AGLI Recortes de Prensa   Viernes 5 Septiembre  2014

Corrupción
Pujol somos todos
Emilio Campmany Libertad Digital 5 Septiembre 2014

Con independencia de cuál haya sido la responsabilidad del Gobierno en las revelaciones del caso Pujol, está comúnmente admitido que su estallido constituye un torpedo bajo la línea de flotación del proceso soberanista. No cabe duda de que para el nacionalismo radical nada ha cambiado. Pero es muy probable que sin el respaldo activo del nacionalismo moderado, ganado para la causa independentista durante los años de crisis, la independencia sea sencillamente imposible. Y ese nacionalismo moderado perdió buena parte de su ilusión en el proyecto cuando le fue desvelado el verdadero rostro de su padre fundador.

Ésta es poco más o menos la narración oficial. Sin embargo, lo que está poniendo al descubierto el caso Pujol no es un pecado original del nacionalismo catalán que le impide aspirar a su natural objetivo último, la independencia. Lo que estamos sabiendo es que el régimen que dio a luz la Transición y que tuteló en primer lugar Felipe González y dijo Aznar que regeneraría es una ciénaga de porquería más profunda que una fosa abisal. Aceptamos un régimen de alternancia que estaba lastrado por la necesidad de tener que completar la mayoría con nacionalistas catalanes cuando alguno de los dos grandes partidos no lograra la mayoría absoluta. Y creímos que el favor se pagaba liberando miles de millones de euros a gastar en su región o cediendo competencias a su gobierno regional. Y así fue y así es, pero hay mucho más. Además, se ha estado permitiendo a las élites políticas catalanistas que gobernaban Cataluña, encabezadas por Pujol, robar a manos llenas el dinero de todos los españoles. Y eso para que Felipe González pudiera politizar la Justicia a gusto y le estuviera permitido saquear los fondos reservados so pretexto de estar combatiendo a una banda terrorista con asesinatos y secuestros. Y para que luego Aznar pudiera consentir que la Justicia siguiera politizada y gobernara ocultando las muchas fechorías de su predecesor.

Responsable de haber empezado a tapar la podredumbre del nacionalismo catalán en su beneficio parlamentario fue desde luego Felipe González. Pero un buen tanto de responsabilidad corresponde igualmente a Aznar, quien, tras ganar las elecciones de 1996 y a la vista de la amenaza de ser sustituido por Gallardón según la propuesta de Polanco, cedió ante Pujol con tal de llegar a La Moncloa, y, aunque hubo cosas que mejoraron, apenas se limpió algún átomo de la mucha mugre que el PSOE había dejado que el sistema acumulara.

Pujol no es que sea el paradigma de lo que ha ocurrido en Cataluña en estos últimos treinta años. Es el paradigma de lo que ha ocurrido en España. Su escandalosa fortuna nos retrata a todos. Porque la Agencia Tributaria no tiene su sede en Barcelona y porque Montoro no era secretario de Estado de Hacienda de la Generalidad. Y ahora tendremos que creer que quienes consintieron durante tanto tiempo lo de Pujol sólo se lo consintieron a él. Y que en lo propio fueron sin embargo escrupulosamente honrados.

Draghi, a punto de comprobar los límites de la política monetaria para recuperar la economía

Antonio Maqueda www.vozpopuli.com 5 Septiembre 2014

Las nuevas medidas del BCE no conseguirán reactivar con fuerza la economía europea. A pesar de la enorme dimensión de los estímulos anunciados, hará falta mucho más que tapar un problema de deuda con más deuda.

En Jackson Hole, la tradicional reunión de los banqueros centrales más poderosos del mundo celebrada a finales de agosto, Mario Draghi alteró el discurso que tenía escrito para disparar una nueva bala en su batalla contra el estancamiento de la economía europea. Casi a la desesperada, el presidente del BCE sugirió la necesidad de un gran pacto por el cual el banco central imprimiría más billetes, los Estados acometerían nuevas reformas y los Gobiernos con margen fiscal aprobarían rondas de estímulo.

Supermario tenía que actuar. Apenas unos días antes, las cifras de PIB habían puesto de manifiesto un frenazo en seco de toda la actividad en Europa. Igual que en Japón se ha recurrido a un bombardeo fiscal y monetario bautizado como Abenomics, Europa tendrá que emprender una aventura similar aunque a una menor escala y al tiempo que soporta las reticencias de Alemania. El objetivo: acabar de una vez por todas con el círculo vicioso de bajas perspectivas de inflación y crecimiento que a su vez hacen que se congelen las compras, el crédito y la inversión, lo que termina socavando la supervivencia de las empresas, obligándolas a someterse a nuevos ajustes de empleo en una especie de cuento de nunca acabar.

Empujado por los preocupantes datos de crecimiento de Francia, Alemania e Italia, este jueves Supermario sorprendió otra vez al mercado anunciando una intervención más contundente de lo esperado. Así de mal está la cosa. Por un lado, rebajó los tipos de interés del 0,15 al 0,05 por ciento, unos niveles ya muy bajos y que de por sí probablemente no consigan que se brinde más crédito. En principio, esta medida presenta escaso recorrido salvo por una cuestión no baladí: que fomente que los inversores puedan financiar en euros sus adquisiciones de deuda en dólares. Es decir, que sirva para que tomen prestado muy barato en euros y lo utilicen para comprar bonos estadounidenses ahora que los tipos al otro lado del Atlántico pueden moverse al alza, lo que en el argot se conoce como carry trade. Dicho fenómeno puede provocar un repunte de la demanda de dólares y, por consiguiente, una caída de la cotización del euro, beneficiando a las exportaciones europeas.

Por otro lado y a falta de la letra pequeña, el presidente de la autoridad monetaria avanzó la compra de títulos respaldados por activos o Asset Backed Securities por sus vocablos en inglés. Estos ABS son paquetes de créditos que se trocean y venden mediante unos papelitos que proporcionan un tipo de interés igual que un bono, precisamente el tipo de ingeniería financiera que ayudaba a los bancos a quitarse los riesgos del balance y que estuvo en el origen de la crisis. La idea del BCE consiste en adquirir aquellos que se empleen para financiar a pymes, de modo que así se anime a los bancos a prestar a las empresas de menor tamaño. Sin embargo, el problema de estas emisiones radica en que en Europa hay muy pocas, están bastante estigmatizadas por los inversores, la regulación bancaria internacional las penaliza mucho y son harto difíciles de valorar. Incluso si en Europa estos títulos han presentado ratios de impago muy bajos comparados con los de EEUU, el desarrollo de un mercado de ABS a escala suficiente tardará demasiado tiempo, y por lo tanto no servirá para atajar la amenaza inmediata de deflación.

De ahí que el BCE haya extendido también las compras de activos a las cédulas hipotecarias, un producto financiero más extendido aunque su uso se concentre sobre todo en España y Alemania. La adquisición de estos títulos respaldados por hipotecas sí puede tener más impacto a la hora de atizar el mercado inmobiliario y despertar la inflación del mismo modo que se ha hecho en Reino Unido. Draghi ha llegado incluso a comentar que podría comprar paquetes de hipotecas de mayor riesgo siempre que tengan una garantía de los Estados. Sin embargo, ¿no les recuerda esto a Freddie Mac y Fannie Mae, los organismos estatales que terminaron avalando a troche y moche hipotecas subprime en EEUU? En Reino Unido, esta estrategia de reflotar burbujas en parte les ha funcionado. Sólo que ahora vuelven a observarse en Londres todos los visos de una gran burbuja inmobiliaria. Y en España no se antoja muy recomendable volver a animar el mercado inmobiliario cuando los precios todavía no se han ajustado del todo en términos del esfuerzo económico que representan respecto a la renta de los hogares.

Tampoco parece que vayan a obrar el milagro las inyecciones de liquidez a la banca condicionadas a que se presten, las llamadas LTRO. Y es que el problema de fondo de todas estas iniciativas del BCE se resume en que intentan tapar un problema de exceso de endeudamiento con más deuda. Por más que se inunde el mercado de liquidez y se ofrezca la posibilidad de contraer más crédito, no hay demanda suficiente, pues los agentes todavía se encuentran inmersos en un largo y duro proceso de desapalancamiento.

Es más, tras seis años de crisis las empresas solventes ya tienen arreglada su financiación. Por lo que ahora se trata de financiar a las nuevas o a las menos solventes. Y sin embargo la banca no tiene ahora ningún apetito por el riesgo en un contexto de paupérrimos crecimientos y por lo tanto escasa solvencia de los prestatarios: las entidades aún están recomponiendo y saneando sus balances, están sometidas a unos test de estrés, ya prestan muchos recursos al sector público y encima la regulación les penaliza los créditos a pymes. Este verano, muchos bancos no han querido prestar a otros ni siquiera cuando se les castigaba con un tipo de depósito negativo por mantener sus fondos en el BCE.

En definitiva, incluso con unas cantidades exorbitantes sobre la mesa, Draghi está a punto de comprobar los límites de la política monetaria. Quizá logre revivir algo el crédito. Es posible que incluso infle los precios de algunos activos financieros. Pero cuesta ver que vaya a hacer repuntar la inflación y el crecimiento simplemente a fuerza de más deuda.

Al final, Draghi tendrá que recurrir a una expansión cuantitativa total o full QE, consistente en la compra directa de bonos soberanos para financiar nuevos déficits públicos. En tanto en cuanto este dinero se emplee en estímulos fiscales, la pasta entrará más directamente al sistema y la artimaña será más efectiva a la hora de combatir el estancamiento de la deflación. Sin embargo, esta línea de actuación también acarrea serios riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas y se enfrenta a la férrea oposición de Alemania.

Supermario no puede hacerlo todo solo. Por eso, es imprescindible que tal y como propone el transalpino la estrategia para salvar Europa del estancamiento comprenda diversas patas. En primer lugar, se ha de desatascar el crédito limpiando las cañerías de la banca, todavía presas de las refinanciaciones de empresas zombi.

En segundo lugar, hay que continuar con los ajustes en aquellas economías con unos déficits que se han demostrado insostenibles. Tercero, se deben implementar las reformas que brinden más competitividad y eleven el crecimiento potencial. En este punto es esencial que Francia e Italia eliminen rigideces y recorten el peso del Estado para poder mejorar el desempeño de sus economías.

Cuarto, los países con más margen presupuestario, leáse Alemania, han de invertir más, engordar los salarios y favorecer el consumo para tirar de los demás. Incluso siempre cabe la opción de que se ponga en práctica un plan de inversión paneuropeo con el músculo suficiente.

No obstante, pese a que se está esbozando un claro consenso sobre la imperiosa necesidad de hacer algo, todas las partes rehúsan abordar los sacrificios que les corresponden. La banca prefiere tapar sus vergüenzas con los beneficios que obtiene prestando sólo al sector público. Italianos y galos son alérgicos a las reformas. Los países como España mantienen déficits públicos insostenibles. Y los germanos lo ahorran todo, no consumen ni cuando se les suben los sueldos y se muestran reacios a vaciar su superávit fiscal.

Así las cosas, no es de extrañar que Supermario se sienta solo en su tarea de aguantar los pilares de la UE. Pero no siempre podrá seguir comprando tiempo. Más pronto que tarde, el BCE comprobará los límites de su política monetaria. Las disensiones se recrudecerán tanto en Fráncfort como en Bruselas. Y Supermario sentirá qué es tener demasiado cerca la kryptonita.

