AGLI Recortes de Prensa   Viernes 25 Julio  2014

La sangría autonómica
JOSÉ IGNACIO CONDE-RUIZ Y JUAN RUBIO-RAMÍREZ El Mundo  25 Julio 2014

Las comunidades autónomas (CCAA) son responsables de gran parte del gasto público y de la mayoría del gasto social. En concreto, gestionan alrededor del 30% del presupuesto de las administraciones públicas (AAPP) y pagan las facturas relacionadas con los gastos en educación y sanidad públicas. Para hacer frente a estos gastos, las CC.AA. tienen dos fuentes de recursos no financieros. Por un lado, las transferencias desde la Administración Central (AC) sujetas a entregas a cuenta y liquidación y por otro, las figuras impositivas y tasas administradas desde la propia comunidad. Las primeras son la principal vía de ingresos (alrededor del 70 % del total de sus recursos no financieros) y están muy relacionadas con los impuestos compartidos con las AC (léase IVA, IRPF e Impuestos Especiales).

La crisis que nos asola se ha manifestado de muchas formas, pero una de ellas ha sido la caída de recursos no financieros de las AAPP (al menos hasta la llegada del PP al poder a finales del 2011). Durante la última legislatura del PSOE los recursos no financieros de las AAPP cayeron más de un 12%. Las consecuencias fueron feroces: el déficit público se disparó y la deuda soberana explotó. El Gobierno del PP ha sido capaz de detener la hemorragia. Según el Programa de Estabilidad recientemente enviado a Bruselas, los recursos no financieros de las AAPP aumentarán más de un 8% entre 2012 y 2015. Si estos números llegan a materializarse sería un innegable éxito de los planes de consolidación fiscal del Gobierno de Rajoy.

¿Cómo es posible entonces que las CCAA no estén contentas con la situación? ¿Por qué se quejan? ¿Por qué piden más recursos? Los españoles pagan ahora más impuestos que en 2011, ¿No es eso suficiente para que las CCAA puedan hacer frente a sus gastos? ¿Son los consejeros de las haciendas autonómicas unos mimados gestores, hambrientos de recursos, que nunca tienen suficiente y a los que les gusta patalear sin razón? Los ciudadanos deben entender que las quejas de las CCAA están, en nuestra opinión, más que justificadas. Mientras que los recursos no financieros de todas las AAPP van a aumentar un 8% entre 2012 y 2015, la suma de las entregas a cuenta y liquidaciones que las CCAA reciben caerán más de un 4%. Sí, ha leído usted bien: Moncloa ha subido el IVA y otras figuras impositivas (era necesario y desde aquí aplaudimos y aplaudiremos decisiones serias e imprescindibles como esas subidas impositivas). Es decir, con dichas subidas se aumentan los recursos no financieros de las AAPP y en cambio las CCAA reciben un trozo más pequeño del pastel. O sea, los españoles están pagando más impuestos, pero al mismo tiempo menos recursos se destinan a los gestores de la educación y la sanidad pública.

EN ESTE momento, el lector puede preguntarse cómo puede ser esto posible. Desde 2012, el Ministerio de Hacienda ha creado varios programas de ayuda financiera a las CCAA (léase las varias fases de los fondos de liquidez autonómica, FLA). Para entender la disyuntiva es importante distinguir entre recursos financieros y no financieros. Los FLA son recursos financieros, mientras que las transferencias son recursos no financieros. ¿Cuál es la diferencia? Simplificando, podría decirse que los recursos financieros sirven para amortizar préstamos, mientras que los recursos no financieros sirven para pagar las facturas. De este modo, Moncloa está ayudando a las CCAA a pagar deudas asociadas a sus gastos pasados, pero a la vez está recortando sus recursos no financieros haciendo más difícil prestar servicios hoy.

Las implicaciones de tales vicisitudes tributarias incontestables: 2015 será un año de nuevos recortes en educación y sanidad. Según nuestras estimaciones, las CCAA deberán recortar el gasto nuevamente en 5.000 millones para cumplir con el objetivo de déficit el próximo año. De este recorte, más de 2.000 millones se debe al recorte de las transferencias sujetas a entregas a cuenta y liquidación en 2015, y el resto, a la reducción del objetivo de déficit del 1% al 0,7% del PIB. La intención de este artículo no es discutir si recortes adicionales son o no deseables. Lo que pretendemos es poner de manifiesto dos cosas. Primero, nos parece extraño, y un claro reflejo de una ley de financiación autonómica mal diseñada, que mientras los recursos no financieros de las AAPP suben, los de las CCAA bajen. Segundo, las CCAA tendrán que volver a recortar. Si el sistema autonómico desempeñase su labor correctamente, los posibles recortes deberían ser un reflejo de las decisiones políticas de los gobernantes autonómicos y no una imposición de un sistema de financiación que no funciona. Si un gobernante autonómico quisiese no recortar en sanidad o educación, debería tener la opción de aumentar impuestos o tasas de forma sustancial y enfrentarse al poder de las urnas. El sistema de financiación autonómico vigente deja pocas posibilidades en esta dirección.

ES VERDAD que hay fuentes de ingresos que las CCAA no aprovechan como podrían (las tasas universitarias siguen siendo bajas y creemos que deberían utilizar los impuestos del patrimonio y sucesiones, por ejemplo, para intentar recaudar más), pero el sistema de financiación autonómico impone un rígido corsé a las CCAA sobre cuáles pueden ser sus fuentes de recursos no financieros. Las decisiones sobre las fuentes de recursos no financieros están más condicionadas por la ley que por las decisiones de los dirigentes autonómicos, y no debería ser así. La sentencia sobre el euro sanitario es una prueba de ello. Otro claro ejemplo de este punto han sido los infructuosos intentos de varias CCAA por introducir copagos sanitarios. ¿Por qué debe la ley restringir cómo pueden o no recaudar las CCAA? Esa decisión debe resultar de la interacción entre los dirigentes autonómicos y sus votantes. Si la ley no lo permite, esta debe cambiarse.

Cuando se firmó el sistema vigente se acordó renovarlo en 2014. Es decir, este año. El ministro de Hacienda acaba de decir que esto no será posible. No sabemos cuáles son las razones para tal delación, pero la proximidad de las elecciones parece una de ellas. Cualquier reforma del sistema de financiación implicaría menos recursos para la Administración central(es decir el Ministerio de Hacienda) y más para las CCAA (es decir los quejosos consejeros). Con un reparto más igualitario del aumento de recursos no financieros, algunos de los recortes los tendría que implementar Montoro y no los consejeros. El coste político de los recortes debería pagarlo Moncloa y no los gobiernos autonómicos.

José Ignacio Conde-Ruiz es profesor de la Universidad Complutense y miembro de Fedea y Juan Rubio-Ramírez es catedrático de Duke University (Carolina del Norte, EEUU) y miembro de Fedea.

Organización territorial
¿Quién inventó el Estado autonómico?
Cristina Losada Libertad Digital  25 Julio 2014

Mientras el joven Sánchez acusa a Rajoy de inmovilista por viejo, los que se mueven, y de qué modo, son los correligionarios del socialista en el país vecino. Dos hombres maduros, como Hollande y Valls, han conseguido que la Asamblea francesa apruebe una reducción de las regiones, que pasarán de 22 a 13 en los próximos años. Forma parte esta medida de un plan más amplio para reducir el gasto público y el déficit, cuestiones éstas que al rejuvenecido PSOE igual le parecen manías de abuelo cebolleta, por no decir obsesiones austericidas de la rancia derecha. En fin.

El nuevo mapa de la administración territorial francesa implica una reorganización de municipios y departamentos, el equivalente de nuestras provincias, y una supresión de órganos de gobierno en los dos ámbitos. No ha habido allí ningún grupo parlamentario que se manifestara en contra de poner límites al gasto de la Administración, a las duplicidades y al exceso de cargos públicos, aunque se discuten, cómo no, los detalles. Al respecto, conviene notar algo que dijo el ministro del Interior en el debate en la Asamblea:

Nuestro objetivo no es crear regiones identitarias, como ocurre con Cataluña en España, Piamonte en Italia o Baviera en Alemania.

Ya me gustaría que sólo hubiera una región identitaria en España, como me gustaría que las que más enfatizan su identidad mostraran la misma lealtad constitucional que Baviera. Nuestras regiones superidentitarias han construido su identidad en oposición frontal y absoluta a España. La cuestión, no obstante, es que no ya una reforma sino una discusión como la que ha habido en Francia sobre las regiones sería entre nosotros imposible. Aquí se puede, y con precaución, hablar de reformas en la esfera local, pero de reorganizar las autonomías, ¡eso ni en broma!

El diseño del Estado autonómico español es uno de los capítulos más extravagantes de nuestra democracia. Quien lea el Informe sobre España de Santiago Muñoz Machado tendrá que suscribir su juicio en ese punto:

El nuevo Estado se estaba constituyendo de abajo arriba y sin que nadie hubiera fijado un patrón. Se lo estaban inventando las representaciones territoriales de los partidos, cuya influencia sobre sus jefes estatales resultaba irresistible.

La única pauta de racionalidad que podía encontrarse en tal proceso, dice el autor, era que los dirigentes territoriales que participaban en los proyectos de estatuto querían todos imitar el modelo catalán, para no ser menos.

Lógica ésta que continuaría presidiendo el desarrollo de las autonomías hasta los llamados estatutos de segunda generación. Muñoz Machado sabe de qué habla; fue uno de los miembros de una comisión constituida en 1981 por acuerdo del Gobierno de UCD y del PSOE para tratar de poner algo de orden en el caos. "Nos llamaron porque nadie entendía el Título VIII", dijo en una entrevista reciente. Así las cosas, lo que hoy se entiende demasiado bien es que no haya manera de abordar una corrección de los fallos y deficiencias del Estado autonómico. Es asunto tabú.

Financiación autonómica
Las balanzas de la vergüenza
Emilio Campmany Libertad Digital  25 Julio 2014

El debate surgido en torno a los datos conocidos el miércoles tras la publicación de las balanzas fiscales demuestra que somos un país enfermo. Partimos de la base de que a los nacionalistas catalanes les irrita muchísimo que con su dinero se financien escuelas en Galicia, carreteras en Extremadura y hospitales en Andalucía. Y es mentira. Lo que les fastidia no es eso. Lo que no soportan es ser españoles y punto. La prueba está en que los nacionalistas vascos no financian nada de eso, porque se quedan con todos los impuestos que se recaudan en su región y apenas pagan una pequeña parte de lo que les corresponde, y están tan cabreados como los independentistas catalanes. A veces, más.

Y, sin embargo, los que no somos nacionalistas y vivimos en regiones ricas nos estamos dejando embaucar por los políticos de nuestras comunidades y asumimos como propias sus quejas de estar recibiendo menos de lo que aportamos. El madrileño que piense que da a Andalucía o a Extremadura más de lo que recibe está equivocado. O es que los madrileños no disfrutamos y mucho de pertenecer a una nación que incluye a Andalucía y Extremadura, o es que pretendemos que los colegios, los hospitales o carreteras sean allí, por ser más pobres, necesariamente peores. Y qué sería de España y de Madrid si en perjuicio de la competencia sólo los habitantes de las regiones ricas pudieran tener una educación de calidad. ¿De verdad queremos que la autovía hacia el Sur se convierta en un camino de cabras recién pasado Aranjuez?

Es obvio que el sistema de financiación de las comunidades autónomas puede mejorarse, pero no con el objetivo de que las más ricas reciban más para ver si así callamos la boca a los nacionalistas catalanes, que de todas formas no se la vamos a callar. El objetivo tiene que ser que los colegios, los hospitales y los demás servicios públicos sean de una calidad similar en toda España. Y cada comunidad autónoma ha de recibir el dinero suficiente para que así sea según sus circunstancias. Pero si alguna no cumple con su obligación, la Administración central debería poder hacerse cargo de esos servicios hasta que tengan una calidad cercana a la media. En definitiva, el problema no es qué parte del dinero de mis impuestos sirve para pagar servicios a otros españoles que no son madrileños. El problema es qué hacen los políticos regionales con ese dinero.

Es una vergüenza que muchos de nosotros, que no somos nacionalistas, nos revolvamos porque pagamos lo suficiente como para que nos planten magnolios en el parque de la esquina y en vez de eso el alcalde dedica una parte de lo que nos saca a reparar el semáforo de unas manzanas más allá, donde vive gente más pobre que paga menos impuestos. Si sucumbimos a eso es que no merecemos ser una nación y, en consecuencia, dejaremos más pronto que tarde de serlo.

La democracia no es interna
Almudena Negro www.gaceta.es  25 Julio 2014

El problema, en definitiva, consiste en evitar que los partidos políticos, VOX inclusive, devengan oligárquicos en su relación con la sociedad.

Anda estos días VOX dividido, a causa de una enmienda que será votada mañana sábado, entre los afiliados partidarios de un sistema presidencialista y los partidarios de un sistema parlamentario para dirigir la formación política. Formación que el próximo mes de septiembre decidirá quién debe de ponerse al frente de la misma. Y como sucede en España, y más en un partido formado por bases que reivindican la nación española, la cosa acontece con pasión, en ocasiones exacerbada, en otras, sencillamente, maleducada. Ambas propuestas, por supuesto, son igualmente legítimas, aunque la lógica indica que un gobierno fuerte, decidido pues por el líder, siempre es mejor que un gobierno débil. La debilidad del gobernante, ya se sabe, suele acabar en el caos, la burocracia y, cuando es exagerado, en el asamblearismo. En todo caso, el futuro de VOX será votado y decidido por la militancia, lo que nada tiene que ver con la democracia, que es lo que en esta columna quiero contarles.

Y es que la democracia consiste en la división de poderes, también entre ejecutivo y legislativo, y en que exista representación (que les dejen votar a su alcalde, su presidente, su diputado, su concejal…) y no en la forma de organización interna de un partido político, una asociación o un club de fútbol. Por más que ahora esté de moda, debido a ese festival de la confusión orwelliano en que vivimos inmersos, vender “democracia interna”, que no es democracia, mientras se niega la libertad política, que es la que a todos debería de preocupar y ocupar.

Existen en los partidos, hace un año ya lo plasmaba por los escritos, fanáticos de la democracia, democratistas, que creen que la democracia es un fin en sí mismo, cuando no es más que una forma de gobierno y el medio para la libertad, que pasa, indefectiblemente por la libertad colectiva. Así, manosean la palabra hasta vaciarla de contenido, hasta convertirla en “estúpida”, como afirmara Ortega y Gasset.

Señalaba allá por el año 1915 el en España desconocido Robert Michels, quien no profesaba la Erstazreligion democratista, la religión civil que todo lo invade, que la democracia conduce siempre a la oligarquía (lo que Alexis de Tocqueville, en cierto sentido, llamaba tiranía de la mayoría) y contiene en sí misma “un núcleo oligárquico”. Descubría y formulaba así la ley de hierro de las oligarquías, que no ha sido refutada a día de hoy. Toda organización es jerárquica, piensen en su familia, y el problema no es su organización interna, sino cómo ésta se relaciona con la sociedad. El problema, en definitiva, consiste en evitar que los partidos políticos, VOX inclusive, devengan oligárquicos en su relación con la sociedad. Un sistema presidencialista interno es pues, igualmente válido que uno parlamentario. Pero externamente, el parlamentarismo, a diferencia del presidencialismo, es incompatible con la democracia, pues supedita el poder ejecutivo al legislativo. Es decir, niega la división de poderes.

Que ustedes lo voten bien.

