Lengua y libertad
EDITORIAL Libertad Digital 10 Julio 2014
Resulta desesperanzador que en la España del siglo XXI tengamos que
seguir explicando que elegir la lengua en la que uno quiere hablar,
leer, aprender y, en suma, comunicarse es un derecho individual
inalienable. Ningún poder puede obligar a los ciudadanos a
expresarse en un idioma que no sientan como suyo o que no crean
conveniente para sus intereses, incluso aunque esa elección esté
completamente equivocada.
Se trata de un derecho que durante la minoría de edad del individuo
corresponde a sus padres, no a un Estado, una comunidad autónoma o
una consejería de Educación –y menos aún al director de un colegio–.
Y poder ejercer ese derecho en esa época es especialmente
importante, ya que en la inmensa mayoría de los casos lo aprendido y
usado será determinante para el futuro.
Lamentablemente, estamos hablando de un derecho que se conculca
diariamente en varias zonas de España, y hay que recalcar que lo más
grave no es que en Cataluña, Galicia, Valencia o Baleares se impida
que los niños estudien en español; lo más grave, el ataque dramático
a la libertad, es que se les impide decidir que estudien en la
lengua que ellos elijan libremente.
El caso de unos padres canarios que ven cómo sus hijos son obligados
a estudiar en catalán en Mallorca es un excelente ejemplo de este
tipo de imposición y de la inseguridad jurídica alrededor de este
asunto en varias comunidades. La interpretación torticera de las
normas y el incumplimiento de las sentencias judiciales están a la
orden del día, todo para conculcar el derecho de los padres y de los
hijos a estudiar, aprender y usar el idioma que prefieran.
Por supuesto, estas fechorías liberticidas no son casuales, sino que
forman parte de un programa político igualmente liberticida: la
imposición de una identidad política, de un sentimiento nacional y,
sobre todo, la eliminación de todo aquello que pueda remitir a los
lazos comunes entre españoles, muy especialmente al idioma en el que
todos nos entendemos.
Lamentablemente, este totalitarismo lingüístico es la mercancía
ideológica presuntamente progresista que ha comprado no sólo el
nacionalismo, sino la mayor parte de la izquierda española; y, más
lamentable aún, el PP ha preferido no dar la batalla en este campo,
pese a la insistencia con la que una y otra vez se lo han pedido sus
votantes.
Unos y otros han decidido olvidar que ni los territorios ni los
idiomas tienen derechos, como no los tienen los pueblos o cualquier
otra colectividad: son las personas, los ciudadanos, quienes
atesoran esos derechos, y cuando no se deja a alguien expresarse en
su idioma o educar a sus hijos en la lengua de su preferencia no se
trata de un problema educativo, sino de un ataque frontal a la
libertad. Por eso debería preocuparnos a todos y no sólo a los que
lo sufren en Cataluña, Galicia, Valencia o Baleares.
¿Quién miente?
Vicente A. C. M. Periodista Digital 10 Julio 2014
Dice Mariano Rajoy que si Artur Mas le llama mañana para mantener
una reunión en Moncloa, mañana se celebraría la reunión. Sin embargo
el camaleónico Durán i Lleida dice que Artur Mas le pidió esa
reunión aprovechando el acto de proclamación de Felipe VI como rey.
¿Quién miente? Yo apostaría a decir que ambos, o mejor dicho los
tres. Desde la otra proclamación ilegal de Artur Mas de la futura
“consulta” sobre la independencia de Cataluña fijada para el 9 de
noviembre de este año, todo han sido mentiras y una escenificación
en la que todos parecen intentar buscar el consenso donde solo puede
haber y hay un diálogo de besugos a distancia y nunca en un cara a
cara.
Eso sí, ambos personajes se dedican a eludir cualquier reunión
oficial o debate político, ya que el estrictamente legal que ampara
la Constitución es imposible por no haber causa que lo justifique.
En cuanto a lo político tampoco se ha querido entrar en el cuerpo a
cuerpo para acabar con las pretensiones de unos y las realidades
documentadas por otros. El hecho es que esa guerra de guerrillas
celebrada en los foros de los medios de comunicación, ha acabado por
hartar a la gran mayoría del pueblo español, sobre todo con el tipo
de mensajes del “España nos roba” que parece haber perdido fuelle
ante la avalancha de evidencias que lo desmienten.
Pero más increíble, por no decir, injustificable, me parece la
actitud del Presidente de Gobierno que dice estar abierto al
diálogo, pero no a “incumplir la Ley”. Pues no sé a qué espera para
hacerla cumplir desde que Artur Mas cometió ese acto de deslealtad
institucional usando su cargo y su mayoría parlamentaria para
cometer un acto de sedición desde el Gobierno de la Generalidad. Un
delito que aún no ha sido sancionado y que mantiene la espada de
Damocles sobre la sociedad española de llevarla a efecto sin atender
a consejos ni a sentencias del Congreso de los Diputados de España.
Aquí no se trata de analizar si la autonomía de Cataluña debe
dotársela de más auto gobierno y más financiación, creando un
agravio comparativo con otras regiones de España. Ese pensamiento es
el que está moviendo en los últimos tiempos al PSOE con la propuesta
de un Estado Federal asimétrico que sancione un engendro de
insolidaridad y de discriminación entre españoles dependiendo del
lugar de su nacimiento y de residencia. Una idea que no comparte la
mayoría de los votantes del PP por lo que Mariano Rajoy carecería de
legitimidad para proponerla y menos aún aceptarla.
No hace falta una reunión con Artur Mas. Lo único que se debe hacer
es exigirle que renuncie a delinquir y anule la convocatoria de la
consulta ilegal y que si no lo hace el Gobierno de España deberá
cumplir con su mandato constitucional para garantizar los derechos
de los españoles en esa comunidad autónoma y la salvaguarda de la
Soberanía Nacional que solo reside en el pueblo español en su
conjunto y no en partes, siendo el único con derecho a decidir su
futuro. Lo que tiene que traer Artur Mas bajo el brazo si viene a la
Moncloa es la desconvocatoria de la consulta y de la hoja de ruta de
la independencia, dejando de subvencionar a organizaciones del tipo
de la ANC.
Mariano Rajoy, actúe de una vez como Presidente del Gobierno de
España y no como un “componedor” de causas imposibles.
Tribunal de vergüenzas y el asombro del
mundo
Fernando Glez. Urbaneja www.republica.com 10 Julio 2014
Visitar ayer el Congreso para escuchar las comparecencias de dos
altos cargos: el ministro de Hacienda y el presidente del Tribunal
de Cuentas roza el esperpento. Las crónicas de Wenceslao Fernández
Flórez o de Julio Camba podían haber sido antológicas.
El ministro de Hacienda insiste en que su gestión tiene asombrado al
mundo, que el pueblo español es asombroso cuando se levanta a
rectificar el déficit, pero no aporta notas metodológicas y
referencias para sostener semejante afirmación. España figura entre
los tres países con más déficit público durante el último cuatrienio
(etapa Zapatero y Rajoy) y seguirá ocupando ese puesto el año 2014.
Además figura en la media por la deuda pública sobre PIB, y en
cabeza por paro y deuda externa pública y privada. ¿No será por esos
factores desfavorables por los que resulta asombroso, y no por el
ajuste del gasto público y el déficit? Pero el ministro vive en otro
mundo y disfruta de una envidiable autoestima. Por eso ha propuesto
una reforma fiscal que solo ha recibido parabienes de amigos
generosos entregados a la causa.
Más serio es, si cabe, lo del discreto presidente del Tribunal de
Cuentas, Ramón Alvarez Miranda, una de las primeras personalidades
del Estado, de quien nadie recuerda frase, pensamiento u obra
meritoria, que tras ser arrastrado a comparecer para explicar el
clientelismo en la contratación de funcionarios del Tribunal
concluye que van a cambiar el sistema y que se trata de un problema
de imagen que hay que arreglar.
El señor Álvarez de Miranda lleva dos años al frente del Tribunal,
aunque fue contratado como técnico del mismo el año 1984, para ganar
una oposición de autor (nº 1) el año 1991, de manera que es persona
de la casa, conocedor de sus entresijos y del carácter clientelar
del sistema de contratación. Por tanto no sorprende que en estos dos
años haya convivido con un modelo abusivo y oportunista que conoce.
Solo ante el conocimiento público entiende que habrá que hacer algo,
pero sin la mínima contrición ni atrición. Para la primera no tiene
cuerpo (ni alma), no debe sentirse culpable, y para la segunda
carece de temor, sabe que nadie le va a pedir cuentas, menos aun
quien le ha nombrado.
El caso del Tribunal de Cuentas es especialmente grave y
desalentador. Precisamente el órgano del Estado, con autonomía y
presupuesto propio, que por su carácter y misión debe ser más
escrupuloso, más éticamente exigente discurre por la otra acera, la
del abuso y el oportunismo. Esta gente ha aprovechado en su favor la
autonomía que les dio la Constitución y no al servicio del común. Su
trabajo es mediocre, deficiente, casi inútil; su prestigio tanto en
la propia Administración Pública como en la opinión está bajo
mínimos, pero compiten duro para ganar el primer puesto de
desvergüenza.
Para hablar de regeneración democrática hay que colocar en la
primera lista de renovación al Tribunal de Cuentas que pillado
infraganti concluye que tiene un problema de imagen. Desde luego que
España puede asombrar al mundo, pero no por lo que dice el ministro
de Hacienda, sino por lo contrario.
Res Pública
La ensoñación federal frente al caos
Manuel Muelawww.vozpopuli.com 10 Julio 2014
Con la excepción del Gobierno y de su partido, el PP, pocos niegan
la necesidad de buscar salidas al desmoronamiento del Estado de la
Transición y, ante ello, algunos beneficiarios del mismo nos
bombardean con hallazgos míticos para superar el problema. El más
significativo consiste en apelar al federalismo como el elixir para
conjurar los demonios y los desórdenes causados por el modelo
autonómico. En realidad, me temo que es una huida hacia adelante en
el propósito de centrifugar el poder público para convertirlo
definitivamente en una agregación de satrapías a mayor gloria de la
partidocracia.
No quiero caer en el simplismo ni en lo prosaico, pero, en estos
juegos y encajes de que nos hablan, lo que se ventila es cómo
administrar los dineros de los españoles, cercenando, sin que se
note demasiado, su libertad y su igualdad. Por eso, parece
justificado dejar de lado las ensoñaciones y buscar una realidad
estatal más adecuada a un país que, para superar sus importantes
déficits educativos, civiles y democráticos, necesita un Estado
unitario con capacidad para estimular la transformación que muchos
desean y que unos pocos inmovilistas o diletantes se empeñan en
aplazar. En suma, hay que salir de las prisiones de los caciquismos
oligárquicos.