Villarejo, ¡vete al guano!
Xavier Horcajo www.gaceta.es 5 Septiembre 2014

El eurodiputado de Podemos, Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jubilado que emprendió el “caso Catalana” junto a José María Mena, debe tener problemas de conciencia y ahora descubre lo obvio: “los fiscales Generales que nombró Felipe González me prohibieron investigar a Pujol”. ¡Asombroso!.

El ex militante del PSUC nunca fue un adalid del heroísmo y se dejó agasajar por ese mismo presidente socialista, quien -ya de salida- le nombró primer Fiscal Anticorrupción de España.

Tanto tiempo aplaudiendo a Baltasar Garzón y militando en un partido bolivariano han retorcido su afamado recto proceder. ¡Cómo debió sufrir, noches de remordimiento e insomnio el fiscal Jiménez Villarejo! (tío carnal de Trinidad Jiménez). Con la conciencia raída y “sometido” al poder del Gobierno, ha confesado sus pecados. Casi me olvido de que luego fue fiscal anticorrupción en Madrid, con el “enemigo”. Con un tal Aznar, pero él tampoco tuvo agallas. Nunca sintió el arrebato de desempolvar los escándalos de Convergencia. Vamos, que Villarejo no se opuso en su vida, ni al absurdo del título de su cargo. ¿O es que hay Fiscales que no sean Anticorrupción?

Hay quien dice que este hombre cambió tras una caída de caballo, un cruel talegazo que le fracturó una pierna. Pero la verdadera caída del caballo -peor que lo de Saulo de Tarso- es la de exponerse a mostrar al pueblo lego (como yo) que un fiscal jubilado de larguísima trayectoria pueda correr tan alegremente el filo de la prevaricación. Los funcionarios del mundo fiscal jamás han hablado con ese desparpajo boquerón que los Gobiernos obligan a los Fiscales a no tocar los cojones de los políticos amigos con las manos frías. Pues que viva el Estado de derecho y que Montesquieu se convierta en marca de champagne.

Este delito se produce cuando una autoridad dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial; a sabiendas de que ese acto es injusto. Eso incluye el archivo de procedimientos. ¿Su actitud no fue un flagrante incumplimiento de deberes de un servidor público?

O es que las investigaciones no se cerraron; ¿tal vez se congelaban las investigaciones abusando de la arbitrariedad del cargo? Si Villarejo, como representante del Ministerio público, tenía certidumbre de un presunto delito, debió investigarlo. Tuvo varias administraciones de diferente signo para poner sobre la mesa los expedientes de Pujol. Si no lo hizo, fue porque quedó acomplejado por tener que envainársela en el “caso Catalana” y porque se apuntó a cobrar a final de mes sin heroísmo. Sueldo sin honra; antes que honra sin sueldo.

Dice Villarejo que "Resulta difícil creer que ninguno de los miembros de los gobiernos de CiU no supieran nada del patrimonio oculto de Pujol en paraísos fiscales". Y también que: "Ha habido silencios calculados, complicidades y un plan premeditado para permitir que CDC fuera un instrumento de enriquecimiento de sus dirigentes y su presidente" Y él, que fue fiscal jefe en Cataluña cuando se lidiaba en tribunales el “caso Casinos”, el “caso Planademunt-ICF” o el “caso Caric” ¿No forma parte de esos silencios cómplices?

¿Cuándo fue Fiscal Anticorrupción por qué no ordenó investigar los pagos de Javier de la Rosa al partido de Pujol? ¡Qué mala es la amnesia! Y cuando estalló lo del “caso Pallerols” ¿cómo consintió el Ilustrísimo señor Fiscal Anticorrupción que la instrucción se prolongara durante 14 años? ¿Cómo consintió el probo fiscal 30 años de impunidad judicial con final feliz de Convergencia que tuvo que venir a tambalear la amante del hijo mayor de Pujol? ¿Tuvo sangre el señorito fiscal para reaccionar cuando Pasqual Maragall hizo voz pópuli que CiU tenía un problema que se llamaba tres por ciento? ¿Abrió alguna investigación? ¿Apoyó al empresario (único) que denunció pagar coima por contrato en Adigsa? La respuesta a todas estas preguntas es. “No” o “Nada de nada”.

Así que amigo Villarejo: Váyase al guano, eso sí, con la venia…

Desafio separatista
Mariano tranquiliza a Rosa
Guillermo Dupuy Libertad Digital 5 Septiembre 2014

Tras una reunión con Rajoy de poco más de una hora, parece ser que doña Rosa Diez se ha quedado este miércoles muy "tranquila" tras desvelarle el presidente del gobierno su estrategia de cara a impedir el desafío secesionista catalán. De dicha estrategia ni ella ni él han tenido el gesto de informar al resto de los mortales. Lo más que ha hecho la dirigente magenta es decir que "la ley se va a cumplir" y que "el gobierno no está solo en la defensa de la nación española".

El problema, sin embargo, no es que Rajoy esté solo, sino que no tiene como prioridad la defensa de la nación, al menos la nación entendida como Estado de Derecho. En lo que está Rajoy, en realidad, es en evitar, al coste que sea, el tener que intervenir la administración regional catalana. Y si el coste de evitar esa intervención, que no es otra cosa que el deber de hacer cumplir la ley y está reflejada en el artículo 155 de nuestra Constitución, es tener que permitir que se celebre una ilegal consulta secesionista, Rajoy lo permitirá como de hecho ya ha permitido que los gobernantes de aquella comunidad autónoma desvíen fondos públicos para financiar ilegales estructuras de Estado, tales como una agencia tributaria propia. También por evitar esa intervención, Rajoy ha permitido que los nacionalistas desobedezcan las sentencias del Tribunal Constitucional en materia lingüística o que hagan caso omiso a su más reciente pronunciamiento sobre la propia declaración soberanista del parlamento autonómico catalán.

No sé. A lo mejor doña Rosa entiende por "cumplimiento de la ley" la forma con la que Rajoy ha hecho caso omiso a su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, no sólo desactivando los mecanismos de "sanción e intervención" en ella contemplados, sino premiando a las comunidades autónomas que la han infringido con objetivos de reducción de déficit más laxos de cara a ejercicios venideros.

Lo que es evidente es que el gobierno de Rajoy, una vez convencido de que el desafío secesionista era algo más que una simple "algarabía", lo único que ha hecho al respecto es dar buenos motivos a los gobernantes separatistas para convencerse de que la ley, que en nuestro país sigue castigando el delito de desobediencia, de prevaricación o usurpación de atribuciones, no les va a afectar a ellos en ningún caso. Eso por no hablar de la multimillonaria financiación extraordinaria que ha destinado a la administración regional en rebeldía, no sea que su carísimo, además de ilegal, proceso de construcción nacional le acarree la suspensión de pagos y a él la obligación de intervenirla por razones económicas.

Espero, en cualquier caso, que la tranquilidad de doña Rosa no provenga del hecho de que Rajoy no vaya a dar valor a los resultados de un referéndum ilegal que él sigue pensando que no se va a celebrar. Porque sólo faltaba que el presidente del Gobierno reconociera efectos jurídicos a un delito de prevaricación, desobediencia y de usurpación de atribuciones y malversación de fondos públicos que no hubiera tenido el coraje de evitar ni el coraje de castigar.

Siga doña Rosa tan tranquila. Pero su envidiable tranquilidad con la supuesta y desconocida estrategia de Rajoy me inquieta tanto como su propia estrategia de no coaligarse con Ciudadanos.

UGT y los ERE: 'Oiga, que yo no he sido el único'
Javier Algarra www.gaceta.es 5 Septiembre 2014

Cuando Mercedes Alaya empezó a tirar del hilo que le llevó al ovillo del escándalo de los ERE, el fraude de los cursos de formación y las facturas falsas de UGT, fue consciente de que tenía entre manos el mayor caso de corrupción y desvío de dinero público de nuestra democracia. Bueno, el mayor hasta que las investigaciones de la UDEF sobre el caso Pujol han amenazado con arrebatarle el primer puesto en el ránking.

La propia Junta de Andalucía ha admitido ya un agujero cercano a los cien millones de euros tras haber revisado sólo la mitad de los expedientes. En el capítulo correspondiente a los ERE fraudulentos, hay 8.737 casos, de los que se han analizado 4.565, determinándose 781 expedientes de reintegro, por los que se reclama en firme la devolución de más de 93 millones de euros en subvenciones. Se trata de dinero que la Junta de Andalucía entregó de manera irregular a empresas, ayuntamientos y a los sindicatos, especialmente a UGT. Por el momento, la Junta sólo ha recuperado 1,2 millones de euros, pero la jueza Alaya considera que el fraude puede elevarse a más de 850 millones. Se trata de una cantidad realmente espectacular que únicamente podría quedar eclipsada si se confirma que, en el asunto de los Pujol, la cosa puede ascender a los 1.800 millones de euros escondidos en paraísos fiscales. Cifras de auténtico vértigo.

Pero lo divertido del caso -si es que podemos hablar de cosas graciosas en cuestiones de corruptelas en las que otros se reparten nuestro dinero- es que algunos de los que se lo llevaron calentito le echan la culpa a otro, a quien colabora con la justicia o a quienes les dieron la pasta. Igual que Pujol quiere denunciar al banco andorrano por revelar sus secretillos, UGT de Andalucía amenaza a la Junta con querellas por no haber revisado adecuadamente esas subvenciones que le otorgó de manera irregular.

Y para colmo, los dirigentes del sindicato, con unas maneras más propias de la rabieta de un niño, protestan porque ellos no fueron los únicos que se beneficiaron de la corruptela y tratan de poner en marcha el ventilador, de tal manera que el detritus quede repartido entre varias organizaciones, en un afán de disimular sus culpas. Vamos, como Jaimito que, cuando le castigan por tirar piedras a un nido, se escuda diciendo: “¿Y qué pasa con Pedrito, que ha tirado más piedras que yo?”.

Entre el caso Pujol, que ha venido a demostrar que no era Madrid quien robaba a los catalanes, y el escándalo de los ERE, donde se está destapando una gigantesca trama de corrupción que puede salpicar a las más altas instancias de la Junta de Andalucía, sumamos miles de millones de euros de dinero público desviado, malversado y repartido entre unos cuantos, mientras los demás seguimos pagando religiosamente nuestros impuestos.

Y únicamente estamos hablando de dos casos. Si añadimos los más de seiscientos que podemos reunir entre los detectados en diversos partidos e instituciones, llegamos a la conclusión de que este mal endémico que padece España requiere de una solución urgente y ejemplarizante.

Podemos, de nuevo al descubierto
EDITORIAL Libertad Digital 5 Septiembre 2014

El ideólogo del partido de ultraizquierda que ya se ha colocado como tercera fuerza política en las encuestas ha puesto nuevamente de manifiesto el verdadero cariz de Podemos en un tema tan sensible como el terrorismo de ETA. Tal y como relatamos en Libertad Digital, Juan Carlos Monedero impartió en 2013 una charla en un local de Izquierda Unida en la que acusó a la Policía de "distribuir heroína en el País Vasco".

Según Monedero, profesor universitario, las fuerzas de seguridad empezaron a repartir droga "en los lugares donde había una juventud más conflictiva y peleona", razón por la cual la banda terrorista habría empezado a asesinar a traficantes. La afirmación, además de un insulto a los policías que dejaron su vida luchando contra el azote terrorista, es un completo despropósito que no se compadece con la realidad del tráfico de drogas en el País Vasco en los años 80 y 90 del siglo pasado y el papel de la ETA como un competidor más en ese oscuro mundo. Ahora bien, el discurso del promotor de Podemos sirve para poner de manifiesto que las simpatías de esta agrupación de ultraizquierda con el mundo proetarra no responden a hechos aislados que pueden dar lugar a malentendidos, como tratan de aducir sus dirigentes, sino que obedecen a una sintonía de fondo entre dos grupos que comparten una misma filosofía de raigambre marxista-leninista.

