que relatos propios de la peor historiografía romántica, en la frontera de la ininteligibilidad intelectual, prosperen en circunstancias bastante más llevaderas que las que han regido la vida de los historiadores vascos invita, por lo pronto, a melancólicas consideraciones acerca del afán de servicio de los académicos cuando los poderes los convocan en nombre de las patrias y, por contraste, resalta más el temple de los que pensaron bajo las amenazas. Algún día habrá que ponerse en serio a indagar en la explicación de tales diferencias: no cabe descartar que la explicación se encuentre precisamente en la violencia, en que las pistolas emplazaban a mirarse en el espejo con menos concesiones para el autoengaño.

Que nadie entienda el recordatorio de la procedencia académica de Héroes, heterodoxos y traidores como una advertencia esquinada: no estamos ante un ladrillo. El libro está bien escrito, no evita las discusiones hondas, de concepto y de alcance general, se lee con la facilidad de una crónica periodística y, sin omitir la información relevante, no permite que el lector se pierda en el boscaje de nombres, siglas y aconteceres. Porque son muchos los nombres, siglas y aconteceres que jalonan la historia de ETA y de EE, los dos principales protagonistas del libro. Esas dos y, también, su paisaje de fondo, la historia más reciente del nacionalismo vasco y, de paso, su mayor obra: la construcción del relato del conflicto, la enorme mentira sobre la que ha querido justificarse el terror.

No está de más recordar a los más jóvenes que EE es Euskadiko Ezkerra, esa coletilla que remata las siglas de los socialistas vascos: PSE-EE. Un partido político que nace como una coalición electoral, fundamentalmente del EMK, Euskadiko Mugimendu Komunista, y de EIA, Euskal Iraultzarako Alderdia, brazo político de ETA político-militar, la vertiente decididamente leninista de ETA, que, con la llegada de la democracia, apuesta por la prioridad de la actividad política. Prioridad quiere decir eso, que la violencia no quedaba excluida. Y es que, hasta 1981, los polimilis continuarían con sus actividades criminales sin que ello despertara recelo alguno entre sus primos políticos, incluidos los votantes de EE. Sabían lo que pasaba y, en el mejor de los casos, les traía sin cuidado. Lo que pasaba, no debemos olvidarlo, era muy serio. Como nos advierte el autor, entre unos y otros, los asesinos consiguieron «que la cultura política de derechas no abertzales casi desapareciera de Euskadi. Tardó décadas en recuperarse y, cuando lo hizo, volvió a sufrir la persecución de los violentos. Lo cierto es que en ningún caso EE mostró preocupación alguna por la suerte de este sector». No es ocioso rememorar que simplemente se optó por exterminar a la derecha que no era nacionalista vasca sin que nadie levantara la voz, sin que los que leían el Manifiesto comunista se acordarán de la idea de libertad allí defendida.

Con el tiempo, cierto es, la complicidad y la comprensión con el terrorismo dieron lugar al activismo cívico contra ETA, la descalificación sin tregua de la naciente democracia dio paso al oportunismo institucional y, más tarde, a una lealtad constitucional. El leninismo derivó en socialdemocracia y republicanismo político, y el independentismo de la identidad en apuesta autonomista o federal. Si se quiere, podría hablarse hasta de evolución hegeliana, de superposición del curso histórico con el de la razón, habida cuenta la esencial incompatibilidad, que el autor destaca en distintos momentos, entre «las narrativas del nacionalismo radical y de la extrema izquierda». Eso sí, con un final nada hegeliano, pues está contándosenos la historia de unos perdedores, algo que, dicho sea de paso, está en el origen de la tesis, porque, según nos confiesa el autor, al igual que Tony Judt, «no me interesaban los ganadores, a los que nunca falta quien estudie. Siento debilidad por las causas perdidas y ésta, no cabe duda, lo era».

Quizás a alguno puede parecerle que Fernández Soldevilla se deja vencer por pasiones literarias, por lo general siempre propensas a regocijarse en las derrotas y que, en realidad, la sensatez que alentó aquel proceso ha acabado por imponerse, más allá de la suerte de sus protagonistas. Es posible, aunque tengo mis dudas a la vista del éxito del relato del conflicto. En todo caso, lo peor de todo es que el fracaso que nos cuenta no fue sólo el fracaso de un modesto grupo político, sino que, por decirlo con palabras de Gurutz Jáuregui, citadas por el autor: «[la desaparición de EE» constituyó, una vez más, el reflejo del fracaso de la construcción de la nación vasca como una sociedad moderna, plural, heterogénea y abierta al mundo». Como símbolo, «representa, en cierta medida, el fracaso del pueblo vasco en su intento de pasar del tribalismo a la modernidad, del parroquialismo a la universalidad».