Crisis constitucional y dudas sobre el Estado
Como en otras ocasiones de nuestra historia, padecemos una crisis
política y constitucional, que trae causa de las dificultades para
estabilizar en España un modelo de Estado que responda a las
necesidades de una sociedad democrática contemporánea. Lo que viene
sucediendo es un eslabón más en la cadena de problemas con los que
se ha enfrentado el Estado en España desde que los liberales de
Cádiz alumbraron la nación política y la dotaron de una
Constitución, la de 1812.
El modelo unitario que se pretendió entonces ha tenido escasas
posibilidades de realizarse en democracia, porque ésta ha sido
siempre fugaz en nuestro país. Pero, en mi opinión, no debería
condenarse al olvido la formulación constitucional del Estado
unitario, sobre todo si se considera que lo opuesto a la misma,
federalismo o autonomismo, y no digamos la monarquía confederal,
suponen el crecimiento de los sentimientos centrífugos, que
alimentan la desigualdad y el debilitamiento del poder público. Esa
es la lacerante realidad de nuestra nación.
Como consecuencia de nuestras dudas sobre la naturaleza del Estado,
se ha llegado a la mistificación de confundir la visión unitaria con
el centralismo autoritario, haciéndolo incompatible con un orden
abierto y democrático. Desde mi punto de vista, esa es la razón
básica de que en las épocas democráticas haya primado la idea de
cambiar la estructura del Estado, sin preocuparse demasiado de los
contenidos ideológicos del mismo.
Con un simplismo muy propio de nuestro carácter nos hemos dejado
llevar demasiado por algunas ensoñaciones, cuya realización ha
acarreado más problemas de los que perseguía resolver: el
federalismo de la segunda mitad del siglo XIX y el autonomismo
ensayado en el siglo XX pueden ilustrarnos sobre cómo proyectos
aparentemente bien intencionados conducen las más de las veces a la
degradación del poder público y al debilitamiento de su expresión
máxima, que es el Estado.
España, por causa de una historia difícil y serpenteante, está
todavía aquejada de importantes déficits sociales y educativos,
también democráticos, sin contar todavía con una sociedad civil
suficientemente sólida para suplir tales carencias. Por ello, sigue
necesitada de un poder público que impulse su transformación y su
modernización, sin despotismo pero con energía. Y el Estado es el
instrumento idóneo para ello. Así lo entendieron los países europeos
que hace más de siglo y medio abrazaron los principios de la
revolución burguesa, que requería Estados fuertes para vencer las
inercias y las resistencias al cambio político y social. Sin esa
fortaleza solo se podía aspirar a ligeros barnices de modernización,
incapaces de alterar las corrientes retardatarias que, con una u
otra apariencia, han sido dueñas y señoras de la política nacional.
La confusión ideológica, trufada de posiciones nacionalistas
arcaizantes, ha contribuido a consolidar la idea de que el Estado
unitario fuerte es una manifestación autoritaria a la que hay que
oponer un modelo distinto, basado en la idea de las parcelaciones
territoriales dotadas de poder político propio y autónomo. Los
individuos han quedado en un segundo plano, con cierta indefensión
ante un poder cercano, que suele carecer de la neutralidad de la
distancia y de la preocupación por el interés general. Esa es en
gran parte nuestra experiencia política reciente, cuya maduración
arroja frutos de desigualdad para los ciudadanos y de corrupción en
el ejercicio del poder público: hay regiones importantes en España
en las que la alternancia en el poder resulta poco menos que
inverosímil, sin que haya razones de bienestar económico y social
que lo justifiquen.
La experiencia aconseja el Estado unitario
Creo que ya disponemos de conocimiento y experiencia histórica para
constatar que los intentos de modernización del Estado en España,
basados en aquellas premisas, han fracasado sucesivamente, porque,
entre otras cosas, se han primado los sentimientos de lo centrífugo.
Se ha olvidado que en nuestro país, donde todavía persisten
importantes desequilibrios sociales, sigue siendo necesaria la
capacidad homogeneizadora de un poder público central fuerte, porque
la tendencia de los poderes regionales autónomos a eludir el interés
nacional ha sido una constante histórica. Que no debería ser así,
porque también son parte del Estado, pero es, y a los hechos me
remito. Cada día tenemos pruebas de ello, acrecentadas por los
intentos de secesión programados a la vuelta de unos meses.
En un momento crítico innegable en todos los órdenes, que obligará a
cambios, parece justificado encarar un problema que tiene difícil
arreglo sin cambiar éste modelo constitucional. Y entre los cambios
del mismo habría que abordar la sustitución del derecho a la
autonomía de las regiones por formulaciones más cercanas a la
descentralización administrativa que al concepto de autonomía.
Porque se reconozca o no, éste último siempre deriva en acentuar la
debilidad del poder público, cuando no en la deslealtad hacia el
propio Estado. Un Estado unitario, nutrido y sostenido con los
valores de la democracia, nada tiene que ver con el señuelo del
odiado Estado centralista, que ha resultado tan útil para vender a
los españoles una mercancía política muy beneficiosa para algunas
clases dirigentes, pero menos para los ciudadanos y contribuyentes.
Francia emprende el único camino realista
para superar la crisis
EDITORIAL El Mundo 10 Julio 2014
AL PRIMER ministro francés no le ha temblado el pulso. Ni el boicot
el lunes de los tres sindicatos más importantes del país a la
conferencia social convocada por el presidente, François Hollande,
ni el riesgo de ahondar en la fractura que divide a la izquierda
gala le han disuadido de sacar adelante su plan de ajuste. En un
horizonte de tres años Valls prevé reducir el gasto público de
Francia en 50.000 millones de euros, con el objetivo de disminuir
las cotizaciones de las empresas en 40.000 millones y aplicar una
rebaja de impuestos a las familias de unos 5.000 millones. Valls
compensará esta enorme caída de ingresos con una rebaja del gasto de
la Administración central de 18.000 millones de euros;la eliminación
de municipios y un ajuste del presupuesto de las regiones de 11.000
millones;un recorte de otros 11.000 millones en prestaciones y una
disminución del gasto sanitario de 10.000 millones. Una auténtica
revolución fiscal y administrativa para contraer el déficit del 4,3%
al 3% -según el techo fijado por Bruselas-, aminorar una deuda
pública próxima al 94% del PIB, estimular las contrataciones en un
país donde el paro bordea el 11% y «revitalizar Francia» tras una
década de colapso. Entre las medidas más impopulares, congelará el
sueldo a los funcionarios y las pensiones superiores a 1.200 euros.
El socialista Manuel Valls es coherente con el compromiso que
adquirió el pasado abril, cuando Hollande lo puso al frente del
Gobierno -tras la debacle de su partido en las municipales- para que
acometiera un programa de recortes sin parangón en la VRepública. Su
valentía es más reseñable si reparamos en que la situación de los
socialistas franceses ha empeorado, como se pudo ver en el resultado
de las elecciones europeas, que confirmaron el avance del Frente
Nacional y el desplome del PSF.
Manuel Valls responde al ascenso de los euroescépticos con una
política encaminada a dinamizar la economía francesa y lograr cierta
flexibilidad en el cumplimiento del déficit por parte de la Comisión
Europea. También replica a quienes, dentro de su partido, le acusan
de ser una marioneta de la Troika y de asumir la agenda neoliberal
con un programa que, en sí mismo, supone una apuesta total por la
reactivación de la segunda economía de la UE.
La contestación interna a Valls cristalizó ayer en la Asamblea
Nacional, donde cuatro diputados del PSFconstituyeron una corriente
«contra la muerte de la izquierda» con el inequívoco nombre de
Coherencia Socialista. Lo cierto es que el camino emprendido por
Valls es el único realista. Al fin y al cabo, el Gobierno francés se
dispone a poner en marcha un plan similar a la Agenda 2010, aprobada
en Alemania en 2003. El entonces canciller socialdemócrata Gerhard
Schroeder llevó a cabo un recorte del gasto público para frenar la
caída en picado de la economía germana. Ese programa ha permitido
que Alemania sea el primer país europeo en salir de la crisis. Es
evidente que lo que mueve al primer ministro francés no es el
interés partidista sino un profundo sentido de Estado y una
indeclinable confianza en la capacidad de recuperación de su país.
Por ello, resulta difícil no comparar la determinación de Manuel
Valls con la indefinición del PSOE, donde el liderazgo se dirime
entre candidatos dispuestos a perder el centro por flirtear con
quienes defienden programas anticuados y piden cambiar el modelo de
Estado.
Izquierda
El PSOE 'on the road'
Cristina Losada Libertad Digital 10 Julio 2014
Aunque no lo parezca, el PSOE elige el domingo un secretario
general. No lo parece, vistos los asuntos de los que hablan más
sentidamente Pedro Sánchez y Eduardo Madina. Se diría que el partido
de la oposición elige este fin de semana a un secretario de
organización en lugar de a la figura que ha de dar voz a sus
posiciones políticas. Salvo, claro está, que su posición política se
encierre en la salmodia de que la derecha es muy mala y el mantra
"Somos de izquierdas, somos de izquierdas", que es orgullosa
proclamación de virtud que no precisa pruebas ni desarrollo.
No iba mucho más lejos el candidato Sánchez en una tribuna publicada
en el diario El País. Tras exponer los estragos causados por la
derecha, decía que "hay una economía de izquierdas y una economía de
derechas" para luego dibujar los rasgos de la primera con unas
cuantas volutas de humo. Modelo productivo que gane competitividad
con más conocimiento e innovación, defender en Europa políticas de
crecimiento y esta condicional extrañísima: "Si queremos ser el
partido que más se parece a España y los españoles quieren buenos
empleos, esa va a ser nuestra prioridad". ¿Y si no, no? Quizá olvide
el PSOE, sumido en la contemplación de su ombligo, que hace política
en un país que no tiene problema más prioritario que el paro.
¿Hay una economía de izquierdas? Bien, veamos qué está haciendo la
izquierda, qué hacen los socialdemócratas en Francia y en Italia,
que al igual que España necesitan corregir el rumbo de sus
economías. Manuel Valls acaba de lograr el aprobado a la segunda
parte de un plan para crear empleo y mejorar la competitividad.