Pablo Iglesias, la cara visible de Podemos y uno de sus tres principales promotores, ha dado charlas en herriko tabernas ponderando el papel de la franquicia política de ETA durante la Transición, y sido un contacto de referencia en Madrid de la organización de presos de la banda. Ahora, su socio Monedero aparece defendiendo las tesis exculpatorias de los terroristas en relación con el tráfico de drogas e imputando a la Policía la comisión de graves delitos.

Esa acusación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debería haber suscitado la reacción inmediata del Ministerio del Interior. Sin embargo, ni el ministro ni el director general de la Policía, cuerpo directamente aludido por Monedero, han hecho la menor manifestación pública en defensa de la verdad y la dignidad sus subordinados. Tampoco el fiscal general del Estado ha ordenado el inicio de actuaciones dirigidas a determinar el posible carácter delictivo de las afirmaciones del ideólogo ultraizquierdista. Esta inacción del Gobierno en un asunto de tanta gravedad, coherente por otra parte con su trayectoria, escandaliza tanto como las manifestaciones brutales del dirigente de una fuerza política antisistema cuya efervescencia constituye uno de los peligros más directos a los que habrá de enfrentarse en el futuro inmediato la democracia española.

Nosotros, S.A
ARCADI ESPADA El Mundo   3 Septiembre 2014

1984 es el año clave del pujolismo. Y de toda la neolengua vertida en Cataluña. Es el año en que buena parte de la sociedad catalana cede ante el nacionalismo, empezando por alguno de sus más conspicuos intelectuales. El año en que los ciudadanos pasan a CIUdadanos. En mayo la fiscalía se querella contra Jordi Pujol y otros directivos de Banca Catalana, a los que acusa de apropiación indebida. La reacción de Pujol es fulminante: acusa al Gobierno de indigno y el mismo día de su investidura convoca a los ciudadanos a una esperpéntica manifestación en defensa de su honradez. A cualquier carácter templado se le debió caer ese día la cara de vergüenza, sin necesidad de ver más de lo que veía: unas masas que despreciaban la ley, birladas por el populismo. Pero cuando se evoca la luz innoble de aquella tarde añadiendo lo que ahora es conocido, es decir, que aquel que había sacado las masas a la calle para que reivindicaran su moralidad intacta llevaba cuatro años manteniendo una cuenta opaca en el extranjero, la impresión es puramente devastadora.

El caso de Banca Catalana es doblemente importante. Primero, porque es el epicentro de una estafa ética, caja B de la moral, que en España al menos no tiene precedentes. Y en segundo lugar por la supuesta relación entre la ruina del banco y la sucia fortuna pujolista que acaba de descubrirse. Lo primero es una evidencia y lo segundo un indicio. Pero los dos asuntos obligan a que aquellos años sean investigados, ahora que el arrogante blindaje pujolista se ha deshecho.

Obligan a que se conozca la historia del fiscal Burón Barba, de la que el psiquiatra Castilla del Pino daba un inquietante apunte en sus memorias, cuando señalaba a qué punto de agobio le condujeron las presiones del entonces gobierno socialista para que la querella quedase en nada. Obligan a que el siguiente fiscal, Javier Moscoso, cuente las instrucciones reales que dio y que recibió, y hasta las afrentas que sufrió. Obligan a reconstruir el dramático sufrimiento de aquel juez instructor Ignacio de Lecea, que lo llevaba puramente en la cara. Y obligan, sobre todo, a que hable Felipe González. Porque la impresión dominante, y la que es en realidad la hipótesis menos dolorosa sobre su conducta, es que al presidente González le ocurrió lo mismo que a muchos ciudadanos subyugados por el mito pujolista. También él debió de creer que en las cuentas de Banca Catalana había desorden y hasta trampas... antifranquistas, pero que no eran la obra de un tramposo. Exactamente y lo que, sin duda alguna, Pujol ha resultado ser.

Funerario
miquel porta perales ABC Cataluña 5 Septiembre 2014

El nacionalismo catalán es un nacionalismo funerario que venera a sus antepasados. Y no hace falta retroceder a las brumas románticas de la Renaixença para constatarlo. Sin movernos de 2014, ahí están los fastos funerarios del Tricentenario. ¿Recuerdan ustedes el acto inaugural – sacramental- del Tricentenario de 1714 celebrado el 11 de enero de 2014 en la Seu Vella de Lleida? El atrezzo: velas, símbolos, poesía, cantos, sermones, himnos, salmos y aleluyas. Y las autoridades que entran solemnemente en el templo -casi bajo palio- para escenificar el mito fundacional del nacionalismo catalán moderno.

Los fastos funerarios continúan con libros, conferencias, exposiciones y recorridos turístico-patrióticos que hablan de la resistencia y los héroes del pasado durante los “300 Onces de Septiembre”. Un auténtico ejercicio de pompas fúnebres. Y ahí tienen ustedes el lema – expresión “poética” del nacionalismo funerario- del Tricentenario: “Érem. Som. Serem”. Con su correspondiente Manifiesto -ellos también redactan manifiestos- que reza así: “recordar para no olvidar y no ser olvidados, 300 años después reivindicamos lo que somos, lo que éramos y lo que seremos... hoy conmemoramos nuestra voluntad de ser… la historia nos convoca”. ¿Qué se esconde tras semejante ejercicio mitológico y metafísico? Traducción “laica” de lo que éramos, somos y seremos: la nación catalana existe desde tiempos inmemoriales y, pese a los reiterados intentos de negar su existencia, aquí está y seguirá existiendo. En definitiva, la nación catalana –sigue la liturgia- conducirá a los fieles a la salvación. El nacionalismo funerario persiste en la Diada institucional de este 2014 que se celebrará en el Fossar de les Moreres donde está la “urna del honor” y no se entierra a “ningún traidor”. Y por si fuera poco, un número indeterminado de municipios catalanes exhibirán en el balcón la bandera negra que –según parece- evoca el martirio de Santa Eulalia. Hasta el “proceso”, parece ir por la vía funeraria.

¿Es incompetente el Tribunal Supremo?
Vicente A. C. M. Periodista Digital 5 Septiembre 2014

El ámbito judicial es para casi todos un universo misterioso irresoluble. Si hay algo que sea lo más enrevesado posible y lo que más interpretaciones admite son las normas que rigen algunas Instituciones judiciales, sobre todo las llamadas Altas Instituciones. Resulta que la juez del mega caso de los falsos ERE’s Mercedes Alaya cumpliendo con lo establecido para los casos en que afectan a personas aforadas, traspasó el expediente al único Tribunal capaz de investigar, imputar juzgar y de condenar a los inicialmente pre imputados. Pues hete aquí que una vez recibido el expediente de más de veinte tomos, lo primero que hace la Sala del Tribunal Supremo es pedir informe a la Fiscalía sobre su competencia en este asunto y si debe realizar la investigación de los pre imputados. Es decir, ni el mismo Tribunal Supremo tiene una idea exacta de sus competencias ni de su misión. ¡Apañados estamos!

Como anécdota resulta que el ex Fiscal General del Estado Conde Pumpido de gloriosa historia durante el gobierno de Zapatero y actualmente juez de la Sala del Tribunal Supremo que es la encargada de la admisión del caso de los ERE’s, ha decidido excluirse del proceso alegando su “contaminación” al haber ordenado el proceso de investigación durante su cargo como Fiscal General. Muy loable actitud en quien si tomó esa decisión fue obligado por la labor de investigación de profesionales de un conocido Periódico de tirada nacional.

No sé si ese debe ser siempre el camino cuando se recibe un expediente de semejante calibre acompañado por una exhaustiva •Exposición razonada” firmada por la juez Instructora del caso que lleva tres años de investigación de la madeja de corrupción mayor de España. El caso es que el tribunal usa a la Fiscalía para que sea esta la que entre a husmear en “el fondo del asunto” y avale si el TS es competente y si existen indicios suficientes y razonables para proceder a la imputación de los señalados por la juez Mercedes Alaya o en caso contrario se procede al sobreseimiento de la causa abierta contra esas personas aforadas.

Y qué quieren que les diga. Los antecedentes del TS de los casos de personas imputadas de cierta relevancia, salvo casos de flagrante delito, han quedado todos sobreseídos y los señalados se han ido “de rositas” sin que siquiera la Fiscalía haya querido entrar en el fondo de nada por negarse a investigar o calificar las exposiciones de los jueces como insuficientes. Así que en este caso y vista la predisposición de la casta de protegerse mutuamente de los avatares del destino judicial, tras el oportuno control de Tribunales y de la Fiscalia, queda totalmente garantizada la impunidad y todos pueden respirar mas tranquilos.

Ni se ha hecho Justicia con el tema del terrorismo de Estado de los GAL, ni se ha hecho justicia con el caso Faisán, ni se ha hecho justicia con los casos de corrupción y comportamientos mafiosos de relevantes personajes políticos con aficiones hípicas o citas clandestinas en gasolineras. Así que poca esperanza hay de que se haga justicia en este caso donde están implicados cientos de auténticos delincuentes en una red extendida desde la misma Junta de Andalucía. Si se hablaba del “oasis catalán” respecto a la corrupción institucionalizada, tenemos ahora el “oasis andaluz” que no le va a la zaga.

Solo queda confiar en que la más que segura alarma y escándalo social que se produciría si se acuerda el sobreseimiento del caso de los aforados, obligue al Gobierno y al PP a ser más pragmáticos y dejar por una vez que la justicia se abra paso. Al fin y al cabo son gente del mismo partido que no dudaría en haber hecho sangre políticamente en caso de que fueran del PP los pre imputados, exigiendo desde el primer momento su renuncia al aforamiento y su sometimiento a la justicia ordinaria. Curioso que sea ahora cuando Alberto Ruíz Gallardón haya sacado el tema de los aforamientos.

Habrá que esperar acontecimientos y actuar en consecuencia.

La fábrica de independentistas
Nacho Martín www.cronicaglobal.com 5 Septiembre 2014

"Eres una máquina, ¡una fábrica!, de hacer independentistas", me decía hace unos días el conductor de un programa de radio, aprovechando una pausa publicitaria a la que llegábamos después de comentar la actualidad -por no llamarla estanqueidad- política de Cataluña o, lo que es lo mismo, las últimas novedades -por llamarlas de alguna manera- del 'proceso'. "¡Vaya!, y yo que me creía contrario a la secesión...", me dije sin tener claro si tomármelo como un reproche o como un cumplido, más que nada por el incierto tono, no sé si elogioso o admonitorio, de un locutor por lo demás proclive a las tesis independentistas.

Si el razonamiento del locutor fuera plausible, más de un fabricante involuntario de independentistas, aterrorizado por su comportamiento autodestructivo, podría caer en la tentación de echarse a un lado y permanecer callado

Claro que últimamente en Cataluña nada es lo que parece, de suerte que, según el relato dominante, resulta que incluso quienes nos oponemos públicamente a la secesión estamos, en el fondo, contribuyendo como buenos catalanes a materializarla con nuestros argumentos. Una causa que abraza incluso a quienes la impugnamos: ¡eso es una auténtica causa nacional y lo demás son tonterías! Está claro que de nada sirve oponer resistencia al destino manifiesto de una nación, pues todo está escrito. Así pues, se entiende el tono indefinido del locutor al censurarme o, ¡vete tú a saber!, felicitarme por ser una fábrica de independentistas, porque por una parte no dejo de ser un "enemigo de Cataluña" por oponerme a su "libertad", pero por otra estoy haciendo un servicio a la "causa nacional" fabricando independentistas a granel.

