Pujol y lo que el PP sabía pero no
denunciaba
EDITORIAL Libertad Digital 3 Septiembre 2014
Lo más relevante de la comparecencia del ministro de Hacienda en el
Congreso por el caso Pujol no ha sido tanto su afirmación de que el
expresidente autonómico catalán no ha regularizado con Hacienda sus
"más de 30 años de clandestinidad fiscal" como que Montoro haya
revelado que ya en su primera etapa en el Ministerio de Hacienda, en
el año 2000, tenían conocimiento de la inexplicable fortuna de la
familia Pujol. ¿Cómo es posible que durante estos 14 años Montoro no
haya reclamado una inspección contra el exdirigente catalán, sino
sólo "abrir unos expedientes"... no a Pujol sino a sus hijos, por su
"participación en varias sociedades"?
Bien está que el ministro se pregunte retóricamente y en referencia
a Pujol "de qué vale admitir el fraude cometido si no se ha
corregido el rumbo"; pero ¿de qué le ha valido a Montoro tener
conocimiento desde el año 2000 de una fortuna de la que hasta ahora
no ha querido saber ni decir nada?
Por mucho que haya anunciado ahora que el Ministerio de Hacienda se
va a personar en la causa contra Jordi Pujol, y que prometa que su
departamento seguirá adelante con su investigación hasta el final, y
que "perseguirá este fraude, ya sea en la vía administrativa o
judicial", la comparecencia de Montoro no ha hecho más que reforzar
la convicción de quienes consideran que el enorme tinglado de
corrupción en Cataluña no hubiera sido jamás posible sin la
condescendencia de los distintos Gobiernos centrales.
Bien como moneda de cambio para aprobar presupuestos cuando no se
tenía mayoría absoluta, bien como forma de presión para evitar un
proceso separatista que no se tiene el coraje de combatir –legal,
política y financieramente–, los Gobiernos nacionales nunca se han
atrevido a denunciar, ni política ni judicialmente, la corrupción
institucional imperante en Cataluña.
Por muchísimas menos dudas sobre su patrimonio, miles de españoles
han sufrido inspecciones de infarto por parte de Hacienda, y no
pocos de ellos han visto aireadas sus supuestas irregularidades en
los medios de comunicación. Sin embargo, los Gobiernos del PP y del
PSOE han actuado como si las leyes que castigan el delito fiscal no
afectaran a los gobernantes nacionalistas, a quienes tampoco parecen
afectar las leyes que castigan los delitos de desobediencia,
usurpación de atribuciones y prevaricación. Así lo evidencia la
impunidad con la que están perpetrando su ilegal desafío
secesionista y su carísimo proceso de construcción nacional,
indirectamente financiado por el ministro Montoro a través del Fondo
de Liquidez Autonómica.
Mucho se criticó –y con razón– a Pascual Maragall por no atreverse a
mantener su acusación de cobro de comisiones a CiU. Pero la cobardía
de los Gobiernos de España a la hora de denunciar una corrupción,
que va mucho más allá del 3 por cierto y que no se limita a la
familia Pujol es todavía mayor.
Montoro Granito entre soplillos
Emilio Campmany Libertad Digital 3 Septiembre 2014
Hay que ver con cuánta frecuencia los políticos nos toman por
tontos. Y no se dan cuenta de lo irritante que es. Podemos tolerar
con voluntariosa ataraxia las groseras mentiras que nos endilgan.
Llegamos a soportar con proverbial estoicismo los reiterados
incumplimientos de sus promesas. Aceptamos recibir con pacífico
escepticismo sus campanudas apelaciones al interés general. Pero lo
que no hay quien aguante con mediana serenidad es que nos tomen por
imbéciles completos. En eso, en lo de tomarnos por idiotas y
suponernos lerdos de baba, Montoro no es que sea un experto, es que
lleva sacados varios másteres y es probable que dirija un seminario
para sus compañeros del Consejo de Ministros.
Es sencillamente increíble que quien ostenta el cargo de ministro de
Hacienda reconozca sin empacho que los Pujol han disfrutado de
treinta años de clandestinidad fiscal. Y como no le da la gana de
reconocer que se ha enterado por los periódicos va y admite que esto
de los Pujol lo sabía él desde el año 2000, fecha en la que ya
andaba él mandando en Hacienda, cuando les abrió una inspección. Me
parece muy bien que se la abriera. Lo que no me lo parece tanto es
que la cerrara dos años más tarde sin haber descubierto nada de una
relevancia mínimamente próxima a lo que hoy sabemos gracias a los
periódicos. Luego se pone farruco y promete que llegará hasta el
final de todo este asunto. No parece probable que llegue hasta
ningún final cuando lo único que le preocupa es el fraude fiscal y
no admite siquiera una sospecha acerca del origen delictivo de la
inmensa fortuna acumulada por los Pujol a su vista, ciencia y
paciencia. Pero es que además es imposible que llegue hasta ningún
final porque muchos de esos delitos que él no descarta que se hayan
cometido están prescritos por la negligencia del departamento que él
ha dirigido durante tantos años.
Y lo de justificar la revelación de datos fiscales amparándose en
que uno de los afectados, que no todos, ha reconocido una parte muy
limitada de los mismos es de llamar al 091. O sea, según Montoro, el
que Jordi Pujol reconozca que tiene una cuenta sin declarar le
autoriza a él a revelar públicamente cualquier detalle de sus
declaraciones fiscales. Y si es así, ¿por qué en vez de limitarse a
revelarnos que Pujol no se acogió a la amnistía fiscal no nos ofrece
todos los datos de sus declaraciones, que sería algo muy
interesante? Si la admisión de un hecho por parte del afectado le
autoriza a revelar el resto, ¿por qué no lo hace? Pues porque metió
la pata con Bárcenas, de quien reveló lo mismo. Y por no reconocer
que la metió, prefiere volverlo a hacer y justificarlo con un
argumento que evidencia lo muy tontos que nos considera. Dicen que
el papel lo aguanta todo. Lo que lo aguanta todo es el granito.
Por un sistema racional de gobierno en
España
Miguel Cámara www.gaceta.es 3 Septiembre 2014
Si queremos limpiar España no podremos contar con la ayuda de los
políticos, por ser, precisamente ellos, quienes la han ensuciado en
su propio y único interés.
Hay una frase que puede servir para iniciar la información sobre la
posible creación del grupo Acción Cívica Nacional, ajeno al mundo
político: “No se puede limpiar una charca y pretender la ayuda de
las ranas”. Eso mismo ocurre si queremos limpiar España; que no
podremos contar con la ayuda de los políticos, por ser, precisamente
ellos, quienes la han ensuciado en su propio y único interés.
Por esta razón, y desde hace varios años, venimos elaborando un
sistema más racional, que se hace cada vez más necesario para
colaborar en las tareas de gobierno. Debe ser la propia gente del
pueblo, con preparación necesaria, quien participe, de forma activa
y directa, en esta gestión, al tiempo que los políticos sean cada
vez menos los que nos representen, ya que, de hecho, no nos
representan, pues han demostrado escasa aptitud, egoísmo, deslealtad
y abuso; no les pagamos para eso. La situación ha llegado a tal
extremo de deterioro, que la sustitución de políticos por
tecnócratas no representa ya en nuestra Sociedad la duda que podría
haber en otros países civilizados, dada la estrecha relación
existente entre nuestra peculiar clase política, la corrupción y el
resultado final que estamos viviendo. Algunos políticos no dudan en
usar el dinero del contribuyente para llevar ellos, al margen de su
sueldo, una vida de lujos y privilegios, al tiempo que les abre unas
puertas de influencias a mejores situaciones posteriores, a las que
no son, precisamente ellos, los que puedan poner un límite hoy en
día. La preocupación de ellos estriba en mantener lo que poseen,
ahora y mañana, por encima de todo, incluso de los propios intereses
del pueblo que los contrató, y les paga. Controlan todo, y nos
controlan, con la fuerza que se ha otorgado así misma una minoría
activa.
Sobre este sistema racional que presentamos ahora, hemos publicado
diferentes notas de opinión en diversos periódicos nacionales desde
hace un par de años, abogando, desde entonces, por todo cuanto
manifestamos a continuación.
Según la estadística oficial, los políticos se mueven entre el
segundo o tercer problema de los muchos que padece España, como son
el paro, la corrupción, la crisis económica, la inseguridad
ciudadana, la sanidad, el fraude, la educación, la vivienda, y un
largo etcétera. Pero los responsables de todos y cada uno de esos
problemas son, precisamente, los políticos, la fuerza activa que
toma las decisiones, y que es quien genera el resto de todos los
problemas existentes por la pésima gestión que llevan a cabo, y nos
han situado en la extrema y específica situación que vivimos hoy en
España, al margen de la crisis europea, cuyos efectos nos ha rozado,
pero no nos ha hundido; de eso se han encargado nuestros políticos.
A ellos les dimos nuestra confianza a través del voto, confianza que
no han sabido usar de manera responsable y digna, pues nunca han
tomado una decisión que fuera en contra de sus intereses de Partido,
o de sus intereses privados, aunque fuera beneficiosa para el
pueblo. Unos por acción, y otros por omisión, son culpables la
mayoría de ellos; por supuesto que hay excepciones (conozco,
personalmente, algunas, con nombres y apellidos) pero esas
excepciones, lógicamente, no han tenido suficiente fuerza para
frenar un caudaloso río de deslealtad, egoísmo y corrupción.
Todos ellos han sabido siempre autoexculparse, y, si no lo han hecho
directamente, lo han hecho los jueces seleccionados por ellos a tal
efecto. En su fuero interno, creen, con toda sinceridad, que son
honestos, dignos y que pueden ir con la cabeza muy alta. Por el
subconsciente de ellos debe pasar un pensamiento similar a: "mi
sueldo debería ser mucho mayor, o, más debería yo haber detraído de
las arcas, después de todo lo que yo he hecho y trabajado por el
pueblo". Lo que no se les pasa por la mente es que han colaborado,
por acción u omisión, como decimos, para dejar al pueblo en la
ruina. Hemos mencionado que existen excepciones, como, por ejemplo
la de aquel diputado socialista (aunque la ideología no importa;
estamos hablando de personas y sólo hay que creer en ella y en su
palabra) que dimitió de su cargo porque su conciencia le decía que
no se ganaba los 60.000 euros anuales asignados. Hombres de esta
talla son los que deberán formar la base de Acción Cívica Nacional.
También hay un senador, valiente, que se pronunció, en una
entrevista televisiva, sobre la falta de operatividad del Senado,
manifestando que no se justificaba su existencia porque allí, dijo,
se hacía poco, y se cobraba mucho ¿Alguien puede creer que estos
dignos políticos tienen fuerza para cambiar el curso del río
corrupto? Por supuesto que no. Los políticos son el primer problema
que tiene España, y es un hecho que, siendo ellos parte inseparable
y esencial del problema, nunca podrán formar parte de la solución
del mismo.
No nos cabe duda de que una gran mayoría de políticos entraron en
esta actividad con las mejores intenciones hacia el pueblo que los
contrató. Pero por diversas razones, entre ellas, quizá, una
deficiente formación y educación (diferente, desgraciadamente, en
cada Autonomía) en los últimos treinta y cinco años, les hizo
sucumbir a muchos de ellos ante la insistente marea de tentaciones.
Es por ello que el Programa para la Educación, único en todo el
Territorio, es clave desde la infancia, y ha de ser acorde con los
valores humanos que se derivan de la Moral, la Ética, y de aquellas
Buenas Costumbres, perdidas hoy (existía una Asignatura, llamada
Urbanidad, que, entre otras muchas cosas, enseñaba, desde los
primeros años, la importancia que tenía, por ejemplo, de ayudar a un
anciano a cruzar la calle, y la satisfacción que sentía luego quien
así actuaba, que, sin darse cuenta, se iba realizando, educando, y
formando, cada día más, como persona. Pero estos sentimientos hay
que infundirlos desde la más temprana edad, de lo contrario no se
aprenden nunca, y endurecen el alma humana; Moral, Ética y Buenas
Costumbres, todo ello es primordial para cambiar el comportamiento
de los gobernantes, y frenaría, además, los nefastos encontronazos
educacionales que existen hoy)
El Estado de las Autonomías ha demostrado su ineficiencia y extrema
carestía después de 35 años de vigencia, suponiendo, además, una vía
de corrupción descentralizada y generalizada, en la que, algunos,
han buscado, abrazado y adoptado esa corrupción, y el resto ha
reaccionado igual, si la corrupción llamó algún día a su puerta.
Cada Autonomía, culpa de sus males a España, debilitando y
degradando, cada vez más, a la Nación. Gobernar es elegir
prioridades, y las medidas tomadas hasta hoy, debieron ser
pospuestas tras haber empezado por las prioritarias, de tal forma
que muchas de las decisiones ya adoptadas no hubieran sido
necesarias. La situación ha llegado a un extremo que se hace urgente
recomponer la mala y débil cimentación de una casa cuyas paredes se
agrietan peligrosamente, y es un error tratar de reparar las
grietas, como se está haciendo hoy, porque volverán a salir mañana:
hay que empezar siempre por el principio, por las raíces, por los
cimientos.