Consiste en un recorte del gasto público que incluye reducir el
número de regiones y congelar pensiones, y en rebajas fiscales que
alcanzan a las cotizaciones sociales de las empresas. Valls mantiene
las reformas pese a la oposición interna y sindical.
Matteo Renzi, nueva celebrity de la socialdemocracia europea, se
dedica a algo más que a conquistar al público con su gracejo. Tal
vez se desvíe del camino, pero tiene anunciadas una reducción del
IRPF para las rentas más bajas y una reforma laboral que flexibiliza
los contratos temporales. Ya gestiona una supresión de las
provincias que supondrá acabar con tres mil cargos públicos, de
quienes dijo que a partir de ahora "experimentarán la emoción de ir
a trabajar". Todo esto con descarado ninguneo a las centrales
sindicales y patronales.
Esa es la política económica de izquierdas realmente existente en la
Europa tocada por la crisis. ¿Qué tienen que decir Sánchez y Madina?
¿Que Francia e Italia han de hacer ajustes y reformas "muy duras",
como sostuvo Renzi, pero España no, porque nos va mucho mejor? ¿Cuál
es su plan, cuál su hoja de ruta? ¿Está en Europa o en Frikilandia?
De momento, tenemos noticia de la ruta seguida por Sánchez: contacto
directo con la militancia, mucha carretera, y manta para dormir en
casas de socialistas. En esas está el PSOE, "on the road" como
Kerouac y, como Kerouac, sin brújula.
Esa vía epistolar para la secesión catalana
José Javaloyes www.republica.com 10 Julio 2014
“Uno no se convierte en miembro de la UE enviando una carta”. Esta
frase de Jean-Claude Juncker, próximo presidente de la Comisión
Europea, se refiere a la que le dirigió Artur Mas en su condición de
presidente de la Generalidad de Cataluña. Otra entre las muchas del
mismo tenor de alegaciones epistolares remitidas al exterior durante
el pasado mes de febrero, sobre el supuesto derecho a la
independencia de Cataluña y Escocia basado en supuestas realidades
históricas que sólo tienen de real la neurosis que las instrumenta,
dirigidas a instancias y representaciones políticas de la UE y de
otros ámbitos del exterior.
Se trata de una operación que tuvo amplia luminotecnia en su fase de
“lanzamiento” – algo proporcional a lo mucho que se esperaba desde
la subjetividad congénita propia de un nacionalismo orientado en los
cambios estatales europeos de más de cien años atrás -, y mucho
silencio después sobre su nulo resultado en términos de acogida y de
imagen política. La nula base jurídica y de mínimo contexto
histórico y político no daba pie para otros ecos y respuestas que
los del tipo de lo expresado por Juncker.
La maniobra secesionista catapultada por el propio hecho de que la
integración de España en el Mercado Común culminaba la
liberalización de la economía y en cierto modo clausuraba a todos
los efectos las ventajas económicas regionales – especialmente para
Cataluña y las provincias vascongadas- establecidas en su día con el
proteccionismo canovista, resuelto en la práctica como una reserva
de mercado en favor de estas dos regiones; el iniciado ocaso de tal
estado de cosas, podría explicar en buena medida, junto con el
barrido político del fuerismo, el hecho de que los hermanos Arana
Goiri se apuntaran en la Cataluña de la Renaixensa a la fermentación
nacionalista de su inicial fuerismo.
Acaso lo principal de uno y otro proceso de cambio llevaría a la
fractura del nacionalismo español en dos enfrentadas expresiones: un
nacionalismo de fragmentación frente a otro de integración o
patriotismo abierto. El primero, definido por la pertenencia a un
lugar o espacio; el segundo significado por la adhesión a un
proyecto. Pero en tanto este último patriotismo, conforme la
expresión orteguiana se formula como “proyecto sugestivo de vida en
común”, es compatible con integraciones más amplias, el primero de
ambos, el estrictamente nacionalista, constreñido a la dinámica del
particularismo, se ve forzado al cabo no a integrarse con otros para
compartir un proyecto de vida en común, sino a romper el marco
nacional unitario de referencia para dar entrada a una “absorción”
de las partes próximas…
El ejemplo es claro. Lo mismo que los partidos nacionalistas vascos,
de derecha y de izquierda, insisten en la absorción de Navarra, pese
a que según Claudio Sánchez Albornoz, los vascones genuinos
corresponden históricamente más al Reino Navarra y parte del Pirineo
aragonés, mientras que la cepa prehistórica de las provincias vascas
se sitúa en los arevacos. Y de otra parte, ocurre en Cataluña, donde
el nacionalismo, insiste en catalogar a Baleares y al Reino de
Valencia como “países catalanes”, cuando lo cierto es que,
idiomáticamente, Jaime I, mandó al conquistar Valencia que se le
diera un fuero escrito en la lengua (valenciana) de ese reino;
lengua preexistente allí al hecho de la conquista. Tanto Ausías
March como Joanot Martorell eran valencianos y no catalanes. En esa
misma insistencia catalano-centralista se alinea la iniciativa de la
Generalidad de Cataluña de unificar la festividad de San Juan
Bautista como celebración común de los “países catalanes”.
No ha sido ociosa ni inoportuna la obviedad epistolar de Jean Claude
Juncker frente a esa vía epistolar abierta por Artur Mas para
promover la independencia de Cataluña. Una vía parangonable en
términos de afectos con la acogida nacionalista en la sede de la
soberanía española al señor Picardo.
El catalán escarmentado
Se ha perdido lo más importante y no, no es el afecto, que va y
viene. Lo que se ha agotado es la confianza
Francesc Serés. El Pais. 10 Julio 2014
Durante años, lustros y décadas, cualquier conversación sobre la
independencia de Cataluña se podía desactivar o desacreditar con la
eterna excusa del nacionalismo burgués y sus múltiples derivadas: la
herencia totalitaria, la matriz clasista decimonónica, la abducción
ideológica en las escuelas, el carácter excluyente de nombres y
apellidos o, ya puestos, la formación de espías o el poder de los
oligarcas de Òmnium, por citar algunas de las que llegan hasta
nuestros días. Repetir lo mismo desde hace tantos años, aparte de no
ofrecer nada nuevo, solo ha servido para vacunar a tantísima gente
—burgueses ellos— que recela y huye del agua, por fría que esté.
La primera inyección la pusieron los mismos que repetían que la
enseñanza del catalán era una muestra de imperialismo, intentaban e
intentan que desapareciese de las escuelas, humillando su nombre con
lapaos y promoviendo el secesionismo lingüístico o la segregación
del alumnado. El silencio de escritores y académicos españoles ha
sido tan constante y desolador que nadie cree que pueda contar con
ellos. Pudo haber sido, no fue y sabemos que no será. El Estado
jamás ha percibido la cultura catalana como propia: la ha tratado
como un elemento patógeno y extraño que hay que combatir más que
conllevar.
Un segundo pinchazo, anual, lo ha dado la negativa reiterada a
reconocer y corregir el déficit fiscal. La estrategia ha sido tan
burda que los resultados eran previsibles. Primero se consolida el
déficit, después se niega que exista, se ocultan las balanzas y, al
fin, cuando tenemos las cuentas claras, en el peor de los casos, se
niega el mismo concepto de déficit. Lo que es difícil de negar es el
estado de algunas infraestructuras o su inexistencia. Entiendo a los
unionistas del puente aéreo porque les salimos muy rentables, pero
los demás tenemos que pagar para que nos suban la barrera del
autopista y, cada vez más, la de la sanidad o la de la educación.
Esa vacuna es permanente, diaria no necesita dosis de recuerdo.
Las demandas de incremento de autogobierno han sido despachadas con
la estructura humillante y renovada del peix al cove, esto es, un
cortoplacismo extremo que demostraba que no había proyecto más allá
de un ir tirando constitucional: dales algo y que se callen o, al
otro lado, mirad lo que traigo y callad. La campaña de vacunación ha
sido masiva. Se sabía de antemano que no era posible ir más allá de
una lectura interesada de la Constitución y se jugaba con el techo
de cristal.
El cortoplacismo del 'peix al cove' demostraba que no había proyecto
más allá de un ir tirando constitucional: dales algo y que se callen
o, al otro lado, mirad lo que traigo y callad
Más que pastillas han sido unas ruedas de molino, un trágala
constante. Tenemos la píldora contra las bajas pasiones, contra las
intimidaciones que profiere el ministro Fernández Díaz y sus
amenazas con el yihadismo, las mafias y la corrupción; la gragea
contra el miedo de las fronteras con foso de cocodrilos y espacio
exterior que describe el ministro Margallo; la costumbre que
inmuniza contra la importancia de los apellidos, yo qué sé si Serés
viene de Jerez, qué nivel… Se advierte tanto sobre la fractura
social que parece que de verdad se desee, se habla tanto de la
manipulación de las élites que uno llegaría a creer que han hecho un
tótem de Pijoaparte y que necesitan siempre el mítico y avaro
empresario textil para justificarse y existir hasta cuando éste ha
desaparecido…
Es cierto, también nos hemos vacunado contra el país de las
maravillas del superindependentismo. Sabemos que Fèlix Millet mutará
dentro de unos años en director de algún organismo autónomo y que la
Constructora SA continuará acechando a los que se mueran de ganas de
ser acechados.
Llevamos un calendario de vacunación completo y el efecto va a ser
permanente porque la dosis empacha. La obligación de pagar seis mil
euros a quien escolarice a sus hijos en castellano la podemos poner
al lado de tantas familias que no pueden escolarizar a sus hijos en
catalán en el País Valenciano o en la Franja. ¿De verdad se creen
que de la noche a la mañana se va a respetar una lengua y una
cultura que recibirán mañana un agravio y el día siguiente un
desprecio? ¿Hay alguien que piense que es posible que el Estado
conceda un trato fiscal más justo? ¿Cómo van a resultar creíbles las
constantes apelaciones al federalismo si socialistas y populares han
sido incapaces de federalizar sus propios partidos? ¿Cómo vamos a
confiar en Guanyem cuando quiere decidir sobre todo pero demuestra
una intermitente flaccidez cuando se trata de decidir la relación
con el Estado? Decidir sobre el recibo del agua está muy bien,
aunque se haga de la mano de los ideólogos de la desalinizadora del
Prat, ICV, pero además de ser un poco insípido, puede convertirse en
nueva vieja política a toda prisa. Anda que no hemos visto veces esa
película.