En todo caso, si el razonamiento del locutor fuera plausible, más de un fabricante involuntario de independentistas -pues, obviamente, no soy el único-, aterrorizado por su comportamiento autodestructivo, podría caer en la tentación de echarse a un lado, abandonar la producción en serie de separatistas y permanecer callado para no seguir favoreciendo la creación del Leviatán catalán que perfilan Mas y Junqueras.

Más allá de la ironía, el argumento no es nuevo sino que es fiel trasunto de la lógica patrimonialista y autoexculpatoria del nacionalismo, que nunca ha sido otra cosa que independentismo vergonzante. Patrimonialista, porque, autoerigidos en la encarnación del pueblo catalán, los nacionalistas se otorgan a sí mismos el derecho a fijar unilateralmente la agenda política y pública, es decir, a establecer a su antojo de qué toca hablar en cada momento (Això ara no toca, decía Pujol sin ruborizarse). Pero su apropiación de la esfera pública va más allá y, no contentos con delimitar en exclusiva lo que se puede argumentar y lo que no, los nacionalistas se atreven incluso a determinar lo que se puede contraargumentar y lo que no, prevaliéndose de la inercia fatal que, de resultas de ese omnímodo poder institucional suyo que dura ya más de treinta años, les ha permitido distribuir entre los ciudadanos de Cataluña carnés de catalanidad y firmar exclusiones en función de si han abrazado o no el credo independentista.

No aceptan que oponerse a la independencia no implica ser partidario de un Estado unitario y jacobino; que sentirse español no obsta pare sentirse también catalán; o que defender un modelo lingüístico equilibrado entre las dos lenguas propias no supone un ataque al catalán

Por otra parte, la lógica nacional-independentista es autoexculpatoria en la medida en que la inmensa mayoría de quienes la profesan se justifican diciendo aquello de que "yo no era independentista, pero me han obligado a serlo". Semejante explicación denota, de entrada, la escasa confianza de los propios independentistas en la justedad de su causa, pues recurren de continuo a lo que en psicoanálisis se denomina racionalización, que es un mecanismo de autodefensa que se da cuando un sujeto intenta justificar mediante una explicación pretendidamente lógica y aceptable para el resto determinados actos propios que, de otra forma, resultarían difícilmente justificables.

Así pues, el comentario que da pie a este artículo constituye la quintaesencia del discurso independentista, porque, por un lado, pretende acabar con la contraargumentación tratando de convencernos no ya de que perdemos el tiempo oponiéndonos al inexorable destino del pueblo catalán, sino de que con ello perjudicamos nuestras propias ideas. Por otro, atribuir la proliferación independentista a quienes nos oponemos a la independencia implica tanto la renuncia al principio kantiano de la autonomía de la voluntad, como la negación de la responsabilidad de los propios actos. Lo dicho, patrimonialismo y autoexculpación.

El independentismo no necesita que nadie le fabrique partidarios de forma paradójica. Su evolución es el fruto necesario de la pedagogía del odio practicada por los propios independentistas que -más o menos disimulados en función de la coyuntura histórica y sociológica- desde las primeras elecciones autonómicas (1980) siempre han estado en la Generalidad, de un modo u otro. De hecho, durante todos estos años han planteado la política como una guerra sin cuartel entre Cataluña y España, cuyo vencedor debe arramblar con todo sin concesiones, convencidos como están de que la más mínima distensión será interpretada por su imaginario enemigo como muestra de debilidad, por lo que dan por sentado que si el adversario quiere dar la batalla tendrá que recurrir a las mismas prácticas. De ahí que, entre otras cosas, no acepten que oponerse a la independencia no implica ser partidario de un Estado unitario y jacobino; que sentirse español no obsta pare sentirse también catalán; o que defender un modelo lingüístico equilibrado entre las dos lenguas propias de los catalanes, catalán y castellano, no supone un ataque al catalán. Quizá algunos de ellos lo sepan, pero son conscientes de que si lo admiten se acabó la fiesta.

Cataluña
Cinco razones contra la tercera vía del PSC-PSOE
Antonio Robles Libertad Digital 5 Septiembre 2014

Entre ETA y sus víctimas no cabe la virtud aristotélica del justo término medio sino la radical oposición entre ley y crimen.

Las buenas intenciones de Pedro Sánchez expuestas ayer en el Palacio de la Generalidad ante Artur Mas vienen a caer en el mismo error: su tercera vía pretende eliminar "trincheras y monólogos" entre secesionistas, que proyectan violar la legalidad constitucional contra el Estado social y democrático de Derecho, que tiene la obligación de preservarla. Pedro Sánchez debería estudiar historia, empaparse del origen y fines del nacionalismo catalán, y después proponer. Hasta ahora solo ha metido la pata en el tema para sacarla después y volverla a meter... Al menos ha dejado claro que la "soberanía reside en todo el pueblo español" y que “el derecho a decidir en los países democráticos pasa por cumplir la ley”. Algo es algo. Sin embargo, vuelve a caer en la superstición de que cediendo mayor soberanía al nacionalismo se avendrá a convivir definitivamente. De ahí su tercera vía para convertir España en un país federal después de cambiar la Constitución.

Pero ¿qué representa en realidad esa tercera vía más allá de su buenismo? De las ocurrencias del secretario general del PSOE y de las propuestas de su socio en el PSC, Miquel Iceta, se trata de blindar las competencias de Cataluña en educación, cultura, tribunales de justicia y una mejora en el sistema de financiación. Todo ello recogido en un nuevo estatuto que hiciera las veces de una constitución catalana donde se reconociera como nación.

Daré cinco razones por las que esa tercera vía es un disparate contra el bien común de los españoles:

1) Porque si Cataluña fuera la última instancia judicial, la endogamia política haría más difícil perseguir el delito cuando éste afectase a las élites políticas que las habrían modelado a su gusto. ¿Alguien cree que la corrupción de Fèlix Millet o de la familia Pujol hubiera salido alguna vez a la luz pública? Por otra parte, ¿cómo denunciar y lograr sentencias justas contra la exclusión lingüística si ahora mismo ni siquiera acatan las dictadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional?

2) Porque blindarían el sistema educativo y la inmersión. Desde ese mismo momento, el castellano se convertiría en una lengua impropia, dejaría ser oficial en las instituciones y los hijos del 55,1% de catalanes cuya lengua materna es el español no podrían recurrir ni a los tribunales. Estarían fuera del amparo de la Constitución. El adoctrinamiento nacionalista ya no tendría límites, pues el Ministerio de Educación carecería de competencia alguna en Cataluña.

3) El nuevo sistema fiscal estaría diseñado a imagen y semejanza de los cupos vasco y navarro. En vez de eliminar este privilegio, se añadiría otro aún mayor que afectaría al resto de Estados federados (¡..?).

4) Resultado de esas soberanías blindadas, el sistema autonómico actual de corte federal se convertiría en un Estado confederal donde competencias fundamentales del Estado se quedarían reducidas a la mínima expresión o extinguidas por completo.

¿Conseguiríamos un Estado más justo que el que tenemos ahora mismo? ¡No! Desde el punto de vista del santo y seña de la igualdad socialista, rotundamente ¡no! Lo de ciudadanos libres e iguales vivan donde vivan del territorio nacional habría dejado de ser por imperativo legal.

5) Y lo peor, habrían dado a los nacionalistas la intendencia legal, cultural y económica definitiva para construir sin oposición el camino a la secesión. Condenarían a ser extranjeros en su país a los no nacionalistas y no contentaría a los que quieren un Estado propio. La fórmula perfecta para alimentar el conflicto civil.

PD: Si hemos de cambiar la Constitución ha de ser para mejorar la vida de todos los españoles, nunca para contentar a los broncas de siempre para hacer lo de siempre: buscar ventajas. Pedro, eres joven y guapo y sonríes casi tanto como Zapatero. Para cartel electoral eres perfecto, pero España necesita hombres de Estado que no le rían las gracias a quienes quieren saquearlo. No te hagas querer, hazte respetar. Con la Constitución en la mano. ¿Quién ha dicho que tomar decisiones de Estado fuera fácil?

Internacional / Estado Islámico de Irak y el Levante
La OTAN subraya la «obligación internacional» de parar al Estado Islámico
Newport (R. Unido). La Razon 5 Septiembre 2014

El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, subrayó hoy que la comunidad internacional "tiene la obligación de parar" a los yihadistas del Estado Islámico (EI).

"La comunidad internacional en su totalidad tiene la obligación de parar al EI", dijo hoy a la prensa el líder aliado antes del inicio de la cumbre de dos días que la Alianza Atlántica celebra en la ciudad galesa de Newport.

Rasmussen señaló también que "hasta el momento el Gobierno de Irak no ha pedido asistencia, si lo hiciera, estoy seguro de que los aliados de la OTAN estudiarían seriamente esa petición".

También recordó que en Irak hubo "una misión hasta 2011, y si Irak pide la reanudación de esas actividades, los aliados de la OTAN lo considerarán seriamente".

El secretario general de la OTAN valoró "los pasos dados por Estados Unidos y otros países aliados para parar la acción del EI en Irak".

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que asiste a esta reunión, y el anfitrión de la misma, el primer ministro británico, David Cameron, han insistido en la necesidad de unidad para afrontar la violencia del EI, en un artículo publicado hoy en "The Times" tras el asesinato de dos periodistas estadounidenses y la captura de un rehén británico por los yihadistas.

Obama contactará durante la reunión con varios países en busca de aliados para formar una coalición global contra el Estado Islámico, que opera en Irak y Siria, reconoció hoy el Departamento de Estado.

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, ha mantenido ya conversaciones al respecto con sus homólogos de Italia, Australia, Emiratos Árabes, Jordania y Catar, además de con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Desde que Washington comenzase los bombardeos aéreos selectivos a fines de agosto sobre posiciones del EI en Irak, otros países han prestado asistencia en diversas áreas para ayudar a Bagdad a recuperar territorio frente al grupo yihadista que se ha establecido en una franja que afecta al norte del país y parte de Siria.

Por su parte, el primer ministro británico dijo hoy que "no descarta" sumarse a los ataques aéreos estadounidenses contra el EI, aunque subrayó que no es su prioridad, y sí ayudar a los grupos que, como los kurdos, combaten a los yihadistas "sobre el terreno".

"Lo primero que debemos hacer es ayudar a quienes sobre el terreno están luchando contra esta organización", consideró Cameron en declaraciones a la prensa en Newport, al tiempo que indicó que su país ya ha facilitado el suministro de armas a los kurdos.

Agregó que su Gobierno se está "dispuesto a hacer más. Estamos considerando armarles nosotros mismos", así como la posibilidad de ayudar a "instruir a la milicia kurda".

No es nazismo, es peor
Irene Lozano El Confidencial 5 Septiembre 2014

Estuve en Auschwitz hace un mes. Vi los restos de las cámaras de gas, donde se ejecutaba la “solución final” acordada en la reunión de Wannsee. Aquellos asesinatos industriales permitían a las SS soslayar ciertos reparos morales que habían surgido entre sus agentes. Las ejecuciones de prisioneros a punta de pistola, el paredón, el tiro en la cabeza colocaban demasiado cerca al asesino y a la víctima. Cuando se fueron haciendo masivas y con la reiteración de los años, esas muertes empezaron a provocar ciertas incomodidades entre los agentes de las SS, que a veces derivaban en suicidios o alcoholismo.

