AGLI Recortes de Prensa   Sábado 12  Julio  2014

Los deberes pendientes
EDITORIAL Libertad Digital 12 Julio 2014

La economía española goza de mejor salud ahora que hace dos años y medio, cuando Mariano Rajoy llegó a la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, esto no implica que el Gobierno haya hecho lo que tenía que hacer en estos últimos 30 meses, ni mucho menos que se haya quedado sin tareas pendientes para los 18 que le quedan de legislatura. Prácticamente todos los informes que analizan la economía española (del FMI a la Comisión Europea, pasando por los servicios de estudio de nuestros grandes bancos) coinciden en la misma línea argumental: en economía, también hay aún mucho trabajo por delante.

De hecho, estos análisis no sólo concuerdan en su petición de más reformas. También hay una persistente coincidencia en el tipo de cambios que necesita nuestro marco legal para que la economía española reciba el impulso definitivo que necesita. Destacan tres áreas en las que el Gobierno se muestra reticente a pisar el acelerador:

la segunda vuelta de la reforma laboral: simplificación de las modalidades de contratación, formación de los parados, diseño del subsidio de desempleo, flexibilidad en la organización interna de las empresas...
la profunda reforma que necesita la administración pública: cambios en la carrera funcionarial, eliminación de burocracia, evaluación de las políticas públicas, introducción de mecanismos de eficiencia en el gasto...

la política de liberalizaciones: acabar con los sectores protegidos, terminar la tarea iniciada con la Ley de Unidad de Mercado, eliminar privilegios y subvenciones difíciles de justificar...

No se puede decir que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no haya hecho nada en estos tres campos, pero casi. Quizá lo único que se pueda elogiar de la gestión económica de este Gobierno sea la reforma laboral, que se aprobó en febrero de 2012. Buena parte de la mejoría en los datos de empleo se debe sin duda a la flexibilización del todavía rigidísimo mercado laboral. Pero queda el regusto amargo que deja el trabajo a medio hacer. De la llamada "reforma de la administración" de Soraya Sáenz de Santamaría, mejor ni hablar. Es una tomadura de pelo. Como la "unidad de mercado" en un país en el que hay territorios como Cataluña que están abiertamente en rebelión y fuera de la ley, sin que el Gobierno haga nada.

En Moncloa sienten que la recuperación económica será la mejor medicina contra el populismo que amenaza con llevarse por delante la democracia española. Y es cierto que si se mantienen las actuales cifras de creación de empleo y crecimiento, éstas serán las mejores, por no decir las únicas, bazas que el PP pueda presentar en las próximas citas con las urnas.

Pero no es suficiente. El discurso populista se alimenta en parte de una realidad tangible: al entramado institucional y económico español le hace falta una reforma en profundidad. En este sentido, resulta sorprendente que una formación que se declara anticapitalista sea la nueva estrella de la política española. En cualquier otro país de nuestro entorno resulta difícil imaginar un escenario así.

No es casualidad que este discurso cale en una ciudadanía que en muchos casos identifica el capitalismo con un entorno empresarial viciado por los favores políticos, los sectores intervenidos, los monopolios públicos (o los privados protegidos por el Gobierno de turno) o las subvenciones entregadas de forma discrecional. Nada de esto tiene que ver con el libre mercado y sí, y mucho, con el intervencionismo político.

Si el PP quiere llegar a las próximas elecciones con un argumentario sólido que oponer a la extrema izquierda no puede confiar sólo en las cifras del paro. Como recordábamos ayer, tiene que dar la batalla de las ideas. Y también tiene que completar las reformas que prometió en su programa y que no ha afrontado o que ha dejado a medias. Sólo así tendrá la credibilidad de la que ahora carece. Tiene ya poco tiempo para lograrlo, y además necesitará de una valentía y determinación que, hasta ahora, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría sólo han utilizado para liquidar a los periodistas incómodos.

Libros
El paraíso fiscal es la solución
Pablo Molina Libertad Digital 12 Julio 2014

"Podemos afirmar que si el gabinete de Rajoy logra el saneamiento del déficit público lo hará a costa del monumental expolio de la propiedad privada en que se ha convertido su política económica". Para escribir y publicar esa frase cuando Mariano Rajoy llevaba unas pocas semanas en La Moncloa habría que tener cierto olfato político, pero es que el autor nació en 1967 y la cosecha de talento ese año en el centro y el sureste de España fue extraordinaria. El artículo del que procede ese texto finaliza con este otro párrafo premonitorio:

Ante la más que probable continuidad de la crisis económica al final de la presente legislatura, a Rajoy le sustituirá, sea cual sea el resultado de las elecciones, una Gran Coalición o Gobierno de concentración PP-PSOE. Será un pentapartito a la española, donde quizás Durán Lérida ("el conseguidor" de indultos para sus delincuentes convictos) sea nuestro Bettino Craxi).

Quien decía todo esto en marzo de 2012 es Jorge Sánchez de Castro, autor de un libro titulado El único paraíso es el fiscal, que la pequeña pero combativa editorial Isabor acaba de poner en las librerías. Cómprenlo; es corto, espléndido y con un título perfecto para provocar al vecino gafapasta de la tumbona de al lado este verano.

Sánchez de Castro reflexiona a lo largo de estas páginas sobre la única alternativa a la devastación que el canibalismo estatal produce en sus fuentes de riqueza. La presión fiscal, de niveles confiscatorios a pesar de las dificultades para las empresas y familias españolas durante la crisis, pone de relieve que lo importante para el Gobierno, cualquier Gobierno, es la supervivencia de las instituciones que dependen de él. Lo que pase con los contribuyentes sólo les preocupa en el horizonte temporal de una, dos legislaturas a lo sumo. No es casual que los famosos recortes presupuestarios contra los que clama la izquierda (a riesgo de que la derecha la desbanque del trono del despilfarro) no hayan afectado más que levísimamente al inmenso aparataje estatal con que toda democracia se dota para cumplir adecuadamente sus funciones, que son todas las que sea capaz de imaginar el más concienciado de las juventudes de cualquier partido político recién llegado a un cargo público.

