AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 3 Septiembre  2014

Pujol y lo que el PP sabía pero no denunciaba
EDITORIAL Libertad Digital 3 Septiembre 2014

Lo más relevante de la comparecencia del ministro de Hacienda en el Congreso por el caso Pujol no ha sido tanto su afirmación de que el expresidente autonómico catalán no ha regularizado con Hacienda sus "más de 30 años de clandestinidad fiscal" como que Montoro haya revelado que ya en su primera etapa en el Ministerio de Hacienda, en el año 2000, tenían conocimiento de la inexplicable fortuna de la familia Pujol. ¿Cómo es posible que durante estos 14 años Montoro no haya reclamado una inspección contra el exdirigente catalán, sino sólo "abrir unos expedientes"... no a Pujol sino a sus hijos, por su "participación en varias sociedades"?

Bien está que el ministro se pregunte retóricamente y en referencia a Pujol "de qué vale admitir el fraude cometido si no se ha corregido el rumbo"; pero ¿de qué le ha valido a Montoro tener conocimiento desde el año 2000 de una fortuna de la que hasta ahora no ha querido saber ni decir nada?

Por mucho que haya anunciado ahora que el Ministerio de Hacienda se va a personar en la causa contra Jordi Pujol, y que prometa que su departamento seguirá adelante con su investigación hasta el final, y que "perseguirá este fraude, ya sea en la vía administrativa o judicial", la comparecencia de Montoro no ha hecho más que reforzar la convicción de quienes consideran que el enorme tinglado de corrupción en Cataluña no hubiera sido jamás posible sin la condescendencia de los distintos Gobiernos centrales.

Bien como moneda de cambio para aprobar presupuestos cuando no se tenía mayoría absoluta, bien como forma de presión para evitar un proceso separatista que no se tiene el coraje de combatir –legal, política y financieramente–, los Gobiernos nacionales nunca se han atrevido a denunciar, ni política ni judicialmente, la corrupción institucional imperante en Cataluña.

Por muchísimas menos dudas sobre su patrimonio, miles de españoles han sufrido inspecciones de infarto por parte de Hacienda, y no pocos de ellos han visto aireadas sus supuestas irregularidades en los medios de comunicación. Sin embargo, los Gobiernos del PP y del PSOE han actuado como si las leyes que castigan el delito fiscal no afectaran a los gobernantes nacionalistas, a quienes tampoco parecen afectar las leyes que castigan los delitos de desobediencia, usurpación de atribuciones y prevaricación. Así lo evidencia la impunidad con la que están perpetrando su ilegal desafío secesionista y su carísimo proceso de construcción nacional, indirectamente financiado por el ministro Montoro a través del Fondo de Liquidez Autonómica.

Mucho se criticó –y con razón– a Pascual Maragall por no atreverse a mantener su acusación de cobro de comisiones a CiU. Pero la cobardía de los Gobiernos de España a la hora de denunciar una corrupción, que va mucho más allá del 3 por cierto y que no se limita a la familia Pujol es todavía mayor.

Montoro
Granito entre soplillos
Emilio Campmany Libertad Digital 3 Septiembre 2014

Hay que ver con cuánta frecuencia los políticos nos toman por tontos. Y no se dan cuenta de lo irritante que es. Podemos tolerar con voluntariosa ataraxia las groseras mentiras que nos endilgan. Llegamos a soportar con proverbial estoicismo los reiterados incumplimientos de sus promesas. Aceptamos recibir con pacífico escepticismo sus campanudas apelaciones al interés general. Pero lo que no hay quien aguante con mediana serenidad es que nos tomen por imbéciles completos. En eso, en lo de tomarnos por idiotas y suponernos lerdos de baba, Montoro no es que sea un experto, es que lleva sacados varios másteres y es probable que dirija un seminario para sus compañeros del Consejo de Ministros.

Es sencillamente increíble que quien ostenta el cargo de ministro de Hacienda reconozca sin empacho que los Pujol han disfrutado de treinta años de clandestinidad fiscal. Y como no le da la gana de reconocer que se ha enterado por los periódicos va y admite que esto de los Pujol lo sabía él desde el año 2000, fecha en la que ya andaba él mandando en Hacienda, cuando les abrió una inspección. Me parece muy bien que se la abriera. Lo que no me lo parece tanto es que la cerrara dos años más tarde sin haber descubierto nada de una relevancia mínimamente próxima a lo que hoy sabemos gracias a los periódicos. Luego se pone farruco y promete que llegará hasta el final de todo este asunto. No parece probable que llegue hasta ningún final cuando lo único que le preocupa es el fraude fiscal y no admite siquiera una sospecha acerca del origen delictivo de la inmensa fortuna acumulada por los Pujol a su vista, ciencia y paciencia. Pero es que además es imposible que llegue hasta ningún final porque muchos de esos delitos que él no descarta que se hayan cometido están prescritos por la negligencia del departamento que él ha dirigido durante tantos años.

Y lo de justificar la revelación de datos fiscales amparándose en que uno de los afectados, que no todos, ha reconocido una parte muy limitada de los mismos es de llamar al 091. O sea, según Montoro, el que Jordi Pujol reconozca que tiene una cuenta sin declarar le autoriza a él a revelar públicamente cualquier detalle de sus declaraciones fiscales. Y si es así, ¿por qué en vez de limitarse a revelarnos que Pujol no se acogió a la amnistía fiscal no nos ofrece todos los datos de sus declaraciones, que sería algo muy interesante? Si la admisión de un hecho por parte del afectado le autoriza a revelar el resto, ¿por qué no lo hace? Pues porque metió la pata con Bárcenas, de quien reveló lo mismo. Y por no reconocer que la metió, prefiere volverlo a hacer y justificarlo con un argumento que evidencia lo muy tontos que nos considera. Dicen que el papel lo aguanta todo. Lo que lo aguanta todo es el granito.

Por un sistema racional de gobierno en España
Miguel Cámara www.gaceta.es 3 Septiembre 2014

Si queremos limpiar España no podremos contar con la ayuda de los políticos, por ser, precisamente ellos, quienes la han ensuciado en su propio y único interés.

Hay una frase que puede servir para iniciar la información sobre la posible creación del grupo Acción Cívica Nacional, ajeno al mundo político: “No se puede limpiar una charca y pretender la ayuda de las ranas”. Eso mismo ocurre si queremos limpiar España; que no podremos contar con la ayuda de los políticos, por ser, precisamente ellos, quienes la han ensuciado en su propio y único interés.

Por esta razón, y desde hace varios años, venimos elaborando un sistema más racional, que se hace cada vez más necesario para colaborar en las tareas de gobierno. Debe ser la propia gente del pueblo, con preparación necesaria, quien participe, de forma activa y directa, en esta gestión, al tiempo que los políticos sean cada vez menos los que nos representen, ya que, de hecho, no nos representan, pues han demostrado escasa aptitud, egoísmo, deslealtad y abuso; no les pagamos para eso. La situación ha llegado a tal extremo de deterioro, que la sustitución de políticos por tecnócratas no representa ya en nuestra Sociedad la duda que podría haber en otros países civilizados, dada la estrecha relación existente entre nuestra peculiar clase política, la corrupción y el resultado final que estamos viviendo. Algunos políticos no dudan en usar el dinero del contribuyente para llevar ellos, al margen de su sueldo, una vida de lujos y privilegios, al tiempo que les abre unas puertas de influencias a mejores situaciones posteriores, a las que no son, precisamente ellos, los que puedan poner un límite hoy en día. La preocupación de ellos estriba en mantener lo que poseen, ahora y mañana, por encima de todo, incluso de los propios intereses del pueblo que los contrató, y les paga. Controlan todo, y nos controlan, con la fuerza que se ha otorgado así misma una minoría activa.

Sobre este sistema racional que presentamos ahora, hemos publicado diferentes notas de opinión en diversos periódicos nacionales desde hace un par de años, abogando, desde entonces, por todo cuanto manifestamos a continuación.

Según la estadística oficial, los políticos se mueven entre el segundo o tercer problema de los muchos que padece España, como son el paro, la corrupción, la crisis económica, la inseguridad ciudadana, la sanidad, el fraude, la educación, la vivienda, y un largo etcétera. Pero los responsables de todos y cada uno de esos problemas son, precisamente, los políticos, la fuerza activa que toma las decisiones, y que es quien genera el resto de todos los problemas existentes por la pésima gestión que llevan a cabo, y nos han situado en la extrema y específica situación que vivimos hoy en España, al margen de la crisis europea, cuyos efectos nos ha rozado, pero no nos ha hundido; de eso se han encargado nuestros políticos. A ellos les dimos nuestra confianza a través del voto, confianza que no han sabido usar de manera responsable y digna, pues nunca han tomado una decisión que fuera en contra de sus intereses de Partido, o de sus intereses privados, aunque fuera beneficiosa para el pueblo. Unos por acción, y otros por omisión, son culpables la mayoría de ellos; por supuesto que hay excepciones (conozco, personalmente, algunas, con nombres y apellidos) pero esas excepciones, lógicamente, no han tenido suficiente fuerza para frenar un caudaloso río de deslealtad, egoísmo y corrupción.

Todos ellos han sabido siempre autoexculparse, y, si no lo han hecho directamente, lo han hecho los jueces seleccionados por ellos a tal efecto. En su fuero interno, creen, con toda sinceridad, que son honestos, dignos y que pueden ir con la cabeza muy alta. Por el subconsciente de ellos debe pasar un pensamiento similar a: "mi sueldo debería ser mucho mayor, o, más debería yo haber detraído de las arcas, después de todo lo que yo he hecho y trabajado por el pueblo". Lo que no se les pasa por la mente es que han colaborado, por acción u omisión, como decimos, para dejar al pueblo en la ruina. Hemos mencionado que existen excepciones, como, por ejemplo la de aquel diputado socialista (aunque la ideología no importa; estamos hablando de personas y sólo hay que creer en ella y en su palabra) que dimitió de su cargo porque su conciencia le decía que no se ganaba los 60.000 euros anuales asignados. Hombres de esta talla son los que deberán formar la base de Acción Cívica Nacional. También hay un senador, valiente, que se pronunció, en una entrevista televisiva, sobre la falta de operatividad del Senado, manifestando que no se justificaba su existencia porque allí, dijo, se hacía poco, y se cobraba mucho ¿Alguien puede creer que estos dignos políticos tienen fuerza para cambiar el curso del río corrupto? Por supuesto que no. Los políticos son el primer problema que tiene España, y es un hecho que, siendo ellos parte inseparable y esencial del problema, nunca podrán formar parte de la solución del mismo.

No nos cabe duda de que una gran mayoría de políticos entraron en esta actividad con las mejores intenciones hacia el pueblo que los contrató. Pero por diversas razones, entre ellas, quizá, una deficiente formación y educación (diferente, desgraciadamente, en cada Autonomía) en los últimos treinta y cinco años, les hizo sucumbir a muchos de ellos ante la insistente marea de tentaciones. Es por ello que el Programa para la Educación, único en todo el Territorio, es clave desde la infancia, y ha de ser acorde con los valores humanos que se derivan de la Moral, la Ética, y de aquellas Buenas Costumbres, perdidas hoy (existía una Asignatura, llamada Urbanidad, que, entre otras muchas cosas, enseñaba, desde los primeros años, la importancia que tenía, por ejemplo, de ayudar a un anciano a cruzar la calle, y la satisfacción que sentía luego quien así actuaba, que, sin darse cuenta, se iba realizando, educando, y formando, cada día más, como persona. Pero estos sentimientos hay que infundirlos desde la más temprana edad, de lo contrario no se aprenden nunca, y endurecen el alma humana; Moral, Ética y Buenas Costumbres, todo ello es primordial para cambiar el comportamiento de los gobernantes, y frenaría, además, los nefastos encontronazos educacionales que existen hoy)

El Estado de las Autonomías ha demostrado su ineficiencia y extrema carestía después de 35 años de vigencia, suponiendo, además, una vía de corrupción descentralizada y generalizada, en la que, algunos, han buscado, abrazado y adoptado esa corrupción, y el resto ha reaccionado igual, si la corrupción llamó algún día a su puerta. Cada Autonomía, culpa de sus males a España, debilitando y degradando, cada vez más, a la Nación. Gobernar es elegir prioridades, y las medidas tomadas hasta hoy, debieron ser pospuestas tras haber empezado por las prioritarias, de tal forma que muchas de las decisiones ya adoptadas no hubieran sido necesarias. La situación ha llegado a un extremo que se hace urgente recomponer la mala y débil cimentación de una casa cuyas paredes se agrietan peligrosamente, y es un error tratar de reparar las grietas, como se está haciendo hoy, porque volverán a salir mañana: hay que empezar siempre por el principio, por las raíces, por los cimientos.

