AGLI Recortes de Prensa    Domingo 5  Octubre  2014

El secesionismo sigue cubriendo etapas con total impunidad
EDITORIAL Libertad Digital 5 Octubre 2014

La suspensión del proceso independentista catalán decretada por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno no ha tenido, como era de esperar, efecto práctico alguno. A día de hoy los planes de la Generalidad para llevar a cabo el referéndum ilegal el próximo 9 de noviembre siguen adelante, con el Gobierno regional y los partidos separatistas impulsando nuevas acciones en abierta rebelión contra el mandato taxativo del alto tribunal.

Si el pasado viernes, tras una larga reunión con los dirigentes de los partidos secesionistas, Artur Mas anunció su voluntad de seguir adelante con la convocatoria del referéndum ilegal, ayer sábado fueron los alcaldes partidarios de la independencia los encargados de salir a la palestra en un acto de patética simbología en el que, faltaría más, el presidente de la Generalidad fungió de orgulloso anfitrión. La campaña institucional a favor del referéndum en los medios de comunicación, que la Generalidad había paralizado tras recibir el auto del Constitucional, ha sido también reactivada de nuevo con un mensaje que deja claras las intenciones del Gobierno catalán de cumplir eufemísticamente con su promesa de "garantizar el derecho a decidir". Y mientras en el plano institucional tienen lugar todas estas acciones en contra del mandato de la Justicia, las organizaciones paralelas del nacionalismo catalán destinan el dinero de las subvenciones pagadas con dinero de todos los españoles a una campaña de agitación casa por casa en la más estricta tradición totalitaria.

Todo esto ocurre sin que Rajoy haga o diga algo que permita a los catalanes contrarios a la secesión percibir el apoyo elemental del Gobierno y al resto de ciudadanos saber que el Ejecutivo cumple debidamente con su obligación de preservar la unidad de España y la igualdad de todos los españoles. Los incumplimientos flagrantes de la ley que, además, constituyen una amenaza para la Nación, han de ser castigados de acuerdo con las leyes, todavía más cuando el impulso sedicioso proviene de una autoridad del Estado como lo es la presidencia de la Generalidad de Cataluña. El Gobierno de Rajoy, en cambio, prefiere fingir que el proceso secesionista de Cataluña no tiene la relevancia que evidentemente posee, más preocupado por las posibilidades electorales de su partido a corto plazo que por cumplir con sus obligaciones constitucionales. De esta forma el presidente Rajoy y los miembros de su Gabinete se convierten en directos responsables de una asonada institucional cuyas consecuencias son, a día de hoy, incalculables.

Medio millón de votos más para Pablo Iglesias
Carlos Sánchez El Confidencial 5 Octubre 2014

Un proverbio chino sostiene que quien no entiende una mirada, jamás comprenderá una explicación. Esta sutileza explica mejor que ninguna otra cosa lo ocurrido durante años en Caja Madrid-Bankia, donde la zafiedad a la hora de entender el uso de recursos entregados a los gestores va mucho más allá que un atropello económico. Lo verdaderamente extraordinario es que sin la quiebra de la entidad nadie, o casi nadie, hubiera denunciado los desmanes en el juzgado de guardia.

Por supuesto que el despropósito no ha sucedido sólo en las cajas de ahorros, donde la ausencia de control interno y externo ha sido clamorosa. También buena parte del tejido productivo aparece contaminado por tanta basura sin que los accionistas de las empresas conozcan los excesos de sus ejecutivos. A veces se olvida que detrás de un corrupto siempre se esconde un corruptor. O lo que es lo mismo: hay quien aprieta el gatillo, pero todos los jueces de instrucción saben mejor que nadie que detrás del autor material de los hechos suele haber -cuando estamos ante el crimen organizado- un autor intelectual.

En el caso de Caja Madrid, el propio sistema de elección de los órganos directivos de las cajas, basado en la endogamia y en la cooptación a imitación del funcionamiento de los partidos políticos. En otros, una ausencia evidente de ética empresarial que lleva a pagar comisiones y mordidas para poder contratar con determinadas administraciones. Y que llega al extremo cuando los empresarios madrileños reeligen como su presidente a un sujeto como Arturo Fernández (miembro del consejo de administración de Caja Madrid) sin que les duelan prendas y sin que alguien haya pedido su cabeza.
La corrupción no es más que la consecuencia trágica y funesta de un problema moral. O ético, como se prefiera. Y España, al contrario de lo que ha sucedido en la cultura occidental, apenas ha hecho una crítica radical de los fundamentos en los que asienta su patrimonio moral

La corrupción, en este sentido, no es más que la consecuencia trágica y funesta de un problema moral. O ético, como se prefiera. Y lo cierto es que España, al contrario de lo que ha sucedido en la cultura occidental, apenas ha hecho una crítica radical de los fundamentos en los que asienta su patrimonio moral. Algo que explica la enorme permeabilidad del país hacia la corrupción, que no es otra cosa que el abuso del poder en beneficio privado. No sólo por parte de las élites políticas, sino de muchos sectores sociales que observan este fenómeno -ahí está la economía sumergida- como consustancial a la condición humana.

Sociedad civil y fraude fiscal
Probablemente, porque España entendió durante muchos años -los de la Dictadura- que había que ganar la batalla de la libertad (y así era), pero superado ese objetivo el país se olvidó de que la ética es, en realidad, la argamasa que cohesiona a una sociedad. Y no estará de más recordar que según el último barómetro del Instituto de Estudios Fiscales nada menos que el 27% de los españoles justifica de un modo u otro el fraude fiscal.

En su lugar, se ha construido una absurda teoría que parte del hecho de que todo lo que es legal es ético. Cuando ambos conceptos pueden llegar a ser totalmente antagónicos. Lo legal ocupa el espacio de la formalidad jurídica, pero lo ético atraviesa el articulado del código penal porque hunde sus raíces en conductas humanas sujetas al bien general. En última instancia, el fundamento sobre el que se construye el orden social.

Ese sistema tan garantista en lo formal es lo que explica, precisamente, la desidia de muchas organizaciones sociales y políticas cuando se enfrentan a problemas relacionados con la corrupción.

Se busca una respuesta basada en la ley -ahí están los grandes partidos discutiendo eso que llaman de forma teatral regeneración democrática-, cuando el daño social que genera la corrupción hay que encuadrarla en una cuestión moral. Y de hecho, la peor de las corrupciones no es la económica, sino la intelectual, la que lleva a justificar actos impúdicos, como ha sucedido en Caja Madrid.

El problema no es que los consejeros y directivos de Caja Madrid evadieran impuestos (eso es irrelevante en términos económicos), el problema es que alguien pueda considerar legítimo gastarse miles de euros en comidas o centros comerciales a cuenta de los clientes de la entidad, que en última instancia son quienes han pagado la fiesta. Obviando, como decía el economista James M. Buchanan, que el comportamiento individual está necesariamente restringido por normas éticas y morales.

Una cuestión individual
Buchanan sostenía* que el individuo no se comportaba de forma oportunista en cada una de las ocasiones mediante un simple análisis coste-beneficio. ‘Muchos no robamos’, decía, ‘aunque estemos seguros de que no haya posibilidad de descubrimiento, captura o castigo’. Es decir, una restricción individual -que desde luego no se ha producido en Caja Madrid- está detrás de los comportamientos éticos.
El problema no es que los consejeros y directivos de Caja Madrid evadieran impuestos (eso es irrelevante en términos económicos), el problema es que alguien pueda considerar legítimo gastarse miles de euros en comidas o centros comerciales a cuenta de los clientes de la entidadSe da, además, otra circunstancia ya denunciada hace más de un siglo por Michels cuando hablaba de la tendencia de las organizaciones sociales y, en particular, de los partidos políticos a inclinarse hacia oligarquías petrificadas. Y ese Gobierno de concentración que había en Caja Madrid a la hora de repartir las prebendas lo pone de relieve con una claridad pasmosa. Una especie de ley del silencio -Michels hablaba de una ley de bronce- que atraviesa a todas las élites representadas en su consejo de administración.

En el caso de las cajas de ahorros se daba, además otra característica. Se trataba de instituciones formalmente públicas -aunque no consolidaban en los Presupuestos Generales- pero, al mismo tiempo, funcionaban como entes privados. Esto quiere decir que carecían de los sistemas de control propios de la Administración (la Intervención del Estado), pero podían beneficiarse de que al no tener accionistas formales sus gestores podían hacer de su capa un sayo. Es decir, vivían en un mundo ideal para completar el álbum del buen delincuente. Incluyendo en esta categoría a los de carácter intelectual. Este sistema híbrido de gobierno corporativo es el que revela la amplitud del desmán.