Hasta 1.978, la estructura de la división político administrativa
del Estado Español, era la España de las Provincias; fue disuelta
entonces, sin problema alguno, para dar paso a las Autonomías. El
Presidente del Gobierno ha manifestado, textualmente, que “las
Autonomías no se pueden tocar porque están consagradas en la
Constitución”; es un absoluto error; las Autonomías, llevan 35 años
en la Constitución, y habían sustituido a las Provincias, que
estuvieron consagradas en la Constitución durante más de 180 años,
tras ser rectificada en 1.978. Esa rectificación, se hizo de la
noche a la mañana. Ahora, con sólo 35 años de vigencia, las
Autonomías resultan intocables para nuestro Presidente. La
Constitución no es una obra divina, sino un trabajo del hombre, y la
mejor forma de respetarla, sentirla y mantenerla actualizada, no es
otra que adaptarla a las exigencias de los nuevos tiempos para que
conserve su vigencia por encima de todos los tiempos, cosa que hay
que hacer siempre que sea necesario, justo y razonable, mediante las
rectificaciones que procedan. La Ley se hace para los vivos, no para
los muertos. Alguien, con sentido común, ha matizado recientemente
que hay que “rejuvenecer” a la Constitución; absolutamente cierto.
El Presidente del Gobierno, con esa manifestación, deja clara una
simple y vaga excusa que oculta su debilidad política y su mala
gestión. No hubo problema alguno, como ya se ha dicho, para
desmontar, cual simple escenario, aquella España de las Provincias;
no pasó nada, y no se alteró nadie. El pueblo pensó en la
posibilidad de un futuro mejor, y los políticos vieron el cielo
abierto ante las grandes expectativas de aumento de puestos
políticos, que hoy se resisten a abandonar.
Cuando una cosa se hace mal es preciso corregirla, lo cual no quiere
decir, en absoluto, volver a atrás. La invención de las Autonomías
ha sido para peor, a un precio elevadísimo y con un incremento
exagerado de la corrupción. Como decimos, volver a la España de las
Provincias, no es retroceder, todo lo contrario: se trata de
situarnos en el esquema inicial para, desde allí, avanzar, haciendo
todas las rectificaciones necesarias y adecuadas para actualizar el
Estado a los tiempos de hoy. Pero estas rectificaciones hay que
hacerlas, siempre, desde las Provincias, nunca desde las Autonomías.
Una de las razones que se esgrimen para justificar lo injustificable
es decir que las Autonomías han acercado más la Administración al
pueblo; primero resulta confuso, y cuando se piensa más despacio, es
manifiestamente falso: la aproximación ha resultado, exclusivamente,
física, sin que llevara implícita, por ello, una mayor eficiencia en
la gestión, sino justo lo contrario: una manifiesta ineficiencia,
abuso y corrupción, ocultos, precisamente, en la confianza y
familiaridad que da lo cercano. Es muy cierto que las decisiones
deben tomarse lo más próximo a los ciudadanos, pero las ejecuciones
de las mismas y la responsabilidad de sus costos deben estar
centralizadas; se podría matizar esta afirmación de acuerdo a las
peculiaridades de cada pueblo, pero en España, ya hemos visto cómo
ha funcionado. Por lo tanto, corrijamos todo aquello que ya
funcionaba mal en la estructura anterior, o que ya no tuviera
sentido hoy, y actualicemos, además, la funcionalidad de aquellas
Provincias para que vuelvan a ser eficaces, ya que no podemos
anclarnos en donde estábamos; eso sí sería un paso atrás. Esta
actualización esencial, disminuiría de entrada, y de forma
considerable, el exagerado gasto público en una cifra muy superior a
la que se estiman conseguir tras las precipitadas, inoportunas e
inadecuadas medidas tomadas hasta hoy. Incluso los ahorros que
puedan parecer irrelevantes, no lo son en absoluto, pues, en estos
casos, los gestos son básicos, porque se trata de inculcar en los
gobernantes unos principios que les permita ser un ejemplo para
todos. Esos pequeños gestos, al final, son tan importantes como los
grandes ahorros; una actitud honesta imprime carácter, se obliga y
se crece en el resto de actuaciones posteriores.
En esta nueva reestructuración del Estado, se hace precisa la
supresión de las Diputaciones Provinciales que, por sí mismas,
constituyen una duplicidad de las funciones que han existido
siempre. El Tribunal Constitucional no tiene sentido para sustentar,
si llegara el caso, a un Gobierno nacido de la base del pueblo, y
que trabaje por y para el pueblo, al margen de este alto Tribunal
politizado. La Audiencia Provincial es otro ejemplo de Órgano
influido por la política; la vergonzosa legalización de Bildu, por
citar un ejemplo, entre otras nefastas consecuencias, ha llevado a
colocar profesores, miembros de ETA, en las escuelas vascas, por lo
que el cruel y miserable adoctrinamiento seguirá sembrando la mala
semilla entre la indefensa juventud de ese pueblo. Si no se remedia,
será cuestión de una generación para que el problema vasco vuelva a
resurgir con toda crueldad desde sus orígenes, igual que hace
cincuenta años. Aunque ahora se consiga una paz aparente, la
semilla, como decimos, está germinando. Junto a esa reacción
consecuente, se hace preciso potenciar la eficacia de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, una de las mejores del mundo, cuya
operatividad está mermada hoy por la debilidad e irresponsabilidad
de sus mandos políticos, o politizados.
Dentro del despilfarro autonómico, sirva de ejemplo, entre otros
miles, el que afecta a los ineficientes Tribunales de la
Competencia. Han llegado a ser doce. Resulta difícil creerlo, pero
en diez años, han supuesto un coste de unos 60 millones de euros,
han recaudado menos de 6 millones, tras la imposición de menos de 60
sanciones. Mayor ineficiencia, imposible, ni mayor despilfarro,
tampoco. Muchos de ellos están regidos por gente de la política (la
corrupción es mayor en empresas dirigidas por políticos, o gente que
venga de esa actividad) El costo se va en altos sueldos, coches
oficiales, lujos, privilegios y las bagatelas de siempre.
Pero el asunto es mucho más grave de lo que parece; el sentido común
haría pensar a cualquiera que esos tribunales autonómicos son los
únicos organismos que existen en España para el control de la
competencia, pero, nada de eso. Resulta que desde hace más de medio
siglo existe la Comisión Nacional de la Competencia (que ha tenido
diversos nombres desde sus primeros pasos en 1.953) que, dependiendo
del Estado Central, vigila por el estricto cumplimiento de lo que no
vigilan los Tribunales Autonómicos. Resultado: sólo en el año 2.012,
la Comisión Nacional de la Competencia, ha puesto sanciones por
valor de casi 250 millones de euros; un sólo Organismo centralizado,
eficiente, frente a unos Tribunales Autonómicos ineficientes y
despilfarradores. Los vergonzosos ejemplos como éste, se cuentan por
miles, y se pueden ver, a pié de calle, leyendo la prensa, viendo la
televisión o escuchando la radio, para sentir, cada vez más, una
honda depresión, angustia y vergüenza.
Al igual que ocurrió cuando se suprimieron las Provincias, el pueblo
tampoco se quejará, es más, se alegrará y aplaudirá esta decisión,
pues ahora todos los ciudadanos cuentan ya con la nefasta
experiencia que han supuesto las autonomías en todos los órdenes. Si
bien, y al contrario de lo que ocurrió antes, los únicos que se van
a quejar son los políticos (manteniendo siempre las honrosas
excepciones que existen) los líderes sindicales, y esa parte de la
judicatura politizada; pondrán el grito en el cielo. Es mucho el
poder, las influencias y privilegios que van a perder. Pero, en este
caso, no hay que oír a los políticos, sólo hay que escuchar al
pueblo, que es para quien se gobierna.
Otras medidas a considerar están relacionadas con la reducción de
ayuntamientos, supresión de los liberados sindicales (los que deseen
mantener los sindicatos, será por cuenta de ellos, no del pueblo)
cancelación de cualquier tipo de subvención a los sindicatos, que
deberán mantenerse con los recursos exclusivos de sus propios
afiliados, como ocurre en todas partes. Así como supresión de las
subvenciones a la Patronal. Los defensores del pueblo desaparecerían
con las autonomías, como también desaparecerían las 160 embajadas
autonómicas en el extranjero, donde se derrochan miles de millones
de euros. Supresión de los coches oficiales, y tantísimas medidas
imposibles de relacionar en esta declaración. Incluso los ahorros
que puedan parecer irrelevantes, no lo son en absoluto, pues, en
estos casos, y como ya se ha mencionado, los gestos son básicos,
porque se trata de inculcar en los gobernantes una moral y una
educación que les permita ser un ejemplo para todos, y poder,
además, predicar con el mismo.
Debemos entender que los políticos, hasta que no han colmado sus
necesidades en ese saco sin fondo de despilfarro generalizado y
corrupción, no están dispuestos a atender las necesidades del
pueblo. Es entonces cuando dicen eso de “ya se ve luz al final del
túnel”, que es tanto como decir: “vamos a repartir entre el pueblo
un dinero que nos ha quedado”, aunque ellos no son conscientes del
alcance de esas palabras; de esos asuntos internos se ocupa
directamente el subconsciente liberador de sus malas consciencias.
Actuación de una minoría independentista en Cataluña y País Vasco
Una minoría independentista en Cataluña y País Vasco, junto a una
gran parte del resto del pueblo, es decir, una mayoría absoluta,
pide la celebración de un referendum para manifestar sus opiniones,
unos a favor, y otros en contra de la independencia, a lo cual
tienen, todos juntos, pleno derecho, aunque, para ello, haya que
rectificar la Constitución. Se hace precisa una fuerza razonable y
justa como la que han demostrado tener los primeros ministros de
Inglaterra y Canadá, para autorizar la celebración de ambas
consultas en Escocia y Quebec, respectivamente. Habría que emular
esa firmes decisiones que autorizaron la celebración de sendos
referendums a solicitud de los independentistas, pero, sobre todo,
respetando, al mismo tiempo, la voluntad del resto del pueblo, la
mayoría, que también pedía un referendum para mostrar su deseo en
contra de esa independencia. En Escocia, la consulta tendrá lugar
este mismo año, y las encuestas están a favor de mantener la unión
con Inglaterra, incluso también se muestra a favor la “rebeldía
natural” de la juventud, en contra de lo que pensó en un principio
la minoría soberanista (de hecho, nadie esperaba que varias
encuestas recientes llevadas a cabo en algunas universidades
escocesas entre estudiantes de 18 a 20 años, se saldaran con un
rechazo a la independencia de un 80%) En Quebec, donde las encuestan
reflejaron la misma tendencia que en Escocia, la consulta al pueblo
se llevó a cabo en septiembre de 2.012, siendo rechazada la
independencia con un 69% de los votos. Nuestro Gobierno, en cambio,
no es capaz de ponerse por delante del problema, como corresponde a
su responsabilidad de gobernar para todos, aceptando el referendum y
controlando así la situación; ni la mayoría de catalanes ni vascos,
desea la independencia, pero la actitud negativa del Gobierno de
escuchar a esas mayorías, sólo va a causar daño a todos, y que el
problema resurja una y otra vez. Nuestro Gobierno sólo escucha, y da
prioridad, a los secesionistas, despreciando e ignorando a la
mayoría.
El Gobierno, por tanto, no debe escudarse en la Constitución, sino
modificarla, y apoyar abiertamente los dos referendums. Los
gobiernos de Inglaterra y Canadá han demostrado sentido común,
fuerza, eficacia y un resultado satisfactorio para la mayoría del
pueblo, que es, precisamente, de lo que se trata. No se da cuenta
nuestro Gobierno que rectificar la Constitución, como ya se ha
dicho, es una forma de guardarla para conservarla siempre intacta y
efectiva; es una forma inteligente de respetar los cambios sociales
y sus evoluciones, el transcurrir del tiempo, y del ser humano. Es,
por así decirlo, como un principio natural de conservación, para que
todo evolucione como consecuencia de una propia transformación
natural; oponerse a ello es antinatural, y su interpretación como
algo inamovible, o inalterable, es un grave error que mantendrá
enconado el problema soberanista eternamente. No es correcto decir
que los casos citados como ejemplo, Escocia Quebec, son diferentes a
los nuestros; son idénticos, toda vez que estamos hablando de
personas, de sus intereses, ambiciones, egoísmos, solidaridad,
inquietudes, complicidad...en definitiva, de los defectos y virtudes
de los seres humanos. Todo esto está por encima de cualquier
connotación histórica y de legalidades constitucionales. Pero
nuestros malos gobernantes no se cansan de pretender centrar el
problema en lo que no es relevante para la mayoría, como es el hecho
de decir machaconamente, y todos los días, que ni Cataluña ni el
País Vasco podrán subsistir en la independencia; tanto la minoría
como la mayoría sabrán depositar en las urnas la valoración conjunta
y congruente con su futuro.
Recuperación de Gibraltar
Este problema es el ejemplo más dramático y vergonzoso de la
debilidad y miedo cerval de nuestros gobernantes durante años, y
ello, teniendo, como tenemos, la razón. Los distintos gobiernos,
como el actual, no han sido capaces siquiera de situar el problema
en su justa medida, empezando por determinar en qué terreno nos
estamos moviendo, de acuerdo con la situación real y actual del
conflicto. No se puede continuar así; nuestros gobernantes deberían
tener, al menos, la mínima fuerza, valor y sentido común para
definir una de las dos únicas alternativas, o postura digna que
existe: o iniciar los trámites para la ejecución de la sentencia de
las Naciones Unidas de 1.946 que ordenó la devolución de Gibraltar,
o rechazar nuestro derecho, y aceptar su pertenencia, aunque ilegal
e injusta, a Inglaterra. A partir de una postura clara y definida,
se podrá andar un camino firme sabiendo ya dónde estamos. La
ambigüedad nos lleva a la queja continua y al pataleo, o sea, al
ridículo y desprestigio internacional constantes. Recordando ahora
los últimos acontecimientos recientes, ¡qué lejos quedaron aquellas
palabras del Gobierno “Gibraltar español”, “Se acabó el recreo de
Gibraltar”, y aquel amago de cobrar 50 euros por cruzar la verja
¡Qué vergüenza, una vez más! Ahora sí que se ha acabado el recreo y
volvemos a la clase donde seguiremos recibiendo las mismas lecciones
que nos vienen dando los ingleses desde hace 300 años.
