AGLI Recortes de Prensa   Jueves 10  Julio  2014

Lengua y libertad
EDITORIAL Libertad Digital 10 Julio 2014

Resulta desesperanzador que en la España del siglo XXI tengamos que seguir explicando que elegir la lengua en la que uno quiere hablar, leer, aprender y, en suma, comunicarse es un derecho individual inalienable. Ningún poder puede obligar a los ciudadanos a expresarse en un idioma que no sientan como suyo o que no crean conveniente para sus intereses, incluso aunque esa elección esté completamente equivocada.

Se trata de un derecho que durante la minoría de edad del individuo corresponde a sus padres, no a un Estado, una comunidad autónoma o una consejería de Educación –y menos aún al director de un colegio–. Y poder ejercer ese derecho en esa época es especialmente importante, ya que en la inmensa mayoría de los casos lo aprendido y usado será determinante para el futuro.

Lamentablemente, estamos hablando de un derecho que se conculca diariamente en varias zonas de España, y hay que recalcar que lo más grave no es que en Cataluña, Galicia, Valencia o Baleares se impida que los niños estudien en español; lo más grave, el ataque dramático a la libertad, es que se les impide decidir que estudien en la lengua que ellos elijan libremente.

El caso de unos padres canarios que ven cómo sus hijos son obligados a estudiar en catalán en Mallorca es un excelente ejemplo de este tipo de imposición y de la inseguridad jurídica alrededor de este asunto en varias comunidades. La interpretación torticera de las normas y el incumplimiento de las sentencias judiciales están a la orden del día, todo para conculcar el derecho de los padres y de los hijos a estudiar, aprender y usar el idioma que prefieran.

Por supuesto, estas fechorías liberticidas no son casuales, sino que forman parte de un programa político igualmente liberticida: la imposición de una identidad política, de un sentimiento nacional y, sobre todo, la eliminación de todo aquello que pueda remitir a los lazos comunes entre españoles, muy especialmente al idioma en el que todos nos entendemos.

Lamentablemente, este totalitarismo lingüístico es la mercancía ideológica presuntamente progresista que ha comprado no sólo el nacionalismo, sino la mayor parte de la izquierda española; y, más lamentable aún, el PP ha preferido no dar la batalla en este campo, pese a la insistencia con la que una y otra vez se lo han pedido sus votantes.

Unos y otros han decidido olvidar que ni los territorios ni los idiomas tienen derechos, como no los tienen los pueblos o cualquier otra colectividad: son las personas, los ciudadanos, quienes atesoran esos derechos, y cuando no se deja a alguien expresarse en su idioma o educar a sus hijos en la lengua de su preferencia no se trata de un problema educativo, sino de un ataque frontal a la libertad. Por eso debería preocuparnos a todos y no sólo a los que lo sufren en Cataluña, Galicia, Valencia o Baleares.

¿Quién miente?
Vicente A. C. M. Periodista Digital 10 Julio 2014

Dice Mariano Rajoy que si Artur Mas le llama mañana para mantener una reunión en Moncloa, mañana se celebraría la reunión. Sin embargo el camaleónico Durán i Lleida dice que Artur Mas le pidió esa reunión aprovechando el acto de proclamación de Felipe VI como rey. ¿Quién miente? Yo apostaría a decir que ambos, o mejor dicho los tres. Desde la otra proclamación ilegal de Artur Mas de la futura “consulta” sobre la independencia de Cataluña fijada para el 9 de noviembre de este año, todo han sido mentiras y una escenificación en la que todos parecen intentar buscar el consenso donde solo puede haber y hay un diálogo de besugos a distancia y nunca en un cara a cara.

Eso sí, ambos personajes se dedican a eludir cualquier reunión oficial o debate político, ya que el estrictamente legal que ampara la Constitución es imposible por no haber causa que lo justifique. En cuanto a lo político tampoco se ha querido entrar en el cuerpo a cuerpo para acabar con las pretensiones de unos y las realidades documentadas por otros. El hecho es que esa guerra de guerrillas celebrada en los foros de los medios de comunicación, ha acabado por hartar a la gran mayoría del pueblo español, sobre todo con el tipo de mensajes del “España nos roba” que parece haber perdido fuelle ante la avalancha de evidencias que lo desmienten.

Pero más increíble, por no decir, injustificable, me parece la actitud del Presidente de Gobierno que dice estar abierto al diálogo, pero no a “incumplir la Ley”. Pues no sé a qué espera para hacerla cumplir desde que Artur Mas cometió ese acto de deslealtad institucional usando su cargo y su mayoría parlamentaria para cometer un acto de sedición desde el Gobierno de la Generalidad. Un delito que aún no ha sido sancionado y que mantiene la espada de Damocles sobre la sociedad española de llevarla a efecto sin atender a consejos ni a sentencias del Congreso de los Diputados de España.

Aquí no se trata de analizar si la autonomía de Cataluña debe dotársela de más auto gobierno y más financiación, creando un agravio comparativo con otras regiones de España. Ese pensamiento es el que está moviendo en los últimos tiempos al PSOE con la propuesta de un Estado Federal asimétrico que sancione un engendro de insolidaridad y de discriminación entre españoles dependiendo del lugar de su nacimiento y de residencia. Una idea que no comparte la mayoría de los votantes del PP por lo que Mariano Rajoy carecería de legitimidad para proponerla y menos aún aceptarla.

No hace falta una reunión con Artur Mas. Lo único que se debe hacer es exigirle que renuncie a delinquir y anule la convocatoria de la consulta ilegal y que si no lo hace el Gobierno de España deberá cumplir con su mandato constitucional para garantizar los derechos de los españoles en esa comunidad autónoma y la salvaguarda de la Soberanía Nacional que solo reside en el pueblo español en su conjunto y no en partes, siendo el único con derecho a decidir su futuro. Lo que tiene que traer Artur Mas bajo el brazo si viene a la Moncloa es la desconvocatoria de la consulta y de la hoja de ruta de la independencia, dejando de subvencionar a organizaciones del tipo de la ANC.

Mariano Rajoy, actúe de una vez como Presidente del Gobierno de España y no como un “componedor” de causas imposibles.

Tribunal de vergüenzas y el asombro del mundo
Fernando Glez. Urbaneja www.republica.com 10 Julio 2014

Visitar ayer el Congreso para escuchar las comparecencias de dos altos cargos: el ministro de Hacienda y el presidente del Tribunal de Cuentas roza el esperpento. Las crónicas de Wenceslao Fernández Flórez o de Julio Camba podían haber sido antológicas.

El ministro de Hacienda insiste en que su gestión tiene asombrado al mundo, que el pueblo español es asombroso cuando se levanta a rectificar el déficit, pero no aporta notas metodológicas y referencias para sostener semejante afirmación. España figura entre los tres países con más déficit público durante el último cuatrienio (etapa Zapatero y Rajoy) y seguirá ocupando ese puesto el año 2014. Además figura en la media por la deuda pública sobre PIB, y en cabeza por paro y deuda externa pública y privada. ¿No será por esos factores desfavorables por los que resulta asombroso, y no por el ajuste del gasto público y el déficit? Pero el ministro vive en otro mundo y disfruta de una envidiable autoestima. Por eso ha propuesto una reforma fiscal que solo ha recibido parabienes de amigos generosos entregados a la causa.

Más serio es, si cabe, lo del discreto presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvarez Miranda, una de las primeras personalidades del Estado, de quien nadie recuerda frase, pensamiento u obra meritoria, que tras ser arrastrado a comparecer para explicar el clientelismo en la contratación de funcionarios del Tribunal concluye que van a cambiar el sistema y que se trata de un problema de imagen que hay que arreglar.

El señor Álvarez de Miranda lleva dos años al frente del Tribunal, aunque fue contratado como técnico del mismo el año 1984, para ganar una oposición de autor (nº 1) el año 1991, de manera que es persona de la casa, conocedor de sus entresijos y del carácter clientelar del sistema de contratación. Por tanto no sorprende que en estos dos años haya convivido con un modelo abusivo y oportunista que conoce. Solo ante el conocimiento público entiende que habrá que hacer algo, pero sin la mínima contrición ni atrición. Para la primera no tiene cuerpo (ni alma), no debe sentirse culpable, y para la segunda carece de temor, sabe que nadie le va a pedir cuentas, menos aun quien le ha nombrado.

El caso del Tribunal de Cuentas es especialmente grave y desalentador. Precisamente el órgano del Estado, con autonomía y presupuesto propio, que por su carácter y misión debe ser más escrupuloso, más éticamente exigente discurre por la otra acera, la del abuso y el oportunismo. Esta gente ha aprovechado en su favor la autonomía que les dio la Constitución y no al servicio del común. Su trabajo es mediocre, deficiente, casi inútil; su prestigio tanto en la propia Administración Pública como en la opinión está bajo mínimos, pero compiten duro para ganar el primer puesto de desvergüenza.

Para hablar de regeneración democrática hay que colocar en la primera lista de renovación al Tribunal de Cuentas que pillado infraganti concluye que tiene un problema de imagen. Desde luego que España puede asombrar al mundo, pero no por lo que dice el ministro de Hacienda, sino por lo contrario.

Res Pública
La ensoñación federal frente al caos
Manuel Muelawww.vozpopuli.com 10 Julio 2014

Con la excepción del Gobierno y de su partido, el PP, pocos niegan la necesidad de buscar salidas al desmoronamiento del Estado de la Transición y, ante ello, algunos beneficiarios del mismo nos bombardean con hallazgos míticos para superar el problema. El más significativo consiste en apelar al federalismo como el elixir para conjurar los demonios y los desórdenes causados por el modelo autonómico. En realidad, me temo que es una huida hacia adelante en el propósito de centrifugar el poder público para convertirlo definitivamente en una agregación de satrapías a mayor gloria de la partidocracia.

