AGLI Recortes de Prensa   Jueves 4 Septiembre  2014

El lastre político de la recuperación económica
EDITORIAL Libertad Digital  4 Septiembre 2014

El hecho de que el paro registrado haya subido en 8.070 personas en el mes de agosto es una mala noticia, por mucho que el final del verano sea tradicionalmente malo para la creación de nuevos puestos de trabajo y el aumento del desempleo haya sido esta vez bastante menor que el experimentado en los meses de agosto de los últimos diez años.

Lo cierto es que, teniendo presente el altísimo nivel de desempleo, el ritmo de reducción del paro debería ser mucho mayor. El Foro Económico Mundial acaba de publicar el Índice de Competitividad Global 2014-15, en el que se pueden encontrar buenas razones para explicar la debilidad de la recuperación económica, en general, y del empleo, muy en particular. Así, la excesiva presión fiscal, la rigidez laboral y el exceso de una burocracia estatal ineficiente son algunos de los principales factores que los expertos de dicho organismo apuntan para explicar el hecho de que España, en términos de competitividad, siga por segundo año en el puesto 35, por detrás de Puerto Rico, Chile e Indonesia, cuando ocupaba el puesto 29 en el año 2008.

No menos elocuentes son las previsiones del Observatorio Económico España, elaboradas por BBVA Research, que reducen para el tercer trimestre de 2014 la ya de por sí ridícula tasa de crecimiento del 0,6% registrada en el segundo trimestre. Aunque este observatorio mantenga las previsiones de crecimiento para el conjunto del año en el 1,3%, el hecho de que haya reducido las previsiones del tercer trimestre hasta el 0,4-0,5% no viene sino a confirmar lo mucho que se va a tardar en salir del hoyo por culpa de un Gobierno que predica pero no practica las reformas liberalizadoras.

Lo más lamentable es que el exceso de presión fiscal, de rigidez laboral y de burocracia estatal que el Foro Económico Mundial señala como lastre para la recuperación económica es precisamente lo que el Partido Popular se había comprometido a combatir en caso de llegar al Gobierno. Algo hizo en lo que respecta a la reforma del mercado laboral, pero fue insuficiente, tal y como se advirtió en su día. En cuanto a los impuestos y la burocracia, Rajoy se ha negado a reducir el descomunal sector público y ha aumentado sobremanera la presión fiscal y el endeudamiento público.

Desde el primer momento consideramos que justificar la continuidad del zapaterismo que anidaba en el incumplimiento del programa popular con la excusa de la mala herencia recibida era un contrasentido. Ahora queda demostrado que ha sido y sigue siendo un lastre para la recuperación económica.

La avaricia rompe el saco
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es  4 Septiembre 2014

Sobre el derrumbamiento del mito Pujol, que ha pasado en pocos días de padre de la patria catalana a delincuente, existen dos interpretaciones. Según la primera, la ruptura del pacto de la Transición por parte del nacionalismo catalán al emprender su ofensiva separatista, ha levantado la veda que existía sobre las trapisondas y las corruptelas del gran Ubú, y el CNI y la Udef han recibido luz verde del Gobierno para acabar con el provecto referente del secesionismo.

De acuerdo con la segunda, el estrechamiento del cerco de la Agencia Tributaria y de los servicios de inteligencia sobre la familia del Molt Honorable habría sido el desencadenante de su huída hacia adelante poniéndose al frente da la manifestación en pro de la desaparición de España. Las dos posibilidades son dignas de consideración y el resultado final el mismo: Pujol e hijos ante el juez y el desprestigio general del movimiento independentista convertido de pronto en un gigantesco latrocinio encubierto por la senyera.

La primera es la más probable porque la sospechosa ceguera de los sucesivos Ejecutivos centrales de los últimos treinta años ante el cobro masivo de comisiones por parte de Convergencia y su carismático sumo pontífice no tenía por qué interrumpirse si no se hubieran dado circunstancias realmente extraordinarias.

Dicho de otra forma, durante décadas los partidos del sistema han cometido todo tipo de desmanes, financiación ilegal, enriquecimientos personales escandalosos, saqueo de las Cajas de Ahorros y demás abusos y fechorías, y durante todo este tiempo ha reinado una omertá sólo alterada por algún juez honrado o algún medio de comunicación auténticamente independiente. Por consiguiente, en condiciones normales, es decir, la explotación conjunta del Estado por la partitocracia, no tenía por qué producirse ningún ataque letal hacia uno de los miembros de la banda procedente de otro.

Ha sido evidentemente la falta de respeto de los nacionalistas catalanes a las reglas de juego entre mafiosos la que ha acarreado la ruina al que fuera proclamado en su día Español del Año. Mientras todos bebían ansiosos del abrevadero público, nadie se metía con el vecino, pero en el momento en que Convergencia se lanza al delirio rupturista poniendo en peligro la estabilidad y previsibilidad del conjunto, entonces se acaban las permisividades cómplices y empieza la guerra a muerte.

En esta lucha despiadada, Pujol y su organización tienen las de perder porque la maquinaria del Estado es demasiado poderosa para ser neutralizada por una pandilla de rateros provincianos, por mucho que saquen a la calle a multitudes fanatizadas por sus engaños.

El problema era que hasta hoy esa maquinaria no había sido utilizada contra los nacionalistas porque estos eran parte del tinglado. A partir del instante en que hacen trizas la baraja y creen que se pueden quedar con todo el botín de su nacioncilla inventada, cae sobre ellos la furia del Olimpo, que, como todo el mundo sabe, está en Madrid.