Las cámaras de gas resultaban por tanto convenientes para mantener las distancias con los judíos y evitar cualquier reticencia de los verdugos: algo así como una orden de alejamiento que pide el asesino para resguardarse de su propio crimen. En Auschwitz, los prisioneros hacían un recorrido que se asemejaba a una revisión médica para acabar entrando ellos solos –apenas algún grupo se rebeló– en la cámara donde, según les habían explicado, tomarían una ducha. En seguida se liberaba el Zyklon-B y caían muertos.
Pensábamos que ningún horror podía superar al nazismo y estamos descubriendo que los asesinos del EI todavía prefieren degollar a sus víctimas con sus manos

Me vinieron a la memoria esos reparos de los agentes de las SS cuando hace unos días Manuel Martorell definía las prácticas del Estado Islámico (EI) como “nazismo islámico”. La denominación aún se queda corta para ese EI al que no abarcan las etiquetas de “grupo terrorista”, “grupo yihadista extremista”, “milicia armada”. Ningún sintagma ha conseguido aún encerrar con precisión esta barbarie. Pensábamos que ningún horror podía superar al nazismo y estamos descubriendo que los asesinos del EI todavía prefieren degollar a sus víctimas con sus manos. Marcan para la muerte a los infieles, los crucifican, violan a las mujeres. Están matando por cientos a los iraquíes y sirios que no se convierten a su versión del islam. Galvanizan a los niños para convencerlos de que se conviertan en yihadistas y mártires, como muestran algunos vídeos (terroríficos pero no escabrosos, por si los quieren ver). Convencidos del servicio que prestan a la limpieza religiosa del mundo, todo reparo humano queda disipado. Si el nazismo instauró la aniquilación industrial del diferente, el EI vuelve a la matanza artesanal, al criminal fieramente orgulloso de sentir los estertores del infiel.

Se trata de una crueldad que infunde terror a cinco mil kilómetros de distancia. Esas milicias integraban hace unos meses no más de 8.000 personas y hoy cuentan con 60.000. En pocas semanas han decapitado a dos periodistas freelance, James Foley y Steven Sotloff. Para los que no entienden anglicismos, en este contexto, freelance significa periodista precario, siempre entre la inseguridad y la quiebra cuya memoria no será reivindicada por ningún medio, caso de ser asesinado en el ejercicio autónomo de la profesión. A ambos les faltó esa pertenencia pero es obligado rendirles homenaje. La milicia salvaje del EI estremece al mundo decapitando ante nuestros ojos a los más libres de quienes ejercen una profesión fundamental para la libertad de todos los demás. Tiene sentido. El asesinato es aquí acción propagandística inequívoca: su enemigo es la libertad.

Posible alianza
Las 20 condiciones de UPyD para pactar con Ciudadanos
El Consejo Político de este sábado debatirá un documento con exigencias internas y programáticas
 www.lavozlibre.com 5 Septiembre 2014

Madrid.- Los 150 miembros del Consejo Político de UPyD, reunidos con carácter extraordinario, debatirán este sábado un documento de cuatro folios en el que se recogen las 20 condiciones de la dirección del partido para explorar una posible alianza electoral con Ciudadanos (o cualquier otra formación).

Rosa Díez, portavoz y máxima dirigente de UPyD, se vio empujada la semana pasada a convocar para el 6 de septiembre un Consejo Político extraordinario. Lo hizo tras la bronca interna suscitada por la publicación de una carta abierta del portavoz europeo del partido, Francisco Sosa Wagner, en la que este reclamaba, por primera vez, que UPyD estudiara la posibilidad de aliarse con Ciudadanos en próximas elecciones.

El diario 'El País' publcia este viernes el documento que la dirección someterá a aprobación y que recoge las condiciones para ese hipotético pacto. Fuentes de UPyD señalan que el documento que se debatirá el sábado es un texto "de mínimos" y que en principio es irrenunciable:

- UPyD solo pactará con partidos "de ámbito y proyecto político nacional".

- El partido deberá tener un "funcionamiento democrático de calidad", lo que se traduce según el documento en: la celebración de primarias para elegir a cargos públicos y orgánicos; la existencia de órganos internos de control; la exclusión de las listas electorales o cargos públicos u orgánicos de aquellas personas para las que se haya dictado la apertura de juicio oral por corrupción; y la prohibición de cobrar sueldo público y orgánico al mismo tiempo.

- Medidas de transparencia: publicación en la web del partido de las cuentas anuales, los gastos e ingresos electorales, las nóminas de los cargos públicos y las asignaciones recibidas por los grupos institucionales.

- Un decálogo de exigencias programáticas: reforma de la ley electoral para hacerla más proporcional; defensa de la soberanía nacional y de la unidad de España; defensa de la laicidad del Estado; reforma constitucional para alcanzar un "sistema federal, simétrico, solidario y cooperativo"; la supresión de los "derechos históricos, así como de los regímenes fiscales privilegiados existentes o nuevos (por ejemplo, el concierto vasco); la modificación del sistema competencial, "retornando al Estado las competencias de educación, sanidad y justicia"; la garantía de libre elección de la educación en lengua materna en las comunidades bilingües; la supresión de entes públicos "duplicados o superfluos", fusión de municipios y supresión de Diputaciones; el rechazo al "reparto partidista" de las cúpulas judiciales y los organismos reguladores; y la lucha contra la corrupción, expresada en la supresión de todos los aforamientos, la creación de los delitos de financiación ilegal de los partidos y enriquecimiento ilícito de los cargos públicos, el reforzamiento del régimen de incompatibilidades de cargos públicos y la reforma de la figura del indulto.

Lengua federada
Nota del Editor 5 Septiembre 2014

Conmigo que no cuenten: defensa de la soberanía nacional y de la unidad de España bajo un sistema federal, simétrico, solidario y cooperativo es claramente cachondeo federal. Federal me gusta si me permiten tener mi propia federación; simétrico me gusta si me ponen delante algún ricacho según la revista Forbes; solidario si me permiten disfrutar del yate del ricacho y  no me quitan mi bicicleta y cooperativo si tengo cerca a gente que trabaje y haya trabajado al menos como yo, así que UPD no es para gente que valore el sentido común, la unidad de España, la libertad, el respeto al trabajo y a la propiedad.

El segundo punto es la expresión de la vacuedad de principios de los políticos: ¿ que significa "garantía de libre elección de la educación en lengua materna en las comunidades bilingües ? seguro que no significa que no habrá obligación de estudiar la lengua regional, y si permiten que algunos puedan elegir la lengua regional como lengua vehicular, significa que los profesores deberán serlo por ser hablantes de tal lengua, las instituciones deberán atender en tal lengua, los funcionarios deberán ser hablantes de tal lengua, y como ahora, las regiones que tienen lengua recional son para los que la hablan, los que no la hablan, son, se sienten expulsados de la región como apestados ciudadanos de cuarta clase.

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Podemos, o la izquierda borrica
José Javier Esparza www.gaceta.es 5 Septiembre 2014

Podemos no se parece tanto al viejo PCE como a la aún más vetusta y atávica CNT, la cepa del anarquismo español, aquella formidable colección de utópicos carniceros.

A ellos les gustaría verse como el PCE de los años heroicos: un compacto y disciplinado bloque de lucidez implacable, armado con el fanatismo de saberse vanguardia del proletariado. Pero uno ve a sus bases, lee las declaraciones de sus dirigentes, escucha los comentarios de sus militantes y constata que Podemos no se parece tanto al viejo PCE como a la aún más vetusta y atávica CNT, la cepa del anarquismo español, aquella formidable colección de utópicos carniceros que chapoteaba en sangre –propia y sobre todo ajena- mientras declamaba poemas a las florecillas del campo. Podemos no es la izquierda científica; Podemos es la izquierda borrica.
Una vieja historia

En España siempre ha habido una izquierda obtusa, bruta, borrica, cerril. Una izquierda del instinto, la hoguera y el tiro a bocajarro. Los liberales que quemaban conventos y mataban frailes en el Madrid de 1834 –y el año siguiente en Barcelona y Zaragoza-, los chalados del cantonalismo de la I República, los anarcosindicalistas de la Restauración, etc. Los gorros y las banderas son distintos, pero la pasión es siempre la misma. Son gente que no construirá nunca un Estado, ni falta que les hace: lo suyo es romper lo que hay para dar rienda suelta a un instinto destructor, a un resentimiento que anida en lo más hondo del alma. De nada sirve discutir de ideas con ellos: la ideología, en su caso, sólo es la cobertura retórica de un pathos nihilista.

Por eso, también, están dispuestos a creerse cualquier fabula siempre y cuando avive el fuego. Ayer eran las monjas que envenenaban caramelos para matar a niños proletarios y hoy son los policías que meten droga en el País Vasco para corromper a la sana juventud abertzale. En los primeros años 80, una conspicua dama del PCE madrileño trató de convencerme de que el exponencial aumento de la delincuencia que vivía España no se debía a la excarcelación de presos preventivos ordenada por el ministro socialista Ledesma, sino a que unos señores de Fuerza Nueva muy ricos y muy malos pagaban a los gitanos (sic) para que cometieran delitos y, así, desestabilizar al Gobierno del PSOE. Lo más triste es que, probablemente, aquella dama estaba convencida de que semejante disparate era verdad, igual que los muchachos de Podemos se tragan hoy la historia de la policía narcotraficante en Euskal Herria y cualquier otra matraca. El rencor provoca alucinaciones. Esta veta del temperamento nacional despierta cuando las cosas se tuercen hasta el punto de la desesperanza. Por ejemplo, hoy.
Metafísica del rencor

Decía el venerable Vilfredo Pareto que detrás de cada idea hay un instinto, y que las ideologías (políticas) no son sino construcciones racionales elaboradas a partir de sentimientos instintivos, primarios, irracionales. Cuanto más vehemente es el instinto y más primaria la construcción racional, más se ve el hueso del sentimiento bajo el ropaje de las ideas. En el caso de la izquierda, esa pulsión instintiva suele ser el rencor, el resentimiento (justificado o no) de los “parias de la tierra”, y su ideología se manifiesta habitualmente como voluntad de redención universal, tanto más utópica cuanto más primitiva. Como el género humano tiende a no dejarse redimir, el redentor traduce su resentimiento en violencia desatada, y ahí nos caben buena parte de las grandes matanzas que el mundo ha conocido.

Toda la Historia de las Ideas está salpicada por corrientes de este tipo, desde la Liga de los Elegidos de Tomás Müntzer hasta los jemeres rojos de Pol Pot pasando por los jacobinos de “la Terreur”. El anarquismo español, que tintó en sangre nuestra Historia desde finales del XIX hasta los años 30 del XX, forma parte de la siniestra cofradía. Vale la pena recordar cómo era aquella gente: idealista, utópica, fanática, y paralelamente sanguinaria, criminal, salvaje. Todas las grandes figuras del anarquismo –Durruti, Ascaso, García Oliver, etc.- son ante todo homicidas con buena conciencia: el resentimiento (instinto) les lleva a matar y la revolución (la ideología) les procura un bálsamo reparador. Es el mismo mecanismo psicológico por el que Pablito Iglesias (pongámosle el diminutivo para distinguirlo del homónimo precedente) quiere partirnos a todos la cara so pretexto de “justicia proletaria”. El muchacho sabe lo que su público quiere. Todo un programa de regeneración democrática, ¿verdad?