No quiero caer en el simplismo ni en lo prosaico, pero, en estos juegos y encajes de que nos hablan, lo que se ventila es cómo administrar los dineros de los españoles, cercenando, sin que se note demasiado, su libertad y su igualdad. Por eso, parece justificado dejar de lado las ensoñaciones y buscar una realidad estatal más adecuada a un país que, para superar sus importantes déficits educativos, civiles y democráticos, necesita un Estado unitario con capacidad para estimular la transformación que muchos desean y que unos pocos inmovilistas o diletantes se empeñan en aplazar. En suma, hay que salir de las prisiones de los caciquismos oligárquicos.

Crisis constitucional y dudas sobre el Estado
Como en otras ocasiones de nuestra historia, padecemos una crisis política y constitucional, que trae causa de las dificultades para estabilizar en España un modelo de Estado que responda a las necesidades de una sociedad democrática contemporánea. Lo que viene sucediendo es un eslabón más en la cadena de problemas con los que se ha enfrentado el Estado en España desde que los liberales de Cádiz alumbraron la nación política y la dotaron de una Constitución, la de 1812.

El modelo unitario que se pretendió entonces ha tenido escasas posibilidades de realizarse en democracia, porque ésta ha sido siempre fugaz en nuestro país. Pero, en mi opinión, no debería condenarse al olvido la formulación constitucional del Estado unitario, sobre todo si se considera que lo opuesto a la misma, federalismo o autonomismo, y no digamos la monarquía confederal, suponen el crecimiento de los sentimientos centrífugos, que alimentan la desigualdad y el debilitamiento del poder público. Esa es la lacerante realidad de nuestra nación.

Como consecuencia de nuestras dudas sobre la naturaleza del Estado, se ha llegado a la mistificación de confundir la visión unitaria con el centralismo autoritario, haciéndolo incompatible con un orden abierto y democrático. Desde mi punto de vista, esa es la razón básica de que en las épocas democráticas haya primado la idea de cambiar la estructura del Estado, sin preocuparse demasiado de los contenidos ideológicos del mismo.

Con un simplismo muy propio de nuestro carácter nos hemos dejado llevar demasiado por algunas ensoñaciones, cuya realización ha acarreado más problemas de los que perseguía resolver: el federalismo de la segunda mitad del siglo XIX y el autonomismo ensayado en el siglo XX pueden ilustrarnos sobre cómo proyectos aparentemente bien intencionados conducen las más de las veces a la degradación del poder público y al debilitamiento de su expresión máxima, que es el Estado.

España, por causa de una historia difícil y serpenteante, está todavía aquejada de importantes déficits sociales y educativos, también democráticos, sin contar todavía con una sociedad civil suficientemente sólida para suplir tales carencias. Por ello, sigue necesitada de un poder público que impulse su transformación y su modernización, sin despotismo pero con energía. Y el Estado es el instrumento idóneo para ello. Así lo entendieron los países europeos que hace más de siglo y medio abrazaron los principios de la revolución burguesa, que requería Estados fuertes para vencer las inercias y las resistencias al cambio político y social. Sin esa fortaleza solo se podía aspirar a ligeros barnices de modernización, incapaces de alterar las corrientes retardatarias que, con una u otra apariencia, han sido dueñas y señoras de la política nacional.

La confusión ideológica, trufada de posiciones nacionalistas arcaizantes, ha contribuido a consolidar la idea de que el Estado unitario fuerte es una manifestación autoritaria a la que hay que oponer un modelo distinto, basado en la idea de las parcelaciones territoriales dotadas de poder político propio y autónomo. Los individuos han quedado en un segundo plano, con cierta indefensión ante un poder cercano, que suele carecer de la neutralidad de la distancia y de la preocupación por el interés general. Esa es en gran parte nuestra experiencia política reciente, cuya maduración arroja frutos de desigualdad para los ciudadanos y de corrupción en el ejercicio del poder público: hay regiones importantes en España en las que la alternancia en el poder resulta poco menos que inverosímil, sin que haya razones de bienestar económico y social que lo justifiquen.

La experiencia aconseja el Estado unitario

Creo que ya disponemos de conocimiento y experiencia histórica para constatar que los intentos de modernización del Estado en España, basados en aquellas premisas, han fracasado sucesivamente, porque, entre otras cosas, se han primado los sentimientos de lo centrífugo. Se ha olvidado que en nuestro país, donde todavía persisten importantes desequilibrios sociales, sigue siendo necesaria la capacidad homogeneizadora de un poder público central fuerte, porque la tendencia de los poderes regionales autónomos a eludir el interés nacional ha sido una constante histórica. Que no debería ser así, porque también son parte del Estado, pero es, y a los hechos me remito. Cada día tenemos pruebas de ello, acrecentadas por los intentos de secesión programados a la vuelta de unos meses.

En un momento crítico innegable en todos los órdenes, que obligará a cambios, parece justificado encarar un problema que tiene difícil arreglo sin cambiar éste modelo constitucional. Y entre los cambios del mismo habría que abordar la sustitución del derecho a la autonomía de las regiones por formulaciones más cercanas a la descentralización administrativa que al concepto de autonomía. Porque se reconozca o no, éste último siempre deriva en acentuar la debilidad del poder público, cuando no en la deslealtad hacia el propio Estado. Un Estado unitario, nutrido y sostenido con los valores de la democracia, nada tiene que ver con el señuelo del odiado Estado centralista, que ha resultado tan útil para vender a los españoles una mercancía política muy beneficiosa para algunas clases dirigentes, pero menos para los ciudadanos y contribuyentes.

Francia emprende el único camino realista para superar la crisis
EDITORIAL El Mundo 10 Julio 2014

AL PRIMER ministro francés no le ha temblado el pulso. Ni el boicot el lunes de los tres sindicatos más importantes del país a la conferencia social convocada por el presidente, François Hollande, ni el riesgo de ahondar en la fractura que divide a la izquierda gala le han disuadido de sacar adelante su plan de ajuste. En un horizonte de tres años Valls prevé reducir el gasto público de Francia en 50.000 millones de euros, con el objetivo de disminuir las cotizaciones de las empresas en 40.000 millones y aplicar una rebaja de impuestos a las familias de unos 5.000 millones. Valls compensará esta enorme caída de ingresos con una rebaja del gasto de la Administración central de 18.000 millones de euros;la eliminación de municipios y un ajuste del presupuesto de las regiones de 11.000 millones;un recorte de otros 11.000 millones en prestaciones y una disminución del gasto sanitario de 10.000 millones. Una auténtica revolución fiscal y administrativa para contraer el déficit del 4,3% al 3% -según el techo fijado por Bruselas-, aminorar una deuda pública próxima al 94% del PIB, estimular las contrataciones en un país donde el paro bordea el 11% y «revitalizar Francia» tras una década de colapso. Entre las medidas más impopulares, congelará el sueldo a los funcionarios y las pensiones superiores a 1.200 euros.

El socialista Manuel Valls es coherente con el compromiso que adquirió el pasado abril, cuando Hollande lo puso al frente del Gobierno -tras la debacle de su partido en las municipales- para que acometiera un programa de recortes sin parangón en la VRepública. Su valentía es más reseñable si reparamos en que la situación de los socialistas franceses ha empeorado, como se pudo ver en el resultado de las elecciones europeas, que confirmaron el avance del Frente Nacional y el desplome del PSF.

Manuel Valls responde al ascenso de los euroescépticos con una política encaminada a dinamizar la economía francesa y lograr cierta flexibilidad en el cumplimiento del déficit por parte de la Comisión Europea. También replica a quienes, dentro de su partido, le acusan de ser una marioneta de la Troika y de asumir la agenda neoliberal con un programa que, en sí mismo, supone una apuesta total por la reactivación de la segunda economía de la UE.

La contestación interna a Valls cristalizó ayer en la Asamblea Nacional, donde cuatro diputados del PSFconstituyeron una corriente «contra la muerte de la izquierda» con el inequívoco nombre de Coherencia Socialista. Lo cierto es que el camino emprendido por Valls es el único realista. Al fin y al cabo, el Gobierno francés se dispone a poner en marcha un plan similar a la Agenda 2010, aprobada en Alemania en 2003. El entonces canciller socialdemócrata Gerhard Schroeder llevó a cabo un recorte del gasto público para frenar la caída en picado de la economía germana. Ese programa ha permitido que Alemania sea el primer país europeo en salir de la crisis. Es evidente que lo que mueve al primer ministro francés no es el interés partidista sino un profundo sentido de Estado y una indeclinable confianza en la capacidad de recuperación de su país. Por ello, resulta difícil no comparar la determinación de Manuel Valls con la indefinición del PSOE, donde el liderazgo se dirime entre candidatos dispuestos a perder el centro por flirtear con quienes defienden programas anticuados y piden cambiar el modelo de Estado.

Izquierda
El PSOE 'on the road'
Cristina Losada Libertad Digital 10 Julio 2014

Aunque no lo parezca, el PSOE elige el domingo un secretario general. No lo parece, vistos los asuntos de los que hablan más sentidamente Pedro Sánchez y Eduardo Madina. Se diría que el partido de la oposición elige este fin de semana a un secretario de organización en lugar de a la figura que ha de dar voz a sus posiciones políticas. Salvo, claro está, que su posición política se encierre en la salmodia de que la derecha es muy mala y el mantra "Somos de izquierdas, somos de izquierdas", que es orgullosa proclamación de virtud que no precisa pruebas ni desarrollo.

No iba mucho más lejos el candidato Sánchez en una tribuna publicada en el diario El País. Tras exponer los estragos causados por la derecha, decía que "hay una economía de izquierdas y una economía de derechas" para luego dibujar los rasgos de la primera con unas cuantas volutas de humo. Modelo productivo que gane competitividad con más conocimiento e innovación, defender en Europa políticas de crecimiento y esta condicional extrañísima: "Si queremos ser el partido que más se parece a España y los españoles quieren buenos empleos, esa va a ser nuestra prioridad". ¿Y si no, no? Quizá olvide el PSOE, sumido en la contemplación de su ombligo, que hace política en un país que no tiene problema más prioritario que el paro.

