AGLI Recortes de Prensa    Lunes 20  Octubre  2014

A Rajoy le estalla la burbuja de la recuperación
Roberto Centeno El Confidencial 20 Octubre 2014

Igual que el año pasado las exportaciones eran el motor que iba a sacarnos de la crisis, la recuperación económica de Rajoy se ha desvanecido. Ha durado la mitad que los brotes verdes de Zapatero. La bolsa, que la pasada semana perdió un 1,9%, ha marcado un punto de inflexión en la percepción del riesgo, y si la agencia de calificación Standard and Poor's hiciera su trabajo honestamente degradaría el rating de España el viernes. Frente a una estimación de subida bursátil del 27% para 2014 por los mismos que llevan meses afirmando que hemos salido de la crisis, ahora estamos en cero. El jueves, y por primera vez, el Tesoro no pudo colocar todo el dinero previsto a pesar de pagar intereses más altos. Y lo que es más grave, todos los supuestos macroeconómicos del Gobierno son falsos. Las exportaciones se desplomaron un 5,2% en agosto, la mayor caída en cinco años, lo que eleva el déficit comercial a 16.481 millones de euros en los ocho primeros meses, el doble que en 2013.

La producción industrial, que está ya en mínimos históricos, se ha desacelerado significativamente. El mercado de la vivienda ha cambiado de tendencia y la tasa interanual, que venía siendo positiva, ha pasado a negativa en agosto, 1,2%. El consumo privado, el 60% del PIB, ha comenzado a desacelerarse en el tercer trimestre: de un crecimiento interanual de ventas de grandes empresas de 2,4% en el segundo trimestre, se ha pasado al 2,3% en el tercero, y el índice de comercio al por menor, del 0,7% al 0,1%. En inversión, un 20% del PIB, la variación interanual de disponibilidades de bienes de equipo ha caído del 7,6% al 5,3% y la de vehículos de carga se ha reducido a la mitad. Para la inversión en construcción –un 45% de la total– todos los indicadores empeoran. Un festival de recuperación.

¿La tercera recesión? ¡Pero si no hemos salido de la primera!
Vamos a la cifra agregada, el PIB: como el deflactor de los primeros nueve meses se puede estimar en el -1,1%, y el PIB real ha crecido oficialmente un 0,9%, el PIB a precios de mercado (el único que de verdad mide la riqueza creada porque está medido a los precios a los que los bienes y servicios se han vendido en realidad y no a precios constantes) ha caído en un 0,2%. O sea, en septiembre la economía estaba cayendo, no subiendo. Y para octubre y lo que queda, después del descalabro bursátil, la crisis europea y el proceso de deflación interno, que está reduciendo la renta disponible de más del 80% de las familias, la situación será peor que en meses anteriores porque cada vez es más evidente que los bancos centrales han hecho lo que han podido y no pueden hacer mucho más.

Se habla de tercera recesión, pero ¿de qué tercera recesión hablan? ¿Es que acaso hemos salido de la primera? Si somos optimistas, España está ante un largo periodo de estancamiento y, si somos realistas, la situación va de mal en peor, mientras Rajoy y sus secuaces siguen sin cambiar el paso, diciendo que todo lo han hecho bien. ¿Pero qué rayos es lo que han hecho bien si lo han hecho todo al revés? Mantienen el gasto público improductivo, mientras presumen de reformas. Y De Guindos afirma que “las medidas comienzan a dar sus frutos”. ¿Pero de qué frutos habla un señor que nos decía que el rescate de la banca no costaría un euro a los españoles y que las exportaciones eran el gran motor que nos estaba sacando de la crisis?

Y mientras la desaceleración se acentúa, “la receta de España funciona”, afirma este irresponsable. ¿Funciona para quién? ¿Para los nuevos millonarios? ¿Para los especuladores y los corruptos? ¿Para los dos millones de enchufados? ¿Para los monopolios privados y para los banqueros incompetentes y rapaces? Lo previsible es que 2014 se cierre con un crecimiento negativo o cero en términos de PIB a precios de mercado, y es difícil ver por qué razón 2015 iba a ser mejor. De hecho, hay más probabilidades de que sea peor que 2014 que de lo contrario. En este contexto, los Presupuestos Generales del Estado 2015 son pura fantasía. ¿Qué van a decir los burócratas de Bruselas que los acaban de recibir? Si les dan el visto bueno, sería para echarlos a todos, porque no se tienen en pie.

A la economía española le pasa justo lo contrario que a las bolsas más importantes. Los fundamentales están mejorando en EEUU (la producción industrial subió un 1% en septiembre, frente a un 0,4% esperado y las demandas de empleo se han desplomado al menor nivel en 14 años). También en otros países, por lo que la corrección bajista de las bolsas de valores no puede durar. En la economía española los fundamentales están estructuralmente mal, por lo que la recuperación es imposible y, aunque la economía mundial se recuperase, la española no podría hacerlo en forma sostenida, porque carece de las bases para mantener ningún crecimiento. Estamos gobernados por lo más necio y corrupto de la sociedad o tal vez es que nos merecemos no ser gobernados por personas normales. ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez afirme que hay que suprimir el Ministerio de Defensa? ¿Cómo un majadero así puede aspirar a gobernar España? Zapatero a su lado era un gran estadista.

¿Por qué España no puede salir de la crisis?
El carácter estructural del gasto público, donde casi 100.000 millones son puro despilfarro a pesar de los impuestos confiscatorios sobre la clase trabajadora y la clase media y los recortes sociales, nos obliga a una espiral de endeudamiento imposible de detener y a un nivel de deuda imposible de devolver. A ello se suman los precios de la energía y otros los inputs esenciales a la cabeza del mundo desarrollado por la connivencia entre la oligarquía política y la oligarquía monopolística. Esto hace imposible que España pueda salir de la crisis.

El “hacer los deberes” para estos irresponsables que nos gobiernan ha consistido exactamente en lo contrario. Su objetivo es que una élite empresarial y financiera se enriquezca sin límite y la oligarquía política mantenga sus privilegios y sus dos millones de enchufados, mientras más de la mitad de las familias españolas tiene dificultades para llegar a fin de mes, y el endeudamiento brutal (unos 5.000 millones cada semana) arruina la vida a 40 millones de españoles y la de sus hijos. Esto es lo que han hecho:

Subir impuestos hasta un nivel confiscatorio –han incrementado o subido más de 80 figuras impositivas–, la mayor carga impositiva de nuestra historia. Y si consideramos la presión fiscal soportada por una familia media española (matrimonio y dos hijos), esta es la más alta de toda la OCDE. En algunas de las comunidades autónomas más corruptas y gobernadas por lo peor de lo peor, hay que pagar además impuestos extraordinarios (patrimonio, recargos en el IRPF, etc.), como Cataluña o Valencia. ¿Por qué la Agencia Tributaria no investiga los viajes de algunos mandamases a paraísos fiscales? Por ejemplo, a Panamá.

Mantener el gasto público improductivo, en particular el gasto corriente, que ha pasado de 159.900 millones en 2007 a 173.834 en 2013 en moneda constante; y sigue creciendo sin pausa. Solo las duplicidades entre Administraciones suponen un despilfarro anual de 34.000 millones de euros. Tenemos más coches oficiales que los EEUU. El salario medio de los empleados públicos casi dobla el de empleados del sector privado, algo que no sucede en ningún otro país desarrollado. Sobran más de 3.000 de las 4.000 empresas públicas, creadas en su mayor parte para colocar familiares y ocultar deuda. Hay dos millones de empleados públicos nombrados a dedo. Tenemos el doble de ayuntamientos de los necesarios, pero como dice Rajoy: “Eso no se toca”.

Se han dedicado más de 300.000 millones de dinero público y avales para rescatar al sistema bancario, sin molestarse en analizar siquiera qué entidades deberían haber sido salvadas y cuáles haber sido cerradas. Se llevan perdidos ya más de 50.000 millones y probablemente la pérdida final se acercará a los 140.000.