Tras haber ganado ellos, una vez más, el último conflicto con
Gibraltar, les hemos dado oxígeno suficiente para que sigan
creciéndose, por lo que no se puede decir que el asunto sigue igual,
cuando resulta que está cada vez peor; se ha reanudado el
abastecimiento de bloques de hormigón a Gibraltar a través barcos
procedentes ahora de Portugal, para seguir dragando el fondo marino
de nuestras aguas a fin de continuar la construcción del complejo de
lujo inglés. El pataleo y ambigüedad que mencionamos, se centra, en
esta ocasión, en la absurda queja que el Gobierno presentó en
Europa, y que se ha saldado con un mayor desprestigio para España,
porque no ha conseguido absolutamente nada. Sólo será cuestión de
tiempo para que España vuelva a colaborar, activa y directamente, en
el engrandecimiento inglés en Gibraltar, una superficie española que
va aumentando por tierra y por mar con la indiferencia de todos
nuestros gobiernos; nos encontramos ante lo que siempre se ha
llamado, porque así es, la “vergüenza nacional”. Hoy, ya no se oye
hablar de Gibraltar. Hemos vuelto a bajar la guardia. Pero
volveremos a hacerlo para seguir afianzando la posesión británica.
No podemos culpar de este conflicto a los ingleses, sino única y
exclusivamente a los españoles, es decir, a los sucesivos gobiernos
que sólo han hecho amagos de acercamiento al problema, para,
seguidamente, salir huyendo y olvidarlo, en todas las ocasiones.
Todos los pronunciamientos oficiales han dado siempre la razón a
España, sobre todo, como hemos mencionado, el Mandato de las
Naciones Unidas del año 1.946, tomado por referendum, que pedía a
Inglaterra la devolución del Peñón a su legítimo dueño, España.
Pensemos, por un momento, que la situación se hubiera desarrollado
al revés, es decir, que en el año 1.703, hubiera sido una flota
española, no británica, la que se hubiera posesionado de una plaza
británica al sur de Inglaterra, concurriendo idénticas
circunstancias de población, superficie, razones históricas, etc. No
existe hoy quien pueda creer que esa Plaza conquistada por España en
Inglaterra hace 300 años, siguiera hoy siendo española. Los
ingleses, cuando no tienen la razón sobre algo, usan la mera
posesión como un principio del Derecho, es decir, como si fuera Ley,
ante la impasible debilidad conocida de los sucesivos gobiernos
españoles.
Cuando se presenta un conflicto entre dos partes hay que seguir
siempre unas pautas de actuación; hay que empezar intentando la
solución amistosa por medio del diálogo; si no prospera, hay que
presentar una demanda. Con la sentencia en la mano, y si la parte
condenada se niega a cumplirla, hay que volver a dialogar para
convencerla. Si aún así, se niega, no queda más que solicitar, en la
forma que proceda de acuerdo al caso, la ejecución de la sentencia.
Así han actuado nuestros gobiernos, hasta que tuvieron la sentencia
favorable en sus manos. A partir de ese instante, fueron reducidos
por la fuerza que mostraron los ingleses, al extremo de que nuestro
débil Gobierno sigue desenfocando la situación pidiendo diálogo con
Inglaterra; eso no tiene sentido, cuando lo que procede es olvidar a
Inglaterra, e iniciar la ejecución de una clara Sentencia. El
momento que correspondió al diálogo, está ya superado; España pasó
por esa fase después de cientos de diálogos, en los que Inglaterra
respondía con argumentos absurdos o que no guardaban relación con el
Contencioso. Tienen un arte envidiable para mantenerse al margen del
problema que han creado, como si no fuera con ellos, tratando
siempre de buscar terceros sobre los que recaiga la responsabilidad
que corresponde al verdadero y único responsable.
Veinte años después del Mandato de las Naciones Unidas de 1.946, el
delegado adjunto en la ONU, Jaime de Piniés, se quejaba en ese
Organismo de las dificultades que ponía Inglaterra para la
descolonización, aduciendo siempre los ingleses razones absurdas,
sin argumentos, y sin guardar relación con la posesión ilegal del
terreno. Explicaba a su colega británico, en nombre del entonces
ministro de Exteriores, Fernando María Castiella, que: “Mi Gobierno
reconoce a los gibraltareños los máximos derechos que puede tener
cualquier agrupación humana, salvo el de disponer de un trozo de
suelo español”. Ese mismo día, 12 de julio de 1.966, Londres
aprovechó la ocasión para ampliar en un kilómetro cuadrado su
usurpación para la construcción del Aeropuerto de Gibraltar,
declarándose soberana de un nuevo trozo de territorio español. No se
tomó ninguna medida contra la construcción del aeropuerto de
Gibraltar emplazado en suelo de soberanía española, ya que se
pretendía dar prioridad a la descolonización, pues lo demás, se
contemplaría en su momento; lo contrario a lo que hacemos ahora, es
decir, preocuparnos de los bloques de hormigón, en vez de priorizar
la ejecución del acuerdo de descolonización.
El Sr. Piniés dejó clara la propuesta española: “Que ambos países
inicien, sin demora, la negociación del Estatuto que deberá proteger
los intereses de los residentes del territorio de Gibraltar, una vez
se haya procedido a la cancelación de la situación colonial. Dicho
Estatuto será registrado en las Naciones Unidas“. Los ingleses
manifestaron que estudiarían la propuesta, para, al final, como
siempre, decir que no. Existe también una Resolución del Comité de
los Veinticuatro de las Naciones Unidas del día 17 de noviembre de
1.966, diciendo que “no debe retrasarse la terminación de la
situación colonial de Gibraltar”.
Volviendo a la situación general de esta exposición, debemos decir
que no tenemos un pensamiento extremista sobre nada de lo que aquí
se expone, sino racional, flexible y consecuente con los hechos, y
nada de lo que se expone en esta declaración, se puede entender como
radical, de derecha, o de izquierda. Hay que entender que la
situación que vivimos es radical, crítica, extrema, y,
consecuentemente, las soluciones tienen que estar a la altura de la
magnitud del problema, pero siempre posibles y dentro de la más
estricta razón y sentido común. A pesar de la crisis mundial, la
mala situación específica que vive España no se puede achacar a
Europa, al Banco Central Europeo, a los mercados, ni absolutamente a
nadie, sólo, y exclusivamente, a nuestros débiles y corruptos
políticos (insisto en las excepciones) en definitiva, a nosotros
mismos. En general, los políticos, jamás, serían capaces de adoptar
ninguna de las medidas aquí mencionadas; es mucho lo que tienen que
perder desde sus vacíos asientos. Esto es exactamente igual que
cuando el servicio de una casa desempeña mal su trabajo: se le
despide. No hay mejor casa en España que la que pertenece a todos
sus ciudadanos, y en la que hemos confiado y contratado un servicio
que ha resultado desleal, unos por acción y el resto por omisión. Se
justifican sus deslealtades, se las premian entre ellos, se conceden
privilegios, lujos y distinciones. Tienen sus abogados, en las más
altas esferas de la Judicatura, que les defienden de sus abusos.
Aunque haya alternancia dentro de ese “servicio doméstico”, el
resultado no mejora, sino que va a peor.
No puede prosperar lo que se ha construido sobre una base viciada
por el mismo servicio, y que es intocable porque afectaría a sus
propios intereses. El problema no se soluciona contratando nuevo
servicio, porque está ya inmerso en un círculo vicioso. Ante la
pérdida de confianza, la única alternativa es que el propio amo se
ocupe directamente de su casa. En otros países civilizados el
servicio funciona, en España no. No queda más remedio que despedir
al servicio que hemos contratado, y, por supuesto, sin derecho
alguno a seguir cobrando de por vida los sueldos que tenían.
Por los motivos expuestos, se hacía necesario, como se ha dicho,
iniciar un movimiento desde el propio pueblo que presentara un
programa racional de gobierno, al margen de la Política que, poco a
poco, tenga la posibilidad de colaborar en lo que todos el españoles
ansiamos: sacar a España de la crisis cuanto antes y para siempre,
renovar la lealtad que los gobernantes deben al pueblo que los
nombra y les paga, elegirlos preparados, fuertes y responsables, y,
aún sabiendo que no volveremos a ser un país protector como fuimos
durante siglos (ni falta que hace) dejar de ser, al menos, un país
protegido, arruinado y siguiendo siempre las pautas que nos marcan
desde fuera como consecuencia de la manifiesta debilidad y
deslealtad de nuestros representantes.
Acción Cívica Nacional podrá ver la luz desde la base de la
ciudadanía, y al margen de ideologías políticas, aún admitiendo que
siempre tenemos, al menos, una ligera tendencia a uno u otro lado,
propia de la educación recibida, formación, influencia social, pero
siempre posible de sublimar si ponemos por encima de ellas el valor
de la palabra, y la lealtad debida a quien nos da su confianza, y
nos paga, para limpiar y mantener limpia la casa. Esperamos, de esta
forma, y con el tiempo, una suficiente representación nacional, a
fin de colaborar en un mejor gobierno de España.
Los componentes de Acción Cívica Nacional que mañana tuvieran
responsabilidades con derecho a un sueldo, mantendrán el emolumento
que se estipule, exclusivamente, durante el tiempo que dure la
representación que ostente, sea cual sea. Una vez cumplida su labor,
dejarán de percibir la asignación que les correspondía, pudiendo
acogerse, bien a los beneficios del Paro, si procede, o a la
Jubilación que le corresponda, como a cualquier otro trabajador. No
existirá ningún tipo de privilegio de la larga lista que se expone
en esta declaración, a excepción de los gastos necesarios inherentes
al desempeño directo del cargo. Sus componentes no estarán
protegidos por aforamiento de ninguna clase que no sean los derechos
que asisten a todos los ciudadanos; recordemos, a estos efectos, un
triste ejemplo de inmoralidad legal, cuando en junio de 2.012, el
Congreso de los Diputados rechazó la admisión a trámite de una
iniciativa popular, firmada por más de medio millón de ciudadanos,
que pedía la eliminación de las prebendas de la clase política una
vez que cesaran en sus cargos, a fin de ser tratados como el resto
de los ciudadanos. Lo rechazaron amparándose en la Constitución,
que, obviamente, ha sido confeccionada por ellos mismos. No tuvieron
suficiente moral para ampararse en sus conciencias.
No podría haber mejor comienzo para Acción Cívica Nacional que
contar con la confianza de esos seis millones de ciudadanos que hoy
engrosan la injusta lista del paro (la cifra inferior que se baraja,
no es correcta) Entre ellos, sin duda, se encuentran las personas
necesarias que estarían dispuestas a representar y defender al resto
de conciudadanos, y sacar adelante a esta gran Comunidad de
Propietarios que es España. Tendrían un sueldo digno, y nada más.
Entenderían que el dinero del contribuyente no se puede utilizar
para que sus representantes tengan una vida de lujo. Y el resto del
pueblo, cansado de pagar tanto servicio ingrato, y seguir pagando,
incluso, después de sus despidos o ceses, se irá sumando, poco a
poco, a esta causa, que es la suya propia. La causa de todos.
El perseguido Pujol
F.JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 3 Septiembre 2014
EN SU comparecencia de ayer ante la Comisión de Hacienda del
Congreso, Cristóbal Montoro confesó que desde la primera vez que fue
ministro, en el año 2000, la Agencia Tributaria conocía las
actividades presuntamente delictivas de algunos de los hijos de
Jordi Pujol y que abrió varias investigaciones al respecto. Supongo
que quiso decir que las cerró, porque hasta que EL MUNDO empezó a
publicar datos concretos sobre el gigantesco tinglado delictivo de
la Semisagrada Familia de Cataluña, ni el segundo Gobierno Aznar, ni
los dos gobiernos de Zapatero ni el actual Gobierno de Rajoy han
hecho nada contra la banda. Bueno, Rajoy si ha hecho algo: el Fiscal
Superior de Cataluña insultó a este periódico y anunció todo tipo de
acciones legales por faltarle al respeto a Pujol y su famiglia. La
prioridad máxima del Gobierno de Rajoy, además de «plantar raíces»
económicas (que deben de ser raíces cuadradas) ha sido volver al
pacto con CiU para evitar el referéndum separatista promovido por el
partido de Pujol, obviando la evidencia de que una parte del Estado,
la Generalidad catalana, está en abierta rebelión desde hace dos
años contra el propio Estado de cuyos fondos se nutre pero cuya
destrucción ambiciona.
Angels Barceló debe de compartir óptica con Montoro, porque ayer
tuiteaba: «El caso Pujol es repugnante. La saña con la que le
persigue el Gobierno es inédita, sin precedentes». Supongo que se
refiere a la financiación de la Generalidad sediciosa a través del
Fondo de Liquidez Autonómica, que destina la mitad de lo que extrae
del bolsillo de todos los españoles a asegurarse de que Mas paga las
nóminas de su personal, incluida TV3 y otros medios de comunicación
para que nadie extreme la saña contra el alma mater el corpo pater y
el sursum corda nacionalista. Lo consigue: once periódicos, todos,
publicaron un editorial contra la sentencia del Constitucional sin
haberla leído. Tan sañuda es la persecución de Madrit contra Pujol
que en el año 2000 empezó a investigar sus delitos y todavía no ha
hallado ninguno. La ferocidad de Hacienda y la Fiscalía es semejante
a la exhibida contra Urdangarín y su amante esposa. O a la del
imperio prisaico con su antiguo casero, hijo o testafliglio de
Pujol. Si Hacienda nos persiguiera igual a todos no haría falta
bajar los impuestos. Con no pagarlos, bastaría.