¿Qué como es de cara la independencia? Carísima...
Eurico Campano www.gaceta.es  25 Julio 2014

Lo peor no es que quieran la independencia de España. Lo peor es que pretenden que la paguemos todos los españoles

Éramos pocos y parió la abuela. Por si no teníamos suficiente con las soflamas diarias de Mas y Junqueras, va el Gobierno y nos obsequia ahora (por primera vez desde 2008, qué casualidad) con taza y media de balanzas fiscales. Ese absurdo contable -por obvio- en el que se refleja la diferencia, positiva o negativa, sobre los impuestos que se pagan en cada comunidad y el conjunto de los servicios que a cambio reciben sus ciudadanos. Lógicamente el saldo es muy favorable para regiones más desfavorecidas como Canarias, Andalucía o Castilla y León y mucho más gravoso para las comunidades más ricas: Madrid, Valencia, Murcia y Cataluña, como es natural. Porque de eso se trata; se supone que la naturaleza primordial de un impuesto es su caracter redistributivo: que puedan beneficiarse los que menos recursos son capaces de generar.

Al margen de que el asunto ha sido presentado a pocos días de la entrevista entre Mariano Rajoy y Artur Mas en Moncloa, con el ánimo evidente de tapar la boca al president porque con los datos en la mano quienes deberían poder afirmar que 'España' les roba no son otros que los ciudadanos madrileños, que palman la friolera de 16.000 millones del ala, está bien recordar a aquellos en cuya cabeza aún anida la idea de que sin el resto de España estarían mucho mejor económicamente que dentro de ella que abandonen toda esperanza, como bien sabían los que subían a la barca de Caronte. Y ya de paso, si sirve para recordar que los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios, algo habremos ganado.

Al varapalo propinado al secesionismo por los economistas que han elaborado éste informe, se ha unido en las últimas horas la declaración valiente y sin complejos del primer ministro francés, un socialista de los pies a la cabeza pero de los que no se averguenzan ni de su bandera, ni de su patria, ni de llamar al pan pan y al vino vino. Y de orígenes familiares catalanes, precisamente. Manuel Valls ha venido a decir, tras verse con Mariano Rajoy, que nadie que intente romper el Estado puede quedar impune. Que tomen nota los que siguen creyendo que por ahí les van a aplicar la vía Kosovo a su dislate. Y además permitirles que mantengan el euro como moneda, y que el BCE les regale de cuando en vez una 'hora feliz' o 'barra libre' de liquidez, como prefieran, mientras Obama se da una vuelta por aquí de vez en cuando y les propina un abrazo (qué oportunidad perdió hace unos días su embajador en España, James Costos, para callarse). Dicho lo cual, que siga rodando la bola... de qué si no iban a vivir algunos si no consumieran la mayor parte de su tiempo fabricando problemas cuya solución pretenden después vendernos. Una solución que por cierto resulta, cada día más, de puro cara, carísima... Como cada vez más gente sabe, lo malo no es que quieran la independencia de España; lo peor es que pretenden que la paguemos todos los españoles.

Las balanzas fiscales, otro error
Ramón Pi www.gaceta.es  25 Julio 2014

Otros, los más, se dejan llevar por el sentimentalismo nacionalista como el que sedujo a millones de alemanes para seguir a Hitler

La estrategia nacionalista catalana está encaminada, como es bien sabido, hacia la secesión. Algunos, ciertamente muy pocos, se la creen de buena fe, y se alimentan de su discurso en la creencia de que la secesión va a resultar muy provechosa para los catalanes. Otros, los más, se dejan llevar por el sentimentalismo nacionalista como el que sedujo a millones de alemanes para seguir a Hitler, pero como son conscientes de que la independencia respecto de España es una quimera, secundan a los separatistas al ver que este tipo de desafíos suele acabar con nuevos beneficios económicos para la Comunidad autónoma, y les parece que vale la pena mientras los Gobiernos crean que aplacar y aplazar son términos sinónimos, e imaginen que intensificando el trato de favor se amortiguarán las presiones separatistas, cuando este proceder, en buena lógica, sólo consigue manetnerlas e incluso aumentarlas, dado el buen resultado económico que proporcionan. Y otros, cada vez menos pero aún muchos, mantienen la cabeza libre de los espejismos de los sentimientos, tan mudables, y soportan el castigo de algo cada vez más parecido a la muerte civil, impuesto por los que desde hace algunos años se han autoinvestido de la facultad de determinar quiénes son los buenos y quiénes los malos catalanes.

En su aplicación práctica, la estrategia nacionalista incluye toda una panoplia de acciones políticas de fundamento imaginario, como si Cataluña fuese ya un Estado soberano; y cuando eso no es posible porque choca demasiado estrepitosamente con la realidad, entonces se actúa del mismo modo, pero apelando a que una vez Cataluña fue un Estado soberano, lo cual también es falso, pero permite inventarse una historia virtual aprovechando la ignorancia del común de la gente.

Una de las acciones derivadas de esta superchería básica es la de las llamadas balanzas fiscales, cálculo propio de las relaciones económicas y comerciales entre Estados distintos, pero desconocido entre partes del mismo todo político. Esta dis-torsión inicial dio origen a uno de los primeros eslóganes del populismo separatista: "España nos roba". España y Cataluña son entes distintos. Cataluña está obligada por los rapaces españoles a empobrecerse. Pero cuando alguien ha planteado a un dirigente separatista si toleraría que los del barrio de Pedralbes exigieran la independencia porque Barcelona les roba, o si aceptaría que el Valle de Arán reclamase la independencia porque tiene una lengua propia, la respuesta, llena de sentido común, ha sido siempre negativa, como es natural. Sin embargo, las contradicciones clamorosas de este tipo no arredran a los secesionistas: han perdido ya todo sentido del ridículo, y además perciben que los partidos y los gobernantes "españoles" están desconcertados y son débiles.

Y debe de ser cierto, porque el Gobierno ha entrado a este engaño como un toro de carril. Ha aceptado el planteamiento separatista y se ha aplicado a hacer el cálculo para que quede de manifiesto que el "robo" de España a Cataluña no era de doce mil millones anuales, sino sólo de ocho mil cuatrocientos. Todo un gran éxito dialéctico, como puede verse. Y aprovechando que el Esgueva pasa por Valladolid, el presidente de la Comunidad autónoma de Madrid ha corrido a lamentarse en público de que para robo español, el que España perpetra con su provincia, que es de dieciséis mil millones al año. Eso sí, no ha pedido la independencia. Fuentes habitualmente bien informadas aseguran que en La Moncloa se ha oído un gran suspiro de alivio.

Una fiscalidad no balanceada
Juan Ramón Rallo www.vozpopuli.com  25 Julio 2014

La reciente publicación de las balanzas fiscales entre autonomías no ha satisfecho a prácticamente ninguno de nuestros políticos regionales. Pero más allá de las refriegas electoralistas, el documento elaborado por Ángel de la Fuente sí debería llevarnos a un muy hondo replanteamiento del modelo de financiación autonómica.

¿Sirven de algo las balanzas fiscales?
La primera cuestión a resolver es si las balanzas fiscales proporcionan algún tipo de información útil. A la postre, hemos escuchado en reiteradas ocasiones que “los impuestos los pagan los individuos, no los territorios”, por lo que supuestamente carecería de importancia conocer el saldo fiscal de un territorio (esto es, cuántos impuestos se pagan en relación con el gasto público recibido).

La crítica puede parecer lógica, pero tiene problemas serios. Al cabo, la manera que tiene un contribuyente de recuperar parte de sus impuestos abonados es disfrutando del gasto público en el que esos impuestos se materializan. Si paga muchos impuestos y disfruta de muy poco gasto, el contribuyente está tanto más explotado fiscalmente.

En este sentido, las balanzas fiscales ponen de manifiesto la diferencia entre los impuestos pagados por los residentes de una región y el gasto público recibido por esos mismos residentes: a mayor diferencia, más explotación fiscal media dentro de esa región. De ahí que, aunque sea verdad que los impuestos los pagan los individuos y no los territorios, como esos individuos sólo tienen opción de recuperar los impuestos abonados a través de los servicios estatales que se presten en su territorio, las balanzas fiscales sí nos indican cuán maltratados fiscalmente están sus habitantes.

Es verdad que no se trata de un indicador perfecto: por ejemplo, si a un madrileño le arrebatan 20.000 euros en impuestos para entregárselos en forma de subvención a un getafense, el saldo fiscal de la Comunidad de Madrid por esta operación será cero y difícilmente podrá decirse que el madrileño ha recuperado parte de sus impuestos porque éstos se reinviertan en Madrid.

Es verdad, también, que dentro de cualquier región arbitrariamente definida podríamos encontrar subbalanzas fiscales (entre la capital madrileña y el resto de ciudades de la comunidad o incluso entre barrios de la comunidad madrileña) hasta llegar a calcular una balanza fiscal individual. Pero que el indicador tenga sus limitaciones (como todo indicador) no invalida su utilidad: sólo implica que los cálculos tendrán un cierto margen de error y, sobre todo, que estamos valiéndonos de magnitudes medias (los residentes en un territorio pueden estar maltratados fiscalmente como media sin que todos ellos lo estén).

¿El método carga-beneficio es el adecuado?
La siguiente cuestión a dilucidar es si el modo en el que se han calculado las balanzas fiscales es el más adecuado. Grosso modo, existen dos métodos para imputar ingresos y gastos: el método carga-beneficio (que es el empleado en el informe) y el método flujo monetario. El primero imputa el gasto público a aquel territorio donde residen los ciudadanos que se benefician de los servicios provistos por ese gasto público; a su vez, los impuestos se imputan a aquel territorio donde residen quienes en última instancia soportan su carga. El segundo método, en cambio, imputa los gastos allí donde se materializa y los impuestos a aquellos que los abonan en primera instancia.

Por ejemplo, supongamos que en toda España sólo existe un hospital de maternidad en Madrid y que, por los motivos que sea, en la región madrileña nadie tiene hijos. ¿Quiénes serían los beneficiarios de ese servicio hospitalario? Según el método carga-beneficio, todas las madres del resto de España que acudan a él; según el método flujo monetario, los trabajadores del hospital madrileño Otro ejemplo: las cotizaciones sociales que pague una empresa catalana por disponer de una sede con trabajadores en Extremadura se imputan a los trabajadores extremeños, pues son ellos los que en última instancia lo pagan. De ahí que, aunque ambos métodos son útiles y tienen su relevancia, el método carga-beneficio es el más correcto y relevante.

Acaso la única salvedad que pueda efectuarse en este punto se refiere a aquellos gastos generales que presuntamente benefician por igual a todos los españoles: por ejemplo, la alta dirección del Estado, la representación exterior, la defensa o la I+D. Estos gastos, que ascendieron a 17.400 millones de euros en 2011, se imputan equitativamente a todos los españoles a través del método carga-beneficio. Y aunque sea correcto hacerlo así, también es cierto que, en este caso, aquella región que concentre las entidades encargadas de la provisión de estos servicios generales obtiene un beneficio sobre el resto. En este sentido, suele aducirse que esa región privilegiada es Madrid, donde se ubican todas los Ministerios y demás burocracia estatal; motivo por el cual el método carga-beneficio sobreestimaría el déficit fiscal de esta región.

La crítica tiene parte de razón, pero tampoco debemos exagerarla: de los 17.400 millones de servicios generales, sólo 1.000 se corresponden con gastos indudablemente concentrados en Madrid. De los otros 16.400, alguna parte recaerá en Madrid, pero ni mucho menos su totalidad: por ejemplo, la acción exterior del Estado (2.200 millones) afluye al exterior; la defensa (8.500 millones) no está concentrada en Madrid, que sólo tiene un cuarto de todas las bases militares; el gasto en gestión tributaria (1.600 millones) se difumina, en un 90%, hacia los servicios territoriales; el gasto en I+D (2.600 millones) se asigna a centros investigadores y universidades de toda España, etc.

¿Qué nos dicen las balanzas fiscales de 2011?
Sentado lo anterior con sus pertinentes matices, uno puede utilizar los datos de las balanzas fiscales con una razonable confianza. ¿Y qué nos dicen estos datos? Pues, básicamente, que los ciudadanos de cuatro comunidades autónomas —Madrid, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana— están costeando las sobredimensionadas burocracias del resto de autonomías, muy en especial de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Galicia y Extremadura. Cada madrileño paga 2.700 euros extraordinarios en impuestos —y cada catalán y balear alrededor de 1.500— para financiar las transferencias de 2.700 euros anuales que recibe cada extremeño, las de 1.900 que recibe cada canario o las de 1.500 que recibe cada asturiano.

Los incentivos perversos que tal organización hacendística provoca son gigantescos. Primero, destruye la corresponsabilidad fiscal: los ciudadanos residentes en comunidades netamente receptoras demandarán más gasto público aunque ello implique pagar mayores impuestos (pues no son ellos quienes, en última instancia, los están pagando) y, a su vez, tenderán a ser más condescendientes con el despilfarro del que no es su dinero. Segundo, elimina todo incentivo a la competencia fiscal entre autonomías en la medida en que gran parte de los ingresos termina redistribuyéndose dentro del sistema. Tercero, atrofia el desarrollo de las regiones dependientes de las transferencias externas, las cuales pasan a convertirse en rentistas del resto de España: el caso más paradigmático es el de Extremadura, que obtiene el 17% de su PIB (¡el 17%) del resto de españoles (o dicho de otra forma: la principal industria de Extremadura es el cabildeo político para sacar tajada presupuestaria). Y cuarto, se gesta una comprensible tensión entre los ciudadanos de aquellas regiones que contribuyen netamente y los de aquellas otras que son receptoras netas: la reciente explosión del independentismo catalán es difícilmente entendible sin toda esta fortísima redistribución interna de la renta mal calificada de “solidaridad interterritorial”.

Los resultados de las balanzas fiscales deberían llevarnos a una revisión en profundidad del modelo de financiación autonómica: si hemos descentralizado la mayor parte de los gastos del Estado, deberíamos hacer lo propio con los ingresos. No es de recibo que una familia media madrileña esté pagando de más 7.500 euros anuales en impuestos para transferirlos al resto de España.

Por supuesto, una mayor descentralización fiscal implicará que las autonomías que hoy son receptoras netas de fondos deberán replantearse de raíz sus presupuestos. Pero no confundamos ese necesario replanteamiento presupuestario con la típica demagogia de dejar a las regiones “pobres” sin servicios educativos o sanitarios “de calidad”. Primero, porque el gasto sanitario y educativo representa el 60% del gasto autonómico total (y el gasto autonómico ni siquiera es la totalidad del gasto desplegado en una región), de modo que podrían recortarse otras partidas presuntamente menos relevantes. Segundo, porque hay formas de recortar el gasto educativo y sanitario sin merma en la calidad de sus servicios (por ejemplo, recortar los salarios de su personal, adecuándolos al poder adquisitivo medio de esas regiones: ¿por qué el sueldo base de un profesor extremeño ha de ser el mismo que el de un madrileño?). Y, tercero, porque las regiones receptoras siempre cuentan con una simple alternativa a recortar el gasto: subir impuestos a sus ciudadanos.

Ahora mismo, son los impuestos extraordinarios soportados por los ciudadanos de otras regiones los que costean parte de los gasto de las receptoras netas: por ejemplo, los andaluces reciben como media unas transferencias netas de 880 euros por ciudadano (el 5,5% de la renta per cápita andaluza) mientras que los catalanes abonan como media unos impuestos extraordinarios de 1.100 euros (algo más del 4% de su renta per cápita)… ¿por qué no invertir los términos? En tal caso, las transferencias interterritoriales se reducirían sin merma del gasto en ambas regiones.