Todos los que hemos combatido infructuosamente al nacionalismo en los frentes ideológico, cultural y político desde que volvió a asomar la cabeza tras el cambio de régimen en 1978, y lo hemos hecho siempre bajo fuego supuestamente amigo, podemos por fin descansar satisfechos. Se va a hacer justicia, no por un súbito afán regenerador, sino porque la avaricia rompe el saco.

Cataluña
La consulta y las comisiones a la catalana
Pablo Planas Libertad Digital  4 Septiembre 2014

Cualquier ciudadano mínimamente informado es consciente de que el 9 de noviembre no se celebrará una consulta en Cataluña. Puede ocurrir cualquier cosa, incluso que los ciudadanos sean convocados a votar y que los colegios electorales abran sus puertas. De hecho, la Generalidad afirma tenerlo todo dispuesto para el referéndum. Todavía no se ha aprobado la ley autonómica que en teoría debería permitir una consulta no vinculante, pero ya se dispone de urnas de cartón y de papeletas con la pregunta elaborada por Artur Mas. Los dirigentes del frente separatista hablan como si el 9-N fuera una fecha fija, un domingo electoral, una cita ineludible con las urnas, pero nada, absolutamente nada, avala sus pretensiones, que consisten en despreciar e incumplir las normas más elementales del sistema democrático.

La política catalana es un universo alternativo, un mundo paralelo, una realidad virtual, una proyección cuyo parecido con el parlamentarismo, la democracia y el acatamiento de las leyes es pura coincidencia. Ahora mismo no hay un mejor ejemplo para ilustrar lo que es imposible que la consulta catalana, por más que se empeñen los prebostes autonómicos en garantizar la celebración del manido referéndum. Pase lo que pase el próximo 9 de noviembre en Cataluña, no tendrá ningún valor, ni se parecerá en nada a un acto democrático.

En el universo alternativo de los políticos regionales todo es posible porque no existen ni leyes ni sentido común, el famoso seny. Para un diputado catalán de la cuerda nacionalista la realidad no vale nada. Tanto le da el marco constitucional, la soberanía nacional, la democracia y el respeto por quienes no piensen como él. Y, por extensión, una parte de la ciudadanía está convencida de que España no existe, de que la Constitución es papel mojado y de que un referéndum como el planteado para el 9 de noviembre es un hecho natural, un derecho incuestionable y un ejemplo de civismo.

El calendario político tiene dos fechas marcadas en rojo: el 11 de septiembre y el redicho 9-N. Entre medias, deberá comparecer Jordi Pujol Ferrusola ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y su padre tendría que pasar por el Parlamento regional para explicar eso de la confesión, de la desmemoria, de los 34 años sin declarar una fortuna en el extranjero que ni sus partidarios se creen que proceda de una herencia. El caso Pujol, al margen de la incidencia y efectos sobre el denominado proceso, ha vuelto a poner de manifiesto la gran mentira del catalanismo, una coartada para blanquear toda clase de trapacerías, chanchullos y trinques, un espantajo ideológico patético cuya única consistencia ha sido la de servir de muleta para gobiernos nacionales en minoría o en dificultades. Y sobre esa infeliz circunstancia se construyó un sistema en el que la corrupción no era excepcional sino consustancial, como corresponde a una ideología huera.

El drama es que, después de treinta años de dictadura educativa y mediática, barbaridades como la que se proponen Mas y Junqueras son de lo más normal, como si un golpe de Estado fuera como una moción de censura, una propuesta legislativa o una comisión parlamentaria. Está todo dicho, pero no deja de resultar inaudito que en vez de dar explicaciones sobre el 3%, el 5% o el porcentaje que se llevaran vayan a contratar observadores internacionales para celebrar una consulta ilegal, lo que no deja de ser una cortina de humo para que Pujol se difumine en el paisaje y se vaya de rositas, como siempre.

La urgencia de una respuesta coordinada contra el IS
 El Mundo  4 Septiembre 2014

«EL ESTADO Islámico no nos intimida. Haremos justicia», dijo ayer Barack Obama tras confirmar Estados Unidos la autenticidad del video de la decapitación del periodista Steven Sotloff. Y David Cameron prometió «aniquilar» al grupo terrorista. El primer ministro británico, tras afirmar que está dispuesto a enviar aviones para apoyar las operaciones militares de Estados Unidos, pidió una coalición para luchar contra los yihadistas. También el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, -país que ha enviado armas a los kurdos para defenderse del IS- habló ayer de «actuar conjuntamente con nuestros socios europeos y transatlánticos». Tanto Obama como Cameron hicieron hincapié en que esa batalla será «larga y difícil», pero Occidente debe «permanecer firme contra el terrorismo». La escalada de violencia del IS y su amenaza constante -hoy publicamos que lo que fue Al Andalus está en su punto de mira- exige una respuesta coordinada y rotunda en los frentes político, humanitario y militar, en la que deben participar los países occidentales y también los estados árabes, que además deben perseguir a quienes financian al IS. Las atrocidades que vemos a diario deben ser el acicaque para actuar cuanto antes.