El catalán ya no está emprenyat, está escarmentat. Se ha perdido lo
más importante y no, no es el afecto, que va y viene. Lo que se ha
agotado es la confianza. No es que nos hayamos quedado sin saldo, es
que estamos en concurso de acreedores por falta de credibilidad, la
fábrica ha cerrado las puertas por escarmiento reiterado.
Francesc Serés es escritor
La cuestión
Es más eficaz acompañar la firmeza contra la consulta soberanista
con una propuesta alternativa
Patxo Unzueta. El Pais. 10 Julio 2014
La actitud de firmeza de Rajoy respecto al soberanismo catalán ha
sido más acertada que la de quienes propusieron aceptar la
convocatoria de un referéndum consultivo (que habría sido empezar
por el final, dividiendo en dos a la población y condicionando
cualquier paso ulterior); uno de los efectos de esa firmeza ha sido
que Artur Mas considere ahora prioritario que el Gobierno presente
una “propuesta de altura” que permita negociar una salida que
incluya la consulta prevista. Lo que intuitivamente se deduce de
ello es que conviene mantener la negativa a ese referéndum y dejar
que Mas se estrelle contra él. Sin embargo, para que la sociedad
catalana se desenganche de la dinámica rupturista todavía dominante
es más eficaz compaginar esa firmeza con una propuesta alternativa.
No limitarse a decir que la Constitución prohíbe un referéndum de
autodeterminación, sino plantear la posibilidad de uno legal; no de
ruptura sino de ratificación del acuerdo posible entre el Estado y
la Generalidad sobre un nuevo marco de relación mutua.
El inminente líder del PSC, Miquel Iceta, ha argumentado estos días
que la cuestión no es votar o no votar sino sobre qué hacerlo.
Plantea preguntar a los catalanes si aprueban una negociación con el
Estado sobre un reforzamiento de la autonomía, y someter el acuerdo
alcanzado a referéndum en Cataluña. Una consulta, pues, legal y
pactada. Los socialistas de Rubalcaba han venido argumentando contra
una consulta solo en Cataluña sobre algo que afectaría a todos los
españoles; pero también es problemático que todos los españoles
deban decidir sobre un nuevo estatus de Cataluña. De ahí la
conveniencia de situar primero el pacto y luego su ratificación en
referéndum, y no al revés: primero referéndum y después negociación
sobre la aplicación de su resultado, que sería irreversible aunque
no fuera formalmente vinculante.
Es cierto que un acuerdo en esos términos será difícil. Desde
Convergencia se ha respondido a Iceta considerando irrenunciable que
el referéndum sea sobre la independencia. Es posible sin embargo
que, tras la probable suspensión de la consulta, el presidente
catalán sea receptivo a una oferta de acuerdo que pudiera presentar
como avance hacia sus objetivos, incluso al precio de romper con
Esquerra (que ocurrirá en todo caso). Sería una opción menos mala
para él que las otras dos posibles: elecciones anticipadas (que casi
seguro ganaría Esquerra); o Gobierno de concentración soberanista
presidido por él (que Junqueras difícilmente aceptaría).
No sería realista ignorar que juega con ventaja quien ofrece a los
ciudadanos la oportunidad de decidir mediante su voto. Mientras que
quien se opone a ello, aunque sea con poderosas razones (la primera,
que divide de manera cortante a la población, y que en caso de
prosperar convierte en extranjeros a casi la mitad de los
ciudadanos) tiene dificultades para desactivar la demagogia del “no
nos dejan votar”.
Hoy parece seguro que el proceso será largo y que esa ventaja solo
se compensará si a la negativa en nombre de la legalidad
constitucional se une una propuesta que reconozca a los catalanes el
derecho a decir la última palabra; pero no para romper con el resto
de los españoles sino para seguir debatiendo con ellos sobre sus
problemas y aspiraciones.
Califato y terrorismo global
El Estado Islámico, que se ha despojado de las referencias a Irak y
Levante en su nombre, aspira a instaurar un imperio político
panislámico en competencia con Al Qaeda por la supremacía en el
universo yihadista
Fernando Reinares. El Pais. 10 Julio 2014
Muchas y dispares han sido las reacciones al anuncio que el pasado
29 de junio hizo el Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL),
proclamando el establecimiento de un nuevo califato y la designación
de un nuevo califa en la persona de su líder, Abubaker al Bagdadi.
No pocas de esas reacciones se han centrado en el significado mismo
de esa fórmula de dominio musulmán y en la relevancia o irrelevancia
para el mundo islámico de su controvertida recreación. Aunque son
asuntos de indudable importancia, no menor la tienen los
relacionados con las implicaciones en materia de terrorismo
atribuibles a semejante iniciativa, adoptada por una organización
yihadista cuya especialidad más notoria es precisamente la práctica
sistemática de dicha violencia.
¿Estamos ante una resolución tomada por dirigentes de una entidad
con liderazgo y estrategia propios o responde a los designios de las
autoridades estatales que patrocinan su campaña terrorista? Si se
trata de lo primero, ¿es una iniciativa adoptada por yihadistas cuya
agenda es predominantemente local y en particular iraquí, o ante un
nuevo desarrollo del yihadismo internacional con proyección regional
o incluso mundial? Caso de que se trate de lo segundo, ¿es la opción
de una organización que intenta ante todo subsistir en el escenario
de conflicto armado que conforman Siria e Irak, o que es ya núcleo
de una nueva red de terrorismo global?
Empiezo por el primero de estos interrogantes. Durante los dos
últimos años han circulado, incluso entre periodistas y
comentaristas occidentales dedicados a temas de Oriente Próximo,
especulaciones en apariencia racionalistas, unas veces infundadas y
otras exageradas, sobre conexiones de la actividad terrorista que
tiene lugar en Siria e Irak con los gobernantes de ambos países o de
otros de la región, incluyendo a los de la península Arábiga.
Especulaciones, por ejemplo, a las que era común relacionar los
atentados el EIIL con el beneficio que supuestamente suponían para
el régimen de El Asad en Siria. Como si dicha organización yihadista
no tuviese una dinámica autónoma respecto al modo en que
evolucionara la correlación de fuerzas entre otros contendientes
asimismo implicados en la guerra civil que desde 2011 asola ese
país.
Especulaciones que también lo eran al presentar al EIIL y sus
actividades terroristas como mero producto de los servicios de
inteligencia de Arabia Saudí o de patrocinadores que actúan desde
otros países del Golfo como Qatar. En este sentido, sin embargo, hay
indicios suficientes para considerar verosímil que los
extraordinarios avances del EIIL en Siria e Irak se deben en parte
al apoyo que esta organización yihadista ha recibido desde esos dos
sultanismos. Incluso para sospechar que los servicios de
inteligencia saudíes, al menos hasta abril de este mismo año,
intentaron manejarla como proyecto de su asistencia encubierta a las
facciones extremistas de la oposición siria. Pero la lógica del EIIL
no estaba sujeta a la voluntad de quienes imaginaron
instrumentalizarla. Menos aún, es obvio, a la de quienes eran vistos
como favorecidos por su brutalidad. Al contrario.
El nuevo líder reivindica su autoridad política y religiosa sobre
todos los musulmanes
Paso entonces a abordar el segundo interrogante. El EIIL es la
tercera denominación consecutiva de una organización yihadista que
asumió este nombre en 2013 pero desde 2006 era conocida como Estado
Islámico de Irak (EII) y anteriormente como Al Qaeda en la Tierra de
los Dos Ríos (AQTDR), fundada en 2004. A lo largo de más de ochos
años confinó sus actividades al territorio iraquí. A excepción de un
importante atentado suicida perpetrado en noviembre de 2005 en
Ammán, que podría relacionarse con el origen jordano de su entonces
máximo dirigente, Abu Musab al Zarqaui, no se le habían atribuido
otros actos de terrorismo fuera de Irak hasta que empezó a
ejecutarlos en Siria. Sin embargo, el mero hecho de que su líder
inicial tuviese nacionalidad jordana y que la organización fuera la
extensión reconocida de Al Qaeda en Irak indica que su actuación
local se enmarcaba en la yihad global.
Por definición, la proclamación de un nuevo califato apenas
anunciada por el EIIL reafirma esta orientación internacional, que
además trasciende a la de una agenda regional. Para empezar, el EIIL
se ha despojado de las referencias a Irak y Levante en su nombre,
que ha pasado a ser el de Estado Islámico (EI) sin más. Al tiempo,
discusiones doctrinales aparte, aunque los dirigentes del mismo
admiten que la extensión de aquel califato queda administrativamente
delimitada en estos momentos a un área “de Alepo a Diyala”, alegan
que su autoridad política y religiosa “incumbe a todos los
musulmanes”, de modo que el califa designado lo es “para los
musulmanes en cualquier lugar”.
Es difícil negar que esta iniciativa, cuya aspiración última es
instaurar una suerte de imperio político panislámico que incluya al
conjunto de territorios en los que, en algún momento de la historia
posterior al siglo VII, ha existido dominio musulmán, supone un
evidente desarrollo del yihadismo internacional.
La actual rivalidad entre los combatientes en Irak y Al Qaeda podría
acabar en cooperación
Esto me lleva al tercero de los interrogantes planteados. Desde la
formación de Al Qaeda en 1988, el yihadismo internacional se
encuentra estrechamente relacionado con el terrorismo global. Hace
poco más de un año, Ayman al Zawahiri, como el emir de esa
estructura terrorista que sucedió a Osama bin Laden, rompió su
vinculación con el EIIL, organización a la que desposeyó de la
condición de rama territorial de Al Qaeda que hasta entonces
ostentaba junto a Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), Al Qaeda
en el Magreb Islámico (AQMI) y Al Shabab. Pero Al Qaeda y el EIIL,
ahora EI, comparten fines aunque discrepan en tácticas y en la
secuencia temporal a lo largo de la cual deben alcanzarse. Pero esos
objetivos últimos declarados, al margen de otras consideraciones
sobre su formulación, son de alcance global, lo que hace que la
violencia terrorista a que se recurra con la intención de avanzarlos
cumpla con uno de los dos criterios de demarcación del terrorismo
global.