En suma, las balanzas fiscales, con todos sus defectos y limitaciones, ponen de manifestó hasta qué punto el Estado controla y abusa de la renta que arrebata a sus ciudadanos. Cuantos más altos sean los tributos y más gasto distribuya el sector público, mayores tensiones entre ciudadanos tenderán a aparecer. Lejos de crear instituciones cuyo fundamento último sea la pugna política por el reparto del botín deberíamos avanzar hacia instituciones que promuevan la cooperación voluntaria y pacífica entre todos los ciudadanos. Y, para eso, necesitamos una reducción muy considerable de la carga fiscal que vaya de la mano de una profunda descentralización administrativa.

Descentralización administrativa
Nota del Editor  25 Julio 2014

Estoy totalmente de acuerdo en que hay llegar a la total descentralización administrativa. Yo ya tengo todos los elementos necesarios y suficientes para ejercerla. Cualquier otro nivel que no sea el mio propio y exclusivo,  no me sirve.

Solo estaría dispuesto a ceder mi control administrativo si me demostrasen que agrupándome con otros obtendría ventajas, que saldría ganando. Y me parece que para conseguir ventajas, hay que ir en sentido contrario, centralización, optimización de recursos, control, transparencia y sobre todo, los profesionales de la política expulsados de España.

La mejora del empleo y la crisis de Administración
Pablo Sebastián www.republica.com  25 Julio 2014

La encuesta de la EPA del segundo trimestre del año constituye una buena noticia que confirma un cambio favorable de tendencia a favor de la recuperación del empleo (más de 400.000 empleos nuevos) y del descenso del paro (en más de 300.000). Lo que se suma a los mejores datos relativos al crecimiento. Todo ello, por supuesto, en medio de las altísimas cifras del paro español (cerca del 25%) y especialmente de los jóvenes, y tocado por empleos temporales y de baja cualificación pero al fin y al cabo mejora. Lo que, sin duda, constituye un paso positivo que premia esfuerzos del Gobierno por más que aún estemos lejos de una recuperación importante que, según los expertos llegará cuando España crezca por encima del 2% del PIB, un objetivo que el Gobierno de Rajoy coloca para finales del año 2015.

Naturalmente, estas previsiones están pilladas con alfileres y van a depender de que, poco a poco, se cumplan los objetivos del déficit y las señales de recuperación sobre todo si las nuevas y financieras medidas del BCE entran en vigor a favor del crédito. Y si la Comisión Europea de Juncker consigue que Alemania flexibilice la austeridad y apueste por la expansión, lo que puede ser más fácil ahora que países como Francia e Italia están en zona de peligro donde antes solo habitaban las naciones periféricas del Sur de la UE (España, Grecia, Italia y Portugal), más Irlanda en el Norte.

Pero los peligros también acechan a España y a la UE como pasa con la crisis de Ucrania y las tensiones de Oriente Próximo que están repercutiendo en los precios del petróleo y en consecuencia en los costes energéticos. Y a no perder de vista la crisis catalana que podría crear en España un ámbito de inestabilidad política, ahora que se han recuperado otras crisis institucionales como son el relevo en la Corona a favor del nuevo Rey Felipe VI, y también con la sustitución de Rubalcaba al frente del PSOE por parte del nuevo secretario general Pedro Sánchez, que será confirmado este fin de semana en el congreso extraordinario del Partido Socialista.

Las cosas mejoran en España lentamente y Rajoy tiene motivos para declararse moderadamente satisfecho -‘la mejora del empleo es lo que deseaba anunciar desde que llegue a Moncloa’, dijo ayer-, aunque la gran asignatura pendiente está en la reforma y reducción de la enorme estructura de Estado español.

Y ahí tiene el presidente Rajoy el ejemplo de Francia e Italia, dos países que, en cuestión de meses, y de la mano de sus respectivos jefes de Gobierno Vals y Renzi han abordado a toda velocidad con la reducción de las regiones -Francia pasó de 32 a 13- y de las provincias y municipios. Lo que debiera ser imitado con la mayor urgencia en nuestro país, para reducir el número de las actuales 17 autonomías -muchas de las cuales son impostadas-, eliminar diputaciones y ayuntamientos e incluso el Senado si la Cámara Alta no acaba logrando una función importante, aunque solo sea en el ámbito territorial.

Pero estas reformas de fondo que en las autonomías exigen un cambio de la Constitución, y en la que podría hacerse un sitio al problema catalán, y exigen un amplio apoyo parlamentario y un nuevo consenso nacional lo que a corto plazo no es previsible. En primer lugar porque los dos grandes partidos PP y PSOE están en baja, y en segundo lugar porque ninguno de ellos querrá entrar en el debate de la reducción de autonomías -por ejemplo ¿porqué no se une La Mancha con Madrid?- porque eso podría tener un coste electoral, por lo que esas reformas que son necesarias solo podrán plantear después de las elecciones general de 2015 o de primeros de 2016.

En todo caso vamos un poco mejor y esperemos que ello sea una tendencia confirmada y no la flor de un día o de empleo temporal de cara a la temporada turística que es otro elemento de mejora de la situación económica nacional. Para la oposición y sindicatos las noticias de la EPA no son tan buenas como dice el gobierno, pero han de reconocer que va mejorando la situación lo que también ayuda porque todos viajamos en el mismo tren. Y no en dos y con rumbo de colisión como se empeña Artur Mas que además en eso tiene las de perder.

Un régimen hablado
J. L. González Quirós  www.vozpopuli.com  25 Julio 2014

La tendencia de una sociedad hiperconectada a repetir cualquier cosa, y la confusión, tan española, entre argumentar y machacar, hace que nuestra vida política parezca como un viejo Meccano, un juego que, pese a las fantasías infantiles, apenas servía para armar muy escasas piezas. Es verdad que el Meccano político de ahora es digital y posmoderno, pero sigue siendo tan limitado como cualquiera de la época de la hojalata y los coches de cuerda. Si se piensa en muchos de los debates que dominan la vida política española, se ve con facilidad que llevamos años de repetición, tanta que da la sensación de que se busca el hastío. Si algo relativamente positivo se pudo decir del 15M es que contribuyó, en alguna medida, a ampliar el lenguaje político imperante, acrecentando levemente, al menos, un panorama en que el agotamiento semántico era una evidencia. Sin embargo, y para no variar, el debate actual en torno a Podemos, un guirigay que no cesa, está incurriendo específicamente en los mismos defectos, se habla continuamente de ellos y se repiten hasta la saciedad los mismos argumentos, se confunde el debate con la propaganda, y la política con el parloteo.

Se trata de un problema muy viejo, de la tendencia a encerrar la política en un viejo museo de tópicos. Es también un mal bastante extendido, pero cualquiera que niegue que en España se habla mucho más de lo que se piensa, y se hace mucho menos de lo que se habla, nos conoce bastante mal. Josep Plá, uno de los cronistas más brillantes de nuestra historia caracterizó así, hace ya casi ochenta años, el nuevo sistema: “La segunda República española ha sido un régimen hablado, verbal, que no pudo superar, en realidad, la fase meramente sonora de los problemas que enfocó -de los problemas antiguos y de los que por el hecho de haberse implantado proyectó el nuevo régimen sobre España.” Este triunfo del bla-bla-bla está conociendo ahora momentos auténticamente estelares, y no solo a propósito de Podemos, porque vivimos en un reino en el que la política se confunde con casi cualquier cosa que se haga con palabras. Somos muy buenos disfrazando un problema, con frecuencia grave, con media docena de vocablos.

Está claro que el momento histórico en que vive el mundo occidental ayuda en este proceso de confusión entre realidades y palabras, entre leyes y deseos, entre problemas y soluciones, entre la política y el parloteo. Tanto hablar de una sociedad líquida, ha podido acelerar el proceso de liquidación institucional en el que estamos inmersos, una nueva etapa en que se cumple con eficacia y celeridad el lema que Marx tomó de La Tormenta de Shakespeare, pues cunde, en efecto, la sensación que “todo lo sólido se disuelve en el aire”. Por esta vía se pueden liquidar leyes, instituciones, Constituciones, Naciones, de modo tal que el proceso termine en una aniquilación efectiva de algo que debiera tener alguna mayor consistencia que las meras palabras. Nos aproximamos a toda velocidad a una fecha en la que se pretende liquidar la Nación y la Constitución mediante unos juegos de palabras, a golpe de “España nos roba” y del “derecho a decidir”. Apenas nada se opone a este frente liquidador, y es tal el clima de irrealidad que ya hay quien piensa que ese proceso se ensayará ahora con un Gobierno fuerte, que pueda no ceder, y se rematará en unos años con un Gobierno débil y descompuesto que no tenga otro remedio que acomodarse a lo inevitable. Se trata de una profecía un tanto surrealista, pero puede acabar imponiéndose, como si España entera se convirtiese en un nuevo callejón del gato.

Acordes con este clima de verbosidad extrema se han presentado recientemente dos Manifiestos. La liturgia es casi siempre la misma, unos intelectuales, algunos políticos un poco descolocados y otras gentes de buena intención, se hacen la foto, salen en los papeles y repiten que si tal o que si cual. Unos reclaman mayor unidad y que no se ceda al chantaje, otros descubren los méritos que atesora la fórmula federal, todo ello a propósito de ese torrente de sentimientos y de palabras que se desparrama desde Cataluña en muestra de cómo se sienten un número, creciente o no, de catalanes. ¿Qué pasa luego? Nada, generalmente: se habla durante un par de días, y vuelve la burra al trigo. Se trata de ejemplos paradigmáticos de confusión entre la política y las meras palabras, como si las palabras conservasen ese viejo prestigio que tuvieron cuando apenas sabía leer el treinta por ciento de la población. Paradójicamente, esa generosidad con los pronunciamientos coexiste con que en el Parlamento nadie parece sentir la necesidad de decir nada que se salga del guión, del puro repetir.

Naturalmente que está bien que mucha gente diga lo que piensa y lo diga con claridad, pero el problema del que hablan ambos Manifiestos no se arregla hablando, es más, no tiene solución posible con esa, digamos, técnica. Por más que se insista en que hablando se entiende la gente, todos sabemos que, salvo casos rarísimos, no hay manera de construir una realidad a base de verbos, sustantivos y adjetivos: son otras las cosas que hay que hacer, y esa cosa se llama política, algo que exige palabras pero que, sobre todo, necesita de acciones, recuperar el control de un partido o crear otro, tener una papeleta con un programa atractivo que la gente pueda votar, tratar de ganar unas elecciones y decir qué se va a hacer; es evidente que para eso hay que hablar, pero hay que hacer mucho más. La democracia es el poder del pueblo, y puede morir de inanición si se convierte en el reino de las vaguedades.

Hay que pensar en leyes, en reformas, en soluciones. La política es justamente el arte de buscar soluciones a los problemas sin crear otros mayores, pero ahora parece estar de moda hablar de los problemas y confiar en que se resolverán de alguna manera, sin explicar a nadie lo que puede pasar cuando se hacen ciertas cosas. Dos ejemplos muy recientes: quienes proponen que Cataluña se independice, no sienten ninguna necesidad de explicar cómo será su moneda, cuál será el presupuesto de la nueva nación, como se las van a arreglar fuera de España y fuera de la Unión, y no lo dicen porque, al parecer, basta con afirmar que estas son falsas preguntas que plantean los enemigos de la patria catalana. Si escuchamos a Podemos hablar de la deuda levitaremos: al parecer bastará con auditarla, discutirla mostrando su injusticia,… y no se paga. Si se pregunta cómo se conseguirá el milagro de poder seguir viviendo de forma tan alegre, se nos recordarán ejemplos irrelevantes, que nadie podría verificar, y se confirmará su peculiar fe en su no menos peculiar democracia, una solución asequible, inmediata y capaz de superar toda clase de contradicciones: bla, bla, bla.

Cuando mucha gente repite que el régimen se está agotando puede estar haciendo algo más que hablar. En cualquier caso, un nuevo escenario político no surgirá de la charlatanería, sino de las acciones y las concertaciones, no de repetir tópicos, como que hay que hacer un cambio generacional, sino de hacer que los electores vuelvan a recuperar su esperanza en la política, en las acciones y en las decisiones. Alguien tiene que hacerlo, y el plazo es perentorio, en especial, para los viejos partidos. No les bastará un nuevo Sánchez ni un Rajoy sobreviviendo, supuestamente, a los desastres. Tendrán que imaginar algo nuevo, o el viento y la ira del desengaño se los llevará por delante.

Lengua y aparencia
HERMANN TERTSCH ABC 25 Julio 2014

¿Por qué hay tanta gente en Cataluña en estos momentos que te habla ex profeso para que no le entiendas?

ME sucede continuamente en las redes sociales que se dirigen a mí en catalán. Lamento no hablarla porque toda lengua suma riqueza. Vengo de un entorno y una tradición políglota, especialmente por mi parte centroeuropea, en la que dominar cinco o seis lenguas y defenderse en otras tres o cuatro no era algo extraordinario. Lo dicho, al no ser catalán una de las lenguas que hablo se lo hago saber al interlocutor. Y no se lo hago saber en alemán o inglés, ni en esperanto, serbocroata o yiddish. Sino en la lengua común que hablamos los dos. Que es el castellano o español, que debemos dominar por ley todos los españoles y hablan otros 450 millones de seres humanos. En la mayoría de los casos en que obtengo respuesta, me llega, créanselo, otra vez en catalán. Ahí suelo cortar el diálogo. Pero no siempre. Con algunos he intentado prolongar mi argumentación en favor de la lengua común. Y ellos han respondido en catalán. Llegado aquí, querrán algunos que exprese ese sinsentido de que «no tengo nada contra el catalán». ¿Qué puedo tener yo contra una lengua? Contra una lengua muy cercana al castellano y que, escrita o hablada en según qué partes de Cataluña, entiendo razonablemente bien. No hay desafecto posible ni por lejana ni por remota. No lo hay contra ninguna otra. Ni contra el chino ni el swahili ni ninguna de las ochenta lenguas y sus mil dialectos que supongo habrá en el estado indio de Uttar Pradesh. ¡Que menuda autonomía, con sus 200 millones, y no quieren independencia! Por la misma razón que no tengo nada contra ningún país ni contra ninguna raza o paisanaje. Es una ofensa atribuir a alguien tales fobias primitivas. Por mucho que las tribus las cultiven.

En ningún rincón del mundo ?salvo trastornos muy puntuales de conducta? se encuentran personas que, pudiendo entablar comunicación y entenderse en una lengua común con un extraño, recurran para hablar con éste a otra en la que no hay entendimiento posible. Más allá del odio que siembra a diario el nacionalismo? Más allá de las cansinas y grotescas letanías del victimismo? ¿por qué hay tanta gente en Cataluña en estos momentos que te habla ex profeso para que no le entiendas? Cabe sospechar que no quieren salirse de su muy frágil guión. Que muchos de ellos pretenden muy firme y radical sobre muy frágiles fundamentos. Toda una metáfora de la negación de la realidad que el nacionalismo promulga. Y que impone a todo el que quiera seguir haciendo una vida razonablemente normal. Han logrado, con toda la colaboración de la desidia y ceguera del poder central de 35 años, crear en estos años últimos un estado permanente de emergencia identitaria, en el que la adhesión individual al proceso sedicioso es requisito imprescindible para recibir el trato de ciudadano de pleno derecho.