En su primera parte, el libro ofrece una apretada historia del nacionalismo vasco, del real, no del reescrito retrospectivamente, desde Sabino Arana hasta, más o menos, la muerte de Franco, con el PNV y la ETA original como principales protagonistas. No hay mayores novedades, pero lo sabido, y muchas veces emborronado, está expuesto con buen orden, incluidas historias pantanosas, como el escaso compromiso del nacionalismo con una República que, en aquella hora, equivalía a escaso compromiso con la democracia, o el sustrato impúdicamente etnicista en el sentido más fuerte que pueda imaginarse de la ETA original. En la segunda parte, ya con mano y guión propio, el autor nos cuenta la aparición de los polimilis, la decisión de participar en las elecciones por parte de EIA, compatible con su descalificación de la Constitución y, un momento decisivo, la creación en 1979 de una HB que, al estrechar el terreno de las marcas políticas, precipitará los planes de algunos, muy señaladamente de Mario Onaindia, obligándoles a trazar la línea de demarcación con la violencia para enmarcar su propio territorio diferencial. Como es tradición en la izquierda, EE se «refundará» con notable frecuencia, primero en compañía de los comunistas vascos de Roberto Lertxundi y, algunos años más tarde, en la del PSE. Un recorrido político que se acompasaba con su evolución política, con su alejamiento del nacionalismo y de la violencia. Entretanto, con su propia andadura, y sus escisiones, porque al final en estos procesos siempre se quedan las depositarios de las esencias señalando con el dedo y, a veces, con la punta de la pistola, ETA-pm iniciará una reinserción que alcanzará a una parte importante de sus miembros y en la que no faltarán asesinatos entre «excamaradas», porque ETA militar, con la inexorable lógica del gángster, equiparaba los cambios de ideas a traiciones. Por decirlo con la clásica fórmula de Albert Hirschman, un alto precio de salida aseguraba la ausencia de voz, de críticas, la cohesión de la organización. Se asesinaba a Yoyes para advertir a los que podían pensárselo que mejor que no.

A partir de 1984, más o menos, EE deja de andar a vueltas con sus herencias y apuesta por constituirse en un partido normal, o todo lo normal que podía ser cuando la locura afectaba a tantas gentes. Son buenos años, según los patrones comunes del éxito político: se afina un programa, socialdemócrata convencional, y se alientan pactos menos convencionales, destacadamente el de Ajuria Enea, «por la paz y contra el terrorismo». Esos pasos, incluida la apuesta por la constitución, confirmaban que EE era ya un partido como cualquier otro, eso sí, en mitad de una torrentera tan vertiginosa que cada una de esos pasos, por su dramatismo, se parecía a los congresos de Gotha o de Bad Godesberg. Serán años de relativa presencia electoral, con idas y venidas, en competencia con el PSE y la compañía del PNV, que tendrán un final relativamente brusco en 1993 cuando se produce la fusión con los socialistas en medio de desgarros, abandonos y luchas de fracciones, que acabarán por cristalizar en la aparición de nuevos partidos de escaso aliento: una constante en la historia de EE.

Contada así la historia, podría parecer que los que se cayeron del guindo eran unas almas de cántaro, unos cuantos ingenuos que cierto día, redimidas sus penas, adquirieron un lirio y se dedicaron a pasearlo. Es lo que tienen los apretados resúmenes de historias con tantos matices y con saludables finales desde cualquier punto de vista de decencia moral. Desafortunadamente, la historia real es más retorcida, más humana. También esta otra historia se muestra en la investigación de Fernández Soldevilla. Los trapicheos organizativos, las reuniones trucadas, los enconamientos, el cálculo político que conduce a administrar verdades a medias, las vanidades y las malquerencias, en fin, los comunes casos de toda suerte humana, que diría Borges, también están presentes entre los protagonistas de esa historia. El autor nos lo cuenta, con la misma limpieza mental con que nos habla de corajes, decencias y apuestas vitales, de la vida de verdad. Sencillamente, Héroes, heterodoxos y traidores está lejos de ser una hagiografía.

No crean que no tiene su mérito. Porque el libro es la historia de un organización política, pero también es la historia de una cuantas personas muy especiales. Hay variantes, porque los caminos de Damasco son diversos, y los del Señor inescrutables, sobre todo cuando el trayecto lo rige la autonomía de juicio, la decisión de pensar a contracorriente y contra biografía, pero, en lo esencial, los protagonistas de aquella historia (Mario Onaindia, Juan Mari Bandrés, Teo Uriarte, Kepa Aulestia y unos pocos más) confirmarán con su complicada vida que pensar bien requiere, entre otras cosas, carácter. En no pocas ocasiones, las caídas del caballo, una vez superadas las secuelas del trastazo, acostumbran a concluir en beneficios personales: no es este el caso. Así de rara ha sido la vida política vasca. El hecho de que, desde el punto de vista de los fundamentos, la estación de llegada equivaliera a descubrir el mediterráneo, la incompatibilidad entre izquierda y el nacionalismo étnico de ETA y su ecosistema, y que, sin embargo, fueran tan pocos los que repararan en ello, es, además de una confirmación del coraje vital e intelectual de aquellos pocos, una muestra más de la patológica atmósfera, de ese aire enrarecido que ha convertido en héroes a criminales. Una atmósfera que está lejos de haberse disipado.