El otro criterio de demarcación que permite definir a un terrorismo
no ya como transnacional o internacional sino como global, se
refiere a la extensión de los actores individuales y colectivos
implicados en el mismo, que debe estar en consonancia con aquellos
objetivos. Este criterio, que desde hace década y media satisface la
urdimbre terrorista relacionada de uno u otro modo con Al Qaeda,
está por ver lo cumpla por sí mismo el EI. No es casual que,
inspiradas en una misma ideología, ambas entidades pugnen ahora por
la supremacía en el yihadismo global como movimiento. Desde la
ruptura entre Al Qaeda y el EIIL, éste ha conseguido recabar el
apoyo de distintas organizaciones yihadistas que existen como tales,
desde Ansar al Sharia en Libia o Túnez hasta Ansar Bayt al Maqdis en
Egypto o Abu Sayaf en Filipinas. Incluso provoca fracturas internas
en otras aún asociadas con Al Qaeda. También está concitando la
adhesión de una mayoría de los musulmanes radicalizados en el seno
de las sociedades occidentales, incluida España.
En el contexto de esta competición entre yihadistas adquiere un
especial sentido la proclamación del califato hecha por el EI. Esta
iniciativa, presentada literalmente como una “victoria”, al igual
que la realidad del control que dicha organización ejerce sobre
amplias zonas de Siria e Irak, son difundidas como éxitos que
contrastarían con el estancamiento y la relativa escasa notoriedad
de Al Qaeda. No debe descartarse, sin embargo, que hechos consumados
y llamamientos a la reconciliación dentro del movimiento yihadista
internacional conviertan la actual competición en cooperación.
Mientras tanto, una posible consecuencia de la rivalidad entre el
núcleo de una red de terrorismo global existente y el de otra
emergente es que ambas, mientras se esfuerzan por revertir la
situación y consolidar ventajas respectivamente, traten de movilizar
apoyos en su común población de referencia exhibiendo determinación
y capacidad para ejecutar atentados espectaculares en o contra
Occidente.
Fernando Reinares es investigador principal en el Real Instituto
Elcano y catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente
imparte un curso de posgrado sobre terrorismo global en la
Universidad de Georgetown, en Washington.
Libros
Julián Marías, la soledad del filósofo
español
D. Hernández de la Fuente. La razon 10 Julio 2014
La imagen tan gráfica de los Evangelios de la «vox clamantis in
deserto» bien se podría aplicar a la Filosofía española y a los
singulares miembros de su grey: una voz casi siempre aislada que
pretende comunicar su explicación de nuestro ser y nuestro devenir
sobre parámetros históricos de racionalidad que permitan entender el
proyecto colectivo de la sociedad y la cultura española. Pero en
general, huelga decirlo, no hay nadie ahí para escuchar. Así sucede
con Julián Marías, una voz de excepción que resuena con fuerza aun
en el erial de nuestros días, un auténtico intelectual, un pensador
que ofreció a sus compatriotas lo mejor de lo que era capaz: la
razón. En la época en que surge su figura en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid España estaba a punto
de sufrir la inenarrable convulsión de la guerra, que vació las
aulas de los mejores maestros de una generación inolvidable. Unos
fueron desapareciendo, otros marcharon al exilio y entre los
intelectuales que quedaron destacaba él como ningún otro, el
discípulo más preclaro de Ortega y Gasset.
Puede decirse que Julián Marías encarna como pocas otras figuras la
grandeza y miseria de la intelectualidad española. El que es sin
lugar a dudas el pensador español más importante de la segunda mitad
del siglo XX fue cruelmente ninguneado por la Universidad y la
sociedad de su tiempo. No le dejaron doctorarse sino tardíamente, a
causa de las consabidas envidias y denuncias. Avergüenza mencionar
que, pese a sus casi cien excelentes libros –ensayos que abarcan
desde la Historia de la filosofía a las causas de la Guerra Civil
española–, nunca obtuvo el reconocimiento de una cátedra y solo se
le dio una honorífica (y en la UNED) que llevaba el nombre de su
maestro Ortega y Gasset. Poco tiempo la disfrutó y, desde luego, no
pudo hacer realidad su pasión por la docencia. Su magisterio, sin
duda, lo ejerció a través de sus libros. Lástima que no se le lea
más.
La cuestión de las nacionalidades
Tampoco se escuchó su voz política. El filósofo que logró hacer
inteligible el «problema español» fue nombrado senador
constituyente, pero no le hicieron caso precisamente allí donde se
iba a perpetuar ese problema: en la cuestión de las
«nacionalidades», hoy tristemente de actualidad, donde rechazó el
tratamiento que hacía la constitución de este tema, con todo el
bagaje histórico que muestra en este libro, y con razón.
España inteligible es el libro imprescindible para dejar de
considerar el «problema de España» como tal. Se ha tenido durante
mucho tiempo a este país por una anomalía, una irregularidad en la
historia, sin darse cuenta de que España admite una narración
razonada y que, es más, frente a otros países (y como lo que es, la
nación en sentido moderno más antigua de Europa y la Supernación,
como la define Marías, trasatlántica), tiene un hilo lógico y
argumental propio, un proyecto histórico definido desde antiguo que
ha provocado oleadas de incomprensión, desde la leyenda negra a esta
parte. Nacido acaso como respuesta a la España invertebrada de su
maestro Ortega, este libro fue el inconfesado favorito de su autor.
Publicado en 1985, diez años después de la muerte de Franco, tuvo el
mérito incontestable de explicar España a los españoles (y a muchos
extranjeros). Con más de diez ediciones, fue un éxito que se reedita
ahora en Alianza. Recoge la peripecia histórica de España (las
Españas) desde Roma a la modernidad: mucho nos dice el subtítulo,
por cierto, «Razón histórica de las Españas». Por ende, debe leerse
con mucho cuidado en estos tiempos precisamente en los que se están
imponiendo otros relatos falaces o interesados que no dan cuenta de
un proyecto común antiguo y sujeto a la razón. Un libro
imprescindible al que conviene prestar oídos de nuevo: que no siga
llamando en el desierto intelectual de la vida política actual.
Ficha
Título: «España inteligible»
Autor: Julián Marías
Editorial: Alianza
424 Páginas
Precio: 19,50 euros
"Intégrense y aprendan catalán"
El calvario de unos padres canarios en
Mallorca: se niegan a dar clase en castellano a sus hijos
"Intégrense y aprendan catalán como si vivieran en Francia y
tuvieran que aprender francés", les espetó la jefa de estudios.
O. Moya Libertad Digital 10 Julio 2014
Sólo llevan un año en Mallorca y ya tienen que mudarse. Juan Miguel
y Cristina llegaron desde Canarias con sus dos hijos -de 10 y 16
años, puesto que a él le habían trasladado desde la oficina bancaria
en la que trabaja, y su desembarco en la isla no ha sido desde luego
el que esperaban.
Poco a poco han visto cómo sus hijos iban empeorando sus notas y
rendimiento y les "marcaron" por reivindicar enseñanza también en
castellano, puesto que su desconocimiento del catalán es total,
claro. La solución que se les ofreció fue que se integraran y
aprendieran catalán "como si viviéramos en Francia y tuviéramos que
aprender francés", cuenta Juan Miguel a Libertad Digital que les
espetó la jefa de estudios. Y se les propuso, en un primer momento,
la exención del catalán, que exime al alumno recién llegado de
examinarse en esa lengua pero que, a su vez, le obliga a estudiar la
práctica totalidad de las asignaturas en ella.
"No hay libertad ninguna", se lamenta. En cambio, él en su trabajo
no ha "tenido problemas en términos generales. Cuando la gente ve
que no entiendes el catalán cambia al castellano", relata. Pero "lo
más triste es que pase esto en el ámbito educativo".
En la primera evaluación, el pequeño -que "sacaba notables y
sobresalientes"- suspendió dos asignaturas y el mayor, cinco. El
centro de este último se negó a asumir cualquier tipo de
responsabilidad: lo achacó a su falta de estudio, pero a la vez
recomendaba que se apuntara a clases de catalán por las tardes.
Finalmente va a tener que repetir curso. "Ha perdido un año de su
vida", se queja el padre que ve cómo sus esfuerzos con el "traductor
de Google" por las tardes para tratar de ayudar a su hijo con las
materias y deberes no han servido de nada.
Juan Miguel denuncia cómo los españoles de otras comunidades
autónomas "no tenemos derecho ninguno". Es "como si viene un chino
aquí, que tendrá que apuntarse a clases de castellano y catalán",
pero "yo ni soy de Venezuela, ni de Londres, soy español". Y la
"lengua oficial de España es el español". No obstante, ni él ni su
mujer pretenden que todas las clases sean impartidas en castellano;
se conformarían con un punto intermedio. Y en eso están, buscando un
colegio que satisfaga estas necesidades.
De momento, Juan Miguel ha tenido que pedir el traslado en su
oficina, que ha sido concedido. El curso que viene matriculará a sus
hijos en algún colegio concertado de Palma (no hay ni un solo centro
público que oferte una educación bilingüe, denuncia). Para ello
contará con la ayuda de la Consejería que dirige Joana María Camps,
que ha acabado atendiendo sus demandas -a través de la fundación
Círculo Balear-.
No ha querido esperar a escoger la opción que da la Lomce, la famosa
disposición trigésimo octava por la cual si el afectado demuestra
que no hay una oferta pública de castellano en su zona, la
Administración correrá a cargo de los gastos de un centro privado. Y
es que no se fía, ya que le costó que la Consejería de Educación le
hiciera caso. "¿Por qué tengo que acudir a ese tipo" de soluciones?,
se pregunta. Y es que no se podría permitir adelantar el coste y
pagar todos los meses. ¿Y si al final no se admite su demanda?
Entonces correría él con todos los gastos, imposibles de asumir. El
Gobierno, con esto, "está reconociendo que hay un problema; pues que
arreglen el problema", reivindica. "Un ministerio en Madrid sabe que
estas cosas están pasando. Se deja a la comunidades decidir cómo lo
hacen y cómo lo hacen lo estoy viviendo yo".
No son cuatro familias las afectadas, como suelen argumentar los
nacionalistas, sino que "hay un montón de padres, pero lo que pasa
es que hay mucho miedo", afirma Juan Miguel, a la vez que recuerda
que el PP llevaba en su programa el decreto sobre el trilingüismo y
ganó por mayoría absoluta en las islas. "El tema de la lengua es una
vergüenza y somos los padres los que lo sufrimos".
El presidente de Círculo Balear, Jorge Campos, señala que "lo hay
que tener claro es que no es un caso aislado, recibimos
reclamaciones continuamente, pero (la mayoría de los padres) no lo
hacen públicamente por el miedo que tienen". Juan Miguel y Cristina
"han puesto el interés de sus hijos por encima de cualquier medida
de presión", resalta.