Pujol aniquilado
RAÚL DEL POZO El Mundo 3 Septiembre 2014
El separatismo se ha quedado sin fetiche y el coloso se convertirá
en un pegote, en un pingajo. Ya empiezan a movilizarse los
iconoclastas. La villa de Premià de Dalt ha exigido, a propuesta de
los socialistas, la retirada de la estatua que se erigió de Jordi
Pujol.
El propio Honorable ya se consideraba una escultura entre los coches
y los pájaros; cuando no quería responder, decía: «Yo soy una
estatua y las estatuas no hablan». Parece ficción, pero no lo es:
dos parlamentos, el de España y el de Cataluña, debatieron ayer en
dos insólitas sesiones el caso de un padre de la patria acosado por
una ávida Dollar Ferrusola y por todos sus hijos buscones, que
escondían una fortuna como la de Midas en paraísos fiscales,
tapándola con la bandera y el palio.
Miles de millones de euros recaudados en obras públicas de los
últimos 30 años llegaron a los bolsillos de la familia Pujol y a los
de Convergència. Esas famiglias acusaban a España de robarles e
idearon una conspiración contra el Estado democrático y la igualdad
de los españoles. Ahora, que el pueblo decida, pero sin trampas ni
embaucamientos.
Los antiguos limpiaban las coronas a sus estatuas, las perfumaban
con incienso y con flores. Así ocurrió aquí con Jordi Pujol, que
tuvo como cómplices a altas autoridades del Estado. Ahora, ese
Estado, acorralado, entrampado y con la mayoría de sus dirigentes
bajo sospecha, ha decidido terminar con la idolatría de uno de los
colosos del Régimen del 78. Demasiado tarde. Ha sido la propia
Democracia la que ha sacado de sus entrañas la purga para la
catarsis.
Podemos y otros partidos han anunciado acciones judiciales contra
los Pujol, las empresas públicas que se dejaron sobornar y
dirigentes históricos de CIU. Dicen los de la montaña en el parque
que la querella es un paso de la ciudadanía contra «la casta que
tiene en común el amor a su patria: Suiza y Andorra».
Primero se tiran las estatuas y después empieza el diluvio. Como en
La muerte de Dantón, el pueblo termina gritando: «Queremos
arrancarles la piel de los muslos para hacer calzones; queremos
sacarles la grasa para que nuestra sopa tenga mejor sabor».
Cristóbal Montoro Robespierre estuvo bien en el Congreso. Los
portavoces parlamentarios fueron muy moderados en su alegato contra
los evasores. Aún temen a la estatua de mil hombres; quieren
gobernar con él después de muerto. El ministro prometió llegar hasta
el final acusando a los diputados de la oposición de tibieza. «Han
venido a escurrir el bulto».
¿Qué hay detrás del caso Pujol?
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 3 Septiembre 2014
Pocos fenómenos resultan tan incoherentes como los escándalos de
corrupción en España. Periódicamente, a golpe de titular, la opinión
pública se rasga las vestiduras ante episodios de pillaje que,
curiosamente, pertenecían al dominio público mucho tiempo atrás.
Todo el mundo los conocía, o sospechaba, pero faltaba el permiso, la
pequeña chispa que transformara el conocimiento individual en
colectivo. Habituados a décadas de autocensura, los ciudadanos
mantienen su certeza en voz baja, no más allá de su capote, hasta
que alguien da el pistoletazo, concede vía libre para que la
información se transmita a la otra mitad del cerebro. Y entonces se
desencadena la explosión. Una esquizofrenia política, digna del
mejor Orwell, que permite saber y no saber a un tiempo. Y olvidar
poco después, bailando al ritmo de la actualidad y las modas.
¿Que los Pujol estaban inmersos en turbios asuntos? ¡No me diga!
¡Menuda sorpresa! Como la que experimentó el capitán Renault, de
Casablanca, al percatarse de que "aquí se juega". Unos hechos bien
conocidos pero inertes, sin consecuencia alguna, ni siquiera cuando
Pasqual Maragall lanzó la saeta del 3%, quedándose muy corto. Todo
cambió cuando alguien desbloqueó ese semáforo que se mantenía en
estricto rojo durante décadas. ¿Por qué se levanta ahora la
impunidad de tan "ejemplar" familia? ¿Qué objetivo persigue la
exhibición de Jordi Pujol en paños menores? Para algunos es un
intento de desacreditar el proceso secesionista, de mostrar a la
opinión pública la verdadera catadura del padre y precursor del
invento. Pero el veterano político ha perdido su protagonismo, su
lugar en la política catalana. Se trata, más bien, de un contundente
aviso a navegantes, a esos que surcan los lagos suizos. Una señal de
que el gobierno está dispuesto a levantar la manta en un oasis
catalán donde muy pocos mantienen cubiertas sus partes pudendas. A
ver quién es el guapo que aguanta el tipo.
Extorsión a cambio de obediencia
Durante décadas, las autoridades no sólo permitieron la corrupción
sino que la promovieron, fomentaron e, incluso, justificaron como
vía para financiar los partidos, aunque buena parte de las
comisiones acabara recalando en cuentas privadas de los dirigentes.
Pero toda la información de cobradores y pagadores iba componiendo
un completo archivo del colosal latrocinio, a disposición del poder.
Y estas pruebas de enriquecimiento ilícito constituían una eficaz
coraza protectora del statu quo, una implícita extorsión, no para
conseguir dinero sino obediencia: quien se apartara del guion, quien
no acatara las informales reglas... perdería el manto del secreto.
Ya lo advirtió Alfredo Pérez Rubalcaba en su etapa de Ministro de
Interior: "veo todo lo que haces y dices". Ningún otro fenómeno
explica mejor esas densas brumas de silencio, esa disciplina de
omertà que amansa los espíritus más indómitos de la política.
La amenaza de airear la información indiscreta, el palo, se
complementa ahora con la zanahoria: se ofrecerán amplias concesiones
que conviertan a Cataluña en un país independiente de hecho, aunque
de derecho siga formando parte de España. El Gobierno pretende
estirar hasta el fin esa nefasta dinámica que caracterizó el Régimen
de la Transición: el Estado se iría retirando de Cataluña poco a
poco, por la fuerza de los hechos consumados, por el principio de no
aplicar la ley, de abandonar a aquellos que veían vulnerados sus
derechos. Una pasividad para dejar hacer con toda libertad a esos
caciques, dueños del cortijo, mientras mantuvieran una ficción de
legalidad. Nos encontramos ya en la etapa final, la de entregar las
pocas competencias que restan a cambio de no convocar la consulta.
Separación, sí, pero por la puerta de atrás, sin que lo perciban los
ciudadanos, con disimulo, sin ostentación, sin alharacas... por
ahora.
Es el fin, la última estación
Nuestro sistema político ha generado gobiernos irresponsables,
inclinados a eludir los costes de las decisiones, a no asumir sus
consecuencias, a permitir a los poderosos saltarse las leyes a la
torera, sin cortapisa alguna. Reacios a mojarse, a aplicar medidas
comprometidas. Todo por debajo de la mesa, sin transparencia,
improvisando, a remolque de la política del día a día. Gobiernos
cortoplacistas que fueron traspasando competencias a cambio de apoyo
para la investidura, sin detenerse a pensar que ciertas atribuciones
podrían ser vitales para el funcionamiento y la continuidad del
Estado. Sin cuestionarse si los traspasos beneficiaban a los
ciudadanos, a los contribuyentes. Siempre con el único objetivo de
saciar los apetitos de las élites políticas.
La estrategia del palo y la zanahoria funcionó durante décadas pero
difícilmente surtirá efecto ahora. Nos encontramos al final del
camino, con la bolsa de caramelos prácticamente vacía. Pronto no
quedará nada que ofrecer. Aunque algunos oportunistas se hayan
apuntado a última hora al que creen caballo ganador, buscando
influencia, prebendas y cargos, el grueso del proceso catalán se
transformó en una locura colectiva, fuertemente emocional, que
responde muy poco a argumentos racionales. Un fenómeno que
trasciende ampliamente a quienes fueron sembrando concienzudamente
el odio en interés propio, siempre al amparo de la pasividad y
dejación de las autoridades españolas. Es la estación término de una
política miope, de bajos vuelos, consistente en aplazar problemas y
desentenderse de responsabilidades. La próxima patada adelante
tendrá muy poco recorrido con un balón reducido a un pedazo de cuero
sin aire.
Es obligación de cualquier gobierno velar por la observancia de las
normas utilizando medios lícitos, transparentes, con independencia
de la pérdida o ganancia de popularidad que ello pudiera comportar.
Y, si considera que la legislación no responde a las necesidades de
la sociedad, impulsar un debate político sobre el cambio de rumbo.
Pero es indigno exigir el acatamiento de la legislación tan sólo a
los ciudadanos de a pie, a quienes carecen de poder para esquivarla.
Poco más dará de sí el presente sistema político: mucha trampa, poca
sustancia, todo cartón. Un régimen está irremisiblemente condenado
si debe amenazar con airear vergüenzas para forzar a algunos a
cumplir la ley... o a aparentar que la cumplen.
Habla, pueblo, habla!
José Castellano www.cronicaglobal.com 3 Septiembre 2014
Quién me iba a decir que, casi cuarenta años después iba, yo a
utilizar el título y la letra que he tomado prestado de la canción
creada por el grupo Vino Tinto y popularizada por “Jarcha”, cuando
el Gobierno la empleó en apoyo del referéndum de la Ley para la
Reforma Política de diciembre de 1976, fecha en la que la mayoría de
las izquierdas de entonces propugnaron la abstención como una manera
de medir fuerzas y para oponerse a lo que se entendía como un
intento de continuidad del régimen franquista.
Efectivamente, creo necesario y adecuado apelar hoy al Habla,
pueblo, habla! aunque en este caso yo lo hago para mostrarme
rotundamente en contra de un referéndum, cuando en 1976 con la
canción lo que se hacía era promover aquel otro.
Aunque llegado por medios democráticos, el búnker del
independentismo se ha instalado entre nosotros a base de treinta y
cuatro años de nacionalismo obligatorio, de cuasi partido único y de
una prensa también del movimiento
Y es que la letra es corta pero contundente y extraordinariamente
acertada por lo que vale la pena recordarla, en este caso para ir en
contra de otro nuevo búnker, el búnker del independentismo, el de
otro nuevo régimen que, aunque llegado por medios democráticos, se
ha instalado entre nosotros a base de treinta y cuatro años de
nacionalismo obligatorio, de cuasi partido único y de una prensa
también del movimiento, todo lo cual y más que les ahorro recordar,
fue puesto al servicio de de las mismas trescientas y pico familias
que monopolizan el poder en Cataluña desde hace generaciones,
familias a las que se han unido sus bases estabuladas y un numeroso
ejército de iluminados producto de la formación del espíritu
nacional de la escuela catalanista.
Desde los orígenes de la España de las Autonomías, en Cataluña los
gobiernos, incluidos los dos tripartidos, han estado formados por
partidos de claro predominio nacionalista. La utilización de la
enseñanza y la imposición del catalán que pretenden lengua única, la
negación y el desapego cuando no el fomento del odio contra todo lo
español ha sido alentado constante y artificiosamente mientras que
en paralelo se alimentaba un sentimiento nacionalista entre
determinadas minorías radicalizadas y se multiplicaba la ficción
mediante creación de estructuras de "estadito de la señorita pepis"
dando protagonismo y recursos a entidades y organismos con programas
y actitudes claramente golpistas.
Todo ello ha ido ocurriendo por la acción de los sucesivos gobiernos
autonómicos volcados en un imposible y antidemocrático proceso de
construcción nacional, en contra de la Constitución y lo que es
peor, en contra de una mayoría de población no nacionalista que, con
su silencio, parecía renunciar a los derechos de ciudadanía que les
han estado tratando de arrebatar todo este tiempo en que incluso se
han atrevido a desnaturalizar hechos históricos como el
tricentenario de la guerra de sucesión de 1714.
Pero frente a esos mitos, contra esas mentiras, creo que ahora es
cuando de verdad "conviene segar cadenas", ahora es cuando hay que
acabar con la apropiación indebida de las diadas del 11 de
septiembre, que es una fiesta del todos, una fiesta que las gentes
de Ágora Socialista empezaremos con una comida de hermandad para
luego acudir en Tarragona a la fiesta de Sociedad Civil Catalana,
una gran fiesta a la que sin duda asistirán gran cantidad de
catalanes y de ciudadanos de toda España, una gran fiesta junto a
una gran entidad del constitucionalismo transversal que me han
llevado a recordar y recomendar la puesta en actualidad de aquella
hermosa canción:
Habla, pueblo, habla!
Tuyo es el mañana
Habla y no permitas
Que roben tu palabra
Habla pueblo habla
Habla sin temor
No dejes que nadie
Apague tu voz
Habla pueblo habla
Este es el momento
No escuches a quien diga
Que guardes silencio
Habla pueblo habla
Habla pueblo sí
No dejes que nadie
Decida por ti.
Creo que la oportunidad es única para plantar cara antes de que sea
demasiado tarde porque la fiebre independentista sólo nos puede
traer ruina, miseria y quiebra de esa paz social de la que siempre
hemos hecho gala en Cataluña.