Hasta 1.978, la estructura de la división político administrativa del Estado Español, era la España de las Provincias; fue disuelta entonces, sin problema alguno, para dar paso a las Autonomías. El Presidente del Gobierno ha manifestado, textualmente, que “las Autonomías no se pueden tocar porque están consagradas en la Constitución”; es un absoluto error; las Autonomías, llevan 35 años en la Constitución, y habían sustituido a las Provincias, que estuvieron consagradas en la Constitución durante más de 180 años, tras ser rectificada en 1.978. Esa rectificación, se hizo de la noche a la mañana. Ahora, con sólo 35 años de vigencia, las Autonomías resultan intocables para nuestro Presidente. La Constitución no es una obra divina, sino un trabajo del hombre, y la mejor forma de respetarla, sentirla y mantenerla actualizada, no es otra que adaptarla a las exigencias de los nuevos tiempos para que conserve su vigencia por encima de todos los tiempos, cosa que hay que hacer siempre que sea necesario, justo y razonable, mediante las rectificaciones que procedan. La Ley se hace para los vivos, no para los muertos. Alguien, con sentido común, ha matizado recientemente que hay que “rejuvenecer” a la Constitución; absolutamente cierto. El Presidente del Gobierno, con esa manifestación, deja clara una simple y vaga excusa que oculta su debilidad política y su mala gestión. No hubo problema alguno, como ya se ha dicho, para desmontar, cual simple escenario, aquella España de las Provincias; no pasó nada, y no se alteró nadie. El pueblo pensó en la posibilidad de un futuro mejor, y los políticos vieron el cielo abierto ante las grandes expectativas de aumento de puestos políticos, que hoy se resisten a abandonar.

Cuando una cosa se hace mal es preciso corregirla, lo cual no quiere decir, en absoluto, volver a atrás. La invención de las Autonomías ha sido para peor, a un precio elevadísimo y con un incremento exagerado de la corrupción. Como decimos, volver a la España de las Provincias, no es retroceder, todo lo contrario: se trata de situarnos en el esquema inicial para, desde allí, avanzar, haciendo todas las rectificaciones necesarias y adecuadas para actualizar el Estado a los tiempos de hoy. Pero estas rectificaciones hay que hacerlas, siempre, desde las Provincias, nunca desde las Autonomías.

Una de las razones que se esgrimen para justificar lo injustificable es decir que las Autonomías han acercado más la Administración al pueblo; primero resulta confuso, y cuando se piensa más despacio, es manifiestamente falso: la aproximación ha resultado, exclusivamente, física, sin que llevara implícita, por ello, una mayor eficiencia en la gestión, sino justo lo contrario: una manifiesta ineficiencia, abuso y corrupción, ocultos, precisamente, en la confianza y familiaridad que da lo cercano. Es muy cierto que las decisiones deben tomarse lo más próximo a los ciudadanos, pero las ejecuciones de las mismas y la responsabilidad de sus costos deben estar centralizadas; se podría matizar esta afirmación de acuerdo a las peculiaridades de cada pueblo, pero en España, ya hemos visto cómo ha funcionado. Por lo tanto, corrijamos todo aquello que ya funcionaba mal en la estructura anterior, o que ya no tuviera sentido hoy, y actualicemos, además, la funcionalidad de aquellas Provincias para que vuelvan a ser eficaces, ya que no podemos anclarnos en donde estábamos; eso sí sería un paso atrás. Esta actualización esencial, disminuiría de entrada, y de forma considerable, el exagerado gasto público en una cifra muy superior a la que se estiman conseguir tras las precipitadas, inoportunas e inadecuadas medidas tomadas hasta hoy. Incluso los ahorros que puedan parecer irrelevantes, no lo son en absoluto, pues, en estos casos, los gestos son básicos, porque se trata de inculcar en los gobernantes unos principios que les permita ser un ejemplo para todos. Esos pequeños gestos, al final, son tan importantes como los grandes ahorros; una actitud honesta imprime carácter, se obliga y se crece en el resto de actuaciones posteriores.

En esta nueva reestructuración del Estado, se hace precisa la supresión de las Diputaciones Provinciales que, por sí mismas, constituyen una duplicidad de las funciones que han existido siempre. El Tribunal Constitucional no tiene sentido para sustentar, si llegara el caso, a un Gobierno nacido de la base del pueblo, y que trabaje por y para el pueblo, al margen de este alto Tribunal politizado. La Audiencia Provincial es otro ejemplo de Órgano influido por la política; la vergonzosa legalización de Bildu, por citar un ejemplo, entre otras nefastas consecuencias, ha llevado a colocar profesores, miembros de ETA, en las escuelas vascas, por lo que el cruel y miserable adoctrinamiento seguirá sembrando la mala semilla entre la indefensa juventud de ese pueblo. Si no se remedia, será cuestión de una generación para que el problema vasco vuelva a resurgir con toda crueldad desde sus orígenes, igual que hace cincuenta años. Aunque ahora se consiga una paz aparente, la semilla, como decimos, está germinando. Junto a esa reacción consecuente, se hace preciso potenciar la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una de las mejores del mundo, cuya operatividad está mermada hoy por la debilidad e irresponsabilidad de sus mandos políticos, o politizados.

Dentro del despilfarro autonómico, sirva de ejemplo, entre otros miles, el que afecta a los ineficientes Tribunales de la Competencia. Han llegado a ser doce. Resulta difícil creerlo, pero en diez años, han supuesto un coste de unos 60 millones de euros, han recaudado menos de 6 millones, tras la imposición de menos de 60 sanciones. Mayor ineficiencia, imposible, ni mayor despilfarro, tampoco. Muchos de ellos están regidos por gente de la política (la corrupción es mayor en empresas dirigidas por políticos, o gente que venga de esa actividad) El costo se va en altos sueldos, coches oficiales, lujos, privilegios y las bagatelas de siempre.

Pero el asunto es mucho más grave de lo que parece; el sentido común haría pensar a cualquiera que esos tribunales autonómicos son los únicos organismos que existen en España para el control de la competencia, pero, nada de eso. Resulta que desde hace más de medio siglo existe la Comisión Nacional de la Competencia (que ha tenido diversos nombres desde sus primeros pasos en 1.953) que, dependiendo del Estado Central, vigila por el estricto cumplimiento de lo que no vigilan los Tribunales Autonómicos. Resultado: sólo en el año 2.012, la Comisión Nacional de la Competencia, ha puesto sanciones por valor de casi 250 millones de euros; un sólo Organismo centralizado, eficiente, frente a unos Tribunales Autonómicos ineficientes y despilfarradores. Los vergonzosos ejemplos como éste, se cuentan por miles, y se pueden ver, a pié de calle, leyendo la prensa, viendo la televisión o escuchando la radio, para sentir, cada vez más, una honda depresión, angustia y vergüenza.

Al igual que ocurrió cuando se suprimieron las Provincias, el pueblo tampoco se quejará, es más, se alegrará y aplaudirá esta decisión, pues ahora todos los ciudadanos cuentan ya con la nefasta experiencia que han supuesto las autonomías en todos los órdenes. Si bien, y al contrario de lo que ocurrió antes, los únicos que se van a quejar son los políticos (manteniendo siempre las honrosas excepciones que existen) los líderes sindicales, y esa parte de la judicatura politizada; pondrán el grito en el cielo. Es mucho el poder, las influencias y privilegios que van a perder. Pero, en este caso, no hay que oír a los políticos, sólo hay que escuchar al pueblo, que es para quien se gobierna.

Otras medidas a considerar están relacionadas con la reducción de ayuntamientos, supresión de los liberados sindicales (los que deseen mantener los sindicatos, será por cuenta de ellos, no del pueblo) cancelación de cualquier tipo de subvención a los sindicatos, que deberán mantenerse con los recursos exclusivos de sus propios afiliados, como ocurre en todas partes. Así como supresión de las subvenciones a la Patronal. Los defensores del pueblo desaparecerían con las autonomías, como también desaparecerían las 160 embajadas autonómicas en el extranjero, donde se derrochan miles de millones de euros. Supresión de los coches oficiales, y tantísimas medidas imposibles de relacionar en esta declaración. Incluso los ahorros que puedan parecer irrelevantes, no lo son en absoluto, pues, en estos casos, y como ya se ha mencionado, los gestos son básicos, porque se trata de inculcar en los gobernantes una moral y una educación que les permita ser un ejemplo para todos, y poder, además, predicar con el mismo.

Debemos entender que los políticos, hasta que no han colmado sus necesidades en ese saco sin fondo de despilfarro generalizado y corrupción, no están dispuestos a atender las necesidades del pueblo. Es entonces cuando dicen eso de “ya se ve luz al final del túnel”, que es tanto como decir: “vamos a repartir entre el pueblo un dinero que nos ha quedado”, aunque ellos no son conscientes del alcance de esas palabras; de esos asuntos internos se ocupa directamente el subconsciente liberador de sus malas consciencias.

Actuación de una minoría independentista en Cataluña y País Vasco
Una minoría independentista en Cataluña y País Vasco, junto a una gran parte del resto del pueblo, es decir, una mayoría absoluta, pide la celebración de un referendum para manifestar sus opiniones, unos a favor, y otros en contra de la independencia, a lo cual tienen, todos juntos, pleno derecho, aunque, para ello, haya que rectificar la Constitución. Se hace precisa una fuerza razonable y justa como la que han demostrado tener los primeros ministros de Inglaterra y Canadá, para autorizar la celebración de ambas consultas en Escocia y Quebec, respectivamente. Habría que emular esa firmes decisiones que autorizaron la celebración de sendos referendums a solicitud de los independentistas, pero, sobre todo, respetando, al mismo tiempo, la voluntad del resto del pueblo, la mayoría, que también pedía un referendum para mostrar su deseo en contra de esa independencia. En Escocia, la consulta tendrá lugar este mismo año, y las encuestas están a favor de mantener la unión con Inglaterra, incluso también se muestra a favor la “rebeldía natural” de la juventud, en contra de lo que pensó en un principio la minoría soberanista (de hecho, nadie esperaba que varias encuestas recientes llevadas a cabo en algunas universidades escocesas entre estudiantes de 18 a 20 años, se saldaran con un rechazo a la independencia de un 80%) En Quebec, donde las encuestan reflejaron la misma tendencia que en Escocia, la consulta al pueblo se llevó a cabo en septiembre de 2.012, siendo rechazada la independencia con un 69% de los votos. Nuestro Gobierno, en cambio, no es capaz de ponerse por delante del problema, como corresponde a su responsabilidad de gobernar para todos, aceptando el referendum y controlando así la situación; ni la mayoría de catalanes ni vascos, desea la independencia, pero la actitud negativa del Gobierno de escuchar a esas mayorías, sólo va a causar daño a todos, y que el problema resurja una y otra vez. Nuestro Gobierno sólo escucha, y da prioridad, a los secesionistas, despreciando e ignorando a la mayoría.