¿Hay una economía de izquierdas? Bien, veamos qué está haciendo la izquierda, qué hacen los socialdemócratas en Francia y en Italia, que al igual que España necesitan corregir el rumbo de sus economías. Manuel Valls acaba de lograr el aprobado a la segunda parte de un plan para crear empleo y mejorar la competitividad. Consiste en un recorte del gasto público que incluye reducir el número de regiones y congelar pensiones, y en rebajas fiscales que alcanzan a las cotizaciones sociales de las empresas. Valls mantiene las reformas pese a la oposición interna y sindical.

Matteo Renzi, nueva celebrity de la socialdemocracia europea, se dedica a algo más que a conquistar al público con su gracejo. Tal vez se desvíe del camino, pero tiene anunciadas una reducción del IRPF para las rentas más bajas y una reforma laboral que flexibiliza los contratos temporales. Ya gestiona una supresión de las provincias que supondrá acabar con tres mil cargos públicos, de quienes dijo que a partir de ahora "experimentarán la emoción de ir a trabajar". Todo esto con descarado ninguneo a las centrales sindicales y patronales.

Esa es la política económica de izquierdas realmente existente en la Europa tocada por la crisis. ¿Qué tienen que decir Sánchez y Madina? ¿Que Francia e Italia han de hacer ajustes y reformas "muy duras", como sostuvo Renzi, pero España no, porque nos va mucho mejor? ¿Cuál es su plan, cuál su hoja de ruta? ¿Está en Europa o en Frikilandia? De momento, tenemos noticia de la ruta seguida por Sánchez: contacto directo con la militancia, mucha carretera, y manta para dormir en casas de socialistas. En esas está el PSOE, "on the road" como Kerouac y, como Kerouac, sin brújula.

Esa vía epistolar para la secesión catalana
José Javaloyes www.republica.com 10 Julio 2014

“Uno no se convierte en miembro de la UE enviando una carta”. Esta frase de Jean-Claude Juncker, próximo presidente de la Comisión Europea, se refiere a la que le dirigió Artur Mas en su condición de presidente de la Generalidad de Cataluña. Otra entre las muchas del mismo tenor de alegaciones epistolares remitidas al exterior durante el pasado mes de febrero, sobre el supuesto derecho a la independencia de Cataluña y Escocia basado en supuestas realidades históricas que sólo tienen de real la neurosis que las instrumenta, dirigidas a instancias y representaciones políticas de la UE y de otros ámbitos del exterior.

Se trata de una operación que tuvo amplia luminotecnia en su fase de “lanzamiento” – algo proporcional a lo mucho que se esperaba desde la subjetividad congénita propia de un nacionalismo orientado en los cambios estatales europeos de más de cien años atrás -, y mucho silencio después sobre su nulo resultado en términos de acogida y de imagen política. La nula base jurídica y de mínimo contexto histórico y político no daba pie para otros ecos y respuestas que los del tipo de lo expresado por Juncker.

La maniobra secesionista catapultada por el propio hecho de que la integración de España en el Mercado Común culminaba la liberalización de la economía y en cierto modo clausuraba a todos los efectos las ventajas económicas regionales – especialmente para Cataluña y las provincias vascongadas- establecidas en su día con el proteccionismo canovista, resuelto en la práctica como una reserva de mercado en favor de estas dos regiones; el iniciado ocaso de tal estado de cosas, podría explicar en buena medida, junto con el barrido político del fuerismo, el hecho de que los hermanos Arana Goiri se apuntaran en la Cataluña de la Renaixensa a la fermentación nacionalista de su inicial fuerismo.

Acaso lo principal de uno y otro proceso de cambio llevaría a la fractura del nacionalismo español en dos enfrentadas expresiones: un nacionalismo de fragmentación frente a otro de integración o patriotismo abierto. El primero, definido por la pertenencia a un lugar o espacio; el segundo significado por la adhesión a un proyecto. Pero en tanto este último patriotismo, conforme la expresión orteguiana se formula como “proyecto sugestivo de vida en común”, es compatible con integraciones más amplias, el primero de ambos, el estrictamente nacionalista, constreñido a la dinámica del particularismo, se ve forzado al cabo no a integrarse con otros para compartir un proyecto de vida en común, sino a romper el marco nacional unitario de referencia para dar entrada a una “absorción” de las partes próximas…

El ejemplo es claro. Lo mismo que los partidos nacionalistas vascos, de derecha y de izquierda, insisten en la absorción de Navarra, pese a que según Claudio Sánchez Albornoz, los vascones genuinos corresponden históricamente más al Reino Navarra y parte del Pirineo aragonés, mientras que la cepa prehistórica de las provincias vascas se sitúa en los arevacos. Y de otra parte, ocurre en Cataluña, donde el nacionalismo, insiste en catalogar a Baleares y al Reino de Valencia como “países catalanes”, cuando lo cierto es que, idiomáticamente, Jaime I, mandó al conquistar Valencia que se le diera un fuero escrito en la lengua (valenciana) de ese reino; lengua preexistente allí al hecho de la conquista. Tanto Ausías March como Joanot Martorell eran valencianos y no catalanes. En esa misma insistencia catalano-centralista se alinea la iniciativa de la Generalidad de Cataluña de unificar la festividad de San Juan Bautista como celebración común de los “países catalanes”.

No ha sido ociosa ni inoportuna la obviedad epistolar de Jean Claude Juncker frente a esa vía epistolar abierta por Artur Mas para promover la independencia de Cataluña. Una vía parangonable en términos de afectos con la acogida nacionalista en la sede de la soberanía española al señor Picardo.

El catalán escarmentado
Se ha perdido lo más importante y no, no es el afecto, que va y viene. Lo que se ha agotado es la confianza
Francesc Serés. El Pais. 10 Julio 2014

Durante años, lustros y décadas, cualquier conversación sobre la independencia de Cataluña se podía desactivar o desacreditar con la eterna excusa del nacionalismo burgués y sus múltiples derivadas: la herencia totalitaria, la matriz clasista decimonónica, la abducción ideológica en las escuelas, el carácter excluyente de nombres y apellidos o, ya puestos, la formación de espías o el poder de los oligarcas de Òmnium, por citar algunas de las que llegan hasta nuestros días. Repetir lo mismo desde hace tantos años, aparte de no ofrecer nada nuevo, solo ha servido para vacunar a tantísima gente —burgueses ellos— que recela y huye del agua, por fría que esté.

La primera inyección la pusieron los mismos que repetían que la enseñanza del catalán era una muestra de imperialismo, intentaban e intentan que desapareciese de las escuelas, humillando su nombre con lapaos y promoviendo el secesionismo lingüístico o la segregación del alumnado. El silencio de escritores y académicos españoles ha sido tan constante y desolador que nadie cree que pueda contar con ellos. Pudo haber sido, no fue y sabemos que no será. El Estado jamás ha percibido la cultura catalana como propia: la ha tratado como un elemento patógeno y extraño que hay que combatir más que conllevar.

Un segundo pinchazo, anual, lo ha dado la negativa reiterada a reconocer y corregir el déficit fiscal. La estrategia ha sido tan burda que los resultados eran previsibles. Primero se consolida el déficit, después se niega que exista, se ocultan las balanzas y, al fin, cuando tenemos las cuentas claras, en el peor de los casos, se niega el mismo concepto de déficit. Lo que es difícil de negar es el estado de algunas infraestructuras o su inexistencia. Entiendo a los unionistas del puente aéreo porque les salimos muy rentables, pero los demás tenemos que pagar para que nos suban la barrera del autopista y, cada vez más, la de la sanidad o la de la educación. Esa vacuna es permanente, diaria no necesita dosis de recuerdo.

Las demandas de incremento de autogobierno han sido despachadas con la estructura humillante y renovada del peix al cove, esto es, un cortoplacismo extremo que demostraba que no había proyecto más allá de un ir tirando constitucional: dales algo y que se callen o, al otro lado, mirad lo que traigo y callad. La campaña de vacunación ha sido masiva. Se sabía de antemano que no era posible ir más allá de una lectura interesada de la Constitución y se jugaba con el techo de cristal.

El cortoplacismo del 'peix al cove' demostraba que no había proyecto más allá de un ir tirando constitucional: dales algo y que se callen o, al otro lado, mirad lo que traigo y callad

Más que pastillas han sido unas ruedas de molino, un trágala constante. Tenemos la píldora contra las bajas pasiones, contra las intimidaciones que profiere el ministro Fernández Díaz y sus amenazas con el yihadismo, las mafias y la corrupción; la gragea contra el miedo de las fronteras con foso de cocodrilos y espacio exterior que describe el ministro Margallo; la costumbre que inmuniza contra la importancia de los apellidos, yo qué sé si Serés viene de Jerez, qué nivel… Se advierte tanto sobre la fractura social que parece que de verdad se desee, se habla tanto de la manipulación de las élites que uno llegaría a creer que han hecho un tótem de Pijoaparte y que necesitan siempre el mítico y avaro empresario textil para justificarse y existir hasta cuando éste ha desaparecido…

Es cierto, también nos hemos vacunado contra el país de las maravillas del superindependentismo. Sabemos que Fèlix Millet mutará dentro de unos años en director de algún organismo autónomo y que la Constructora SA continuará acechando a los que se mueran de ganas de ser acechados.

Llevamos un calendario de vacunación completo y el efecto va a ser permanente porque la dosis empacha. La obligación de pagar seis mil euros a quien escolarice a sus hijos en castellano la podemos poner al lado de tantas familias que no pueden escolarizar a sus hijos en catalán en el País Valenciano o en la Franja. ¿De verdad se creen que de la noche a la mañana se va a respetar una lengua y una cultura que recibirán mañana un agravio y el día siguiente un desprecio? ¿Hay alguien que piense que es posible que el Estado conceda un trato fiscal más justo? ¿Cómo van a resultar creíbles las constantes apelaciones al federalismo si socialistas y populares han sido incapaces de federalizar sus propios partidos? ¿Cómo vamos a confiar en Guanyem cuando quiere decidir sobre todo pero demuestra una intermitente flaccidez cuando se trata de decidir la relación con el Estado? Decidir sobre el recibo del agua está muy bien, aunque se haga de la mano de los ideólogos de la desalinizadora del Prat, ICV, pero además de ser un poco insípido, puede convertirse en nueva vieja política a toda prisa. Anda que no hemos visto veces esa película.