La colonización política de la Justicia
SALVADOR VIADA BARDAJÍ El Mundo

No es sencillo hablar de la politización de la Justicia sin correr el riesgo de ser injusto con algunas personas. Porque si bien es cierto que el control del funcionamiento de la Justicia -por lo que a la judicatura se refiere- se realiza a través del politizado CGPJ, lo cierto es que para materializar ese control se precisa de un cierto número de jueces elegidos por razones fundamentalmente de afinidad política o ideológica. Un cierto número, sí, pero pocos. La mayoría de los jueces en España son ajenos -y hasta hostiles- a este sistema y muchos jueces dan testimonio de ello con su trabajo diario. Por tanto, las generalizaciones pueden ser injustas. En los más altos puestos de la judicatura, lugares decisivos para colocar jueces politizados, hay también otros que mantienen su neutralidad política y la ejercen día a día. A pesar de ello, el sistema diseñado desde 1985 ha resultado ser eficaz para crear una suerte de protección añadida a ciertas personas que ostentan el poder político y hasta económico, que no gozamos el resto de los ciudadanos. Los aforamientos derivan a gran parte de esas personas en sus eventuales litigios penales hacia los tribunales donde los vocales políticos del CGPJ ponen la carne en el asador para colocar a los suyos; y la amplitud de las inmunidades de que gozan los parlamentarios genera enormes dificultades para investigar contra ellos ciertos delitos, entre ellos, los relacionados con la corrupción. Las reformas más importantes que se han realizado en Justicia en los últimos 30 años se han orientado a mantener o reforzar la politización del CGPJ y de la Fiscalía, ocurriendo al tiempo que el poder político ha olvidado preocuparse en diseñar un proceso penal moderno, dotar a la Justicia de medios personales y materiales, copiar modelos que funcionan en otros países, premiar el mérito y la capacidad profesional de jueces y fiscales, o denostar la dependencia o afinidad política en jueces y fiscales y no premiarla.

El poder político controla el Consejo General del Poder Judicial a través de vocales elegidos por cuotas por los partidos políticos. Han conseguido tras 30 años de control que un reducido grupo de jueces y fiscales se sientan cómodos con este sistema de afinidad ideológica que se traduce para ellos en beneficios profesionales. Han conseguido que la colonización de la Justicia por el poder político aparezca revestida de la respetabilidad que confiere la intervención principal de unos pocos jueces y fiscales que tienden a ver de manera natural los problemas jurídicos de la misma manera que aquellos que les eligen. Se suele decir que una cosa es el poder judicial que es independiente y que se encarna en cada juez que aplica la ley, y otra el gobierno del poder judicial que es político. Creo que es un argumento tramposo. El juez de base, el que resuelve los asuntos de los ciudadanos corrientes es independiente, claro que lo es, pero es que su independencia no está amenazada por el poder ejecutivo o por el poder político. Esos jueces son independientes y además son imparciales. Pero las energías de la ocupación política de la Justicia no se concentran en esos, en la mayoría de los jueces de España, sino que se aplican sobre quienes ocupan los puestos de mayor jerarquía y responsabilidad: las tachas afectan a la imparcialidad de esos jueces elegidos por el poder por razones de confianza política, no a su independencia. La independencia es algo instrumental para garantizar la imparcialidad de la resolución. Pero cuando se eligen jueces o fiscales parciales ex ante (afines políticamente) por razones de confianza, la cosa es mucho más discutible.

Naturalmente no se limita el control político al Consejo General del Poder Judicial. También cuentan decisivamente con la Fiscalía. A diferencia de la judicatura, la Fiscalía está jerarquizada: todo el mundo en la Fiscalía tiene un jefe y todos los fiscales dependemos del Fiscal General del Estado (en adelante FGE). En la jerarquía de la Fiscalía tenemos a ex ministros, ex directores generales, ex consejeros autonómicos, ex diputados, ex vocales del CGPJ, ex altos cargos de diversas categorías. Una jerarquía compuesta por fiscales en su mayor parte pertenecientes a las dos asociaciones que se han repartido el botín de la dirección de la Fiscalía durante estos 30 años, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales, asociaciones que están mucho más cómodas cuando gobierna PP o PSOE, respectivamente. Sus asociados no llegan entre las dos al 35% de los fiscales, pero quien elige a quienes dirigirán la Fiscalía no busca sólo el talento sino la afinidad, la confianza. El resultado es una Fiscalía afín al poder político y económico: el jefe de todos los fiscales lo elige el Gobierno; y la jerarquía de la Fiscalía está autoprotegida por unas reglas creadas por ellos mismos y por el poder político, frente a las reclamaciones profesionales del resto o de cada uno de los fiscales. Una Fiscalía a la que a algunos nos duele verla a remolque de acusaciones particulares o populares en casos de corrupción política o económica; que le cuesta ver delitos en la emisión de participaciones preferentes por entidades quebradas o insolventes; que concentra su energía mucho más en el político caído que en el político encumbrado cuando hay sospechas de corrupción.

CON CARÁCTER general, el buen investigador en delitos de corrupción política ha de desconfiar del poder. Ha de hacerlo porque tiene una responsabilidad atribuida por la ley y en él se deposita la confianza de los ciudadanos que tienen derecho a saber si hay o no corrupción en la Administración de sus impuestos y además porque el poderoso no se suele quedar quieto cuando le investigan. Por eso hay que investigar concienzudamente y desde la desconfianza hacia el investigado poderoso. No puede haber para el buen investigador (juez o fiscal) ninguna operación cortafuegos, no debe haber miedo a investigar y ha de agotarse la investigación de manera garantista pero insisto, siendo consciente de que el poderoso tiene armas y ventajas que otros no tienen. Sucede sin embargo que los gobiernos eligen al Fiscal General por razones de confianza, no se precisan consensos amplios. De manera que quien debe desconfiar de todos es elegido por razones de confianza por aquellos que manejan los caudales públicos, por aquellos a quiénes quizá deba investigar en casos de corrupción. A partir de ahí, todo el sistema se construye sobre una base equivocada. La organización de la Fiscalía está diseñada para que el FGE tenga un efectivo control sobre el criterio de aplicación concreta de la ley en casos particulares: los fiscales jefes son elegidos por el Gobierno a propuesta del FGE, por periodos de tiempo determinados, por razones de confianza y con total opacidad en cuanto a los méritos de cada aspirante; los cargos de responsabilidad de la Fiscalía, lo mismo; hay protocolos de actuación para que ningún asunto se escape al control de la jerarquía (básicamente, el visado). Una jerarquía que no se limita a establecer criterios generales de actuación, sino que llegado el caso hace notar su peso sobre los asuntos concretos. El fiscal, que debería en la lucha contra la corrupción estar instalado en la distancia del Ejecutivo, está hoy cómodamente integrado en la estructura de poder que hay en España.