Poner en marcha una reforma laboral que ha consistido básicamente el abaratar el despido, fomentar el trabajo basura y facilitar la reducción salarial, recortando así la renta disponible de las familias en el porcentaje más alto desde la Guerra Civil.

Seguir gastando mucho más de lo que se ingresa –unos 80.000 millones de euros en 2014–, lo que ha elevado la deuda real de las Administraciones Públicas (pasivos en circulación) a más de 1,4 billones de euros, cifra que no podrá ser devuelta.

El sistema de pensiones está quebrado, todos los estudios actuariales lo demuestran. Hasta julio, los recursos habían caído un 5,1% y los gastos subido un 3,8 %. Están sosteniendo el tema con alfileres y con recortes lo más disimulados posible, porque no quieren soportar el coste político de un recorte abierto y significativo de las mismas, pero la cuestión no se sostiene. Estos insensatos lo saben y no están haciendo nada excepto ganar tiempo hasta las elecciones.

Permitir a los monopolistas de petróleo, gas y electricidad abusar de su posición dominante como jamás habían osado en el pasado, ante la inacción absoluta de la Comisión Nacional de la Energía, del Servicio de Competencia y de la Fiscalía Anticorrupción. Un ejemplo actual: las gasolinas y los gasóleos. Los precios internacionales han bajado un 30% desde el verano, lo que significa que, como más o menos la mitad del precio al público (precio antes de impuestos más IVA) es proporcional al precio del producto, estas deberían haber bajado la mitad, un 15%. ¿Y cuánto lo han hecho en realidad? Un 8%. Esto es lo que De Guindos y Rajoy llaman “un ejemplo a imitar por Europa”.

La distribución de la renta y la riqueza es la más injusta conocida en España en más de cien años. A día de hoy es la más injusta, no solo de Europa, sino de la OCDE. Aparte, lo que esta concentración de la riqueza significa en términos morales y de sufrimiento humano tiene un efecto económico extremadamente pernicioso: la propensión al consumo de las rentas más altas es mucho menor que la de las rentas más bajas. Ello se traduce en que, para un mismo nivel de renta en un país con una distribución más igualitaria, el consumo es mucho mayor que en otro con una distribución más injusta. Y el consumo, como se ha dicho, es el 60 % del PIB.

¡Y todo esto es para proteger los intereses de una minoría! Resulta patético ver a Rajoy defendiendo aún la “salida de la crisis” como un boxeador sonado. Y más que patético, vergonzoso, hablar de que estamos creando empleo, cuando se están perdiendo cientos de miles de horas de trabajo, cuando lo que ocurre es que se están destruyendo empleos dignos de 40 horas semanales y sustituyéndolos por empleos indignos de 10, empleos que en muchos casos ni siquiera respetan la legislación laboral. Y lo más grave, si es que lo relatado no fuera ya lo suficientemente dramático. Los tipos de interés están en cero, y aunque eso no sucederá de inmediato, los tipos volverán a subir y ese aciago hará saltar por los aires la economía española y la vida de varias generaciones de españoles quedará arruinada. La escoria que nos ha gobernado y que nos gobierna ha puesto una bomba de tiempo bajo nuestros pies, bomba que engorda cada semana con las subastas de deuda, por lo que cuanto más tiempo pase, más devastadores y duraderos serán sus efectos.

Sigue el teatro
Miguel Cámara www.gaceta.es 20 Octubre 2014

El aparente giro mostrado por Artur Mas para la consulta del 9 de noviembre forma parte del teatro montado en pro de una independencia que no desea. Incluso, la dolida reacción del más radical, como Junqueras, es parte del espectáculo. Conseguirán así más dinero que si fueran independientes, ya que Rajoy les seguirá pagando cada vez más, creyendo que así mantiene controlado a Mas. La situación, incluso, va empeorando, ya que los nacionalistas aumentan el adoctrinamiento, sobre todo en la juventud catalana; en los centros escolares han incrementado ya la campaña contra el Estado español: “nos acusan de ir contra la Constitución, que atentamos contra el derecho de todos los españoles, que malversamos los fondos públicos, que prevaricamos, que somos un pueblo hostil, que estamos dividiendo a los catalanes, que nos alejamos de Europa, nos quieren llevar a los Tribunales, etc. etc. etc.”.

Recordemos un reciente documental en televisión donde niños catalanes de 8 a 10 años daban su opinión sobre la situación en Cataluña: “los impuestos que pagamos aquí se los llevan a Madrid, y claro, esto no puede continuar así”, decía uno de los chicos adoctrinados; las opiniones del resto eran igualmente patéticas. De esta forma la minoría radical seguirá creciendo en las generaciones futuras, aunque los líderes del momento seguirán fomentando una representación teatral que les permita continuar asidos al cordón umbilical del Estado que les aporta unos ingresos que no merecen, y que nunca obtendrían desde la independencia, que, además, no desea la mayoría del pueblo.

No aprenderemos nunca la lección que nos ha dado Canadá e Inglaterra, autorizando los referendums de Quebec y Escocia, que perdieron, como vaticinaron las encuestas, igual que en Cataluña. Si algún día aprendiéramos la lección, se autorizaría el referendum en Cataluña, y se pondría fin al problema para siempre. Que Cataluña robe al resto de España, y les hagan creer a una minoría que es España quien roba, es todo un arte político. A ver quien para eso.

Inmunidad, impunidad... ¿Justicia?
El autor critica los privilegios de los que gozan diputados y senadores en España, recordando que la mayoría tienen su origen en el medievo.
Considera que su eliminación favorecería la lucha contra la corrupción.
SALVADOR VIADA BARDAJÍ El Mundo 20 Octubre 2014

Tres son los privilegios establecidos en la Constitución de que gozan los diputados y senadores en relación con la eventual comisión de delitos. La inviolabilidad, el aforamiento y las inmunidades. La inviolabilidad consiste en la absoluta irresponsabilidad de los parlamentarios por las expresiones orales realizadas en el ejercicio de sus funciones. Su razón de ser es clara y forma parte de la esencia de la democracia. Los representantes de los ciudadanos tienen absoluta libertad de expresión y no pueden estar amenazados por sanciones penales por sus opiniones parlamentarias, ni siquiera cuando cesen en el ejercicio de sus funciones. Su origen se encuentra en el medioevo inglés para proteger la libertad de los parlamentarios frente a las injerencias del rey y finalmente se consagra en la Carta de Derechos de 1689 impuesta por la nobleza inglesa a Guillermo de Orange para convertirse en rey de Inglaterra.

El aforamiento es un privilegio cuyos fundamentos son más discutibles: consiste en el derecho a ser enjuiciados por tribunales diferentes de aquellos que corresponden al resto de los ciudadanos. Los aforamientos crean disfunciones prácticas en la investigación de los delitos y en el enjuiciamiento. Para diputados y senadores, el tribunal competente es el Tribunal Supremo, según dice el art. 71 de la Constitución. El Tribunal Supremo es un tribunal diseñado fundamentalmente para revisar sentencias emanadas de tribunales inferiores, pero no para investigar hechos delictivos. Hay, naturalmente, una serie de previsiones establecidas para la designación de magistrados entre quienes componen la sala segunda (sala de lo penal) para causas de aforados. Se nombra un instructor en el Tribunal Supremo, es decir, el magistrado que tendrá a su cargo la investigación de los hechos. Hay también un turno preestablecido para el enjuiciamiento de estos casos, y también una sala de recursos para las resoluciones del instructor. De este modo se produce un reparto general de competencias entre todos los magistrados del Tribunal Supremo para crear ad hoc en un solo tribunal una estructura adaptada a las previsiones de las leyes orgánicas y procesales vigentes. Pero no es una estructura engrasada por la práctica cotidiana de investigación y enjuiciamiento como están, por ejemplo, los juzgados ordinarios. Y menos si los casos son complejos como suelen ser los de corrupción.