Sin embargo, tantos años de impunidad sólo pueden explicarse por la anuencia de eso que pomposamente se denomina ‘sociedad civil’ que decía estar representada en los órganos de dirección de las cajas, pero que en realidad era una filfa regada con dinero público.

El ex presidente Richard Von Weizsacker -primer jefe de Estado de la Alemania unificada- lo explicó brillantemente en el prólogo de un libro: “Hacer frente a la corrupción no consiste en imponer a la fuerza una moralidad que nos convierta en santos. Se trata de detener el egoísta abuso de poder y de que los débiles tengan una oportunidad”.

*Ética y progreso económico. James M. Buchanan. Ariel Sociedad Económica.

Los sonámbulos de Barnapest
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 5 Octubre 2014

Sonámbulos, de Christopher Clark (Galaxia Guttemberg, 2014) es uno de los mejores libros de Historia que he leído. Porque rara vez un libro logra cambiar, a base de datos, evidencias y deducciones lógicas, la visión que uno tiene acerca de algo tan importante como la I Guerra Mundial. Y sucede que, por el influjo retrospectivo de la II Guerra Mundial, en la que la culpabilidad de la Alemania nazi es evidente, y dado que gran parte de la opinión pública asume que la II Guerra Mundial fue en muchos sentidos la conclusión de la I, tendemos a creer que la responsabilidad esencial de la guerra que por dos veces destruyó Europa fue esencialmente germánica.

Es verdad que se admitía, al menos desde el libro de Keynes, que el Tratado de Versalles era tan injusto para Alemania que podía provocar una revancha, que finalmente tomó la forma nazi. Sin embargo, la indudable importancia intelectual del totalitarismo y el hecho de que los totalitarismos fascista y nazi fueron reflejo del comunista, hijo político de la I Guerra Mundial, ha provocado un desinterés casi absoluto sobre las causas de la Gran Guerra Europea, como se llamó al principio. Hemos creído, en fin, que lo importante de la IGM es lo que albergaba de IIGM y que su valor intelectual residía en lo poco que se parecía a lo que desde 1917 –origen de la URSS - y no 1918 –Versalles y el saldo de la guerra- ha marcado el mundo.

Pues bien, tras leer el libro de Clark, los españoles podemos pensar exactamente lo contrario: que es la I Guerra Mundial (o, según reza el subtítulo, "Cómo Europa fue a la guerra en 1914") la que nos ayuda a entender mejor lo que nos sucede. Y lo peor es que la agonía del imperio austrohúngaro y de la Europa bastante pacífica en la que ocupaba un lugar esencial –su importancia se advirtió cuando desapareció- se parece horrores a la agonía del Estado Español, a la que en estos días estamos asistiendo. No sé qué resulta más triste: ver cómo Madrid se parece a la Viena de 1914 o comprobar cómo Barcelona le provoca la misma parálisis que Budapest.

Me remito a Clark y al excelente libro de Ricardo Artola La I Guerra Mundial, de Lieja a Versalles (Alianza Editorial) –hay entrevista con el autor en Libertad Digital- para comprobar, con la letal contundencia de los números, el resultado de ese empeño en la guerra que, en lo esencial, fue responsabilidad de serbios, rusos y franceses, con la activa complacencia de la diplomacia británica. Ahí se cuenta además, tumba a tumba, cómo los países vencedores tuvieron muchas más bajas que los derrotados; pero no por su heroísmo, sino porque la dirección militar fue tan criminal como la civil. Para meditar.

Entre Barnagrado y Barnapest
Quiero subrayar, sin embargo, lo que menos suele destacarse en el relato general de la IGM: la parálisis diplomática y política de Austria-Hungría tras el asesinato del heredero del trono, que le llevó a tardar casi un mes no ya en atacar sino en presentar un ultimátum a los criminales serbios –los asesinos eran los terroristas de Apis, pero los responsables fueron el Gobierno y su batahola mediática nacionalista-, un ultimátum que incluso estaban dispuestos a aceptar si Rusia y Francia no les hubieran convencido de que les protegerían militarmente de Austria.

¿Cómo pudo Viena tardar casi un mes en redactar un ultimátum -amenazador, sí, pero un papel al fin y al cabo- cuando se ha asesinado al Heredero del Trono y absolutamente todos saben quiénes son los asesinos? Pues porque Hungría tenía una especie de derecho de veto sobre la política y la actividad diplomática del llamado Imperio de las Dos Coronas. Pese a ser sólo una minoría, inferior a la alemana y no muy superior a las eslavas, Budapest había constituido un Estado dentro del Estado, que mandaba en lo suyo y no dejaba de mangonear en lo demás. Hace tiempo leí en alguno de los estudiosos del totalitarismo moderno en Cataluña –creo que Pericay- cómo la Generalidad de Pujol, Montilla y Mas había copiado el modelo lingüístico húngaro tras la derrota ante Prusia y el nacimiento del Imperio, un modelo que, en síntesis, se resumía en prohibir el alemán en todos los ámbitos públicos de Hungría, mientras Hungría tenía derecho de consulta con el Emperador y participaba decisivamente en todas las decisiones de Viena.

Tisza, el Pujol magyar, que era muy escuchado por el emperador Francisco-José y también el mayor enemigo del asesinado Archiduque, consiguió frenar, torpedear y, finalmente, impedir lo que debería haber sido una respuesta militar fulminante de Viena contra Belgrado. La razón es que el Heredero asesinado tenía el plan de dar a las minorías eslavas, rumanas, checas y demás –había once en el imperio- los mismos derechos que a los húngaros, acabando con ese protectorado minoritario de Hungría que paralizaba toda la actividad del imperio. Después de Belgrado, donde más se brindó para celebrar el asesinato de Francisco Fernando fue en Budapest, porque con él moría el proyecto de los Estados Unidos de la Gran Austria. Siempre que una reacción militar tras el crimen no llevara a Austria a imponerlo, arruinando el negocio del cabildeo magyar. Nunca hubiera habido guerra si Austria invade Serbia de inmediato, pero Budapest lo impidió. Y eso, que era la prueba de la debilidad interna del Imperio, es lo que animó a Moscú y París a respaldar a los asesinos de Belgrado. Que mataron precisamente para impedir que esa reforma democratizadora o federalizante del Imperio arruinara su plan de una Gran Serbia independiente.

Para los austríacos de Madrit, desde la Transición, Barcelona es Barnapest. Ningún Gobierno se atreve a hacer nada contra el despotismo magyar, porque éste se presenta como garante –aunque condicional- de la estabilidad de la Corona y el Estado. Y ahora que Barcelona ya no es sólo la Barnapest de los Tisza sino la Belgrado de los Apis, o sea, Barnagrado, se ha quedado como Austria ante lo que creyó el cadáver de su futuro, como si su futuro fuera necesariamente cadáver. Y no lo era. No era fatal que se produjera la I Guerra Mundial, ni que desapareciera el imperio Austro-Húngaro, ni que sobre millones de muertos se preparase la inmensa pira de decenas de millones de muertos de la II Guerra Mundial y los cien millones de muertos del comunismo en todo el mundo. Nada es inevitable nunca y nada era inevitable en Austria, salvo el estúpido respeto a Hungría. Tampoco es inevitable nada en esta España de poderes sonámbulos, salvo que sigamos temiendo y subvencionando a Barnagrado, antes Barnapest.

Vullangas de Varcelona
PEDRO J. RAMÍREZ El Mundo 5 Octubre 2014

Por si alguien incurre en el error de soslayar la trascendencia de las recurrentes movilizaciones de Barcelona, he aquí un testimonio con la espontaneidad de lo auténtico:

«Un inmenso gentío ocupaba la Rambla y lugares más concurridos. La alegría se mostraba en los semblantes, todos suspiraban a la vez por el feliz instante. Crecen los corrillos, aumentan los grupos, se ensanchan los corazones oprimidos... Y aparece de repente en la Rambla una tabla de madera con el lema de '¡Viva la Constitución!', conducida en triunfo entre la multitud...».

«Este símbolo de verdadera y preciosa libertad, escudo contra el negro despotismo, baluarte de los pueblos, áncora de salvación e inmutable sostén de los derechos de la Nación... fue solemnemente colocada en la galería principal de la Lonja, allí mismo donde existió la enseña de nuestras libertades en otra época de feliz recordación».

«El grito eléctrico de '¡Constitución!' se oye por todas partes. El pariente, el amigo, el desconocido, todos se hablan, todos muestran en sus semblantes alegres el regocijo que encierran sus patrióticos corazones. Todos se abrazan, todos se dan el parabién».