Uno de los traidores
Teo Uriarte es uno de esos Héroes, heterodoxos y traidores. Miembro de la dirección de la primera ETA, condenado a dos penas de muerte en el proceso de Burgos, protagonista de la disolución de los polimilis y de la transición de EE, activista de los movimientos cívicos contra el terrorismo y amenazado en serio por ETA, condensa sucesivamente en su vida la triple condición que da título al libro de Fernández Soldevilla. Alguien que ha sobrevivido con entereza y equilibrio psicológico a todo eso, e incluso, según se deja ver en las páginas de Tiempo de canallas, a la atenta lectura de las obras de Jesús Eguiguren, tiene cosas que contar y temple para hacerlo. Unas cuantas de ellas asoman en la obra que comentamos, un libro que, en realidad, son tres o, si se quiere, tres géneros en un solo libro: biografía, historia y análisis político.

En Tiempo de canallas hay biografía, que, por lo anticipado, es cualquier cosa menos anodina. Aunque no es el asunto central, como sucedía en Mirando atrás, su libro anterior, ayuda a hacernos una idea bastante precisa de las dificultades para levantar movimientos cívicos frente al terrorismo, en un mundo tan distorsionado como para que los que disponían del poder, salvo bien poquitas excepciones, se paseasen sin escolta mientras que los militantes de los partidos de la oposición vivían bajo amenaza de muerte. Solos y señalados. Sobre todo, cuando se enfrentaban a maquinarias de propaganda bien engrasadas con dineros públicos y entregadas a difundir aquí y, sobre todo allá, el relato del conflicto, ante la desidia de los gobiernos de España, una circunstancia que todavía pagamos: mientras en el mundo entero la Liga Norte es reconocida en su exacta naturaleza reaccionaria, nuestros nacionalistas, amasados con parejo barro ideológico, son acogidos por las gentes más diversas, incluidas muchas ilustradas, como si se tratara de Bolívar reencarnado. La perplejidad que produce ver a un Estado abúlico se alivia cuando se tiene en cuenta que durante todo este tiempo la simple crítica ideológica al nacionalismo era para muchos una ofensa y una provocación7. Por supuesto, el alivio epistémico es perfectamente compatible con la consternación moral.

La soledad de ese quehacer se muestra con deprimente elocuencia en las páginas que Uriarte dedica a contarnos cómo, con pocos más medios que los literatos de caña y cordel, se paseaba por la ONU o se entrevistaba con autoridades de Estados Unidos o Sudáfrica, absolutamente desinformadas acerca de lo que realmente sucedía, pero que se sentían en condiciones de dar lecciones de garantismo y de democracia. Y seguro que muchas han podido impartirse, aunque no estoy seguro de que existan tantos en condiciones de hacerlo. No conozco ningún país en la Europa democrática que se haya enfrentado a un terrorismo comparable al etarra, con casi un millar de asesinatos y decenas de miles de expulsados de sus casas, de refugiados políticos, sin acudir a estados de excepción, sin que el dolor y el odio de los asesinados se tradujera en una ETA del otro lado y en el que acabaran ante los tribunales y en la cárcel un ministro y varios altos cargos del ministerio del Interior por su participación en la guerra sucia. Seguramente podían haberse hecho muchas más cosas para honrar la libertad y la democracia, pero, ciertamente, si había que buscar ejemplo no era en los países en que se que recibía con admoniciones a Uriarte. Ni Alemania, ni el Reino Unido, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Italia, por tirar del repertorio clásico, cuando se han enfrentado a retos infinitamente menos brutales, lo han hecho mejor. Para ser más precisos, lo han hecho bastante peor.

Carlos Barral
También hay en Tiempo de canallas historia, sobre todo historia reciente, de las negociaciones de los distintos gobiernos, desde las de Argelia, en los días de Felipe González, hasta las de 2006 y 2007, cuando Zapatero rompe el Pacto por las Libertades y parece sentirse obligado a recrear la imagen de sus interlocutores, no se sabe si para allanar el camino a la negociación, creerse sus propias apuestas, hacer digerible a los ciudadanos la negociación o porque pensaba que los asesinos, al modo del general della Rovere en la película de Rossellini, acabarían por aceptar el cuadro que el gobierno proyectaba de ellos. Creerse cualquiera de esas posibilidades era una demostración de ingenuidad, dar por buenas todas, conjuntamente, una superlativa irresponsabilidad y, sobre todo, un peligro: cada vez que se «apreciaban esfuerzos» en los «hombres de paz» estaban dándose cartas de legitimidad a ETA y su mundo político y, sobre todo, al relato del conflicto. A fuerza de agradecer gestos y de apreciar mérito en cumplir la ley se acabó por blanquear los sepulcros de los protagonistas del terror y por sembrar el terreno para que su «normalización» política se acercara antes a la del soldado homenajeado por su pueblo al terminar la guerra que a la del sembrador de miedo y odio que aspira a pasar inadvertido e intenta borrar su pasado. Ahí andamos ahora: una derrota policial de ETA que no es la derrota de sus ideas; aunque tampoco su victoria, conviene añadir. Un mal empate que no es ajeno a la secuencia de acontecimientos que describe el autor, a cómo han ido las cosas y a lo mal que se han hecho. Aunque hoy ya no podemos ignorar que hechas están y que no cabe desandar la historia. Eso sí, reconocer esa circunstancia es algo bien distinto de entregarse a fantaseos hegelianos, que bien, bien, las cosas no están.