El tercer privilegio establecido en la Constitución para los diputados y senadores son las inmunidades y su mera existencia aleja la idea de que la Justicia es igual y actúa por igual para todos. La inmunidad consiste básicamente en dos cosas: ni diputados ni senadores pueden ser detenidos sino en caso de flagrante delito (privilegio también de origen medieval inglés); y, sobre todo, no pueden ser «inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara correspondiente». En ese privilegio, muy discutido doctrinalmente, se encuentran algunos graves problemas que se generan en la lucha judicial contra la corrupción. Porque no se limita la inmunidad parlamentaria a hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sino que alcanza la responsabilidad general penal de diputados y senadores: desde delitos de violencia de género a delitos contra la seguridad del tráfico. Y también, claro, los delitos de corrupción. Hay que decir que este privilegio, que históricamente proviene también de los orígenes del derecho parlamentario inglés, actualmente ha desaparecido en Gran Bretaña: ahora la inmunidad en ese país consiste en que las Cámaras sean simplemente informadas de las causas abiertas a los parlamentarios. Los delitos de corrupción (malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohechos, prevaricaciones), son delitos de investigación habitualmente compleja. Exigen, con frecuencia, la adopción de medidas que pueden ser invasivas de derechos fundamentales, básicamente, intervenciones telefónicas, investigaciones patrimoniales, de cuentas bancarias, ocupación de correspondencia y registros en domicilios y despachos en busca de documentación. Todo ello, naturalmente, a espaldas y sin conocimiento previo de los investigados, previa declaración de secreto de las actuaciones. El problema es que esas medidas no pueden tomarse jamás de manera efectiva contra diputados y senadores. Ello es así porque las mismas se toman contra personas contra las que hay indicios de responsabilidad criminal. Y resulta que cuando de diputados y senadores se trata, previamente hay que solicitar la autorización de la Cámara correspondiente. En esta materia ningún juez tomará riesgos: el art. 501 del Código Penal prevé para el juez que inculpare a un miembro de Las Cortes sin cumplir los requisitos legales una pena de inhabilitación de 10 a 20 años. Si un juez de instrucción de cualquier juzgado español, en el curso de su investigación, se topa con la eventual participación de un parlamentario en delitos de corrupción (pensemos que hay senadores o diputados que son al tiempo alcaldes o que tienen cargos de responsabilidad en sus partidos), ha de suspender la investigación -sin desde luego adoptar medidas que pudieran vulnerar justificadamente los derechos de esas personas- y dirigirse al Tribunal Supremo para solicitar la continuación de la investigación respecto de esas personas. El Tribunal Supremo analizará la causa y decidirá si procede o no asumir la investigación del caso. En el caso de que así se acuerde, y si hay motivos para ello, solicitará a las Cortes autorización para proceder contra la persona investigada. El caso, pues, se debatirá en sede parlamentaria; pero con independencia de que se conceda o no la autorización para proceder, el afectado estará avisado y con ello perdido el efecto sorpresa de la investigación; estará avisado seguramente desde antes, desde que el juez de instrucción eleva la causa al Tribunal Supremo ya que estas cosas normalmente trascienden. Esas medidas de investigación, que en ocasiones son imprescindibles para luchar contra la corrupción no son operativas en causas contra senadores y diputados y habría quizá que preguntarse si este nicho de impunidad (más que de inmunidad) está o no justificado, porque al fin y al cabo se trata de privilegios que deberían ser considerados de manera restrictiva. En esta materia, el Tribunal Supremo tiene un estrecho margen de actuación aunque algún paso ha dado: por ejemplo, se ha aceptado que la orden de alejamiento acordada contra un senador en una denuncia de maltrato por su pareja no requiere autorización previa del Senado. Pero estos son ahora mismo los límites.

Si pensamos que el corrupto es un estafador social, una persona que desde su posición de responsabilidad tima a los ciudadanos; si vemos que la corrupción es un problema muy grave hoy en España; y si hay nichos a través de los cuales la acción de la Justicia se debilita, convendría quizá empezar a pensar en los límites de la protección de los parlamentarios para ejercer correctamente su trabajo y en la defensa de la sociedad frente a los abusos. Esas cosas los corruptos las conocen y, obviamente, si pueden, se aprovechan. Si la corrupción se extiende; si incluye prácticas tendentes, por ejemplo, a financiar partidos políticos, entonces es mucho más difícil su esclarecimiento porque basta depositar en personas que gocen de inmunidad la mayor parte de las pruebas de estos delitos.

La lucha contra la corrupción exige tomarse este tipo de cosas en serio, valorando la eliminación de privilegios que de manera directa o indirecta favorezcan la proliferación de prácticas corruptas y que no sean imprescindibles para el ejercicio de la función parlamentaria. Los riesgos en la democracia española de hoy no están principalmente en la posibilidad de que el Rey vulnere la independencia de los parlamentarios -como hace 400 años-, sino de que estos se corrompan o participen en ese tipo de prácticas, lo que incluye, lógicamente, el silencio ante los delitos de los que tengan conocimiento.

Salvador Viada Bardají es fiscal del Tribunal Supremo.

El desarme jurídico del Estado
El autor denuncia que, a diferencia de lo que ocurría hasta 1995, la proclamación de independencia por parte de un gobierno autonómico no constituye legalmente un delito de rebelión contra el orden constitucional
CARLOS DOMÍNGUEZ LUIS El Mundo 20 Octubre 2014

HACE YA algunos años, el presidente de la asamblea legislativa de una comunidad autónoma realizó el hecho, insólito en cualquier sistema democrático que se precie, de negarse a cumplir una decisión judicial firme, dictada por el Tribunal Supremo. Fue condenado, tiempo después, por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, pero aquella conducta, revestida en su día de marcados tintes políticos, debe ser vista ahora, con los acaecimientos recientes que se suceden en Cataluña, como el punto de partida de comportamientos claramente orientados a poner en jaque nuestro sistema constitucional y frente a los cuales el orden jurídico puede no ser del todo eficaz en el futuro.

Nuestro Estado de Derecho no tiene puesto al día uno de los instrumentos imprescindibles para la defensa del ordenamiento constitucional, el Código Penal, cuyo articulado se mantiene al margen de los actuales problemas y retos que tiene España planteados frente a quienes dedican el esfuerzo político a procurar la liquidación del Estado y de su organización, democráticamente aprobada por los españoles en 1978. Si exceptuamos los delitos de terrorismo, nuestro Código, tantas veces reformado para perseguir la llamada delincuencia callejera y garantizar la tranquilidad de la vida cotidiana, ofrece una eficacia cuestionable para salvaguardar el sistema constitucional. A ello se ha de sumar que la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal sigue pensando en una sociedad agraria en la que, de cuando en cuando, surge una disputa sobre linderos que desemboca en una tragedia personal. Esa forma de delincuencia no ha desaparecido, pero hoy la fenomenología del delito ofrece muchas otras manifestaciones para las que no existe certera previsión legal.

Si volvemos al caso concreto con el que se iniciaban estas líneas, no cabe duda de que, en cualquier Estado de Derecho, por primario que sea, las sentencias de los órganos judiciales deben cumplirse, no como homenaje personal a los magistrados que las dictan, ni por subordinación jerárquica a ellos, sino por ser su cumplimiento elemental exigencia del funcionamiento democrático en una sociedad libre. Ahora bien, en nuestro sistema penal, la desobediencia, por parte de las autoridades, a las sentencias y decisiones judiciales, sorprendentemente no constituye un delito contra las instituciones del Estado y contra la división de poderes. Esa desobediencia es tratada como un delito contra la Administración pública, esto es, como si tal conducta afectara al buen funcionamiento de los «servicios administrativos» y no al «orden constitucional de la división de poderes».

El Código Penal, pues, ha olvidado el valor de las sentencias en la estructura del Estado de Derecho y, ni saca el aprovechamiento de su verdadero papel, ni es capaz de obtener todas las ventajas del delito de desobediencia a los tribunales que, visto lo visto, en un futuro próximo va a ser la llave para la solución de muchos problemas. Los acontecimientos vividos en los últimos años en Cataluña permiten vaticinar que las crisis próximas no serán de violencia material, sino de reto y pulso al orden jurídico desde comportamientos igualmente jurídicos, pero inconstitucionales. El principio de mínima intervención del Derecho Penal ha de mantener su catalogación como principio básico. Sin embargo, los órdagos a nuestro sistema constitucional, a nuestro modelo de convivencia, no pueden ser considerados como una broma. De ahí, la necesidad de que el marco jurídico se dote de los mecanismos precisos para impedir los intentos ilícitos de ruptura de las reglas del juego.