España convertida en un paraíso fiscal. Y lo asombroso es que resultaría factible porque entre el fárrago dispositivo de la UE hay un arbitrio sobre el régimen impositivo de las Islas Azores que facultaría a cualquier comunidad autónoma a hacer algo parecido, salvando los privilegios en materia de normativa fiscal de los que disfrutan las haciendas forales (o fórrales, que así prefiere llamarlas el autor). Como exclamaríamos en estos momentos si lleváramos melena, chanclas y piercings "Sí se puede". Pero ni la izquierda ni la derecha en activo lo permitirían, y mucho menos los nuevos superdemócratas que han aparecido en el circo ideológico para explicar que nuestro problema es que el Estado nos roba muy poco. En este juego del gallina, en el que pierde aquél que se detiene más tarde en la carrera hacia el precipicio (véase el problema catalán, lúcidamente explicado también en este libro), la única esperanza de los productivos es que surja pronto una nueva burbuja que distraiga la atención del fisco de nuestras cada vez más magras haciendas. O eso o, como dice Sánchez de Castro, "que los candidatos entre los que el pueblo tenga que elegir se parezcan mucho a Batman o Mourinho".

Jorge Sánchez de Castro, El único paraíso es el fiscal, Isabor, Murcia, 2014.

PP Y PSOE, CERCA
Derecha-poder contra Derecha Social, o Rajoy contra los suyos
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 12 Julio 2014

Hay muchas Izquierdas, desde PSOE a Bildu pasando por Podemos, dispuestas a actuar juntas. También hay varias Derechas, además del Centro, pero las ideas dan miedo a los intereses.

A veces la gente defiende principios y no intereses. Cuando Zapatero cambió la Ley de Educación, por ejemplo, Madrid fue invadido por una multitud alegre y ordenada de familias, de niños, de jóvenes y de profesores: españoles unidos contra una Ley injusta. A favor de una educación en libertad salieron muchos, muy diferentes entre sí, agregados contra Zapatero, pero con muchas más cosas en común. Y Rajoy les debió mucho en aquellos años.

La izquierda fue la subversión durante ese siglo XX sangriento que Zapatero añoraba y que la izquierda plural renacida gracias a la crisis y al economicismo del PP tras 2011 quiere restaurar. Subversión, es decir destrucción de los principios imperantes (o permanentes, según gustos). Hoy la subversión está en la calle y el Gobierno no defiende ni valores, ni principios, ni ideas, porque algunos creen que basta defender negocios e intereses, y no queda ya casi nada que subvertir. Zapatero esperaba una derecha dividida, acobardada, reaccionaria, que pensase en el mal menor y que se limitase a pedir unas migajas y un aplazamiento. Por un momento, se topó con una derecha social movilizada con millones de personas en la calle. Pero luego el Centro volvió al Poder, y al inmovilismo, la Derecha social fue devuelta a patadas a casa o a la marginalidad y la calle volvió a ser de la izquierda. Y las ideas también.

Hay una derecha social, que poco tiene que ver con la España del dinero –si hay una "derecha económica", votaba a Zapatero, está a gusto con Rajoy y Mas y desayuna en el Ritz con Pablo Iglesias-. Ajena al centro conformista y aterrorizado por las encuestas, hay una derecha que transgrede y que sorprende, que tiene en su seno todo y lo contrario de todo; que es capaz de ser feminista y sobre todo femenina, que es a la vez religiosa y laica, tradicional y revolucionaria; capaz de ganar en Chueca y en los conventos de clausura. Un magma revolucionario en política, en sociedad, en cultura y en economía, que cuando sale de casa y se une da más miedo a cierto PP que al PSOE; quizá por eso hay quien prefiera perder las elecciones que aceptar una derecha de principios.

Decía hace poco José Javier Esparza que "sigue habiendo una derecha social, la de verdad, la que está en la calle, con un acentuado sentido de la independencia que, por supuesto, no ahorra las críticas a la derecha oficial, es decir, al PP… toda esa gente que ha creído y aún cree en la unidad nacional de España, en la libertad personal, en la familia, en la propiedad, en el derecho a la vida y en la vigencia de la civilización cristiana. Porque eso es lo que está pasando. Hace sólo seis años, España era un hervidero de inquietud social en el ámbito de la derecha. Las víctimas del terrorismo enarbolaban la dignidad nacional. En Cataluña, Galicia, las Baleares, Valencia y el País Vasco surgían movimientos cívicos que defendían la libertad lingüística… aparecían plataformas que reivindicaban el derecho a la vida… la libertad de enseñanza y la objeción de conciencia a la "Educación para la Ciudadanía" zapateriana, o que defendían la unidad de la nación española. Hoy es fácil decir que eran "cuatro gatos". Podrá desmentirlo cualquier que haya estado en las numerosas manifestaciones de aquellos años".

"Hace seis años pareció, en definitiva, que en España podía nacer una derecha de principios e ideas, una derecha digna de ese nombre. Hoy, seis años después, de todo aquello apenas queda nada... Y lo más importante de todo: quien ha sepultado la efervescencia de la derecha social no ha sido la sectaria izquierda de otrora, sino la derecha política de ahora; un partido, el PP, que fue llevado literalmente en volandas al poder por esa derecha social hoy quebrantada. El desmantelamiento de la derecha mediática sólo es una parte, y quizá no la más importante, de un proceso mayor: el desmantelamiento de la derecha social. Estamos asistiendo a una operación de domesticación sociopolítica que parece concebida para frustrar cualquier rectificación de la deriva que España arrastra desde hace más de treinta años".

Sigue habiendo una España inasequible a la domesticación. "Sigue habiendo una derecha social –y muy extensa- que mantiene sus principios pese a la deserción del partido que mayoritariamente la representa. Pero en un sistema partitocrático, como es el nuestro, la orfandad institucional es un trago muy duro. Es muy difícil sobrevivir. Ahora hay dos opciones. Una, que la derecha social despierte en torno a las nuevas alternativas políticas que se van formando, fruto de la traición del PP a sus votantes (que es esa síntesis de la que ya habló Pedro Laín Entralgo, "en la que convivan amistosamente Cajal y Juan Belmonte, la herencia de San Ignacio y la estimación de Unamuno, el pensamiento de Santo Tomás y el de Ortega, la teología del padre Arintero y la poesía de Antonio Machado"). La otra, que el sistema triture, digiera y recicle cualquier disidencia convirtiéndola en detritus marginal. Si prevalece esta última alternativa, podremos ir olvidándonos de la supervivencia de España como agente histórico relevante". Se trata de dejar que venzan los principios y el programa de la progresía, y da lo mismo si viene etiquetada como izquierda, extrema izquierda o centroderecha, o de luchar contra ellos en su terreno, el de las ideas, no el del mercadeo, los cargos y los negocios. "Todo lo demás se queda en mera reacción estéril".