Y por esta senda llegamos al tercer plano, vertebrado por una hipótesis realmente fuerte: «El primer instrumento de legitimación de ETA ha sido el Estado español». Una circunstancia que, según el autor, tiene como primer responsable a Franco. Con una notable compañía: Estados Unidos. Y es que el dictador, con la ayuda del departamento de Estado, en un éxito comparable al que más tarde tendría con Al Qaeda, en aras de justificar sus propios empeños, comenzado por la propia supervivencia, se inventó una ETA con los talentos organizativos del Mossad y la vertebración ideológica del Partido Bolchevique. La realidad era menos pinturera. Uriarte nos recuerda, y hay pocas voces más autorizadas que la suya: allí no había nadie o casi nadie, apenas cuatro jóvenes saturados de malas lecturas que acabaron creyéndose las noveleras páginas que la prensa del régimen les dedicaba. Ellos y, con ellos, muchos otros. A partir de entonces procuraron estar a la altura de la ficción. Otros generales della Rovere.

El libro, casi resulta ocioso decirlo, no se entiende sin el autor. No tanto por un protagonismo, porque asome un yoismo inconcebible en Uriarte, sino porque dispone de una suerte de privilegio epistémico: el de quien ha estado en el lugar de los actores, a un lado y otro de la línea fronteriza, de la barbarie y de la civilización. Uriarte, explícitamente, se resiste a aceptar esa condición, pero lo cierto es que resulta imposible que los demás no se la otorguemos. Esa ubicación en el centro de la trama, cuando se tiene la cabeza fría y el carácter suficiente, no es mala cosa; antes al contrario, ayuda a educar la conveniente paciencia, a no dejarse enredar por los titulares de última hora y por «procesos» que empiezan cada dos por tres y a educar la conveniente paciencia. A viajar con las luces largas, que se dice ahora. También es cierto que, como casi siempre, esa disposición a mantenerse atado al mástil tiene sus riesgos. Uno de ellos, lo conoce y asume el autor: la incomodidad del personaje, confirmada en la peripecia del libro, rechazado por la editorial catalana que lo había encargado porque podía «molestar», según nos cuenta el prologuista, Jorge Martínez Reverte. Otro resulta más difícil de prevenir: el empecinamiento en señalar sólo los fallos de los nuestros, de todos los nuestros. Y es que las merecidas críticas a los socialistas requerirían, siquiera como contraste, alguna valoración matizada del PP en su trato con los nacionalismos. En particular, se agradecería un análisis de las idas y venidas de Aznar, no siempre a la altura del personaje retrospectivamente construido. Otro general della Rovere.

Otra historia
Antonio Robles se cayó muy pronto del guindo. Nos lo cuenta en los primeros capítulos de su libro. En 1979 llega a Barcelona, como muchos otros jóvenes de izquierda, en busca de un lugar donde estudiar, dar curso a su vocación periodística y, sobre todo, de un mito: la ciudad cosmopolita y progresista que fascinaba a tantos españoles. La fascinación duró poco. No tardó en descubrir, primero en el periodismo y, después de cursar filosofía, en la enseñanza, que, mientras los catalanes seguían con sus vidas, se ponía en marcha un proyecto nacionalista decidido a tutelarlas en sus menores detalles. Y reaccionó: él y unos cuantos más, muy pocos. La historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña es el turbador relato de esa reacción. A veces, muchas, parece una biografía de Robles y sus amigos, pero es que durante mucho tiempo estuvieron muy solos.

Esta historia es mucho menos conocida que la que nos cuentan Uriarte o Fernández Soldevilla. Sí, algunas cosas se conocen: el manifiesto de los dos mil trescientos; el atentado contra Jiménez Losantos; el Foro Babel; la aparición de Ciudadanos. Y poco más. Pues bien, si nos dejamos llevar por la ilusión de la precisión, les diría que todo eso apenas ocupa un 5% del relato de Robles. Desde luego, yo, que llevo algunos años en estos negocios, apenas sabía de la misa la media. Ni de la de la resistencia ni, sobre todo, de la impresionante ingeniería social del nacionalismo, una paciente obra calculada en cada uno de sus movimientos y sin descuidar terreno alguno. Queda por abordar cómo fue posible que no nos enteráramos. Quizá, simplemente, lo que pasó es que nos sentíamos cómodos en el guindo antifranquista y no queríamos enterarnos, porque, ciertamente, los indicios no faltaban. Así, por ejemplo, en 1992 una crónica de El País recogía un «borrador del programa ideológico de Convergència Democràtica (CDC) para la próxima década, [que debía servir] de base para las elecciones autonómicas». El texto, seguía el cronista, «equipara Cataluña a los Países Catalanes –entendiendo estos como el área de influencia de las comunidades catalana, valenciana y parte de sureste francés– y sostiene que Cataluña es una “nación europea emergent”, una “nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico” [...]. La obsesión por inculcar el sentimiento nacionalista en la sociedad catalana, propiciando un férreo control en casi todos sus ámbitos –el documento propugna la infiltración de elementos nacionalistas en puestos clave de los medios de comunicación y de los sistemas financiero y educativo–, y las referencias a un ámbito geográfico –los Países Catalanes– que sobrepasa los límites del Principado, son algunos ejes del que viene a ser el Programa 2000 de los nacionalistas catalanes». No está de más recordar que, años más tarde, el periodista que firmaba esta crónica, desde la dirección de La Vanguardia, echaría algo más que una mano a la operación, entre ellas la memorable participación de su periódico en un editorial conjunto con otros periódicos catalanes –también subvencionados– en el que se retaba al Tribunal Constitucional antes de su sentencia sobre el estatuto de Cataluña.