El catalán ya no está emprenyat, está escarmentat. Se ha perdido lo más importante y no, no es el afecto, que va y viene. Lo que se ha agotado es la confianza. No es que nos hayamos quedado sin saldo, es que estamos en concurso de acreedores por falta de credibilidad, la fábrica ha cerrado las puertas por escarmiento reiterado.

Francesc Serés es escritor

La cuestión
Es más eficaz acompañar la firmeza contra la consulta soberanista con una propuesta alternativa
Patxo Unzueta. El Pais.  10 Julio 2014

La actitud de firmeza de Rajoy respecto al soberanismo catalán ha sido más acertada que la de quienes propusieron aceptar la convocatoria de un referéndum consultivo (que habría sido empezar por el final, dividiendo en dos a la población y condicionando cualquier paso ulterior); uno de los efectos de esa firmeza ha sido que Artur Mas considere ahora prioritario que el Gobierno presente una “propuesta de altura” que permita negociar una salida que incluya la consulta prevista. Lo que intuitivamente se deduce de ello es que conviene mantener la negativa a ese referéndum y dejar que Mas se estrelle contra él. Sin embargo, para que la sociedad catalana se desenganche de la dinámica rupturista todavía dominante es más eficaz compaginar esa firmeza con una propuesta alternativa. No limitarse a decir que la Constitución prohíbe un referéndum de autodeterminación, sino plantear la posibilidad de uno legal; no de ruptura sino de ratificación del acuerdo posible entre el Estado y la Generalidad sobre un nuevo marco de relación mutua.

El inminente líder del PSC, Miquel Iceta, ha argumentado estos días que la cuestión no es votar o no votar sino sobre qué hacerlo. Plantea preguntar a los catalanes si aprueban una negociación con el Estado sobre un reforzamiento de la autonomía, y someter el acuerdo alcanzado a referéndum en Cataluña. Una consulta, pues, legal y pactada. Los socialistas de Rubalcaba han venido argumentando contra una consulta solo en Cataluña sobre algo que afectaría a todos los españoles; pero también es problemático que todos los españoles deban decidir sobre un nuevo estatus de Cataluña. De ahí la conveniencia de situar primero el pacto y luego su ratificación en referéndum, y no al revés: primero referéndum y después negociación sobre la aplicación de su resultado, que sería irreversible aunque no fuera formalmente vinculante.

Es cierto que un acuerdo en esos términos será difícil. Desde Convergencia se ha respondido a Iceta considerando irrenunciable que el referéndum sea sobre la independencia. Es posible sin embargo que, tras la probable suspensión de la consulta, el presidente catalán sea receptivo a una oferta de acuerdo que pudiera presentar como avance hacia sus objetivos, incluso al precio de romper con Esquerra (que ocurrirá en todo caso). Sería una opción menos mala para él que las otras dos posibles: elecciones anticipadas (que casi seguro ganaría Esquerra); o Gobierno de concentración soberanista presidido por él (que Junqueras difícilmente aceptaría).

No sería realista ignorar que juega con ventaja quien ofrece a los ciudadanos la oportunidad de decidir mediante su voto. Mientras que quien se opone a ello, aunque sea con poderosas razones (la primera, que divide de manera cortante a la población, y que en caso de prosperar convierte en extranjeros a casi la mitad de los ciudadanos) tiene dificultades para desactivar la demagogia del “no nos dejan votar”.

Hoy parece seguro que el proceso será largo y que esa ventaja solo se compensará si a la negativa en nombre de la legalidad constitucional se une una propuesta que reconozca a los catalanes el derecho a decir la última palabra; pero no para romper con el resto de los españoles sino para seguir debatiendo con ellos sobre sus problemas y aspiraciones.

Califato y terrorismo global
El Estado Islámico, que se ha despojado de las referencias a Irak y Levante en su nombre, aspira a instaurar un imperio político panislámico en competencia con Al Qaeda por la supremacía en el universo yihadista
Fernando Reinares. El Pais.  10 Julio 2014

Muchas y dispares han sido las reacciones al anuncio que el pasado 29 de junio hizo el Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL), proclamando el establecimiento de un nuevo califato y la designación de un nuevo califa en la persona de su líder, Abubaker al Bagdadi. No pocas de esas reacciones se han centrado en el significado mismo de esa fórmula de dominio musulmán y en la relevancia o irrelevancia para el mundo islámico de su controvertida recreación. Aunque son asuntos de indudable importancia, no menor la tienen los relacionados con las implicaciones en materia de terrorismo atribuibles a semejante iniciativa, adoptada por una organización yihadista cuya especialidad más notoria es precisamente la práctica sistemática de dicha violencia.

¿Estamos ante una resolución tomada por dirigentes de una entidad con liderazgo y estrategia propios o responde a los designios de las autoridades estatales que patrocinan su campaña terrorista? Si se trata de lo primero, ¿es una iniciativa adoptada por yihadistas cuya agenda es predominantemente local y en particular iraquí, o ante un nuevo desarrollo del yihadismo internacional con proyección regional o incluso mundial? Caso de que se trate de lo segundo, ¿es la opción de una organización que intenta ante todo subsistir en el escenario de conflicto armado que conforman Siria e Irak, o que es ya núcleo de una nueva red de terrorismo global?

Empiezo por el primero de estos interrogantes. Durante los dos últimos años han circulado, incluso entre periodistas y comentaristas occidentales dedicados a temas de Oriente Próximo, especulaciones en apariencia racionalistas, unas veces infundadas y otras exageradas, sobre conexiones de la actividad terrorista que tiene lugar en Siria e Irak con los gobernantes de ambos países o de otros de la región, incluyendo a los de la península Arábiga. Especulaciones, por ejemplo, a las que era común relacionar los atentados el EIIL con el beneficio que supuestamente suponían para el régimen de El Asad en Siria. Como si dicha organización yihadista no tuviese una dinámica autónoma respecto al modo en que evolucionara la correlación de fuerzas entre otros contendientes asimismo implicados en la guerra civil que desde 2011 asola ese país.

Especulaciones que también lo eran al presentar al EIIL y sus actividades terroristas como mero producto de los servicios de inteligencia de Arabia Saudí o de patrocinadores que actúan desde otros países del Golfo como Qatar. En este sentido, sin embargo, hay indicios suficientes para considerar verosímil que los extraordinarios avances del EIIL en Siria e Irak se deben en parte al apoyo que esta organización yihadista ha recibido desde esos dos sultanismos. Incluso para sospechar que los servicios de inteligencia saudíes, al menos hasta abril de este mismo año, intentaron manejarla como proyecto de su asistencia encubierta a las facciones extremistas de la oposición siria. Pero la lógica del EIIL no estaba sujeta a la voluntad de quienes imaginaron instrumentalizarla. Menos aún, es obvio, a la de quienes eran vistos como favorecidos por su brutalidad. Al contrario.

El nuevo líder reivindica su autoridad política y religiosa sobre todos los musulmanes
Paso entonces a abordar el segundo interrogante. El EIIL es la tercera denominación consecutiva de una organización yihadista que asumió este nombre en 2013 pero desde 2006 era conocida como Estado Islámico de Irak (EII) y anteriormente como Al Qaeda en la Tierra de los Dos Ríos (AQTDR), fundada en 2004. A lo largo de más de ochos años confinó sus actividades al territorio iraquí. A excepción de un importante atentado suicida perpetrado en noviembre de 2005 en Ammán, que podría relacionarse con el origen jordano de su entonces máximo dirigente, Abu Musab al Zarqaui, no se le habían atribuido otros actos de terrorismo fuera de Irak hasta que empezó a ejecutarlos en Siria. Sin embargo, el mero hecho de que su líder inicial tuviese nacionalidad jordana y que la organización fuera la extensión reconocida de Al Qaeda en Irak indica que su actuación local se enmarcaba en la yihad global.

Por definición, la proclamación de un nuevo califato apenas anunciada por el EIIL reafirma esta orientación internacional, que además trasciende a la de una agenda regional. Para empezar, el EIIL se ha despojado de las referencias a Irak y Levante en su nombre, que ha pasado a ser el de Estado Islámico (EI) sin más. Al tiempo, discusiones doctrinales aparte, aunque los dirigentes del mismo admiten que la extensión de aquel califato queda administrativamente delimitada en estos momentos a un área “de Alepo a Diyala”, alegan que su autoridad política y religiosa “incumbe a todos los musulmanes”, de modo que el califa designado lo es “para los musulmanes en cualquier lugar”.

Es difícil negar que esta iniciativa, cuya aspiración última es instaurar una suerte de imperio político panislámico que incluya al conjunto de territorios en los que, en algún momento de la historia posterior al siglo VII, ha existido dominio musulmán, supone un evidente desarrollo del yihadismo internacional.

La actual rivalidad entre los combatientes en Irak y Al Qaeda podría acabar en cooperación
Esto me lleva al tercero de los interrogantes planteados. Desde la formación de Al Qaeda en 1988, el yihadismo internacional se encuentra estrechamente relacionado con el terrorismo global. Hace poco más de un año, Ayman al Zawahiri, como el emir de esa estructura terrorista que sucedió a Osama bin Laden, rompió su vinculación con el EIIL, organización a la que desposeyó de la condición de rama territorial de Al Qaeda que hasta entonces ostentaba junto a Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y Al Shabab. Pero Al Qaeda y el EIIL, ahora EI, comparten fines aunque discrepan en tácticas y en la secuencia temporal a lo largo de la cual deben alcanzarse. Pero esos objetivos últimos declarados, al margen de otras consideraciones sobre su formulación, son de alcance global, lo que hace que la violencia terrorista a que se recurra con la intención de avanzarlos cumpla con uno de los dos criterios de demarcación del terrorismo global.