¿No hay pues esperanza? Claro que sí. Desmontar este tinglado no ha de ser difícil porque es un sistema antinatural: la inmensa mayoría de los jueces y fiscales tenemos por vocación que la ley se aplique por igual para todos sin excepciones y que se aplique con eficacia y calidad. Basta entonces el impulso político para conseguirlo y la situación política hoy no está tan clara como hace algunos meses: no todos los partidos desean mantener la colonización política de la Justicia. La prensa además denuncia los abusos cuando se producen, y eso erosiona a quien actúa mal. Pero hay otro factor muy importante en mi opinión: un nuevo Jefe del Estado en quien creo que hay que depositar muchas de las ilusiones perdidas para que nuestra democracia tenga una calidad aceptable. Veremos.

Salvador Viada Bardají es fiscal del Tribunal Supremo (www.justiciaimparcial.com)

Papeles de bárcenas: últimos informes a ruz
La UDEF acusa al PP de blanquear las donaciones mediante las sedes regionales
Carlota Guindal El Confidencial  4 Septiembre 2014

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz acaba de recibir el último informe policial del caso conocido como ‘papeles de Bárcenas’ en el que se asegura que el PP blanqueó donaciones ilegales introduciéndolas en el circuito económico legal mediante inversiones. Concretamente, se refiere a la compra de un local para la sede regional de La Rioja para la que el PP nacional entregó a la sede autonómica 200.000 euros, una cantidad anotada en la contabilidad B llevada por su extesorero, Luis Bárcenas.

Según recoge el informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, el PP de La Rioja recibió una ayuda económica en concepto de subvención por parte de la sede nacional por un total de 200.000 euros para la compra de uno de los locales en octubre de 2008. Para esa misma operación también se pidió un crédito hipotecario por valor de 120.000 euros, un 38% del valor del inmueble.

Para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) “resulta significativo” el hecho de que coincida cuantitativamente con una de las anotaciones que figuran en los conocidos 'papeles de Bárcenas', como una entrada de fondos por importe de 200.000 euros en mayo de ese mismo año, bajo el concepto “Entrega de La Rioja”.

Según declaró el propio Bárcenas –que se encuentra actualmente en prisión provisional– ante el juez, esa anotación se correspondía con fondos B que tenía la sede regional de La Rioja obtenidos de varias donaciones, y a los que querían darles salida aplicándolos a la compra de la nueva sede. La fecha de la anotación es próxima en el tiempo con la transferencia que el PP nacional realizó a La Rioja, en junio de ese año. Es decir, según su versión, el PP regional había entregado esas donaciones a la sede nacional para que a su vez esta las enmascarara como una subvención y así convertirlas a dinero oficial.

Para llegar a esta conclusión, la Policía analiza las manifestaciones de la gerente del partido en La Rioja, Ana Elvira Martínez, en las que reconocía ante Ruz que no había establecido ningún tipo de plan de tesorería para soportar las compras de los inmuebles ni se planteó la posibilidad de que la ayuda hubiese sido de menor cuantía que la dada y por ello no hubiesen llegado al importe total de la compra. “Da a entender que tenía la seguridad de que podrían asumir toda la compra”, recoge el informe, en el que también se detalla la adquisición de otros tres inmuebles por 800.000 euros, que se pagó con un préstamo hipotecario de 900.000 euros.

Introducirlo en el círculo económico financiero
Para la Policía es sospechoso que tanto la gerente como el secretario regional dieron por hecho en sus interrogatorios que la ayuda económica que iba a llegar de la sede nacional era de una única transferencia de 200.000 euros, a pesar de que jamás hablaron con Madrid sobre la cuantía de la subvención. “Estos elementos ponen de manifiesto que debían conocer de antemano la cantidad de dinero que iban a recibir como aportación de la sede central, 200.000 euros, y que unido a los recursos propios de la sede regional serían suficientes para hacer frente a la segunda adquisición”.
El juez de la Audiencia Pablo Ruz. (EFE)El juez de la Audiencia Pablo Ruz. (EFE)

“Por tanto, y en base al conjunto de elementos subjetivos (intervención del secretario general y de la gerente en el proceso de negociación y financiación de las adquisiciones, y en base a sus responsabilidades dentro del PP regional de La Rioja), temporales (correlación entre la entrega de fondos y la operación de compra-venta inmobiliaria) y objetivos (fórmula de financiación de la compra y aportación del PP nacional con este fin y por el mismo importe) es posible considerar de forma indiciaria que la cantidad aportada desde el PP nacional se correspondería con los 200.000,00 euros anotados en la contabilidad llevada por Luis Bárcenas, sirviendo este procedimiento circular para transformarlo en dinero oficial, y por ello introduciéndolo en el circuito económico financiero”, concluye la UDEF, que propone a Ruz citar a declarar a la persona que vendió el local comercial al PP de La Rioja.