El Gobierno, por tanto, no debe escudarse en la Constitución, sino modificarla, y apoyar abiertamente los dos referendums. Los gobiernos de Inglaterra y Canadá han demostrado sentido común, fuerza, eficacia y un resultado satisfactorio para la mayoría del pueblo, que es, precisamente, de lo que se trata. No se da cuenta nuestro Gobierno que rectificar la Constitución, como ya se ha dicho, es una forma de guardarla para conservarla siempre intacta y efectiva; es una forma inteligente de respetar los cambios sociales y sus evoluciones, el transcurrir del tiempo, y del ser humano. Es, por así decirlo, como un principio natural de conservación, para que todo evolucione como consecuencia de una propia transformación natural; oponerse a ello es antinatural, y su interpretación como algo inamovible, o inalterable, es un grave error que mantendrá enconado el problema soberanista eternamente. No es correcto decir que los casos citados como ejemplo, Escocia Quebec, son diferentes a los nuestros; son idénticos, toda vez que estamos hablando de personas, de sus intereses, ambiciones, egoísmos, solidaridad, inquietudes, complicidad...en definitiva, de los defectos y virtudes de los seres humanos. Todo esto está por encima de cualquier connotación histórica y de legalidades constitucionales. Pero nuestros malos gobernantes no se cansan de pretender centrar el problema en lo que no es relevante para la mayoría, como es el hecho de decir machaconamente, y todos los días, que ni Cataluña ni el País Vasco podrán subsistir en la independencia; tanto la minoría como la mayoría sabrán depositar en las urnas la valoración conjunta y congruente con su futuro.

Recuperación de Gibraltar
Este problema es el ejemplo más dramático y vergonzoso de la debilidad y miedo cerval de nuestros gobernantes durante años, y ello, teniendo, como tenemos, la razón. Los distintos gobiernos, como el actual, no han sido capaces siquiera de situar el problema en su justa medida, empezando por determinar en qué terreno nos estamos moviendo, de acuerdo con la situación real y actual del conflicto. No se puede continuar así; nuestros gobernantes deberían tener, al menos, la mínima fuerza, valor y sentido común para definir una de las dos únicas alternativas, o postura digna que existe: o iniciar los trámites para la ejecución de la sentencia de las Naciones Unidas de 1.946 que ordenó la devolución de Gibraltar, o rechazar nuestro derecho, y aceptar su pertenencia, aunque ilegal e injusta, a Inglaterra. A partir de una postura clara y definida, se podrá andar un camino firme sabiendo ya dónde estamos. La ambigüedad nos lleva a la queja continua y al pataleo, o sea, al ridículo y desprestigio internacional constantes. Recordando ahora los últimos acontecimientos recientes, ¡qué lejos quedaron aquellas palabras del Gobierno “Gibraltar español”, “Se acabó el recreo de Gibraltar”, y aquel amago de cobrar 50 euros por cruzar la verja ¡Qué vergüenza, una vez más! Ahora sí que se ha acabado el recreo y volvemos a la clase donde seguiremos recibiendo las mismas lecciones que nos vienen dando los ingleses desde hace 300 años.

Tras haber ganado ellos, una vez más, el último conflicto con Gibraltar, les hemos dado oxígeno suficiente para que sigan creciéndose, por lo que no se puede decir que el asunto sigue igual, cuando resulta que está cada vez peor; se ha reanudado el abastecimiento de bloques de hormigón a Gibraltar a través barcos procedentes ahora de Portugal, para seguir dragando el fondo marino de nuestras aguas a fin de continuar la construcción del complejo de lujo inglés. El pataleo y ambigüedad que mencionamos, se centra, en esta ocasión, en la absurda queja que el Gobierno presentó en Europa, y que se ha saldado con un mayor desprestigio para España, porque no ha conseguido absolutamente nada. Sólo será cuestión de tiempo para que España vuelva a colaborar, activa y directamente, en el engrandecimiento inglés en Gibraltar, una superficie española que va aumentando por tierra y por mar con la indiferencia de todos nuestros gobiernos; nos encontramos ante lo que siempre se ha llamado, porque así es, la “vergüenza nacional”. Hoy, ya no se oye hablar de Gibraltar. Hemos vuelto a bajar la guardia. Pero volveremos a hacerlo para seguir afianzando la posesión británica.

No podemos culpar de este conflicto a los ingleses, sino única y exclusivamente a los españoles, es decir, a los sucesivos gobiernos que sólo han hecho amagos de acercamiento al problema, para, seguidamente, salir huyendo y olvidarlo, en todas las ocasiones. Todos los pronunciamientos oficiales han dado siempre la razón a España, sobre todo, como hemos mencionado, el Mandato de las Naciones Unidas del año 1.946, tomado por referendum, que pedía a Inglaterra la devolución del Peñón a su legítimo dueño, España. Pensemos, por un momento, que la situación se hubiera desarrollado al revés, es decir, que en el año 1.703, hubiera sido una flota española, no británica, la que se hubiera posesionado de una plaza británica al sur de Inglaterra, concurriendo idénticas circunstancias de población, superficie, razones históricas, etc. No existe hoy quien pueda creer que esa Plaza conquistada por España en Inglaterra hace 300 años, siguiera hoy siendo española. Los ingleses, cuando no tienen la razón sobre algo, usan la mera posesión como un principio del Derecho, es decir, como si fuera Ley, ante la impasible debilidad conocida de los sucesivos gobiernos españoles.

Cuando se presenta un conflicto entre dos partes hay que seguir siempre unas pautas de actuación; hay que empezar intentando la solución amistosa por medio del diálogo; si no prospera, hay que presentar una demanda. Con la sentencia en la mano, y si la parte condenada se niega a cumplirla, hay que volver a dialogar para convencerla. Si aún así, se niega, no queda más que solicitar, en la forma que proceda de acuerdo al caso, la ejecución de la sentencia. Así han actuado nuestros gobiernos, hasta que tuvieron la sentencia favorable en sus manos. A partir de ese instante, fueron reducidos por la fuerza que mostraron los ingleses, al extremo de que nuestro débil Gobierno sigue desenfocando la situación pidiendo diálogo con Inglaterra; eso no tiene sentido, cuando lo que procede es olvidar a Inglaterra, e iniciar la ejecución de una clara Sentencia. El momento que correspondió al diálogo, está ya superado; España pasó por esa fase después de cientos de diálogos, en los que Inglaterra respondía con argumentos absurdos o que no guardaban relación con el Contencioso. Tienen un arte envidiable para mantenerse al margen del problema que han creado, como si no fuera con ellos, tratando siempre de buscar terceros sobre los que recaiga la responsabilidad que corresponde al verdadero y único responsable.

Veinte años después del Mandato de las Naciones Unidas de 1.946, el delegado adjunto en la ONU, Jaime de Piniés, se quejaba en ese Organismo de las dificultades que ponía Inglaterra para la descolonización, aduciendo siempre los ingleses razones absurdas, sin argumentos, y sin guardar relación con la posesión ilegal del terreno. Explicaba a su colega británico, en nombre del entonces ministro de Exteriores, Fernando María Castiella, que: “Mi Gobierno reconoce a los gibraltareños los máximos derechos que puede tener cualquier agrupación humana, salvo el de disponer de un trozo de suelo español”. Ese mismo día, 12 de julio de 1.966, Londres aprovechó la ocasión para ampliar en un kilómetro cuadrado su usurpación para la construcción del Aeropuerto de Gibraltar, declarándose soberana de un nuevo trozo de territorio español. No se tomó ninguna medida contra la construcción del aeropuerto de Gibraltar emplazado en suelo de soberanía española, ya que se pretendía dar prioridad a la descolonización, pues lo demás, se contemplaría en su momento; lo contrario a lo que hacemos ahora, es decir, preocuparnos de los bloques de hormigón, en vez de priorizar la ejecución del acuerdo de descolonización.

El Sr. Piniés dejó clara la propuesta española: “Que ambos países inicien, sin demora, la negociación del Estatuto que deberá proteger los intereses de los residentes del territorio de Gibraltar, una vez se haya procedido a la cancelación de la situación colonial. Dicho Estatuto será registrado en las Naciones Unidas“. Los ingleses manifestaron que estudiarían la propuesta, para, al final, como siempre, decir que no. Existe también una Resolución del Comité de los Veinticuatro de las Naciones Unidas del día 17 de noviembre de 1.966, diciendo que “no debe retrasarse la terminación de la situación colonial de Gibraltar”.

Volviendo a la situación general de esta exposición, debemos decir que no tenemos un pensamiento extremista sobre nada de lo que aquí se expone, sino racional, flexible y consecuente con los hechos, y nada de lo que se expone en esta declaración, se puede entender como radical, de derecha, o de izquierda. Hay que entender que la situación que vivimos es radical, crítica, extrema, y, consecuentemente, las soluciones tienen que estar a la altura de la magnitud del problema, pero siempre posibles y dentro de la más estricta razón y sentido común. A pesar de la crisis mundial, la mala situación específica que vive España no se puede achacar a Europa, al Banco Central Europeo, a los mercados, ni absolutamente a nadie, sólo, y exclusivamente, a nuestros débiles y corruptos políticos (insisto en las excepciones) en definitiva, a nosotros mismos. En general, los políticos, jamás, serían capaces de adoptar ninguna de las medidas aquí mencionadas; es mucho lo que tienen que perder desde sus vacíos asientos. Esto es exactamente igual que cuando el servicio de una casa desempeña mal su trabajo: se le despide. No hay mejor casa en España que la que pertenece a todos sus ciudadanos, y en la que hemos confiado y contratado un servicio que ha resultado desleal, unos por acción y el resto por omisión. Se justifican sus deslealtades, se las premian entre ellos, se conceden privilegios, lujos y distinciones. Tienen sus abogados, en las más altas esferas de la Judicatura, que les defienden de sus abusos. Aunque haya alternancia dentro de ese “servicio doméstico”, el resultado no mejora, sino que va a peor.

No puede prosperar lo que se ha construido sobre una base viciada por el mismo servicio, y que es intocable porque afectaría a sus propios intereses. El problema no se soluciona contratando nuevo servicio, porque está ya inmerso en un círculo vicioso. Ante la pérdida de confianza, la única alternativa es que el propio amo se ocupe directamente de su casa. En otros países civilizados el servicio funciona, en España no. No queda más remedio que despedir al servicio que hemos contratado, y, por supuesto, sin derecho alguno a seguir cobrando de por vida los sueldos que tenían.

Por los motivos expuestos, se hacía necesario, como se ha dicho, iniciar un movimiento desde el propio pueblo que presentara un programa racional de gobierno, al margen de la Política que, poco a poco, tenga la posibilidad de colaborar en lo que todos el españoles ansiamos: sacar a España de la crisis cuanto antes y para siempre, renovar la lealtad que los gobernantes deben al pueblo que los nombra y les paga, elegirlos preparados, fuertes y responsables, y, aún sabiendo que no volveremos a ser un país protector como fuimos durante siglos (ni falta que hace) dejar de ser, al menos, un país protegido, arruinado y siguiendo siempre las pautas que nos marcan desde fuera como consecuencia de la manifiesta debilidad y deslealtad de nuestros representantes.