El otro criterio de demarcación que permite definir a un terrorismo no ya como transnacional o internacional sino como global, se refiere a la extensión de los actores individuales y colectivos implicados en el mismo, que debe estar en consonancia con aquellos objetivos. Este criterio, que desde hace década y media satisface la urdimbre terrorista relacionada de uno u otro modo con Al Qaeda, está por ver lo cumpla por sí mismo el EI. No es casual que, inspiradas en una misma ideología, ambas entidades pugnen ahora por la supremacía en el yihadismo global como movimiento. Desde la ruptura entre Al Qaeda y el EIIL, éste ha conseguido recabar el apoyo de distintas organizaciones yihadistas que existen como tales, desde Ansar al Sharia en Libia o Túnez hasta Ansar Bayt al Maqdis en Egypto o Abu Sayaf en Filipinas. Incluso provoca fracturas internas en otras aún asociadas con Al Qaeda. También está concitando la adhesión de una mayoría de los musulmanes radicalizados en el seno de las sociedades occidentales, incluida España.

En el contexto de esta competición entre yihadistas adquiere un especial sentido la proclamación del califato hecha por el EI. Esta iniciativa, presentada literalmente como una “victoria”, al igual que la realidad del control que dicha organización ejerce sobre amplias zonas de Siria e Irak, son difundidas como éxitos que contrastarían con el estancamiento y la relativa escasa notoriedad de Al Qaeda. No debe descartarse, sin embargo, que hechos consumados y llamamientos a la reconciliación dentro del movimiento yihadista internacional conviertan la actual competición en cooperación. Mientras tanto, una posible consecuencia de la rivalidad entre el núcleo de una red de terrorismo global existente y el de otra emergente es que ambas, mientras se esfuerzan por revertir la situación y consolidar ventajas respectivamente, traten de movilizar apoyos en su común población de referencia exhibiendo determinación y capacidad para ejecutar atentados espectaculares en o contra Occidente.

Fernando Reinares es investigador principal en el Real Instituto Elcano y catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente imparte un curso de posgrado sobre terrorismo global en la Universidad de Georgetown, en Washington.

Libros
Julián Marías, la soledad del filósofo español
D. Hernández de la Fuente. La razon 10 Julio 2014

La imagen tan gráfica de los Evangelios de la «vox clamantis in deserto» bien se podría aplicar a la Filosofía española y a los singulares miembros de su grey: una voz casi siempre aislada que pretende comunicar su explicación de nuestro ser y nuestro devenir sobre parámetros históricos de racionalidad que permitan entender el proyecto colectivo de la sociedad y la cultura española. Pero en general, huelga decirlo, no hay nadie ahí para escuchar. Así sucede con Julián Marías, una voz de excepción que resuena con fuerza aun en el erial de nuestros días, un auténtico intelectual, un pensador que ofreció a sus compatriotas lo mejor de lo que era capaz: la razón. En la época en que surge su figura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid España estaba a punto de sufrir la inenarrable convulsión de la guerra, que vació las aulas de los mejores maestros de una generación inolvidable. Unos fueron desapareciendo, otros marcharon al exilio y entre los intelectuales que quedaron destacaba él como ningún otro, el discípulo más preclaro de Ortega y Gasset.


Puede decirse que Julián Marías encarna como pocas otras figuras la grandeza y miseria de la intelectualidad española. El que es sin lugar a dudas el pensador español más importante de la segunda mitad del siglo XX fue cruelmente ninguneado por la Universidad y la sociedad de su tiempo. No le dejaron doctorarse sino tardíamente, a causa de las consabidas envidias y denuncias. Avergüenza mencionar que, pese a sus casi cien excelentes libros –ensayos que abarcan desde la Historia de la filosofía a las causas de la Guerra Civil española–, nunca obtuvo el reconocimiento de una cátedra y solo se le dio una honorífica (y en la UNED) que llevaba el nombre de su maestro Ortega y Gasset. Poco tiempo la disfrutó y, desde luego, no pudo hacer realidad su pasión por la docencia. Su magisterio, sin duda, lo ejerció a través de sus libros. Lástima que no se le lea más.

La cuestión de las nacionalidades
Tampoco se escuchó su voz política. El filósofo que logró hacer inteligible el «problema español» fue nombrado senador constituyente, pero no le hicieron caso precisamente allí donde se iba a perpetuar ese problema: en la cuestión de las «nacionalidades», hoy tristemente de actualidad, donde rechazó el tratamiento que hacía la constitución de este tema, con todo el bagaje histórico que muestra en este libro, y con razón.

España inteligible es el libro imprescindible para dejar de considerar el «problema de España» como tal. Se ha tenido durante mucho tiempo a este país por una anomalía, una irregularidad en la historia, sin darse cuenta de que España admite una narración razonada y que, es más, frente a otros países (y como lo que es, la nación en sentido moderno más antigua de Europa y la Supernación, como la define Marías, trasatlántica), tiene un hilo lógico y argumental propio, un proyecto histórico definido desde antiguo que ha provocado oleadas de incomprensión, desde la leyenda negra a esta parte. Nacido acaso como respuesta a la España invertebrada de su maestro Ortega, este libro fue el inconfesado favorito de su autor.

Publicado en 1985, diez años después de la muerte de Franco, tuvo el mérito incontestable de explicar España a los españoles (y a muchos extranjeros). Con más de diez ediciones, fue un éxito que se reedita ahora en Alianza. Recoge la peripecia histórica de España (las Españas) desde Roma a la modernidad: mucho nos dice el subtítulo, por cierto, «Razón histórica de las Españas». Por ende, debe leerse con mucho cuidado en estos tiempos precisamente en los que se están imponiendo otros relatos falaces o interesados que no dan cuenta de un proyecto común antiguo y sujeto a la razón. Un libro imprescindible al que conviene prestar oídos de nuevo: que no siga llamando en el desierto intelectual de la vida política actual.
Ficha

Título: «España inteligible»
Autor: Julián Marías
Editorial: Alianza
424 Páginas
Precio: 19,50 euros

"Intégrense y aprendan catalán"
El calvario de unos padres canarios en Mallorca: se niegan a dar clase en castellano a sus hijos
"Intégrense y aprendan catalán como si vivieran en Francia y tuvieran que aprender francés", les espetó la jefa de estudios.
O. Moya Libertad Digital 10 Julio 2014

Sólo llevan un año en Mallorca y ya tienen que mudarse. Juan Miguel y Cristina llegaron desde Canarias con sus dos hijos -de 10 y 16 años, puesto que a él le habían trasladado desde la oficina bancaria en la que trabaja, y su desembarco en la isla no ha sido desde luego el que esperaban.

Poco a poco han visto cómo sus hijos iban empeorando sus notas y rendimiento y les "marcaron" por reivindicar enseñanza también en castellano, puesto que su desconocimiento del catalán es total, claro. La solución que se les ofreció fue que se integraran y aprendieran catalán "como si viviéramos en Francia y tuviéramos que aprender francés", cuenta Juan Miguel a Libertad Digital que les espetó la jefa de estudios. Y se les propuso, en un primer momento, la exención del catalán, que exime al alumno recién llegado de examinarse en esa lengua pero que, a su vez, le obliga a estudiar la práctica totalidad de las asignaturas en ella.

"No hay libertad ninguna", se lamenta. En cambio, él en su trabajo no ha "tenido problemas en términos generales. Cuando la gente ve que no entiendes el catalán cambia al castellano", relata. Pero "lo más triste es que pase esto en el ámbito educativo".

En la primera evaluación, el pequeño -que "sacaba notables y sobresalientes"- suspendió dos asignaturas y el mayor, cinco. El centro de este último se negó a asumir cualquier tipo de responsabilidad: lo achacó a su falta de estudio, pero a la vez recomendaba que se apuntara a clases de catalán por las tardes. Finalmente va a tener que repetir curso. "Ha perdido un año de su vida", se queja el padre que ve cómo sus esfuerzos con el "traductor de Google" por las tardes para tratar de ayudar a su hijo con las materias y deberes no han servido de nada.

Juan Miguel denuncia cómo los españoles de otras comunidades autónomas "no tenemos derecho ninguno". Es "como si viene un chino aquí, que tendrá que apuntarse a clases de castellano y catalán", pero "yo ni soy de Venezuela, ni de Londres, soy español". Y la "lengua oficial de España es el español". No obstante, ni él ni su mujer pretenden que todas las clases sean impartidas en castellano; se conformarían con un punto intermedio. Y en eso están, buscando un colegio que satisfaga estas necesidades.

De momento, Juan Miguel ha tenido que pedir el traslado en su oficina, que ha sido concedido. El curso que viene matriculará a sus hijos en algún colegio concertado de Palma (no hay ni un solo centro público que oferte una educación bilingüe, denuncia). Para ello contará con la ayuda de la Consejería que dirige Joana María Camps, que ha acabado atendiendo sus demandas -a través de la fundación Círculo Balear-.

No ha querido esperar a escoger la opción que da la Lomce, la famosa disposición trigésimo octava por la cual si el afectado demuestra que no hay una oferta pública de castellano en su zona, la Administración correrá a cargo de los gastos de un centro privado. Y es que no se fía, ya que le costó que la Consejería de Educación le hiciera caso. "¿Por qué tengo que acudir a ese tipo" de soluciones?, se pregunta. Y es que no se podría permitir adelantar el coste y pagar todos los meses. ¿Y si al final no se admite su demanda? Entonces correría él con todos los gastos, imposibles de asumir. El Gobierno, con esto, "está reconociendo que hay un problema; pues que arreglen el problema", reivindica. "Un ministerio en Madrid sabe que estas cosas están pasando. Se deja a la comunidades decidir cómo lo hacen y cómo lo hacen lo estoy viviendo yo".

No son cuatro familias las afectadas, como suelen argumentar los nacionalistas, sino que "hay un montón de padres, pero lo que pasa es que hay mucho miedo", afirma Juan Miguel, a la vez que recuerda que el PP llevaba en su programa el decreto sobre el trilingüismo y ganó por mayoría absoluta en las islas. "El tema de la lengua es una vergüenza y somos los padres los que lo sufrimos".

El presidente de Círculo Balear, Jorge Campos, señala que "lo hay que tener claro es que no es un caso aislado, recibimos reclamaciones continuamente, pero (la mayoría de los padres) no lo hacen públicamente por el miedo que tienen". Juan Miguel y Cristina "han puesto el interés de sus hijos por encima de cualquier medida de presión", resalta.