Robles documenta la operación al detalle en las casi setecientas páginas de su libro. En un tono de crónica periodística, y a veces de relato de intriga, a trechos en primera persona, porque casi siempre «estaba allí» cuando sucedieron las cosas, nos muestra lo lejos que ha llegado el nacionalismo en la siembra de las peores emociones. Una verdadera orfebrería del odio8. Se compraron unas voluntades y se doblegó a muchas otras, sin faltar amenazas, cartas a casa, campañas en los colegios y agresiones. Sucedió, principalmente, en la enseñanza. Las páginas dedicadas a mostrar las mil trapacerías, incluida la manipulación de instancias presentadas para optar a concursos forzosos de traslados, estremecen. A miles de profesores de institutos se les hizo la vida imposible, hasta que acabaron por marcharse de Cataluña, sin que los medios de comunicación se dieran apenas por enterados, a pesar de los esfuerzos de unos pocos que, organizados con maneras de tiempos de clandestinidad, iban de acá para allá contando lo que sucedía. Cuesta creerlo, pero fue así. La perplejidad y el estupor lo expresó como nadie la hispanista, ensayista y pedagoga sueca Inger Enkvist, en la presentación en Barcelona del libro de Robles: «¿Esto sucedió en un país moderno de Europa y a la vista de todos? Es inaudito. ¿Y con la complicidad de muchos? Es trágico».

Entre las complicidades, en primer lugar, la de los intelectuales. Nada que deba asombrarnos. No ya por su natural disposición cortesana, porque, a qué engañarse, no cabe esperar mucho del gremio, sino porque ellos también estaban en el punto de mira. Basta con repasar una memorable encuesta entre escritores de 1977 realizada por la revista Taula de Canvi, en la órbita de la izquierda, dedicada al hecho de Escribir en castellano en Cataluña. El tono lo daba uno de los encuestados, Manuel de Pedrolo: «Querer pasar por escritor catalán mientras se escribe en castellano equivale a aceptar los planteamientos franquistas». Con todo, lo peor no eran los escritores nacionalistas, sino los otros, que, simplemente, se disculpaban por existir. Un patético Carlos Barral mentía al describirse a sí mismo como «irreductiblemente nacionalista». Y no era el único. Con decir que, visto el promedio, hasta podía apreciarse heroísmo en Pere Gimferrer, cuando reivindicaba a los escritores en español, siempre que «hagan suyas las reivindicaciones catalanas». Ese era el nivel.

Eso sí, la naturaleza de la encuesta apuntaba al meollo del nacionalismo catalán: la pertenencia a la comunidad política gravitando en torno a la identidad, una identidad que se vinculaba a la lengua. No lo ocultó el nacionalismo y, muy tempranamente, lo percibió el autor del libro. En 1977, el dirigente de Convergéncia, Ramón Trias Fargas, lo expresaba con rotunda claridad: «La esencia de Cataluña, el espíritu de Cataluña, la sangre de Cataluña, es su idioma». Esa doctrina, que excluía de Cataluña a más de la mitad de los catalanes, los más pobres, por cierto, la suscribía en esas mismas fechas la izquierda, como lo mostraba la ponencia, redactada por Francesc Valverdú, sobre política lingüística del PSUC, los comunistas catalanes: «La lengua catalana no es únicamente un medio de expresión, sino un medio concreto en el que se articula, a nivel comunicativo, la vida colectiva. A través de la lengua se establece la identidad nacional, se expresa la pertenencia a una cultura diferenciada, se participa de unos sentimientos que concuerdan con los otros». Ahí está la entera la izquierda que llegaría al poder con el tripartito: las tesis más reaccionarias, la fundamentación romántica, herderiana, de la comunidad política; la peor ciencia, la versión más extrema de la insostenible hipótesis de Sapir-Whorf. Por no mencionar la ortopedia de la prosa.