¿Intenta Podemos minar la democracia española?
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 12 Julio 2014

El señor Pablo Iglesias ha enseñado de nuevo la oreja. El señor Pablo Iglesias, adalid del progresismo español, ha dicho que hay quienes dicen barbaridades y que hay periodistas a los que no se les ha de dejar hablar, refiriéndose precisamente a aquellos que, curiosamente, son los que ponen al descubierto sus intenciones y estrategias, destapando sus engaños al pueblo español. Los que no se dejan amilanar por las fanfarronadas de uno de estos agitadores de masas, defensores de poner mordaza a la prensa, como es el caso del señor Maduro de Venezuela que, para evitar que la oposición critique sus medios totalitarios de gobernar su rico país, utiliza el expeditivo sistema de encerrar en las cárceles a sus enemigos políticos y obligar a cerrar aquellos medios de prensa que no se avienen a aceptar como dogma de fe la doctrina oficial del Gobierno.

Es por eso que nos sorprende el poco aguante, la excesiva sensibilidad, las reacciones airadas y las amenazas de llevar a los tribunales a todos los que no coinciden con los planteamientos, de este señor, Pablo Iglesias, del que pensábamos que, quien está dispuesto a enfrentarse a las instituciones del Estado, al sistema establecido y al propio Parlamento de la nación, tendría más resistencia ante las andanadas que le pudieran venir de parte de quienes consideran que, sus propuestas, no son más que brindis al Sol, completamente ilusorias, sin posibilidad alguna de ser implantadas y contrarias a lo que es el espíritu de la Comunidad Europea. No sé si pretende emular a su amigo, el señor Maduro, enviando a la trena o denunciando a cualquiera que se decida a hurgar en su pasado para averiguar sus antecedentes y lo que pueda haber en ellos que pueda interesar a quienes pretende convencernos de su convicción democrática.

Yo le recomendaría que, lo primero que le debiera hacer, para presentárselo a los españoles, es un programa de lo que sería su gobierno, de los medios con los que contaría para llevar a cabo sus proyectos sociales; de cómo conseguiría los fondos para financiarlos; de los impuestos que sería necesario aumentar y de los nuevos que se requerirían para sostener mejoras como, por ejemplo, la de implantar un salario mínimo de 1.200 euros para todos los españoles o cómo se las arreglaría para retener a los técnicos, médicos, ingenieros, investigadores y demás personal cualificado, a los que, según sus propias manifestaciones, les impondría un techo salarial para que no pudiesen, como ocurría en la Unión Soviética, pasar de una determinada escala igual para todos. Tampoco nos ha aclarado todavía, cómo sostendría y aumentaría las pensiones de los jubilados e incapacitados, cómo podría mantener la gratuidad de los medicamentos y los desmesurados costes hospitalarios a los que se ve obligada a sostener el actual régimen de la Seguridad Social y los Servicios de Salud pública.

Los españoles, señor Iglesias, estamos ya hasta las narices de que vengan políticos a explicarnos lo que sería bueno que sucediese para que todos fuéramos felices, tuviésemos unas buenas retribuciones, pudiéramos disfrutar de unas pensiones elevadas y recuperábamos el nivel de vida que hace cinco años empezamos a perder sin ánimo de poderlo recuperar. Todos somos capaces de prometer lo mejor, de convencer a la gente de que poseemos la piedra filosofal que nos permite realizar milagros económicos y erradicar la pobreza, no sólo de España sino de todo el mundo. Lo que ya no resulta tan fácil es explicarlo con números, con argumentos razonados, con estudios pormenorizados, etc. Establecer los cálculos y las previsiones de qué medios se va a valer para llevar a cabo sus propuestas; cómo los va a obtener; con qué financiación va a contar; qué va a hacer con la Deuda Pública y con el déficit público; si va a estatalizar la economía o poner límites a los beneficios de las empresas privadas; si va a suprimir los Sindicatos o va a socializar la propiedad privada. También nos interesaría que nos hablase de lo que haría usted con la Constitución; o de si es partidario de que cada autonomía, si lo decide, pueda independizarse de España o, por el contrario, suprimiría todas las actuales, para formar un nuevo estado comunista totalitario sujeto, en todos sus aspectos, a una especia de Gran Soviet que tuviera potestad sobre todos los españoles.

No se quede usted en la epidermis del problema español, deje que los españoles podamos conocer su proyecto de España, que podamos valorar cómo va usted a conseguir hacer lo que promete y de los medios con los que piensa conseguirlo. Poco nos ha dicho, aparte de que parece que su intención es dejar de pagar a nuestros acreedores foráneos y que no piensa preocuparse demasiado del déficit público; díganos ¿cuáles van a ser las relaciones que pretende tener con el resto de Europa? Y como va a conseguir que con sus planteamientos no nos envíen fuera de la UE. A no ser, y parece que ya lo ha insinuado, que lo que usted intenta es convencer a toda la Comunidad Europea de la “bondad” de su sistema y decidan adoptarlo.

Todos sabemos que este espabilado señor ha ido buscando, como los alemanes nazis lo hicieron en su búsqueda del Santo Grial, la notoriedad, el darse a conocer y el adquirir presencia en cuanta tertulia tuviera lugar en algún medio, preferiblemente en las TV, en las que, con su presencia pudiera, valiéndose de su aspecto intelectual, rebelde y su cara de niño bueno, conseguir meterse en el bolsillo a muchos ciudadanos que, hartos de los engaños de los partidos políticos, buscan desesperados el clavo ardiente del que colgarse, para intentar encontrar una alternativa que los convenza para descabalgar a la “vilipendiada”, “explotadora”, “fraudulenta” y “egoísta” clase capitalista del poder, que hasta ahora han mantenido en la CE.