En efecto, no es una broma que, suspendida por el Tribunal Constitucional la consulta promovida por el Gobierno catalán, prevista para el próximo 9 de noviembre, se comiencen a barajar, públicamente, vías oblicuas para que ese día se pueda votar. Todo ello, bajo el pretexto argumental de que una consulta popular a través de las urnas no es, por sí mismo, nada que implique desvaloración social.

Como tampoco es una broma que alguna formación política catalana haya planteado en los últimos días la posibilidad de una declaración unilateral de independencia de Cataluña. Pues bien, aunque cueste creerlo, un hecho que se sitúa en el límite de la gravedad para el orden constitucional no constituye en España, hoy por hoy, delito de clase alguna. Nadie cometería ningún crimen si oficialmente proclamara en el boletín oficial de una comunidad autónoma su independencia y separación de España. Sin perjuicio de su ineficacia constitucional, tal conducta no sería un comportamiento criminal. De modo que, al margen de las vías de impugnación y consiguientes declaraciones de invalidez y de ineficacia, una enormidad como la planteada no sería nada en lo penal. Nadie en España tiene la impresión de que esto pueda ser así, pero lo es. En la España de hoy, en la que conducir a excesiva velocidad puede ser un delito, no lo es, en cambio, que un Parlamento autonómico declare la secesión o independencia de su territorio. Lo sorprendente es que fue un delito siempre. Pero hoy, cuando la situación cobra visos de mayor gravedad, ya no lo es.

Esa declaración de independencia no sería, desde luego, un delito de traición, pues nuestro actual Código Penal vincula la comisión de este delito con supuestos de conflicto bélico entre España y una potencia enemiga. Han sido borradas de su texto todas las referencias a movimientos sediciosos y separatistas, sobre la base, según algunos expertos, de que contemplaban casos inimaginables en la práctica. Ahora bien, el Código Penal sigue previendo como delito una conducta harto improbable en la practica: que un español induzca a una potencia extrajera a declarar la guerra a España o se concierte con ella para el mismo fin.

Tampoco sería un delito de sedición, pues una declaración de independencia por una asamblea legislativa o un gobierno autonómico, aunque rompería gravísimamente el orden constitucional y la unidad de España, por sí misma no afectaría al orden público, ni comportaría ningún alzamiento en forma de tumulto, elementos, estos últimos, sobre los que se asienta la regulación actual de ese delito.

Difícilmente podría hablarse, por último, de un delito de rebelión, pues nuestro Código Penal impone, para considerar que el delito ha sido cometido, la existencia de un alzamiento público y violento, de modo que deja así fuera supuestos como el contemplado, que el sentido común, en cambio, etiqueta fácilmente como actos de rebelión.

DECÍAMOS ANTES que esto no ha sido siempre así. En el Código Penal de 1932 -el de la Segunda República-, una declaración de independencia como la analizada era constitutiva de delito de rebelión. Es decir, los gobiernos de izquierda de ese período tenían meridianamente claro que la unidad de España debía salvaguardarse a toda costa, incluso por la vía penal. Cualquier ataque a la integridad de España era considerado como delito de rebelión.

En 1981, un Parlamento ya democrático reformó este tipo de delitos y, como en la Segunda República, sancionó cualquier ataque contra la integridad de la nación española, con independencia de que éste tuviese lugar o no mediante alzamiento violento. En suma, la proclamación o declaración de independencia fue antes del régimen democrático, y siguió siendo durante éste hasta 1995, un delito de rebelión contra el orden constitucional. Hoy no lo es. Quizá pueda pensarse que, por tratarse de una pura declaración de contenido político y formulación jurídica, siempre se puede subsanar por la vía de la impugnación judicial. Es posible. Pero no olvidemos que los desafíos al orden constitucional y a la unidad de España van siendo cada vez más finos en lo jurídico, amén de que, en España, la desobediencia a los tribunales que restablecen el derecho y declaran la ineficacia de una independencia territorial proclamada es, hoy por hoy, un delito contra la Administración pública, castigado con una pena económica de multa y otra de inhabilitación. Con este marco, a algunos les puede parecer hasta rentable correr el riesgo.

Todo apunta a la conveniencia de una reflexión acerca de la cuestionable capacidad actual de nuestro Estado de Derecho para defender el orden constitucional en situaciones jurídicas límite. Nuestro marco de convivencia y todo lo que nos une bien lo merece.

Carlos Domínguez Luis es abogado del Estado y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Populismo
El asalto al Cielo de Podemos
José García Domínguez Libertad Digital 20 Octubre 2014

Si yo tuviera 20 años votaría a Pablo Iglesias. Pero tengo 53, esa edad en que la vida se empieza a contemplar como una derrota aceptada. Quienes nunca hayan tenido el corazón a la izquierda no pueden entender esas cosas. La derecha, apolítica por naturaleza, necesita honrados contables con manguitos duchos en administrar el presupuesto público con probidad y recto criterio. La izquierda, en cambio, necesita soñar. Necesita creer que algún día se podrá asaltar el Cielo. Huérfana de un horizonte utópico, la izquierda no es nada. Por eso el canto del cisne de la socialdemocracia desde que cayó el Muro. Por eso el viaje a ninguna parte del PSOE desde que comenzó la Gran Recesión. Ese Pablo Iglesias lo sabe. Sabe que no basta con manejar la demagogia burda de las tertulias, los códigos simplistas del maniqueísmo pueril, único lenguaje que son capaces de entender ya las grandes audiencias de los medios audiovisuales. Sabe que además tiene que ofrecer la Luna. También la Luna.

Ese Pablo Iglesias no es un charlatán más de la televisión. Tiene talento político. Y mucho. Solo alguien con talento podría haber intuido que esta crisis iba a romper el tradicional eje izquierda-derecha en los mapas de posicionamiento electoral. Con todo su populismo de brocha gorda, el discurso transversal de Podemos, novedad por entero ajena a la retórica clásica de la extrema izquierda, revela que han captado el choque de placas tectónicas que se está produciendo ahora mismo en nuestra estructura de clases. Porque a quien en verdad se está llevando por delante esta crisis es a la clase media, a sus hijos para ser precisos. Porque no solo estamos ante el definitivo colapso fiscal del Estado del Bienestar, la última bandera de la socialdemocracia. Al mismo tiempo, asistimos a la ruptura del pacto social tácito sobre el que se ha asentado el orden social español desde los años sesenta del siglo XX.

Un contrato por el cual las clases medias tenían pocos hijos con el propósito deliberado de poder realizar una muy intensa inversión formativa en ellos. Esfuerzo de los padres que encontraba luego su recompensa con la movilidad social ascendente de su prole. A su vez, los efectivos de unas capas medias en permanente promoción iban dejando cada vez más huecos en sus propias filas. Espacios que pasaban rellenar otros jóvenes procedentes de los estratos populares, ellos mismos volcados a reproducir idéntico esquema de vida con su descendencia. Así era España hasta que el ascensor social, de repente, se averió; hasta que la huelga general de inversiones que ya va para 8 años acabó destruyendo el futuro de una generación entera. Bien mirado, lo único extraño de Podemos es que haya tardado tanto tiempo en aparecer.

Podemos
El asalto del cielo y la felicidad
Pedro de Tena Libertad Digital 20 Octubre 2014

Qué pesadilla. En ella, la muerte predicadora de Quevedo sostenía que el cielo había sido descubierto (toma ya, Mulish, y en mucho menos de 800 páginas), y que consistía en"recuperar el deseo de felicidad". Además, tenía puertas y el asalto, no el diálogo, era la única manera de entrar en él. Esta evidencia, indudable para los palabristas de Podemos, era creída a pie juntillas por millones de simpatizantes y posibles votantes que se emborrachaban con este mejunje de metáfora. Era la versión moderna del marxismo leninismo de toda la vida que habló durante decenios de paraíso comunista, convertido finalmente en el infierno de la miseria, los gulags y la sociedad con muros.