Había que construir la nación para lo que vendría más tarde, en lo que estamos. Todo estaba allí desde el principio y cuando ahora se sostiene que el proyecto secesionista es una reacción a la incomprensión o al desafecto, a que el desprecio de España a sus reclamaciones es lo que les ha abocado al separatismo, lo único que se confirma es el superlativo cinismo de un nacionalismo que no ignora que el autogobierno de Cataluña supera con creces sus demandas históricas, que jamás soñaron con –ni reclamaron– un grado de autonomía como el presente, superior en tantas cosas no ya al Estatuto de la República, sino al mismísimo Estatuto de Nuria. Pero da lo mismo, porque, sencillamente, no puede contentarse a quien no quiere ser contentado, a quien vive de la tensión que alimenta. Al revés, como recordó magníficamente en su reciente conferencia en Barcelona Stéphane Dion, el político canadiense autor de La política de la claridad, la estrategia del contentamiento es una estrategia imposible. Pero que se haya impuesto ese relato, hasta el punto de que hasta aquellos a quienes se ha descrito de las peores maneras (como colonos, ladrones, genocidas, fuerzas de ocupación y demás) lleguen a asumir que deben hacer algo para contentar a los que nunca se darán por contentos, constituye, sobre todo, la mejor prueba de la eficacia de la operación nacionalista, del triunfo del relato del conflicto.

A algún lector puede parecerle que Robles exagera, comenzando por el propio título del libro, y hasta que se entrega a teorías conspirativas, cuando no a paranoias. A mí mismo, muchas cosas de las que leía me resultaban increíbles. Pero es que a veces a los paranoicos los persiguen y, por supuesto, las conspiraciones existen y, cuando tienen éxito, dejan pocas huellas. En todo caso, nada de ello sucede en la historia que se nos cuenta. Todo está precisamente fechado y documentado, incluso con fotocopias reproducidas en el texto. Y lo está no porque unos investigadores becados las recogieran en bibliotecas o centros de estudios, sino porque unos cuantos, cuyos nombres muy pocos conocen –entre otras razones, porque nadie quiso conocerlos–, dedicaron una parte de sus vidas a preservar las pruebas de la infamia.

Entre las infamias no es la menor que los protagonistas de esta historia, en su mayoría gentes de la izquierda con un lucido currículo antifranquista, hayan sido descritos como franquistas: formaba parte del guión. El nacionalismo se ha servido de un omnipresente espantajo franquista para descalificar a cualquiera que se opusiera a ellos. Lo peor es que muchos otros, comenzando por los gobiernos, compraban esa retórica y se inhibían cuando los nacionalistas, sin pudor, proclamaban que ni leyes ni sentencias iban contra ellos, que, por encima de la legalidad, existía una imprecisa legitimidad que no tenía otro sostén que sus propias declaraciones: la legitimidad de unos pueblos oprimidos que, «pacífica y democráticamente», se resistían a las imposiciones de Estado. Que la retórica victimista, la política de exclusión, ostracismo y hasta persecución, el desprecio a la ley, la circulación de las más reaccionarias ideas sobre las comunidades políticas, pudieran levantarse ante la inhibición de todos los partidos nacionales y, lo que es peor, con el silencio de la izquierda y los sindicatos, cuando no con su complicidad, es algo que debe ser explicado. Pero no sólo por los investigadores; es que alguien debe explicaciones.

A veces el libro parece desabrido, no tanto en la prosa, como en la descripción de personajes y situaciones. Más de una vez asoma lo que algunos calificarían como resentimiento y otros, más clásicos o caritativos, como instinto de clase. Asoma no sólo en el trato con los nacionalistas que, por lo demás, han dado sobradas muestras de despreciar a esos supuestos invasores, los «inmigrantes», «ese ejército de ocupación», en clásica expresión de Jordi Pujol, sino también cuando nos habla de «los hijos progres de las masías», «las gentes guapas», los pijos, que no estuvieron a la altura. No diré que me entusiasme la perspectiva, pero tampoco ignoro que, en ocasiones, esas sesgos ayudan a afinar la perspectiva moral, y hasta la analítica, y que, en su distorsión, la caricatura permite resaltar unos trazos que, a la postre, resultan los más relevantes. No faltan ejemplos de ello. Mi favorito en estos negociados es un pasaje de Últimas tardes con Teresa, una de la mejores novelas españolas del siglo pasado, que, en muchas de sus páginas, se ocupa de mundos no muy diferentes de los que describe Robles y que no resultaría exagerado calificar como profética. En esa novela, Juan Marsé, en 1966 –repito, 1966– escribía a cuenta de los universitarios barceloneses:

Alguien dijo que todo aquello no había sido más que un juego de niños con persecuciones, espías y pistolas de madera, una de las cuales disparó de pronto una bala de verdad; otros se expresarían en términos más altisonantes y hablarían de intento meritorio y digno de respeto; otros, en fin, dirían que los verdaderamente importantes no eran aquellos que más habían brillado, sino otros que estaban en la sombra y muy por encima de todos y que había que respetar. De cualquier modo, salvando el noble impulso que engendró los hechos, lo ocurrido, esa confusión entre apariencia y realidad, nada tiene de extraño. ¿Qué otra cosa puede esperarse de los universitarios españoles, si hasta los hombres que dicen servir a la verdadera causa cultural y democrática de este país son hombres que arrastran su adolescencia mítica hasta los cuarenta años?