Estos centros y los docentes implicados tienen "varios expedientes disciplinarios abiertos", informa Campos, que espera que finalmente tengan consecuencias en el caso de demostrarse esta vulneración de la ley.

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España ha elegido no tener memoria
Xavier Horcajo www.gaceta.es 10 Julio 2014

Seis millones de españoles salieron a la calle y algunos lo harán hoy fieles a la memoria de Miguel Ángel. En julio de 1997, todos fuimos Miguel Ángel, todos repudiamos los actos de ETA, pero ¿lo seguimos siendo? ¿Se acuerdan de que aún tenemos 314 asesinatos etarras sin resolver?

Miguel Ángel Blanco tenía 29 años cuando sacrificó su vida porque España pensaba que no debíamos ceder ante el chantaje terrorista. Miguel Ángel Blanco, concejal del PP, era una de esas caras jóvenes que hicieron que el partido de Aznar multiplicara por cuatro su presencia municipal en el País Vasco. Secuestrarle era fácil, no disponía de escolta, se desplazaba en tren. Así acudía a su trabajo en una consultoría de Irún (era Licenciado en Económicas por la Universidad del País Vasco).

Poco después de que ETA trasladase al entonces Presidente Aznar sus pretensiones de que los presos fueran acercados al País Vasco, le secuestraron y dieron un ultimátum: "Si en 48 horas no les acercan, mataremos al rehén". Fueron horas dramáticas que cocieron la conciencia de los españoles de buena fe. Llegó la hora, el Gobierno no cedió y cincuenta minutos después del plazo, le dispararon dos tiros en la cabeza. Miguel Ángel estaba herido de muerte y fallecía en el Hospital de San Sebastián. Su muerte nos conmocionó a todos y levantó una respuesta en la sociedad española conocida como el “Espíritu de Ermua”.

Decenas de manifestaciones y actos repletos de manos blancas. Seis millones de españoles salieron a la calle y algunos lo harán hoy fieles a la memoria de Miguel Ángel. En julio de 1997, todos fuimos Miguel Ángel, todos repudiamos los actos de ETA, pero ¿lo seguimos siendo? ¿Se acuerdan de que aún tenemos 314 asesinatos etarras sin resolver?

Los españoles se preguntan si el sacrificio de Blanco tiene sentido después de que el Gobierno de Aznar siga los pasos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en materia terrorista. Después de la excarcelación de Josu Uribetxebarría Boligana, con el pretexto de que esta terminal, a finales de agosto cumplirá dos años entre potes y quejas porque le custodian unos policías. Sobre todo, de que PSOE y PP hayan consentido que el Tribunal de Estrasburgo tumbara la “doctrina Parot” y que hayamos tenido que digerir el espectáculo de la salida masiva de etarras. Quizá a muchos les haya dolido más los difusos compromisos de los ministros de Justicia “no habrá excarcelaciones masivas” o del de Interior “no consentiremos burla a las víctimas, ni actos de enaltecimiento terrorista”.

Seguro que no han olvidado a Alberto Ruíz-Gallardón, ni a Jorge Fernández Díaz. Seguro que temen el día en que sus asesinos (Txapote y Gallastegui) salgan a la calle sin cumplir su condena de 50 años.

Aunque lo peor sea reconocer que, para millones de españoles “si ETA no mata, y así se consigue” haya sido validado. No importa el sacrificio del pasado, ni si nuestros actos de hoy lo convierten en absurdo. Parece que hemos elegido –colectivamente- no tener memoria.

Le arrodillaron para asesinarle
Javier Algarra www.gaceta.es

Miguel Ángel no se hubiera arrodillado de no ser porque el pistolero Oker le sujetó para mantenerle así en el momento de asesinarle. A nuestra clase política no ha hecho falta que nadie la sujetara.

Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, fue quien le disparó por la espalda mientras José Luis Geresta Múgica, Oker, le sujetaba para mantenerle de rodillas. Su compañera Irantzu Gallastegui, Amaia, esperaba al volante del coche. Eran las 16:50 del sábado, 12 de julio de 1997, cuando Miguel Ángel Blanco recibía dos disparos en la cabeza en las inmediaciones de la localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria. El concejal del PP de Ermua tenía 29 años, y todavía tardaría varias horas en morir. Su defunción fue certificada a las 4:30 de la madrugada del domingo.

Le habían secuestrado dos días antes, el jueves 10 de julio de 1997, hace ahora 17 años, en la estación de tren de Éibar, a la que acudía todos los días para ir a trabajar en una consultoría. El comando Donosti le había elegido como objetivo sabiendo que era casi imposible proteger a los miles de concejales que hay en España.

En una llamada al diario Egin en nombre de ETA, los terroristas exigían al gobierno de José María Aznar el acercamiento de los presos de la banda criminal a cárceles del País Vasco como condición para su liberación. El plazo del ultimátum era de 48 horas, al cabo de las cuales sería ejecutado.

El chantaje era inaceptable. España entera alzó las Manos Blancas para mostrar a los asesinos su hartazgo ante tanta muerte y extorsión. Millones de personas salieron a las calles para gritar "ETA escucha, aquí tienes mi nuca", en una clara demostración de que matar a Miguel Ángel era matar a cualquiera de nosotros. Los terroristas ya no tenían excusas para justificar su pretendida lucha armada. Una vez más demostraban lo que eran, simples asesinos con el tiro en la nuca y la bomba lapa como únicos argumentos.

Todos compartimos las horas más amargas de una muerte anunciada. El presidente Aznar se repetía a sí mismo que un Estado de derecho no puede ceder al chantaje de los terroristas. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, lloraba a escondidas tras explicar a la familia por qué el gobierno no podía aceptar la extorsión. Todos entendimos las razones de tan difícil decisión y nos desgañitamos para exigir a los etarras que lo liberasen, que ya nadie encontraba sentido al terror de estos fanáticos disfrazados de gudaris.

Pero le mataron. Si de algo sirvió la muerte de Miguel Ángel fue para unir, por primera vez, a todos los partidos; para convencer, incluso a los más radicales, de la esterilidad del uso de la fuerza; para ratificar que los españoles, todos, estábamos hartos de esos criminales; y para prometernos, de una vez por todas, que la división respecto a un asunto tan indiscutible ya no volvería a sembrar la discordia entre nosotros.

Pero nos equivocamos. Ahora, diecisiete años después, negar el acercamiento de presos a las cárceles vascas no tiene sentido: todos los gobiernos han procedido, desde entonces hasta hoy, al reagrupamiento de reclusos. Muchos creen que, finalmente, el Estado de derecho ha cedido ante las exigencias de los etarras. Los radicales han sustituido la violencia por la política. Los abertzales administran libremente sus presupuestos en las administraciones que controlan. Asesinos confesos, que jamás han pedido perdón, campan a sus anchas argumentando problemas de salud o beneficiándose de la aritmética judicial o la abolición de doctrinas penitenciarias.

El gran beneficio es que ETA ya no mata. No podemos menospreciar ese consuelo, aunque debamos preguntarnos a qué precio lo pagamos. Nuestra sociedad vio morir a Miguel Ángel Blanco para no ceder al chantaje.

Miguel Ángel no se hubiera arrodillado de no ser porque el pistolero Oker le sujetó para mantenerle así en el momento de asesinarle. A nuestra clase política no ha hecho falta que nadie la sujetara.

DANIEL PORTERO
'Fue el atentado más bestia, antes del nuestro'
Arancha Moreno www.gaceta.es 10 Julio 2014

El presidente de Dignidad y Justicia recuerda en Gaceta.es cómo vivió el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Daniel Portero revive el dolor del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Cada diez de julio, desde 1997, la sociedad española y las víctimas de terrorismo sufren recordando el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco perpetrado por ETA. Así le ocurre también a Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, para el que esta efeméride revive su propio dolor: "Es un día muy triste y muy significativo para todas las víctimas".

Cuando los medios difundieron el terrible secuestro del edil del PP de Ermua, Portero estaba trabajando en Málaga. "Fue un mazazo terrible para mi familia", cuenta a Gaceta.es. "Entonces aún no habían matado a mi padre, nos pusimos todos expectantes, como todos los españoles, porque fue una barbaridad", rememora sobre el ultimatum que dio ETA al Estado, en el que la vida de Blanco era moneda de cambio de sus intereses.

La familia Portero, que viviría su propio calvario tres años más tarde, sufrió al conocer el fatal desenlace de Miguel Ángel Blanco: "Cuando le asesinaron, sufrimos mucho más. Nos entraron ganas de subir al País Vasco para apoyar a todas las víctimas del terrorismo, aunque no lo hicimos al final". En 1997, su padre Luis Portero era Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y en aquel momento, los Portero "aún no éramos víctimas, pero lo sufrimos muy de cerca". Su familia no albergaba esperanzas sobre la posible puesta en libertad del edil: "No, desde el primer momento no lo vimos claro". Quizá porque sabían que la banda etarra llegaba hasta sus últimas consecuencias, como comprobó él mismo en el año 2000, cuando asesinaron a su padre a punta de pistola en el portal de su casa.

Diecisiete años después, Daniel describe el asesinato de Blanco como "el atentado más bestia que recuerdo antes de matar a mi padre". España se echó a la calle conmocionada, había nacido el espíritu de Ermua. La sociedad rechazaba de pleno la barbarie terrorista. Pero aquel espíritu ha perdido fuerza, según el presidente de Dignidad y Justicia: "En su momento sirvió, ahora se ha perdido un poco, desgraciadamente ha perdido fuelle". Y sentencia: "El espíritu de Ermua debería servir para acabar con ETA definitivamente, cosa que no ha funcionado, y se debe a la pasividad de la sociedad". El tiempo templa los ánimos, pero no devuelve a los muertos.

DE JUANA CHAOS, BOLINAGA Y OTEGI
Tres ofensas a la memoria del concejal de Érmua
Juan E. Pflüger www.gaceta.es 10 Julio 2014

La política penal que rodea a los presos de ETA es una fuente continua de dolor para las víctimas al permitir situaciones especiales para los criminales.
Ignacio de Juana Chaos, Josu Uribetxeberría Bolinaga y Arnaldo Otegi.