El mismo lo viene diciendo, porque sabe que la propaganda es imprescindible para conseguir impactar en los ciudadanos descontentos con el régimen actual que, por otra parte, vienen renegando del PSOE a causa de su fracaso económico y las veces en que ha mentido augurando una mejoría que, mientras ellos gobernaron, nunca llegaba. Y hasta cierto punto tiene toda la razón, porque el tipo no es tonto. Sin embargo, todavía queda tiempo para que esta misma propaganda, de la que pretende sacar beneficio, se le pudiera volver en su contra, si sus discursos se limitan a buscarles los defectos a quienes nos gobiernan, pero sus propuestas para sustituirlos se limitan a meros enunciados de otros sistemas que, en el pasado, ya demostraron sus grandes cadencias y sus resultados fallidos. Los globos de la popularidad, cuando los que quieren valerse de ellos para deslumbrar a un público imaginario, si no se los alimenta, suelen deshincharse con la misma facilidad con la que, quien pretende explotar en su beneficio la fama conseguida, no cumple con las expectativas que quienes lo auparon pusieron en él. Este puede ser el talón de Aquiles de quien se las promete tan felices ofreciendo una ilusión, un espejismo, que él sabe perfectamente que es imposible de conseguir. El tiempo que tarde en suceder este derrumbe va a depender de quienes, detrás de las bambalinas, alimentan esta ilusión, y de su aguante para mantener el órdago a la actual democracia y, también, de lo que tarden en darse cuenta los actuales partidos democráticos de la necesidad de desacreditar, con información y argumentos, estos sueños igualitarios, totalitarios y espurios, basados en las más trasnochadas y obsoletas teorías frente populistas.

Harían mal los partidos constitucionalistas en despreciar los posibles efectos de esta reciente formación, Podemos, que ya ha dado muestras de su peligrosidad cuando ha conseguido 5 escaños en el Parlamento Europeo y 1.200.000 votos, superando a muchos otros partidos con muchos años de enraizamiento en la sociedad española. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, vemos con desconfianza este brote de insurrección política.

Objetivo de estabilidad
Bruselas investiga la posible manipulación del déficit en la Comunidad Valenciana
Examinará si la declaración errónea, deliberada o por negligencia grave, tergiversó los datos nacionales de déficit
Bruselas investiga la posible manipulación del déficit en la Comunidad Valenciana
EP. BRUSELAS www.republica.com 12 Julio 2014

La Comisión Europea ha lanzado este viernes por una investigación formal por posible manipulación de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunidad Valenciana, según ha informado Bruselas en un comunicado. "La investigación examinará si la declaración errónea, de forma deliberada o por negligencia grave, de los gastos realizados en esa comunidad autónoma tergiversó los datos nacionales de déficit y de deuda de España a lo largo de varios años", explica la Comisión. Se trata de la primera vez que Bruselas utiliza sus nuevos poderes para investigar una posible manipulación estadística en un Estado miembro de la UE. De confirmarse, el Ejecutivo comunitario podría imponer sanciones.

“El foco de la investigación es únicamente la región de Valencia por no informar sobre determinados gastos sanitarios durante muchos años e incumplir las reglas de la UE sobre información estadística”, ha dicho la portavoz responsable de Eurostat, Emer Traynor, que ha asegurado que las autoridades españolas han “cooperado” estrechamente con la oficina estadística comunitaria. “Creemos que se trata de un problema que data de hace mucho tiempo en la región de Valencia, pero la investigación examinará exactamente durante cuánto se ha producido esto y cuál es la cadena de responsabilidad”, ha explicado la portavoz.

La investigación examinará, según Bruselas, “si la declaración errónea, de forma deliberada o por negligencia grave, de los gastos realizados en esa comunidad autónoma tergiversó los datos nacionales de déficit y de deuda de España a lo largo de varios años”.

La posible manipulación de las estadísticas en la Comunidad Valenciana salió a la luz en mayo de 2012, en plena crisis de deuda, cuando España informó a Eurostat de que el déficit de 2011 tendría que revisarse al alza en un 0,4 % del PIB respecto a la cifra notificada a efectos del procedimiento de déficit excesivo unas semanas antes.

Ello se debía sobre todo a la detección de gastos no registrados en las comunidades autónomas de Valencia y Madrid. Eurostat procedió a efectuar inmediatamente inspecciones de carácter técnico en España para determinar la naturaleza del problema. Durante esas inspecciones, Eurostat consideró que el asunto de Madrid podría considerarse un ajuste excepcional.

En cambio, el asunto de Valencia dio motivos de preocupación. “Resultó que la Intervención General de la Generalidad Valenciana (IGGV) había enviado sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas nacionales a lo largo de muchos años. Además de no haber notificado considerables gastos sanitarios, la IGGV no había respetado el principio de devengo previstos por los reglamentos a nivel nacional y de la UE”, señala la Comisión.

A esto se añade, según Bruselas, que “se hizo caso omiso, al parecer, de los informes del Tribunal de Cuentas autonómico y de las observaciones de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana que habían identificado estos problemas”.

A raíz de estas inspecciones, Eurostat publicó un informe con recomendaciones detalladas para garantizar la calidad de la información estadística facilitada por las autoridades autonómicas y locales. Eurostat ha colaborado con las autoridades españolas en la aplicación de estas recomendaciones y sigue estando muy atento a la situación. La corrección del déficit de las administraciones públicas españolas se recogió en la notificación del procedimiento de déficit excesivo de octubre de 2012. “Es importante destacar que Eurostat siempre ha publicado sin reservas los datos españoles”, resalta el Ejecutivo comunitario.

En septiembre de 2013, Eurostat efectuó una inspección en España con el fin de confirmar sus conclusiones relativas a la notificación incorrecta de la Comunidad Valenciana. Basándose en estas inspecciones y en el análisis ulterior de la situación, Eurostat recomendó a la Comisión que abriera una investigación sobre la tergiversación de los datos del procedimiento de déficit excesivo en España.

SIGUE LA TORMENTA POR LOS NEPOTISMOS DEL ÓRGANO
El presidente del Tribunal de Cuentas, en jaque por la Abogacía del Estado
Xavier Horcajo www.gaceta.es 12 Julio 2014

Ramón Álvarez de Miranda vulneró procedimientos de contratación para favorecer a Enrique Medina Guijarro, hermano del número dos del Tribunal, Javier Medina.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, compareció el pasado día 8 de julio ante la comisión mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas de la Cortes y dijo a los diputados que los procesos de contratación del Tribunal se han adecuado "a los procedimientos establecidos por la administración". Con ello trataba de eludir las acusaciones de nepotismo y de híperabundancia de clanes familiares en la entidad. Un informe de la Abogacía del Estado en el Tribunal demuestra que Álvarez de Miranda engañó al Parlamento y los más altos cargos de la entidad se dibujan a discreción y pese a quien pese que convenga al presidente Ramón Álvarez de Miranda.