La Policía analiza otro apunte de los papeles de Bárcenas relativos a las sedes regionales del PP. En este caso, se refiere al pago por parte del PP nacional de un embargo al partido en Pontevedra por un importe de 187.569 euros a cargo de un juzgado de instancia.

Para los expertos que elaboran el informe, es destacable que, en otros embargos a sedes regionales, el PP nacional no asumía el pago. Así, destacan que ninguno de estos dos pagos, a La Rioja y Pontevedra, fue devuelto por las correspondientes sedes regional y provincial. “Por mucho que el PP sea una única entidad resulta significativo el hecho de que no le sean devueltas las cantidades que ésta aporta, pues si la sede nacional se encargase de soportar todas, o la gran parte de las necesidades del resto de sedes, podría llegar el momento de no alcanzar a cubrir las suyas propias”, destaca el documento policial.

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Mas se echa al monte presionado por el avance de ERC y por el 'caso Pujol'
Editorial El Mundo  4 Septiembre 2014

ARTUR MAS prefiere pasar a la historia como mártir del nacionalismo antes que como hombre de Estado. Reo del programa secesionista que él mismo alumbró, el presidente de la Generalitat ha decidido huir hacia delante acorralado por la presión de ERC -primera fuerza en intención de voto en Cataluña- y por el mazazo que para CiU ha supuesto el caso Pujol. Si hasta ahora se mostraba ambiguo respecto de la celebración del referéndum separatista del 9 de noviembre, ayer dejó claro al secretario general del PSOE que conducirá a los catalanes a las urnas aunque el Tribunal Constitucional prohíba esta consulta ilegal.

Durante las últimas semanas Mas se ha valido de sus consellers y de destacados convergentes para ponderar el coste que tendría para su partido plegarse a la legalidad. Ayer, sin embargo, se mostró inflexible y rechazó de pleno la mano tendida de Pedro Sánchez, quien le garantizó su apoyo y la presentación de una propuesta de reforma de la Constitución si renunciaba al referéndum. Con su oposición firme a la consulta, el nuevo líder del PSOEzanja un debate que ha perjudicado al socialismo catalán. También acertó la portavoz de UPyD, Rosa Díez, al trasladar su apoyo incondicional a Rajoy frente al pulso soberanista del presidente catalán. La unión de las fuerzas constitucionalistas es crucial para disuadir a Mas de su deriva.

El presidente de la Generalitat parece decidido a lanzarse al abismo antes que permitir que ERClo acuse de pusilánime. Sin embargo, CiU no puede competir en radicalismo con los republicanos, por lo que resulta obligado preguntarse cuál es el fin último de una estrategia que situaría a la Generalitat en rebeldía. El nacionalismo moderado catalán, que tradicionalmente ha votado a CiU, no entenderá que Mas se eche al monte. En este punto, resultó elocuente el análisis del ministro Cristóbal Montoro el martes en el Congreso, quien acusó a Jordi Pujol de radicalizarse a medida que se complicaba su situación judicial y la de su familia. Hay que recordar que Guanyem y Podemos ya se han querellado contra el ex Molt Honorable, y que UPyD y CCOOmeditan también esta posibilidad.

Mas se equivocará si pretende tapar la corrupción de su mentor echando mano de la senyera.Pero no son pocos los indicios que permiten concluir que el presidente catalán está decidido a recuperar la posición de abanderado de la ruptura con España. Dentro de esta esperpéntica gymkana de radicalismo, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, anunció ayer que invitará a observadores internacionales a seguir la consulta del 9-N. Curiosa iniciativa cuando, reiteradamente, la Comisión Europea ha advertido de que Cataluña quedaría fuera de la UE si optara por la secesión.

En el marco de esta singular rivalidad con ERC hay que interpretar la relación prevista de asistentes esta noche al estreno de la película sobre la independencia L'endemà (Al día siguiente). En el patio de butacas coincidirán cuatro consellers, dirigentes de los partidos proconsulta, con la excepción de ERC, y destacadas personalidades, como la esposa del presidente de la Generalitat, Helena Rakosnik. El documental ha sido concebido para convencer a posibles indecisos con un discurso estupefaciente, pero supuestamente moderado, en el que España es presentada como un varón posesivo que no deja a la fémina Cataluña hacer su camino. De no ser trágico en sus consecuencias, el salto al vacío de Mas resultaría sencillamente patético.

'Jordi les tiene cogidos por los huevos'
LUIS MARÍA ANSON El Mundo  4 Septiembre 2014

UNO de los intelectuales catalanes de más alto prestigio nacional, poeta de intenso temblor lírico, me decía ayer: «Jordi les tiene cogidos por los huevos». A la plana mayor de Convergencia no le llega la camisa estelada al cuerpo. Pujol lo sabe todo de todos y si se encabrita puede derribar el templo. Caerá él pero junto a él todos los filisteos convergentes.

Arturo Mas fue «conseller en cap», es decir, primer ministro o jefe del Gobierno del presidente Pujol. Solo entre 1995 y 1997 firmó contratos públicos por valor de 2.200 millones de euros. La mordida sobre esos contratos osciló entre el 3% y el 20%. Pascual Maragall denunció en pleno Parlamento catalán la gran tropelía. Presuntamente Jordi Pujol se benefició de la mordida convergente. Cuesta creer que los dirigentes destacados de su partido no salieran beneficiados, presuntamente también por supuesto, del gran negocio en el que la política se ha convertido en toda España, y no solo en Cataluña, como denunciaron en un libro concluyente Federico Quevedo y Manuel Forcada.