«La Nación sabía que la soberanía residía originariamente en la Nación entera... Sin la Constitución la anarquía iba a despedazarnos. La Constitución era nuestro único puerto... Cuando España entera seguía rápida tan noble ejemplo, Cataluña, país clásico de heroísmo y lealtad, sentía también todo el impulso de tan generoso pronunciamiento...».

Oiga, oiga, vale ya. ¿Qué burla es esta? Vivas a la Constitución en las Ramblas... fervor español en la Lonja... ¿De qué manifestaciones nos está usted hablando? Pues de las bullangas de Barcelona. ¿Bullangas de Barcelona? Sí, de las grandes movilizaciones populares que, según el vibrante relato del periodista catalán Joaquín del Castillo, se produjeron en «la segunda capital de las Españas» entre 1835 y 1837, reclamando el restablecimiento de La Pepa.

Si hubiera que poner un pero al excepcional e inolvidable seminario Una Jornada para la Historia, dirigido por Ricardo García Cárcel y clausurado por Carmen Iglesias el pasado 11-S en el Club Siglo XXI -las ponencias están a disposición de todos en http://www.elmundo.es/historia.html-, es que no se habló de las bullangas de Barcelona.

Resulta imposible repasar las grandes aportaciones de todos los ponentes. Pero el catedrático Manuel Peña Díaz reconstruyó con talento narrativo la forma en que en 1714 se ejerció el derecho a decidir a través de los confesionarios; la académica Carmen Sanz explicó con precisión documental el peso decisivo que tuvo la pretensión británica de controlar el asiento de negros, o sea el tráfico de esclavos, en el cambio de bando de la Generalitat -espero que ni Mas ni Junqueras vuelvan a atreverse a mentar a Luther King-; y Juan Francisco Fuentes hizo un recorrido a través del siglo XIX, demostrando con vigorosa erudición cómo la prosperidad de la Cataluña borbónica propició un «doble patriotismo» que empujó a muchos catalanes a verter su sangre por España desde la Guerra Gran contra la Convención hasta la de Cuba.

Frente a la pretensión de inventar «un liberalismo catalán de raíz austracista» en el primer tercio del XIX, Fuentes fue categórico: «Si eran austracistas no eran liberales y si eran liberales no eran austracistas. El liberalismo fue mayoritariamente fiel en Cataluña al mito revolucionario de la Constitución de Cádiz». Por eso Capmany precisaba que no era diputado «de Barcelona» sino «por Barcelona». Por eso la sublevación del capitán general de Cataluña Luis Lacy durante el Sexenio Absolutista tuvo tanto respaldo en la burguesía urbana, como reconoce Fontana. Por eso «Barcelona fou la ciutat mès revolucionària del Trienni Liberal», según Jordi Roca Vernet.

Si hasta las damas de la mejor sociedad barcelonesa se alistaban como Amazonas de la Libertad con la bandera española al cinto, es fácil entender el caldo de cultivo de las bullangas, desencadenadas frente al despotismo del Estatuto Real y su tibieza en la represión del carlismo y sus curas trabucaires. Fue todo tan español que la primera bullanga estalló en la plaza de toros una tarde de 1835 en la que los astados no embestían y en el itinerario del movimiento no faltaron, junto a los descritos momentos de exaltación constitucional, las consiguientes quemas de conventos y el linchamiento de facciosos presos en la Ciudadela.

Pero ¿por qué en la crónica de esa serie de rebeliones y concentraciones no encontramos otro rastro del supuesto agravio que España habría infligido a Cataluña ciento veinte años atrás, sino esa alusión a «nuestras libertades» como precedente de las compartidas por todos los españoles «justos y benéficos» bajo el manto constitucional común? ¿Por qué aquella herida que sangra a borbotones con mayor incontinencia cuanto más nos alejamos de la artera lanzada española que perforó los órganos vitales catalanes parecía cauterizada entonces? ¿Cuándo se ha visto que el resentimiento, el rencor, no digamos el odio aumente exponencialmente cuanto más espesa se hace la nebulosa del olvido?

La respuesta es sencilla: el relato que galvaniza desde hace dos años a cientos de miles de catalanes inmersos en este nuevo ciclo de bullangas es una burda patraña, un torpe cuento infantil para adultos indocumentados y un invento propagandístico al servicio de la huida hacia adelante del segmento más corrupto, incapaz y ávido de poder de la casta política española. Ya está, queda dicho. La Historia puede interpretarse de muchas maneras, pero los hechos fueron los que fueron y no los que pudieron haber sido y menos aun los que le convendría a la banda del 3% que hubieran sido.

La ponencia de Fuentes concluyó con la advertencia de una de las figuras señeras de la Renaixenca, el poeta Victor Balaguer, autor de la Oda a la Verge de Montserrat: «Toda idea de separatismo, tratándose de la patria española, es un verdadero absurdo. Todos saben que quien intentase esto intentaría un suicidio... El separatismo podrá ser un crimen políticamente hablando; pero, aun más que crimen, es una soberana necedad».

Si el grotesco tejerazo de Companys y Dencás del que mañana se cumplen 80 años -empezó en el balcón y terminó en la alcantarilla- aquilató esa profecía, ¿cómo es posible que cuando los mapas Google Earth demuestran que habitamos celdillas de un inmenso panal festoneado por los accidentes geográficos que durante siglos compartimentaron nuestra existencia en nacionalismos de aldea, haya quien pretenda repetir la farsa?

Hay que ver esa Diagonal abarrotada aclamando a Franco en las páginas de hueco de La Vanguardia Española y hay que leer a Ganivet para entender el sentido profundo de las cosas: «No faltará quien crea... que los hombres no caminan en ninguna dirección y que hace falta un genio que les guíe; y es probable que quien tal crea piense ser él mismo el genio predestinado a guiar a sus semejantes como una manada de ovejas. A tan insigne mentecato habría que decirle que no conoce a sus semejantes, que los hombres que creen haber guiado a otros hombres no han guiado más que cuerpos de hombres».

Si algo distingue la acelerada metamorfosis de esa genuina variedad de lo español que es el catalanismo político en separatismo desaforado es su carácter inducido desde el poder delegado por un Estado instalado en el nirvana de la cobardía. La siembra viene de lejos a través de la transferencia sin control de la Educación y el dineral destinado a comprar a los medios de comunicación. Raholas y raholos festejan a diario la espontaneidad con que el pueblo catalán se moviliza para ejecutar obedientemente los dibujos geométricos diseñados por sus autoridades, pero una parte no pequeña de las cuerdas de su lira tañe por cuenta del erario.

Y no olvidemos en qué fuentes del Nilo se engendró esta crecida: sus propios trovadores reconocen que si Rajoy hubiera aceptado el 20 de septiembre de 2012 negociar con Mas un pacto fiscal que acotara la solidaridad de doña Cataluña con doña Andalucía y doña Extremadura -¡ah comunidades impostoras, entes administrativos voraces que nos chupáis la sangre con vuestras ínfulas rebozadas en polvorientos yelmos de Mambrino!- el independentismo sumaría hoy 20 puntos menos.

Cuando hace unos días Santiago Muñoz Machado me envió su libro Cataluña y las demás Españas lo abrí con avidez pues pocos aúnan su conocimiento histórico, capacidad intelectual y dominio de la técnica jurídica. El relato es impecable pero desemboca en una inquietante rendición: puesto que el «uniformismo excesivo resulta evidentemente frustrante» para los catalanes y no hay quien retire ya las tazas del café para todos, otorguemos a Cataluña «mayores poderes legislativos y ejecutivos, acompañados de un robustecimiento de su aparato institucional», a costa de «reducir las atribuciones y responsabilidades del Estado», previa reforma de la Constitución «si es necesaria».

No, no y no. Estoy de acuerdo en que la conciencia de identidad es mayor en Cataluña que en otras «nacionalidades o regiones» pero, como decía Aznar, la jarra de lo que el Estado puede ceder sin dejar de existir está ya vacía. Si en España urge algún tipo de devolution en aras de la eficiencia es al Estado. Reformemos la Constitución sí, pero reduciendo como las agencias de calificación de riesgo el rating de las demás comunidades y manteniendo estable con perspectiva negativa el de Cataluña y el País Vasco.

Yo acudiría a esa mesa de negociación reconstituyente con la propuesta del caballerito de Azkoitia Valentín Foronda, tan ilustrado como vasco: «Dividiría la España en 18 secciones cuadradas que se nombrarán número 1, número 2, etc. Seis para el Norte, 4 para el Sur confinante con él, cuatro para el mediodía y cuatro para el centro que linde con él. Quitaría los nombres de Vizcaya, Andalucía, etc. como origen de disputas crueles, pueriles y funestas». Empezando ahí, podemos ser todo lo flexibles que haga falta.