El calcetín de Pujol
Xavier Pericay www.cronicaglobal.com 3 Septiembre 2014
Conste que no le deseo ningún mal, sólo lo que la aplicación de la
justicia le tenga reservado. Pero no deja de sorprenderme que en las
escasas apariciones del Muy Honorable Evasor por la que fuera la
capital de su reino particular, ya frente a su domicilio, ya frente
al que ha sido hasta la fecha su despacho de expresidente, nadie le
haya afeado públicamente su conducta con un «¡sinvergüenza!», o un
«¡chorizo!», o un «¡truhán!», o incluso con un «¡Pujol, trilero,
devuélveme el dinero!». Y no lo digo, claro, por esos periodistas
que le asaltan sonrientes, cámara o micro en ristre, en busca de
unas palabras y a los que él responde que qué tal el fin de semana.
Me refiero a la reacción espontánea de un ciudadano cualquiera que
acertara a pasar por allí y se apercibiera de su presencia. Ha
habido, ciertamente, un escrache frente a su casa barcelonesa, pero,
como comprenderán, lo que hagan los Vestrynge catalanes, yayoflautas
o no, no guarda ninguna relación con la espontaneidad. (A propósito:
no tengo nada en contra de que Pujol conserve sus escoltas. Sí me
parece, en cambio, fuera de lugar que esa seguridad, pudiéndosela
pagar de su bolsillo, con los millones defraudados, la sigamos
pagando los contribuyentes, esto es, las principales víctimas del
fraude del defraudador. A eso se le llama «cornudos y apaleados».)
No tengo nada en contra de que Pujol conserve sus escoltas. Sí me
parece, en cambio, fuera de lugar que esa seguridad, pudiéndosela
pagar de su bolsillo, con los millones defraudados, la sigamos
pagando los contribuyentes
Otra cosa que me tiene sorprendido, por no decir intrigado, son las
caídas del Muy Honorable Evasor. La de Queralbs, lo admito, entra
hasta cierto punto dentro de la normalidad; al fin y al cabo, a
partir de una cierta edad sobre todo, ¿quién no ha tropezado alguna
vez con un peldaño por no haber levantado suficientemente un pie?
Pero lo del calcetín es distinto. Primero, porque no existen
imágenes de la caída. Es verdad que se trata de un accidente
doméstico. Pero hay caídas y caídas. Y una que conlleve un vendaje
tan aparatoso que impida calzarse el zapato y obligue a cubrirse la
extremidad con un calcetín, tiene que ser, por fuerza, una señora
caída. O sea, una de esas en las que uno luego no puede apoyar el
pie en el suelo durante un montón de días y que precisan el auxilio
de una muleta. Pero Pujol en las fotos aparece sin muleta y apoyando
el pie en el suelo. En fin, como si en vez de un esguince lo que
tuviera es un antojo. O, si lo prefieren, como si ese calcetín
grisáceo fuera una suerte de remedo del calcetín de Tàpies, pero sin
alambre.
Y, la verdad, no creo que el Muy Honorable Evasor esté a estas
alturas para muchas performances. Y en lo que respecta a Tàpies,
debió de bastarle, me temo, con la contemplación semanal de Las
cuatro crónicas, el cuadro que preside e invade la Sala Tarradellas
del Palacio de la Generalidad, donde se celebran las reuniones del
Consell Executiu. No, a mí lo del calcetín me suena a otra cosa.
Descartados el esguince y el homenaje al pintor —y descartada
incluso la hipótesis, siempre verosímil en el caso de un evasor, de
que la calceta escondiera en su interior un buen fajo de billetes—,
lo único que se me ocurre es que se trata de un ardid. En otras
palabras: que el expresidente, ante el sinfín de citaciones que se
avecinan y, en concreto, ante el insistente requerimiento por parte
de su propio expartido y de la formación republicana que lo respalda
para que acuda al Parlamento autonómico a dar explicaciones de sus
tropelías, haya optado por lo que podríamos denominar la vía Millet,
pero sin necesidad de caerse ni de romperse el fémur. O sea, haya
optado por la dilación. Por el «qui dia passa, any empeny». Y aunque
los días transcurridos no sumen un año, llegado el momento de
comparecer, nuestro Muy Honorable Evasor siempre podrá proclamar a
manera de excusa, como su gran amigo en las artes del saqueo,
aquello tan trascendente de «no soy yo, voy muy medicado».
Legítima defensa
Fermín Bocos www.diariosigloxxi.com 3 Septiembre 2014
MADRID, 02 (OTR/PRESS) La Historia nos dice que en España, bajo
determinadas circunstancias de poder financiero e influencia
política, es posible trincar y salir airoso en el empeño. Fortunas
se hicieron en el pasado bajo esas condiciones y hoy tienen
herederos. Lo que no es posible, lo que ineluctablemente sale mal,
es trincar y enfrentarse al poder del Estado. Al respecto y con
matices, el caso de Jordi Pujol, es muy explícito. Según propia
confesión, llevaba más de treinta años hurtando dinero al Fisco.
Haya o no prescrito el delito, confesó, pues, ser un delincuente.
Desde el cierre judicial en clave política del caso Banca Catalana
(1983) quienes tenían que saberlo sabían que había dinero suelto que
andaba lejos de la lupa de Hacienda. Pero nadie movió un dedo. CiU
era la muleta con la que tanto PSOE como PP compensaban sus
limitaciones parlamentarias. También estaban muy extendidas las
sospechas de supuestos cobros ilegales de comisiones a cambio de
adjudicación de obras públicas -"Ustedes tienen un problema que se
llama 3%"- avanzó Pasqual Maragall y confirmó Carod Rovira. ¿Por qué
durante todos estos años -más de 30- el Estado, los sucesivos
gobiernos, Hacienda, no indagaron en la vida financiera secreta de
Jordi Pujol? ¿Por qué hasta que la gran impostura no fue descubierta
no había noticias de que la Fiscalía estuviera indagando sobre las
andanzas de algunas de las grandes y medianas empresas de la
construcción que habrían sido las "paganas" de ese supuesto
"impuesto familiar" a beneficio del clan Pujol? La respuesta hay que
buscarla en las palabras del ministro Cristóbal Montoro en su
comparecencia en el Congreso:
"A la vista de los datos de que se disponen no podemos descartar que
se hayan cometido uno o varios delitos. No deja de ser significativo
que (Pujol) se haya convertido, además, de repente, en un adalid del
independentismo, radicalizando discursos políticos y sacando partido
personal".
Es decir, que la farsa dio paso a la tragedia y a las diligencias de
Hacienda en el momento en el que Pujol y familia cometieron el error
de alzarse contra el Estado. Por parte de los poderes del Estado,
descubrir el pastel habría sido un caso de legítima defensa. Al
menos, eso parece. De no haberse metido en la deriva secesionista,
no tengo la menor duda de que Jordi Pujol seguiría siendo "molt
honorable" .También tengo por cierto que entre todos los
contribuyentes que estamos al día con Hacienda le seguiríamos
pagando chófer, secretaria, oficina, guardaespaldas y algo más de
100.000 euritos anuales para que pudiera escribir con tranquilidad
sus memorias de "padre de la patria" catalana.
¡Claro que es urgente la regeneración del sistema democrático!
Cómo Montoro riega el independentismo Carlos Sánchez El Confidencial 3 Septiembre 2014
Lo dijo ayer el diputado Coscubiela con sensatez y con la
legitimidad que le otorga el hecho de ser uno de los querellantes
contra Jordi Pujol por la comisión de cinco delitos. “El derecho a
decidir no puede servir nunca para tapar las vergüenzas de quienes
han defraudado como lo ha hecho el señor Pujol desde altas
responsabilidades, pero con la misma claridad le digo –refiriéndose
a Montoro– que el caso Pujol tampoco puede servir como lo ha
utilizado usted hoy [por ayer] para degradar determinadas opciones
políticas y deteriorar el legítimo derecho a decidir”.
Y en verdad, es ese el fondo de la cuestión. El asunto Pujol, que
ahora se ve como una de las siete plagas de Egipto, pasará con el
tiempo, pero el proceso soberanista –si nadie lo endereza con
soluciones inteligentes capaces de aguantar varias generaciones–
perdurará. Lo contrario es ignorar la historia de España.
Y por eso, la teatral intervención de ayer de Cristóbal Montoro es
una oportunidad fallida para llenar de racionalidad un debate de
sordos. No para salvar la cara al independentismo, lo cual en este
contexto político no tiene ningún sentido, sino para poner orden
sobre un proceso político claramente debilitado en el corto plazo
pero que sigue alimentado por una formidable corriente de fondo
tanto en términos políticos como sociales. Y sugerir, como ayer hizo
Montoro en el Congreso, que el nacionalismo catalán se ha
radicalizado al ritmo que marcaban las investigaciones policiales
sobre el patrimonio del clan Pujol es, simplemente, coger el rábano
por las hojas. O lo que es peor, confundir los bastardos intereses
económicos de una familia -aunque se apellide Pujol Ferrusola- con
una cuestión de mucho mayor calado que si nada lo remedia seguirá
atormentando a las próximas generaciones de españoles.
Interés particular e interés general
La estrategia de Montoro, en todo caso, forma parte de la manera
zafia y tosca de hacer política que se hace en España, según la
cual, cuando Bárcenas mete mano en la caja, muchos piensan que todo
el Partido Popular es un nido de corruptos. Olvidando que el arte de
la política es identificar los problemas para resolverlos, no para
meterlos en una especie de batidora en la que al final es imposible
detectar el origen de la corrupción con el célebre "y tú más".
Y cuando Montoro dice que los ciudadanos se preguntan “cuántos
dirigentes han estado defendiendo su interés personal cuando decían
defender el interés general de cualquiera de ellos”, lo que hace, ni
más ni menos, es extender la sombra de la sospecha sobre buena parte
de la clase política sin aportar luz. ¿O es que, cuando muy
recientemente el PP salvaba los Presupuestos de Artur Mas, el ajuar
de los Pujol estaba limpio como la patena? ¿Hubiera actuado la UDEF
con igual diligencia y transparencia si Pujol hubiera actuado de
ariete contra el proceso soberanista? Con razón se está produciendo
el auge de la antipolítica y de los movimientos populistas, pobres
imitadores de Robespierre.
A corto plazo, sin duda, la estrategia de Montoro es acertada. Como
la de Rajoy. La Diada 2014 está tocada de muerte porque la unidad de
los partidos soberanistas ha saltado por los aires. Pero a largo
plazo sólo conseguirá lo contrario de lo que pretende.
La actual generación de nacionalistas moderados será superada sin
ninguna duda –desde luego por la propia irresponsabilidad de CiU–
por una nueva hornada de independentistas más radical y ajena a la
cultura de la negociación. Y por eso, cuando Montoro dice que los
ciudadanos de Cataluña se preguntan ahora cómo han podido poner la
gestión de su comunidad “en manos de personas que mientras
gobernaban estaban vulnerando las normas tributarias que a todos nos
obligan” lo que hace es, nuevamente, generalizar. ¿O es que habría
que hablar de un PP íntegramente corrupto por cobijar asuntos como
los de Bárcenas, Gürtel, Fabra o Matas?
Es evidente que todo el proceso soberanista es un disparate, pero no
puede ser que antes se criticara a Pujol por presentarse como el
símbolo y hasta la alegoría de Cataluña y ahora, paradójicamente, se
sugiera que el indigno comportamiento del expresidente representa a
toda la comunidad o al menos a los dos tercios de representación
parlamentaria que apoyan esa entelequia intelectual que es el
derecho a decidir.
Los herederos políticos
Montoro, incluso, fue ayer más allá. Y en una parte de su
intervención dejó un corolario un tanto cínico en forma de pregunta
sin respuesta. “Es lógico”, sostuvo el ministro de Hacienda, “que
muchos catalanes se pregunten si esa forma de querer y entender
Cataluña está avalada por otros dirigentes de su partido y si su
herencia política y sus herederos políticos no estarán realmente
contaminados por esa presunta herencia que el señor Pujol puso a
buen recaudo en Andorra”. ¿Los sucesores de Matas en Baleares son
igual de sospechosos? ¿Y los de Carlos Fabra en Castellón?
Evidentemente, no. Pero cuando se pone el ventilador hay que tener
cuidado para no engancharse con las aspas. O cautela, como reclamó
con buen criterio el diputado Macias. Es mejor eso que hacer juicios
temerarios y soltar un mitin en el parlamento que sólo ayudará a
avivar un fuego sin duda provocado por la repugnante clandestinidad
fiscal -como felizmente lo denominó Montoro- llevada a cabo por el
clan de los Pujol y por los propios nacionalistas, incapaces de
entender el actual proceso histórico que vive Europa.
Y si Cataluña no es Pujol ni el PP Bárcenas, tampoco puede ser
verdad –como sostiene Montoro de forma insolente– que todo lo que no
ha desmentido Pujol sobre lo publicado estas semanas por los
periódicos es verdad. Porque si eso fuera cierto, su departamento
sería una máquina de desmentidos, y no lo es. Tan sólo una máquina
de crear independentistas, como lo fue Aznar en la segunda
legislatura y Zapatero y Maragall en su ridícula y temeraria gestión
de aquello que un día se llamó la cuestión catalana. Pero como
alguien dijo ayer en el Congreso, un defraudador es un defraudador,
sea independentista o españolista.