Acción Cívica Nacional podrá ver la luz desde la base de la ciudadanía, y al margen de ideologías políticas, aún admitiendo que siempre tenemos, al menos, una ligera tendencia a uno u otro lado, propia de la educación recibida, formación, influencia social, pero siempre posible de sublimar si ponemos por encima de ellas el valor de la palabra, y la lealtad debida a quien nos da su confianza, y nos paga, para limpiar y mantener limpia la casa. Esperamos, de esta forma, y con el tiempo, una suficiente representación nacional, a fin de colaborar en un mejor gobierno de España.

Los componentes de Acción Cívica Nacional que mañana tuvieran responsabilidades con derecho a un sueldo, mantendrán el emolumento que se estipule, exclusivamente, durante el tiempo que dure la representación que ostente, sea cual sea. Una vez cumplida su labor, dejarán de percibir la asignación que les correspondía, pudiendo acogerse, bien a los beneficios del Paro, si procede, o a la Jubilación que le corresponda, como a cualquier otro trabajador. No existirá ningún tipo de privilegio de la larga lista que se expone en esta declaración, a excepción de los gastos necesarios inherentes al desempeño directo del cargo. Sus componentes no estarán protegidos por aforamiento de ninguna clase que no sean los derechos que asisten a todos los ciudadanos; recordemos, a estos efectos, un triste ejemplo de inmoralidad legal, cuando en junio de 2.012, el Congreso de los Diputados rechazó la admisión a trámite de una iniciativa popular, firmada por más de medio millón de ciudadanos, que pedía la eliminación de las prebendas de la clase política una vez que cesaran en sus cargos, a fin de ser tratados como el resto de los ciudadanos. Lo rechazaron amparándose en la Constitución, que, obviamente, ha sido confeccionada por ellos mismos. No tuvieron suficiente moral para ampararse en sus conciencias.

No podría haber mejor comienzo para Acción Cívica Nacional que contar con la confianza de esos seis millones de ciudadanos que hoy engrosan la injusta lista del paro (la cifra inferior que se baraja, no es correcta) Entre ellos, sin duda, se encuentran las personas necesarias que estarían dispuestas a representar y defender al resto de conciudadanos, y sacar adelante a esta gran Comunidad de Propietarios que es España. Tendrían un sueldo digno, y nada más. Entenderían que el dinero del contribuyente no se puede utilizar para que sus representantes tengan una vida de lujo. Y el resto del pueblo, cansado de pagar tanto servicio ingrato, y seguir pagando, incluso, después de sus despidos o ceses, se irá sumando, poco a poco, a esta causa, que es la suya propia. La causa de todos.

El perseguido Pujol
F.JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 3 Septiembre 2014

EN SU comparecencia de ayer ante la Comisión de Hacienda del Congreso, Cristóbal Montoro confesó que desde la primera vez que fue ministro, en el año 2000, la Agencia Tributaria conocía las actividades presuntamente delictivas de algunos de los hijos de Jordi Pujol y que abrió varias investigaciones al respecto. Supongo que quiso decir que las cerró, porque hasta que EL MUNDO empezó a publicar datos concretos sobre el gigantesco tinglado delictivo de la Semisagrada Familia de Cataluña, ni el segundo Gobierno Aznar, ni los dos gobiernos de Zapatero ni el actual Gobierno de Rajoy han hecho nada contra la banda. Bueno, Rajoy si ha hecho algo: el Fiscal Superior de Cataluña insultó a este periódico y anunció todo tipo de acciones legales por faltarle al respeto a Pujol y su famiglia. La prioridad máxima del Gobierno de Rajoy, además de «plantar raíces» económicas (que deben de ser raíces cuadradas) ha sido volver al pacto con CiU para evitar el referéndum separatista promovido por el partido de Pujol, obviando la evidencia de que una parte del Estado, la Generalidad catalana, está en abierta rebelión desde hace dos años contra el propio Estado de cuyos fondos se nutre pero cuya destrucción ambiciona.

Angels Barceló debe de compartir óptica con Montoro, porque ayer tuiteaba: «El caso Pujol es repugnante. La saña con la que le persigue el Gobierno es inédita, sin precedentes». Supongo que se refiere a la financiación de la Generalidad sediciosa a través del Fondo de Liquidez Autonómica, que destina la mitad de lo que extrae del bolsillo de todos los españoles a asegurarse de que Mas paga las nóminas de su personal, incluida TV3 y otros medios de comunicación para que nadie extreme la saña contra el alma mater el corpo pater y el sursum corda nacionalista. Lo consigue: once periódicos, todos, publicaron un editorial contra la sentencia del Constitucional sin haberla leído. Tan sañuda es la persecución de Madrit contra Pujol que en el año 2000 empezó a investigar sus delitos y todavía no ha hallado ninguno. La ferocidad de Hacienda y la Fiscalía es semejante a la exhibida contra Urdangarín y su amante esposa. O a la del imperio prisaico con su antiguo casero, hijo o testafliglio de Pujol. Si Hacienda nos persiguiera igual a todos no haría falta bajar los impuestos. Con no pagarlos, bastaría.

Pujol aniquilado
RAÚL DEL POZO El Mundo 3 Septiembre 2014

El separatismo se ha quedado sin fetiche y el coloso se convertirá en un pegote, en un pingajo. Ya empiezan a movilizarse los iconoclastas. La villa de Premià de Dalt ha exigido, a propuesta de los socialistas, la retirada de la estatua que se erigió de Jordi Pujol.

El propio Honorable ya se consideraba una escultura entre los coches y los pájaros; cuando no quería responder, decía: «Yo soy una estatua y las estatuas no hablan». Parece ficción, pero no lo es: dos parlamentos, el de España y el de Cataluña, debatieron ayer en dos insólitas sesiones el caso de un padre de la patria acosado por una ávida Dollar Ferrusola y por todos sus hijos buscones, que escondían una fortuna como la de Midas en paraísos fiscales, tapándola con la bandera y el palio.

Miles de millones de euros recaudados en obras públicas de los últimos 30 años llegaron a los bolsillos de la familia Pujol y a los de Convergència. Esas famiglias acusaban a España de robarles e idearon una conspiración contra el Estado democrático y la igualdad de los españoles. Ahora, que el pueblo decida, pero sin trampas ni embaucamientos.

Los antiguos limpiaban las coronas a sus estatuas, las perfumaban con incienso y con flores. Así ocurrió aquí con Jordi Pujol, que tuvo como cómplices a altas autoridades del Estado. Ahora, ese Estado, acorralado, entrampado y con la mayoría de sus dirigentes bajo sospecha, ha decidido terminar con la idolatría de uno de los colosos del Régimen del 78. Demasiado tarde. Ha sido la propia Democracia la que ha sacado de sus entrañas la purga para la catarsis.

Podemos y otros partidos han anunciado acciones judiciales contra los Pujol, las empresas públicas que se dejaron sobornar y dirigentes históricos de CIU. Dicen los de la montaña en el parque que la querella es un paso de la ciudadanía contra «la casta que tiene en común el amor a su patria: Suiza y Andorra».

Primero se tiran las estatuas y después empieza el diluvio. Como en La muerte de Dantón, el pueblo termina gritando: «Queremos arrancarles la piel de los muslos para hacer calzones; queremos sacarles la grasa para que nuestra sopa tenga mejor sabor».

Cristóbal Montoro Robespierre estuvo bien en el Congreso. Los portavoces parlamentarios fueron muy moderados en su alegato contra los evasores. Aún temen a la estatua de mil hombres; quieren gobernar con él después de muerto. El ministro prometió llegar hasta el final acusando a los diputados de la oposición de tibieza. «Han venido a escurrir el bulto».

¿Qué hay detrás del caso Pujol?
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 3 Septiembre 2014

Pocos fenómenos resultan tan incoherentes como los escándalos de corrupción en España. Periódicamente, a golpe de titular, la opinión pública se rasga las vestiduras ante episodios de pillaje que, curiosamente, pertenecían al dominio público mucho tiempo atrás. Todo el mundo los conocía, o sospechaba, pero faltaba el permiso, la pequeña chispa que transformara el conocimiento individual en colectivo. Habituados a décadas de autocensura, los ciudadanos mantienen su certeza en voz baja, no más allá de su capote, hasta que alguien da el pistoletazo, concede vía libre para que la información se transmita a la otra mitad del cerebro. Y entonces se desencadena la explosión. Una esquizofrenia política, digna del mejor Orwell, que permite saber y no saber a un tiempo. Y olvidar poco después, bailando al ritmo de la actualidad y las modas.

¿Que los Pujol estaban inmersos en turbios asuntos? ¡No me diga! ¡Menuda sorpresa! Como la que experimentó el capitán Renault, de Casablanca, al percatarse de que "aquí se juega". Unos hechos bien conocidos pero inertes, sin consecuencia alguna, ni siquiera cuando Pasqual Maragall lanzó la saeta del 3%, quedándose muy corto. Todo cambió cuando alguien desbloqueó ese semáforo que se mantenía en estricto rojo durante décadas. ¿Por qué se levanta ahora la impunidad de tan "ejemplar" familia? ¿Qué objetivo persigue la exhibición de Jordi Pujol en paños menores? Para algunos es un intento de desacreditar el proceso secesionista, de mostrar a la opinión pública la verdadera catadura del padre y precursor del invento. Pero el veterano político ha perdido su protagonismo, su lugar en la política catalana. Se trata, más bien, de un contundente aviso a navegantes, a esos que surcan los lagos suizos. Una señal de que el gobierno está dispuesto a levantar la manta en un oasis catalán donde muy pocos mantienen cubiertas sus partes pudendas. A ver quién es el guapo que aguanta el tipo.

Extorsión a cambio de obediencia
Durante décadas, las autoridades no sólo permitieron la corrupción sino que la promovieron, fomentaron e, incluso, justificaron como vía para financiar los partidos, aunque buena parte de las comisiones acabara recalando en cuentas privadas de los dirigentes. Pero toda la información de cobradores y pagadores iba componiendo un completo archivo del colosal latrocinio, a disposición del poder. Y estas pruebas de enriquecimiento ilícito constituían una eficaz coraza protectora del statu quo, una implícita extorsión, no para conseguir dinero sino obediencia: quien se apartara del guion, quien no acatara las informales reglas... perdería el manto del secreto. Ya lo advirtió Alfredo Pérez Rubalcaba en su etapa de Ministro de Interior: "veo todo lo que haces y dices". Ningún otro fenómeno explica mejor esas densas brumas de silencio, esa disciplina de omertà que amansa los espíritus más indómitos de la política.

La amenaza de airear la información indiscreta, el palo, se complementa ahora con la zanahoria: se ofrecerán amplias concesiones que conviertan a Cataluña en un país independiente de hecho, aunque de derecho siga formando parte de España. El Gobierno pretende estirar hasta el fin esa nefasta dinámica que caracterizó el Régimen de la Transición: el Estado se iría retirando de Cataluña poco a poco, por la fuerza de los hechos consumados, por el principio de no aplicar la ley, de abandonar a aquellos que veían vulnerados sus derechos. Una pasividad para dejar hacer con toda libertad a esos caciques, dueños del cortijo, mientras mantuvieran una ficción de legalidad. Nos encontramos ya en la etapa final, la de entregar las pocas competencias que restan a cambio de no convocar la consulta. Separación, sí, pero por la puerta de atrás, sin que lo perciban los ciudadanos, con disimulo, sin ostentación, sin alharacas... por ahora.

Es el fin, la última estación
Nuestro sistema político ha generado gobiernos irresponsables, inclinados a eludir los costes de las decisiones, a no asumir sus consecuencias, a permitir a los poderosos saltarse las leyes a la torera, sin cortapisa alguna. Reacios a mojarse, a aplicar medidas comprometidas. Todo por debajo de la mesa, sin transparencia, improvisando, a remolque de la política del día a día. Gobiernos cortoplacistas que fueron traspasando competencias a cambio de apoyo para la investidura, sin detenerse a pensar que ciertas atribuciones podrían ser vitales para el funcionamiento y la continuidad del Estado. Sin cuestionarse si los traspasos beneficiaban a los ciudadanos, a los contribuyentes. Siempre con el único objetivo de saciar los apetitos de las élites políticas.