Lo que no sería en todo caso de recibo es recompensar esta especie de demostración sindical, con desobediencia al Tribunal Constitucional incluida, que se representa en la Disneylandia separatista. Como dice Gregorio Morán, «hay que frenar la estupidez». ¿Cómo? Situando a Mas y Junqueras ante la fábula de «aquel perro que llevando en la boca una presa de carne, al pasar un riachuelo era mayor la que en el agua se le representaba y, codicioso, soltó la que tenía en la boca segura para asir la que miraba incierta dentro del arroyo, quedando burlado sin una y sin otra». Así funciona el artículo 155 de la Constitución, concebido para materializar este apólogo del ministro Patiño y situar a los catalanes en la disyuntiva de «perder lo seguro por lo incierto».

Total que mientras esperamos a que el estólido en su estrago acabe su sudoku, conste en acta que si en aquella España sin ley Larra dictó su sentencia más terrible -«Asesinatos por asesinatos, ya que los ha de haber, estoy por los del pueblo»-, desde el imperio de la razón yo digo que, tanto si las actuales se escriben con uve de victoria como dicen sus patrocinadores, con uve de vergüenza como alega Cayetana Álvarez de Toledo o con uve de Uvezquistán como descubrió in situ Pérez Andújar, bullangas por vullangas, me quedo con las del siglo XIX.

¿Estado de derecho vs. democracia?
ENRIQUE GIMBERNAT El Mundo  5 Octubre 2014

LOS ARGUMENTOS a los que acuden los nacionalistas catalanes, para justificar por qué están legitimados los ciudadanos de esa comunidad autónoma para alcanzar la independencia de España en virtud de un referéndum, son dos: porque con ello no harían otra cosa sino ejercitar su «derecho a decidir» y porque quien se opone a ello, a lo que se estaría oponiendo, en realidad, es a la «democracia».

Pero, por lo que se refiere al primer argumento, hay que decir que no existen derechos subjetivos (individuales o colectivos) si no existe una norma jurídica que los reconozca, y hasta ahora los nacionalistas catalanes no han sido capaces de designar cuál es en concreto la norma en cuestión que les otorga ese supuesto «derecho a decidir». Como ya expuso en este mismo periódico, en un artículo publicado el 10 de octubre de 2007, con motivo del Plan Ibarretxe, con mucha mayor autoridad que la mía, la catedrática de Derecho internacional Araceli Mangas, en las dos resoluciones (la 1514 y la 2625) de la ONU, de la que España es Estado miembro, en las que se ha ocupado del derecho a la libre determinación de los pueblos (del «derecho a decidir»), este derecho sólo está reconocido en casos de dominación colonial y extranjera o cuando, fuera de los supuestos de colonialismo, existe en el pueblo que aspira a la autodeterminación bien una dominación racial, bien una discriminación de sus ciudadanos en su vida pública o en sus relaciones económico-sociales de carácter privado. Como Cataluña no se encuentra obviamente en ninguna de esas situaciones, de ahí que no pueda apelar al Derecho internacional para hacer valer ese supuesto «derecho a decidir». Y mucho menos aún al Derecho interno, porque la Constitución Española (CE), que es la norma suprema del ordenamiento jurídico, no sólo no reconoce el derecho de autodeterminación de las comunidades autónomas, sino que niega expresamente la existencia de tal derecho en su art. 2º CE: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común indivisible de todos los españoles».

A la vista de esa falta de apoyo, tanto en el Derecho internacional como en el nacional, que pudiera reconocer ese «derecho a decidir», el Parlamento catalán ha aprobado hace unos pocos días una ley ad hoc de consultas populares. Pero esa ley ni está en vigor -porque, como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra ella por el Gobierno, ha sido suspendida, como era preceptivo, por el TC, como también lo ha sido, y por el mismo motivo, el Decreto de convocatoria de referéndum en Cataluña- ni lo va a estar nunca, porque es, simplemente, de libro que la Ley catalana de consultas está en contradicción no sólo con el ya mencionado art. 2º CE, sino también con el art. 1º.2 («La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado») y con el art. 149.1.32ª que atribuye al Estado la «competencia exclusiva» para «autoriza[r] la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum».

Ante la ausencia de una norma de Derecho objetivo internacional o nacional que reconozca ese «derecho a decidir», los nacionalistas catalanes se han dedicado a picotear en los distintos ordenamientos jurídicos del mundo hasta que han encontrado uno, el del Reino Unido -descartando a la multitud de los que no reconocen el derecho de autodeterminación de sus regiones, nacionalidades o Estados federados-, cuyo Derecho interno, previo acuerdo entre el primer ministro británico, David Cameron, y el ministro principal de Escocia, Alex Salmond, sí que permitía la celebración de un referéndum de independencia, consulta que ya se ha celebrado y en la que los escoceses se han manifestado en contra de la separación del Reino Unido.

«¿Es Cataluña menos que Escocia?», se preguntaba hace poco tiempo Artur Mas. Pero, independientemente de que, después de proclamar este eslogan, Mas no se ha molestado en aclarar dónde residen las analogías entre Cataluña y Escocia que justifiquen un tratamiento unitario de ambas regiones, teniendo en cuenta las circunstancias tan diversas que han rodeado las relaciones históricas entre Escocia y el Reino Unido, por una parte, y entre Cataluña y el resto de España, por otra, ¿es que se quiere decir, con ello, que en España hay que aplicar la legislación democrática británica, en la que los españoles (incluyendo a los catalanes) no hemos tenido arte ni parte, frente al Derecho español realmente existente, elaborado por los representantes políticos elegidos democráticamente por los españoles, también, naturalmente, por los catalanes, ciudadanos catalanes que, además, y en su día, aprobaron la Constitución Española en el referéndum del 6 de diciembre de 1978, con un porcentaje de, nada menos, el 90,46% de votos «sí» sobre una participación de, nada menos también, que el 67,9% del censo electoral de Cataluña?

Una vez expuesto por qué ese «derecho a decidir» no es tal derecho, sino un mero invento, ya que no existe norma alguna de Derecho objetivo (ni internacional ni nacional) que lo reconozca, paso a ocuparme del segundo argumento de los nacionalistas catalanes: la posibilidad de separarse de España mediante un referéndum es una exigencia de la «democracia».

Si no se celebrara el referéndum soberanista, ello pondría de manifiesto «la mala calidad democrática de España» (Mas). «Van a suspender la democracia en Cataluña» (Homs). «En democracia debemos resolver los retos que nos depara el futuro con más democracia. A nadie puede asustar que alguien exprese su opinión con un voto en una urna» (Mas). «Que no tengan miedo a la democracia y que se avengan a que el pueblo de Cataluña se exprese libre y pacíficamente» (Turull). «En democracia no debe ser pecado votar, más bien debe ser virtud» (Junqueras). Con estas frases, y otras similares, los nacionalistas catalanes apelan a la democracia para justificar por qué debe celebrarse el referéndum, negando la condición de demócratas a todo aquel que se oponga a la consulta.

Pero la «democracia» (gobierno del pueblo), en contraposición a la «autocracia» (gobierno de uno) y a la «oligocracia» (gobierno de unos pocos), si bien es un concepto lleno de contenido, carece de contornos precisos como para constituir, por sí solo, una forma de Estado. La culminación del principio democrático, la gran aportación política, social y jurídica de la civilización occidental a la humanidad, que se inicia con la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, y que se ha ido depurando y perfeccionando a lo largo de los siglos posteriores, es el Estado democrático de Derecho, que es precisamente la forma de Estado de España (art. 1º.1 CE: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho»). El Estado de Derecho, como lo es el español es un Estado democrático en cuanto que todas sus leyes (nacionales o autonómicas) son elaboradas por representantes políticos elegidos democráticamente por los ciudadanos y en cuanto que las restantes disposiciones jurídicas son dictadas por gobiernos (el Gobierno central y los autonómicos) democráticos, cuyos presidentes han sido elegidos democráticamente por parlamentos integrados por miembros elegidos también democráticamente. Pero el Estado de Derecho no es sólo democrático, es eso y mucho más: es un Estado que tiene, como características esenciales e imprescindibles, y entre otras, el reconocimiento de los derechos humanos (por ejemplo, de la libertad de expresión, de la presunción de inocencia, de la inviolabilidad del domicilio y del secreto de las comunicaciones o de los de manifestación y de reunión), la división de poderes, la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (el «imperio de la Ley», Preámbulo de la CE), y el sometimiento de todos los actos estatales al control de tribunales independientes.