Ignorancia, anti-democracia y 'el derecho a
decidir' Enrique Calvet Chambon www.lavozlibre.com 3 Septiembre
2014
Economista y miembro del Comité Económico y Social Europeo
Zappear es peligroso porque te puede arruinar la noche y dar
pesadillas. Por ejemplo, si te recuerda el monumental destrozo que
han hecho la des-educación, la intoxicación y la lenidad en esta que
fue nuestra vieja Nación. Le daba yo distraídamente al mando que nos
manda, cuando apareció mi antiguo, que no viejo, amigo Albert
Rivera. Decidí escucharle un poco, aunque no estuvo, ni mucho menos
en su noche más brillante, ni mediática, ni lúcida, en lo que en él
es habitual. Y no lo estuvo, a mi discutible juicio, por la falta de
claridad y contundencia ante una bomba fétida que se lanzó al plató
(lo mismo reprocharía a los otros tertulianos, entre los que
figuraba mi otro gran amigo Carmona). Y ahí surgió la pesadilla. Una
persona que allí tertuliaba, que me dijeron después respondía al
nombre de pila de Ada (sin h, me precisaron con tino), por resumir,
le reprochó a Albert no ser coherente con su condición de demócrata
por no… ¡¡¡apoyar el 'derecho a decidir'!!! Y afirmó que ella
defendía los derechos humanos por encima de las Leyes democráticas.
¡Toma castaña pilonga macerada en Ratafía! Porque lo dijo en serio,
palabrita del niño Jesús.
Eso me recordó la extrañeza (paso de las reacciones animales de los
acéfalos) que provoco cuando sostengo que el llamado “derecho a
decidir”, que igual se podría llamar “el derecho a quitarte el
derecho a decidir”, es anti-democrático. Lo he de explicar y
entonces se entiende (quién quiere y puede), pero la pesadilla
reside en la misma necesidad de tenerlo que explicar, y
probablemente a millones de españoles. Es cuando me alegro de la
“éducation civique” que recibí en la enseñanza pública francesa,
dónde los conceptos básicos de derechos humanos, valores
democráticos, Estado de Derecho, etc… se dan desde muy pequeño. Y
recordemos que Francia también es tierra de catalanes. Pero también
es cuando me asalta la horrorosa pesadilla de las lagunas
democráticas de la Educación en España, formada por el conjunto de
mis conciudadanos.
Y, sin embargo, la explicación es muy sencilla y atañe a conceptos
fundamentales. Sigue así: los hispano-catalanes tienen perfectamente
el derecho a decidir, igual que yo, y lo utilizan recurrentemente,
igual que yo y que todos. Base de la democracia occidental. Lo que
pretenden algunos es tener en exclusiva el derecho a decidir sobre
temas que nos atañen a todos, y que los demás no lo tengamos. Bien,
por lo tanto lo primero es determinar cuáles son los que siguen
manteniendo el derecho sobre los demás a los que se les arrebata y
por qué de ese grupo, y encontrar una razón democrática para crear
una discriminación en derechos civiles. No hay ninguna razón
democrática en una vieja Nación de trasiego secular, de seculares
convivencias y proyectos comunes, de unión de personas. Las razones
que están soterradas son de índole o racista, o etnicista, o
discriminatoria por nacimiento o por residencia, amén de las razones
instrumentales de una oligarquía depredadora. Y para rematar la
explicación: otorgar un derecho civil al ex Presidente iznajeño
Montilla arrebatándolo a sus padres y familiares porque él vive al
norte del Ebro y los otros al sur de Despeñaperros, es profundamente
anti democrático. Profunda y peligrosamente, como demuestra la
Historia.
Pero a la vista de la barbaridad que se planteó en el plató, esta
vez añado algo más: las razones étnicas, racistas, creadoras de
“ciudadanos superiores sobre inferiores”, son gravemente
atentatorias contra los derechos humanos. Como se ve en la Cataluña
ibérica con la educación a los niños. Impune.
Así de sencillo. Después podemos hablar de organización territorial,
federalismo cooperativo, de la potenciación de las herencias
culturales de nuestra Patria común y de la biblia en pasta. Pero la
apelación al derecho de que sólo decidan unos sobre nuestro destino
común es profunda y peligrosamente anti-democrático. Hasta que esto
no se comprenda masivamente, y es elemental, no hay sustrato
democrático en el debate.
No me daría pena tener que explicar esto en Afganistán, pero tener
que decirlo en España, a estas alturas, es doloroso y patético. De
ahí las pesadillas. La próxima vez me pasaré a un programa de
gastronomía….o a una cadena extranjera dónde hable el barcelonés
Valls…Un barcelonés democrático, universal y no tribalista.
Es la guerra santa, idiotas
Arturo Pérez-Reverte XL Semanal www.finanzas.com 3 Septiembre 2014
Pinchos morunos y cerveza. A la sombra de la antigua muralla de
Melilla, mi interlocutor -treinta años de cómplice amistad- se
recuesta en la silla y sonríe, amargo. «No se dan cuenta, esos
idiotas -dice-. Es una guerra, y estamos metidos en ella. Es la
tercera guerra mundial, y no se dan cuenta». Mi amigo sabe de qué
habla, pues desde hace mucho es soldado en esa guerra. Soldado
anónimo, sin uniforme. De los que a menudo tuvieron que dormir con
una pistola debajo de la almohada. «Es una guerra -insiste metiendo
el bigote en la espuma de la cerveza-. Y la estamos perdiendo por
nuestra estupidez. Sonriendo al enemigo».
Mientras escucho, pienso en el enemigo. Y no necesito forzar la
imaginación, pues durante parte de mi vida habité ese territorio.
Costumbres, métodos, manera de ejercer la violencia. Todo me es
familiar. Todo se repite, como se repite la Historia desde los
tiempos de los turcos, Constantinopla y las Cruzadas. Incluso desde
las Termópilas. Como se repitió en aquel Irán, donde los incautos de
allí y los imbéciles de aquí aplaudían la caída del Sha y la llegada
del libertador Jomeini y sus ayatollás. Como se repitió en el babeo
indiscriminado ante las diversas primaveras árabes, que al final
-sorpresa para los idiotas profesionales- resultaron ser preludios
de muy negros inviernos. Inviernos que son de esperar, por otra
parte, cuando las palabras libertad y democracia, conceptos
occidentales que nuestra ignorancia nos hace creer exportables en
frío, por las buenas, fiadas a la bondad del corazón humano, acaban
siendo administradas por curas, imanes, sacerdotes o como queramos
llamarlos, fanáticos con turbante o sin él, que tarde o temprano
hacen verdad de nuevo, entre sus también fanáticos feligreses, lo
que escribió el barón Holbach en el siglo XVIII: «Cuando los hombres
creen no temer más que a su dios, no se detienen en general ante
nada».
Porque es la Yihad, idiotas. Es la guerra santa. Lo sabe mi amigo en
Melilla, lo sé yo en mi pequeña parcela de experiencia personal, lo
sabe el que haya estado allí. Lo sabe quien haya leído Historia, o
sea capaz de encarar los periódicos y la tele con lucidez. Lo sabe
quien busque en Internet los miles de vídeos y fotografías de
ejecuciones, de cabezas cortadas, de críos mostrando sonrientes a
los degollados por sus padres, de mujeres y niños violados por
infieles al Islam, de adúlteras lapidadas -cómo callan en eso las
ultrafeministas, tan sensibles para otras chorradas-, de criminales
cortando cuellos en vivo mientras gritan «Alá Ajbar» y docenas de
espectadores lo graban con sus putos teléfonos móviles. Lo sabe
quien lea las pancartas que un niño musulmán -no en Iraq, sino en
Australia- exhibe con el texto: «Degollad a quien insulte al
Profeta». Lo sabe quien vea la pancarta exhibida por un joven
estudiante musulmán -no en Damasco, sino en Londres- donde advierte:
«Usaremos vuestra democracia para destruir vuestra democracia».
A Occidente, a Europa, le costó siglos de sufrimiento alcanzar la
libertad de la que hoy goza. Poder ser adúltera sin que te lapiden,
o blasfemar sin que te quemen o que te cuelguen de una grúa. Ponerte
falda corta sin que te llamen puta. Gozamos las ventajas de esa
lucha, ganada tras muchos combates contra nuestros propios
fanatismos, en la que demasiada gente buena perdió la vida: combates
que Occidente libró cuando era joven y aún tenía fe. Pero ahora los
jóvenes son otros: el niño de la pancarta, el cortador de cabezas,
el fanático dispuesto a llevarse por delante a treinta infieles e ir
al Paraíso. En términos históricos, ellos son los nuevos bárbaros.
Europa, donde nació la libertad, es vieja, demagoga y cobarde;
mientras que el Islam radical es joven, valiente, y tiene hambre,
desesperación, y los cojones, ellos y ellas, muy puestos en su
sitio. Dar mala imagen en Youtube les importa un rábano: al
contrario, es otra arma en su guerra. Trabajan con su dios en una
mano y el terror en la otra, para su propia clientela. Para un Islam
que podría ser pacífico y liberal, que a menudo lo desea, pero que
nunca puede lograrlo del todo, atrapado en sus propias
contradicciones socioteológicas. Creer que eso se soluciona
negociando o mirando a otra parte, es mucho más que una inmensa
gilipollez. Es un suicidio. Vean Internet, insisto, y díganme qué
diablos vamos a negociar. Y con quién. Es una guerra, y no hay otra
que afrontarla. Asumirla sin complejos. Porque el frente de combate
no está sólo allí, al otro lado del televisor, sino también aquí. En
el corazón mismo de Roma. Porque -creo que lo escribí hace tiempo,
aunque igual no fui yo- es contradictorio, peligroso, y hasta
imposible, disfrutar de las ventajas de ser romano y al mismo tiempo
aplaudir a los bárbaros.
Puesto 35 de competitividad global Los grandes lastres de la economía
española: rigidez laboral, burocracia e impuestos España se mantiene como la trigésimo quinta economía más
competitiva en 2014, según el Foro Económico Mundial, por detrás de
Chile e Indonesia. Suiza se mantiene como la economía más
competitiva, según el Foro Económico Mundial | Cordon Press
M. Llamas Libertad Digital 3 Septiembre 2014
España se mantiene por segundo año consecutivo
en el puesto 35 del Índice de Competitividad Global
2014-2015 que acaba de publicar el
Foro Económico Mundial, por detrás de Puerto Rico, Chile e
Indonesia, y justo por delante de Portugal, República Checa y
Azerbayán. Sin embargo, la economía nacional ha retrocedido
seis puestos en la clasificación internacional desde que
estalló la crisis, ya que ocupaba la posición 29 en 2008,
a la altura de Chile o China.
Los expertos del Foro destacan los esfuerzos realizados en el
último año para reducir el déficit público, sanear el sistema
financiero, fomentar el espíritu empresarial y mejorar la
flexibilidad laboral. Pero, al mismo tiempo, ha empeorado la
fiscalidad y la percepción sobre el funcionamiento de las
instituciones debido, sobre todo, a la elevada corrupción
política y a la existencia de una burocracia
ineficiente.
En general, al igual que en años anteriores, el país sigue
gozando de unas buenas infraestructuras en materia de transporte y
de un alto nivel de acceso a la educación universitaria, aunque la
entidad advierte en este último caso de la escasa calidad
del sistema educativo español (puesto 88 del mundo) y pone
en cuestión su utilidad real a la hora de proporcionar una fuerza
laboral lo suficientemente preparada para contribuir al profundo
cambio estructural que precisa el país.
Pese a estas fortalezas y debilidades, el informe señala los
principales obstáculos que, hoy por hoy, sigue
presentando la economía española para mejorar su competitividad y,
por tanto, crecer y crear empleo sobre bases sólidas.
Las dificultades para acceder a la financiación
encabeza esta particular lista de trabas (puesto 132 del mundo);
seguida de la enorme rigidez laboral (120), la
debilidad institucional (73), con especial mención
a la ineficiente burocracia estatal; la elevada fiscalidad
(127); la corrupción, que escala hasta situarse
como el quinto mayor lastre del país; los problemas para atraer
(103) y retener talento (107); o la insuficiente capacidad para
innovar (60), debido a la baja inversión en I+D (52) o la escasa
colaboración existente entre universidad y empresa (57).
Principales debilidades
Lo grave es que los lastres para la competitividad española no
han cambiado mucho desde el estallido de la crisis, ya que en 2008
los principales obstáculos para generar riqueza eran, por este
orden, la restrictiva regulación laboral, el acceso a la
financiación, la ineficiencia administrativa, la inadecuada
preparación educativa para el mercado laboral y los impuestos, entre
otros factores menos importantes.
El estudio incluye doce pilares básicos para analizar la
competitividad de un total de 144 economías, y España sale muy mala
parada en cinco de ellos:
1. Instituciones: puesto 73 del mundo
En
este ámbito, España destaca por la baja confianza en los
políticos (puesto 117 del mundo); la corrupción, pagos
irregulares y sobornos (50); independencia judicial
(97); favoritismo en las decisiones del gobierno,
también conocido comúnmente como capitalismo de estado
(78); despilfarro en el gasto público (113);
cargas regulatorias (123); seguridad
jurídica en materia de disputas (90) y legislación (86); o
transparencia política (105), entre otros factores.
2. Contexto macroeconómico: puesto 121 del mundo
Las
peores notas en este ámbito son las referidas al déficit
público (128) y la deuda (130).
Curiosamente, España es líder mundial en cuanto a la evolución de
precios, gracias a su baja inflación, pese a que muchos economistas
consideran este factor como un riesgo y no como una ventaja para la
competitividad.
3. Mercado: puesto 65 del mundo
Aquí,
el principal problema tiene que ver con los fuertes desincentivos
fiscales para invertir (130), los elevados impuestos
(127) o las numerosas trabas
administrativas para abrir un negocio (puestos 118 y 99 del índice).