El nihil novum sub sole del Eclesiastés, el nada nuevo bajo el sol, se hace tenaz realidad histórica en nuestra nación. «Para no morir ahorcado el mayor ladrón de España se vistió de colorado», se cantaba en los patios de monipodio de la España imperial señalando al duque de Lerma, valido de Su Majestad Católica el Rey Felipe III. El Arturo Mas del duque, Rodrigo Calderón, fue ajusticiado públicamente. Lerma se salvó acogiéndose a sagrado: la Iglesia le designó cardenal. En los albañales donde desaguan los detritos de la política, el pueblo se cachondeaba del ministro áulico de Carlos I de España y V de Alemania: «Sálveos Dios ducado de a dos que mesié de Xevres no topó con vos».

Jordi Pujol, que en su día rindió servicios excepcionales a la gobernabilidad de España y conviene no olvidarlo para no sumarse a los que hacen leña cruel del árbol caído, Jordi Pujol sabe que en Convergencia están jugando con fuego y que nadie como él puede tirar de la manta porque conoce punto por punto, hombre por hombre, euro por euro, lo que la manta esconde.

Bueno, Pujol y los servicios de inteligencia españoles, admirablemente dirigidos por Félix Sanz Roldán. Unos servicios de inteligencia que tal vez hayan puesto en manos de Mariano Rajoy los secretos necesarios para desactivar el órdago del 9-N. La política arriólica de no ver nada, no oír nada, no decir nada, no hacer nada, es contraria a la actividad permanente y silenciosa del alto espionaje español.

Luis María Ansón, de la Real Academia Española

Trató de dar un tinte de normalidad a sus dineros escondidos
La 'herencia' de Pujol es el botín de Banca Catalana
Xavier Horcajo www.gaceta.es  4 Septiembre 2014

La 'herencia' es el rescate o el botín que los Pujol se hicieron pagar por el paquete de acciones que controlaban de Banca Catalana, a pocas semanas de la intervención de la entidad.

El ex presidente de la Generalitat evasor de capitales trató de dar un tinte de normalidad a sus dineros escondidos en Andorra, atribuyéndolos a la herencia de su padre Florenci Pujol, que treinta años atrás llevó al Principado. La primera contradicción provino de su hermana, María Pujol Soley, esposa del economista Francesc Cabana Vancells, uno de los arruinados en Banca Catalana. “¿De qué herencia hablas, Jordi?”, le soltó por teléfono. El testamento de Florenci Pujol ya ha sido reclamado judicialmente pero la “herencia” a la que se refiere Pujol no quedó por escrito.

La “herencia” es el rescate o el botín que los Pujol se hicieron pagar por el paquete de acciones que controlaban de Banca Catalana, a pocas semanas de la intervención de la entidad y de que quedara en manos del administrador del Banco de España, Eusebio Díaz-Morera. La secuencia de los hechos es muy clara: el gobernador del Banco de España, José Ramón Álvarez Rendueles, acordó intervenir Banca Catalana el 17 de septiembre de 1982. Pocas semanas antes, la familia Pujol vendió sus acciones a la familia Tennenbaum-Kirschner, que ya tenía una participación en la entidad pero que compraron a pesar de que las expectativas para los accionistas de Catalana eran funestas.

La querella de los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo incluyó a los Pujol por la venta en extrañar circunstancias de sus acciones en Catalana así como por haber concedido préstamos sin garantía de devolución a personas físicas y jurídicas afectas a Convergència. La sospecha de los fiscales fue que, bien usando la “caja B” de catalana cuya existencia quedó probaba, bien con préstamos que no serían devueltos, los Pujol buscaron solución a su ruina en la entidad. Solo alguien con un elevado concepto de sí mismo llamaría públicamente “herencia” a eso.

El reproche es brutal en términos políticos. El Pujol que salía al balcón para decir a los catalanes que “cuando me atacan a mí, atacan a Cataluña”, el mismo que argumentaba que el fracaso de Catalana se había debido a invertir en “fer país” (hacer país) había salvado su patrimonio y lo tiene intacto en Andorra.

Hasta julio de 1982, la familia Pujol era propietaria de 326,7 millones de pesetas en acciones de Catalana calculadas a su precio nominal. Las acciones estaban mayoritariamente a nombre del político (188,6millones de pesetas), su esposa Marta Ferrusola, su padre Florenci y esposa Núria Soley Mas, y la tía Concepció. Si el perímetro de los Pujol incluye a María Pujol Soley y a Cabana, los Pujol tenían 427 millones de pesetas invertidos en acciones de Catalana.

Moisés David Tennenbaum, un judío refugiado en Barcelona y compañero de andanzas del padre de Pujol en el “cambismo” monetario en Tánger, compró pocas semanas de que las acciones de Catalana tuvieran valor cero el porcentaje de los Pujol en la ruina. Los Tennenbaum (Moisés, su esposa, Ruth Kirschner y sus hijos: Garti, Judit y Marcus, ya tenían su propio problema con Catalana donde tenían invertidos 400 millones de pesetas a fecha 9 de agosto de 1982. Por supuesto, los Tennenbaun fueron una de las familias premiadas con decisiones públicas de la administración de Pujol; alguna tuvo que ver con el menú de los presos de Can Brians o Quatre Camins.