Un rasgo característico de estas ideologías del “santo rencor” es que no admiten refutación intelectual. Quiero decir: claro que es posible refutarlas, pero se trata de un ejercicio inútil porque el militante no actúa por ideología, sino por instinto, y con los instintos no se puede discutir. Sobre este patrón mental el marxismo añadió una pretensión científica superior: se trataba de alumbrar una filosofía positiva invencible, y ahí radicó su vigor hasta que tal filosofía se mostró falsa. Pero el anarquista se mueve por potencias telúricas, más profundas: en realidad le importa un bledo que su ideología esté equivocada, que sea irrealizable –por ejemplo, que su programa económico resulte inviable- o venga construida sobre errores de base. Para él la ideología sólo es un relato –cuanto más simple, mejor- que le provee de una armadura racional en la que envolver la fuerza del resentimiento. Por eso es inmune al choque con la realidad. Y cuando la realidad le decepciona, no duda: la suprime. Dostoievski ejemplifica este mecanismo psicológico en el Schatov de “Los demonios”: Schatov tiene tan alto concepto del género humano que cuando un hombre de carne y hueso se muestra como es –débil, voluble, frágil, mezquino- no duda en abofetearle en público. A la realidad hay que violarla hasta que se adapte a la idea. Y si no, se la extermina.
“La bárbara robustez del instinto”

A Pablito Iglesias le gustaría ser el cerebro que, como un nuevo Lenin, venga a dotar a los parias de la tierra de un discurso redentor. Por desgracia para él (y para todos), sus parias no quieren un discurso, sino una liberación de rencor bruto. A lo mejor conviene recordar a los líderes de Podemos cuál fue el destino de Manuel Azaña, aquel imprudente que, enaltecido en su soberbia, soñó con ser la “inteligencia” que otorgara un sentido a los “brazos del hombre natural, en la bárbara robustez de su instinto elevado a la tercera potencia a fuerza de injusticias”, según decía el pobre diablo en sus discursos del Ateneo en noviembre de 1930. Al final, como es sabido, los “brazos del hombre natural” pasaron de cualquier inteligencia y se dedicaron a hacer la revolución por su cuenta, convirtiendo la II República en un trágico disparate y reduciendo al propio Azaña al grotesco papel de una amarga marioneta.

Iglesias lo sabe, claro, y por eso insiste en imponer una especie de ciberleninismo –lo dice Antonio Elorza, que algo sabe del asunto- sobre esas bases borricas y cerriles que la crisis del capitalismo global le ha puesto en las manos. Todo será inútil: el temperamento posmoderno, tan individualista, tan narcisista, tan hedonista, tan volátil, se adapta mal a las exigencias disciplinarias. Por el contrario, se siente comodísimo en la protesta que se agota en sí misma, en el ombliguismo de la contestación, en el onanismo infantil del anarquismo. Por eso Podemos nunca será un partido de gobierno. Pero, por el camino, podrá fácilmente seducir a un 20% de la población dispuesta a convertir su resentimiento vital en potencia destructiva. Y a su paso sólo dejará cenizas.

La avaricia rompe el saco
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 5 Septiembre 2014

Sobre el derrumbamiento del mito Pujol, que ha pasado en pocos días de padre de la patria catalana a delincuente, existen dos interpretaciones. Según la primera, la ruptura del pacto de la Transición por parte del nacionalismo catalán al emprender su ofensiva separatista, ha levantado la veda que existía sobre las trapisondas y las corruptelas del gran Ubú, y el CNI y la Udef han recibido luz verde del Gobierno para acabar con el provecto referente del secesionismo.

De acuerdo con la segunda, el estrechamiento del cerco de la Agencia Tributaria y de los servicios de inteligencia sobre la familia del Molt Honorable habría sido el desencadenante de su huída hacia adelante poniéndose al frente da la manifestación en pro de la desaparición de España. Las dos posibilidades son dignas de consideración y el resultado final el mismo: Pujol e hijos ante el juez y el desprestigio general del movimiento independentista convertido de pronto en un gigantesco latrocinio encubierto por la senyera.

La primera es la más probable porque la sospechosa ceguera de los sucesivos Ejecutivos centrales de los últimos treinta años ante el cobro masivo de comisiones por parte de Convergencia y su carismático sumo pontífice no tenía por qué interrumpirse si no se hubieran dado circunstancias realmente extraordinarias.

Dicho de otra forma, durante décadas los partidos del sistema han cometido todo tipo de desmanes, financiación ilegal, enriquecimientos personales escandalosos, saqueo de las Cajas de Ahorros y demás abusos y fechorías, y durante todo este tiempo ha reinado una omertá sólo alterada por algún juez honrado o algún medio de comunicación auténticamente independiente. Por consiguiente, en condiciones normales, es decir, la explotación conjunta del Estado por la partitocracia, no tenía por qué producirse ningún ataque letal hacia uno de los miembros de la banda procedente de otro.

Ha sido evidentemente la falta de respeto de los nacionalistas catalanes a las reglas de juego entre mafiosos la que ha acarreado la ruina al que fuera proclamado en su día Español del Año. Mientras todos bebían ansiosos del abrevadero público, nadie se metía con el vecino, pero en el momento en que Convergencia se lanza al delirio rupturista poniendo en peligro la estabilidad y previsibilidad del conjunto, entonces se acaban las permisividades cómplices y empieza la guerra a muerte.

En esta lucha despiadada, Pujol y su organización tienen las de perder porque la maquinaria del Estado es demasiado poderosa para ser neutralizada por una pandilla de rateros provincianos, por mucho que saquen a la calle a multitudes fanatizadas por sus engaños.

El problema era que hasta hoy esa maquinaria no había sido utilizada contra los nacionalistas porque estos eran parte del tinglado. A partir del instante en que hacen trizas la baraja y creen que se pueden quedar con todo el botín de su nacioncilla inventada, cae sobre ellos la furia del Olimpo, que, como todo el mundo sabe, está en Madrid.

Todos los que hemos combatido infructuosamente al nacionalismo en los frentes ideológico, cultural y político desde que volvió a asomar la cabeza tras el cambio de régimen en 1978, y lo hemos hecho siempre bajo fuego supuestamente amigo, podemos por fin descansar satisfechos. Se va a hacer justicia, no por un súbito afán regenerador, sino porque la avaricia rompe el saco.

Blindar la convivencia, no las lenguas
En algún momento hay que abordar la cuestión lingüística con sensatez y ecuanimidad. Su uso para fines políticos ha envenenado la convivencia y malgastado las energías ciudadanas hasta límites inauditos
Juan Claudio de Ramón / Mercè Vilarrubias El Pais   5 Septiembre 2014

Diferentes analistas políticos han señalado que, después de la más que previsible no consulta del 9 de noviembre, es muy posible que se abra una etapa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Sobre el fondo y la forma de ese diálogo se han avanzado numerosas opiniones, pero casi todas parecen incluir estos dos asuntos: mayor autonomía fiscal de Cataluña y blindaje de las competencias en lengua. En este artículo queremos examinar la segunda cuestión y proponer una posible respuesta por parte del Gobierno a esta petición de blindaje del catalán.

Cabe, en primer lugar, preguntarse qué significa blindar una competencia. Podría tratarse meramente de establecer un reparto categórico de competencias entre niveles de gobierno. La política lingüística quedaría en manos de la Generalitat, asunto sobre el cual el Gobierno y las Cortes tendrían vedada la iniciativa. Tal reparto no tendría, en principio, nada de insólito, y es usual en una concepción federal del Estado que ya está presente en nuestro ordenamiento autonómico. Sin embargo, el empleo del dramático verbo blindar (ajeno a la tradición federal) nos sugiere que se pretende otra cosa distinta. No ya la renuncia de los poderes Ejecutivo y Legislativo a legislar en el ámbito estatal sobre la lengua, sino la inhibición del poder Judicial a la hora de enjuiciar la constitucionalidad de las leyes que emanen de órganos del autogobierno catalán, con la consecuente exclusión de la posibilidad de que los tribunales puedan conceder amparo a los ciudadanos que estimen sus derechos dañados por la normativa catalana. En definitiva, por blindaje el nacionalismo parece entender la suspensión de la jurisdicción constitucional en determinadas áreas en las que no quiere intromisiones de los jueces. En ese sentido la técnica del blindaje no tiene nada de federal —es, de hecho, antifederal—, y los federalistas harían bien en no replicar el lenguaje nacionalista.

El federalismo no blinda competencias. Se entenderá con un ejemplo: recientemente, un tribunal federal de EE UU ha estimado que la ley que prohíbe el matrimonio homosexual en Florida es inconstitucional, dejándola sin efecto. Ello, sin perjuicio de que el derecho de familia es estricta competencia del Estado de Florida. Así funciona el sistema en el país que es cuna del federalismo. Y ese es, precisamente, el molesto problema que tiene la Generalitat: que un grupo, no tan pequeño como se pregona, de ciudadanos catalanes considera que la normativa lingüística catalana vulnera derechos civiles y, tal y como harían en cualquier país federal, recurren a los tribunales. Actualmente, hay ya una larga serie de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a favor de una tímida enseñanza bilingüe que, como es sabido, son recurridas ad eternum por la Generalitat o, sencillamente, desacatadas.

Por lo demás, el uso del término blindaje sugiere en quien lo emplea el sentimiento de estar asediado. Actualmente, miles de ciudadanos están persuadidos de que el catalán es repetidamente atacado y menospreciado por el Estado y sus instituciones. Y este supuesto maltrato es esgrimido por políticos y opinadores nacionalistas como una razón de peso para adherirse al proyecto independentista. En nuestra opinión, el relato del ataque al catalán no se ajusta a la realidad y los datos de los que disponemos lo desmienten. Por ejemplo, los dos últimos informes del Consejo de Europa sobre la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (2008 y 2012) sitúan a España como un país que ha cumplido con creces los requerimientos de la Carta con los que se comprometió. De igual manera, ningún otro informe internacional indica que el Estado viole la Carta Europea o contravenga recomendaciones internacionales sobre la promoción de la diversidad lingüística en los países plurilingües.

¿Significa lo dicho que no hay nada más que hacer en el tema de las lenguas aparte de descartar esta propuesta de blindaje, que violenta gravemente cualquier lógica federal? No; desde nuestro punto de vista, no debería llegarse a un punto muerto en las negociaciones. Hay algo que el Gobierno puede hacer: tomar la iniciativa y proponer un diálogo que, a medio plazo, conduzca a un amplio acuerdo respecto a las lenguas en España y un cambio en la cultura lingüística del país.

En algún momento, el tema de las lenguas debe poder abordarse en España con sensatez y ecuanimidad. Para convencerse de que este debate es ya inaplazable basta percatarse de un hecho objetivo fácil de constatar: si algún día el Estado que compartimos se desintegra, la ruptura se habrá producido por sus lindes lingüísticas. El enfrentamiento de las lenguas y su uso para fines políticos ha envenenado la convivencia y malgastado la energía ciudadana hasta límites inauditos. No hemos logrado desarrollar una cultura lingüística que valore el plurilingüismo de España y de sus comunidades bilingües y lo perciba como una riqueza cultural de todos los ciudadanos y un importante recurso individual. Ha sucedido lo contrario: desde la Transición han aumentado los garrotazos y la manipulación sectaria del debate. Ningún partido se ha distinguido por tener altura de miras y voluntad de equidad con este tema. Tampoco en las comunidades bilingües los Gobiernos autónomos han actuado siempre de manera respetuosa con el bilingüismo. Al contrario, han optado en numerosas ocasiones por programas promonolingüismo, que excluyen el español y se sostienen en razonamientos —hoy ya consignas fosilizadas— que no resisten un análisis objetivo. Existen, pues, suficientes razones para promover una gran conversación sobre las lenguas en España, intentar reconducir la política lingüística hacia fines de convivencia e interés ciudadano, con respeto a los derechos lingüísticos de todos. Y las soluciones ni son difíciles de imaginar ni son imposibles de poner en práctica.