En mi soñarrera, había que mandar obedeciendo, la mejor recreación que había oído en los últimos tiempos de la dictadura del proletariado. Expliqué que el proletariado, bajo el comunismo, es quien debía ejercer su dictadura pero como tal cosa era inaplicable, fue el partido –comité central, comité ejecutivo, secretario general–, representante total del pueblo una vez eliminados los opositores, el que ejerció totalmente el mando, de modo que el proletariado (ya del todo concepto abstracto sin personas individuales) mandaba obedeciendo. El colmo de los esclavos: sentirse libres, vociferé sin éxito. A partir de ahora se trataría de obedecer a Podemos, bueno, a su ejecutiva, bueno, a su "brillante genio". Al tiempo. Ni Stalin lo hubiera dicho mejor.

En mi horroroso ensueño, el señor Monedero –hallazgo de apellido para que decía odiar el dinero de los demás– sabía perfectamente lo que era la felicidad de todos y cada uno de nosotros. Dado que Iglesias –otro apellido de nota– y Monedero, el dúo dinámico de la música celestial de la izquierda, atesoraban la ciencia de la política –el marxismo siempre fue socialismo científico–, rechazaban la malvada tesis de Bierce de que la felicidad es la sensación agradable que nace de contemplar la miseria ajena y también la insulsa de Flaubert de que la felicidad es perfecta, sobre todo si es nuestra criada. Felicidad era en mi delirio, naturalmente, lo que el dúo invencionero dictaba que era. Se me apareció Stalin disfrazado de "jardinero de la felicidad humana". ¿La mayor felicidad para el mayor número? Sí, pero sin libertad para decidir qué es la felicidad propia. Monedero ya lo sabía y bastaba. Cervantes, que era un pragmático, como sufrido recaudador de impuestos, habló muy poco de felicidad, apenas cinco veces en todo su Quijote. Pero de la libertad dijo que era "uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos" y que, por ella, "se puede y debe aventurar la vida". Por eso lo apalearon y lo encadenaron a la fila de los galeotes ante la indiferencia de los podemosos.

Luego se me apareció Trotsky, con las gafitas esas como de Pablo Echenique, izando la bandera de la dirección colegiada mientras el gran arquitecto afilaba su piolet en el jardín de sus delicias. Yo traté de avisarle del peligro. Lo de las asambleas es como la justicia de Pacheco, un cachondeo. Primero, como no pueden hablar miles, se trata de decidir quién debe hablar. Segundo, si quien habla no dice lo que debe, se le acusa emocionalmente de algo pavoroso, de disgregador, de impío, de agente doble, de fascista, que nunca falla. Tercero, sólo puede quedar uno. Maduro, Iglesias en venezolano. Castro, en cubano. Tu suerte está echada, Echenique.

En mi alucinación, Iglesias mordió el micrófono y me espetó que o hacía lo que él decía o que dimitía de padrecito dejando huérfanas a las masas. Felipazo. Primer ejercicio del miedo que viene. Cuando lo denuncié, fui acosado por los enemigos de la libertad hasta tal punto que llamé por el móvil a Borges. "¿Qué puedo hacer, maestro?", le pregunté. "Despertarte", me dijo, pero en voz tan baja que no se oyó en España.

Regeneración democrática
La metástasis de la corrupción
Santiago Abascal Libertad Digital 20 Octubre 2014

Cuando yo militaba en el Partido Popular del País Vasco, nuestras preocupaciones diarias se reducían a dos: plantar cara política al nacionalismo y regresar a casa de una pieza. Lo primero ya se ha difuminado en el PP vasco, pero yo me he prometido no olvidar que muchos no consiguieron lo segundo.

Con mucha tristeza puedo entender –nunca compartir– que el miedo y el fatalismo marianista hayan ido calando en esa organización hasta hacerles doblar la rodilla ante los terroristas y sus cómplices de otras siglas y otras autonomías. Pero durante esta semana pasada me ha sido complicadísmimo imaginar que mientras nosotros mirábamos debajo del coche otros compañeros del partido se pagaban fiestas con tarjetas negras, confiados en que la transversalidad de la corrupción les hacía impunes. A la ignominia de Gürtel o la de los ERE hay que añadir la infamia de los discursos que algunos nos traían de visita, cuando les tocaba llenar la cuota en el funeral o en la campaña, regalando palmaditas en la espalda. Demasiado tarde hemos entendido que eran auténticos puñales.

El escándalo de las tarjetas de Caja Madrid es el penúltimo ejemplo de cómo una generación de dirigentes ha llevado España al borde del caos económico, político y social. De verdad que cuesta –no por inverosímil, sino por mantener el dominio de los impulsos– imaginarles de mariscadas y lupanares mientras con su gestión hundían el sistema financiero español, mientras liquidaban las cajas de ahorro –aquellos montes de piedad– que durante más de un siglo recogieron los pequeños ahorros de los trabajadores y financiaron una vasta obra social.

De aquello nada queda, sólo deudas que tendremos que explicar a nuestros hijos. De PP a PSOE –pasando por Izquierda Unida y nacionalistas–, de patronal a sindicatos, de poder a poder, en fin, se han repartido lo de todos como auténticos saqueadores, casi regodeándose en el daño, como si quisieran evitar que la casa común volviera a ser habitable.

Las noticias de su insaciable avaricia abonan la ira de los españoles cercados por la ruina, enfrentados –quizá por primera vez en la historia– a vivir peor que sus padres, una vez desmanteladas las clases medias. Algunos, como hemos visto este fin de semana, tratan de convertir esa justa indignación en los odios políticos de siempre, los de las banderas rojas, aunque la historia ha demostrado con demasiada sangre que donde triunfan nunca se repone la justicia social pero se liquidan las libertades individuales.

Otros, en cambio, seremos implacables exigiendo responsabilidades, pero al mismo tiempo sabremos tender la mano sincera a todos los que quieran para España una auténtica regeneración moral –incluso desde la divergencia política–, a todos los que comprendan que los viejos partidos y sindicatos ya no sirven, porque la corrupción hace tiempo que ha hecho metástasis.

Santiago Abascal, presidente de Vox.

Por qué todos acabaremos votando a Podemos
Alberto Lardies www.vozpopuli.com 20 Octubre 2014

O se regenera España por la vía de las reformas legales profundas o habrá que votar a Pablo Iglesias para zarandear este sistema moribundo. El caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, todo lo publicado sobre los Pujol y la permanencia de Ana Mato son solo tres ejemplos paradigmáticos de la putrefacción de la democracia española.

Se avecina un ciclo de elecciones más que relevante para el futuro de España. Y los representantes públicos y privados del bipartidismo continúan paralizados, sin entender lo que realmente ocurre a su alrededor, confiando en que las aguas, por turbias que sean, volverán a su cauce natural empujadas por la ola de la presunta recuperación económica, seguros de que al final todo seguirá como siempre. En privado, todos los garantes y beneficiados del statu quo, los políticos, los grandes empresarios, los banqueros y hasta los tertulianos habituales dan por hecho, con su suficiencia endémica, que la crisis institucional que nos asfixia morirá junto a la económica, sin problemas mayores. Se equivocan. 

El caso Pujol representa algo así como una mezcla entre los privilegios de la casta política, las tropelías de los corruptos y los falsos mitos de la Transición. Y las tarjetas opacas, el mangoneo desmesurado de un 'statu quo' que se creía impune para siempre

Subestiman a los españoles, que no queremos revoluciones ni salvapatrias, es cierto, pero menos aún queremos seguir manteniendo este asqueroso chiringuito. Mejor será zarandearlo de una vez. O se regenera España, por la vía de las reformas profundas y las consiguientes elecciones, cosa que no parece probable, ni mucho menos, o a este paso solo nos quedará votar masivamente a Podemos, cuyos dirigentes tienen la única ventaja, absurda por obvia y simple pero muy sólida, de que todavía no han robado. Si no hay reformas, hasta los que estamos en otras coordenadas ideológicas e incluso tememos algunas medidas que puedan imponer Pablo iglesias y sus compañeros acabaremos por tomar esta decisión que creíamos imposible seis meses atrás. Todos a una. Que se jodan los poderosos. ¿Que tienen razón los apocaliptícos, arde Troya y nos abrasamos? Poco importa, no se puede estar más calcinado de lo que ya estamos. De hecho, el CIS ya apunta a una subida imparable de Podemos, en todos los tramos de edad y en todas las clases sociales, que iría en detrimento, por lógica, de PP y PSOE, como se puede ver en los gráficos que ilustran este texto. 