La estrategia del palo y la zanahoria funcionó durante décadas pero difícilmente surtirá efecto ahora. Nos encontramos al final del camino, con la bolsa de caramelos prácticamente vacía. Pronto no quedará nada que ofrecer. Aunque algunos oportunistas se hayan apuntado a última hora al que creen caballo ganador, buscando influencia, prebendas y cargos, el grueso del proceso catalán se transformó en una locura colectiva, fuertemente emocional, que responde muy poco a argumentos racionales. Un fenómeno que trasciende ampliamente a quienes fueron sembrando concienzudamente el odio en interés propio, siempre al amparo de la pasividad y dejación de las autoridades españolas. Es la estación término de una política miope, de bajos vuelos, consistente en aplazar problemas y desentenderse de responsabilidades. La próxima patada adelante tendrá muy poco recorrido con un balón reducido a un pedazo de cuero sin aire.

Es obligación de cualquier gobierno velar por la observancia de las normas utilizando medios lícitos, transparentes, con independencia de la pérdida o ganancia de popularidad que ello pudiera comportar. Y, si considera que la legislación no responde a las necesidades de la sociedad, impulsar un debate político sobre el cambio de rumbo. Pero es indigno exigir el acatamiento de la legislación tan sólo a los ciudadanos de a pie, a quienes carecen de poder para esquivarla. Poco más dará de sí el presente sistema político: mucha trampa, poca sustancia, todo cartón. Un régimen está irremisiblemente condenado si debe amenazar con airear vergüenzas para forzar a algunos a cumplir la ley... o a aparentar que la cumplen.

Habla, pueblo, habla!
José Castellano www.cronicaglobal.com 3 Septiembre 2014

Quién me iba a decir que, casi cuarenta años después iba, yo a utilizar el título y la letra que he tomado prestado de la canción creada por el grupo Vino Tinto y popularizada por “Jarcha”, cuando el Gobierno la empleó en apoyo del referéndum de la Ley para la Reforma Política de diciembre de 1976, fecha en la que la mayoría de las izquierdas de entonces propugnaron la abstención como una manera de medir fuerzas y para oponerse a lo que se entendía como un intento de continuidad del régimen franquista.

Efectivamente, creo necesario y adecuado apelar hoy al Habla, pueblo, habla! aunque en este caso yo lo hago para mostrarme rotundamente en contra de un referéndum, cuando en 1976 con la canción lo que se hacía era promover aquel otro.

Aunque llegado por medios democráticos, el búnker del independentismo se ha instalado entre nosotros a base de treinta y cuatro años de nacionalismo obligatorio, de cuasi partido único y de una prensa también del movimiento

Y es que la letra es corta pero contundente y extraordinariamente acertada por lo que vale la pena recordarla, en este caso para ir en contra de otro nuevo búnker, el búnker del independentismo, el de otro nuevo régimen que, aunque llegado por medios democráticos, se ha instalado entre nosotros a base de treinta y cuatro años de nacionalismo obligatorio, de cuasi partido único y de una prensa también del movimiento, todo lo cual y más que les ahorro recordar, fue puesto al servicio de de las mismas trescientas y pico familias que monopolizan el poder en Cataluña desde hace generaciones, familias a las que se han unido sus bases estabuladas y un numeroso ejército de iluminados producto de la formación del espíritu nacional de la escuela catalanista.

Desde los orígenes de la España de las Autonomías, en Cataluña los gobiernos, incluidos los dos tripartidos, han estado formados por partidos de claro predominio nacionalista. La utilización de la enseñanza y la imposición del catalán que pretenden lengua única, la negación y el desapego cuando no el fomento del odio contra todo lo español ha sido alentado constante y artificiosamente mientras que en paralelo se alimentaba un sentimiento nacionalista entre determinadas minorías radicalizadas y se multiplicaba la ficción mediante creación de estructuras de "estadito de la señorita pepis" dando protagonismo y recursos a entidades y organismos con programas y actitudes claramente golpistas.

Todo ello ha ido ocurriendo por la acción de los sucesivos gobiernos autonómicos volcados en un imposible y antidemocrático proceso de construcción nacional, en contra de la Constitución y lo que es peor, en contra de una mayoría de población no nacionalista que, con su silencio, parecía renunciar a los derechos de ciudadanía que les han estado tratando de arrebatar todo este tiempo en que incluso se han atrevido a desnaturalizar hechos históricos como el tricentenario de la guerra de sucesión de 1714.

Pero frente a esos mitos, contra esas mentiras, creo que ahora es cuando de verdad "conviene segar cadenas", ahora es cuando hay que acabar con la apropiación indebida de las diadas del 11 de septiembre, que es una fiesta del todos, una fiesta que las gentes de Ágora Socialista empezaremos con una comida de hermandad para luego acudir en Tarragona a la fiesta de Sociedad Civil Catalana, una gran fiesta a la que sin duda asistirán gran cantidad de catalanes y de ciudadanos de toda España, una gran fiesta junto a una gran entidad del constitucionalismo transversal que me han llevado a recordar y recomendar la puesta en actualidad de aquella hermosa canción:

Habla, pueblo, habla!
Tuyo es el mañana
Habla y no permitas
Que roben tu palabra
Habla pueblo habla
Habla sin temor
No dejes que nadie
Apague tu voz
Habla pueblo habla
Este es el momento
No escuches a quien diga
Que guardes silencio
Habla pueblo habla
Habla pueblo sí
No dejes que nadie
Decida por ti.

Creo que la oportunidad es única para plantar cara antes de que sea demasiado tarde porque la fiebre independentista sólo nos puede traer ruina, miseria y quiebra de esa paz social de la que siempre hemos hecho gala en Cataluña.

El calcetín de Pujol
Xavier Pericay www.cronicaglobal.com 3 Septiembre 2014

Conste que no le deseo ningún mal, sólo lo que la aplicación de la justicia le tenga reservado. Pero no deja de sorprenderme que en las escasas apariciones del Muy Honorable Evasor por la que fuera la capital de su reino particular, ya frente a su domicilio, ya frente al que ha sido hasta la fecha su despacho de expresidente, nadie le haya afeado públicamente su conducta con un «¡sinvergüenza!», o un «¡chorizo!», o un «¡truhán!», o incluso con un «¡Pujol, trilero, devuélveme el dinero!». Y no lo digo, claro, por esos periodistas que le asaltan sonrientes, cámara o micro en ristre, en busca de unas palabras y a los que él responde que qué tal el fin de semana. Me refiero a la reacción espontánea de un ciudadano cualquiera que acertara a pasar por allí y se apercibiera de su presencia. Ha habido, ciertamente, un escrache frente a su casa barcelonesa, pero, como comprenderán, lo que hagan los Vestrynge catalanes, yayoflautas o no, no guarda ninguna relación con la espontaneidad. (A propósito: no tengo nada en contra de que Pujol conserve sus escoltas. Sí me parece, en cambio, fuera de lugar que esa seguridad, pudiéndosela pagar de su bolsillo, con los millones defraudados, la sigamos pagando los contribuyentes, esto es, las principales víctimas del fraude del defraudador. A eso se le llama «cornudos y apaleados».)

No tengo nada en contra de que Pujol conserve sus escoltas. Sí me parece, en cambio, fuera de lugar que esa seguridad, pudiéndosela pagar de su bolsillo, con los millones defraudados, la sigamos pagando los contribuyentes

Otra cosa que me tiene sorprendido, por no decir intrigado, son las caídas del Muy Honorable Evasor. La de Queralbs, lo admito, entra hasta cierto punto dentro de la normalidad; al fin y al cabo, a partir de una cierta edad sobre todo, ¿quién no ha tropezado alguna vez con un peldaño por no haber levantado suficientemente un pie? Pero lo del calcetín es distinto. Primero, porque no existen imágenes de la caída. Es verdad que se trata de un accidente doméstico. Pero hay caídas y caídas. Y una que conlleve un vendaje tan aparatoso que impida calzarse el zapato y obligue a cubrirse la extremidad con un calcetín, tiene que ser, por fuerza, una señora caída. O sea, una de esas en las que uno luego no puede apoyar el pie en el suelo durante un montón de días y que precisan el auxilio de una muleta. Pero Pujol en las fotos aparece sin muleta y apoyando el pie en el suelo. En fin, como si en vez de un esguince lo que tuviera es un antojo. O, si lo prefieren, como si ese calcetín grisáceo fuera una suerte de remedo del calcetín de Tàpies, pero sin alambre.

Y, la verdad, no creo que el Muy Honorable Evasor esté a estas alturas para muchas performances. Y en lo que respecta a Tàpies, debió de bastarle, me temo, con la contemplación semanal de Las cuatro crónicas, el cuadro que preside e invade la Sala Tarradellas del Palacio de la Generalidad, donde se celebran las reuniones del Consell Executiu. No, a mí lo del calcetín me suena a otra cosa. Descartados el esguince y el homenaje al pintor —y descartada incluso la hipótesis, siempre verosímil en el caso de un evasor, de que la calceta escondiera en su interior un buen fajo de billetes—, lo único que se me ocurre es que se trata de un ardid. En otras palabras: que el expresidente, ante el sinfín de citaciones que se avecinan y, en concreto, ante el insistente requerimiento por parte de su propio expartido y de la formación republicana que lo respalda para que acuda al Parlamento autonómico a dar explicaciones de sus tropelías, haya optado por lo que podríamos denominar la vía Millet, pero sin necesidad de caerse ni de romperse el fémur. O sea, haya optado por la dilación. Por el «qui dia passa, any empeny». Y aunque los días transcurridos no sumen un año, llegado el momento de comparecer, nuestro Muy Honorable Evasor siempre podrá proclamar a manera de excusa, como su gran amigo en las artes del saqueo, aquello tan trascendente de «no soy yo, voy muy medicado».

Legítima defensa
Fermín Bocos  www.diariosigloxxi.com 3 Septiembre 2014

MADRID, 02 (OTR/PRESS) La Historia nos dice que en España, bajo determinadas circunstancias de poder financiero e influencia política, es posible trincar y salir airoso en el empeño. Fortunas se hicieron en el pasado bajo esas condiciones y hoy tienen herederos. Lo que no es posible, lo que ineluctablemente sale mal, es trincar y enfrentarse al poder del Estado. Al respecto y con matices, el caso de Jordi Pujol, es muy explícito. Según propia confesión, llevaba más de treinta años hurtando dinero al Fisco. Haya o no prescrito el delito, confesó, pues, ser un delincuente.

Desde el cierre judicial en clave política del caso Banca Catalana (1983) quienes tenían que saberlo sabían que había dinero suelto que andaba lejos de la lupa de Hacienda. Pero nadie movió un dedo. CiU era la muleta con la que tanto PSOE como PP compensaban sus limitaciones parlamentarias. También estaban muy extendidas las sospechas de supuestos cobros ilegales de comisiones a cambio de adjudicación de obras públicas -"Ustedes tienen un problema que se llama 3%"- avanzó Pasqual Maragall y confirmó Carod Rovira. ¿Por qué durante todos estos años -más de 30- el Estado, los sucesivos gobiernos, Hacienda, no indagaron en la vida financiera secreta de Jordi Pujol? ¿Por qué hasta que la gran impostura no fue descubierta no había noticias de que la Fiscalía estuviera indagando sobre las andanzas de algunas de las grandes y medianas empresas de la construcción que habrían sido las "paganas" de ese supuesto "impuesto familiar" a beneficio del clan Pujol? La respuesta hay que buscarla en las palabras del ministro Cristóbal Montoro en su comparecencia en el Congreso:

"A la vista de los datos de que se disponen no podemos descartar que se hayan cometido uno o varios delitos. No deja de ser significativo que (Pujol) se haya convertido, además, de repente, en un adalid del independentismo, radicalizando discursos políticos y sacando partido personal".