4. Regulación laboral: puesto 100 del mundo
Es, sin duda, uno de los ámbitos más débiles de la economía
española, como bien demuestra la elevada tasa de paro que sigue
sufriendo el país tras más de seis años de crisis.
No
hay no un sólo factor que se salve en materia laboral, pese a los
positivos avances que introdujo la reforma de 2012: escasa
cooperación entre empresarios y trabajadores (93), rigidez salarial
(117), elevados costes laborales (86), altos impuestos sobre el
trabajo (130), débil capacidad para atraer (103) y retener talento
(107), etc.
5. Sistema financiero: puesto 91 del mundo
Por último, aunque el Foro reconoce que España ha reforzado la
solvencia del sistema financiero tras el rescate público y posterior
saneamiento de las cajas de ahorros, sigue siendo un punto débil a
tener muy en cuenta.
La
peor puntuación en este ámbito tiene que ver con el escaso nivel de
financiación empresarial mediante la emisión de acciones (102), las
dificultades para acceder al crédito (132), el desarrollo de
instrumentos de capital riesgo (100) y la solidez de la banca (112).
Las economías más competitivas
El
discreto puesto que ocupa España en este Índice de Competitividad
Global contrasta con el liderazgo que ostentan las economías más
ricas y prósperas del planeta. Así, por sexto año consecutivo,
Suiza lidera la clasificación mundial, seguida de
Singapur, Finlandia y Alemania. A continuación, les
siguen Japón, Hong Kong, Países Bajos, Reino Unido y Suecia.
En Europa, países como España (puesto 35 del
mundo), Portugal (36) y Grecia (81) han realizado "avances
importantes" en el último año para mejorar el funcionamiento de sus
mercados y la asignación de sus recursos productivos, pero siguen
afrontando grandes retos, según el Foro. Asimismo, advierte de que
Francia (23) e Italia (49) se enfrentan a grandes problemas de
competitividad debido a la ausencia de reformas
estructurales y ajustes.
"Aunque persiste la brecha entre un Norte altamente competitivo y
un Sur y Este retrasados, actualmente también puede observarse una
nueva perspectiva de esta brecha de competitividad en Europa, esta
vez, entre los países que llevan a cabo reformas y aquellos que no
lo hacen", añade la entidad.
A este respecto, Xavier Sala-i-Martin, profesor de economía de la
Universidad de Columbia (EEUU), explica que, "recientemente hemos
visto que ha terminado el desacoplamiento entre las trayectorias de
crecimiento entre las economías emergentes y los países
desarrollados, que han caracterizado los años posteriores a la
recesión mundial. Ahora observamos un nuevo tipo de
desacoplamiento, entre los países de alto crecimiento y los de bajo
crecimiento, tanto en el mundo emergente como en economías
avanzadas. En este caso, la característica distintiva de las
economías que son capaces de crecer rápidamente es su capacidad para
lograr una mayor competitividad gracias a la adopción de
reformas estructurales".
Por otro lado, el informe indica que algunas de las mayores
economías emergentes siguen enfrentándose a
dificultades a la hora de mejorar su competitividad. Arabia Saudí
(24), Turquía (45), Sudáfrica (56), Brasil (57), México (61), India
(71) o Nigeria (127) bajan puestos en la clasificación. Por el
contrario, China (28) sube un puesto y se mantiene como la economía
más competitiva entre los BRICS.
En Asia, la situación de la competitividad sigue
presentando grandes contrastes. La dinámica competitiva del
sudeste asiático es "notable". Tras Singapur (2), los cinco
mayores países de la región (ASEAN-5) -Malasia (20), Tailandia (31),
Indonesia (34), Filipinas (52) y Vietnam (68)- suben en la
clasificación. De hecho, Filipinas es el país que más ha mejorado
desde 2010.
Por último, Oriente Medio y África del Norte,
afectada por la "inestabilidad geopolítica", no
representa un cuadro homogéneo. Los Emiratos Árabes Unidos (12)
ocupan el primer lugar en la región y suben siete puestos, por
delante de Qatar (16). Sus buenos resultados contrastan claramente
con los de los países de África del Norte, entre los que el mejor
clasificado es Marruecos (72), y África Subsahariana.
Para evitar resultados aún peores
La Generalidad manipuló la
muestra de PISA 2012, según denuncia Convivencia Cívica Contenía un
porcentaje de alumnos repetidores, inmigrantes y escolarizados en
centros públicos inferior a la realidad del alumnado catalán
O. MoyaLibertad
Digital 3 Septiembre 2014
Convivencia Cívica Catalana revela que la muestra de alumnos
utilizada en la evaluación educativa
PISA 2012 en Cataluña fue sesgada y no reflejaba de
forma representativa y proporcional la composición del alumnado
catalán, al igual que ya sucedió en el año 2009.
En concreto, contenía un porcentaje de alumnos
repetidores, inmigrantes y escolarizados en centros públicos
inferior a la realidad del alumnado catalán. Así, sólo el 20.6% de
los alumnos de la última muestra de PISA en Cataluña eran
repetidores cuando en el sistema educativo catalán son el 29.4% y
únicamente el 13.9% de los estudiantes evaluados eran inmigrantes
(nacidos fuera de España) cuando en Cataluña realmente son el 17.2%.
Asimismo, los alumnos de centros privados estaban, aunque en menor
medida, sobrerrepresentados: eran el 40.6% de la muestra cuando su
peso real debía ser el 38.1%.
Como se puede ver en la tabla superior, la muestra de alumnos
evaluados utilizada en esta comunidad autónoma difiere
sustancialmente de la composición del alumnado catalán. En concreto,
solo el 20,6% de los alumnos de la muestra de Cataluña eran
repetidores, cuando en la realidad se situaban en el 29,4%. Y
únicamente el 13,9% de los estudiantes evaluados eran inmigrantes, a
pesar de que realmente representaban el 17,2%. Por contra, el
porcentaje de alumnos de centros privados estaba inflado: eran el
40,6% de la muestra, cuando su peso real debía haber sido del 38,1%.
Al incluir en la muestra a menos alumnos de bajo
rendimiento (repetidores, inmigrantes y escolarizados en
centros públicos) cabe concluir que las puntuaciones de PISA 2012
dadas a conocer por el gobierno catalán son artificialmente
superiores a las que correspondería.
Uno de los aspectos que marca grandes diferencias en los
resultados de los estudiantes en PISA es su condición de repetidor o
no.
Como puede visualizarse los alumnos repetidores obtienen en todas
las materias puntuaciones notablemente inferiores a las de los
alumnos no repetidores. Así, por ejemplo, entre un alumno de 15 años
no repetidor y un alumno de la misma edad que haya repetido dos
cursos existe de media una diferencia de 123 puntos en sus
conocimientos de Matemáticas.
Por ello, denuncia la entidad presidida por
Francisco Caja, la "infrarrepresentación de los
alumnos repetidores en la muestra utilizada por el Gobierno catalán
es obvio lo que da pie a unas puntuaciones globales superiores a las
reales".
De forma similar a los repetidores, condiciona ser inmigrante en
Cataluña.
Como puede apreciarse en la tabla superior, los alumnos
inmigrantes obtienen de media en todas las materias puntuaciones
notablemente inferiores a las de los alumnos nativos, con
diferencias que oscilan en torno a los 70 puntos.
Asimismo, las puntuaciones de los estudiantes son distintas en
función de si están escolarizados en un colegio público o privado.
Los estudiantes escolarizados en centros públicos obtienen por
término medio en todas las materias puntuaciones inferiores a las de
los alumnos de colegios privados, con diferencias en torno a los 45
puntos.
Así, de haber utilizado una muestra representativa del alumnado
catalán y no sesgada, la puntuación de matemáticas de PISA 2012 en
Cataluña hubiera sido de 485 en lugar de 493, siendo la
puntuación más baja de todas las ediciones en que ha
participado Cataluña desde el año 2003 y el porcentaje de alumnos
rezagados (de peor rendimiento, niveles 1 e inferior a 1 en
terminología PISA) hubiera pasado del 20% al 23%.
La entidad reclama al Gobierno catalán seriedad y rigor en la
gestión de la evaluación PISA y que en la edición de PISA 2015 y
cuya preparación tiene lugar ya este año 2014 se tomen las medidas
oportunas para que no se vuelva a producir esta situación –que ya
tiene un antecedente en la edición de PISA 2009- y la muestra
seleccionada sea representativa, como debería obviamente ser, de la
realidad del alumnado catalán.
¿Quién paga la vuelta al cole en Cataluña?
Ángeles Ribes www.vozpopuli.com 3 Septiembre 2014
En estos días las familias con hijos en edad escolar viven inmersas
en una vorágine de preparativos para la vuelta al cole.... Libros,
cuadernos, ropa, calzado.... Los gastos se multiplican y suponen un
buen bocado al presupuesto familiar.
En Cataluña además, las tribulaciones se multiplican para aquellas
familias que desean que sus hijos tengan como lengua vehicular el
castellano, y no pueden pagar por ello. El sistema educativo catalán
público excluye la enseñanza en castellano. Practica la denominada
inmersión lingüística, y pese a las numerosas sentencias judiciales
que obligan a la oferta pública de enseñanza en castellano en una
proporción razonable, en Cataluña es imposible encontrar un colegio
público donde estudiar en la lengua oficial del Estado, junto con la
cooficial. Como mucho, lo que se le ofrece a las familias que lo
solicitan es la atención individualizada en el aula, lo que implica
que se señale al escolar y su familia, estigmatizándolo delante del
resto del alumnado. Las diferentes sentencias ya insisten en que esa
práctica no es de recibo, y que se debe garantizar la enseñanza en
castellano, no del castellano.
Hasta ahora, la única vía que tenían las familias que no deseaban
que sus hijos fueran inmersionados (disculpen el palabro) en el
colegio era la vía judicial. Ya se pueden imaginar lo que eso
conlleva... El coste, no ya económico, sino humano, del vía crucis
legal, hacia que muchas familias que lo deseaban, desistieran de su
derecho a que los niños recibieran enseñanza pública en castellano,
optando bien por la resignación, bien por optar por los colegios
privados.
Sin embargo, no todo el mundo puede pagar la enseñanza en un centro
privado. Si el padre no es el MH presidente de la Generalitat, tiene
que estar en una posición económica muy desahogada, sobre todo
cuando se tiene más de un hijo...
¿Y qué ha hecho el gobierno del Partido Popular?
Pues parir la llamada Ley Wert. En ella se reconoce el problema:
"La disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, da estricto cumplimiento a la doctrina
constitucional al garantizar la cooficialidad del castellano y las
lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. Para lograr este
objetivo, la regulación presenta las siguientes características: por
un lado, parte del reconocimiento y respeto a las competencias de
las comunidades autónomas, pues garantiza la enseñanza de todas las
lenguas oficiales como vehiculares y otorga a las Administraciones
educativas plena autonomía para configurar sus modelos lingüísticos;
por otro lado, somete el ejercicio del derecho de opción a estrictos
requisitos y cautelas, con objeto de garantizar su plena adecuación
a la doctrina constitucional."
Y se aporta la solución:
"La disposición adicional pretende garantizar la efectividad de este
derecho mediante el establecimiento de un mecanismo subsidiario, que
únicamente puede activarse en caso de que la Administración
educativa incumpliese su deber constitucional de garantizar la
presencia de ambas lenguas cooficiales como vehiculares en su
programación."
¿Y cuál es la solución? pues pagar la enseñanza en centros privados
a aquellos padres que demuestren que han solicitado la enseñanza en
castellano y no han conseguido un colegio público donde se haga...
¿Igualdad? Para nada
O sea, que como el estado es incapaz de garantizar la igualdad de
derechos lingüísticos en la enseñanza de los niños españoles en el
sistema público, paga por niño en el sistema privado y aquí paz y
después gloria...
Pues no. Ni paz, porque el gobierno catalán ya ha puesto el grito en
el cielo, ni gloria, ya me explicarán... Aún obviando la extrema
debilidad y desidia que supone esta dejación de funciones, lo que
consigue la ley Wert es añadir más sal a la herida. Para que el
ministerio de educación corra con los gastos, los padres han de
solicitar primero que en el colegio donde estudian o vayan a
estudiar sus niños se les garantice la enseñanza en castellano en
una proporción razonable. Si no consiguen dichas garantías,
presentan la solicitud al ministerio a través de la web, y entonces
comienza un proceso de evaluación por parte de éste de la veracidad
de lo que se solicita y la posterior aprobación del pago de los
gastos del centro privado; matrícula, mensualidades, gastos de
comedor y de transporte... Y se reserva un plazo de hasta seis mese
para aprobar la solicitud y comenzar el reembolso.
Y aquí es donde radica el problema. En la práctica supone que las
familias deben escoger entre tener a los niños en un centro público,
en plena inmersión lingüística, o apoquinar por adelantado los
costes del centro privado y esperar a que el ministerio resuelva.
Ahora bien ¿quién puede permitirse pagar un mínimo de cuatrocientos
euros al mes por niño? Hagan cuentas, todo un curso en un colegio
privado cuesta un riñón. Si se tienen al menos un par de niños
hablamos de un par de riñones. Sólo las familias con más recursos
económicos pueden permitirse esos gastos... y según la ley Wert
tienen derecho a compensación. Pero aquellas familias que están en
una situación económica más desfavorecida bastante tienen con pasar
la cuesta de septiembre y pagar cuadernos y zapatos como para
plantearse adelantar un dinero que no tienen para pagar un centro
privado. Con lo que se genera una paradoja intolerable, y es que la
inmersión lingüística sigue siendo obligatoria para los pobres,
mientras todos los contribuyentes reembolsamos el coste de un
colegio privado a familias que no lo necesitan en absoluto. Vaya,
que si el MHP de la Generalitat de Cataluña, D. Artur Mas,
solicitara el abono de las cuotas del carísimo colegio privado donde
lleva a sus hijos, en el que por supuesto lo de la inmersión en
catalán ni se plantea, el ministerio debería resolver a su favor...