Con el tiempo, unos quedarían como farsantes y otros como víctimas, la mayoría como imbéciles o como niños, alguno como sensato, ninguno como inteligente, todos como lo que eran: señoritos de mierda.

El juego de niños, como suele suceder, se alimentó de ficciones en las que muchos crecieron y que todavía no han abandonado. Tristemente, a ese guindo arrastraron a varias generaciones de españoles. Y todavía están en él.

Félix Ovejero Lucas es profesor de Ética y Economía en la Universidad de Barcelona. Sus últimos libros son Proceso abierto: el socialismo después del socialismo (Barcelona, Tusquets, 2005), Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo (Buenos Aires/Madrid, Katz, 2008), La trama estéril: izquierda y nacionalismo (Mataró, Montesinos, 2011) e Idiotas o ciudadanos: el 15-M y la teoría de la democracia (Barcelona, Montesinos, 2013). Su próximo libro, El compromiso del creador. Ética de la estética, será publicado por Galaxia Gutenberg.

La lengua del imperio
Agustí Colomines http://www.economiadigital.es  5 Julio 2014

En todos los estados democráticos multilingües del mundo se respeta la pluralidad. En España, no. El problema arranca de la misma Constitución de 1978, que convirtió, o mejor dicho, reafirmó el español como lengua única del Estado. Según esa Constitución, España no es multilingüe, sólo lo son las autonomías con lengua propia. O sea que, según dicho criterio, la parte es multilingüe y en cambio el todo no lo es. Una aberración que genera iniquidad y eternos y cansinos debates sobre la salud del todo —el español— sin prestar atención a lo que le pasa a la parte, que, por lo que se ve, no quita el sueño a los nacionalistas españoles.

Es bastante sabido que los españoles “de verdad” son monolingües por vocación e inclinación. A menudo creen que “su” idioma es tan importante en el mundo que no necesitan saber ningún otro. Y la prueba está en las altas instancias del Estado: todos los jefes de gobierno desde la restauración de la democracia a la muerte de Franco han sido monolingües. No hablaban otro idioma que no fuese el español. Ni una palabra de catalán o vascuence o gallego (aunque puede que Rajoy lo chapurreé cómo lo hacia Fraga Iribarne). Sólo Aznar se tomó la molestia de aprender un poquito de inglés, pero lo aprendió para poder poner los pies sobre la mesa en el despacho de George W. Bush. El inglés de su mujer ya sabemos que es de chiste después de su maravilloso hit “Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor”.

El nacionalismo lingüístico español es, pues, espectacular. Lo demostró también el rey Felipe VI en el acto de su coronación, cuando no siguió el ejemplo de su pariente, el séptimo rey de los belgas, quien también se llama Felipe, que pronunció su discurso de coronación con los tres idiomas oficiales de su Estado: francés, flamenco y alemán. Y lo hizo con la misma fluidez con la que habla el inglés. El rey de España sólo habla catalán, por ejemplo, cuando se traslada a Catalunya pero no lo usa en las instituciones españolas para no ofender a los oídos monolingües de los castellanoparlantes. Esa es, precisamente, la diferencia entre Bélgica y España. En Bélgica el Estado es multilingüe, lo que por otra parte no le ahorra conflictos internos, mientras que en España el Estado es cazurramente monolingüe, lo que provoca conflictos y una clara discriminación para con los ciudadanos que llaman “periféricos”.

La derivación perversa de ese modelo lingüístico español, que es propio de la antigua mentalidad imperialista que destruyó lenguas por doquier (en Latinoamérica especialmente), es que en España son las comunidades autónomas las encargadas de regular y preservar el idioma propio. Y es entonces cuando empieza el problema. Bueno, problema, problema, no, porque las “guerras” lingüísticas sólo anidan en la mente de ciertos políticos y de sus agoreros, con los que comparten sentimientos españolistas, que se dedican a defender la “españolización” de los territorios (ellos los llaman regiones) sediciosos, lo que refleja una mentalidad raquítica y miserable que alimenta conflictos artificialmente.

Cualquier país del mundo estaría preocupado con las informaciones que aseguran que el 88% de la población catalana dice tener un alto nivel de conocimiento (entenderlo, hablarlo, leerlo y escribirlo) del español, un porcentaje que casi duplica el del catalán (45%). Seguro que a un ciudadano de Guadalajara, pongamos por caso, le preocuparían estos porcentajes si correspondiesen al conocimiento del español. Los españolistas se pondrían, además, de los nervios.

Ante la falta de protección del Estado a las lenguas de sus “nacionalidades” (que la Constitución no enumera ni designa por su nombre, cosa bastante absurda), en cada una de ellas se ha adoptado un modelo lingüístico escolar distinto. En las nacionalidades donde se habla el catalán sólo en Catalunya se acordó un modelo de inmersión. Lo defendieron las izquierdas (especialmente los comunistas) con una fuerza tan inusitada y convincente que derrotó los recelos de los nacionalistas catalanes, que habían propuesto un modelo parecido al vasco.