Por ello, cuando Oriol Junqueras dice que «ha llegado la hora de saltarse la legalidad española», o cuando Mas advierte de que «no se use la Constitución para silenciar al pueblo catalán», todos ellos están despreciando el imperio de la ley, como si éste fuera algo de quita y pon, del que se puede prescindir mediante un acto voluntarista, y no lo que realmente es: una de las bases fundamentales del Estado democrático de Derecho.

Y cuando Junqueras afirma que «ninguna sentencia del Tribunal Constitucional que suspenda el Decreto que convoca el 9-N acabará con el proceso soberanista», y que «diga lo que diga el Tribunal Constitucional, la consulta debe mantenerse porque nosotros estamos para servir la voluntad del pueblo catalán», con ello está afirmando que dos de las partes personadas en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central -el Parlamento catalán, que aprobó la Ley de consultas, y la Generalidad de Cataluña, que dictó el Decreto de convocatoria- no admiten que nadie por encima de ellos dictamine en contra de la constitucionalidad de ambas disposiciones, con otras palabras: está afirmando que el Parlamento y el Gobierno catalanes se consideran juez y parte, y que no quieren saber nada de la división de poderes, con lo que, al rechazar la división de poderes están rechazando, con ello, un principio sin el cual el Estado democrático de Derecho es simplemente inconcebible, es decir: inexistente.

y cuando Junqueras y otros independentistas estiman, como lo estiman, que el TC es un tribunal «politizado», porque «ha sido elegido políticamente», ignoran que, independientemente de si se podrían haber elegido o no otros miembros jurídicamente más cualificados, han sido designados conforme al procedimiento previsto en el art. 159 de la democrática Constitución Española, y que, si se considera que alguno o algunos de ellos no son imparciales, la ley otorga a las partes la facultad de recusarles, facultad de la que ya ha hecho uso el Parlamento catalán proponiendo la recusación del presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, y de su magistrado Pedro González-Trevijano. Y todavía más: si esas dos o ulteriores y eventuales recusaciones se inadmiten por el TC, y éste dicta una sentencia favorable al Gobierno central, las organizaciones no gubernamentales o grupos de particulares independentistas podrán demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (¿también un «tribunal politizado»?), solicitando que se declare que dicha sentencia del TC, estimatoria del recurso del Gobierno, no ha sido dictada por un tribunal independiente e imparcial.

Los independentistas catalanes, al acogerse a un jurídicamente inexistente «derecho a decidir», al considerar, por sí y ante sí, que no están vinculados por la Constitución ni por las leyes vigentes en España, y al rechazar la división de poderes, pretendiendo sustraer las normas emanadas del Parlamento y del Gobierno catalanes del control de los tribunales, están dirigiendo un ataque masivo contra la democracia: porque en las naciones democráticas -en todas- no existe más democracia que la democracia del Estado democrático de Derecho.

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Europa, el antídoto contra el ébola separatista
Gonzalo López Alba El Confidencial 5 Octubre 2014

Europa es el antídoto contra el nacionalismo secesionista, un virus que, al igual que ha ocurrido con el ébola, se observa como un fenómeno extraño y lejano hasta que entra en casa y entonces se descubre que cualquiera puede verse afectado porque viaja con las personas. La vacuna, tanto contra el virus africano como contra el patriota, se ha experimentado en los Estados Unidos de Norteamérica y funciona: más unión con respeto a la diversidad.

Las tensiones de índole territorial distan mucho de ser un fenómeno español, aunque durante muchos años hayan tenido especial repercusión las relacionadas con el País Vasco y Cataluña. Y, ahora que la crisis económica ha dejado al desnudo la flacidez de los viejos estado-nación, los nacionalismos rebrotan como los virus cuando detectan que flaquean los agentes inmunológicos, porque los nacionalismos no pasan de ser una infección de los patriotismos, la epidemia política más mortífera después de las guerras de religión.

Basta con mirar a lo que acaba de ocurrir con Escocia en el Reino Unido para ver que no hay un virus catalán específico. El ejemplo y modelo al que apelan los secesionistas catalanes es, de forma paradójica, la mejor prueba de las falsificaciones sobre las que se construyen los mitos nacionalistas, incluso cuando buscan paralelismos o referentes. Nunca existió una reina de Cataluña que se casara con un descendiente de reyes de España, tuvieran ambos un hijo y este vástago heredara primero un trono y después el otro, dando origen de este modo a la unión de ambos reinos independientes [así fue como ocurrió con Jacobo, hijo de la reina María Estuardo y Henry Darnley, bisnieto de Enrique VII].

La renuncia del PP a tener una implantación fuerte en Cataluña se dibuja como un error histórico, al igual que la estrategia del PSC-PSOE al anteponer la 'C' de Cataluña a la 'S' de socialista

En el Reino Unido no existía ningún impedimento para la celebración del referéndum escocés por la simple razón de que no hay una Constitución escrita que lo prohíba. Y si se aplicara el patrón de las competencias que reclaman los separatistas escoceses ante Inglaterra, Cataluña vería reducido su autogobierno al que tuvieron las primeras autonomías que en su día se llamaron de vía lenta (las no históricas). Siendo así, el “modélico” camino que ahora se emprende en el Reino Unido es el del ‘café para todos’ del tan denostado Estado de las autonomías español.

A la vista de las experiencias pasadas y presentes, no cabe sino concluir que el nacionalismo es insaciable. En Cataluña lo es, entre otras razones, porque la derecha española encarnada en el PP cometió el error estratégico, que puede convertirse en histórico, de renunciar a tener una presencia fuerte en Cataluña, de la misma forma que la izquierda, representada por el PSOE-PSC, cometió el error estratégico, que puede convertirse en histórico, de anteponer la “C” de Cataluña a la “S” de socialista.

Por todo eso tienen razón los que argumentan que la mejor terapia, aunque no exclusiva ni excluyente, es el afecto, la única dote capaz de actuar como contrapeso a las aportaciones tangibles. Lo malo es que en este terreno se ha producido un gran desgaste, de modo que el paraguas de Europa constituye el mejor techo para evitar la inundación de la casa común y preservar la unión de los catalanes con el resto de los españoles.

“¡Europa, Europa!”
“¡Europa, Europa!” era el grito de socorro que ya a comienzos del siglo XIX lanzaban las naciones sometidas al yugo del imperio de los Habsburgo o sojuzgadas por la bota de los zares rusos. Y la historia de la civilización occidental se resume en un rosario de guerras entre naciones, hasta que en 1951, tras la segunda contienda mundial, se formó un embrión llamado CECA (Comunidad Europea del Carbón y el Acero), que seis años después se convirtió en el feto de la Comunidad Económica Europea, para acabar alumbrando lo que en 1992 fue bautizado como Unión Europea.
El fortalecimiento de la Unión Europea frenaría los nacionalismos, contendría el ‘dictak’ alemán y propiciaría la aparición de una alternativa a las políticas neoliberales

En términos históricos, podría decirse que la UE está en su adolescencia y viviendo una crisis de crecimiento propia de la edad, pero a pesar de los granos en la cara y las tensiones entre hermanos, durante los últimos 69 años ha hecho posible que estos arreglen sus diferencias sin violencia y ni tan mala ni tan fea ha de ser cuando, habiendo creado una familia de 28 miembros, tiene diez pretendientes en espera (siete oficiales más tres potenciales).

Pero en esa edad tan difícil que es la adolescencia, en lugar de multiplicar los cuidados y coadyuvar a la resolución de sus conflictos, sus tutores políticos han preferido sacudirse su propia responsabilidad para endosarle la culpa de todo lo malo, mientras que ellos se atribuyen todo lo bueno: los recortes son culpa de Europa, pero el crecimiento es mérito de los gobiernos nacionales. Y, así, cuando más necesaria resulta la Unión, más se refuerza a ojos de los ciudadanos su perfil de pérfida institutriz.

Los españoles –y otros europeos de muchos países– la amamos cuando hizo posible que cruzáramos las fronteras por la cola rápida y era un surtidor de dinero, pero el amor se ha enfriado ahora que nos hemos acostumbrado a lo primero y ella nos pide que le devolvamos algo de lo mucho que nos dio. Mientras, los burócratas de Bruselas, que enseguida inventaron una bandera y un himno, exhiben una absoluta falta de cintura para favorecer la recuperación del deseo perdido con otras iniciativas que constituyan símbolos más cercanos al pueblo y calen más rápido. No hace falta un derroche de imaginación. ¿Por qué no hay una selección europea de fútbol?

Eso no solucionaría nada, pero ayudaría a generar un sentimiento de comunidad europea que abriera fronteras en lugar de crear otras nuevas, del mismo modo que unas instituciones comunitarias fuertes y adecuadas limitarían el alcance del dictak alemán, y un auténtico Partido Socialista Europeo podría ser capaz de generar una alternativa a las políticas neoliberales en lugar de estar también sometido a la primacía de sus adúlteros hermanos alemanes. Todo esto se sabe, pero no se hace. Y la pregunta es: ¿Por qué?