Pero los niños del electricista en paro que se aguanten, que los
derechos, la igualdad de todos los españoles ante la ley y demás
bla, bla, bla, para el gobierno del Partido Popular son conceptos
teóricos, que se pueden comprar con dinero, sobre todo cuando no es
el propio. Es el suyo. De usted.
Adiós a un mito: los catalanes quieren que
les roben
S. McCoy El Confidencial 3 Septiembre 2014
Durante años buena parte del discurso catalanista se ha basado en su
supuesta superioridad respecto a las regiones del sur de España. No
nos estamos refiriendo únicamente al ámbito económico o empresarial,
sino incluso al intelectual y social. Nosotros somos Europa, ellos
no. Nosotros creamos valor que ellos dilapidan. Madrid nos maltrata
en su favor. Ya saben, victimismo y tergiversación como armas de
manipulación de la opinión pública. Todo un clásico.
Cualquiera que analizara esta falacia se daría cuenta de que buena
parte del éxito de Catalunya se ha debido históricamente a la
contribución de miles de inmigrantes llegados desde esas comunidades
autónomas con los que debiera tener una deuda de gratitud, aun
cuando muchos de estos ‘charnegos’, especialmente en segunda y
tercera generación, sean como el Joanet de La catedral del mar de
Ildefonso Falcones: peligrosos conversos a la nueva causa, traidores
a sus orígenes.
Da igual.
Más importante aún que la constatación de esa realidad demográfica
innegable es, a día de hoy, el desmoronamiento del pilar de
integridad y honradez que junto al esfuerzo e iniciativa servían a
sus ciudadanos más proclives a la independencia para dividir España
en dos partes desiguales: ellos y los demás. Los elegidos para la
gloria y el resto.
Resulta impresionante, por lo alarmante e increíble, el relato que
vamos conociendo acerca no sólo de cómo se ha gobernado la comunidad
autónoma desde sus orígenes, sino también de lo que le espera en
caso de que los que aspiran a tomar sus riendas políticas lleguen a
hacerlo en el futuro. El escándalo de los Pujol, el reconocimiento y
falta de denuncia por parte de Carod Rovira de la dimensión del
mismo –algo que ya hizo en su día Pasqual Maragall en sede
parlamentaria con la sociedad mirando hacia otro lado– o el más
reciente, desvelado por el diario ABC, sobre cómo se manejan las
cuentas en este baluarte de la puridad territorial que pretende ser
la Asamblea Nacional Catalana, no son sino síntomas de lo que parece
ser un problema estructural: robar es parte del contrato público
entre representantes y representados en Catalunya.
Sólo en esos términos se puede entender que nadie dijera nada
durante décadas, pese a que la recurrencia de la práctica tuviera
necesariamente que ser conocida y ocultada por amplias capas de la
sociedad civil y empresarial catalana. Ni la oposición, cuyo
silencio no sólo se puede entender en términos de connivencia y
aprovechamiento propio (cabe creer que pudiera haber hecho lo mismo
en sus años de gobierno, cuando quebraron financieramente la
Generalitat, ¿no creen?); ni los pagadores que, a cambio del pago de
una opción de compra de voluntades, medraron en sus negocios, la
pela es la pela; ni los votantes, que hicieron suyo el argumento de
las falaces acusaciones de la capital del reino cada vez que la
sospecha asomaba por una rendija, en vez de exigir las oportunas
aclaraciones a quienes correspondía.
El caso de la ANC es aún más sangrante ya que los fondos que han
terminado en un paradero desconocido pero presumible no son fruto de
la coercitiva labor recaudadora del Estado central, ese que los
maltrata, sino del ahorro de aquellos que compraron la ilusión de
una Catalunya independiente para lo que aportaron, cada uno en la
medida de sus posibilidades, su particular granito de arena. Eso, y
el hecho de que el desvío de dinero se produjera desde el mismo día
de su fundación, pone de manifiesto dos cosas: una, la catadura
moral de quienes se arrogan determinadas banderas y, dos, el nivel
de generalización de la conducta en la política local. Los ‘niños’
no dejan de hacer lo que ven a sus ‘padres’… Que se lo digan a
Urdangarin.
¿Quieren los catalanes que les roben? Si hiciéramos una encuesta
entre el conjunto de su población, el 100% de los votos saldría que
‘no’. Evidente. Más interesante sería la respuesta a "Entonces, ¿por
qué quiere dar su confianza a aquellos que lo hacen?". Puede que
alguno apelara a la teoría del mal menor: lo importante es el sueño
nacional y, si tiene que ser con estos, sea. Mejor sería en tal caso
que pensaran lo que les depararía su gobierno seis meses después del
cierre de fronteras, con el presupuesto en sus manos. Otros
aludirían al agravio comparativo: "En el resto de España es igual,
la corrupción no quita votos". En efecto, pero al menos no se juega
con el sentimiento de la gente en beneficio propio.
Quizá la contestación más sensata sería: "Pero, ¿hay alternativa
limpia de uno u otro signo?". Cuesta encontrarla. En el bando
nacionalista y fuera de él. Es verdad, y no únicamente en Catalunya,
sino en el resto de España. Esa es la tragedia de la política
nacional, mal endémico que nos preocupa pero que no nos ha
movilizado como ciudadanos…. hasta ahora. Sin embargo, se ve
magnificado en aquella zona geográfica por una institucionalidad y
transversalidad que dan miedo. A falta de otras opciones, puede que
los catalanes prefieran "mejor lo malo conocido que lo peor por
conocer". Un mal argumento, sin duda. Porque, sobre ese punto de
partida, difícil será engrandecer un país, si es que algún día llega
a serlo. La ruina está asegurada. Ustedes mismos, queridos
compatriotas. Oops, perdón.
Cataluña Una condecoración para Victoria Álvarez
Percival Manglano Libertad Digital 3 Septiembre 2014
A los pocos días de admitir que tenía dinero negro en el extranjero,
Jordi Pujol renunció, además de a su tratamiento de muy honorable, a
la Medalla de Oro de la Generalidad de Cataluña.
La Medalla de Oro es la más alta condecoración que otorga el
Gobierno catalán. Inicialmente, los honrados fueron sólo artistas e
intelectuales. Se tardó diez años en condecorar a un político.
Concretamente, hasta 1988, cuando se le otorgó al dirigente de Unió
Miquel Coll. Pero a partir de 2004 –es decir, con la llegada del
Tripartito– se multiplicaron los homenajes a los políticos. En 2007
el Gobierno catalán otorgó la medalla al saliente presidente
Maragall y, junto a él, a Pujol.
Aún no se han anunciado los galardonados en 2014. Adelantándome al
fallo, propongo que se otorgue la Medalla de Oro a Victoria Álvarez.
Los méritos de Álvarez son indiscutibles. Gracias a ella se ha
destapado la mayor trama de corrupción de la historia reciente de
Cataluña. Las estimaciones del latrocinio son mareantes. Fue Álvarez
quien denunció a finales de 2012 que su exnovio Jordi Pujol
Ferrusola hacía viajes a Andorra con bolsas llenas de billetes de
500 euros. Al poco tiempo, declaró ante el juez Ruz para ratificarse
en su denuncia.
Álvarez ha demostrado ser una persona muy valiente. Aun cuando se
allanó su casa y le robaron un ordenador, no se amilanó en su
voluntad de llegar "hasta el final". Al principio se rieron de ella.
Luego le mandaron regalos para que se callara. Los devolvió todos.
Más tarde vinieron las presiones. Como confiesa en esta entrevista,
enfrentarse a la familia más poderosa de Cataluña le causó mucho
miedo. Estuvo tomando Valium. Pero se sobrepuso. Y gracias a su
aguante todos los catalanes han sabido que les han estado robando
durante, por lo menos, 23 años. Más aún, los presuntos responsables
del robo van a tener que enfrentarse a la Justicia.
A veces la valentía de una sola persona cambia el curso de la
Historia. Todo parece indicar que así ha sido en el caso de Álvarez.
Yo no la conozco personalmente. No sé cómo es. No sé los errores que
habrá podido cometer en el pasado o los que cometerá en el futuro.
Seguro que tiene defectos, como todo el mundo. Pero hay dos cosas
indudables. Primero, a fecha de hoy, nadie ha podido sacarle ningún
trapo sucio que le desacredite. No será porque no se ha intentado. Y
segundo: cuando todos los demás callaron o miraron para otro lado,
ella tuvo las agallas de dar un paso al frente y denunciar. Sólo por
eso ya merece ser reconocida. Victoria Álvarez ha dado la mayor
sacudida regeneradora a la sociedad catalana de los últimos 35 años.
Si por alguna inesperada razón no se le diese la Medalla de Oro, la
siguiente distinción en el escalafón protocolario de la Generalitat
catalana es la Cruz de San Jorge, con la que se homenajea a
"aquellas personas físicas o jurídicas que, por sus méritos, hayan
prestado servicios destacados a Cataluña en la defensa de su
identidad o, más generalmente, en el plano cívico y cultural". Pocas
personas habrán prestado a Cataluña un servicio cívico mayor que
Victoria Álvarez. En una iniciativa que honra a la Generalitat,
cualquier ciudadano puede proponer a la Consejería de Cultura la
concesión de la Cruz. En esta página web se explica el trámite.
APUNTES DE ECONOMÍA POLÍTICA El PP-PSOE está allanando el camino a
Podemos
Lucio A. Muñoz www.gaceta.es 3 Septiembre 2014
El caso de la familia Pujol está retratando una vez más a nuestro
nauseabundo sistema político (y económico).
¿Algún español cree que el PP-PSOE desea que la opinión pública
española conozca las conexiones político-económicas de los Pujol? ¿Y
las corruptelas diseñadas por esta familia para conformar un
entramado institucional que les ha permitido enriquecerse de forma
supuestamente ilícita?
¿El Gobierno y la oposición pondrán trabas a la Justicia al objeto
que nuestro pseudo Estado de Derecho sea benévolo con los Pujol? No
olvidemos que se trata de la familia de un político (la casta es la
casta). Además, Jordi Pujol podría poseer información comprometedora
en relación a los dos principales partidos políticos españoles. Al
Gobierno le basta con que el caso Puyol pueda frenar la corriente
separatista.
¿El PP catalán y el PSC podrían estar conectados a determinados
escándalos de la familia Pujol? ¿Y el PP y el PSOE a nivel nacional?
La mejor fórmula para que un caso de corrupción no se investigue o,
al menos, pase de largo para la Justicia es implicar en el mismo a
los partidos políticos más importantes.
¿Cuántos pactos y promesas se han cruzado el PP-PSOE y CiU en las
últimas tres décadas? Recordemos que Puyol fue presidente de la
Generalitat desde 1980 hasta 2003. Aunque la siniestra sombra
política del máximo valedor del independentismo catalán ha
permanecido presente tanto con el Tripartito en el poder, durante el
periodo 2003-2010, como en la vuelta de CiU y de su sucesor Arturo
Más a la presidencia de la autonomía catalana en 2010.
¿Es posible que el PP-PSOE conociera los supuestos actos delictivos
de Puyol desde el caso Banca Catalana? Los españoles no tienen dudas
al respecto. Igualmente y tal como ha sucedido en otros muchos casos
relacionados con la corrupción política, los partidos tradicionales
y, de momento, mayoritarios, harán todo lo posible para tapar este
escándalo en la medida de lo posible.
Destapar en su totalidad las desvergüenzas de la familia Pujol
significaría descubrir la forma en la que se los políticos hacen
negocios en España.
La peligrosa asociación entre economía y política y la confusión de
la “cosa pública” con la Cosa Nostra es la clave que explica las
razones por las que nuestro país tiene instalado un modelo
político-económico parasitario y clientelar. Este sistema,
implantado en España por el PP-PSOE, empobrece a los ciudadanos y a
las empresas que se encuentren fuera del círculo de los partidos
políticos.
Podemos se ha querellado contra Pujol y su esposa. ¿Por qué no ha
tomado la iniciativa, en este sentido, el PP-PSOE? Sin duda, la
formación liderada por Pablo Iglesias está aprovechando sus
oportunidades, máxime, en cuestiones de imagen corporativa.
Mientras tanto, el PP-PSOE no reacciona, tanto en cuanto estos dos
partidos se han dedicado durante más de 30 años a taparse las
corruptelas mutuamente. Es obvio que CiU también forma parte del
“chiringuito”.
La corrupción, sobre todo, del PP-PSOE, pero también la referente a
los sindicatos de clase, CiU, IU, etc., en definitiva, la
podredumbre de nuestro sistema está allanando el camino a Podemos y
a su falso mensaje regenerador.
¿Podría formarse un nuevo bipartidismo PP-Podemos? Millones de
españoles miran hacia la izquierda, sin aprender nada del pasado.
Por un lado, la ultraizquierda radical de Podemos (o un nuevo Frente
Popular). Por el otro, el nuevo socialismo, que explota a los
débiles, del PP.
Los españoles tenemos un grave problema. Y la única conclusión que
podemos extraer es la relativa a que se ha impuesto una nueva lucha
de clases en España: la casta político-sindical y la élite
financiera contra las familias, las pymes, los autónomos y los más
desfavorecidos de la sociedad.