La inmersión se planteó para que el catalán avanzase y el español continuase siendo una lengua de Catalunya. Esa es la realidad plural que aún hoy en día sigue funcionando, lo que no se puede decir del País Valenciano ni de las Islas Baleares, dónde el catalán está marginado y arrinconado por las administraciones públicas dominadas por el PP desde hace años. No he oído nunca a ningún españolista catalán, sea derechas o de izquierdas, que le preocupe un pimiento esa situación de persecución. Si un día algún padre catalanoparlante consiguiese que un tribunal se manifestase a favor de algunas de las muchas reclamaciones desatendidas por la justicia, o que el ministerio español que dirige Wert pidiese a la Generalitat Valenciana o al Govern de les Illes 6.057 euros por cada alumno escolarizado en catalán en una escuela privada, que es lo que pretende en Catalunya pero al revés, seguro que esos españolistas catalanes que se hacen llamar sociedad civil pondrían el grito en el cielo.

La ley de normalización lingüística de 1983 se basaba en algo que los españolistas rechazan de plano, que el catalán era --y es- la lengua nacional de Catalunya. Otra cosa es lo que hablen los catalanes. En Catalunya, donde la mayoría de la gente entiende el país como una nación distinta a la española, pasa lo mismo que en los EEUU, que los latinos prefieren el inglés al español para desarrollarse en su país aunque no renuncien a su idioma materno y lo sigan hablando con normalidad en la calle. Según una estadística de 2011: el 13% de la población castellanohablante había adoptado el catalán como lengua propia y habitual. Unas 800.000 personas, en total, lo que no está nada mal.

En fin, la inmersión lingüística es uno de los mayores logros de sociedad catalana y la prueba está en que la “guerra” de lenguas sólo se da en muy pocos centros, en aquellos donde los extremistas consiguen convencer a unos pocos padres para que aíslen a sus hijos de la comunidad. Esos extremistas, ya sean liberales, ya sean colectivistas, les meten en la cabeza que en Catalunya lo que debe primar en materia de educación es la “libertad” de los padres para elegir la lengua vehicular. ¿En qué Estado del mundo se da una cosa semejante? ¿Qué país negocia con los ciudadanos el idioma de la escuela? Sólo los que conciben Catalunya como una simple región de España les parecerán extemporáneas preguntas de este tipo. En ningún centro educativo belga son los padres quienes eligen el idioma vehicular.

Así pues, la “batalla” lingüística se ha convertido también en otra poderosa razón para reclamar la independencia de Catalunya. Con un Estado propio, todos los catalanes, y Catalunya, podremos ser realmente multilingües sin discutir permanentemente qué somos y por qué somos de una determinada manera. Soy de los que piensa que en una Catalunya independiente, el español será un idioma tan propio de los catalanes como lo es el catalán, cosa que no ocurre ni por asomo en la España “constitucional” con el catalán, el vascuence o el gallego. El multilingüismo es, como difunde muy bien la Unesco, la solución a los conflictos lingüísticos. Son los monolingües los que se angustian por su falta de entendederas.

Bye
Nota del Editor 5 Julio 2014

Hay gente que tiene cada sueño que da que pensar sobre su capacidad para despertarse.




Cómo solicitar enseñanza bilingüe y acogerse a la LOMCE
Convivencia Civica Catalana  5 Julio 2014

Apreciado/a amigo/a
En Convivencia Cívica Catalana hemos presentado esta semana la información y los impresos para solicitar enseñanza bilingüe en Cataluña de cara el próximo curso 2014/2015.

Como sabes la principal novedad para el año escolar que comienza en septiembre es la entrada en vigor de la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. La citada ley garantiza a los padres que soliciten enseñanza bilingüe en Cataluña que podrán acudir a un centro privado donde se impartirá una enseñanza bilingüe y de calidad, siendo la administración la que asuma los gastos de escolarización.

Convivencia Cívica Catalana acompañará a los padres que deseen acogerse a la LOMCE y efectuará la tramitación de sus solicitudes ante la administración autonómica y el Ministerio de Educación.

Si estás interesado, puedes rellenar el correspondiente impreso de solicitud adaptado a la nueva normativa. Es similar al anterior pero se ha incorporado la petición de que la enseñanza bilingüe que pedimos sea “sostenida con fondos públicos” y que la Consejería incluya la famosa “casilla” en el impreso oficial de preinscripción en la que se pregunte por la lengua habitual del alumno, tal como es su obligación legal.

En caso de que la Consejería nos deniegue las solicitudes, como venía siendo desgraciadamente habitual, Convivencia Cívica Catalana tramitará las peticiones ante el Ministerio de Educación, que asumirá por cuenta de la Consejería los gastos de escolarización en un centro privado donde se impartirá una enseñanza bilingüe y de calidad.

La tramitación, como es habitual en nuestra entidad, es gratuita. Adjunto a este correo, encontrarás el folleto informativo con las preguntas más frecuentes así como el impreso de solicitud.

Como siempre, para cualquier duda, consulta o comentario que tengas sobre todo ello estamos a tu entera disposición.
Recibe un cordial saludo.

CONVIVENCIA CIVICA CATALANA
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