El activismo contra las leyes y la Constitución se prima, promueve, aplaude, financia y recompensa desde las instituciones públicas. Mientras la lealtad a las leyes y al marco constitucional en cuanto se manifiesta, se persigue, ridiculizado, vilipendiado y sometido a represalias y al desprestigio social hasta la muerte civil. Si la catástrofe no se consuma y el espíritu de la ciudadanía, de la libertad y la igualdad, del respeto a las leyes se impone, se verá que han sido muy pocos los ultras del separatismo que han marcado tono, cadencia y volumen. Los que reaccionan con ira ante un manifiesto como el de Libres e Iguales, que apela tan solo a la serenidad, a la verdad y a la ley. Se verá, como tras tanto régimen finiquitado, casi nadie era de verdad lo que pretendía. Que querían hablar las dos lenguas. Y, por fin una verdad, que les habían prohibido entenderse. Es la necesidad de la apariencia. Es el poder de la mentira.

Sería una excelente noticia que dimitiese el presidente del Tribunal de Cuentas
Felicísimo Valbuena www.lavozlibre.com  25 Julio 2014

Consultor y Periodista

Información, ruido y, después, ¿nada? Sí, algo: Dimisión.

Estamos leyendo, oyendo y viendo un día sí y otro también todo tipo de escándalos.

Entre ellos, el ocurrido en el Tribunal de Cuentas, donde familiares diversos han encontrado un puesto de trabajo en estos tiempos de crisis.'El País' ha ido informando sobre este asunto. Después, el Presidente del Tribunal, D. Ramón Álvarez de Miranda ha ido al Parlamento a dar explicaciones.

Lo que más llama la atención es que los grupos parlamentarios hayan pedido explicaciones y reformas. Y el Presidente del Tribunal de Cuentas se las ha dado. Otra cosa muy distinta es que a los representantes de los partidos les hayan convencido. De hecho, el escándalo parece haberse disuelto como una de esas nubes cárdenas que amenazan con desencadenar una tempestad.

¿Por qué no han exigido esos grupos la dimisión del Presidente? Éste es el ruido que subyace en esa comparecencia. No elevaron mucho la voz porque quizá pensaban que Álvarez de Miranda podría actuar como cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro es interpelado en el Parlamento responde atacando. Y ese Presidente del Tribunal de Cuentas sabe muchas cosas sobre todos y cada uno de los partidos. O dicho de otra manera: no se sienten con fuerza moral para reprochar sus acciones al Presidente Ramón Álvarez de Miranda.

El deber de los periodistas es detectar el ruido debajo de la información que alguien transmite y convertir ese ruido en información para sus lectores, oyentes o telespectadores. Por eso, pienso que el Presidente del Tribunal de Cuentas ha de irse a su casa.

Lo que sabemos sobre lo que ha ocurrido en el Tribunal de Cuentas desmoraliza a los contribuyentes

Creo que, entre los escándalos que han ocurrido en los últimos años, éste es uno de los que más puede desmoralizar. Porque el encargado de cuidar de la rectitud en las Cuentas de los españoles, ha sufrido una pérdida de credibilidad muy grande. Y la credibilidad no es algo que se pierde poco a poco. No, la credibilidad capota como las avionetas que se estrellan. A partir de ahora, cuando este Presidente afirme algo, muchos contribuyentes no le vamos a creer. Incluso, volveremos a leer sus explicaciones ante la Comisión del Congreso y veremos que ha echado balones fuera sobre lo que ha ocurrido en el pasado, cree que cierra el problema prometiendo que no va a ocurrir más y finaliza proponiendo reformas. Nada menos que crear más burocracia para controlar al Tribunal de Cuentas.

Todo esto me recuerda una historia que traía W. L. Rivers en su libro Periodismo, Prensa, Radio, Televisión. Luego la he visto reproducida en algunas presentaciones que los internautas difunden por Internet.

Lo que no interpreta Rivers es la historia desde la Teoría de la Información. El “bit” es la unidad de información que reduce la incertidumbre en, al menos un 50% de la que un receptor tenía anteriormente. Y efectivamente, la reduce en el campo del conocimiento, pero puede aumentarla en el del sentimiento. Es decir, las revelaciones de lo que ha ocurrido en el Tribunal de Cuentas nos han ayudado a estar mucho mejor informados, pero también, a estar mucho más desmoralizados. Por eso, para recobrar la moral, tal como la entendía Ortega, juzgo muy conveniente y necesaria la dimisión del Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda. Fijémonos en que el mismo médico que le recomienda a un amigo que se cuide, luego le va informando hasta dejarle enteramente desmoralizado.

Y aquí viene la historia
«Un hombre que ha trabajado excesivamente durante una larga temporada, visita al médico. Este le dice que, si aprecia en algo su vida, debe tomarse una temporada de descanso, llevada a rajatabla.

Impresionado por el diagnóstico del médico, el paciente llega a su casa y dice a su familia que se marcha a descansar a las montañas y que no le interrumpan ni le llamen por nada del mundo, puesto que su salud es lo primero.

Al regresar, le espera en la estación Enrique, amigo suyo.
-Bueno, Enrique, ¿cómo están las cosas por mi casa? ¿Que novedades hay?
-Nada nuevo, Jesús, sólo una cosa sin importancia. El perro murió durante tu ausencia.

-Lo siento mucho. ¿De que murió?
-Comió carne de caballo quemada y eso lo mató.

-¿Carne de caballo quemada? ¿Que pasó?
-Bien, es que se quemó el granero y también los caballos y vacas que había en él. Al apagarse el incendio, el perro se acercó y comió carne de caballo quemada y eso lo mató.

-¿Cómo se inició el incendio del granero?
-Le llegaron las chispas que salían de la casa.

-¿También se quemó la casa?
-Oh, sí, quedó completamente destruida.

-¿Qué ocurrió para que se quemase?

-Había unos cirios encendidos y uno de ellos cayó sobre las cortinas de encaje, de allí el fuego se comunicó al techo, luego al granero, el cual se quemó junto con los caballos y las vacas. Y cuando se habían enfriado las cenizas llegó el perro y comió carne de caballo quemada y eso lo mató.

-¿Cirios? ¿En una casa que tiene gas y electricidad? Nunca tuvimos que encender cirios.
-Eran los cirios que rodeaban el ataúd.

-¿Ataúd? Quien se murió?
-Oh, sí, olvidaba decírtelo. Tu suegra murió.

-¿De qué?
-No estoy seguro, pero los vecinos dicen que fue por la impresión que le causó que tu esposa se fuera a tomar una temporada de descanso. Y acompañada. Y no por ti precisamente».

El final del túnel.
Vicente A. C. M. Periodista Digital  25 Julio 2014

Hay un dicho que compara el efecto de un traslado de material de oficinas como carpetas, legajos, etc. al de un incendio. Y la verdad es que en las sedes judiciales han ocurrido sucesos bastante inexplicables de “sustracción” de importantes documentos relacionados casi siempre con casos de corrupción al por mayor. La noticia que aparece hoy es el final del túnel del caso más grande de corrupción instruido en España, el de los Falsos ERE’s o el de los fondos de reptiles como prefieran, ocurrido durante más de una década en Andalucía con la imputación de altos cargos de la Junta y otros hasta un total de unas 200 personas. Este magno proceso ha sido llevado en exclusiva por la Juez Mercedes Alaya, que ha tenido que sufrir durante estos cuatro años de instrucción toda clase de ataques personales, mediáticos e intentos de bloqueo a su Instrucción según avanzaba y se desvelaban ramificaciones que afectaban a la estructura de la Junta de Andalucía y se subía en la jerarquía de la Junta hasta la Presidencia.

Pues ese Sumario está siendo empaquetado para su envío al Tribunal Supremo, algo preceptivo cuando entre los imputados figuran “aforados”. Este paso deja en manos del Tribunal Supremo la oportunidad histórica de impartir Justicia a la vista de las evidencias presentadas sobre la participación delictiva de los altos cargos, o al contrario, corroborar de manera vergonzosa la politización de la institución buscando la exoneración de los principales aforados. La mayor duda es sobre esta actitud que, dados los antecedentes con otros implicados de la casta política, no auguran nada bueno y se teme la desvirtualización del Auto de la juez Alaya negando la complicidad activa de personajes como Griñán, Chaves o Magdalena Álvarez.

Porque si a los ciudadanos algo les ha quedado tan claro como a la instructora ha sido el que en la Junta de Andalucía se creó un sistema ex profeso para el desvío incontrolado de fondos públicos a ese llamado de “reptiles” para su uso discrecional y fraudulento. Un asunto que implica directamente a algunos de los máximos responsables de la Junta de Andalucía durante diferentes fases de Gobiernos liderados por el partido Socialista de Andalucía. Una implicación negada desde el comienzo de la investigación pero que la juez Alaya se ha ido encargando de corroborar y que ha ido provocando “huidas” tan poco creíbles como la de Griñán, manteniendo siempre el blindaje judicial del aforamiento.

Y la cuestión es si esos más de 200.000 folios del Sumario que han sido recopilados a lo largo de los últimos cuatro años de Instrucción, van a poder ser resumidos por la juez Alaya de forma que el Tribunal Supremo no tenga la excusa de usar la complejidad y enormidad del mismo para su troceamiento y diversificación en diferentes Salas dependiendo del aforamiento o no de los imputados y de su relación jerárquica o vínculos con las diferentes ramas de desvío de los fondos. Y ya se sabe el viejo lema de “divide y vencerás”, en este caso nada más oportuno para intentar que no se vea todo en su conjunto sino en múltiples aristas, que la prescripción alcance a la mayoría de los delitos imputables a los principales aforados o que se dé directamente el rechazo de los argumentos dados por la juez Instructora en sus Autos de imputación, como se ha pretendido numantinamente con la ex Ministra y Consejera de economía Magdalena Álvarez.

Claro que por otro lado, como dije al principio, las sedes judiciales suelen adolecer de medidas de seguridad que garanticen la custodia de los documentos y legajos. Un “oportuno incendio” o traspapeleo de cajas pueden dejar incompletos aspectos fundamentales del Sumario. Pero supongo que ya que estamos en la época de la informática, toda esa documentación habrá sido debidamente escaneada y almacenada en diferentes soportes de memoria, como se suele hacer con los Presupuestos Generales del Estado u otros documentos públicos. La era de los furgones y cajas de carpetas de documentos es una imagen arcaica que no debería producirse.

Por fin la juez Mercedes Alaya podrá poner fin a estos cuatro años de calvario personal y familiar que le ha supuesto intentar cumplir con su deber pese a la férrea oposición política e incluso de su jerarquía judicial, en una clara y vergonzosa injerencia e intento de coartar su libertad de investigación, sin poner tampoco los medios de ayuda necesarios para la inmensa labor que este caso requería. Desde aquí quiero volver a manifestar a la juez Alaya mi más profunda admiración, respeto y agradecimiento por su tenacidad y su independencia demostrada frente a todos. Personas como usted hace que aún podamos tener algo de esperanza en que la Justicia sea de verdad algo igual para todos, incluso para aquellos que se esconden tras el aforamiento.

Por todo, ¡Gracias Dª Mercedes Alaya!.

El problema catalán
Fernando Sánchez cronicaglobal.com  25 Julio 2014

Mientras el mundo vive horas de zozobra, nuestro país se encuentra "en vilo" ante la próxima reunión entre el Presidente del Gobierno y el Presidente de la Generalitat. El encuentro viene precedido estos días por un potente murmullo que reclama un "gran acuerdo" para zanjar el malestar catalán. Una parte de la opinión pública y sectores de referencia en la vida civil solicitan un pacto que resuelva o aplace el problema que amenaza con hacer descarrilar, entre otras cosas, la recuperación económica.

No lograremos superar de verdad el envite catalán y el problema catalán hasta que entendamos, en toda España, que el catalán es tan español como el castellano, que la sardana es tan española como la jota o la sevillana

La primera cuestión que debemos plantearnos es si existe realmente un problema de fondo entre Cataluña y España. La respuesta es ambigua: sí y no. Por tanto, doblemente sí. No existe un problema objetivo de calado en Cataluña. Ciertamente, nuestro modelo territorial presenta desajustes. Pero ello no explica, de ningún modo, la reivindicación de la independencia. Cataluña goza de un grado de autonomía y de descentralización política altísimo. Sus competencias culturales, políticas, educativas y económicas son enormes. Mayores, muchas veces, de las que tienen los Estados federales de Europa y del mundo.

¿Podemos concluir, entonces, que no hay ningún problema? Al contrario. Tenemos un doble problema. No hay un problema objetivo, pero nos hallamos ante un importante problema subjetivo. Nos encontramos ante una parte de la población catalana que piensa que Cataluña está maltratada, acosada y reprimida. Es un sector minoritario, pero movilizado y ruidoso. El problema, pues, no está en los datos, sino en las percepciones, el problema no es objetivo sino subjetivo. Cabe tenerlo muy en cuenta a la hora de abordar su solución. Esta solución tiene una enorme complejidad, pero me gustaría solamente presentar cuatro ángulos que debe tener presente.

1) La solución no puede ser la de siempre
A lo largo de treinta años, el Estado ha abordado las turbulencias catalanas con una misma estrategia: más transferencias a cambio de estabilidad institucional. El resultado es palmario: el independentismo es hoy más fuerte que nunca. Así pues, la solución al pleito catalán no puede ser la de siempre, no puede pensarse con los parámetros habituales. Es imprescindible romper el marco de canje que ha imperado a lo largo de treinta años y configurar un nuevo paradigma que resuelva el pleito por elevación.

Hay que reconocer que sería posible llevar a cabo una reformulación de la arquitectura política de España. Pero ello debería contar con una premisa imprescindible de la que hemos estado carentes estos últimos años: la lealtad institucional. Podríamos hablar de cerrar el modelo siempre que tuviéramos la seguridad de que el nacionalismo iba a hacer lo que precisamente no ha hecho: ser leal institucionalmente e implicarse en el proyecto común español.

Debemos plantearnos también si podemos transigir que cale la idea de que la agitación y la deslealtad institucional pueden tener consecuencias positivas. La insurrección institucional nunca puede ser el camino para forzar al Estado a negociar. Nos tenemos que preguntar si no cabe domeñar primero el órdago soberanista. Y, una vez superado, hablar de todo aquello que el sentido de responsabilidad nos lleve a reformar y mejorar. De todos modos, aquí entra en juego la prudencia política, que, en vistas al bien común, debe sopesar los escenarios. El soberanismo no tiene razón, pero tiene también unas razones que hay que abordar.

2) Fortalecer la idea de España
La independencia no es una realidad lejana. No es solo un futuro imaginado. La independencia simbólica, sentimental y cultural es ya una realidad de facto en muchos pueblos y ciudades de Cataluña. España tiene que volverse a hacer presente en Cataluña. Debemos fortalecer, pues, la presencia del gobierno, de las instituciones, de la historia y de la cultura común española en Cataluña.

Pero este fortalecimiento de la idea y la experiencia de España en Cataluña debe ir acompañado de algo también importante. Es urgente llevar a cabo un ensanchamiento de la idea de España. Es fundamental que la noción de España y el relato sobre lo español incluya también la realidad catalana. No lograremos superar de verdad el envite catalán y el problema catalán hasta que entendamos, en toda España, que el catalán es tan español como el castellano, que la sardana es tan española como la jota o la sevillana. La solución al pleito catalán pasa, también, por ahondar en la realidad pluricultural y plurihistórica de España.