Tres casos paradigmáticos

Ya hace un siglo que un señor muy esperpéntico llamado Ramón dijo que en España se premia todo lo malo, el ser sinvergüenza. Por extensión, esto sucede también en Cataluña, parte de este maltrecho Reino hasta que se demuestre lo contrario. Miren al hasta ahora honorable Jordi y su clan familiar. Tras la célebre y patética confesión por carta del patriarca y después de todo lo que se ha conocido sobre sus quehaceres, esta familia representa algo así como una mezcla entre los privilegios de la casta política, las tropelías de los corruptos y los falsos mitos de la Transición. El caso de los Pujol compendia, en definitiva, todos esos errores tan repetidos como dañinos para la buena salud de un régimen ya putrefacto, maloliente, irrecuperable.

El caso de Ana Mato tampoco es sorprendente, si se tiene en cuenta que le sustenta Mariano Rajoy, el hombre que le escribía "sé fuerte" por SMS a Luis Bárcenas

Lo de Pujol, un tanto apagado estos días, no es el único asunto candente que demuestra el derrumbe del sistema. Ahí tienen el caso de la ministra Ana Mato, cuya permanencia en el Ministerio es una suerte de broma de mal gusto imposible de aguantar en cualquier país serio. Y no lo digo, aunque podría decirlo con razón, por su nefasta gestión de la crisis del ébola. ¿Conocen ustedes, sufridos lectores de este medio que aboga por la regeneración, algún país en que sea ministro alguien cuyo cónyuge tenía en el garaje que ambos compartían un Jaguar regalado por una trama corrupta? Pues eso. Lo de Mato es el mejor ejemplo de cómo funciona esta partitocracia que padecemos. Eso sí, no es sorprendente, si tenemos en cuenta que quien le sustenta es Mariano Rajoy, el hombre que le decía "sé fuerte" por SMS a Luis Bárcenas, ese extesorero que casi nadie recuerda y que al parecer era buen amigo, oh casualidad, de la propia ministra de Sanidad.  

Y el caso que más incendia nuestras conciencias en estos momentos, el de las tarjetas opacas de Caja Madrid, evidencia el mangoneo desmesurado de un establishment que se creía impune para siempre y llora estos días mientras se airean sus peores vergüenzas. La mera existencia de las visas black y, sobre todo, su perversa utilización por parte de Blesa y compañía es el mejor ejemplo imaginable de cómo los poderosos, es decir los amos del dinero y los gestores de la cosa pública, nos han estado tomando el pelo durante años, riéndose de nosotros a mandíbula batiente y sin freno posible a sus carcajadas. Banqueros, políticos de todo color, asesores y amigos del rey y sindicalistas saqueando una caja de ahorros que se fue a la quiebra y cuyo rescate hemos pagado todos nosotros, céntimo a céntimo, lágrima a lágrima. ¿En cuántas cajas de ahorros, cuyos consejos de dirección estaban plagados de similares personajes, y en cuántos otros organismos públicos habrá sucedido lo mismo? Imaginar la respuesta resulta pavoroso. 

Tampoco pueden olvidarse el caso Urdangarín, la trama Gürtel, los papeles de Bárcenas, el fraude multimillonario de los ERE falsos de Andalucía, el enorme latrocinio de los cursos de formación, etc...

Pero hay pujoles, matos y blesas, o cosas peores, en cada rincón del país. La enumeración de escándalos, sin contar los ya mencionados, es simplemente propia de una Monarquía bananera: el caso Urdangarín y otras turbiedades que afectan a la Casa del Rey, la trama Gürtel que conseguía innumerables contratos públicos, los papeles de Bárcenas que apuntan a la financiación irregular del partido gobernante, el fraude multimillonario de los ERE falsos de Andalucía, el enorme latrocinio de los cursos de formación en la misma comunidad, el supuesto tráfico de influencias del caso Campeón que se archivó en el Supremo, el caso Palau y el de las ITV en Cataluña... Y esta es solo la cara evidente y chapucera de la corrupción, que tiene otros rostros casi invisibles y más peligrosos, como he tratado de reflejar, y perdonen el autobombo, en la novela Los papeles de Barrabás (Círculo Rojo)

Nada nuevo bajo el sol, por otra parte. Si se echa un vistazo a la Historia de España, solo cabe concluir que la corrupción está tan acendrada que forma parte de nuestra idiosincrasia. Ocurre, sin embargo, que estamos en el siglo XXI y los paganos del sistema nos hemos cansado. Nos hemos hartado de los robos antes mencionados, de la burda politización de la justicia, de los eslóganes vacíos, de los carísimos rescates a los banqueros que previamente nos han esquilmado, de los enchufes de amigos y familiares en la administración, de los gastos desmesurados en dietas y coches oficiales, de los cementerios de elefantes como el Senado y los consejos consultivos, de las escandalosas comisiones en las obras públicas, de las concesiones sin concurso previo, de los políticos que recalan en grandes empresas para forrarse, de los timos legales como las preferentes, de los desahucios sin dación en pago, de las mariscadas de los dirigentes sindicales, etc.. O sea, estamos hartos de que se rían de nosotros, nos roben y nos engañen sistemáticamente todos esos presuntos garantes de lo público que solo han pensado, piensan y pensarán en llevárselo crudo a costa del contribuyente, porque ven la política como una profesión y no como una vocación, porque han elegido como forma de vida, en suma, no pegar ni golpe y moverse en los círculos del poder, donde todo es más sencillo. 

O se refundan las leyes que rigen nuestros destinos o todos acabaremos votando a Podemos, como ya se ha dicho. También hay alguna otra opción política regeneracionista como UPyD y Ciudadanos o la suma de ambos, pero de momento no consiguen enganchar con amplias mayorías. El problema de fondo, por encima de siglas, es que aquellos que tienen las herramientas para cambiar el lamentable estado de cosas, es decir los políticos del bipartidismo, siguen haciéndose trampas al solitario, presos de sus miedos, de sus vicios y sus vetustos esquemas. No quieren el cambio. Les aterroriza. Es verdaderamente penoso asistir a los intentos, vanos y sonrojantes, que han ideado las cabezas pensantes del establishment con la intención de blindarse y seguir manejando y manoseando el cotarro. Sobran los ejemplos. Vamos con algunos muy claros. 

Tres fallidos lavados de imagen

A los cráneos privilegiados del PP se les ocurrió semanas atrás que la mejor forma de regenerar el sistema era cambiar la ley electoral para que gobernase la lista más votada. Voilà. En román paladino, cambiar las reglas del juego antes de terminar el partido para que sea imposible una derrota. Aquí nos cargamos las matemáticas, la lógica y todo lo que haga falta, porque nadie nos va a toser. Con un par. Todo con el peregrino argumento de que es necesario garantizar la gobernabilidad y otras sandeces. Qué cinismo tan pueril. Finalmente, algo de cordura ha llegado a Moncloa y esta suerte de pucherazo ha sido arrumbada en el cajón de las estupideces

En el PSOE apostaron por la hipotética democracia interna para hacerse un lavado de cara que no engañaría ni a Zapatero. Y la cosa les ha salido tan democrática, tan limpia, tan edificante que hasta el español más tonto sabe que Pedrito Sánchez llegó al puesto porque así lo dispuso y ordenó Susana Díaz. O sea, en los partidos tradicionales, en esas dos graníticas organizaciones que han gobernado España en los últimos treinta años, sigue funcionando el comportamiento borreguil de aquellos que solo han nacido para recibir y cumplir órdenes hasta que puedan darlas en su cortijo.