La Abogacía del Estado, en un informe fechado el mismo día de la comparecencia del presidente ante las Cortes, describe un acto de nepotismo con pelos y señales en el que Ramón Álvarez de Miranda favorece a Enrique Medina Guijarro, hermano del número dos del Tribunal de Cuentas, Javier Medina, al que tras innumerables patrañas legales convierte en subdirector técnico de la Dirección Técnica de la Presidencia del Tribunal por su capricho y perjudicando a otros quince funcionarios aspirantes a la plaza con vergonzosos cambios de normativa del concurso que la Abogacía del Estado ha puesto al descubierto.

Álvarez de Miranda convirtió a Enrique Medina en subdirector técnico de la Presidencia el 26 de noviembre de 2013. Enrique Medina era el gerente de la secretaria general, hasta que Graciela García Díez cesó en el cargo de subdirector técnico. Álvarez de Miranda designó sustituto en comisión de servicios a Enrique Medina "dada la inaplazabilidad y urgente necesidad de la cobertura de dicho puesto". El cargo acarrea un complemento específico de 48.775,02 euros.

Se convoca la plaza con requerimientos como "experiencia en cooperación y asistencia técnica, en dirección de proyectos, en auditoría y en elaboración de informa. Dominio de los idiomas inglés y francés. Experiencia en desempeño de puesto de trabajo similar", entre otras cosas. Solo quince días después el Tribunal dicta una resolución "corrigiendo" errores en la convocatoria. La cuestión parece que es eludir que el subdirector técnico tenga una formación específica -"especialización en auditoría y contabilidad pública"- que, en principio, no encaja con la especialización de Enrique Medina.

Finalmente la comisión de Gobierno (15 marzo de 2013) convoca el puesto por el sistema de libre designación pero lo turbio del proceso hace que aparezca aquí el primer recurso de Fernando Clemente de Antonio, funcionario del Tribunal y personaje famoso porque consiguió que el Supremo anulara por nepotismo la designación de Carmen, la hermana del socialista Ciriaco de Vicente 19 años después de disfrutar de un cargo a dedo. Su hermano dirigía la cuota-parte del PSOE en el consejo del Tribunal de Cuentas.

En conclusión, para colocar a Enrique Medina en el cargo que pretendía el presidente, se produjeron dos modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (en cinco meses), cuatro resoluciones sobre el puesto de trabajo en cuestión (en siete meses); media docena de recursos de alzada (alguno de la Asociación ACLA, de funcionarios). El informe de la Abogacía del Estado destaca los precedentes "por desviación de poder" en el Tribunal de Cuentas que anuló -de forma expeditiva- el Tribunal Supremo y que orienta sobre cómo debe producirse la provisión de puestos de trabajo por libre designación.

Las normas del Supremo para los nombramientos discrecionales -principios de igualdad, mérito y capacidad entre los solicitantes- están opuestas frontalmente al nombramiento de Enrique Media. La Abogacía del Estado recorre una por una las decisiones administrativas que van configurando los criterios de valoración para dar un trato de favor al candidato Medina, que constituyen "serias irregularidades (…) que vician la adjudicación realizada" [del puesto de trabajo], por lo que propone como conclusión que se anule la adjudicación del cargo en favor de Enrique Medina, cuyo currículum vitae revela que es licenciado en Derecho por la Complutense, con conocimiento medio de inglés, que tiene 35 años de servicios y consolidado un Grado 30 en la Administración del Estado.

El Gobierno tiene listo el decreto para trasladar a la Generalidad el coste por no garantizar el bilingüismo escolar
Redacción cronicaglobal.com 12 Julio 2014

El Consejo de Ministros podría aprobar este viernes el real decreto que desarrolla la LOMCE en sus aspectos relativos a garantizar la enseñanza en castellano, además de en la lengua cooficial correspondiente. La Generalidad, que ha anunciado que lo recurrirá, deberá asumir a partir del próximo curso hasta 6.057 euros anuales por cada alumno que solicite recibir la educación también en español.

El Gobierno podría aprobar este viernes el real decreto que desarrolla la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en sus aspectos relativos a garantizar la educación bilingüe.

El texto prevé que los gobiernos autonómicos de CCAA con más de una lengua oficial -fundamentalmente Cataluña, que es donde más grave es el incumplimento del bilingüismo actualmente- deberán asumir hasta 6.057 euros anuales por cada alumno al que no le garanticen la enseñanza en castellano, además de en la lengua cooficial correspondiente.

El Gobierno pasará la factura a las CCAA trimestralmente
En caso de que se excluya el español como lengua vehicular, los padres podrán escolarizar a sus hijos en centros privados que sí ofrezcan la eduación bilingüe, y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asumirá el coste de matriculación, transporte y comedor hasta un límite de 6.057 euros anuales por alumno. Aunque la cifra podría variar en función del mercado.

Posteriormente, el Ministerio pasará la factura de dicho coste a los Gobiernos autonómicos de forma trimestral. Y Hacienda descontará estas cantidades de las transferencias correspondientes a la financiación autonómica.

El Consejo de Estado pidió más concreción al Gobierno
El borrador inicial del real decreto ha debido de ser profundamente enmendado, después de que el Consejo de Estado emitiera un dictamen no vinculante en el que advertía al Ministerio de que dicho borrador carecía "de la necesaria precisión en cuestiones relevantes", unas "notables carencias" que, "de no ser atendidas, podrían afectar a la efectiva aplicación del proyecto y a la viabilidad misma del procedimiento de reconocimiento del derecho que regula".

Entre otras cuestiones, el Consejo de Estado señalaba que "no hay indicación de criterio alguno que permita valorar qué se entiende por la 'proporción razonable' que ha de guardarse entre lenguas en el diseño e implantación de los sistemas educativos", algo que considera que debería tener "una adecuada definición".

Está previsto que la versión definitiva del real decreto que se podría aprobar este viernes corrija todos los aspectos necesarios para garantizar el derecho a recibir una educación bilingüe a partir del próximo curso.

La Generalidad rechaza aplicar el bilingüismo escolar y recurrirá el decreto
La Generalidad de Cataluña ha asegurado en reiteradas ocasiones que no piensa garantizar la educación bilingüe que establece la LOMCE y que seguirán aplicando el actual modelo de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán.