El soberanismo ha tenido éxito, sin duda, por sus argumentos populistas y economicistas. Pero si ha logrado impregnar a fondo las conciencias catalanas es, también, porque ha conseguido generar una ilusión comunitaria

3) Articular una alternativa
En ocasiones, la realidad supera nuestras expectativas. Lo último que hubieran pensado los nacionalistas es que su desafío iba a provocar, por ejemplo, el nacimiento de una entidad como Sociedad Civil Catalana. Este ha sido el aspecto positivo del proceso: ha provocado una reacción que ha roto la hegemonía absoluta que tenía el nacionalismo catalán en la sociedad civil organizada. Es imprescindible seguir caminando en esta dirección. Debemos construir una alternativa cultural, social y política al nacionalismo catalán, que lleva casi cuatro décadas pastoreando la realidad catalana. Esta alternativa debe ser amplia y transversal, y no debe plantearse como un frente cerrado y compacto, sino más bien como un mosaico articulado. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de poner las bases para que un día pueda haber un gobierno no nacionalista en Cataluña.

4) Definir un nuevo proyecto histórico español
El soberanismo ha tenido éxito, sin duda, por sus argumentos populistas y economicistas. Pero si ha logrado impregnar a fondo las conciencias catalanas es, también, porque ha conseguido generar una ilusión comunitaria. Ha presentado un proyecto de futuro esperanzador. Hace tiempo, en cambio, que España avanza sin un proyecto histórico claro, sin una narrativa precisa. El patriotismo constitucional y cívico no es suficiente. Si queremos invitar al conjunto de catalanes a sumarse –y hasta a liderar- una nueva realidad española, debemos tener claro cuál es nuestro proyecto. No hay vida humana sin narrativa. Tampoco hay vida nacional sin narrativa nacional.

Necesitamos un relato nacional ilusionante. Necesitamos un proyecto histórico capaz de atraer y agregar muchas de las fuerzas centrífugas que surgen en nuestro país. Un proyecto construido en el diálogo entre el pasado y el futuro, entre las propuestas de la tradición y la libertad creativa contemporánea. Para construir una nueva narrativa tenemos que redescubrir nuestro patrimonio cultural. En los pliegues de nuestra tradición literaria, artística, filosófica y religiosa, en los pliegues de nuestra historia, encontraremos muchos principios que pueden servirnos de inspiración para formular un proyecto creativo y moderno para el siglo XXI.

GIBRALTAR
La provocación de Picardo
Miguel Cámara www.gaceta.es  25 Julio 2014

El ministro de Gibraltar no pinta nada en este asunto.

La reciente visita que ha hecho Fabián Picardo a España ha sido un mal gesto, pero mucho peor ha sido que lo hayan recibido algunos de nuestros ineptos políticos. Picardo ha venido para convencernos de que Gibraltar es inglés, sin aportar ni una sola razón legal ni histórica que sustente su adoctrinada opinión, y nos pide que dejemos ya de ejercer el derecho al pataleo, que es todo cuanto hemos hecho desde siempre. Ahí radica la vergüenza del eterno problema de Gibraltar: los ingleses, sin razón, actúan con fuerza frente al derecho que nos asiste y defendemos con debilidad endémica.

Lo cierto es que Picardo no pinta nada en este asunto; el contencioso es entre España e Inglaterra, y con Gibraltar, en este asunto, no se puede contar para nada (con el máximo respeto que merece una población a la que han ofrecido asentarse en un terreno que no les pertenece) Picardo es un simple testaferro a las órdenes de quien ostenta hoy la responsabilidad heredada por la usurpación del Peñón hace trescientos años, que no es otro que el Primer ministro inglés, la única persona (o su Ministro de Exteriores) con la que nuestro Gobierno debería tratar el contenciosos. Es más, ni siquiera eso; el Gobierno español, si verdaderamente el problema de Gibraltar fuera un asunto prioritario como acaba de declarar cínicamente Margallo, se olvidaría por completo de Inglaterra e iniciaría las acciones legales para ejecutar la sentencia de las Naciones Unidas de 1946 que exige la devolución de Gibraltar a España; y existe, además, una Resolución del Comité de los Veinticuatro, de 1.966, también de las Naciones Unidas, que dice, textualmente: “No debe retrasarse más la terminación de la situación colonial de Gibraltar”.

Nuestro derecho al pataleo consiste en ambigüedades, como criticar los abusos y el contrabando que se cometen en la Colonia, como si eso fuera argumento para la devolución del Peñón. Ese problema, y otros, se considerarán una vez que se restituya la propiedad del suelo a España. También es triste recordar las palabras del ministro cuando arrojaron los bloques de hormigón con pinchos de hierro al mar para arruinar la pesca en nuestras aguas. “Se acabó el recreo en Gibraltar”, dijo, y también: “Vamos a cobrar 50 euros por cruzar la verja”. No cambió nada, sólo que aumentó nuestra vergüenza y descrédito; de esta forma, el ministro García-Margallo le allanó el camino a Picardo para venir a provocarnos a nuestra propia casa ¡Qué vergüenza!

GRUPOS CRÍTICOS
VOX decidirá su futuro en una asamblea complicada
Eurico Campano y Juan E. Pflüger www.gaceta.es  25 Julio 2014

Más de 800 militantes se han acreditado. Entre ellos se presenta una corriente crítica que quiere ganar protagonismo en las decisiones del partido.

El próximo sábado la formación política VOX se enfrenta a la primer Asamblea Ordinaria de su corta historia. GACETA.ES se ha puesto en contacto con la actual dirección del partido que ha señalado el importante esfuerzo que ha realizado la militancia durante las últimas semanas. En su opinión es todo un éxito que se hayan acreditado para la Asamblea 800 de los 4.000 militantes que tiene el partido.

También han señalado que la propuesta de enmiendas ha sido muy importante, se votarán 100 que son las que han conseguido suficiente respaldo de la militancia para pasar al encuentro del sábado. Según el sistema arbitrado para el proceso de enmiendas, cada militante podía presentar las suyas y pasarían a votación aquellas con más de 25 apoyos.

Una de estas enmiendas, que hace referencia al modelo de elección del comité ejecutivo de la formación, ha suscitado polémica entre un grupo de militantes. La propuesta, presentada por Luz Trujillo, una militante de base, pretende que los afiliados voten a un candidato a la presidencia de VOX, y que sea este el que elija a los otros miembros de la ejecutiva.

Contra esta enmienda se ha aglutinado un grupo de miembros del partido que consideran que deben ser elegidos directamente los doce miembros de la dirección nacional. Este diario se ha puesto en contacto con uno de sus portavoces, Ramón Calvo de la Hoz, quien explica que consideran su propuesta más ajustada al manifiesto fundacional porque redunda en una mayor democracia interna. Del mismo modo han señalado que no descartan plantear impugnaciones a propuestas que estén enfrentadas al texto fundacional y presentan la enmienda de Trujillo como un intento de controlar el partido por parte de los dirigentes actuales.

Frente a estas afirmaciones, los actuales responsables de VOX aseguran que la asamblea será la encargada de juzgar la conveniencia o no de cada una de las propuestas.

Del mismo modo, en la asamblea del próximo sábado se sabrá el camino que toman varios de los fundadores del partido tras no haber conseguido obtener representación en el Parlamanto Europeo. Son, en concreto, el que fuera cabeza de lista, Alejo Vidal-Quadras, Ignacio Camuñas y José Luis González Quirós.

Vidal-Quadras ya anunció hace meses su intención de desvincularse del proyecto y cedió sus competencias como presidente de VOX a González Quirós, quien podría ser uno de los candidatos a liderar el partido en el futuro. Por su parte, Camuñas ha llegado a plantear la supresión de la asamblea del sábado para intentar apaciguar las discusiones internas.

De los tres, el que más tendrá que decir el sábado es el propio Quirós, que no ha ocultado su intención de intentar encabezar el proyecto político a partir del 20 de septiembre, día en el que se nombrará la nueva dirección. Frente a su posicionamiento destacan otros posibles candidatos, miembros como él de la actual dirección, como son Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros o Cristina Seguí.

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El poder fáctico de las falacias

Ernesto Ladrón de Guevara www.latribunadelpaisvasco.com  25 Julio 2014

Sin duda, basta que una idea lanzada al aire tenga fortuna para que se convierta en un totem en el argumentario colectivo, aunque carezca de las mínimas bases de contraste y certidumbre.

Por ejemplo: en los últimos meses se emiten mensajes –siempre desde la izquierda- de que para resolver el problema catalán –los vascos afortunadamente hemos pasado a un plano secundario- hay que promover una España federal; o mejor dicho, para ser exactos, no se habla de España (tabú) sino del Estado; Estado federal.

Pero nadie nos dice su concepto de federalización del Estado, sobre lo que se entiende por Estado federal.

Desde el punto de vista de la ciencia política, Estado federal es el sumatorio de unos territorios con una trayectoria histórica previa que libre y voluntariamente acuerdan constituir un Estado federando a sus partes, es decir, articulando un poder central que arbitre y modere a los gobiernos de cada una de las partes. Ese es el caso de Estados Unidos de América (su nombre lo dice todo) o de Alemania, que englobó diferentes naciones históricas que durante el paso del tiempo se unieron, se dividieron y luego fueron de nuevo argamasados en una unidad federalizada.

Pero seamos claros: un Estado federal es una forma de gobierno donde las partes tienen la misma consideración y el mismo rango político en relación al Gobierno federal, donde no hay diferente trato para cada una de las partes. Si una unión de diferentes territorios se fundamenta en el diferente rango de autonomía y de derechos políticos según se trate de unos o de otros, aceptando los privilegios como pauta de funcionamiento y de tratamiento de la diversidad, ese Estado no es federal sino confederal, y en ese vicio está la adulteración de su concepto y su perversión de origen.

En un Estado federal cada una de sus partes tiene la misma consideración que el resto. No sería comprensible que el Estado de Sajonia tuviera más competencias y poderes que el Estado de Baviera, en Alemania, por poner un ejemplo. Todos los Estados tienen la misma consideración. ¿Alguien se podría imaginar que Cataluña o Euskadi aceptaran tener el mismo valor, los mismos poderes y las mismas competencias, que Extremadura, o que Murcia? ¿Entonces cómo pretenden armonizar las aspiraciones secesionistas, basadas en el privilegio, con una fórmula federal del Estado? ¿No nos están dando gato por liebre?

En su propuesta de reforma, el Partido Socialista admite cinco hechos diferenciales, lo cual es un oximorón, pues un partido que tiene como paradigma la igualdad y como aspiración última una sociedad justa donde las personas sean libres, iguales e inteligentes –programa máximo- no puede aceptar, por ejemplo, que la lengua sea un punto de partida para el trato de favor; o las nacionalidades, bajo un pretexto artificioso; o la supuesta existencia político-histórica de determinados territorios sin el aval científico de la historiografía; o los derechos históricos de los territorios forales que son un residuo medieval y arcaizante. Para qué nos vamos a engañar con señuelos. Este tipo de planteamientos es propio de partidos conservadores como el PNV, el Partido Carlista u otros, más situados en el siglo XVIII español que en el siglo XXI. Pero que lo plantee como doctrina universal, como elemento de fe cuasi-religiosa, un partido cuyos fundamentos de origen eran la emancipación de los trabajadores y el socialismo, es un sarcasmo que hiere la inteligencia.

Pero, incluso profesionales del periodismo de alto copete se están contagiando con el virus de la “negociación” para evitar el choque de trenes. ¿Pero qué se puede negociar con quien pretende romper el marco de convivencia, la soberanía de nacional, y la estructura política en la que se soporta indefectiblemente el desarrollo económico y social del conjunto de los españoles? ¿Es que los catalanes no nacionalistas no tienen derecho a que se proteja su españolidad y se preserven sus libertades? ¿De qué se puede negociar y que reforma del Estado se puede hacer mediante la modificación de la Constitución para que las aspiraciones independentistas se vean garantizadas y así se sientan cómodos los que quieren romper el marco de convivencia y entendimiento que nos dimos a la salida de la Dictadura? ¿Cómo es posible que desde un planteamiento serio de determinados medios de comunicación considerados sólidos y prestigiosos se pueda suponer que una reforma constitucional va a satisfacer a los rupturistas sin dejar tirados en la cuneta a la mayoría de los ciudadanos que lo único que persiguen es vivir en paz y libertad, sin convulsiones ni rupturas que se repitan cada treinta años? ¿Para vestir a un santo hay, necesariamente, que desvestir otro?

Es todo demasiado absurdo. Si hay choque de trenes será porque tiene que haberlo. Churchill decía que hay que construir la paz preparándose para la guerra.

Ceder continuamente a los chantajistas es la mejor manera de perpetuar el conflicto. A las pruebas de la historia reciente me remito.

España necesita un giro, es verdad, pero no en la dirección apuntada por los independentistas sino en la orientación contraria. Todos conocemos el caso de la gente camorrista de una sociedad que es la que aparece continuamente en los medios de comunicación, mientras que la gran mayoría de la población, la que hace avanzar las sociedades, es la masa anónima, la que no es noticia.

Es a esta gente a la que hay que prestar atención, abordar sus necesidades, buscar su bienestar, no a los gritones, a los pendencieros. España necesita más bien una recentralización, sin menoscabo de atender a la diversidad y descentralizar administrativamente la gestión de sus intereses. Si fuera así no se darían circunstancias como que, por ejemplo, una ley como la LOMCE vaya a ser saboteada desde doce CC.AA, incluidas varias regentadas por el Partido Popular en clara insumisión al Gobierno de España. La gestión de una cuestión tan fundamental como la educación no puede estar en manos de quien no acepta el Estado de Derecho y reniega de un sistema unitario educativo, sin el cual, desde que el liberalismo existe en España, no puede existir un Estado. Es posible que desde determinadas concepciones se opine que la ley es nefasta, pero incumpliéndola no se soluciona nada. Que la cambien si es tan negativa.

Esto no es un país, es un cachondeo.

Irresponsabilidad

J. M. RUIZ SOROA. EL CORREO  25 Julio 2014

· Como señala el Estatuto de Cataluña, cualquier efecto de redistribución del sistema autonómico debe basarse en un principio obvio de equidad.

Hace un par de semanas que el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura anunció una reducción del IRPF (la segunda en los últimos meses) para los ciudadanos extremeños, de forma que el peso del impuesto en Extremadura va a ser el menor de los vigentes en las diversas CC AA españolas. Dicho claramente, los extremeños pagarán menos impuestos que, por ejemplo, los catalanes o los madrileños.

La decisión, a primera vista, parece perfectamente congruente con el nivel de descentralización fiscal y política alcanzado por el sistema autonómico. El autogobierno implica, entre otras cosas, que cada gobierno regional pueda elegir la presión fiscal que mejor se adapta a su propia orientación política y a sus necesidades de financiación, creando una sana diferencia entre comunidades.

Ahora bien, sucede sin embargo que Extremadura es la principal receptora neta de las transferencias de financiación pública que realiza el sistema autonómico en su función de redistribución. Tomando los datos 2000/2010 de un estudio de la Fundación BBVA (‘Las diferencias regionales del sector público español’, 2011), Extremadura recibe una transferencia tal del sistema que hace que la renta familiar disponible media de sus habitantes mejore un 21% con respecto a la renta primaria producida por la propia región.