Catalana tenía 3.000 empleados cuando fue intervenida, 300.000 millones en depósitos y un grupo industrial de 80 empresas muy activo con Jordi Pujol Soley a la cabeza que quería sentarse entre los siete grandes, por lo que las compras eran frecuentes y la indigestión de muchas de ellas, acabaron con la propia Banca Catalana. Todos esos movimientos de compras pivotaban sobre pagos de la “caja B o negra” de la entidad por la que transitaron ingentes cantidades de millones de pesetas.

¿Prestó caja negra de Cataluña un último servicio a los fundadores Pujol?

El energúmeno máximo
Ferran Toutain www.cronicaglobal.com  4 Septiembre 2014

Joan Ferraté no tuvo nunca una opinión demasiado halagüeña de los políticos. No era exactamente un anarquista, y mucho menos aún uno de esos militantes de la antipolítica que hoy en día se multiplican como setas parlantes para despreciar el sistema democrático, invocar la soberanía del pueblo y repetir sin descanso que todos los gobernantes son unos ladrones. Muy al contrario, lo que él creía es que los políticos deberían ser gente lo suficientemente competente para resolver los asuntos públicos haciéndose notar lo menos posible. Como éste no era y no es a menudo el caso de los políticos españoles en general y de los catalanes en particular, Ferraté solía llamarles "energúmenos", un adjetivo que él tenía en mucha estima y que usaba con frecuencia para designar a individuos molestos de todo oficio y condición. Yo le oí aplicar numerosas veces el vocablo a los políticos del país entre las décadas de los ochenta y los noventa, cuando Jordi Pujol reinaba en Cataluña y la supuesta oposición de izquierdas (PSC, IC y ERC) le rendía acatamiento, ya fuese a regañadientes o con la más bendita de las sonrisas (juro que he oído a más de un militante comunista hablar babosamente de los méritos de Pujol como quien habla de los milagros de un santo).

Si Ferraté consideraba energúmenos a casi todos los políticos catalanes, a Pujol no podía por menos que darle trato de gran energúmeno o incluso de energúmeno máximo. Así se refería a él, no sólo en conversaciones privadas, sino en la columna que publicó semanalmente en el desaparecido Diari de Barcelona en 1988. En uno de esos artículos (el lector interesado puede leerlos en el libro Provocacions, editado por Empúries en 1989), el titulado D'uns esquerrers («De unos izquierderos») habla de la sumisión permanente de las izquierdas catalanas al régimen establecido por Pujol: "Se quedan yertos y del todo incapaces de reaccionar tan pronto como una careta nacionalista se les pone delante y les exige apuntarse a la consigna del día". Creo que no se puede resumir mejor lo que fue la política catalana en aquellos veintitrés años de despotismo —no precisamente ilustrado— y lo que por desgracia sigue siendo en la actualidad.

Había que ser bastante bobo para no darse cuenta de hasta qué punto el discurso nacionalista perseguía el dominio absoluto de un clan con unos intereses privados, apoyándose en la muy lamentable tendencia de ciertos catalanes al sentimentalismo patriotero

Ferraté no era en modo alguno un visionario; otros, antes que él (Pla y Tarradellas, por ejemplo), habían pronosticado lo que iba a ser ese pujolismo que, sin Pujol, incluso con un Pujol confeso, sigue dictando la ley en Cataluña, y no éramos pocos los que en los años ochenta y noventa comentábamos con Ferraté y con otros resistentes la pesadilla que nos había caído en gracia. Porque había que ser bastante bobo para no darse cuenta de hasta qué punto el discurso nacionalista era un discurso rancio (por mucho que se disfrazara de moderno), sometedor (por mucho que se disfrazara de liberador), excluyente (por mucho que se disfrazara de integrador), patrimonialista (por mucho que se disfrazara de europeísta) y de que, por encima de todo, perseguía el dominio absoluto de un clan con unos intereses privados, apoyándose en la muy lamentable tendencia de ciertos catalanes al sentimentalismo patriotero. La descarada y permanente identificación del energúmeno máximo con Cataluña —una pretensión muy chocante en el mundo democrático y que, por lo menos en la década de los ochenta, casi nadie se atrevía a poner en tela de juicio— dio lugar a otra memorable columna de Ferraté, la que llevó por título D'un president. Ferraté citaba una declaración de Adolfo Suárez según la cual Pujol era el presidente de la Generalidad pero creía ser el presidente de Cataluña. Ferraté aludía, una vez más, a la actitud de la presunta oposición: que Pujol se tuviera por presidente de Cataluña y que sus seguidores le alabaran el delirio formaba parte de lo que se podía esperar, pero que sus adversarios le siguieran el juego, como sin duda lo hacían, ya era algo sin pies ni cabeza. La columna terminaba con la siguiente conclusión: "Cataluña es, en suma, mucho más que lo poco de vida pública catalana donde la Generalidad tiene competencias y donde su presidente puede actuar. Todo lo que quiera ser más que eso es una fantasía de loco, y si lo que ocurre es que los políticos no lo saben, los ciudadanos por lo menos deberíamos ser capaces de consignarlo en el manicomio".

Tras la declaración autoinculpatoria de Pujol, los articulistas del régimen han tomado posiciones. Algunos dicen que el hombre sacrificó primero sus deberes familiares por su vocación de servicio a Cataluña y que ahora se había sacrificado a sí mismo para proteger a sus retoños. Otros, todavía más abyectos, aseguran —después de haber consagrado sus vidas a la adoración del energúmeno máximo— que Pujol nunca fue uno de los suyos y que en realidad la inclinación de él y de su familia por las grandes estafas no es más que un producto de su pacto autonómico con los españoles. El gran sociólogo Cardús inició esta línea de pensamiento a propósito del caso Palau, cuando dijo que la corrupción en Cataluña era una consecuencia de la españolización del país.