Estos centros y los docentes implicados tienen "varios expedientes
disciplinarios abiertos", informa Campos, que espera que finalmente
tengan consecuencias en el caso de demostrarse esta vulneración de
la ley.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
España ha elegido no tener memoria
Xavier Horcajo www.gaceta.es 10 Julio 2014
Seis millones de españoles salieron a la calle y algunos lo harán
hoy fieles a la memoria de Miguel Ángel. En julio de 1997, todos
fuimos Miguel Ángel, todos repudiamos los actos de ETA, pero ¿lo
seguimos siendo? ¿Se acuerdan de que aún tenemos 314 asesinatos
etarras sin resolver?
Miguel Ángel Blanco tenía 29 años cuando sacrificó su vida porque
España pensaba que no debíamos ceder ante el chantaje terrorista.
Miguel Ángel Blanco, concejal del PP, era una de esas caras jóvenes
que hicieron que el partido de Aznar multiplicara por cuatro su
presencia municipal en el País Vasco. Secuestrarle era fácil, no
disponía de escolta, se desplazaba en tren. Así acudía a su trabajo
en una consultoría de Irún (era Licenciado en Económicas por la
Universidad del País Vasco).
Poco después de que ETA trasladase al entonces Presidente Aznar sus
pretensiones de que los presos fueran acercados al País Vasco, le
secuestraron y dieron un ultimátum: "Si en 48 horas no les acercan,
mataremos al rehén". Fueron horas dramáticas que cocieron la
conciencia de los españoles de buena fe. Llegó la hora, el Gobierno
no cedió y cincuenta minutos después del plazo, le dispararon dos
tiros en la cabeza. Miguel Ángel estaba herido de muerte y fallecía
en el Hospital de San Sebastián. Su muerte nos conmocionó a todos y
levantó una respuesta en la sociedad española conocida como el
“Espíritu de Ermua”.
Decenas de manifestaciones y actos repletos de manos blancas. Seis
millones de españoles salieron a la calle y algunos lo harán hoy
fieles a la memoria de Miguel Ángel. En julio de 1997, todos fuimos
Miguel Ángel, todos repudiamos los actos de ETA, pero ¿lo seguimos
siendo? ¿Se acuerdan de que aún tenemos 314 asesinatos etarras sin
resolver?
Los españoles se preguntan si el sacrificio de Blanco tiene sentido
después de que el Gobierno de Aznar siga los pasos del Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero, en materia terrorista. Después de la
excarcelación de Josu Uribetxebarría Boligana, con el pretexto de
que esta terminal, a finales de agosto cumplirá dos años entre potes
y quejas porque le custodian unos policías. Sobre todo, de que PSOE
y PP hayan consentido que el Tribunal de Estrasburgo tumbara la
“doctrina Parot” y que hayamos tenido que digerir el espectáculo de
la salida masiva de etarras. Quizá a muchos les haya dolido más los
difusos compromisos de los ministros de Justicia “no habrá
excarcelaciones masivas” o del de Interior “no consentiremos burla a
las víctimas, ni actos de enaltecimiento terrorista”.
Seguro que no han olvidado a Alberto Ruíz-Gallardón, ni a Jorge
Fernández Díaz. Seguro que temen el día en que sus asesinos (Txapote
y Gallastegui) salgan a la calle sin cumplir su condena de 50 años.
Aunque lo peor sea reconocer que, para millones de españoles “si ETA
no mata, y así se consigue” haya sido validado. No importa el
sacrificio del pasado, ni si nuestros actos de hoy lo convierten en
absurdo. Parece que hemos elegido –colectivamente- no tener memoria.
Le arrodillaron para asesinarle
Javier Algarra www.gaceta.es
Miguel Ángel no se hubiera arrodillado de no ser porque el pistolero
Oker le sujetó para mantenerle así en el momento de asesinarle. A
nuestra clase política no ha hecho falta que nadie la sujetara.
Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, fue quien le disparó por
la espalda mientras José Luis Geresta Múgica, Oker, le sujetaba para
mantenerle de rodillas. Su compañera Irantzu Gallastegui, Amaia,
esperaba al volante del coche. Eran las 16:50 del sábado, 12 de
julio de 1997, cuando Miguel Ángel Blanco recibía dos disparos en la
cabeza en las inmediaciones de la localidad guipuzcoana de
Lasarte-Oria. El concejal del PP de Ermua tenía 29 años, y todavía
tardaría varias horas en morir. Su defunción fue certificada a las
4:30 de la madrugada del domingo.
Le habían secuestrado dos días antes, el jueves 10 de julio de 1997,
hace ahora 17 años, en la estación de tren de Éibar, a la que acudía
todos los días para ir a trabajar en una consultoría. El comando
Donosti le había elegido como objetivo sabiendo que era casi
imposible proteger a los miles de concejales que hay en España.
En una llamada al diario Egin en nombre de ETA, los terroristas
exigían al gobierno de José María Aznar el acercamiento de los
presos de la banda criminal a cárceles del País Vasco como condición
para su liberación. El plazo del ultimátum era de 48 horas, al cabo
de las cuales sería ejecutado.
El chantaje era inaceptable. España entera alzó las Manos Blancas
para mostrar a los asesinos su hartazgo ante tanta muerte y
extorsión. Millones de personas salieron a las calles para gritar
"ETA escucha, aquí tienes mi nuca", en una clara demostración de que
matar a Miguel Ángel era matar a cualquiera de nosotros. Los
terroristas ya no tenían excusas para justificar su pretendida lucha
armada. Una vez más demostraban lo que eran, simples asesinos con el
tiro en la nuca y la bomba lapa como únicos argumentos.
Todos compartimos las horas más amargas de una muerte anunciada. El
presidente Aznar se repetía a sí mismo que un Estado de derecho no
puede ceder al chantaje de los terroristas. El ministro del
Interior, Jaime Mayor Oreja, lloraba a escondidas tras explicar a la
familia por qué el gobierno no podía aceptar la extorsión. Todos
entendimos las razones de tan difícil decisión y nos desgañitamos
para exigir a los etarras que lo liberasen, que ya nadie encontraba
sentido al terror de estos fanáticos disfrazados de gudaris.
Pero le mataron. Si de algo sirvió la muerte de Miguel Ángel fue
para unir, por primera vez, a todos los partidos; para convencer,
incluso a los más radicales, de la esterilidad del uso de la fuerza;
para ratificar que los españoles, todos, estábamos hartos de esos
criminales; y para prometernos, de una vez por todas, que la
división respecto a un asunto tan indiscutible ya no volvería a
sembrar la discordia entre nosotros.
Pero nos equivocamos. Ahora, diecisiete años después, negar el
acercamiento de presos a las cárceles vascas no tiene sentido: todos
los gobiernos han procedido, desde entonces hasta hoy, al
reagrupamiento de reclusos. Muchos creen que, finalmente, el Estado
de derecho ha cedido ante las exigencias de los etarras. Los
radicales han sustituido la violencia por la política. Los
abertzales administran libremente sus presupuestos en las
administraciones que controlan. Asesinos confesos, que jamás han
pedido perdón, campan a sus anchas argumentando problemas de salud o
beneficiándose de la aritmética judicial o la abolición de doctrinas
penitenciarias.
El gran beneficio es que ETA ya no mata. No podemos menospreciar ese
consuelo, aunque debamos preguntarnos a qué precio lo pagamos.
Nuestra sociedad vio morir a Miguel Ángel Blanco para no ceder al
chantaje.
Miguel Ángel no se hubiera arrodillado de no ser porque el pistolero
Oker le sujetó para mantenerle así en el momento de asesinarle. A
nuestra clase política no ha hecho falta que nadie la sujetara.
DANIEL PORTERO
'Fue el atentado más bestia, antes del
nuestro'
Arancha Moreno www.gaceta.es 10 Julio 2014
El presidente de Dignidad y Justicia recuerda en Gaceta.es cómo
vivió el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Daniel Portero revive el dolor del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Cada diez de julio, desde 1997, la sociedad española y las víctimas
de terrorismo sufren recordando el secuestro y asesinato de Miguel
Ángel Blanco perpetrado por ETA. Así le ocurre también a Daniel
Portero, presidente de Dignidad y Justicia, para el que esta
efeméride revive su propio dolor: "Es un día muy triste y muy
significativo para todas las víctimas".
Cuando los medios difundieron el terrible secuestro del edil del PP
de Ermua, Portero estaba trabajando en Málaga. "Fue un mazazo
terrible para mi familia", cuenta a Gaceta.es. "Entonces aún no
habían matado a mi padre, nos pusimos todos expectantes, como todos
los españoles, porque fue una barbaridad", rememora sobre el
ultimatum que dio ETA al Estado, en el que la vida de Blanco era
moneda de cambio de sus intereses.
La familia Portero, que viviría su propio calvario tres años más
tarde, sufrió al conocer el fatal desenlace de Miguel Ángel Blanco:
"Cuando le asesinaron, sufrimos mucho más. Nos entraron ganas de
subir al País Vasco para apoyar a todas las víctimas del terrorismo,
aunque no lo hicimos al final". En 1997, su padre Luis Portero era
Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y en
aquel momento, los Portero "aún no éramos víctimas, pero lo sufrimos
muy de cerca". Su familia no albergaba esperanzas sobre la posible
puesta en libertad del edil: "No, desde el primer momento no lo
vimos claro". Quizá porque sabían que la banda etarra llegaba hasta
sus últimas consecuencias, como comprobó él mismo en el año 2000,
cuando asesinaron a su padre a punta de pistola en el portal de su
casa.
Diecisiete años después, Daniel describe el asesinato de Blanco como
"el atentado más bestia que recuerdo antes de matar a mi padre".
España se echó a la calle conmocionada, había nacido el espíritu de
Ermua. La sociedad rechazaba de pleno la barbarie terrorista. Pero
aquel espíritu ha perdido fuerza, según el presidente de Dignidad y
Justicia: "En su momento sirvió, ahora se ha perdido un poco,
desgraciadamente ha perdido fuelle". Y sentencia: "El espíritu de
Ermua debería servir para acabar con ETA definitivamente, cosa que
no ha funcionado, y se debe a la pasividad de la sociedad". El
tiempo templa los ánimos, pero no devuelve a los muertos.
DE JUANA CHAOS, BOLINAGA Y OTEGI
Tres ofensas a la memoria del concejal de
Érmua
Juan E. Pflüger www.gaceta.es 10 Julio 2014
La política penal que rodea a los presos de ETA es una fuente
continua de dolor para las víctimas al permitir situaciones
especiales para los criminales.