Por comparar, Asturias experimenta una mejora del 17%, Galicia del 15,2%, País Vasco un 4,6%, mientras que las comunidades contribuyentes experimentan una pérdida en renta disponible del 7,7% en el caso de Madrid, o 4,9 en el de Cataluña. Es el efecto de redistribución y de igualación de la actuación del sector público en un Estado federalizante, nada sorprendente (salvo el caso del País Vasco y Navarra que resultan regiones subsidiadas cuando es obvio deberían ser destacadas contribuyentes netas por su nivel de renta).

Estos datos han sido substancialmente corroborados por las ‘Cuentas Públicas Territorializadas’ recién publicadas ayer, que registran para Extremadura un saldo fiscal positivo de alrededor del 25%, para Asturias del 7% y para Galicia del 11%, siendo las contribuyentes Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares. El País Vasco, de nuevo se constata que a pesar de ser la comunidad más rica, recibe una transferencia del resto de España equivalente al 4,6% de su PIB, de manera que la financiación pública per capita disponible en Euskadi es exactamente del doble que la media española.

Pues bien, sucede también que, como el Estatuto de Cataluña (art. 206) proclama, cualquier efecto de redistribución del sistema autonómico debería respetar un principio de equidad bastante obvio: que la mejoría que esa redistribución procura a ciertas regiones se base en un «esfuerzo fiscal similar» de ellas, es decir, que todos los ciudadanos paguen substancialmente el mismo nivel de impuestos proporcional a su renta tanto en las regiones contribuyentes como en las receptoras. Lo que no puede ser, dicho en román paladino, es que los extremeños reciban un 20% de su renta familiar gracias al esfuerzo fiscal de catalanes y madrileños, por un lado, y encima paguen impuestos proporcionalmente menores que éstos. Eso no es solidaridad, eso es un sarcasmo para los ciudadanos contribuyentes, y no es de extrañar que provoque oleadas de indignación entre ellos.

El presidente Monago se ha significado por su habilidad para adoptar medidas de tinte popular en su comunidad, incluso excediendo de su competencia estricta. Pero la de bajar los impuestos es pura irresponsabilidad, un ejemplo de cómo echar leña al fuego nacional.

Cobardes y rebeldes frente al mal
ROGELIO ALONSO. ABC  25 Julio 2014

Gracias a su socialización en la subcultura de la violencia los etarras y muchos de sus familiares glorifican el asesinato atribuyéndole una lógica a su inhumanidad. Lo hacen a través de una venenosa ideología nacionalista que pretende justificar la brutal violación de los Derechos Humanos.

Como dijo el Che, a los revolucionarios nos guían grandes y profundos sentimientos de amor por el género humano». Así pervertía el significado de las palabras Arnaldo Otegi en la carta de recuerdo a su madre, fallecida en mayo. Utilizaba su muerte como un instrumento más de propaganda para humanizar el rostro del criminal en permanente campaña. Apelando a las emociones que suscita la pérdida de una madre, politizaba la figura materna vinculándola con un proyecto político sustentado en el asesinato de seres humanos. Lo hacía con un lenguaje diseñado, como escribió George Orwell, para hacer verdadera la mentira y respetable el asesinato. La antítesis de un miembro del IRA al reconocer la vileza del terrorismo y sus coartadas: «Quienes nos creímos revolucionarios solo fuimos los mayores criminales de Irlanda».

El exhibicionismo de Otegi invita a pensar en los sentimientos de la madre hacia ese hijo cobarde carente de la dignidad y la hombría necesarias para condenar el terrorismo de ETA, como exige el auténtico amor por el género humano al que apelaba. Como escribió Amos Oz, el fanatismo puede inhibirse o alimentarse en el hogar. Desconocemos si a lo largo de su vida la madre confrontó en algún momento al hijo con una mezquina condición humana como la que encarna quien es capaz de legitimar el asesinato de sus conciudadanos. Sí sabemos que en público jamás se escuchó a la madre expresar repudio y vergüenza por el hijo connivente con el asesinato de hombres, mujeres y niños, como sí hicieron los padres del etarra Oskar Barrera en 1997. En una carta a los familiares del policía Luis Samperio, asesinado por Barrera, escribieron: «Suplicamos, rogamos, pedimos con todas nuestras fuerzas nos perdonen. Siempre hemos tratado de inculcar a nuestro hijo sentimientos contrarios a los que le han llevado a todo esto, pero la desgracia quiso que no fuéramos atendidos por él». «Que Dios les de la virtud del perdón. Mientras nosotros compartimos con ustedes este dolor toda nuestra ya marcada vida», concluían los progenitores del asesino asumiendo el estigma de la violencia, la ausencia de honorabilidad inherente al terrorismo etarra.

Gracias a su socialización en la subcultura de la violencia los etarras y muchos de sus familiares glorifican el asesinato atribuyéndole una lógica a su inhumanidad. Lo hacen a través de una venenosa ideología nacionalista que pretende justificar la brutal violación de los Derechos Humanos y neutralizar la culpa por semejantes atrocidades. Dotando de una moralidad subjetiva a la absoluta inmoralidad que el terrorismo constituye evitan cuestionar los dogmas con los que el fanatismo nacionalista racionaliza la ilegitimidad de ETA. La motivación política de sus crímenes intenta encubrir el odio hacia los ciudadanos no nacionalistas que guía la trayectoria vital de individuos como Otegi.

Todavía se retroalimenta esa perversión en una sociedad en la que el terrorismo no se ha deslegitimado con rotundidad en todas las esferas. Uno de los factores que explican la larga duración del terrorismo radica precisamente en ese salvaje orgullo expresado por muchos familiares de etarras. Permanece esa enfermedad en la sociedad vasca revelando peligrosos riesgos y amenazas que algunos subestiman. Ese escenario interpela a quienes erróneamente se conforman con el fin de la violencia física. Se mantienen sin embargo los efectos de las estrategias de violencia piscológica aplicadas durante décadas en una sociedad en la que el terrorismo aún condiciona creencias, actitudes y comportamientos.

Por eso es engañosa la normalidad que hoy vive el País Vasco, pues una minoría sigue reivindicando los crímenes cometidos mientras una parte significativa de la sociedad, con el Gobierno vasco a la cabeza, le brinda a ETA una contextualización que termina legitimando el terrorismo. Se apela injustamente a una falseada reconciliación que reclama que las víctimas del terrorismo y sus verdugos compartan culpas y responsabilidades. Quienes aplaudieron el terrorismo son agasajados como auténticos demócratas a los que muy pocos exigen rendir cuentas por sus graves responsabilidades ante la sociedad. Muchos políticos, periodistas y ciudadanos han renunciado a la denuncia ética que requiere el blanqueamiento de quienes jalearon y aún justifican el asesinato, aunque ahora no lo propugnen por motivos tácticos. Ocupan con profusión espacios políticos, sociales y mediáticos quienes siguen sin tener la decencia de deslegitimar el asesinato. Lo hacen sin apenas crítica, imponiendo su relato, y sin que se valore el descrédito que ello supone para sus víctimas y para la sociedad en su conjunto.

Frente al odio y el rencor del terrorista se erige la dignidad valiente de las víctimas que aquel intenta ocultar y suplantar. Con ese fin, en la carta a su madre Otegi incidía en mensajes afectivos que engañosamente asocian el asesinato con una causa romántica. Por eso resulta devastador para el fanático que utiliza a su madre como un arma más de su arsenal propagandístico colocarle frente al espejo de las madres de las víctimas del terrorismo, que jamás han inoculado el odio hacia sus agresores; madres que han educado a sus hijos en el respeto a los valores democráticos y los derechos fundamentales a pesar de la injusticia que se les ha infligido; madres rebeldes que con valentía han desafiado a quienes cobardemente les amenazaban.

Concepción Martín, viuda del teniente coronel Blanco, es una de ellas. Cuando ETA asesinó a su marido en 2000, sus hijos tenían 10 y 15 años. «Esa bomba no solo estalló en la calle Pizarra de Madrid, estalló en el centro de nuestro hogar lanzándonos a cada uno en una dirección», relató en el juicio a los asesinos. Lo hizo con una voz serena, admirable, como en 2003 durante una conferencia en Bilbao: «Sé por experiencia propia que duele mucho la ausencia, que desistir es una tentación, que el miedo es una poderosa razón, pero yo soy ante todo una mujer del Ejército, yo he sido forjada en la rectitud, en la obediencia, en mirar hacia delante, avanzar, siempre avanzar hacia delante, a veces hay que replegar, pero siempre hay que avanzar hacia delante». Rosa Mundiñano, viuda de Jesús Ulayar, asesinado por ETA en 1979, crió a cuatro hijos huérfanos de padre. María Nieves, una de ellos, escribió: «Puedo sentir rabia, impotencia, injusticia o incomprensión, pero gracias a la fe que mi padre me enseñó no siento odio». A sus propios hijos los ha educado «sin sembrar el rencor en sus corazones» para que sepan «quién y cómo fue su abuelo, su aituna, y cómo murió víctima del odio y del terror».

Josefina Saavedra, viuda del guardia civil Ricardo Couso, asesinado por ETA en 1991, declaraba en 2007: «Cuando asesinaron a mi marido, a la puerta del colegio de mi hijo, estaba delante el niño, que tenía nueve años. Le vaciaron el cargador en el cuerpo. Siete balas. La primera imagen que ve todos los días al despertarse es la de su padre, tiroteado». Y concluía: «Mis hijos no sienten odio, pero sí afán de justicia». Pilar Ruiz Albisu, madre de Joxeba Pagaza: «Quienes lloramos a los muertos hemos renunciado a vengarnos. Como sociedad no aplicamos la pena de muerte ni la cadena perpetua. Es la prueba de la inmensa generosidad de nuestra sociedad. A mi hijo lo asesinaron, como al resto, para doblegarnos. Para que en el País Vasco los no nacionalistas traguemos poco a poco lo que desean los nacionalistas vascos. Y con buena cara, sin echarles en cara a los asesinos que lo son».

Descanse en paz la madre de Otegi, pero sin negarles a las víctimas de ETA toda la paz y toda la justicia que merecen, como ocurrirá si se borra del pasado, del presente y del futuro la responsabilidad de quienes asesinaron y de quienes nada hicieron por impedirlo.

Otro motivo para cerrar la Audiencia Nacional

EDITORIAL Libertad Digital  25 Julio 2014

La excarcelación de medio centenar de narcotraficantes apresados en aguas internacionales es el último escándalo protagonizado por la Audiencia Nacional, hoguera de las vanidades donde los jueces aspirantes al estrellato judicial llevan demasiado tiempo actuando según su particular criterio en régimen de impunidad. El Tribunal Supremo, con la rara unanimidad reservada para los casos más clamorosos, revocó hace dos días la orden de la AN, todo un varapalo para los magistrados que decidieron echar un pulso al Gobierno utilizando los casos sometidos a su jurisdicción.

A nadie puede escapársele que el origen de este embrollo jurídico, que ha dado con la puesta en libertad de casi medio centenar de traficantes de droga, es la manera que los jueces de la AN han manifestado su rechazo a la negativa del Ejecutivo a seguir su criterio en la última reforma de la denominada justicia universal.

En la estimación del recurso planteado por la Fiscalía Antidroga, el Supremo deja meridianamente claro que, en virtud de la legislación española y los tratados suscritos por nuestro país, los jueces españoles son competentes para luchar contra el narcotráfico en aguas internacionales. La propia lógica de las actuaciones judiciales y una lectura desprejuiciada de las normas aplicables impiden ya de hecho cometer una acción tan irregular, cuando no delictiva, tal y como quedó reflejado en los votos particulares emitidos en el despropósito jurídico de los magistrados de la AN. Sin embargo, la orden del Supremo llega cuando, casi con completa seguridad, los 47 detenidos en operaciones antidroga ya han abandonado el país, aprovechándose del afán de protagonismo de unos jueces que han puesto sus intereses por delante del estricto cumplimiento de su función jurisdiccional.

No es, por desgracia, el único escándalo judicial protagonizado por los magistrados de la AN. Bien cercana en el tiempo está la excarcelación masiva de etarras con el pretexto de un fallo europeo sobre la interpretación de la llamada Doctrina Parot, en virtud del cual fueron puestos en libertad decenas de asesinos terroristas, entre ellos algunos de los más sanguinarios de la historia de la banda. Ahora le ha tocado el turno a los narcos, el otro gran pilar que fundamentó durante la Transición la creación de un tribunal especial de estas características.

Pues bien, si estos magistrados con ansias enfermizas de protagonismo ya no luchan contra el terrorismo -porque ha dejado de existir, según la doctrina oficial- y además se declaran incompetentes para detener a los narcotraficantes, lo único sensato que se puede hacer con la Audiencia Nacional es lo que hemos defendido desde hace mucho tiempo en Libertad Digital: cerrarla. Y cuanto antes, mejor.

Cataluña
A golpe de hemerotecas
Eduardo Goligorsky Libertad Digital  25 Julio 2014

Los secesionistas deambulan como almas en pena por los pasillos del poder global en busca de una palabra cómplice. No la encuentran. Todo lo contrario. Los Juncker, Durao Barroso, Almunia, Reding y todos los responsables comunitarios les repiten hasta el hartazgo que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea, la OTAN y la ONU. Juncker le recordó al eurodiputado Josep Maria Terricabras que "uno no se convierte en miembro de la UE mandando una carta", aludiendo a la que Artur Mas envió en enero a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho y al presidente saliente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. El convergente Ramon Tremosa no sabe en qué chiringuito colarse desde que la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos aprobó, despreciando su veto, el ingreso de C's y UPyD. Y los ecos de la sonora bofetada que Angela Merkel propinó a la soberbia secesionista seguirán reverberando por mucho tiempo en la atmósfera europea.
Una noticia surrealista

Incansable, "Mas transmite a la Trilateral que respetará la legalidad", según proclama el titular de La Vanguardia (20/7). Una noticia surrealista. ¿Anunciará la cancelación de la consulta ilegal del 9-N con sus dos preguntas torticeras? ¿Disolverá el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) y declarará nulos sus proyectos encaminados a crear un Estado paralelo? ¿Obedecerá a partir de ahora las sentencias sobre educación bilingüe? Si cumpliera la promesa de respetar la legalidad, la entrevista con el presidente del Gobierno se convertiría en un acontecimiento histórico. Pero ¿por qué comunicó su propósito de enmienda a la Trilateral -o mejor dicho, a un grupo previamente escogido de sus miembros- y no a Mariano Rajoy, que le habría dado su absolución? Con un añadido: la Trilateral, que representa un foro del pensamiento liberal sin fronteras, es la bestia negra de todas las comparsas totalitarias que se congregan en torno del proyecto secesionista que tiene a Artur Mas como mascarón de proa y a Oriol Junqueras como titiritero mayor. Extraño, muy extraño.

Mientras tanto, el CATN continúa montando el tinglado ilegal. Escribe Rafael Jorba ("Las cartas boca arriba", LV, 19/7):

La lectura de la tanda de informes del CATN produce vergüenza ajena: da la sensación de que se está intentando trocear la piel del oso -del toro, en este caso- antes de matarlo: no solo el proceso secesionista no se ha negociado con el Gobierno de España, sino que ya se está diciendo a la UE cómo se organizará el Estado que salga del choque de trenes.

Jorba cita extensamente el libro Causas y consecuencias del divorcio político (Ariel, 2013) de Allen Buchanan, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Duke, y lo sitúa en el contexto de los fastos de 1714:

Buchanan [escribe]: "Prácticamente todos los estados existentes, incluso los más democráticos y respetuosos con los derechos humanos, tienen tras sí una historia de anexiones injustas". Y, en cita expresa a la guerra de Sucesión, añade que en el caso catalán sería inaceptable un principio moral general que se remontase tan atrás en el tiempo. Esta observación puede servir para enmarcar las prevenciones del papa Francisco en su entrevista a La Vanguardia (13/VI/2014): "La secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas y analizar todos los aspectos".