[El jueves por la tarde se presenta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la declaración Una España federal en una Europa federal, promovida por, entre otros, Nicolás Sartorius, Ángel Gabilondo y José Antonio Zarzalejos].

España federal
Nota del Editor 5 Octubre 2014

Si no fuera por la intoxicación que lleva implícita, hablar de eso de las autonomías históricas debería ser causa de ingreso en el frenopático más cercano. En esto que queda de España hay gentes dotadas de muy malos modos que pretenden que la historia comience y se congele en el punto que les interese, como si la historia fuese como la contabilidad que una vez cerrada ya pierde su validez y no le afectase ningún hecho posterior.

Y si hablar del sexo evolutivo de los ángeles no fuera suficiente, se meten en el tinglado de la diversidad, pretendiendo agrupar a las personas que a ellos les interesa para conseguir que todos ellos tengan los mismos atributos y reclamar cualquier cosa que se les ocurra y que sólo pueda a este grupo arbitrario corresponder. A mí se me ocurre hacer una tabla, en las filas todos los artículos de la constitución y en las columnas todos los ciudadanos "sometidos" a ella con el porcentaje de aceptación, y estoy seguro de que no habría ninguna coincidencia. Eso si que es diversidad.

En cuando a utilizar el fútbol football como elemento integrador es ya el colmo del insulto a los ciudadanos que de cuando en cuando piensan.

Y para terminar, yo y tengo preparada la información para poder formar, a título individual, parte de la República Federal Española, ya que por mi intrínseca diversidad no puedo ser clasificado en ningún otro conjunto federable.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
Asamblea de Municipios de Cataluña.

Vicente A. C. M. Periodista Digital 5 Octubre 2014

La Udalbiltza catalana o Asamblea de Municipios pro independencia de Cataluña han ido a Barcelona para mostrar su apoyo incondicional a Artur Mas y su proceso separatista. Acudieron 928 de los 947 municipios que han aprobado declaraciones institucionales para facilitar medios y datos del censo que posibiliten el referéndum fijado para el próximo 9 de noviembre, a pesar de conocer la suspensión de toda actividad relacionada con dicho referéndum tras la admisión de los recursos presentados por el Gobierno de España a la Ley de consultas y el decreto de convocatoria. Un aquelarre de separatistas y prevaricadores que se han posicionado como Artur Mas y su Gobierno fuera de la ley.

Y volvemos a estar en un fraude democrático al intentar sustituir la voluntad de los españoles por el simple razonamiento de haber obtenido mayorías en los ayuntamientos y el poder, ignorando a aquellos ciudadanos que no desean ni la independencia ni la cesión de sus datos para este referéndum ilegal. Y lo más indignante del caso es que ayuntamientos gobernados por el PSC, se hayan sumado a esta farsa y a esta ilegalidad aduciendo el derecho a decidir de los catalanes que la Constitución de España solo reconoce al pueblo español. Un posicionamiento anti democrático y que fomenta la fractura social y alienta la secesión y ruptura de la Unidad de España.

Y a este nuevo desafío institucional a Mariano Rajoy solo se le ocurre ofrecer “dialogo” dentro de la Ley, un concepto que no se aclara ya que desconocemos el contenido de las ofertas. Y ya dije hace pocos días que Mariano Rajoy no tienen legitimidad para mercadear con la Soberanía Nacional, ni ofrecer prebendas a quienes nos amenazan con la insumisión y la independencia de modo unilateral sin respetar la Ley. No puede haber diálogo con quien solo quiere imponer sus condiciones. A eso se llama claudicación y cesión al chantaje. No puede haber diálogo entre quien representa a la Ley con un delincuente. A los delincuentes se les detiene, se les juzga, se les impone una condena por sus delitos y se les ingresa en prisión para que la cumplan. No puede haber cesión al terrorismo, ni tampoco a la sedición.

Mariano Rajoy sigue ofreciendo diálogo a quienes no quieren otra cosa que la independencia sigue financiando el proceso separatista con los fondos de todos los españoles. Como dice el refranero popular, además de puta poner la cama. Porque como dijo el ya ex “molt Honorable Jordi Pujol” los secesionistas ya se han quitado la careta y se acabó el tiempo de “fer la puta y la Ramoneta”. Sin embargo Mariano Rajoy dice que aún hay esperanza en que las cosas vuelvan a la normalidad, del mismo modo que dijo “no contemplo el que Artur Mas incumpla la Ley”. No lo contemplaba pero ya ha podido comprobar que sí.

La incógnita es ¿Hará algo Mariano Rajoy por devolver la normalidad a la Comunidad Autónoma de Cataluña? ¿Aplicará la Ley haciendo uso de todos los medios que la Constitución pone en su mano? ¿Dejará de financiar al separatismo y de discriminar al resto de CCAA de España? Solo el tiempo nos dirá si Mariano Rajoy hace honor a su cargo de Presidente del Gobierno de España, cumple con su juramento de defender la Constitución y de hacer que se cumpla en todo el territorio nacional. Son horas cruciales en las que España se juega su futuro y no es cuestión de seguir despreciando la voluntad de los separatistas en lograr sus objetivos.

Por una España Unida, Libre y Solidaria, exijamos que este Gobierno asuma sus responsabilidades de una vez y se deje de circunloquios, acciones de distracción y de mostrarse en esa posición de debilidad y cobardía absoluta a la hora de tomar decisiones ineludibles ante el desafío secesionista.

Plan para salvar a Mas, reforma constitucional y visto bueno del Rey
Se cumplen este lunes ochenta años del pronunciamiento de Companys en el balcón de la Generalidad. El municipalismo masajea a Mas. No hubo pleno de alcaldes socialistas. Las 'Núrias' aguantan el tipo.
Pablo Planas www.cronicaglobal.com 5 Octubre 2014

Artur Mas y Oriol Junqueras pasan por ser unos valentones, pero no les llega la camisa al cuello. Tienen al Estado de hinojos, que diría Anson, y no son capaces de salir al balcón y mostrar lo que hay que tener, de lo que presumen, tan chulánganos. Mañana lunes, 6 de octubre, se cumplen ochenta años de la proclama de Companys, la república catalana en la ensalada federal de España. Doce horas duró la experiencia. Ahora y aquí llevamos 24 meses de agitación y lo más que se ha escuchado es el grito de independencia de los alcaldes intramuros del Palau. Nivelazo.

Casi todo el municipalismo socialista desfilando delante del president. Los más cazurros se distinguían por portar la vara, que hay que ser cateto, paleto y palurdo para personarse en Barcelona de esa guisa, con la vara y la banda de miss samarreta amarilla. Conste en acta que no estaban las 'Núrias', ni Marín, alcaldesa de L'Hospitalet, ni Parlón, de Santa Coloma. A la primera debería corresponder el liderazgo socialista catalán, dado que Iceta es incapaz de imponer orden en sus filas. Núria Marín tendrá todos los defectos de los políticos, pero conoce el paño, pisa calle y se entera de lo que pasa en la segunda ciudad de Cataluña.

Es sabido, pero conviene recordar de tanto en cuanto que existe L'Hospitalet, la expresión social de la "normalidad". Ayuda a la higiene mental de muchos barceloneses saber que pasado Sants hay una urbe distinta y mejor que la Barcelona que persiste en destrozar Xavier Trias.

Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, también podría decir algo del espectáculo del sábado en el alcázar de Mas. La impúdica demostración de vasallaje con Muriel Casals y Carme Forcadell de madrinas del sarao sitúa a los políticos del "frente indepe tremebundo tralarí" en un estadio de la evolución incompleto. Con esos alcaldes, debería pagar el IBI Rita la cantaora.

Sólo a quien ha perdido por completo el sentido del ridículo se le puede ocurrir formar a los mossos de gala y a la guardia urbana en plan ultima carga de los coraceros húngaros. Cataluña, que en muchos sentidos y de muy variadas formas ya es un Estado aparte, se ha convertido en un escenario de opereta donde las autoridades juegan a la desobediencia, montan acampadas, se gastan los impuestos de arreglar los baches en comilonas y festejos como el de ayer, de puertas adentro, en el patio de los mamporreros, en una masturbación colectiva, batiendo palmas en un fuego de campamento patético. Independencia, gritaban los alcaldes... ¿Independencia? Que salgan al balcón de una vez. Mañana es el día.