Ignacio de Juana Chaos, Josu Uribetxeberría Bolinaga y Arnaldo
Otegi.
Son muchos los casos de etarras beneficiados por la política penal
de los diferentes gobiernos españoles. Dejando a un lado las más de
sesenta excarcelaciones de los últimos meses tras la sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay tres casos que son
especialmente dolorosos para las víctimas. Los terroristas Ignacio
de Juana Chaos, Josu Uribetxeberría Bolinaga y Arnaldo Otegi son los
más claros exponentes de estas políticas.
De Juana Chaos fue condenado a 3.000 años de cárcel por cometer 25
asesinatos y está considerado uno de los etarras más sanguinario de
la historia de ETA. Pese a la condena, una de las mayores impuestas
por la Justicia española, solamente cumplió 18 años de cárcel. Fue
liberado en 2008, pero pocos meses después se le encausó por un
delito de enaltecimiento del terrorismo, el 11 de noviembre de aquel
año, ante su desaparición, la Audiencia Nacional dictó una orden
internacional de busca y captura al no encontrarse en su domicilio.
A día de hoy, y pese a haber sido visto en varios países, el etarra
sigue sin ser puesto a disposición judicial.
Bolinaga es, desde hace casi dos años, el ejemplo que ponen las
víctimas del uso interesado de la legislación penitenciaria en
España. Pese a la presentación de numerosos recursos en contra, el
asesino de tres guardias civiles y secuestrador y torturador de
Ortega Lara, fue excarcelado en agosto de 2012 al considerarse un
informe –contrario al de la junta de evaluación médica de la cárcel-
que el cáncer que padecía tenía una supervivencia posible inferior a
los nueve meses. De esta manera se libraba de la condena de casi 178
años impuesta por sus crímenes, sin embargo, pese a no haberse
producido el fallecimiento en el plazo señalado, no se ha vuelto a
revisar su caso.
Otegi, uno de los dirigentes históricos del brazo político de ETA,
ha entrado y salido de prisión en varias ocasiones, y salvo en su
último ingreso, en todas las ocasiones anteriores ha salido libre
tras pagar fianzas de muy cuantiosa cantidad. En 2005 salió de la
cárcel tras depositar 400.000 euros tras ser condenado por
pertenencia a banda armada, un año después fue encarcelado por
inducción a actos violentos, pero eludió la prisión tras depositar
250.000 euros. Nuevamente visitó los juzgados en 2006 por un delito
de enaltecimiento del terrorismo. Finalmente fue encarcelado en 2009
por el intento de reorganizar Batasuna. Pese a que esta vez no ha
podido eludir la prisión, si ha sido beneficiado de permisos
extraordinarios para visitar a su familia, unos beneficios que se le
niegan con mucha frecuencia a delincuentes con penas y delitos de
menor gravedad que los suyos.
Cataluña
Discrepar, ¿es democrático?
Susana Beltrán Libertad Digital 10 Julio 2014
Discrepar también es no estar de acuerdo en la forma en que se está
planteando la consulta en Cataluña. Es muy curioso porque a pesar de
que la consulta, como tal, no existe legalmente se da por hecho que
sí existe, y el objeto de discusión radica, en el mejor de los
casos, en que Societat Civil Catalana haga campaña por el no a la
independencia.
La ley de consultas, en fase de tramitación en el Parlament de
Cataluña para dar cuerpo a la misma, no está todavía aprobada.
Asimismo, el Tribunal Constitucional, en relación a la Declaración
de Soberanía y del Derecho a Decidir del Pueblo de Cataluña de 2013,
dejó bien claro que el pueblo catalán no es soberano. Por tanto,
eliminaba al sujeto titular que podría ejercer ese confuso dret a
decidir.
Desde una perspectiva más internacionalista ya expliqué que si la
consulta se acaba legalizando con las preguntas pactadas por los
partidos que votaron a favor de la declaración de 2013, los
catalanes contrarios al proceso secesionista partiremos con una
clara desventaja y no jugaremos en igualdad de condiciones.
Así, el intrascendente hecho de que sólo los catalanes acudamos a
las urnas para responder a la pregunta de si queremos que Cataluña
sea un Estado independiente significa que asumimos, como colectivo,
que Cataluña es un sujeto político, distinto a España, que tiene
derecho a decidir su independencia. No importa si gana el no. Con
nuestro voto podríamos consolidar un derecho de autodeterminación
que aún no tenemos. El Consell Assessor per a la Transició Nacional,
en su primer informe, apunta en esta dirección:
Un plebiscito sobre la independencia, dejando de lado su resultado,
sitúa a Cataluña ante los actores internacionales como un sujeto
político con capacidad para tomar decisiones propias y
diferenciadas. El proceso de la consulta, por tanto,
independientemente de su resultado, tiene para Cataluña una
externalidad positiva en términos de política exterior.
Y así también, me temo, lo va a entender la comunidad internacional.
Como pueden imaginar, no me gustaría que mi voto contribuyera a
consolidar esta situación, que me parece, además, muy desleal con el
resto de la ciudadanía española, titular, sin ningún género de
dudas, de la soberanía.
Votar es normal, claro que sí, lo venimos haciendo desde hace muchos
años. Lo que no me parece normal es que el próximo 9 de noviembre
votemos en las condiciones que nos están anunciando. ¿Se puede
discrepar de todo el proceso secesionista y seguir siendo catalana?
De momento, sí. ¿Es democrático? Sí. ¿O ya no?
Susana Beltrán, vicepresidenta de Societat Civil Catalana y
profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad
Autónoma de Barcelona.
La deuda de los partidos políticos asciende
a más de 237 millones
Los socialistas y Unió incrementaron sus créditos, mientras que IU y
UPyD los recortaron en más de dos millones, según un informe del
Tribunal de Cuentas
EUROPA PRESS | MADRID El Correo 10 Julio 2014
La deuda de los partidos políticos con las entidades financieras
ascendía principios de 2013 a 237,6 millones de euros, siendo el
PSOE el partido que más dinero debía, en concreto 71,6 millones, un
30% del total de la cantidad que suman todas las formaciones. El PP
ha logrado recortar su deuda en 24 millones en comparación con la
que tenía a finales de 2011, pero aún tiene que pagar 54 millones a
entidades financieras.
Estos datos se desprenden del último informe del Tribunal de Cuentas
sobre fiscalización de los partidos políticos, relativo al año 2012.
El informe dedica un apartado especial a las deudas de los partidos,
pero sin especificar con qué bancos tienen los créditos.
Al mismo nivel que en 2009
Entre 2011 y finales de 2012 el conjunto de los partidos cuyas
cuentas analiza el órgano fiscalizador redujeron su deuda en 37,7
millones, hasta situarse el monto total de la misma en 237,6
millones de euros, la misma cifra con la que cerraron 2009.
Del total de la deuda acumulada por los partidos, 141,9 millones de
euros corresponden a deuda con garantía hipotecaria. El órgano
fiscalizador también precisa que al cierre de 2012 la deuda vencida
ascendía a 1,4 millones, repartidos entre Eusko Alkartasuna (0,8
millones) y Unió Democrática de Catalunya (0,6 millones).
Según el informe, el PSOE ha pasado a ocupar el primer puesto en el
ranking de deudores que en 2011 lideraba el PP. De hecho, en un año
los socialistas no sólo no han recortado, sino que han aumentado su
deuda con los bancos. Si cerraron 2011 -año electoral-- con una
deuda de 70,10 millones doce meses después llegaban a los 71,6
millones. A esto hay que sumar los 10,8 millones que adeuda el PSC,
su 'partido hermano' en Cataluña.
Por contra, el PP sí logró quitarse la mitad de la deuda que
acumulaba a finales de 2011 y que sumaba 77,99 millones. Al cierre
de 2012, cuando cumplieron un año en el Gobierno central, esta
cantidad se había reducido en 54 millones, quedándose con una deuda
de 54,3 millones de euros.
Nacionalistas
El tercer partido más endeudado el año pasado era, repitiendo
puesto, el PNV con una deuda de 28 millones de euros -sólo 300.000
euros menos que en el ejercicio anterior-, mientras que en cuarto
lugar figura, con 16,7 millones Unió Democrática de Catalunya. El
partido que lidera Josep Antoni Duran i Lleida, ha incrementado su
deuda en casi medio millón, y ha rebasado a Izquierda Unida en la
lista.
Por su parte, sus socios de Convergencia Democrática de Catalunya
debían a los bancos a finales de 2012 3,5 millones -100.000 euros
menos que un año antes-. Además, la federación que forman CDC y UCD
sumaba unas deudas por valor de 9,9 millones, habiéndola recortado
en 2,7 millones en doce meses.
IU debe 15 millones
La formación que lidera Cayo Lara, que arrancó 2012 como la cuarta
con más créditos cerró el ejercicio en quinto lugar con deudas por
valor de 15,1 millones de euros, 2,3 millones menos que a finales de
2011.
En sexto puesto, con 14,2 millones, figura Iniciativa per Catalunya
Verds, los socios catalanes de IU, que han reducido su deuda en casi
dos millones en un año, seguidos del PSC, con una deuda de 10,8
millones, dos millones menos que en el ejercicio anterior.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) que cerró 2011 con 4,7 millones
de deuda, logro reducirla hasta los 4,3 millones. Por su parte,
Eusko Alkartasuna, debía a principios de 2013, 2,2 millones,
mientras que la deuda de ERC estaba en 1,9 millones de euros en esa
fecha, medio millón por debajo del ejercicio anterior.
Por debajo del millón
El resto de formaciones fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas no
superan el millón de euros de deuda, aunque Ezker Batua Verdeak roza
esa cifra con 972.000 euros. Coalición Canaria acumulaba 671.223
euros, la Chunta Aragonesista 657.335 euros; el Bloc Nacionalista
Valenciá 416.559 y el Partido Comunista de España 401.042 euros.
Unión, Progreso y Democracia, ha recortado su deuda en 2,5 millones
y ya sólo debía a los bancos el año pasado 365.935 euros. Foro de
Ciudadanos aún tenía que abonarles 327.014 euros, el Partido
Aragonés, 401.042 euros; Unión del Pueblo Navarro, 269.616 euros;
Nueva Canarias, 104.354 euros y Esquerra Unida y Alternativa,
165.039 euros.
Amaiur acumulaba una deuda de 17.324 euros, frente a los 318.024 que
adeudaba un año antes. Esta coalición está formada, por EA, Aralar y
Alternativa, formaciones estas dos últimas que no deben ni un euro a
los bancos. En la misma situación están Euskal Herria Bildu, Geroa
Bai y Compromís-Equo.