En la Monarquía han estado algo más avispados, precipitando la necesaria sucesión antes de que haya un Parlamento demasiado republicano. Paradójicamente, Felipe VI, representante de una institución obsoleta, y antidemocrática por naturaleza, se ha adelantado a los políticos. Claro que mucho tendrá que predicar con el ejemplo para que sus súbditos olvidemos las flagrantes trapacerías de su padre, el rey saliente, y las travesuras de su cuñado, que en calidad y cantidad son mucho menores, por cierto. La apuesta por la transparencia de la institución será solo otro lavado de cara mientras no conozcamos el patrimonio de toda la Familia Real, no solo el desglose de su presupuesto. 

En suma, sufrimos una crisis institucional repleta de escándalos, a cada cual más doloroso para el ciudadano, y vacía de soluciones por parte de los hacedores del sistema. Y quienes nos gobiernan, sea desde los despachos ministeriales o desde los consejos de administración de empresas y bancos, necesitan un escarmiento que solo puede darse en las urnas. Son ellos, que no han entendido que se les está acabando el chollo o, peor incluso, lo han entendido pero piensan que aún pueden perpetuarse en sus repelentes usos y costumbres, quienes casi nos obligan a votar a Pablo Iglesias y sus muchachos. Su mensaje es populista porque está edificado sobre algunas verdades y mucha demagogia genialmente utilizada en los medios. Y su programa económico es, amén de anticuado, imposible de aplicar porque con casi toda seguridad nos arruinaría en cuatro días. Pero ya no es cuestión de ideologías, sino de la inercia de este sistema corrupto y moribundo. Como repiten tantos y tantos conocidos de toda clase y condición, al menos ellos todavía no han robado


******************* Sección "bilingüe" ***********************
Soraya, las tarjetas 'black' y la mentira de la transparencia

S. McCoy El Confidencial 20 Octubre 2014

Hizo bien la supercompetente vicepresidenta primera, segunda y tercera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en reconocer el viernes la "indignación" del Ejecutivo ante el escándalo de las tarjetas opacas de Bankia. Indignación, ni más ni menos. Caramba, qué barbaridad, lo que da de sí el sustantivo. Casi como el personaje. Para que luego digan que el PP no quiere alentar a Podemos: descontextualizando la frase de marras, alguien podría concluir hasta que están en el mismo bando. Indígnate, que algo queda. Al menos en política.

Sin embargo, se equivocó viniéndose arriba a continuación y afirmar que, si esto había salido a la luz, era gracias a que desde su gabinete se ha alentado, a lo largo de la legislatura, el establecimiento de medidas de ‘transparencia y control’ que permiten que se conozcan hechos como ese.

Vaya por Dios, medallita para la pechera de Rajoy.
¿De verdad? No, no, no.
Verán por qué yerra la omnipotente pucelana.

Al menos en el caso de los trapicheos de Bankia –y los que pueden estar por descubrirse en Catalunya Banc o NCG Banco, entre otros– la toma de propiedad pública, primero, y el conocimiento de los hechos delictivos, después, ha supuesto un desembolso para las arcas del Estado cercano a los 45.000 millones de euros que pagamos usted, querido lector, y un servidor. Sólo faltaba que tal dispendio no viniera acompañado de una fiscalización detallada de las causas que llevaron a las entidades a esa situación, la correspondiente atribución de responsabilidades y el consecuente castigo para los culpables.

Sin embargo, hasta ahora ha aflorado únicamente la anécdota, la punta del iceberg como señalamos hace un par de lunes. Una pena. Imagínense si se dedicara sólo el 1% de ese pastizal, 450 kiletes, a contratar equipos especializados en delitos económicos, fiscales o contables. España reactivaría su obra civil a través de las nuevas infraestructuras carcelarias necesarias para enchironar tanto delincuente de guante blanco, privado y…

Además, se pasa de frenada porque, lo cierto y verdad, que diría cualquier tertuliano iletrado, es que, más allá del oportunismo de la expresión de marras hay poca voluntad real en la clase dirigente para mejorar el conocimiento de su actividad por parte de los ciudadanos, especialmente en algunas Administraciones, como la local.

El propio Partido Popular llevaba en su ‘programa electoral’ –su grado de cumplimiento justifica sin duda el entrecomillado simple, eufemismo con el que justifican el libre albedrío–, página 152, la propuesta de exigir la realización de auditorías obligatorias a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. Pues bien, ¿han oído ustedes la más mínima sugerencia legislativa en tal sentido? Servidor tampoco. Y eso que por el camino ha aprobado una rimbombante Ley de Transparencia que sigue, aún hoy, pendiente de desarrollo técnico y reglamentario y cuyos "Siete pecados capitales" fueron enumerados por el director de la Fundación Compromiso y Transparencia, Javier Martín Cavanna, en El Confidencial.

No será porque no se han descubierto facturas en los cajones al calor de los planes de pago a proveedores, más dinero a costa del erario.
Ha dado igual.

Sólo un 5% del total de las corporaciones municipales someten sus cuentas al escrutinio de un tercero, las más de las veces forzadas por necesidades de financiación. No sólo eso: hasta un 50% –muchas de ellas de menos tamaño, cierto es– directamente no las presentan detalladas -sí en grandes partidas- en formatos legibles, porcentaje que se ha incrementado desde el 30% en los últimos años. Algo fácil de comprobar.

¿Cómo lo ven?
Ahora, si quieren, van y lo tuitean. Pero incluyendo a los alcaldes opacos de sus respectivas poblaciones, a ver si se dan por enterados.
Porque, indignados, como se imaginarán, seguro que ya están.
Faltaría más.
Buena semana a todos.

Artículo de Francisco J. Laporta en 'El País'
'Las trampas de la consulta'
"Aunque sabe que la independencia no es mayoritaria en Cataluña, el nacionalismo se empeña en votar sus preguntas para que el mero hecho de hacerlo sea el reconocimiento institucional de su carácter de nación"
 www.lavozlibre.com 20 Octubre 2014

Madrid.- Francisco J. Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, publica este lunes un artículo en 'El País titulado 'Las trampas de la consulta' que por su interés reproducimos íntegramente:

Siempre he pensado que nacionalismo y democracia son dos idearios poco compatibles. La democracia descansa en los ciudadanos pensados individualmente, el nacionalismo en cambio en un todo social —la nación, el pueblo— por encima de ellos. Para la democracia el ciudadano es singular, autónomo e independiente. Para el nacionalismo la ciudadanía es sobre todo pertenencia. Lo que define tu identidad en el ideal democrático es tu individualidad libre y creadora; en el ideal nacionalista, tu pertenencia al todo nacional. Por eso los nacionalistas siempre hablan en nombre de la patria; los demócratas, en nombre de los ciudadanos. Y eso es también lo que hace tentadora la idea de que el mejor antídoto contra el nacionalismo es la democracia. A cada afirmación nacionalista sobre los rasgos y preferencias del “pueblo” debería poder responderse con una pregunta ciudadano por ciudadano. Los resultados serían sorprendentes.

Esto, sin embargo, no parece encajar con el terco empeño que está exhibiendo el nacionalismo catalán en consultar al poble si quiere que Cataluña sea un Estado independiente. “Queremos votar”. El argumento se presenta como irrebatible: si uno es demócrata ha de aceptar que el pueblo catalán, voto a voto, manifieste su posición sobre el tema. ¿No es esto contrario a lo que he afirmado? Creo que no, y para argumentarlo voy a tratar de indagar un poco si hay en el empeño alguna trampa o ardid escondido.

Lo más sorprendente de la posición oficial de la Generalitat y la mayoría nacionalista del Parlamento catalán es que saben que las encuestas de que se dispone hasta el momento, incluso las más sesgadas, vienen afirmando sistemáticamente que la posición independentista no es mayoritaria en Cataluña. Está creciendo mucho, pero no es mayoritaria. Tienen pues que saber que una pregunta sobre el tema lleva hoy por hoy las de perder. Y sin embargo se obstinan en hacer la pregunta. ¿Por qué? La respuesta no puede ser más que esta: en realidad, cualquiera que sea el resultado de la consulta, al realizarla habrán conseguido el reconocimiento jurídico y político de Cataluña como un demos que tiene derecho a manifestarse como sujeto político autónomo. He ahí la trampa subyacente. No es que Cataluña sea una nación y en virtud de ello tenga derecho a decidir; es que si se le reconoce tal derecho se le está atribuyendo la condición de sujeto político con un cuerpo electoral propio. Y si además ese derecho a pronunciarse versa, como es el caso, sobre quién ha de ser el depositario de la soberanía política, entonces se le está reconociendo como nación política.