Barrabasada autóctona
Reflexiones, todas estas, muy sensatas y ajustadas a razón. Pero insisto, como lo vengo haciendo en mis últimos artículos, que para entender el fenómeno secesionista hay que enfocarlo como un psicodrama tribal. Así lo definió uno de sus pioneros más destacados, Francesc-Marc Álvaro (LV, 5/6), hastiado por las torpezas de sus cofrades. Solo en un psicodrama tribal es previsible que uno de los protagonistas, en este caso nada menos que el coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Joan Rigol, afirme, tras conocerse la sonora bofetada de Angela Merkel (LV, 19/7):

En todo este proceso vamos a encontrar dificultades en hallar respaldo internacional, pero creo que el día que llegue una soberanía de Catalunya irán todos detrás de Catalunya para que se integre.

Los ecos de la carcajada que generó esta barrabasada autóctona superaron los de la sonora bofetada germánica.

Infortunadamente, no todas son risas. Hay que ponerse serios cuando Francesc-Marc Álvaro, tras recuperar su papel de adoctrinador secesionista, intenta vendernos un retrato crudamente tergiversado de Artur Mas ("Lo que Mas no hará", LV, 17/):

Mas encarna la figura del convergente moderado a quien la suma de decepciones y engaños ha transformado en soberanista, una mutación que se da sobre un dirigente de orden. A diferencia de Junqueras, el president no es un independentista de pata negra, y por eso se parece a la mayoría de mujeres y hombres que han abrazado el proyecto de Estado independiente en los últimos tiempos. Mas no cambiará ahora de personaje, los papeles de esta obra ya se han repartido.

Desvelar patrañas
Es comprensible que Álvaro, más sereno, convierta en "obra" lo que en un arrebato tildó de psicodrama, pero el verdadero papel del personaje viene de lejos y no es el que el agitprop nos quiere endilgar de matute como auténtico. Para demoler el entramado de mentiras, nada mejor que hacerlo a golpe de hemerotecas. En mi libro Por amor a Cataluña. Con el nacionalismo en la picota (Flor del Viento, 2002) reproduje abundante material periodístico que hoy ayuda a desvelar patrañas. Escribí entonces:

Un artículo sobre "Los jóvenes de Mas", de Susana Quadrado (LV, 4/12/2000) actualizó la información: "Son el nuevo aparato de Convergència. Hicieron sus primeros pinitos en política a finales de los años ochenta, muchos de ellos siendo todavía universitarios, enarbolando la bandera de una Cataluña soberana. En una década, esta generación de jóvenes que tienen ahora entre 30 y 40 años ha escalado hasta la dirección del partido, hacia puestos clave en el Govern de la Generalitat o ambas cosas a la vez. Artur Mas, de 44 años, y por tanto muy próximo generacionalmente a este núcleo de jóvenes emergentes, quiere tejer con ellos la nueva CDC (…) El pragmatismo político les ha hecho endulzar sus planteamientos soberanistas, a los que no renuncian. Porque ahora consideran que es el momento de hacer causa común para que Mas llegue a la presidencia de la Generalitat (…) Lo demás, dicen, ya llegará. Los jóvenes de Mas iniciaron su actividad política al abrigo de una persona, Oriol Pujol Ferrusola (quinto hijo del president), y de una organización, la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC)". El artículo se completa con una minuciosa descripción de los puestos que estos jóvenes ocupan en el Govern y en CDC, donde sus objetivos independentistas se filtran a través de la capa táctica de pragmatismo.

Artur Mas, conseller en cap del Govern de la Generalitat exhibió una alarmante veta de megalomanía cuando La Vanguardia le pidió, lo mismo que a otros políticos catalanes, que se fotografiara, durante los Carnavales del 2001, con el disfraz que mejor representara su personalidad (Suplemento "Vivir en Barcelona", LV, 25/2/2001). El resultado fue un estrambótico y ensoberbecido Sant Jordi, enfundado en una cota de malla de 25 kilos, con la lanza en ristre, pisoteando a un ridículo híbrido de lagartija y dragón de utilería. Mas dio las razones de su elección: aquel caballero tenía "gran voluntad y coraje para superar dificultades, era persona conocida por su generosidad hacia los demás, un hombre, vaya, un santo, que además repartía riqueza. Y porque es símbolo de catalanidad".

Evidentemente, el psicodrama tribal no es nuevo en la escena catalana. Se viene ensayando desde hace muchos años. El libreto está documentado en las hemerotecas.

Hay que ser muy ingenuo o estar muy desinformado para pensar que algún líder mundial soportará que un equipo de mitómanos transitoriamente omnipotentes lo incordien con sus obsesiones aldeanas en el mismo momento en que los tambores de la subversión y la guerra retumban en los cuatro puntos cardinales.

Ecuación imposible
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es  25 Julio 2014

Las inminentes reuniones del Presidente del Gobierno con el nuevo Secretario General del PSOE y con el Presidente de la Generalitat están suscitando amplias y a mi juicio absurdas expectativas

En Matemáticas existen ecuaciones de solución única, de varias soluciones y también sin solución. Pues bien, los constituyentes, con tan buena intención como injustificado optimismo, diseñaron una estructura territorial del Estado que el tiempo ha demostrado inviable. La acción conjunta del principio dispositivo, la voracidad de los partidos por acumular poder y recursos, las pulsiones separatistas catalana y vasca y un sistema electoral altamente defectuoso, nos han conducido irremediablemente a la situación actual, a la que nadie ve salida porque no la tiene. En este contexto de progresiva desesperación, las inminentes reuniones del Presidente del Gobierno con el nuevo Secretario General del PSOE y con el Presidente de la Generalitat están suscitando amplias y a mi juicio absurdas expectativas. En efecto, el margen de maniobra de este terceto es sumamente estrecho, por no decir inexistente. Mariano Rajoy no puede acceder al blindaje de competencias y a la financiación privilegiada que le exige Mas sin vulnerar la Constitución y sin provocar la rebelión de las restantes Comunidades, incluyendo las gobernadas por correligionarios suyos. El inquilino de la plaza de Sant Jaume, por su parte, ha de evitar cualquier gesto o acuerdo que represente un paso atrás si no desea ser devorado por Esquerra y por el ala de su formación que se ha lanzado a la aventura secesionista. En cuanto a Sánchez, que ha demostrado ya una peligrosa inconsistencia con sus bandazos durante su campaña de primarias y con su irresponsable decisión de no respetar el pacto institucional europeo de arranque de legislatura, se mueve lastrado por los socialistas catalanes y por su extraña e inane propuesta federal.

Cuando se intenta resolver un problema planteando mal sus términos, el fracaso está garantizado. El galimatías autonómico es políticamente inmanejable y económicamente insostenible por razones estructurales y todos los intentos de salvarlo mediante retoques aquí y allá o reformas en este o aquel aspecto sólo prolongarán la frustración y harán más difícil la salida. Mientras no se acepte la clamorosa evidencia de que el Estado de las Autonomías fue un error de planteamiento que ni podemos gestionar ni podemos pagar y que por tanto estamos obligados a una revisión a fondo de la Constitución que lo sustituya por una arquitectura administrativa, institucional, electoral y presupuestaria distinta, seguiremos en la angustia permanente y la división interna, y la implosión de nuestra antigua y gran Nación llegará de forma inexorable.

Si de repente se produjese un milagro y los máximos responsables de los dos principales partidos nacionales en su encuentro del próximo día 28 constatasen esta verdad dolorosa pero innegable y anunciasen al unísono que van a emprender juntos el camino de rectificación profunda que España necesita con la legitimidad y la autoridad que les da el disponer del 85% de los escaños del Congreso y del Senado, transformando el caos presente en un Estado semejante al francés, el portugués o el sueco, es decir, un esquema simple y eficiente con un poder central fuerte intensamente descentralizado en lo administrativo, y un nivel local asimismo potente, con un número razonable de municipios operativos y bien dotados, la esperanza retornaría a los españoles, los separatistas serían neutralizados y conoceríamos la prosperidad y el auténtico progreso. Ahora bien, la consecución de esta dicha requeriría que los reunidos fuesen dos hombres de una pieza, equipados con el coraje, la visión, la capacidad de comunicación y el patriotismo que un proyecto de tal envergadura demanda. Sin embargo, tenemos lo que tenemos. De ahí que la ecuación sea imposible y el estallido traumático insoslayable. Ojalá el precio no sea demasiado alto y el daño no sea irreversible.

Balanzas fiscales
Triunfo del lenguaje nacionalista
Antonio Robles Libertad Digital  25 Julio 2014

Es un gozo para el científico disponer de datos empíricos contrastados para lanzar hipótesis y evaluar teorías. Como puede ser la incidencia de las abejas en la polinización. Por el contrario, se torna una pesadilla para cualquier mente racional evaluar la existencia de la Atlántida porque los datos de que disponemos sobre el mito están basados en hipótesis emocionales. Entre estas hipótesis emocionales, podríamos situar aquellos estudios distorsionados por la ideología, como es el caso de la utilización de las balanzas fiscales por parte de la Generalidad de Cataluña. Hasta ayer, porque con la publicación del Estado de "las cuentas públicas territorializadas" se enriquece la aportación de datos, se valoran otros criterios de estudio y se contrarresta la selección de información interesada. Y digo "hasta ayer" no porque el estudio dirigido por el catedrático Ángel de la Fuente sea científico y el de la Generalidad intoxicador, sino porque ahora la discusión ha encontrado réplica. Es decir, ahora podrá haber debate entre científicos y mitólogos. En medio, los datos y los criterios. Las verdades emocionales tendrán que hacer algo más que predicar para lograr crédito.

Por de pronto, el nacionalismo ya no podrá repetir impunemente que Cataluña sufre el mayor expolio fiscal de todas las comunidades autónomas. No es así: el de Madrid dobla al de Cataluña: -16.723 frente a los -8.455. En el fondo una discusión infantil. Y muy nacionalista; o sea, muy interesada. Un nuevo triunfo del lenguaje nacionalista.

Hoy por la mañana no había medio alguno en Cataluña que no tratara la cuestión con un apasionamiento propio de las discusiones futbolísticas. Entretenidos en la guerra de números y las hipótesis empleadas, está pasando desapercibida la encarnación del concepto de déficil fiscal, que en terminología nacionalista se traduce por expolio fiscal, y cuya versión más tosca ha tomado el tufo xenófobo de "España nos roba". Es decir, lo que técnicamente no deja de ser un balance económico útil para redistribuir la riqueza de un país con criterios equilibradores han logrado venderlo como un robo. En una palabra, si Cataluña fuera Estado independiente podría contar con esa cantidad y acabaríamos con los problemas sociales y de deuda. Así se ramplón, y así de retrógrado. El Periódico de Catalunya lo subraya con contundencia a seis columnas en portada: "El Estado certifica el déficit fiscal: 8.455 millones". Ya tienen la prueba del delito publicada por el enemigo. Y ahora, a ver quién logra hacer comprender a la parroquia que en un Estado Social y Democrático de Derecho como es España pagan los ciudadanos, no los territorios, y el valor en el que se funda el Estado Social es la progresividad fiscal (pagan más los que más tienen); de ahí el déficit fiscal de Ronaldo frente a la mayoría de socios del Barça. Y puestos a distorsionar la realidad para introducir criterios territoriales, ¿cuáles serían los sujetos fiscales? ¿las comunidades autónomas, las provincias, los municipios, los barrios…? ¿Acaso los que vivimos en Barcelona no sufrimos déficit fiscal respecto a los habitantes del resto de Cataluña? (Por cada 100 euros aportados por Barcelona, 19 no retornan. Menos mal, de lo contrario, en Lérida no llegarían a servicios básicos).

Como vemos, ha ganado el nacionalismo, porque han logrado instalar la discusión entre comunidades y la han infectado de agravios. Un motivo más para el enfrentamiento entre regiones. El lenguaje patrimonialista del nacionalismo ya no se circunscribe a Cataluña y al País Vasco, se ha extendido a todas las comunidades. Pujol ha logrado que las partes se enzarcen de espaldas a España, sin reparar que es la garantía del bien común. Aun así, la contrarréplica era necesaria. Ahora le toca a la historia manipulada.

Olvidar la historia
Como ya observó Orwell el nacionalismo es sed de poder mitigada con autoengaño
Francisco Rodríguez www.diariosigloxxi.com  25 Julio 2014

Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.
(Cicerón)

En vísperas de la reunión entre Mariano Rajoy y Artur Mas he vuelto a leer el discurso de Ortega y Gasset de 13 de mayo de 1932, en el debate sobre el Estatuto de Cataluña. La constitución de la República Española de 9 de diciembre de 1931 estableció en su artículo 8º que el Estado español estaría integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyeran en régimen de autonomía.

El 15 de septiembre de 1932 fue promulgado el Estatuto con la firma del Presidente de la República Alcalá Zamora. El 6 de octubre de 1934 Companys proclama el Estado Catalán y el día siguiente el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra publica el parte oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros en el que se declara “que el Presidente de la Generalidad, con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su responsabilidad se ha permitido proclamar el Estat Catalá. Ante esta situación el Gobierno de la República ha tomado el acuerdo de proclamar el estado de guerra en todo el país”.

Las prolijas y sensatas reflexiones de Ortega sobre las ventajas de un gobierno autonómico dentro de la nación española, no parece que causaran ningún efecto en los políticos catalanes y su obsesión nacionalista. Los que firmaron el pacto de San Sebastián para liquidar la monarquía e instaurar la república sólo les importaba sumar socios a su proyecto, sin pensar si tales socios eran dignos de confianza. Olvidaron la historia de la primera república que quería ser federal (no pasó de proyecto) y resultó desmenuzada en cantones que, sin pies ni cabeza, se combatían sin descanso desmembrando la nación.

La transición que se produjo a la muerte de Franco, también olvidó la historia, buscó socios para borrar el franquismo, incluidos los nacionalistas que aceptaron colaborar como un paso más en el camino de su independencia. El Título VIII de la constitución vigente llevaba dentro el mal que, ingenuamente, pretendían conjurar. Los Estatutos de Autonomía, siempre ampliados, solo han servido para estimular el apetito de ruptura, de independencia, de los nacionalistas.

Como ya observó Orwell el nacionalismo es sed de poder mitigada con autoengaño. Todo nacionalista es capaz de incurrir en la deshonestidad más flagrante, pero, al ser consciente de que está al servicio de algo más grande que él mismo, también tiene la certeza inquebrantable de estar en lo cierto y el nacionalismo, es inseparable del deseo de poder; el propósito constante de todo nacionalista es obtener más poder y más prestigio, no para sí mismo, sino para la nación o entidad que haya escogido para diluir en ella su propia individualidad.

Ya sé que nuestros políticos no leen a Ortega y Gasset ni a Julián Marías, a los que ni se les cita, parecen haber sido proscritos de nuestra historia y así nos va. Muchos quizás piensan que si se resuelven los problemas económicos y disminuye el paro todo se resuelve. Creo que es un error ya que es necesario curar el alma de España antes de acometer una reforma constitucional que algunos “modernos” quieren que sea federal, ¿como la I República, la que se proclamó el 11 de febrero de 1873 y se acabó el 3 de enero de 1874, con mucha más pena que gloria?