La jugada de fondo es cansina. Se trata de salvar a Mas y eliminar el factor Junqueras. En eso están los grandes empresarios, los editores y toda la mandanga, que miran a corto plazo. En nueve meses se celebrarán las elecciones municipales y si se cumplen los pronósticos, más de la mitad de los ayuntamientos pasarán a manos de ERC. A partir de ese momento, la independencia será un hecho político. ERC dispondrá de recursos económicos suficientes para adaptar el tejido clientelar del nacionalismo a sus intereses y estrategias. Se verá entonces de qué pasta está hecho Junqueras, si tiene muertos en el armario y es capaz de estar a la altura de sus soflamas. Entre medias, se cuece una "solución" que pasa por una reforma constitucional amparada y avalada por el Rey Felipe VI.

Demasiado despliegue para lo que se podría solucionar con un par de meses sin fondos del FLA. La Generalidad es de una insolvencia absoluta, vive, jode y depende del dinero que le inyecta el Gobierno de "Madrit", que es quien mantiene lo de TV3, los sueldos cienmileuristas de los inspectores fiscales fichados por Mas para su agencia tributaria y todo el despliegue totalitario del referéndum. Es a lo que se llama poner la cama.

Gallardón y el disparate de los 17 'consejitos de Estado'
Las funciones de los 'consejitos' se solapan con las del Consejo de Estado
El Gobierno central señaló en su informe de duplicidades que eran instituciones potencialmente prescindibles.
GONZALO SUÁREZ El Mundo 5 Octubre 2014

Cuando era presidente de Cantabria, los asesores de Miguel Ángel Revilla solían martillearle con dos propuestas: que creara un canal autonómico y un consejo consultivo. La televisión le ayudaría a ganar las elecciones, mientras que el consejo le ofrecería una salida digna si las perdía. Pero tanta matraca indignaba al cántabro: "¡Por encima de mi cadáver! ¡Eso son mamandurrias inútiles!".

Revilla fue el único presidente regional que no sucumbió a la tentación del consejito. Las otras 16 autonomías acabaron creando un órgano a imagen del Consejo de Estado. Así surgió una nueva capa de burocracia en la España del ladrillazo. Y, de paso, se construyó un utilísimo cementerio de políticos amortizados.

El último beneficiario de este sistema ha sido Alberto Ruiz-Gallardón. Tras su dimisión, ganará más como consejero consultivo de Madrid (87.440 euros al año) que como ministro de Justicia (68.981), además gozar de secretaria, despacho y coche oficial. A cambio, sólo tendrá que ofrecer su asesoramiento en el pleno semanal del miniconsejo madrileño.

Su caso no es, ni de lejos, el único. Crónica ha diseccionado los presupuestos, memorias y documentos de trabajo de los 17 consejitos autonómicos (en Cataluña hay dos). La conclusión es triple: estos organismos son caros, su composición está politizada y la utilidad de su labor resulta más que dudosa.

Los 17 miniconsejos costarán 30.510.256 euros en 2014. La cuarta parte se destinará a remunerar a sus 141 altos cargos, de los que 85 tienen sueldo fijo, de 71.969 euros de media. Es decir, más que un ministro, pero con una responsabilidad infinitamente menor.

La politización salta a la vista. En teoría, los consejeros deben ser juristas de prestigio, pero en los organigramas aparecen decenas de políticos en retirada. Por ejemplo, hay 10 ex presidentes autonómicos, incluidos Gallardón y Rafael Escuredo, que este martes fue nombrado consejero electivo en Andalucía, con un sueldo anual de 62.800,44 euros.

Y, para colmo, su utilidad resulta escasa. Las funciones de los consejitos se solapan con las del Consejo de Estado. Tanto es así que el Gobierno analizó su posible eliminación en un informe sobre duplicidades administrativas de 2013. Pero aquella idea quedó en nada.

Un caso paradigmático es el Consell Jurídic Consultiu de Valencia. Allí cuentan con un consejero de lujo: Francisco Camps, dimitido por el caso de los trajes. Pese a que no tiene horario fijo, ganó más en 2013 que su sucesor en la presidencia de la Generalitat: ingresó 52.172 euros netos frente a los 50.513 de Alberto Fabra. Y todo esto de forma vitalicia.

-¿Cómo se explica que Camps gane más que un presidente en ejercicio?
-Mi opinión es que ambos sueldos son bajísimos, irrisorios... Ganamos muy poco para las responsabilidades que asumimos-, responde Vicente Garrido, presidente del Consell.

No es extraño que Garrido defienda tanto a Camps, un viejo amigo suyo que le puso al frente del Consell Consultiu en 2003. Posteriormente, Garrido dirigió la tesis doctoral del ex president valenciano. Y, en plena polémica por los trajes de la Gürtel, le apoyó públicamente con inusitada contundencia: «A un inocente no se le puede condenar», proclamó.

-¿Entiende que a la gente le rechine que Francisco Camps nombre a un amigo suyo como presidente del Consell?
-No. Quien piense que mi amistad con Camps me ha mediatizado se equivoca. Y en todas las CCAA se dan cargos importantes a gente de confianza. No van a nombrar a gente a la que no conocen de nada...

El origen de los consejitos se remonta a 1981, cuando Cataluña montó el suyo. Tres años después, Canarias se apuntó a la moda. Y, poco a poco, fueron cayendo todas las demás, salvo Cantabria. La última incorporación fue Madrid en 2007.

No todos los miniconsejos funcionan igual. Algunos, como el navarro o el riojano, cuentan con organigramas menos politizados. Otros, como el aragonés o el balear, manejan presupuestos austeros. También los hay donde los consejeros trabajan a destajo. Pero nadie se encarga de controlar unas instituciones que proliferaron al calor del boom de la pasada década.

Entre los partidarios de los consejitos está Pedro Sabando, ex presidente del Partido Socialista de Madrid. Según él, el Consejo Consultivo madrileño se creó a propuesta del Consejo de Estado, que ansiaba descargarse de trabajo. Hoy, el organismo no sólo da su opinión -no vinculante- sobre decretos legislativos autonómicos: también se pronuncia sobre cientos de peticiones de responsabilidad patrimonial de ciudadanos que piden una indemnización por un maltrato sanitario, por un tropezón en una calle mal adoquinada...

Sabando niega que el Consejo sea «un balneario». Dice que trabaja «cuatro o cinco» horas cada mañana, además de algunas tardes. A cambio, cobra 8.500 euros brutos al mes y tiene secretaria personal y coche oficial, aunque él ha renunciado al suyo.

-¿Se merece el dinero que gana?
-Sí. Sin nosotros, el Consejo de Estado se colapsaría. Además, ahorramos mucho dinero al desestimar cientos de peticiones de indemnización. Unos 70.000 euros a la semana.

-¿No hay gente que no haya pertenecido a partidos políticos que pueda hacer esta labor?
-Haber militado en un partido no es un motivo de condena, sino de reconocimiento.

Al Gobierno central no le terminan de convencer de estos argumentos. En su informe sobre duplicidades, señaló a los consejitos como instituciones potencialmente prescindibles. Pero eliminarlos no es tan sencillo: con el paso de los años, su existencia ha quedado consagrada en los estatutos de autonomía, que tendrían que reformarse previamente.

Sin embargo, hay dos pruebas de que las autonomías podrían sobrevivir sin sus miniconsejos. La primera, que comunidades como Madrid no los crearon hasta hace apenas un lustro. La otra, que Cantabria nunca ha tenido uno: se limita a elevar una treintena de peticiones al Consejo de Estado cada año.

«Son un carísimo cementerio de elefantes», dice Luis de Velasco, portavoz de UPyD en Madrid, que ha exigido en repetidas ocasiones su eliminación. «Sus funciones podría asumirlas el Consejo de Estado. Pero los partidos prefieren colocar a los suyos».

En Madrid, por ejemplo, hay dos ex presidentes de la Comunidad, un ex secretario de Estado de Seguridad, un ex subsecretario de Educación, un ex consejero autonómico, una ex directora general de Justicia regional... y hasta la ex mujer de un ex consejero de Sanidad.

Pero no es una excepción. En todos los miniconsejos hay dedazos, incluido el de Castilla-La Mancha, donde encontramos a José Sanroma Aldea, alias camarada Intxausti. El ex secretario general de la maoísta Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) saltó al PSOE en 1990 y, de ahí, al consejito manchego. Hoy cobra unos 50.000 euros al año por su labor.