17 AÑOS DESPUÉS
¿Tuvo sentido el sacrificio de Miguel Ángel
Blanco?
Juan E. Pflüger www.gaceta.es 10 Julio 2014
La banda terrorista de ultraizquierda ETA asesinó a Miguel Ángel
Blanco para intentar torcer la lucha antiterrorista de un Gobierno
que no cedió al chantaje.
Se cumplen 17 años desde el secuestro y asesinato del edil del PP
Miguel Ángel Blanco. / Larry Mangino / Fundación Miguel Ángel Blanco
El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue un intento de chantaje al
conjunto de España en un momento en el que la derrota de la banda
terrorista ETA era una de las prioridades del Gobierno. Cuando la
política penitenciaria era firme y no existían beneficios para los
presos, una postura muy diferente a la actual, el secuestro del
joven concejal popular de Ermua pretendía torcer la firmeza del
Ejecutivo y, por ende, la voluntad de los ciudadanos.
A medio día, el 10 de julio de hace 17 años, fue secuestrado y con
el preceptivo aviso al diario separatista Egin, la banda de
ultraizquierda comunicaba que si en 48 horas no se producía el
inicio del traslado de presos de ETA a cárceles situadas en la
comunidad vasca, se asesinaría a Blanco.
El Gobierno, presidido por José María Aznar, no cedió al chantaje.
La sociedad española se unió, no solamente en Madrid, también en la
zona más dañada por el terrorismo: el País Vasco y durante la tarde
del día 10 y todo el día 11 de julio se produjeron manifestaciones
en todos los municipios españoles.
Por primera vez, la policía autónoma vasca se quitaba los
pasamontañas, que les protegen de la identificación por parte de los
terroristas, y se sumaban a las protestas. El PNV se adhería a las
condenas y las movilizaciones. Los programas especiales en radio y
televisión se inclinaban por la opción de que ETA no cometería un
acto tan vil como ese asesinato con amenaza y secuestro.
La mañana del día 12, horas antes de que expirase el plazo del
ultimátum, volvían a sucederse las concentraciones y las condenas.
Las embajadas de casi todos los países comunicaron al Gobierno su
apoyo y adhesión.
Pero la bestia terrorista no tiene sentimientos y a las 16:50, algo
más de una hora después de que finalizase el ultimátum, Francisco
Javier García Gaztelu (Txapote) e Irantzu Gallastegui (Amaia)
disparaban dos tiros en la cabeza al concejal en las proximidades de
Lasarte. No murió en el acto y fue trasladado, aun con vida, al
hospital de San Sebastián, donde fallecía tras doce horas de agonía.
permisos extraordinarios para visitar a su familia, unos beneficios
que se le niegan con mucha frecuencia a delincuentes con penas y
delitos de menor gravedad que los suyos.
España
La inversión extranjera en Cataluña cae un
51% en el año de la consulta
La Comunidad de Madrid sextuplica a la catalana durante el primer
trimestre de 2014
Marcos Pardeiro. La Razon 10 Julio 2014
No hay trimestre en que la Generalitat de Cataluña no presuma de la
fortaleza de su economía a la hora de incrementar sus exportaciones,
ya que prácticamente el 25 por ciento de las ventas al exterior de
toda España corresponden a productos catalanes. En cambio, la
Generalitat apenas comenta un dato que hace años que está
consolidado y es que Cataluña está muy rezagada en cuanto a
inversión directa extranjera, es decir, aquella de carácter
productivo que excluye las operaciones financieras. Convivencia
Cívica Catalana (CCC) difundió ayer un informe elaborado a partir de
los datos del Ministerio de Economía y alertó de que este índice
está experimentando una «drástica caída» que contrasta con el buen
ritmo que tiene Madrid.
«Los inversores extranjeros han invertido en los primeros meses de
2014 en Madrid 1.403 millones de euros, seis veces más que en
Cataluña (235 millones)», subraya el documento de CCC, que atribuye
esta tendencia a «la incertidumbre generada por la radicalización
del discurso político del gobierno catalán está creando un clima de
inseguridad y desconfianza en los inversores y en el propio tejido
empresarial catalán que tiene su reflejo en unos débiles datos de
inversión».
Lo cierto es que la concentración en Madrid de la mayoría de las
inversiones extranjeros hace años que está consolidada, ya que es en
la capital española donde se ubica la sede fiscal de la mayoría de
las multinacionales y de las grandes empresas españolas. «Si se
pudiera utilizar la localización real de las inversiones
obtendríamos como resultado una distribución bastante más
desequilibrada», ha apuntado en alguna ocasión el propio Ministerio
de Economía.
Sea como fuera, la tendencia no hace más que acentuarse. «Mientras
en el primer trimestre de 2013 la inversión extranjera en la
Comunidad de Madrid era dos veces y media la catalana, en 2014 ha
pasado a ser seis veces superior a la de Cataluña, por el efecto
combinado del incremento inversor en la primera y la caída drástica
en la segunda», concluye Convivencia Cívica.
La influencia soberanista
La entidad está convencida de que el rumbo soberanista trazado por
Artur Mas no ha traído nada bueno a la economía catalana y a los
datos se remite. «Desde 2011, año en el que CiU tomó posesión del
Gobierno autonómico de Cataluña con mención expresa a una hipotética
secesión, los inversores extranjeros han invertido en Cataluña menos
de una tercera parte que en la Comunidad de Madrid, a pesar de que
el peso económico de ambas regiones es similar», constatan. Y añade
otro dato: «Desde 2011 la Comunidad de Madrid ha recibido 36.600
millones de euros de inversión extranjera, más del triple que los
9.894 millones de Cataluña».
En su informe, la entidad destaca que «la debilidad de la inversión
extranjera en Cataluña en estos primeros meses de 2014 se ha
trasladado también a las empresas catalanas, que han reducido
notablemente sus propias inversiones en el exterior hasta registrar
el valor mínimo de los últimos 17 años». En el primer trimestre de
1997 la inversión emitida por Cataluña era de 69,4 millones de
euros, mientras que en el primer trimestre de este año fue de 70,8
millones.
En este sentido, CCC destacó que en el primer trimestre de 2014 la
cifra que destinó Cataluña a inversión en el extranjero «se desplomó
un 73 por ciento, descendiendo a solo 71 millones de euros». «Por el
contrario –añade– en el mismo periodo de tiempo la inversión
efectuada por la Comunidad de Madrid en el exterior creció un 62 por
ciento y alcanzó los 2.178 millones de euros, treinta veces más que
en Cataluña».
En el caso de los padres canarios
El Gobierno balear respalda en una
nota a los centros que impiden estudiar en castellano
La consejería ha emitido una nota dando la
razón a los centros
frente a los últimos padres afectados, "sin que el
expediente esté aún resuelto".
O. Moya Libertad Digital 10 Julio 2014
Horas después de que saltase la noticia a los medios sobre el
calvario de unos padres canarios en Mallorca
-que han visto cómo la lengua ha afectado negativamente en las
notas de sus dos hijos, de 10 y 16 años, hasta el punto de que
hayan decidido mudarse a la capital de la isla e intentar
matricularlos en un colegio concertado-, la Consejería de
Educación emitió una nota de prensa
"desafortunada" y "carente de fundamento", según denuncia
Círculo Balear,
en la que se da la razón a los centros educativos.
En el comunicado del departamento que dirige Joana
María Camps se afirma que "Inspección Educativa recabó
información de ambos alumnos y concluyó que se actuó de
acuerdo a la normativa vigente". Y se añade que ambos
"recibieron la atención, el refuerzo y las adaptaciones
especiales necesarias por parte del profesorado de ambos
centros, así como que la atención a los derechos lingüísticos de
ambos niños se efectuó conforme a la normativa vigente por lo
que desde Inspección Educativa se indica que la
actuación de ambos centros educativos fue correcta".
Concluye el comunicado de prensa de la consejería que, "tras
tener conocimiento de la queja presentada, desde Inspección
Educativa se solicitó al equipo directivo de dichos centros un
estudio detallado sobre la situación académica y la atención
educativa ofrecida a ambos alumnos".
Sin embargo, la fundación que preside Jorge Campos denuncia
la precipitación de esta nota ya que la Inspección aún
"no ha resuelto el expediente" y ni a ellos ni a los
padres les han comunicado oficialmente "absolutamente
nada", lamenta. "La Inspección Educativa de la
consejería no tiene prueba alguna que demuestre ese supuesto
apoyo ofrecido por los centros a los niños. Las pruebas
aportadas por la Círculo Balear demuestran todo lo contrario, y
el resultado de esa falta de apoyo es evidente", afirma Círculo
Balear.
Una de las pruebas presentadas ante el Ejecutivo que preside
José Ramón Bauzá es uno de los exámenes realizados por el
alumno de 10 años. En el punto cinco se pedía a los alumnos que
nombraran tres lenguas que se hablen en los territorios
españoles y que dijeran en qué comunidades son lengua propia.
Las respuestas del hijo de Juan Miguel fueron:
- Castellano: en Canarias, Illes Balears
- Catalán: Cataluña, Mallorca
- Mallorquín: Mallorca

La profesora quitó medio punto al alumno por indicar que en
Baleares se habla castellano, y que la lengua de Mallorca es el
mallorquín, señalan.
"Ambos hermanos han suspendido casi todo y el mayor, en 1º de
Bachillerato, tiene que repetir curso", recuerda la fundación.
"La explicación es muy sencilla: no entendían la materia al
impartirse exclusivamente en catalán".
Jorge Campos es contundente. Si el departamento de Camps –
que se ha comprometido con esta familia a buscar un nuevo
centro, esta vez concertado, para sus hijos- no rectifica,
la fundación "presentará demanda contra la consejería
por vulneración de los derechos lingüísticos de estos
niños, adoctrinamiento político de los menores en las aulas, y,
en el caso de que el próximo curso escolar estos alumnos no
reciban enseñanza en la lengua oficial del Estado,
alegaremos la disposición de la nueva
Lomce
que obliga a la administración educativa a facilitar un centro
privado donde puedan escolarizarse", concluye.
No obstante, tras el revuelo causado por esta nota la propia
Joana María Camps se puso en contacto con Campos, a quien
trasladó su "voluntad de solucionar esta situación".
Por de pronto, se ha acordado una reunión con
las partes afectadas en la sede de la Consejería de Educación
este próximo viernes.
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