Este mismo viernes, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, ha anunciado que recurrián el decreto porque, en su opinión, es un "abuso de poder" por parte del Gobierno que supone "confiscar la autonomía" de la Generalidad. La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, ha descrito el decreto como "una multa lingüística que en Cataluña es vista como un acto muy autoritario que nos lleva a los peores años de la persecución de la lengua [catalana]".

"La calle va a desbordar a Mas"
Javier Nart: "Vamos a la fractura social de Cataluña"
esRadio Libertad Digital 12 Julio 2014

Javier Nart, eurodiputado por Ciudadanos, ha visitado Es la Tarde de Dieter, en esRadio para hablar de la situación en Cataluña y de su estreno en la Eurocámara. El político y abogado se ha referido al anuncio de Soraya Sáenz de Santamaría de una llamada entre Mas y Rajoy. "Hasta el tono tiene el aspecto de reconciliación matrimonial tras unos cuernos", ha ironizado el político.

Sobre el proceso separatista y la situación en la política catalana, Nart se ha referido a la actuación de Mas y Ciu "haciendo toda la faena a ERC" mientras "dejan su partido en los huesos" y ha alertado de la situación que se le puede crear a CiU si pierde el poder, por el "nivel de clientelaje" que tiene entre los suyos.

En cualquier caso, lo que más le preocupa a Nart es la situación social en la región. En su opinión, "vamos a la fractura social" entre "las dos Cataluñas, la de los buenos y malos catalanes". Según ha dicho, era "inaudito" que no se hablara entre amigos de ciertos temas, cosa que ahora sí pasa. La situación es de "fractura" entre "ellos y nosotros", con un "problema de primera magnitud". “La calle va a desbordar a Artur Mas, como desbordó a Montilla", ha avisado.

A favor de que se "audite todo", partidos, sindicatos y asociaciones, que reciban subvenciones públicas, y también de que se reduzcan los cargos públicos en Europa y en España, Nart también ha aludido a la situación lingüística en Cataluña tras la aprobación en el Consejo de Ministros del decreto ley de Educación que pagará colegios privados a los niños que reclamen educación en español.

Para Nart, "el problema es resoluble aplicando la doctrina Mas-Montilla", es decir, garantizando que la gente pueda ir donde se educan los hijos de los dos políticos, con castellano, catalán e inglés o alemán como lenguas vehiculares. "Algo que me repugna es defender lo que no se practica. Me parece impresentable que se defienda la inmersión para los demás", ha dicho el abogado, para quien, en su opinión, "son unos hipócritas absolutamente impresentables".

En la entrevista, Nart también se ha referido a Podemos y a Pablo Iglesias, convertido en estrella mediática. El eurodiputado ha lamentado el tiempo que se le dedica y ha tachado de "irrealizables" buena parte de sus propuestas. Además, ha contestado a una pregunta de los oyentes referida a una cuenta suya en Suiza. Nart ha contestado que esa cuenta la abrió su padre "en los años de plomo": colocó "un dinero fuera por si tenía que marcharse" tras negarse a pagar la extorsión de ETA enel País Vasco. A su muerte, lo heredó y, según ha contado, lo "declaró y lo repatrió".


******************* Sección "bilingüe" ***********************
Una medida necesaria ante el desafío de la Generalitat

Editorial El Mundo  10 Julio 2014

EL GOBIERNO costeará los gastos de escolarización a las familias catalanas que se han visto obligadas a llevar a sus hijos a colegios privados para poder recibir una educación en castellano. El Estado les proporcionará las subvenciones mensualmente y Hacienda las retendrá cada tres meses de la financiación autonómica de Cataluña.

 Desde 2008, el Supremo viene declarando ilegal la inmersión lingüística obligatoria en catalán y ha establecido que el castellano tiene que ser tratado como «lengua vehicular» y no como «objeto de estudio de una asignatura más». Lo mismo ha fijado el Constitucional. Y la Justicia instauró este año que se imparta un mínimo del 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas. Pero la Generalitat sólo ha demostrado su intención de mantener un sistema educativo nacionalista, relegando el castellano cual si se tratase de una lengua extranjera minoritaria. Y para ello ha utilizado triquiñuelas como la de permitir a los colegios catalanes que establezcan las cuotas de una y otra lengua que consideren oportunas. La solución encontrada por el Gobierno no es la mejor para asegurar a los ciudadanos españoles el derecho a aprender en su propio idioma, pero la deslealtad institucional de la Generalitat no deja muchas más opciones.

Morir en vano
Luis del Pino Libertad Digital 12 Julio 2014

Hoy se cumplen 17 años del asesinato de Miguel Angel Blanco. Aquel 12 de julio de 1997, mi familia y yo nos encontrábamos en la playa, y siempre recordaré a la gente congregada en torno a los coches del paseo marítimo, pendientes de la radio a medida que se acercaba la hora límite fijada por ETA para matar a aquel joven concejal del Partido Popular.

El secuestro y asesinato de Miguel Angel Blanco fueron la crónica de una muerte anunciada. ETA había secuestrado a José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones, para tratar de forzar a José María Aznar a acercar a los presos etarras al País Vasco. La liberación de Ortega Lara por la Guardia Civil, tras 532 días de secuestro, constituyó un triunfo de la política de firmeza del gobierno, y la banda de asesinos nacionalista reaccionó secuestrando a Miguel Angel Blanco y dando un ultimátum de 48 horas para el acercamiento de presos. Pasado el plazo, los etarras mataron a sangre fría a aquel joven de 29 años, de dos tiros en la cabeza.

Ese repugnante asesinato desencadenó una ola de rechazo e indignación entre los españoles, pero nada queda de aquello 17 años después. Echando la vista atrás, queda claro que nada de aquello sirvió para nada.

Aquel Partido Popular que se negó a acercar presos a pesar de la amenaza de muerte que pesaba sobre Ortega Lara, se escuda hoy en sentencias de Estrasburgo que no tendría por qué cumplir, para liberar a hurtadillas a los más sanguinarios asesinos de ETA.

Aquel Partido Popular que no cedió con el acercamiento en aquellas 48 horas de infarto que duró el secuestro de Miguel Angel Blanco, impulsa ahora vías Nanclares para cumplir con las exigencias de acercamiento de ETA y construye cárceles de lujo para asesinos en tierras vascas.