Son muchos los casos de etarras beneficiados por la política penal de los diferentes gobiernos españoles. Dejando a un lado las más de sesenta excarcelaciones de los últimos meses tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay tres casos que son especialmente dolorosos para las víctimas. Los terroristas Ignacio de Juana Chaos, Josu Uribetxeberría Bolinaga y Arnaldo Otegi son los más claros exponentes de estas políticas.

De Juana Chaos fue condenado a 3.000 años de cárcel por cometer 25 asesinatos y está considerado uno de los etarras más sanguinario de la historia de ETA. Pese a la condena, una de las mayores impuestas por la Justicia española, solamente cumplió 18 años de cárcel. Fue liberado en 2008, pero pocos meses después se le encausó por un delito de enaltecimiento del terrorismo, el 11 de noviembre de aquel año, ante su desaparición, la Audiencia Nacional dictó una orden internacional de busca y captura al no encontrarse en su domicilio. A día de hoy, y pese a haber sido visto en varios países, el etarra sigue sin ser puesto a disposición judicial.

Bolinaga es, desde hace casi dos años, el ejemplo que ponen las víctimas del uso interesado de la legislación penitenciaria en España. Pese a la presentación de numerosos recursos en contra, el asesino de tres guardias civiles y secuestrador y torturador de Ortega Lara, fue excarcelado en agosto de 2012 al considerarse un informe –contrario al de la junta de evaluación médica de la cárcel- que el cáncer que padecía tenía una supervivencia posible inferior a los nueve meses. De esta manera se libraba de la condena de casi 178 años impuesta por sus crímenes, sin embargo, pese a no haberse producido el fallecimiento en el plazo señalado, no se ha vuelto a revisar su caso.

Otegi, uno de los dirigentes históricos del brazo político de ETA, ha entrado y salido de prisión en varias ocasiones, y salvo en su último ingreso, en todas las ocasiones anteriores ha salido libre tras pagar fianzas de muy cuantiosa cantidad. En 2005 salió de la cárcel tras depositar 400.000 euros tras ser condenado por pertenencia a banda armada, un año después fue encarcelado por inducción a actos violentos, pero eludió la prisión tras depositar 250.000 euros. Nuevamente visitó los juzgados en 2006 por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Finalmente fue encarcelado en 2009 por el intento de reorganizar Batasuna. Pese a que esta vez no ha podido eludir la prisión, si ha sido beneficiado de permisos extraordinarios para visitar a su familia, unos beneficios que se le niegan con mucha frecuencia a delincuentes con penas y delitos de menor gravedad que los suyos.

Cataluña
Discrepar, ¿es democrático?
Susana Beltrán Libertad Digital 10 Julio 2014

Discrepar también es no estar de acuerdo en la forma en que se está planteando la consulta en Cataluña. Es muy curioso porque a pesar de que la consulta, como tal, no existe legalmente se da por hecho que sí existe, y el objeto de discusión radica, en el mejor de los casos, en que Societat Civil Catalana haga campaña por el no a la independencia.

La ley de consultas, en fase de tramitación en el Parlament de Cataluña para dar cuerpo a la misma, no está todavía aprobada. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en relación a la Declaración de Soberanía y del Derecho a Decidir del Pueblo de Cataluña de 2013, dejó bien claro que el pueblo catalán no es soberano. Por tanto, eliminaba al sujeto titular que podría ejercer ese confuso dret a decidir.

Desde una perspectiva más internacionalista ya expliqué que si la consulta se acaba legalizando con las preguntas pactadas por los partidos que votaron a favor de la declaración de 2013, los catalanes contrarios al proceso secesionista partiremos con una clara desventaja y no jugaremos en igualdad de condiciones.

Así, el intrascendente hecho de que sólo los catalanes acudamos a las urnas para responder a la pregunta de si queremos que Cataluña sea un Estado independiente significa que asumimos, como colectivo, que Cataluña es un sujeto político, distinto a España, que tiene derecho a decidir su independencia. No importa si gana el no. Con nuestro voto podríamos consolidar un derecho de autodeterminación que aún no tenemos. El Consell Assessor per a la Transició Nacional, en su primer informe, apunta en esta dirección:

Un plebiscito sobre la independencia, dejando de lado su resultado, sitúa a Cataluña ante los actores internacionales como un sujeto político con capacidad para tomar decisiones propias y diferenciadas. El proceso de la consulta, por tanto, independientemente de su resultado, tiene para Cataluña una externalidad positiva en términos de política exterior.

Y así también, me temo, lo va a entender la comunidad internacional.

Como pueden imaginar, no me gustaría que mi voto contribuyera a consolidar esta situación, que me parece, además, muy desleal con el resto de la ciudadanía española, titular, sin ningún género de dudas, de la soberanía.

Votar es normal, claro que sí, lo venimos haciendo desde hace muchos años. Lo que no me parece normal es que el próximo 9 de noviembre votemos en las condiciones que nos están anunciando. ¿Se puede discrepar de todo el proceso secesionista y seguir siendo catalana? De momento, sí. ¿Es democrático? Sí. ¿O ya no?

Susana Beltrán, vicepresidenta de Societat Civil Catalana y profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Autónoma de Barcelona.

La deuda de los partidos políticos asciende a más de 237 millones
Los socialistas y Unió incrementaron sus créditos, mientras que IU y UPyD los recortaron en más de dos millones, según un informe del Tribunal de Cuentas
EUROPA PRESS | MADRID El Correo 10 Julio 2014

La deuda de los partidos políticos con las entidades financieras ascendía principios de 2013 a 237,6 millones de euros, siendo el PSOE el partido que más dinero debía, en concreto 71,6 millones, un 30% del total de la cantidad que suman todas las formaciones. El PP ha logrado recortar su deuda en 24 millones en comparación con la que tenía a finales de 2011, pero aún tiene que pagar 54 millones a entidades financieras.

Estos datos se desprenden del último informe del Tribunal de Cuentas sobre fiscalización de los partidos políticos, relativo al año 2012. El informe dedica un apartado especial a las deudas de los partidos, pero sin especificar con qué bancos tienen los créditos.

Al mismo nivel que en 2009
Entre 2011 y finales de 2012 el conjunto de los partidos cuyas cuentas analiza el órgano fiscalizador redujeron su deuda en 37,7 millones, hasta situarse el monto total de la misma en 237,6 millones de euros, la misma cifra con la que cerraron 2009.

Del total de la deuda acumulada por los partidos, 141,9 millones de euros corresponden a deuda con garantía hipotecaria. El órgano fiscalizador también precisa que al cierre de 2012 la deuda vencida ascendía a 1,4 millones, repartidos entre Eusko Alkartasuna (0,8 millones) y Unió Democrática de Catalunya (0,6 millones).

Según el informe, el PSOE ha pasado a ocupar el primer puesto en el ranking de deudores que en 2011 lideraba el PP. De hecho, en un año los socialistas no sólo no han recortado, sino que han aumentado su deuda con los bancos. Si cerraron 2011 -año electoral-- con una deuda de 70,10 millones doce meses después llegaban a los 71,6 millones. A esto hay que sumar los 10,8 millones que adeuda el PSC, su 'partido hermano' en Cataluña.

Por contra, el PP sí logró quitarse la mitad de la deuda que acumulaba a finales de 2011 y que sumaba 77,99 millones. Al cierre de 2012, cuando cumplieron un año en el Gobierno central, esta cantidad se había reducido en 54 millones, quedándose con una deuda de 54,3 millones de euros.

Nacionalistas
El tercer partido más endeudado el año pasado era, repitiendo puesto, el PNV con una deuda de 28 millones de euros -sólo 300.000 euros menos que en el ejercicio anterior-, mientras que en cuarto lugar figura, con 16,7 millones Unió Democrática de Catalunya. El partido que lidera Josep Antoni Duran i Lleida, ha incrementado su deuda en casi medio millón, y ha rebasado a Izquierda Unida en la lista.

Por su parte, sus socios de Convergencia Democrática de Catalunya debían a los bancos a finales de 2012 3,5 millones -100.000 euros menos que un año antes-. Además, la federación que forman CDC y UCD sumaba unas deudas por valor de 9,9 millones, habiéndola recortado en 2,7 millones en doce meses.

IU debe 15 millones
La formación que lidera Cayo Lara, que arrancó 2012 como la cuarta con más créditos cerró el ejercicio en quinto lugar con deudas por valor de 15,1 millones de euros, 2,3 millones menos que a finales de 2011.

En sexto puesto, con 14,2 millones, figura Iniciativa per Catalunya Verds, los socios catalanes de IU, que han reducido su deuda en casi dos millones en un año, seguidos del PSC, con una deuda de 10,8 millones, dos millones menos que en el ejercicio anterior.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) que cerró 2011 con 4,7 millones de deuda, logro reducirla hasta los 4,3 millones. Por su parte, Eusko Alkartasuna, debía a principios de 2013, 2,2 millones, mientras que la deuda de ERC estaba en 1,9 millones de euros en esa fecha, medio millón por debajo del ejercicio anterior.

Por debajo del millón
El resto de formaciones fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas no superan el millón de euros de deuda, aunque Ezker Batua Verdeak roza esa cifra con 972.000 euros. Coalición Canaria acumulaba 671.223 euros, la Chunta Aragonesista 657.335 euros; el Bloc Nacionalista Valenciá 416.559 y el Partido Comunista de España 401.042 euros.

Unión, Progreso y Democracia, ha recortado su deuda en 2,5 millones y ya sólo debía a los bancos el año pasado 365.935 euros. Foro de Ciudadanos aún tenía que abonarles 327.014 euros, el Partido Aragonés, 401.042 euros; Unión del Pueblo Navarro, 269.616 euros; Nueva Canarias, 104.354 euros y Esquerra Unida y Alternativa, 165.039 euros.