Es decir, que la farsa dio paso a la tragedia y a las diligencias de Hacienda en el momento en el que Pujol y familia cometieron el error de alzarse contra el Estado. Por parte de los poderes del Estado, descubrir el pastel habría sido un caso de legítima defensa. Al menos, eso parece. De no haberse metido en la deriva secesionista, no tengo la menor duda de que Jordi Pujol seguiría siendo "molt honorable" .También tengo por cierto que entre todos los contribuyentes que estamos al día con Hacienda le seguiríamos pagando chófer, secretaria, oficina, guardaespaldas y algo más de 100.000 euritos anuales para que pudiera escribir con tranquilidad sus memorias de "padre de la patria" catalana.

¡Claro que es urgente la regeneración del sistema democrático!

Cómo Montoro riega el independentismo
Carlos Sánchez El Confidencial 3 Septiembre 2014

Lo dijo ayer el diputado Coscubiela con sensatez y con la legitimidad que le otorga el hecho de ser uno de los querellantes contra Jordi Pujol por la comisión de cinco delitos. “El derecho a decidir no puede servir nunca para tapar las vergüenzas de quienes han defraudado como lo ha hecho el señor Pujol desde altas responsabilidades, pero con la misma claridad le digo –refiriéndose a Montoro– que el caso Pujol tampoco puede servir como lo ha utilizado usted hoy [por ayer] para degradar determinadas opciones políticas y deteriorar el legítimo derecho a decidir”.

Y en verdad, es ese el fondo de la cuestión. El asunto Pujol, que ahora se ve como una de las siete plagas de Egipto, pasará con el tiempo, pero el proceso soberanista –si nadie lo endereza con soluciones inteligentes capaces de aguantar varias generaciones– perdurará. Lo contrario es ignorar la historia de España.

Y por eso, la teatral intervención de ayer de Cristóbal Montoro es una oportunidad fallida para llenar de racionalidad un debate de sordos. No para salvar la cara al independentismo, lo cual en este contexto político no tiene ningún sentido, sino para poner orden sobre un proceso político claramente debilitado en el corto plazo pero que sigue alimentado por una formidable corriente de fondo tanto en términos políticos como sociales. Y sugerir, como ayer hizo Montoro en el Congreso, que el nacionalismo catalán se ha radicalizado al ritmo que marcaban las investigaciones policiales sobre el patrimonio del clan Pujol es, simplemente, coger el rábano por las hojas. O lo que es peor, confundir los bastardos intereses económicos de una familia -aunque se apellide Pujol Ferrusola- con una cuestión de mucho mayor calado que si nada lo remedia seguirá atormentando a las próximas generaciones de españoles.

Interés particular e interés general
La estrategia de Montoro, en todo caso, forma parte de la manera zafia y tosca de hacer política que se hace en España, según la cual, cuando Bárcenas mete mano en la caja, muchos piensan que todo el Partido Popular es un nido de corruptos. Olvidando que el arte de la política es identificar los problemas para resolverlos, no para meterlos en una especie de batidora en la que al final es imposible detectar el origen de la corrupción con el célebre "y tú más".

Y cuando Montoro dice que los ciudadanos se preguntan “cuántos dirigentes han estado defendiendo su interés personal cuando decían defender el interés general de cualquiera de ellos”, lo que hace, ni más ni menos, es extender la sombra de la sospecha sobre buena parte de la clase política sin aportar luz. ¿O es que, cuando muy recientemente el PP salvaba los Presupuestos de Artur Mas, el ajuar de los Pujol estaba limpio como la patena? ¿Hubiera actuado la UDEF con igual diligencia y transparencia si Pujol hubiera actuado de ariete contra el proceso soberanista? Con razón se está produciendo el auge de la antipolítica y de los movimientos populistas, pobres imitadores de Robespierre.

A corto plazo, sin duda, la estrategia de Montoro es acertada. Como la de Rajoy. La Diada 2014 está tocada de muerte porque la unidad de los partidos soberanistas ha saltado por los aires. Pero a largo plazo sólo conseguirá lo contrario de lo que pretende.

La actual generación de nacionalistas moderados será superada sin ninguna duda –desde luego por la propia irresponsabilidad de CiU– por una nueva hornada de independentistas más radical y ajena a la cultura de la negociación. Y por eso, cuando Montoro dice que los ciudadanos de Cataluña se preguntan ahora cómo han podido poner la gestión de su comunidad “en manos de personas que mientras gobernaban estaban vulnerando las normas tributarias que a todos nos obligan” lo que hace es, nuevamente, generalizar. ¿O es que habría que hablar de un PP íntegramente corrupto por cobijar asuntos como los de Bárcenas, Gürtel, Fabra o Matas?

Es evidente que todo el proceso soberanista es un disparate, pero no puede ser que antes se criticara a Pujol por presentarse como el símbolo y hasta la alegoría de Cataluña y ahora, paradójicamente, se sugiera que el indigno comportamiento del expresidente representa a toda la comunidad o al menos a los dos tercios de representación parlamentaria que apoyan esa entelequia intelectual que es el derecho a decidir.

Los herederos políticos
Montoro, incluso, fue ayer más allá. Y en una parte de su intervención dejó un corolario un tanto cínico en forma de pregunta sin respuesta. “Es lógico”, sostuvo el ministro de Hacienda, “que muchos catalanes se pregunten si esa forma de querer y entender Cataluña está avalada por otros dirigentes de su partido y si su herencia política y sus herederos políticos no estarán realmente contaminados por esa presunta herencia que el señor Pujol puso a buen recaudo en Andorra”. ¿Los sucesores de Matas en Baleares son igual de sospechosos? ¿Y los de Carlos Fabra en Castellón?

Evidentemente, no. Pero cuando se pone el ventilador hay que tener cuidado para no engancharse con las aspas. O cautela, como reclamó con buen criterio el diputado Macias. Es mejor eso que hacer juicios temerarios y soltar un mitin en el parlamento que sólo ayudará a avivar un fuego sin duda provocado por la repugnante clandestinidad fiscal -como felizmente lo denominó Montoro- llevada a cabo por el clan de los Pujol y por los propios nacionalistas, incapaces de entender el actual proceso histórico que vive Europa.

Y si Cataluña no es Pujol ni el PP Bárcenas, tampoco puede ser verdad –como sostiene Montoro de forma insolente– que todo lo que no ha desmentido Pujol sobre lo publicado estas semanas por los periódicos es verdad. Porque si eso fuera cierto, su departamento sería una máquina de desmentidos, y no lo es. Tan sólo una máquina de crear independentistas, como lo fue Aznar en la segunda legislatura y Zapatero y Maragall en su ridícula y temeraria gestión de aquello que un día se llamó la cuestión catalana. Pero como alguien dijo ayer en el Congreso, un defraudador es un defraudador, sea independentista o españolista.

Ignorancia, anti-democracia y 'el derecho a decidir'
Enrique Calvet Chambon www.lavozlibre.com 3 Septiembre 2014

Economista y miembro del Comité Económico y Social Europeo

Zappear es peligroso porque te puede arruinar la noche y dar pesadillas. Por ejemplo, si te recuerda el monumental destrozo que han hecho la des-educación, la intoxicación y la lenidad en esta que fue nuestra vieja Nación. Le daba yo distraídamente al mando que nos manda, cuando apareció mi antiguo, que no viejo, amigo Albert Rivera. Decidí escucharle un poco, aunque no estuvo, ni mucho menos en su noche más brillante, ni mediática, ni lúcida, en lo que en él es habitual. Y no lo estuvo, a mi discutible juicio, por la falta de claridad y contundencia ante una bomba fétida que se lanzó al plató (lo mismo reprocharía a los otros tertulianos, entre los que figuraba mi otro gran amigo Carmona). Y ahí surgió la pesadilla. Una persona que allí tertuliaba, que me dijeron después respondía al nombre de pila de Ada (sin h, me precisaron con tino), por resumir, le reprochó a Albert no ser coherente con su condición de demócrata por no… ¡¡¡apoyar el 'derecho a decidir'!!! Y afirmó que ella defendía los derechos humanos por encima de las Leyes democráticas. ¡Toma castaña pilonga macerada en Ratafía! Porque lo dijo en serio, palabrita del niño Jesús.

Eso me recordó la extrañeza (paso de las reacciones animales de los acéfalos) que provoco cuando sostengo que el llamado “derecho a decidir”, que igual se podría llamar “el derecho a quitarte el derecho a decidir”, es anti-democrático. Lo he de explicar y entonces se entiende (quién quiere y puede), pero la pesadilla reside en la misma necesidad de tenerlo que explicar, y probablemente a millones de españoles. Es cuando me alegro de la “éducation civique” que recibí en la enseñanza pública francesa, dónde los conceptos básicos de derechos humanos, valores democráticos, Estado de Derecho, etc… se dan desde muy pequeño. Y recordemos que Francia también es tierra de catalanes. Pero también es cuando me asalta la horrorosa pesadilla de las lagunas democráticas de la Educación en España, formada por el conjunto de mis conciudadanos.

Y, sin embargo, la explicación es muy sencilla y atañe a conceptos fundamentales. Sigue así: los hispano-catalanes tienen perfectamente el derecho a decidir, igual que yo, y lo utilizan recurrentemente, igual que yo y que todos. Base de la democracia occidental. Lo que pretenden algunos es tener en exclusiva el derecho a decidir sobre temas que nos atañen a todos, y que los demás no lo tengamos. Bien, por lo tanto lo primero es determinar cuáles son los que siguen manteniendo el derecho sobre los demás a los que se les arrebata y por qué de ese grupo, y encontrar una razón democrática para crear una discriminación en derechos civiles. No hay ninguna razón democrática en una vieja Nación de trasiego secular, de seculares convivencias y proyectos comunes, de unión de personas. Las razones que están soterradas son de índole o racista, o etnicista, o discriminatoria por nacimiento o por residencia, amén de las razones instrumentales de una oligarquía depredadora. Y para rematar la explicación: otorgar un derecho civil al ex Presidente iznajeño Montilla arrebatándolo a sus padres y familiares porque él vive al norte del Ebro y los otros al sur de Despeñaperros, es profundamente anti democrático. Profunda y peligrosamente, como demuestra la Historia.

Pero a la vista de la barbaridad que se planteó en el plató, esta vez añado algo más: las razones étnicas, racistas, creadoras de “ciudadanos superiores sobre inferiores”, son gravemente atentatorias contra los derechos humanos. Como se ve en la Cataluña ibérica con la educación a los niños. Impune.

Así de sencillo. Después podemos hablar de organización territorial, federalismo cooperativo, de la potenciación de las herencias culturales de nuestra Patria común y de la biblia en pasta. Pero la apelación al derecho de que sólo decidan unos sobre nuestro destino común es profunda y peligrosamente anti-democrático. Hasta que esto no se comprenda masivamente, y es elemental, no hay sustrato democrático en el debate.

No me daría pena tener que explicar esto en Afganistán, pero tener que decirlo en España, a estas alturas, es doloroso y patético. De ahí las pesadillas. La próxima vez me pasaré a un programa de gastronomía….o a una cadena extranjera dónde hable el barcelonés Valls…Un barcelonés democrático, universal y no tribalista.