Aquel Partido Popular que dio, y pidió, un ejemplo de firmeza a la sociedad española, ante ese órdago de ETA plasmado en el secuestro sucesivo de Ortega Lara y de Miguel Angel Blanco, miente hoy a la opinión pública para liberar a Bolinaga, el secuestrador de Ortega Lara, pretextando un inexistente estado terminal.

A Miguel Angel Blanco lo traicionó primero el PNV, con el Pacto de Estella. Lo traicionó después el PSOE, abriendo el proceso de negociación con ETA dirigido por Eguiguren. Y ha terminado traicionándolo su propio partido, que mantiene a los terroristas en las instituciones, conserva en secreto las actas de negociación entre Zapatero y los asesinos, y cumple disciplinadamente con las exigencias marcadas en esa hoja de ruta de destrucción del estado de derecho.

Ni siquiera el propio Aznar, que hizo lo correcto hace 17 años, es capaz hoy de levantar la voz para denunciar la indignidad que supone que su propio partido haya terminado cediendo allí donde él no cedió.

Para eso, nos podíamos haber ahorrado aquella muerte. Como tantas otras. Puestos a cumplir las exigencias de los asesinos, puestos a entregarles los ayuntamientos y las diputaciones vascas, puestos a permitir que rentabilicen todas las muertes y todo el dolor causado... podíamos haber cedido mucho antes. Se habría vertido menos sangre.

Lo lamento mucho si alguien se molesta con mis palabras, pero es lo que pienso y lo que siento. La clase política española, PP incluido, se ha encargado de que Miguel Angel Blanco muriera en vano.

Hoy, los apestados, los excluidos, los marginados por toda nuestra clase política, son aquellos que se niegan aun a que los asesinos de Miguel Angel Blanco terminen ganando la partida.

Una sentencia afirma una eximente que no existe en las leyes españolas
Si eres nazi, proetarra o estalinista, te acaba de tocar la lotería de la Audiencia Nacional
http://www.outono.net/elentir  12 Julio 2014

Anteayer se conoció una insólita sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve e incluso justifica a diecinueve acusados de cercar e impedir el acceso al Parlamento catalán durante una convocatoria de la extrema izquierda llevada a cabo el 15 de junio de 2011. El juez ponente de la sentencia, Ramón Sáez Valcarcel, recurre a un argumento extralegal con el que abre de par en par la puerta a futuros desmanes por parte de cualquier grupo extremista.

La izquierda puede vandalizar un barrio, pero los provida no pueden enviar emails
Izquierda Unida quiere que la Unión Europea persiga a los anticomunistas

¿Si tus ideas no tienen eco en los medios puedes saltarte las leyes?
Atentos a lo que dice este juez: “cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación“.

Para empezar, lo entrecomillado es una absoluta falta a la verdad: en España hay medios privados y también públicos, y obvia decir que existen numerosos cauces de expresión más allá de los medios de comunicación. Internet, sin ir más lejos. Pero es que además, la eximente que alega este juez no está contemplada en ninguna ley española. En toda nuestra legislación no hay ni un solo artículo que autorice a saltarse las leyes a los partidarios de determinada ideología o forma de pensar con el pretexto de que los medios no les hacen caso. Si nuestras leyes aceptasen tal cosa, tendríamos que admitir, por ejemplo, que nazis, estalinistas o proetarras se saltasen las normas de convivencia, por el mero hecho de que las ideologías odiosas que mueven a esos individuos no tienen un respaldo significativo -a Dios gracias- en la mayor parte de los medios de comunicación mayoritarios. En el fondo, el mensaje que transmite esta sentencia es muy peligroso: si tus ideas no convencen a mucha gente, si eres irrelevante para los medios, entonces tienes permiso para montar algaradas y cercar un parlamento.

¿En qué queda el Artículo 14 de la Constitución?
Cabe preguntarse, eso sí, quién va a determinar qué sectores políticos pueden saltarse las normas -que en teoría valen para todos-, disfrutando así de un privilegio del que no gozan los demás. Si un grupo provida no consigue que los medios le hagan caso, ¿podrá montar altercados, rodear un parlamento y acosar a sus diputados, o eso sólo es lícito si lo hacen individuos cuyas ideas se parezcan a las del citado juez? Si las leyes no son iguales para todos, y se pueden hacer excepciones en función de la ideología de cada uno, privilegiando a los partidarios de doctrinas políticas muy minoritarias, ¿qué hacemos entonces con lo que afirma el Artículo 14 de la Constitución?:

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Ya no es que esta sentencia deba ser recurrida al Tribunal Supremo por quien corresponda: es intolerable que siga ejerciendo el cargo de juez un individuo que dicta sentencias tan injustas y que son una burla al Derecho. ¿Piensa hacer algo al respecto el Consejo General del Poder Judicial, o tendremos que esperar a que los fans de Adolf Hitler, de Josef Stalin y de Josu Ternera intenten aprovecharse de esta sentencia para que se rectifique este absoluto despropósito?

Pago de centros privados
Las asociaciones por la libertad lingüística denuncian la inutilidad de ley Wert
La mayoría denuncia que no existen centros privados que cubran la demanda.
esRadio Libertad Digital 12 Julio 2014

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto para garantizar la enseñanza en castellano. De esta forma, dispone que en los casos de que no haya centros públicos que impartan clases en la lengua oficial el Estado pagará a los padres la escolarización de sus hijos en centros privados que sí lo hagan.

Sin embargo, el principal problema es que en esas comunidades autónomas no existen dichos centros, como denuncian las diferentes asociaciones en favor del bilingüismo.

Cataluña
Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, ha explicado que "los colegios privados no existen prácticamente en muchos lugares de Cataluña". Ha recordado al Gobierno que debe garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos "como dice el artículo 10 de la Constitución".

La consejera de Educación catalana ha tachado el decreto de multa. Caja ha matizado que "es una multa que pagamos todos los ciudadanos porque ella incumple la ley" y ha subrayado que "el gobierno de la nación tiene los instrumentos para que el gobierno catalán acate las sentencias" en lugar de que tengamos que pagar con nuestros impuestos el incumplimiento de la ley". Para Caja, es "una tomadura de pelo".

País Vasco
María Aldecoa, presidenta de la extinta Plataforma por la Libertad Lingüística en el País Vasco, ha asegurado también que en el País Vasco "no existen prácticamente colegios privados".