Amaiur acumulaba una deuda de 17.324 euros, frente a los 318.024 que adeudaba un año antes. Esta coalición está formada, por EA, Aralar y Alternativa, formaciones estas dos últimas que no deben ni un euro a los bancos. En la misma situación están Euskal Herria Bildu, Geroa Bai y Compromís-Equo.

17 AÑOS DESPUÉS
¿Tuvo sentido el sacrificio de Miguel Ángel Blanco?
Juan E. Pflüger www.gaceta.es 10 Julio 2014

La banda terrorista de ultraizquierda ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco para intentar torcer la lucha antiterrorista de un Gobierno que no cedió al chantaje.
Se cumplen 17 años desde el secuestro y asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco. / Larry Mangino / Fundación Miguel Ángel Blanco

El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue un intento de chantaje al conjunto de España en un momento en el que la derrota de la banda terrorista ETA era una de las prioridades del Gobierno. Cuando la política penitenciaria era firme y no existían beneficios para los presos, una postura muy diferente a la actual, el secuestro del joven concejal popular de Ermua pretendía torcer la firmeza del Ejecutivo y, por ende, la voluntad de los ciudadanos.

A medio día, el 10 de julio de hace 17 años, fue secuestrado y con el preceptivo aviso al diario separatista Egin, la banda de ultraizquierda comunicaba que si en 48 horas no se producía el inicio del traslado de presos de ETA a cárceles situadas en la comunidad vasca, se asesinaría a Blanco.

El Gobierno, presidido por José María Aznar, no cedió al chantaje. La sociedad española se unió, no solamente en Madrid, también en la zona más dañada por el terrorismo: el País Vasco y durante la tarde del día 10 y todo el día 11 de julio se produjeron manifestaciones en todos los municipios españoles.

Por primera vez, la policía autónoma vasca se quitaba los pasamontañas, que les protegen de la identificación por parte de los terroristas, y se sumaban a las protestas. El PNV se adhería a las condenas y las movilizaciones. Los programas especiales en radio y televisión se inclinaban por la opción de que ETA no cometería un acto tan vil como ese asesinato con amenaza y secuestro.

La mañana del día 12, horas antes de que expirase el plazo del ultimátum, volvían a sucederse las concentraciones y las condenas. Las embajadas de casi todos los países comunicaron al Gobierno su apoyo y adhesión.

Pero la bestia terrorista no tiene sentimientos y a las 16:50, algo más de una hora después de que finalizase el ultimátum, Francisco Javier García Gaztelu (Txapote) e Irantzu Gallastegui (Amaia) disparaban dos tiros en la cabeza al concejal en las proximidades de Lasarte. No murió en el acto y fue trasladado, aun con vida, al hospital de San Sebastián, donde fallecía tras doce horas de agonía. permisos extraordinarios para visitar a su familia, unos beneficios que se le niegan con mucha frecuencia a delincuentes con penas y delitos de menor gravedad que los suyos.

España
La inversión extranjera en Cataluña cae un 51% en el año de la consulta
La Comunidad de Madrid sextuplica a la catalana durante el primer trimestre de 2014
Marcos Pardeiro. La Razon 10 Julio 2014

No hay trimestre en que la Generalitat de Cataluña no presuma de la fortaleza de su economía a la hora de incrementar sus exportaciones, ya que prácticamente el 25 por ciento de las ventas al exterior de toda España corresponden a productos catalanes. En cambio, la Generalitat apenas comenta un dato que hace años que está consolidado y es que Cataluña está muy rezagada en cuanto a inversión directa extranjera, es decir, aquella de carácter productivo que excluye las operaciones financieras. Convivencia Cívica Catalana (CCC) difundió ayer un informe elaborado a partir de los datos del Ministerio de Economía y alertó de que este índice está experimentando una «drástica caída» que contrasta con el buen ritmo que tiene Madrid.

«Los inversores extranjeros han invertido en los primeros meses de 2014 en Madrid 1.403 millones de euros, seis veces más que en Cataluña (235 millones)», subraya el documento de CCC, que atribuye esta tendencia a «la incertidumbre generada por la radicalización del discurso político del gobierno catalán está creando un clima de inseguridad y desconfianza en los inversores y en el propio tejido empresarial catalán que tiene su reflejo en unos débiles datos de inversión».

Lo cierto es que la concentración en Madrid de la mayoría de las inversiones extranjeros hace años que está consolidada, ya que es en la capital española donde se ubica la sede fiscal de la mayoría de las multinacionales y de las grandes empresas españolas. «Si se pudiera utilizar la localización real de las inversiones obtendríamos como resultado una distribución bastante más desequilibrada», ha apuntado en alguna ocasión el propio Ministerio de Economía.

Sea como fuera, la tendencia no hace más que acentuarse. «Mientras en el primer trimestre de 2013 la inversión extranjera en la Comunidad de Madrid era dos veces y media la catalana, en 2014 ha pasado a ser seis veces superior a la de Cataluña, por el efecto combinado del incremento inversor en la primera y la caída drástica en la segunda», concluye Convivencia Cívica.

La influencia soberanista
La entidad está convencida de que el rumbo soberanista trazado por Artur Mas no ha traído nada bueno a la economía catalana y a los datos se remite. «Desde 2011, año en el que CiU tomó posesión del Gobierno autonómico de Cataluña con mención expresa a una hipotética secesión, los inversores extranjeros han invertido en Cataluña menos de una tercera parte que en la Comunidad de Madrid, a pesar de que el peso económico de ambas regiones es similar», constatan. Y añade otro dato: «Desde 2011 la Comunidad de Madrid ha recibido 36.600 millones de euros de inversión extranjera, más del triple que los 9.894 millones de Cataluña».

En su informe, la entidad destaca que «la debilidad de la inversión extranjera en Cataluña en estos primeros meses de 2014 se ha trasladado también a las empresas catalanas, que han reducido notablemente sus propias inversiones en el exterior hasta registrar el valor mínimo de los últimos 17 años». En el primer trimestre de 1997 la inversión emitida por Cataluña era de 69,4 millones de euros, mientras que en el primer trimestre de este año fue de 70,8 millones.

En este sentido, CCC destacó que en el primer trimestre de 2014 la cifra que destinó Cataluña a inversión en el extranjero «se desplomó un 73 por ciento, descendiendo a solo 71 millones de euros». «Por el contrario –añade– en el mismo periodo de tiempo la inversión efectuada por la Comunidad de Madrid en el exterior creció un 62 por ciento y alcanzó los 2.178 millones de euros, treinta veces más que en Cataluña».

En el caso de los padres canarios
El Gobierno balear respalda en una nota a los centros que impiden estudiar en castellano
La consejería ha emitido una nota dando la razón a los centros frente a los últimos padres afectados, "sin que el expediente esté aún resuelto".
  Libertad Digital 10 Julio 2014

Horas después de que saltase la noticia a los medios sobre el calvario de unos padres canarios en Mallorca -que han visto cómo la lengua ha afectado negativamente en las notas de sus dos hijos, de 10 y 16 años, hasta el punto de que hayan decidido mudarse a la capital de la isla e intentar matricularlos en un colegio concertado-, la Consejería de Educación emitió una nota de prensa "desafortunada" y "carente de fundamento", según denuncia Círculo Balear, en la que se da la razón a los centros educativos.

En el comunicado del departamento que dirige Joana María Camps se afirma que "Inspección Educativa recabó información de ambos alumnos y concluyó que se actuó de acuerdo a la normativa vigente". Y se añade que ambos "recibieron la atención, el refuerzo y las adaptaciones especiales necesarias por parte del profesorado de ambos centros, así como que la atención a los derechos lingüísticos de ambos niños se efectuó conforme a la normativa vigente por lo que desde Inspección Educativa se indica que la actuación de ambos centros educativos fue correcta".

Concluye el comunicado de prensa de la consejería que, "tras tener conocimiento de la queja presentada, desde Inspección Educativa se solicitó al equipo directivo de dichos centros un estudio detallado sobre la situación académica y la atención educativa ofrecida a ambos alumnos".

Sin embargo, la fundación que preside Jorge Campos denuncia la precipitación de esta nota ya que la Inspección aún "no ha resuelto el expediente" y ni a ellos ni a los padres les han comunicado oficialmente "absolutamente nada", lamenta. "La Inspección Educativa de la consejería no tiene prueba alguna que demuestre ese supuesto apoyo ofrecido por los centros a los niños. Las pruebas aportadas por la Círculo Balear demuestran todo lo contrario, y el resultado de esa falta de apoyo es evidente", afirma Círculo Balear.

Una de las pruebas presentadas ante el Ejecutivo que preside José Ramón Bauzá es uno de los exámenes realizados por el alumno de 10 años. En el punto cinco se pedía a los alumnos que nombraran tres lenguas que se hablen en los territorios españoles y que dijeran en qué comunidades son lengua propia. Las respuestas del hijo de Juan Miguel fueron:

  • Castellano: en Canarias, Illes Balears
  • Catalán: Cataluña, Mallorca
  • Mallorquín: Mallorca

La profesora quitó medio punto al alumno por indicar que en Baleares se habla castellano, y que la lengua de Mallorca es el mallorquín, señalan.

"Ambos hermanos han suspendido casi todo y el mayor, en 1º de Bachillerato, tiene que repetir curso", recuerda la fundación. "La explicación es muy sencilla: no entendían la materia al impartirse exclusivamente en catalán".

Jorge Campos es contundente. Si el departamento de Camps – que se ha comprometido con esta familia a buscar un nuevo centro, esta vez concertado, para sus hijos- no rectifica, la fundación "presentará demanda contra la consejería por vulneración de los derechos lingüísticos de estos niños, adoctrinamiento político de los menores en las aulas, y, en el caso de que el próximo curso escolar estos alumnos no reciban enseñanza en la lengua oficial del Estado, alegaremos la disposición de la nueva Lomce que obliga a la administración educativa a facilitar un centro privado donde puedan escolarizarse", concluye.

No obstante, tras el revuelo causado por esta nota la propia Joana María Camps se puso en contacto con Campos, a quien trasladó su "voluntad de solucionar esta situación". Por de pronto, se ha acordado una reunión con las partes afectadas en la sede de la Consejería de Educación este próximo viernes.


 


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