Es la guerra santa, idiotas
Arturo Pérez-Reverte XL Semanal www.finanzas.com 3 Septiembre 2014

Pinchos morunos y cerveza. A la sombra de la antigua muralla de Melilla, mi interlocutor -treinta años de cómplice amistad- se recuesta en la silla y sonríe, amargo. «No se dan cuenta, esos idiotas -dice-. Es una guerra, y estamos metidos en ella. Es la tercera guerra mundial, y no se dan cuenta». Mi amigo sabe de qué habla, pues desde hace mucho es soldado en esa guerra. Soldado anónimo, sin uniforme. De los que a menudo tuvieron que dormir con una pistola debajo de la almohada. «Es una guerra -insiste metiendo el bigote en la espuma de la cerveza-. Y la estamos perdiendo por nuestra estupidez. Sonriendo al enemigo».

Mientras escucho, pienso en el enemigo. Y no necesito forzar la imaginación, pues durante parte de mi vida habité ese territorio. Costumbres, métodos, manera de ejercer la violencia. Todo me es familiar. Todo se repite, como se repite la Historia desde los tiempos de los turcos, Constantinopla y las Cruzadas. Incluso desde las Termópilas. Como se repitió en aquel Irán, donde los incautos de allí y los imbéciles de aquí aplaudían la caída del Sha y la llegada del libertador Jomeini y sus ayatollás. Como se repitió en el babeo indiscriminado ante las diversas primaveras árabes, que al final -sorpresa para los idiotas profesionales- resultaron ser preludios de muy negros inviernos. Inviernos que son de esperar, por otra parte, cuando las palabras libertad y democracia, conceptos occidentales que nuestra ignorancia nos hace creer exportables en frío, por las buenas, fiadas a la bondad del corazón humano, acaban siendo administradas por curas, imanes, sacerdotes o como queramos llamarlos, fanáticos con turbante o sin él, que tarde o temprano hacen verdad de nuevo, entre sus también fanáticos feligreses, lo que escribió el barón Holbach en el siglo XVIII: «Cuando los hombres creen no temer más que a su dios, no se detienen en general ante nada».

Porque es la Yihad, idiotas. Es la guerra santa. Lo sabe mi amigo en Melilla, lo sé yo en mi pequeña parcela de experiencia personal, lo sabe el que haya estado allí. Lo sabe quien haya leído Historia, o sea capaz de encarar los periódicos y la tele con lucidez. Lo sabe quien busque en Internet los miles de vídeos y fotografías de ejecuciones, de cabezas cortadas, de críos mostrando sonrientes a los degollados por sus padres, de mujeres y niños violados por infieles al Islam, de adúlteras lapidadas -cómo callan en eso las ultrafeministas, tan sensibles para otras chorradas-, de criminales cortando cuellos en vivo mientras gritan «Alá Ajbar» y docenas de espectadores lo graban con sus putos teléfonos móviles. Lo sabe quien lea las pancartas que un niño musulmán -no en Iraq, sino en Australia- exhibe con el texto: «Degollad a quien insulte al Profeta». Lo sabe quien vea la pancarta exhibida por un joven estudiante musulmán -no en Damasco, sino en Londres- donde advierte: «Usaremos vuestra democracia para destruir vuestra democracia».

A Occidente, a Europa, le costó siglos de sufrimiento alcanzar la libertad de la que hoy goza. Poder ser adúltera sin que te lapiden, o blasfemar sin que te quemen o que te cuelguen de una grúa. Ponerte falda corta sin que te llamen puta. Gozamos las ventajas de esa lucha, ganada tras muchos combates contra nuestros propios fanatismos, en la que demasiada gente buena perdió la vida: combates que Occidente libró cuando era joven y aún tenía fe. Pero ahora los jóvenes son otros: el niño de la pancarta, el cortador de cabezas, el fanático dispuesto a llevarse por delante a treinta infieles e ir al Paraíso. En términos históricos, ellos son los nuevos bárbaros. Europa, donde nació la libertad, es vieja, demagoga y cobarde; mientras que el Islam radical es joven, valiente, y tiene hambre, desesperación, y los cojones, ellos y ellas, muy puestos en su sitio. Dar mala imagen en Youtube les importa un rábano: al contrario, es otra arma en su guerra. Trabajan con su dios en una mano y el terror en la otra, para su propia clientela. Para un Islam que podría ser pacífico y liberal, que a menudo lo desea, pero que nunca puede lograrlo del todo, atrapado en sus propias contradicciones socioteológicas. Creer que eso se soluciona negociando o mirando a otra parte, es mucho más que una inmensa gilipollez. Es un suicidio. Vean Internet, insisto, y díganme qué diablos vamos a negociar. Y con quién. Es una guerra, y no hay otra que afrontarla. Asumirla sin complejos. Porque el frente de combate no está sólo allí, al otro lado del televisor, sino también aquí. En el corazón mismo de Roma. Porque -creo que lo escribí hace tiempo, aunque igual no fui yo- es contradictorio, peligroso, y hasta imposible, disfrutar de las ventajas de ser romano y al mismo tiempo aplaudir a los bárbaros.

Puesto 35 de competitividad global
Los grandes lastres de la economía española: rigidez laboral, burocracia e impuestos
España se mantiene como la trigésimo quinta economía más competitiva en 2014, según el Foro Económico Mundial, por detrás de Chile e Indonesia.

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¿Quién paga la vuelta al cole en Cataluña?
Ángeles Ribes www.vozpopuli.com 3 Septiembre 2014

En estos días las familias con hijos en edad escolar viven inmersas en una vorágine de preparativos para la vuelta al cole.... Libros, cuadernos, ropa, calzado.... Los gastos se multiplican y suponen un buen bocado al presupuesto familiar.

En Cataluña además, las tribulaciones se multiplican para aquellas familias que desean que sus hijos tengan como lengua vehicular el castellano, y no pueden pagar por ello. El sistema educativo catalán público excluye la enseñanza en castellano. Practica la denominada inmersión lingüística, y pese a las numerosas sentencias judiciales que obligan a la oferta pública de enseñanza en castellano en una proporción razonable, en Cataluña es imposible encontrar un colegio público donde estudiar en la lengua oficial del Estado, junto con la cooficial. Como mucho, lo que se le ofrece a las familias que lo solicitan es la atención individualizada en el aula, lo que implica que se señale al escolar y su familia, estigmatizándolo delante del resto del alumnado. Las diferentes sentencias ya insisten en que esa práctica no es de recibo, y que se debe garantizar la enseñanza en castellano, no del castellano.

Hasta ahora, la única vía que tenían las familias que no deseaban que sus hijos fueran inmersionados (disculpen el palabro) en el colegio era la vía judicial. Ya se pueden imaginar lo que eso conlleva... El coste, no ya económico, sino humano, del vía crucis legal, hacia que muchas familias que lo deseaban, desistieran de su derecho a que los niños recibieran enseñanza pública en castellano, optando bien por la resignación, bien por optar por los colegios privados.

Sin embargo, no todo el mundo puede pagar la enseñanza en un centro privado. Si el padre no es el MH presidente de la Generalitat, tiene que estar en una posición económica muy desahogada, sobre todo cuando se tiene más de un hijo...

¿Y qué ha hecho el gobierno del Partido Popular?
Pues parir la llamada Ley Wert. En ella se reconoce el problema:

"La disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, da estricto cumplimiento a la doctrina constitucional al garantizar la cooficialidad del castellano y las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. Para lograr este objetivo, la regulación presenta las siguientes características: por un lado, parte del reconocimiento y respeto a las competencias de las comunidades autónomas, pues garantiza la enseñanza de todas las lenguas oficiales como vehiculares y otorga a las Administraciones educativas plena autonomía para configurar sus modelos lingüísticos; por otro lado, somete el ejercicio del derecho de opción a estrictos requisitos y cautelas, con objeto de garantizar su plena adecuación a la doctrina constitucional."

Y se aporta la solución:
"La disposición adicional pretende garantizar la efectividad de este derecho mediante el establecimiento de un mecanismo subsidiario, que únicamente puede activarse en caso de que la Administración educativa incumpliese su deber constitucional de garantizar la presencia de ambas lenguas cooficiales como vehiculares en su programación."

¿Y cuál es la solución? pues pagar la enseñanza en centros privados a aquellos padres que demuestren que han solicitado la enseñanza en castellano y no han conseguido un colegio público donde se haga...

¿Igualdad? Para nada
O sea, que como el estado es incapaz de garantizar la igualdad de derechos lingüísticos en la enseñanza de los niños españoles en el sistema público, paga por niño en el sistema privado y aquí paz y después gloria...

Pues no. Ni paz, porque el gobierno catalán ya ha puesto el grito en el cielo, ni gloria, ya me explicarán... Aún obviando la extrema debilidad y desidia que supone esta dejación de funciones, lo que consigue la ley Wert es añadir más sal a la herida. Para que el ministerio de educación corra con los gastos, los padres han de solicitar primero que en el colegio donde estudian o vayan a estudiar sus niños se les garantice la enseñanza en castellano en una proporción razonable. Si no consiguen dichas garantías, presentan la solicitud al ministerio a través de la web, y entonces comienza un proceso de evaluación por parte de éste de la veracidad de lo que se solicita y la posterior aprobación del pago de los gastos del centro privado; matrícula, mensualidades, gastos de comedor y de transporte... Y se reserva un plazo de hasta seis mese para aprobar la solicitud y comenzar el reembolso.

Y aquí es donde radica el problema. En la práctica supone que las familias deben escoger entre tener a los niños en un centro público, en plena inmersión lingüística, o apoquinar por adelantado los costes del centro privado y esperar a que el ministerio resuelva. Ahora bien ¿quién puede permitirse pagar un mínimo de cuatrocientos euros al mes por niño? Hagan cuentas, todo un curso en un colegio privado cuesta un riñón. Si se tienen al menos un par de niños hablamos de un par de riñones. Sólo las familias con más recursos económicos pueden permitirse esos gastos... y según la ley Wert tienen derecho a compensación. Pero aquellas familias que están en una situación económica más desfavorecida bastante tienen con pasar la cuesta de septiembre y pagar cuadernos y zapatos como para plantearse adelantar un dinero que no tienen para pagar un centro privado. Con lo que se genera una paradoja intolerable, y es que la inmersión lingüística sigue siendo obligatoria para los pobres, mientras todos los contribuyentes reembolsamos el coste de un colegio privado a familias que no lo necesitan en absoluto. Vaya, que si el MHP de la Generalitat de Cataluña, D. Artur Mas, solicitara el abono de las cuotas del carísimo colegio privado donde lleva a sus hijos, en el que por supuesto lo de la inmersión en catalán ni se plantea, el ministerio debería resolver a su favor... Pero los niños del electricista en paro que se aguanten, que los derechos, la igualdad de todos los españoles ante la ley y demás bla, bla, bla, para el gobierno del Partido Popular son conceptos teóricos, que se pueden comprar con dinero, sobre todo cuando no es el propio. Es el suyo. De usted.

Adiós a un mito: los catalanes quieren que les roben
S. McCoy El Confidencial 3 Septiembre 2014

Durante años buena parte del discurso catalanista se ha basado en su supuesta superioridad respecto a las regiones del sur de España. No nos estamos refiriendo únicamente al ámbito económico o empresarial, sino incluso al intelectual y social. Nosotros somos Europa, ellos no. Nosotros creamos valor que ellos dilapidan. Madrid nos maltrata en su favor. Ya saben, victimismo y tergiversación como armas de manipulación de la opinión pública. Todo un clásico.

Cualquiera que analizara esta falacia se daría cuenta de que buena parte del éxito de Catalunya se ha debido históricamente a la contribución de miles de inmigrantes llegados desde esas comunidades autónomas con los que debiera tener una deuda de gratitud, aun cuando muchos de estos ‘charnegos’, especialmente en segunda y tercera generación, sean como el Joanet de La catedral del mar de Ildefonso Falcones: peligrosos conversos a la nueva causa, traidores a sus orígenes.