Así pues proponemos que el Gobierno tienda la mano a la Generalitat y proponga hablar sin condicionantes sobre las lenguas, incorporando a la discusión a las demás comunidades autónomas, a los partidos y a la sociedad civil. Un primer objetivo a corto plazo podría consistir en una explicitación de qué ha hecho y qué no ha hecho realmente el Estado y sus instituciones a favor del catalán, en concreto, y de la realidad plurilingüe de España en general. Por lo que a esto respecta, los datos que tenemos nos permiten plantear que desde la aprobación de la Constitución de 1978 el Estado ha hecho bastante más de lo que parece por el catalán, el gallego y el vasco pero que podría hacer más, aprendiendo de las mejores prácticas de otros países con un patrimonio lingüístico similar.

Desde nuestro punto de vista, si bien el Estado no ataca y menosprecia las otras lenguas españolas, sí se muestra distante e indiferente. En realidad, el Estado nunca se ha pensado a sí mismo como plurilingüe. Sus élites entienden que hay una lengua común, que es en la única en la que debe operar la Administración central. Cierto, existen otras lenguas, pero son únicamente patrimonio de las comunidades bilingües: allí es donde se hablan y allí deben gestionarse sin incurrir en excesos; los ciudadanos de las zonas monolingües no tienen nada que ver con ellas y pueden vivir de espaldas a la cultura que está cifrada en las lenguas distintas del castellano. En nuestra opinión, éste sería precisamente el gran reto a largo plazo para el Gobierno: el lograr cambiar esta actitud y ser capaz de sentar las bases de una política lingüística desde el Estado que fomentara y valorara el plurilingüismo en todo el país y lo hiciera posible en la práctica. Por su parte, las comunidades bilingües se comprometerían a modificar sus programas de máximos y a respetar el bilingüismo de sus territorios.

El principal escollo para abrir un diálogo es, sin duda, la fuerte oposición de la Generalitat a modificar el más mínimo aspecto de su política lingüística, una política que es ya totalmente cautiva de la ofuscación y el dogmatismo. Quien sí tiene las manos libres es el Gobierno. Puede optar por no hacer nada o por liderar una gran reforma sobre el tratamiento de la diversidad lingüística en España. Tal reforma terminaría plasmándose en una Ley de Lenguas Oficiales, cuyo objetivo sería blindar la convivencia, no las lenguas.

Mercè Vilarrubias es catedrática de Lengua Inglesa en la Escuela Oficial de Idiomas Drassanes de Barcelona, y Juan Claudio de Ramón es diplomático.

Méritos por matar

Blas Piñar Pinedo  latribunadelpaisvasco.com 5 Septiembre 2014

En España mucha gente se ha preguntado por qué todo un Estado con sus espías, sus medios, su tecnología, sus aliados y sus instituciones no ha sido capaz de acabar con el terrorismo de ETA. Con esto pasa como con la ciencia o la teología, que solo consigues respuestas adecuadas si haces las preguntas correctas...

No tiene sentido preguntarse por qué no se ha acabado con ETA, porque es evidente que no se ha querido. Pero claro, entonces surge el verdadero problema, porque muchos no quieren plantearse el interrogante preciso: ¿por qué no han acabado con ETA? O también, ¿por qué y para qué existe ETA?

Que una serie de desgraciados sin peinar y con pendientes crean que así viven la auténtica tradición de lo que se llamaba con toda propiedad provincias Vascongadas no tiene nada de especial, salvo que demuestra el descomunal lavado de cerebro por unos intereses verdaderamente repulsivos. Pero ETA es algo más que sus marionetas, ETA es una pata más del consenso del 78, y quien quiera argumentos que busque desde Google las contundentes razones del sabio profesor Dalmacio Negro. Por eso no extraña que Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, en unas recientes y contundentes declaraciones, afirme con toda autoridad y verdad: “Los asesinatos son méritos para llegar al Parlamento”. Por otra parte, conviene recordar las clarísimas palabras de Francisco José Alcaraz, presidente de Voces Contra el Terrorismo, en una de esas manifestaciones multitudinarias cuando se protestaba masivamente contra Zapatero por lo que hoy, demasiados, perdonan a Rajoy: “El objetivo de ETA es la destrucción de España, y coincide con el de una gran parte de la izquierda española”.

Desde esta óptica, repasando la historia desde que se ideó esta partitocracia corrupta coronada, el terrorismo cobra todo su sentido y se percibe en el humo de las pistolas el aliento asqueroso de su aliado siniestro. Así, todos los gobiernos han accedido a negociar, pactar o premiar a los etarras y, precisamente por eso, cobran toda lógica las hojas de ruta, las excarcelaciones y los faisanes de todos los partidos, así como las repugnantes fotografías de cargos públicos del Partido Popular bailando o tomando copas con gente de Bildu y, también, cuando se nos aparecen entregando a un terrorista el acta del escaño en el que se sentaba el inolvidable Gregorio Ordóñez... Es urgente que esto se comprenda: en el consenso contra la nación, es decir, contra España, asesinar es un mérito y los etarras tienen una hoja de servicios llena de méritos por matar.

Cataluña
La piel gruesa
José María Albert de Paco Libertad Digital 5 Septiembre 2014

Preguntado en la emisora RAC1 por el modo como despiertan en Cardedeu a los regidores del PP, el jefe de fusileros del lugar rezongó: "És que aquests del PP tenen la pell molt fina". En catalán, decir de un individuo que tiene la pell fina (piel fina) equivale a calificarlo de susceptible o, más precisamente, de picajoso. El entrevistador, en desenvuelta conchabanza con el trabuquero, dijo de la "prensa española" que había puesto el grito en el cielo y describió el suceso como un "incidente". Al punto, y convencido de que la palabra incidente tenía demasiada extensión para designar lo que, a su juicio, era una minucia, puntualizó: "Bueno, incidente por llamarlo de alguna forma".

La anécdota ilustra a las claras el fastidio con que el nacionalismo sobrelleva lo que, con arreglo al principio de ciudadanía, no son sino denuncias legítimas. Una cuadrilla de nativos disfrazados de carlistas se detiene frente a la casa de un cargo electo y teatraliza su ejecución, pero el escándalo (¡la prensa española!) no es culpa de los bravíos matasietes venidos del siglo XIX, sino del irascible político que habita el XXI.

Por descontado, lo que sirve para este representante de la voluntad popular también hace al caso para esos padres que, amparándose en la ley, vienen reclamando que a sus hijos les sean impartidas en castellano la mitad de las asignaturas. Sin duda, individuos afectados por una patológica renuencia a "entender a los catalanes" (expresión, por cierto, que empieza a guardar un vinagroso parecido con esa otra, tan propia de los westerns, de "a ver si te vas enterando de cómo hacemos aquí las cosas"),

En cierto modo, no importa si un guionista televisivo tirotea una fotografía de Juan Carlos I en TV3, o si esa misma televisión pública actúa de vocera del Llamado Proceso (cuando no de promotora del mismo), o si un actorcillo escupe en Twitter no sé qué de un bukake catalán a la vicepresidenta Soraya, o si una señora le suelta un tortazo en plena calle al secretario general de los socialistas catalanes... Para los soberanistas, se trata exclusivamente de lances del juego y, como es sabido, lo que pasa en el campo se queda en el campo.

El déficit democrático que lastra al nacionalismo, a cualquier nacionalismo, tiene que ver, precisamente, con la justificación reiterada de lo que, en puridad, no son más que quebrantamientos de la ley o, cuando menos, improperios de toda laya cuyo objeto es el menoscabo de la convivencia. Por lo común, el homo patrio da su brazo a torcer y admite que sí, que tal vez ha habido un error en las formas o una insuficiente contextualización que ha dificultado la comprensión del chiste, del puyazo, de la parodia. Sin embargo, a continuación no puede reprimir un "Ahora bien, no me negarás que tenéis la piel muy fina". Las reglas del juego, así, quedan reducidas a un trámite más o menos engorroso, a un irritante ceremonial que no se distingue en exceso del protocolo que se estila en la recepción en una embajada. Una pauta para redichos con la que uno tiene que cumplir, sí, pero sin el menor entusiasmo. No en vano, qué mejor que un pelotón carlista que muestre de verdad cómo somos, que se quiten las florituras. Ya lo decía una pintada falangista en la barcelonesa calle Lérida, a mediados de los setenta: "Sólo los hombres dicen no a la Constitución".

Volviendo a los despertares de Cardedeu, habría de bastar, para desmentir que todo fuera un divertimento de carácter folclórico, la evidencia de que el concejal Jaime Gelada no iba disfrazado de nada.

La chapuza cooficial

celso ferreiro La Opinion 5 Septiembre 2014

La cooficialidad lingüística, de la que tanto ha blasonado Núñez Feijóo por emisoras y canales nacionales, no ha alcanzado a la toponimia, como lo prueban dos señalados episodios: un en Sanxenxo; el otro, en Riveira. Días pasados, el presidente del Gobierno, veraneante hace añares en el municipio pontevedrés, acudió al Real Club Náutico de la localidad para hacerle entrega de la Placa al Mérito Deportivo. En sus palabras, Rajoy aludió, como siempre, a "Sanjenjo". Entre "Sanjenjo" y "Sanxenxo" transcurrieron los discursos, cuyo acontecimiento tuvo reflejo en Antena 3, que se refirió a "Xanxenxo" con la misma soltura que la TVG cita a "Xetafe" y a "Elxe". En Santa Eugenia de Ribeira (como dicen los normalizadores) y Riveira, según el Ayuntamiento, llevan más de 30 años a la greña. El topónimo con "V" fue aprobado en 1984, tras un documentado estudio llevado a cabo por el cronista oficial y eximio erudito Carlos García Bayón. El topónimo con "B", lo elaboró la Xunta, al parecer modificando la historia sin fundamentos sólidos. Algo similar sucedió con "Pobra", que sustituyó a "Puebla" y ahora pretenden popularizar con Arousa, "Arosa" a nivel nacional, la ría más crucigramera. Ni la ortografía, ni la gramática, ni la historia pueden modificarse por ley, ni tampoco utilizar el vernáculo como elemento de exclusión. No hay en la actualidad ningún cabildante nacionalista capaz de imponer polvo por pulpo, porque la realidad no cede al sectarismo ni a los memoriosos históricos, tan proclives de repartir su quehacer entre inhumaciones y exhumaciones. Cúmplase la cooficialidad con la rotulación en las dos lenguas, no vayamos a tropezarnos como en Riveira con un alcalde auténtico, no con un sucedáneo. El ejemplo del modelo uniformizador del monolingüismo catalán, debiera llamarnos a la reflexión. Quienes por estos pagos dicen defender el vernáculo debieran explicarnos qué han hecho para activar y enriquecer la vida de nuestro idioma regional hoy carente de modismos y refranes, tan deteriorado fonéticamente.

Otrosidigo
Las ayudas al alcalde digital de Santiago se suceden: la Diputación, 112.000 euros para promoción de la ciudad, 300.000 para reparar colegios, suma otorgada por el conselleiro de la bufanda, el de Educación.