'Habla la Cataluña silenciosa'
'El País' da voz a la Cataluña silenciosa
Publica un reportaje en el que se analiza cómo se están movilizando parte de los catalanes que se siente españoles ante el órdago separatista
 www.lavozlibre.com  25 Julio 2014

Vera Gutiérrez Calvo.El País

Barcelona.- El diario ‘El País’ publica este jueves un interesantísimo reportaje titulado ‘Habla la Cataluña silenciosa’ en el que se analiza cómo se han empezado a movilizar en los últimos meses parte de los catalanes que se siente españoles ante el órdago separatista de Artur Mas, partiendo de cero tras décadas de aceptación del nacionalismo. Por su alto interés, reproducimos íntegramente este informe realizado por Vera Gutiérrez Calvo.

Un hombre está parado frente al escaparate de una tienda en el barrio de Gràcia de Barcelona. La tienda vende todo tipo de artículos con mensaje independentista —libros, camisetas, pins—, pero la mirada del hombre está fija en un librito: La independencia explicada a los indecisos. En la portada, el dibujo de un bloque de viviendas en el que todos los balcones tienen colgada la bandera independentista; todos menos uno: el del vecino del segundo. “¿Y si hablamos con él?”, pregunta un independentista a otro desde la portada del folleto. El hombre frente a la tienda señala el libro. “Qué presión, ¿no?”, pregunta. “Suena agobiante, ¿verdad? Pues esa es la situación ahora mismo. Parece que el del segundo es el raro. Así hacen que nos sintamos”. Él es catalán, y tampoco ha colgado ninguna bandera en su balcón.

Cataluña vive una ola independentista que se ha acelerado en el último año y medio. Las encuestas muestran un ascenso del apoyo a la secesión. Pero sigue habiendo una parte importante de la sociedad catalana que está en contra del “proceso”. ¿Por qué la voz de esos catalanes no se oye? Quienes sí apoyan el plan de la Generalitat —un 45% quiere la independencia, según los últimos sondeos del Gobierno catalán— llenan plazas y forman cadenas kilométricas cuando son convocados; quienes no lo apoyan han estado prácticamente silentes. Hasta ahora. Tímidamente, ese silencio empieza a romperse.

En el último año, y en especial después de que Artur Mas anunciara la fecha del referéndum de independencia, distintas asociaciones y blogs han nacido como plataformas para aglutinar a ciudadanos que, desde posturas políticas distintas, tienen en común algo prioritario: su oposición a la fractura. EL PAÍS ha hablado con una veintena de catalanes no nacionalistas —profesores, funcionarios, juristas, ejecutivos, artistas, abogados— para elaborar este reportaje. Son catalanes que rechazan la independencia; en su inmensa mayoría rechazan también el referéndum de noviembre, porque consideran que es solo una trampa semántica, que el “derecho a decidir” es un señuelo para atraer a más gente hacia lo que realmente se dirime: la ruptura con el resto de España. Las encuestas, no obstante, reflejan que hay otra gran parte de la sociedad no independentista en la que sí ha calado la apelación al derecho de autodeterminación (bajo la expresión “derecho a decidir”, que según la Generalitat respalda cerca del 75% de los catalanes).

Varios de los consultados, sobre todo en el ámbito de la enseñanza universitaria, piden anonimato. Dicen que temen represalias en su trabajo. Otros sí dan su nombre. Acusan de este estallido repentino de secesionismo a la “labor constante” del nacionalismo durante 30 años en todos los ámbitos del espacio público —empezando por la escuela—, a los medios de comunicación públicos o subvencionados, al giro soberanista que supuso el Estatuto de 2006 y a los Gobiernos de PP y PSOE, que, afirman, nunca han estado presentes para defender la idea de España en Cataluña. También admiten una culpa propia: la de haber callado durante años. Todos lo atribuyen a una mezcla de ingenuidad, inercia y “miedo”. Este tipo de miedo: “al qué dirán de ti”, “a no prosperar en el trabajo”, “a que te llamen facha, sobre todo si resulta que eres de izquierdas”, “a que te consideren un mal catalán, un traidor, sobre todo si eres catalanoparlante”... A un indeterminado pero palpable, aseguran algunos de ellos, “ostracismo social”.

Se ha creado una situación paradójica, y es que, por una parte, la presión social que dicen sentir muchos catalanes no nacionalistas es más fuerte que nunca. Pero, por otra, ahora las cartas están sobre la mesa. “El nacionalismo ha llegado a su propuesta final: la ruptura. Muchos catalanes, antes callados, temen las consecuencias”, dice un bloguero que evita dar su nombre. Ya no hay espacio para la ambigüedad o el conformismo, y eso favorece una movilización antes inexistente o muy escasa en esa parte de la sociedad de Cataluña. Pero ha tenido que empezar casi de cero.

“A LOS NACIONALISTAS NO LES INTERESA LA IDENTIDAD, SINO LA SOBERANÍA: EL PODER”
“Solo cuando hemos visto las orejas al lobo hemos empezado a movilizarnos en serio. No vimos el problema”, afirma Susana Beltrán, vicepresidenta tercera de Societat Civil Catalana, la asociación que nació en abril como un paraguas bajo el que agrupar a colectivos y ciudadanos “que creen en una Cataluña integrada en una España plural”. Algo parecido a lo que supuso Ciutadans en 2006, pero al margen de los partidos. Beltrán, profesora universitaria de Derecho Internacional, cree que muchos catalanes, entre los que se cuenta, fueron “ingenuos”. “Esto lleva décadas preparándose”, dice. “Y ahora es el momento perfecto para los nacionalistas: crisis económica e institucional en España y en Europa. A río revuelto, ganancia de pescadores”.

En el despacho minúsculo que sirve de sede a la asociación en Barcelona, Beltrán recuerda así lo que pasó cuando se pusieron a organizar el acto de presentación de Societat Civil: “Contactamos con actores no independentistas para que alguno hiciera de presentador. La víspera del acto se cayeron todos. Decían: ‘Lo siento, pero me busco un problema en mi carrera’. Al final tuvimos que presentarlo nosotros”. Ella sostiene que mucha gente está a favor de la consulta “porque no se le ha explicado qué es”. “Solo se habla de eso que han llamado el derecho a decidir, y ¿quién va a decir en una encuesta que está en contra de algo que suena tan bien? Han sabido vender ilusión en plena crisis. Hay gente que espiritualmente ya no está en este país”.

Blogs como Dolça Catalunya o Puerta de Brandemburgo han nacido en estos meses para divulgar un pensamiento no nacionalista o denunciar lo que consideran “mentiras” del independentismo. “Estábamos preocupados por las barbaridades que se dicen, porque no se explican en absoluto las consecuencias que tendría la independencia ni se favorece un debate riguroso”, afirma Sonia Sierra, doctora en Filología y fundadora de Puerta de Brandemburgo. Sierra lamenta el “alineamiento tácito de la izquierda” durante años con el discurso soberanista —“si estabas en contra te llamaban facha, y eso es muy doloroso para alguien de izquierdas”— y sitúa el giro de CiU hacia el independentismo en el 15 de junio de 2011, el día del cerco al Parlamento catalán por parte de grupos vinculados al 15-M, en protesta por la política de recortes de la Generalitat. “Ese día, Artur Mas se asustó. Y decidió agitar el independentismo en la calle como solución”, interpreta.

“EL COLEGIO DE MI HIJO SE ADHIERE AL DERECHO A DECIDIR Y YO NO PUEDO HACER NADA”
La misma teoría defiende Josep Alsina, profesor de Ciencias Naturales en un instituto, procedente del sindicalismo y fundador de Somatemps. “Hay españoles que llevan 30 años en Cataluña, que nunca han hablado entre ellos en catalán y que de pronto te dicen que son independentistas. Les preguntas: ‘¿Por qué?’ Y solo responden: ‘Porque estaremos mejor”. Somatemps (en catalán, “estamos a tiempo”) fue creada en noviembre y se centra en replicar el relato histórico del nacionalismo. Alsina subraya que ellos sí están “a favor de las identidades”. “Simplemente creemos que la catalana y la española están unidas”, cuenta. “De hecho, esto es un problema de identidades: peligra la identidad española de Cataluña e incluso su identidad catalana, ¡porque se están inventando la historia! A los nacionalistas no les importa la identidad; les importa la soberanía, es decir, el poder”.

Alsina vivió con “esperanza” la manifestación del pasado 12 de octubre en Barcelona, en la que, por primera vez, miles de catalanes llenaron la plaza de Catalunya en defensa de la unidad de España. En diciembre, miles volvieron a salir a la calle para celebrar la Constitución. En ambos casos convocados por la plataforma Som Catalunya, somos España. Esa movilización, sin embargo, es aún escasa comparada con la del independentismo. “Nosotros estamos improvisando; los nacionalistas llevan décadas preparando este momento”, apunta José Domingo, letrado de la Seguridad Social, exdiputado de Ciutadans y presidente de la asociación Impulso Ciudadano.

Domingo cree que el plan del independentismo “no es lograr esto ahora, sino preparar a una generación que dentro de cinco o diez años ya no admita otra cosa que la independencia”. Él es miembro de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, fundada este año para pelear —al igual que otra asociación, Convivencia Cívica Catalana— por la inclusión del castellano en la enseñanza junto al catalán.

“SI ESTABAS EN CONTRA TE LLAMABAN FACHA, Y ESO ES MUY DOLOROSO PARA ALGUIEN DE IZQUIERDAS”
El “control nacionalista de la escuela” es uno de los puntos que todos los consultados señalan como foco del estallido independentista. “La inmersión lingüística ha llevado a una inmersión ideológica”, afirma Alsina. Niños de familias latinoamericanas que reciben en clase una pegatina (en catalán) que reza No me discrimines, háblame en catalán; carteles en las escuelas que convocan a manifestaciones contra el 25% de clases en castellano, y que nadie quita; colegios que abren el 12 de octubre para no reconocer la fiesta nacional... Domingo asegura que a la asociación llegan periódicamente denuncias de ese tipo. Susana Beltrán cuenta que ella un día se enteró de que el colegio de su hijo, religioso y concertado, se había adherido al Pacto por el Derecho a Decidir. “Y me entero así. Ese colegio, a partir de ese momento, apoya en bloque el derecho a decidir, y yo no puedo hacer nada. Hacen política en las escuelas”, dice.

¿Por qué, si esa es la situación, la protesta de los padres que la sufren o que reclaman enseñanza también en castellano para sus hijos ha sido hasta ahora minoritaria? Varios miembros de Impulso Ciudadano, reunidos en una terraza, tratan de contestar a la pregunta. Las respuestas son estas: “Por favorecer el progreso económico de los hijos se asumieron cosas que no eran normales”. “No quieres señalar a tus hijos”. “Hay que tener tiempo y dinero para ponerse a pleitear contra la administración”... Marita Rodríguez, profesora prejubilada y veterana del movimiento asociativo, dice: “Yo lo resumiría así: nadie quiere estar a mal ni con los profesores de sus hijos ni con los médicos. Y aquí el discurso nacionalista lo impregna todo”.

Esa identificación del discurso nacionalista —hoy independentista— y la Administración pública es señalada también por un alto funcionario que no da su nombre “por respeto institucional”. “Es lo que más me preocupa de todo lo que está pasando: la ocupación del espacio público, en términos que yo calificaría casi de régimen. Yo soy partidario de debatir de lo que sea, pero es que no existe debate, solo hay un discurso”, dice. “Ningún foco ilumina a esa parte de la sociedad catalana que está en contra de la independencia. La Administración y los medios públicos están volcados en el proyecto nacionalista y utilizan un código lingüístico excluyente. Eso es profundamente antidemocrático, porque el resultado es que el espacio público no está al servicio del debate, está al servicio de la idea. Ese mecanismo es propio de un régimen, en el peor sentido del término”.

Caso Mercurio
Imputan a 40 alcaldes catalanes por el cobro de sobresueldos
Los miembros de la Federación de Municipios de Cataluña habrían percibido unos 200.000 euros
efe / sabadell La Opnion  25 Julio 2014

El Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell ha empezado a enviar hoy las notificaciones de imputación a 40 alcaldes catalanes presuntamente implicados en el cobro de sobresueldos en la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), así como al exsecretario de la entidad, Adolfo Moreno.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han comunicado que todos ellos, implicados en una pieza judicial separada en el marco del caso Mercurio, están citados a declarar los próximos 3, 4, 5 y 9 de septiembre por un presunto delito contra la administración pública.

Además, el TSJC ha informado de que la magistrada que instruye el caso no se ha pronunciado sobre otros cuatro ediles que también están siendo investigados y que tienen condición de aforados, "al no ser competente".

Los aforados son Teresa Jordà, ex alcaldesa de Ripoll (Girona) y diputada de ERC en el Congreso; Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels (Barcelona) y diputado del PP en el Parlament; Carles Pellicer, alcalde de Reus (Tarragona) y diputado de CiU en el Parlament; y el alcalde de Guissona (Lleida), Josep Cosconera, que también es diputado de ERC en el Parlament.

Se da la circunstancia que si finalmente se imputara a los que también son diputados en la cámara catalana, toda la causa debería ser investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mientras que si además también resulta imputada Jordà, el caso pasaría a manos del Tribunal Supremo.

Varios alcaldes han confirmado este jueves que habían recibido la notificación del juzgado, entre ellos el alcalde Mataró, Joan Mora (CiU), que ha expresado su desacuerdo en Twitter: "Estoy muy disgustado, me acaban de comunicar la imputación por el tema de la FMC. Demostraré que no he hecho nada mal y que es una injusticia".

Fuentes del PSC de la comarca del Vallès Occidental han detallado que la alcaldesa de Barberà (Barcelona), Ana del Frago (PSC), ha confirmado haber recibido la notificación de imputación, mientras que el exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, "todavía no la ha recibido".

El pasado 18 de julio la magistrada que instruye el caso Mercurio abrió una pieza separada para investigar si 44 alcaldes de distintos partidos políticos podrían haber cobrado sueldos encubiertos entre enero de 2011 y octubre de 2012.

El atestado de los Mossos d'Esquadra revela que los ediles investigados, que eran miembros del comité ejecutivo de la FMC, habrían percibido una cantidad fija en función del cargo que desempeñaban en el ente y que alcanza los 200.000 euros en total.

Quien habría cobrado las partidas más elevadas es el exalcalde de Sabadell y presidente de la FMC en aquella época, Manuel Bustos (PSC), que con esta imputación suma un total de diez en el caso Mercurio, y que recibió 23.943 euros.

Por debajo de Bustos, destacan los nombres de vicepresidentes de la entidad supramunicipal como Núria Marín, alcaldesa del PSC en Hospitalet (7.500 euros); Joan Mora, alcalde de CiU en Mataró (5.000 euros), Lluís Tejedor, alcalde de ICV en El Prat (12.850 euros); David Rodríguez, alcalde de ERC en Solsona (7.500 euros), o Josep Félix Ballesteros, alcalde del PSC en Tarragona (5.397).

Los alcaldes de ERC y CiU decidieron abandonar temporalmente el comité ejecutivo después de que estallase el escándalo del cobro de presuntos sobresueldos.

En esta misma línea los ediles de CiU, ERC y también una alcaldesa del PSC han devuelto el dinero percibido a la FMC.

Este anuncio coincide con las declaraciones que este jueves ha realizado el nuevo presidente de la FMC, Xavier Amor, en las que ha asegurado que la entidad "iniciará una nueva etapa para evitar la mala gestión y desterrar la mala praxis".
 


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