Es la presidenta de una asociación ahora desaparecida porque "los padres han tirado la toalla, alguno llegó a denunciarlo hasta en tres ocasiones sin ningún tipo de resultado". Entretanto, "nuestros hijos van creciendo y pasando de curso sin que haya solución". Ha calificado de vergonzoso que "un gobierno no sea capaz de que se cumplan las leyes".

Galicia
Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe, ha indicado que la ley en sí supone un problema. "La Ley prevé que en las CCAA con dos lenguas haya dos vías: una para estudiar todo en la lengua cooficial y otra en la que la comunidad decide la proporción". El problema radica en que "la proporción es siempre atendiendo a la normalización lingüística que para los nacionalistas no acaba nunca".

De esta forma, "puede darse el caso que sea legal dar sólo dos clases en español". Lago ha denunciado que "en los públicos de Galicia se está enseñando todo en gallego mientras la Xunta nos deja en la estacada". Asimismo ha asegurado que "Feijóo tiene dos discursos, uno aquí y otro en Madrid".

Valencia
Y en la comunidad valenciana no se vive una situación mejor. David Sabido, secretario de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, ha explicado que "en Valencia no se ha llegado a la gravedad de Cataluña pero si no se corrige va camino a ello". De esta forma, "la línea educativa en castellano deja la última palabra a los centros educativos". Si el centro "prima la ideología y la inmersión lingüística" el niño se queda sin clases en castellano.

En Baleares también tienen el mismo problema. Jorge Campo, de Círculo Balear, no ha podido intervenir en el programa Es la Tarde de Dieter porque estaba reunido con la consejera de Educación.

Baleares
Jorge Campos, presidente de Círculo Balear, se ha referido también al decreto, instantes después de la reunión con la consejería con los padres canarios que pedían educación en español para sus hijos.

Campos también ha calificado de "difícil" la "aplicación práctica" del decreto, aunque se ha manifestado a favor de que los padres se acojan a cualquier iniciativa de este tipo. "Que se acojan a toda la jurisprudencia, que reclamen" y que "lo hagan público", ha demandado.

Matas, un presidente de ideas faraónicas
El expresidente del Gobierno Balear pasará a la historia como el responsable político de mayor rango encarcelado por corrupción en una región en la que no le han faltado competidores
EFE | PALMA DE MALLORCA El Correo 12 Julio 2014

Jaume Matas quería dejar huella como presidente del Govern balear con obras faraónicas que simbolizaran la transformación que se ufanaba en encarnar, pero pasará a la historia como el responsable político de mayor rango encarcelado por corrupción en una región en la que no le han faltado competidores.

El Gobierno rechaza el indulto de Matas y lo envía a la cárcel
Su mausoleo metafórico es el Palma Arena, un enorme recinto deportivo que costó unos 110 millones de euros, más del doble del presupuesto inicial, y cuyo desfase derivó en una gran instrucción judicial aún con mucho recorrido, cuya primera pieza juzgada arrastrará a Matas a la cárcel por tráfico de influencias.

Matas accedió a la presidencia del Govern balear en 1996 en sustitución de Cristófol Soler, desbancado desde las propias filas del PP a los pocos días de reemplazar a Gabriel Cañellas, que había dimitido después de que un tribunal concluyera que prevaricó en el caso Túnel de Sóller, pero que no podía condenarle porque los delitos habían prescrito.

La figura política del nuevo presidente, hasta entonces conseller de Economía, se agrandó con el ejercicio del poder y tomó dominio del Partido Popular, cuyo cartel electoral encabezó en los comicios de 1999. Ganó las elecciones sin mayoría absoluta y la alianza de la izquierda con Unió Mallorquina (UM) le dejó en la oposición.

Una maraña judicial
Pero José María Aznar quiso darle un papel protagonista y le situó al frente del Ministerio de Medio Ambiente desde 2000 a 2003, año en el que encabezó de nuevo la candidatura autonómica del PP balear y obtuvo la mayoría absoluta para gobernar en la legislatura que ha acabado siendo la fuente de todos sus problemas judiciales.

Matas afrontó ese mandato con unos modos de líder inéditos en la política del archipiélago y en un momento económico que le permitió afrontar grandes obras como el Palma Arena, inaugurado poco antes de los comicios autonómicos de 2007 para acoger el Mundial de Ciclismo en Pista.

Pero además construyó autopistas, algunas de envergadura muy cuestionada como las de Ibiza, horadó el suelo de Palma para construir el metro con menos pasajeros de España (que suele inundarse), e inició la edificación del nuevo hospital de referencia de la comunidad, Son Espases.

Imbuido del afán transformador, con un notable control sobre la proyección de su propia imagen y haciendo gala de un dominio incuestionado en su partido, impulsó hospitales, centros de salud, colegios, grandes campañas turísticas y patrocinios de proyección internacional.

Pese a todo, el PP de Matas no logró la mayoría absoluta en las siguientes elecciones, se volvió a conformar la "gran alianza" entre la izquierda y la UM liderada por la hoy convicta Maria Antònia Munar y al hasta entonces omnipotente ídolo político empezaron a mojársele los pies.

Abandonó el liderazgo y las islas de forma precipitada y en pocos meses empezó a tejerse en torno a él una maraña judicial que ponía en evidencia un presunto enriquecimiento ilícito (aún no probado judicialmente más allá de un cohecho en favor de su esposa) y prácticas corruptas (ya sentenciadas por los tribunales).

A las puertas de la cárcel
El alcance de las imputaciones solo es comparable a las que llevaron a la disolución a UM y a la cárcel a sus principales dirigentes.

También hay ya altos cargos del Govern de Matas en prisión por distintos casos de corrupción, y algunos han señalado al líder como instigador de acciones delictivas, pero ha sido la macrocausa del Palma Arena, fraccionada en 26 piezas entre las que se encuentra el célebre caso Nóos, la que ha puesto a Matas a las puertas de la cárcel.

Tras negarle el indulto el Gobierno, el expresidente podría estar entre rejas la próxima semana por una condena a 9 meses por utilizar su influencia para beneficiar con fondos públicos a un periodista que le escribía discursos, pero también tiene una condena firme por cohecho castigada con multa de 9.000 euros y su horizonte es una larga sucesión de obstáculos judiciales.

Sin ir más lejos, el pasado 25 de junio el juez José Castro, que instruye toda la causa del Palma Arena, imputó a Matas en el caso Nóos por dos delitos de prevaricación administrativa, dos de malversación de caudales públicos, dos de fraude a la administración y dos de tráfico de influencias.

 


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