El fin del mito catalán
Javier Orrico Periodista Digital 5 Septiembre 2014

El trimestre que se avecina pasará a la Historia como el que culminó el fin de un mito: el del catalanismo como opción regeneradora frente al agotamiento castellano. Durante más de un siglo nos han sacado los higadillos y nos han usado como una especie de territorio colonial, al amparo de la supuesta superioridad catalana (la vertebración social, la laboriosidad, la iniciativa, la europeidad, la industria y, sobre todo, el civismo) sobre las atrasadas estepas castellanas y los sures pobres y resecos de la España aún rural. Nos vendieron el mito junto a las telas y las longanizas, a las que llaman ‘espetec’, el término con el que han acabado hasta con la imperial de Lorca, muy superior en todo a sus equivalentes catalanes.

Han bastado treinta (los del Tiempo de TVE, fichados por ZP de la TV3, no saben decir más que ‘trenta’) años de nacionalismo, de autogobierno, de poder aplicar y expresar la plenitud de esa supuesta superioridad, para que se aprecie ya incontestable la inmensa estafa histórica sobre la que ejercieron su hegemonía y hasta nos impusieron un modelo de Estado, el autonómico, hecho para su gusto austracista. La regeneración del catalanismo ha consistido al final en un magnífico salto de trescientos años hacia el pasado. Desde la Cataluña rica y plena posterior a la Nueva Planta, hasta la Cataluña pobre e irrelevante del Barroco.

En realidad, lo que ha revelado el caso Pujol, simple metonimia de una sociedad gangrenada, es lo que ya sabíamos: que los nacionalismos son uno de los modos más efectivos (el otro es la salvación y el bien del pueblo) de instalación de mafias. Han alimentado al peor de los contramitos catalanes, el del afán inmoderado por el dinero, el de una sociedad que nos hacía creer en su honradez como principio de prosperidad, para revelarse como piara (los cerdos de la Granja de Orwell) de ladrones. El país del ‘nord’ de Espriu, el país soñado y limpio, era para nosotros aquella enorme fábrica alrededor de Barcelona. Sus albaceas lo han saqueado. Desde hoy, Cataluña ya no será nunca más el horizonte de nuestra esperanza. Si acaso, el de nuestra vergüenza.

Definición del valenciano
Enrique Arias Vega www.elsemanaldigital.com 5 Septiembre 2014

La Academia Valenciana de la Lengua ha sido amenazada por la consejera autonómica María José Català con quedarse sin presupuesto el año que viene si no modifica su definición del idioma valenciano: "Lengua románica" que hablada fuera de la Comunidad Valenciana "recibe el nombre de catalán".

Los 21 académicos de la —al parecer— prescindible institución, corren el riesgo de quedarse sin el pan y la sal en esta dura época de crisis y paros varios. No entiendo, pues, por qué se meten en estos berenjenales: lo cómodo hubiese sido preguntar al Gobierno regional qué definición quería o, mejor aún, que fueran sus funcionarios quienes redactasen el diccionario completo, con sus notas de pie de página incluidas.

Esta consideración no es baladí, pues ya hace años, un predecesor de Català en la Consejería de Educación, Font de Mora, irrumpió en un pleno de la Academia para impedir que adoptase una resolución que no agradaba a Paco Camps.

Todos estos líos son, precisamente, los que quiso evitar el entonces presidente autonómico Eduardo Zaplana cuando se instituyó la Academia en 2001 tras acordarlo con el líder socialista, Joan Ignasi Pla. Después de muchos años de enfrentamientos —no sólo doctrinales— entre unionistas y secesionistas del valenciano y el catalán, la idea fue encerrar en un mismo espacio a académicos de las dos tendencias, remunerarles con largueza y por un largo periodo, y arrojar la llave al río para que discutiesen entre ellos y así la sociedad se mantuviese al margen y en paz. Eso ha funcionado, más o menos bien, hasta que la Academia ha comenzado a dar frutos y redactar su diccionario. La ha liado. Está visto que en este país, en el que los políticos mangonean desde el Tribunal de Cuentas hasta el Constitucional, también quieren manipular las Academias, para dictar a su gusto desde la ciencia hasta la gramática.

Según datos de la propia Coordinadora
Cada alumno que aprende euskera en un centro privado de AEK cuesta 12.000 euros a los ciudadanos vascos
La Tribuna. Redacción.  latribunadelpaisvasco.com 5 Septiembre 2014

Anualmente, el Gobierno vasco destina a los “euskaltegis” (escuelas de euskera) un total de 40 millones de euros. De esta cantidad, algo más de la mitad, se destina a los “euskaltegis” privados en manos de AEK (Coordinadora de Euskaldunización y Alfabetización), próxima al entorno socio-político y cultural de la banda terrorista ETA. De hecho, y como puede contemplarse en la ilustración que acompaña a esta información, AEK no duda en utilizar sus centros de enseñanza para, por ejemplo, apoyar públicamente a los presos etarras.

Ahora, una reciente campaña publicitaria de AEK ha desvelado, sin quererlo, lo que cuesta a los ciudadanos vascos que un alumno consiga aprender euskera en cada uno de sus centros. La citada campaña, titulada “Euskara Praktikoa”, que puede contemplarse a lo largo y ancho del País Vasco, revela que, durante los últimos 30 años, han sido 50.000 las personas que, según esta organización, han aprendido vascuence en sus 100 escuelas.

Teniendo estos datos en cuenta, AEK, que a lo largo de las últimas tres décadas ha recibido en subvenciones del Gobierno vasco no menos de 600 millones de euros (sin contabilizar ayudas de otras instituciones públicas) ha gastado, aproximadamente, la friolera de 12.000 euros por cada uno de los 50.000 ciudadanos que han aprendido vascuence en sus instalaciones. Otras conclusiones que también pueden extraerse de los datos que maneja AEK no son menos sorprendentes y ponen de manifiesto, por ejemplo, que cada uno de los centros de esta Coordinadora anualmente enseña euskera a 17 personas, lo que teniendo en cuenta que cada escuela recibe por término medio 220.000 euros del Gobierno vasco, da como resultado que cada estudiante tiene un coste medio de 12.941 euros para las arcas públicas.

El Síndic de Greuges pide que se mantenga la inmersión obligatoria en caso de secesión
Alejandro Tercero www.cronicaglobal.com 5 Septiembre 2014

El 'Informe sobre los derechos lingüísticos en Cataluña' elaborado por Ribó aplaude la inmersión pese a haber sido declarada ilegal por los tribunales y pide que se mantenga tras una supuesta independencia. Además, presenta afirmaciones erróneas en relación a los informes del Consejo de Europa y a la doctrina del Tribunal Constitucional para justificar que "tenemos un régimen de convivencia lingüística exquisito y excelente".

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha aplaudido nuevamente el modelo de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que se aplica desde hace décadas -a pesar de que los tribunales han dictaminado que es ilegal- y ha recomendado que se siga utilizando en caso de que se que Cataluña se independizase.

Así lo recoge el 'Informe sobre los derechos lingüísticos en Cataluña' que ha entregado este jueves al presidente de la Generalidad, Artur Mas, en el que "recomienda la consolidación de este régimen lingüístico en el futuro, sea cual sea la orientación institucional, electoral, de consulta que emprenda este país [por Cataluña]".

Las supuestas "grandes ventajas" de la inmersión
Según Ribó, "la inmensa mayoría de la población de Cataluña ha visto las grandes ventajas" que supone el modelo de inmersión obligatoria, ya que, en su opinión, "garantiza que todo el mundo conozca las dos lenguas" al acabar la educación obligatoria.

Y concluye que "tenemos un régimen de convivencia lingüística exquisito y excelente, que es mostrado como ejemplo en el panorama internacional", y que se trata de "un tesoro" que "hemos de fortalecer". "El bajísimo número de quejas que llegan es una expresión de eso", añade.

Todas las advertencias del informe son por discriminación de los catalanohablantes
Sorprendentemente, el informe solo presenta quejas por la política lingüística del Gobierno. En concreto, le reprocha el bajo conocimiento del catalán entre el personal de justicia; entre los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado presentes en Cataluña; y entre el personal de las oficinas de la Seguridad Social; así como la falta de contenidos en catalán en las páginas web de los organismos de la Administración General del Estado o en los impresos de esta administración; y que el catalán solo sea oficial en aquellas CCAA que lo han reconocido como tal, y no en toda España.

En ese sentido, denuncia "planteamientos poco respetuosos del personal" de la Administración General del Estado "hacia las personas que en el ejercicio de su derecho utilizan la lengua catalana para relacionarse" con ellos. Y carga contra la falta de "colaboración" por parte de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

También critica la falta de dominio del catalán entre el personal sanitario, e insta a aplicar la Ley del Cine de Cataluña, que ordena a las distribuidoras a proyectar el 50% de las películas en catalán.

Tergiversación de los informes del Consejo de Europa
Pero el informe del Síndic presenta algunas afirmaciones claramente erróneas. La más flagrante es la que indica que "el modelo lingüístico catalán ha sido alabado por el Consejo de Europa como modelo garantista y respetuoso con los derechos de los ciudadanos", y que los informes de dicho organismo "reiteradamente critican las carencias y las lesiones de derechos lingüísticos producidas por políticas públicas españolas".

La realidad es bien diferente a lo que señala Ribó. En concreto, el último informe del Consejo de Europa sobre la aplicación en España de la Carta Europea para las lenguas regionales o minoritarias -publicado en 2012- felicita al Gobierno por su actitud para proteger las lenguas minoritarias, y advierte a la Generalidad de que la promoción de la educación en catalán no debe suponer que esta "sea obligatoria para todos los alumnos" ni que "el 100% de las asignaturas han de ser en esa lengua", como ocurre en la actualidad.

Un presunto aval del TC a la inmersión inexistente
El informe del Síndic también señala que el Tribunal Constitucional "ha avalado en reiteradas ocasiones el sistema de inmersión lingüística en Cataluña". Pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional nunca ha avalado la inmersión. Más bien al contrario, siempre ha advertido de que el Gobierno autonómico puede elegir entre dos modelos lingüísticos educativos: la doble red (una en castellano y otra en catalán) o el modelo de conjunción (en el que castellano y catalán son lenguas vehiculares de forma razonablemente proporcional).

Por otra parte, Ribó apela a la "atención individualizada" como fórmula para garantizar el derecho de los alumnos a recibir una parte de la educación en castellano. Sin embargo, el Tribunal Supremo dejó claro en 2012 que el bilingüismo escolar al que tienen derecho los alumnos que lo soliciten "es algo bien distinto de la atención individualizada en castellano que conduce a una situación de discriminación permanente idéntica a la separación en grupos de clase por razón de lengua habitual, y que desnaturalizaría ese derecho al condicionarlo a la obligación de solicitarlo, incurriendo de ese modo la norma en inconstitucionalidad".

Apelación al deber de disponibilidad lingüística de las empresas que tumbó el TC
En el ámbito de la educación, el Síndic también justifica de forma sorprendente el incumplimiento del derecho de los alumnos a recibir "la primera enseñanza" en su lengua habitual que, textualmente, recoge la Ley de Política Lingüística de 1998. "Si bien es cierto que la Ley de Política Lingüística determina un derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en la lengua habitual, esta norma no establece cuáles son los medios para hacerlo efectivo y, por tanto, su concreción forma parte de la discrecionalidad reservada a la Administración, sin que se le pueda imponer una forma determinada, siempre que se cumpla la exigencia y el derecho quede garantizado", señala el informe para evitar elevar una queja por este incumplimiento.

Finalmente, en otro apartado del informe, el Síndic critica a las empresas privadas por no garantizar la atención al cliente en catalán. Pero lo cierto es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto corrigió esa obligación, advirtiendo de que "el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos".


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