Da igual.

Más importante aún que la constatación de esa realidad demográfica innegable es, a día de hoy, el desmoronamiento del pilar de integridad y honradez que junto al esfuerzo e iniciativa servían a sus ciudadanos más proclives a la independencia para dividir España en dos partes desiguales: ellos y los demás. Los elegidos para la gloria y el resto.

Resulta impresionante, por lo alarmante e increíble, el relato que vamos conociendo acerca no sólo de cómo se ha gobernado la comunidad autónoma desde sus orígenes, sino también de lo que le espera en caso de que los que aspiran a tomar sus riendas políticas lleguen a hacerlo en el futuro. El escándalo de los Pujol, el reconocimiento y falta de denuncia por parte de Carod Rovira de la dimensión del mismo –algo que ya hizo en su día Pasqual Maragall en sede parlamentaria con la sociedad mirando hacia otro lado– o el más reciente, desvelado por el diario ABC, sobre cómo se manejan las cuentas en este baluarte de la puridad territorial que pretende ser la Asamblea Nacional Catalana, no son sino síntomas de lo que parece ser un problema estructural: robar es parte del contrato público entre representantes y representados en Catalunya.

Sólo en esos términos se puede entender que nadie dijera nada durante décadas, pese a que la recurrencia de la práctica tuviera necesariamente que ser conocida y ocultada por amplias capas de la sociedad civil y empresarial catalana. Ni la oposición, cuyo silencio no sólo se puede entender en términos de connivencia y aprovechamiento propio (cabe creer que pudiera haber hecho lo mismo en sus años de gobierno, cuando quebraron financieramente la Generalitat, ¿no creen?); ni los pagadores que, a cambio del pago de una opción de compra de voluntades, medraron en sus negocios, la pela es la pela; ni los votantes, que hicieron suyo el argumento de las falaces acusaciones de la capital del reino cada vez que la sospecha asomaba por una rendija, en vez de exigir las oportunas aclaraciones a quienes correspondía.

El caso de la ANC es aún más sangrante ya que los fondos que han terminado en un paradero desconocido pero presumible no son fruto de la coercitiva labor recaudadora del Estado central, ese que los maltrata, sino del ahorro de aquellos que compraron la ilusión de una Catalunya independiente para lo que aportaron, cada uno en la medida de sus posibilidades, su particular granito de arena. Eso, y el hecho de que el desvío de dinero se produjera desde el mismo día de su fundación, pone de manifiesto dos cosas: una, la catadura moral de quienes se arrogan determinadas banderas y, dos, el nivel de generalización de la conducta en la política local. Los ‘niños’ no dejan de hacer lo que ven a sus ‘padres’… Que se lo digan a Urdangarin.

¿Quieren los catalanes que les roben? Si hiciéramos una encuesta entre el conjunto de su población, el 100% de los votos saldría que ‘no’. Evidente. Más interesante sería la respuesta a "Entonces, ¿por qué quiere dar su confianza a aquellos que lo hacen?". Puede que alguno apelara a la teoría del mal menor: lo importante es el sueño nacional y, si tiene que ser con estos, sea. Mejor sería en tal caso que pensaran lo que les depararía su gobierno seis meses después del cierre de fronteras, con el presupuesto en sus manos. Otros aludirían al agravio comparativo: "En el resto de España es igual, la corrupción no quita votos". En efecto, pero al menos no se juega con el sentimiento de la gente en beneficio propio.

Quizá la contestación más sensata sería: "Pero, ¿hay alternativa limpia de uno u otro signo?". Cuesta encontrarla. En el bando nacionalista y fuera de él. Es verdad, y no únicamente en Catalunya, sino en el resto de España. Esa es la tragedia de la política nacional, mal endémico que nos preocupa pero que no nos ha movilizado como ciudadanos…. hasta ahora. Sin embargo, se ve magnificado en aquella zona geográfica por una institucionalidad y transversalidad que dan miedo. A falta de otras opciones, puede que los catalanes prefieran "mejor lo malo conocido que lo peor por conocer". Un mal argumento, sin duda. Porque, sobre ese punto de partida, difícil será engrandecer un país, si es que algún día llega a serlo. La ruina está asegurada. Ustedes mismos, queridos compatriotas. Oops, perdón.

Cataluña
Una condecoración para Victoria Álvarez
Percival Manglano Libertad Digital 3 Septiembre 2014

A los pocos días de admitir que tenía dinero negro en el extranjero, Jordi Pujol renunció, además de a su tratamiento de muy honorable, a la Medalla de Oro de la Generalidad de Cataluña.

La Medalla de Oro es la más alta condecoración que otorga el Gobierno catalán. Inicialmente, los honrados fueron sólo artistas e intelectuales. Se tardó diez años en condecorar a un político. Concretamente, hasta 1988, cuando se le otorgó al dirigente de Unió Miquel Coll. Pero a partir de 2004 –es decir, con la llegada del Tripartito– se multiplicaron los homenajes a los políticos. En 2007 el Gobierno catalán otorgó la medalla al saliente presidente Maragall y, junto a él, a Pujol.

Aún no se han anunciado los galardonados en 2014. Adelantándome al fallo, propongo que se otorgue la Medalla de Oro a Victoria Álvarez.

Los méritos de Álvarez son indiscutibles. Gracias a ella se ha destapado la mayor trama de corrupción de la historia reciente de Cataluña. Las estimaciones del latrocinio son mareantes. Fue Álvarez quien denunció a finales de 2012 que su exnovio Jordi Pujol Ferrusola hacía viajes a Andorra con bolsas llenas de billetes de 500 euros. Al poco tiempo, declaró ante el juez Ruz para ratificarse en su denuncia.

Álvarez ha demostrado ser una persona muy valiente. Aun cuando se allanó su casa y le robaron un ordenador, no se amilanó en su voluntad de llegar "hasta el final". Al principio se rieron de ella. Luego le mandaron regalos para que se callara. Los devolvió todos. Más tarde vinieron las presiones. Como confiesa en esta entrevista, enfrentarse a la familia más poderosa de Cataluña le causó mucho miedo. Estuvo tomando Valium. Pero se sobrepuso. Y gracias a su aguante todos los catalanes han sabido que les han estado robando durante, por lo menos, 23 años. Más aún, los presuntos responsables del robo van a tener que enfrentarse a la Justicia.

A veces la valentía de una sola persona cambia el curso de la Historia. Todo parece indicar que así ha sido en el caso de Álvarez. Yo no la conozco personalmente. No sé cómo es. No sé los errores que habrá podido cometer en el pasado o los que cometerá en el futuro. Seguro que tiene defectos, como todo el mundo. Pero hay dos cosas indudables. Primero, a fecha de hoy, nadie ha podido sacarle ningún trapo sucio que le desacredite. No será porque no se ha intentado. Y segundo: cuando todos los demás callaron o miraron para otro lado, ella tuvo las agallas de dar un paso al frente y denunciar. Sólo por eso ya merece ser reconocida. Victoria Álvarez ha dado la mayor sacudida regeneradora a la sociedad catalana de los últimos 35 años.

Si por alguna inesperada razón no se le diese la Medalla de Oro, la siguiente distinción en el escalafón protocolario de la Generalitat catalana es la Cruz de San Jorge, con la que se homenajea a "aquellas personas físicas o jurídicas que, por sus méritos, hayan prestado servicios destacados a Cataluña en la defensa de su identidad o, más generalmente, en el plano cívico y cultural". Pocas personas habrán prestado a Cataluña un servicio cívico mayor que Victoria Álvarez. En una iniciativa que honra a la Generalitat, cualquier ciudadano puede proponer a la Consejería de Cultura la concesión de la Cruz. En esta página web se explica el trámite.

www.pmanglano.com

APUNTES DE ECONOMÍA POLÍTICA
El PP-PSOE está allanando el camino a Podemos
Lucio A. Muñoz www.gaceta.es 3 Septiembre 2014

El caso de la familia Pujol está retratando una vez más a nuestro nauseabundo sistema político (y económico).

¿Algún español cree que el PP-PSOE desea que la opinión pública española conozca las conexiones político-económicas de los Pujol? ¿Y las corruptelas diseñadas por esta familia para conformar un entramado institucional que les ha permitido enriquecerse de forma supuestamente ilícita?

¿El Gobierno y la oposición pondrán trabas a la Justicia al objeto que nuestro pseudo Estado de Derecho sea benévolo con los Pujol? No olvidemos que se trata de la familia de un político (la casta es la casta). Además, Jordi Pujol podría poseer información comprometedora en relación a los dos principales partidos políticos españoles. Al Gobierno le basta con que el caso Puyol pueda frenar la corriente separatista.

¿El PP catalán y el PSC podrían estar conectados a determinados escándalos de la familia Pujol? ¿Y el PP y el PSOE a nivel nacional? La mejor fórmula para que un caso de corrupción no se investigue o, al menos, pase de largo para la Justicia es implicar en el mismo a los partidos políticos más importantes.

¿Cuántos pactos y promesas se han cruzado el PP-PSOE y CiU en las últimas tres décadas? Recordemos que Puyol fue presidente de la Generalitat desde 1980 hasta 2003. Aunque la siniestra sombra política del máximo valedor del independentismo catalán ha permanecido presente tanto con el Tripartito en el poder, durante el periodo 2003-2010, como en la vuelta de CiU y de su sucesor Arturo Más a la presidencia de la autonomía catalana en 2010.

¿Es posible que el PP-PSOE conociera los supuestos actos delictivos de Puyol desde el caso Banca Catalana? Los españoles no tienen dudas al respecto. Igualmente y tal como ha sucedido en otros muchos casos relacionados con la corrupción política, los partidos tradicionales y, de momento, mayoritarios, harán todo lo posible para tapar este escándalo en la medida de lo posible.

Destapar en su totalidad las desvergüenzas de la familia Pujol significaría descubrir la forma en la que se los políticos hacen negocios en España.

La peligrosa asociación entre economía y política y la confusión de la “cosa pública” con la Cosa Nostra es la clave que explica las razones por las que nuestro país tiene instalado un modelo político-económico parasitario y clientelar. Este sistema, implantado en España por el PP-PSOE, empobrece a los ciudadanos y a las empresas que se encuentren fuera del círculo de los partidos políticos.

Podemos se ha querellado contra Pujol y su esposa. ¿Por qué no ha tomado la iniciativa, en este sentido, el PP-PSOE? Sin duda, la formación liderada por Pablo Iglesias está aprovechando sus oportunidades, máxime, en cuestiones de imagen corporativa.

Mientras tanto, el PP-PSOE no reacciona, tanto en cuanto estos dos partidos se han dedicado durante más de 30 años a taparse las corruptelas mutuamente. Es obvio que CiU también forma parte del “chiringuito”.

La corrupción, sobre todo, del PP-PSOE, pero también la referente a los sindicatos de clase, CiU, IU, etc., en definitiva, la podredumbre de nuestro sistema está allanando el camino a Podemos y a su falso mensaje regenerador.

¿Podría formarse un nuevo bipartidismo PP-Podemos? Millones de españoles miran hacia la izquierda, sin aprender nada del pasado. Por un lado, la ultraizquierda radical de Podemos (o un nuevo Frente Popular). Por el otro, el nuevo socialismo, que explota a los débiles, del PP.

Los españoles tenemos un grave problema. Y la única conclusión que podemos extraer es la relativa a que se ha impuesto una nueva lucha de clases en España: la casta político-sindical y la élite financiera contra las familias, las pymes, los autónomos y los más desfavorecidos de la sociedad.

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