Quizá eliminar los miniconsejos sea imposible. Pero sí se puede recortar el dispendio: el aragonés, por ejemplo, sólo cuesta 323.404 euros, apenas 24 céntimos por ciudadano. Allí los consejeros sólo cobran dietas: 255 euros por reunión y un máximo de 1.100 por dictamen. «Pero otras comunidades no quieren recortar», se lamenta Revilla. «¡Y luego se quejan de que la gente vote a Podemos!».

según recoge un informe policial
El independentismo catalán ha recibido 20.000 M€ públicos desde tiempos de Pujol
Antonio Fernández. Barcelona. El Confidencial 5 Octubre 2014

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) pactó con el Gobierno de la Generalitat su apoyo logístico y el control de los medios de comunicación subvencionados para reforzar el movimiento independentista de Cataluña. Ésta es la tesis del dossier que lleva por título Informe Asamblea, elaborado por los servicios de Información de la Policía y al que ha tenido acceso El Confidencial. Según el texto, en enero del 2012, la entidad cívica propuso a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y a Convergència i Unió (CiU) “que acudan a la concentración del 11 de septiembre como una sola voz”.

Más tarde, a principios de marzo de ese año, representantes de la Asamblea se reunieron con Francesc Homs, portavoz del Gobierno catalán, que se comprometió a participar. La ANC exigía a la Generalitat “el control absoluto de los medios de comunicación que dependen de las subvenciones públicas”. Y añadía que, “igualmente, la ANC exige a CiU que fuerce a sus concejales y alcaldes a sumarse a la manifestación, ya que no todos ellos son partidarios de manifestarse bajo lemas claramente separatistas”.

La entidad, dice el citado informe, se creó el 30 de abril de 2011, fecha en la que “los separatistas radicales provenientes de diferentes sectores se unen en la ANC, dirigidos por elementos de extrema izquierda que incluso habían estado en el pasado detenidos por pertenecer o colaborar con organizaciones terroristas, consiguen esta vez el apoyo de elementos nacionalistas de CiU”.
Manifestación convocada por ANC y Omnium Cultural a favor de la consulta, a mediados de septiembre. (Efe)Manifestación convocada por ANC y Omnium Cultural a favor de la consulta, a mediados de septiembre. (Efe)

El primer núcleo de la ANC, añade, estaba formado “por unas 30 personas, cuyo objetivo es separar a Cataluña del resto de España. Desarrollan para ello una actividad continua y organizada que contará con la colaboración de CiU y de todos los medios de comunicación a las órdenes de la Generalidad (sic) que, mediante multitudinarias subvenciones, propagarán todo lo concerniente a la nueva organización separatista denominada Asamblea Nacional Catalana”.

El informe afirma también que el Gobierno catalán, a las órdenes de CiU, dispone de cadenas de televisión, emisoras de radio, diarios, organizaciones, fundaciones, asociaciones deportivas lúdicas, culturales, musicales y empresas públicas “donde desde hace años ha ido colocando a personas afines a su causa y que se llevan una parte muy importante del presupuesto en forma de subvenciones y sueldos millonarios”.

También dice el dossier que “desde que Jordi Pujol llegó al poder en 1982 (sic), se calcula que sólo las asociaciones separatistas camufladas bajo diferentes nominaciones han recibido unos 20.000 millones de euros”. Obviamente, en esta cifra están comprendidos los presupuestos de los medios públicos catalanes, que percibían unos 330 millones de euros anuales a fondo perdido y que con los recortes de los últimos años se han reducido a “sólo” 260 millones. Sólo de fondos públicos en las casi tres décadas y media que llevan funcionando, los medios públicos se han comido más de la mitad de esos 20.000 millones.

Los socios en la sombra
El informe afirma también que “aunque la ANC es la que da la cara, hay otras 13 entidades y organizaciones independentistas que prestan su ayuda y las infraestructuras de que disponen, las cuales han recibido millones de euros en subvenciones durante los últimos años. Entre ellas destaca Òmnium Cultural (a la que, subraya el texto, le ha pagado el Gobierno las letras de su préstamo hipotecario tras comprar la sede en el centro de Barcelona). “Estas trece entidades, además, de la ANC, han formado al mismo tiempo una plataforma denominada El Clauer (El Llavero), registrada el pasado 28 de diciembre a nombre de Òmnium Cultural y con sede en la misma dirección que ésta”.

“La Asamblea, al final, actúa como el ‘brazo ejecutor’ de las consignas soberanistas por medio de una red de personas, campañas y asociaciones que siembran día a día la semilla independentista”, dice en una de sus conclusiones el informe.

Asimismo, hace referencia a la organización interna de la entidad y destaca que se divide en tres estructuras: la primera está formada por las asambleas territoriales por comarcas. “Cada comarca tiene una serie de poblaciones que están adheridas a la ANC y su objetivo es difundir en su demarcación el discurso independentista. No son unas pocas poblaciones las que están adheridas a la ANC y que difunden este discurso, sino que se trata de 44 comarcas con todos los pueblos que las componen (sic)”.

La segunda estructura son las asambleas territoriales exteriores, con delegación en 8 países. Y la tercera son las Asambleas sectoriales, compuestas por “54 asociaciones en diferentes sectores sociales”. También destaca que cuenta “con una amplia mayoría de municipios (674), consejos comarcales y diputaciones (36) que forman parte de la ANC y que se denominan Asamblea de Municipios por la Independencia (AMI)”. Entre otras cosas, también destaca el texto que la ANC tiene dos cuentas corrientes en el Banco Sabadell, una de ellas “en el extranjero”, se supone que parea recaudar las cuotas y donativos de los afiliados en el exterior.

Repaso a la familia Forcadell
No se queda aquí el informe: hace un detallado estudio de la presidenta de la ANC, Carme Forcadell, y de su familia. De ella, señala que es fundadora de la Plataforma per la Llengua (una entidad profusamente subvencionada) y miembro de la ejecutiva local de Òmnium Cultural en Sabadell. Militante de ERC, “entre los años 2003 y 3007 fue concejal del Ayuntamiento de Sabadell por dicho partido político. Miembro de la Comissió de la Dignitat y vicepresidenta de la plataforma Dret a Decidir, también es miembro del Moviment per la Independència”.
El informe de los servicios de inteligencia de la Policía hace un detallado estudio de la presidenta de la ANC, Carme Forcadell

Tras relatar su curriculum laboral a grandes rasgos (entre otras cosas, “fue coordinadora de Normalización Lingüística en la consejería de Educación”, señala), subraya que tiene su propia página web, “gestionada y dirigida por su hijo Ferran P. Forcadell, informático de profesión y dirigente de la empresa (…)”. Destaca, asimismo, el informe que tiene una activa participación en las redes sociales, especialmente en Facebook.

A continuación, desvela las propiedades de la familia de la presidenta de ANC, enfatizando que no existen vehículos a nombre de ninguno de sus miembros. Recoge, no obstante, que Forcadell y su marido son propietarios al 50% de una vivienda en Sabadell, de 168 metros cuadrados. A nombre de ella sola tiene también un parking en Esplugues de Llobregat y un terreno en Aldover (Tarragona) de 30.039 metros cuadrados.

Su marido, Bernat P., tiene también una parcela en Xerta (Tarragona) de 2.623 metros cuadrados y una casa en la misma localidad de 248 metros cuadrados. El hijo mayor dispone de un piso de 83 metros cuadrados en Sabadell y un apartamento en Platja d’Aro de 80 metros cuadrados. El hijo menor tiene un local comercial de 91 metros cuadrados, un almacén de 28 metros cuadrados y un piso de 114 metros cuadrados, todos ellos en Sabadell.

Se le ha aplicado la Ley Antiterrorista
Detenido el presunto autor del atentado de Resistencia Galega
www.latribunadelpaisvasco.com 5 Octubre 2014

La Guardia Civil ha detenido en Santiago de Compostela a un presunto miembro del grupo terrorista Resistencia Galega al que acusa de ser el responsable del atentado contra el ayuntamiento de Baralla (Lugo). El Ministerio del Interior ha informado de que el arrestado es Raúl Agulleiro Cartoy, de 24 años y natural de Barreiros (Lugo), aunque vive en Santiago de Compostela.

Agentes de la Unidad Central Especial número 2 del Servicio de Información de la Guardia Civil han detenido "al presunto autor de la colocación del artefacto explosivo que ocasionó números daños materiales en la sede del Ayuntamiento de Baralla (Lugo) y en sus inmediaciones".

Agulleiro Cartoy forma parte del sector más radical del Movimiento Independentista Gallego, y su presencia era habitual en las concentraciones y movilizaciones convocadas en apoyo a los presos del Grupo Terrorista de Resistencia Gallega.

El detenido tiene antecedentes por dos detenciones relacionadas con un delito de daños y atentado contra agente de la autoridad, ambas en el marco de su actividad radical con de este Movimiento.

Al joven detenido se le ha aplicado la legislación antiterrorista. Los daños ocasionados por la explosión de un artefacto en el Ayuntamiento de Baralla superaron los 200.000 euros.

 


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