Todo eso debería provocar una indignación pública de gran envergadura, pero nadie parece alarmado, nada parece moverse. El régimen que creó Pujol, que heredó el Tripartito y que Mas y Junqueras han querido llevar a sus máximas consecuencias sigue bien implantado en la sociedad catalana. Algunos se sienten descorazonados por la declaración de Pujol, otros le quitan importancia, pero casi nadie tiene presente que el peor atributo del personaje —y eso ya lo sabíamos antes de conocer su condición de delincuente— es que durante décadas fue el rey de los energúmenos. A Joan Ferraté nunca le pasó desapercibido y es probable que sea esta la razón por la que, cuando murió, la televisión autonómica ni siquiera se dignó dar la noticia. Por esta razón y tal vez también porque su sabiduría no podía contribuir en nada al proceso de energumenización de las masas que se ha llevado a cabo con tan clamoroso éxito.

Covite reprocha a EH Bildu que "los asesinatos sean los méritos para ser parlamentario vasco"
LORENA GIL. El Correo  4 Septiembre 2014

Iker Casanova, que sustituye a Laura Mintegi, fue condenado en 2009 dentro del sumario 18/98, como "autor responsable de un delito de pertenencia a organización terrorista" Ekin

La presidenta del Covite, Consuelo Ordóñez, arremetió ayer con dureza contra la designación de Iker Casanova como sustituto de Laura Mintegi (EH Bildu) en el Parlamento vasco, y lo hizo de una forma cuanto menos simbólica. Ordóñez escribió una carta con su hermano, Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, como 'destinatario', en la que le cuenta las «malas noticias», en alusión a la toma de posesión de Casanova. El nuevo parlamentario de EH Bildu fue condenado en 2009 dentro del sumario 18/98, como «autor responsable de un delito de pertenencia a organización terrorista» Ekin. Salió de prisión en 2011.

«Uno de los que contribuyeron a matarte, a ti y a otros cientos, ocupa desde el martes el escaño que te arrebataron a balazos», lamenta la presidenta de Covite. Ordóñez recuerda en el texto a compañeros de su hermano como los socialistas Enrique Casas y Fernando Buesa, también víctimas de ETA. «Vuestros asesinatos se han convertido en los méritos que un parlamentario vasco debe alcanzar para ser designado miembro de la Cámara», censura. Ordóñez recuerda que «hubo un tiempo en que nos prometieron justicia e impulsaron una ley de partidos que promueve actuaciones contra organizaciones políticas que busquen utilizar las instituciones para honrar a quienes os mataron». «Todo eso -añade-, ha quedado en papel mojado». Para la hermana del exdirigente del PP la designación de Casanova solo tiene una lectura: «Justifica que estuvo bien mataros para cambiar la historia, para ocupar vuestros sillones y así, quitaros de en medio de esa la que fue vuestra casa, el Parlamento vasco».

El terrorista Iker Casanova
La AVT urge a ilegalizar EH Bildu por la entrada en la Cámara vasca de un etarra
El etarra Iker Casanova, condenado en 2007 a once años de prisión, es nuevo parlamentario vasco tras sustituir a Laura Mintegi.
Agencias Libertad Digital   4 Septiembre 2014

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha insistido hoy en pedir al Gobierno que inste "de una vez por todas" la ilegalización de EH Bildu tras la entrada en la Cámara vasca del parlamentario Iker Casanova, condenado en 2007 a once años de prisión por pertenencia a ETA.

En un comunicado, la AVT considera que la toma de posesión de Casanova "no hace más que acreditar una vez más los vínculos de EH Bildu con ETA". "Nos entristece ver que después de tantos años de lucha por expulsar a los terroristas y sus cómplices de las instituciones, no sólo no se insta a la ilegalización sino que se les permite tomar posesión de sus escaños", denuncia la asociación presidida por Ángeles Pedraza.

Casanova se acreditó el pasado martes como representante de EH Bildu en la Cámara de Vitoria en sustitución de Laura Mintegi, que a finales de julio anunció su intención de abandonar la política para regresar a la universidad.

El nuevo parlamentario de la coalición separatista fue condenado en 2007 a 11 años de prisión por pertenencia a banda armada dentro de un sumario seguido contra varias organizaciones del entorno de ETA. Salió de prisión en 2011. Actualmente es miembro del Consejo Político de Sortu de Vizcaya.

La AVT no entiende, añade el comunicado, a qué espera el Gobierno para actuar contra EH Bildu o Amaiur, sobre todo después de que la asociación presentara ante la Fiscalía un documento con más de un centenar de indicios para que se iniciara la ilegalización.

Una reivindicación que se suma a otras quejas en torno a la política penitenciaria del Ejecutivo como la concesión de los últimos permisos a presos etarras como Caride Simon, uno de los autores del atentado de Hipercor en Barcelona.

"Empezamos a estar cansadas de que se nos intente silenciar a base de maniobras oscuras o de anuncios de grandes reformas legislativas", dice la AVT en referencia a la reforma anunciada "a bombo y platillo" para que los exiliados del País Vasco a consecuencia de la amenaza terrorista pudieran votar en esta comunidad.

Por estas razones, la asociación considera que los logros conseguidos en materia antiterrorista se están viendo empañados "por una dejadez total y absoluta" por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
 


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