Lo que busca, pues, esa porfía por hacer la consulta no es un ejercicio de democracia, sino que se reconozca jurídicamente al pueblo de Cataluña el título político de sujeto decisor, porque eso sería un reconocimiento institucional de su carácter de nación. Lo que en definitiva persigue es votar la pregunta, porque el mero hecho de votarla lleva consigo la creación del título para ello, la pretensión de soberanía. Si nos permiten votar esa cuestión, eso significa que tenemos derecho a hacerlo. Y desde esa perspectiva, claro, el resultado da igual. Lo importante es la definición del sujeto colectivo como entidad soberana que el hecho de votar comporta.

Primera trampa, pues: no ser para votar sino votar para ser. Y aquí aparece inmediatamente una segunda trampa. Porque, debido a una sorprendente asimetría, este tipo de procesos parecen abocados a terminar sólo de un modo. El destino de Cataluña una vez alcanzado el carácter de sujeto nacional con derecho a decidir sobre su futuro político acabará por ser, antes o después, la independencia. ¿Por qué? Pues porque si la respuesta es “no”, la cuestión sigue abierta y puede repetirse la consulta indefinidamente; pero si la respuesta es “sí”, el debate se da por cerrado y la decisión se considera irreversible. Esta fijación con la reiteración de las consultas fallidas es un notable rasgo del pensamiento nacionalista. Y un indicio claro de que, en efecto, su amor por la democracia tiene sus límites. En realidad sólo se apoya en ella cuando le da la razón. Ahí está si no Quebec, con un referéndum en el 80, otro en el 95 y un tercero ya anunciado. Y no debemos dudar de que si lo llegan a ganar no vuelven a convocar al pueblo a un nuevo ejercicio de democracia. Esto es lo mismo que sucedería en Cataluña fuere cual fuere el resultado de la hipotética consulta: una vez reconocido el sujeto decisor, el proceso se reiterará las veces necesarias para llegar al resultado querido. El ciudadano catalán debe pensar por ello que vote lo que vote, no hace sino poner su destino en una pendiente en la que cada consulta fallida realimentará los mecanismos nacionalistas del poder social para demandar otra.

La tercera trampa se oculta en la naturaleza misma del tipo de proceso que se propone. Porque el referéndum (o la consulta, o el plebiscito, etcétera) es el puro simplismo. Y en el simplismo solo caben cuestiones simples. Esto se ha dicho tanto que cansa ver una y otra vez cómo se apela a un mecanismo tan elemental para saldar cuestiones complejas y difíciles. Pero la añagaza es precisamente esa, porque al simplificar cuestiones complejas se cuelan de rondón en las consultas mercancías difíciles de vender a cara descubierta. La simplificación es en realidad un encubrimiento. La crisis económica actual se desencadena con el invento financiero de hacer un paquete con créditos hipotecarios de todo género, buenos, malos y peores, y vendérselo al incauto como un título unitario. Pues bien, las preguntas en paquete son como las hipotecas en paquete. El votante catalán debe saber que con el “sí” le van a endosar no pocos activos tóxicos de los que no se le había advertido. Seguramente también con el “no”. Porque ambas posiciones son puras simplificaciones de decisiones complejas que demandan matices, deliberaciones y balances delicados, cosas todas incompatibles con esas decisiones elementales y perentorias. Se sabe ya desde hace mucho que si fueran votadas separadamente las variadas cuestiones agazapadas en la pregunta de un referéndum, los resultados serían muy diferentes.

Y esa simplificación lleva a la cuarta trampa, quizás la más grave y peligrosa. Al centrarse en una opción binaria, “sí” o “no”, el referéndum va a producir unos efectos devastadores en la convivencia de Cataluña. Esto no es una observación alarmista. Se ha estudiado mucho en psicología social. Los posicionamientos excluyentes (“o esto o aquello”) tienden a ignorar las coincidencias, afinidades y simpatías entre los miembros del grupo. Por artificial que sea la posición en que uno se sitúa (o le sitúan), siempre tiende a crear involuntariamente un lazo más intenso con los de la misma posición y a debilitar el lazo con los demás. Los agrupamientos generan así actitudes más agresivas o competitivas entre las distintas posiciones. Y si esa decisión binaria no es trivial sino que versa sobre una cuestión relevante para el grupo, la división social es irremediable. Los mejores teóricos del nacionalismo hablan de “fronteras interiores” para referirse a la percepción que tienen los nacionalistas de aquellos que no cumplen con los rasgos exigidos por el canon del buen patriota. En un referéndum esos rasgos se condensan violentamente: los otros son los que votan no. Esta operación de psicología colectiva, que se vive desde hace meses en Cataluña, genera fragmentación, fragmentación en los círculos cotidianos, en los lugares de trabajo, fragmentación hasta en las familias, es decir, fragmentación en la sociedad y desconfianza entre grupos y personas. Puede incluso llegar a generar una sorda aversión mutua entre ciudadanos. Es decir, puede llegar a trocar la fluida convivencia de Cataluña en un espeso tejido de recelos.

Como marco jurídico para afrontar cuestiones tan graves, el Parlamento de Cataluña ha engendrado una ley de consultas en la que, por zafarse de los límites legales vigentes, no contempla siquiera un censo serio de electores, suprime a los jueces de la administración electoral del proceso, y no establece delitos o faltas ni recursos judiciales contra las posibles irregularidades. Un texto, pues, ayuno de las más elementales garantías formales. Un paraíso para los ardores de la Asamblea Nacional de Cataluña. Cualquiera que sea el final de este irresponsable proceso, somos muchos los que creemos que los ciudadanos catalanes merecen algo más que esta burda ficción de democracia.


La vía Nanclares.

Vicente A. C. M. Periodista Digital 20 Octubre 2014

La cobardía de la casta política no tiene límites. Desde la rendición del Estado de Derecho ante ETA con la legalización de su brazo político y los pactos de excarcelación de los presos y su acercamiento a prisiones de El País vasco y Navarra, así como la infame estrategia de “reinserción” con la llamada “vía Nanclares”, han hecho posible el que asesinos como Bolinaga o de Juana Chaos estén en libertad y que otra asesina como Idoia López Riaño condenada a más de 2111 años de prisión por los 23 asesinatos cometidos, pueda quedar en libertad al cumplir todos los requisitos legales previstos por una legislación comprensiva con los asesinos y delincuentes e injusta con sus víctimas. Una vergüenza que es responsabilidad exclusiva de PSOE y PP cuyas víctimas son parte de la barbarie terrorista de ETA.

Se les llena la boca de decir que la misión del gobernante es cumplir la Ley, pero lo que no mencionan es que son los gobernantes los que prostituyen las leyes a base de legislar iniquidades como esa “vía Nanclares” en las que se da crédito y valor exculpatorio a una simple declaración de arrepentimiento, sin siquiera haber pedido perdón a las víctimas, o al hecho de afirmar su abandono de la banda terrorista, como si ese acto tuviera alguna credibilidad tras la experiencia de la respuesta de ETA ante la etarra Yoyes y además no tuviera el premio de ganarse beneficios penitenciarios e incluso la total libertad.

El caso es que esta sanguinaria etarra que lleva en prisión en España desde el 2001, y previamente en Francia desde su detención en 1994, decidió poner en marcha la maquinaria legal para obtener su soñada liberación aprovechándose de la suprema generosidad de la Ley con los terroristas "arrepentidos". Así que si nada ni nadie lo remedia, los jueces no tendrán otra alternativa que acceder a su petición de libertad. ¿Es eso Justicia? Sinceramente creo que no. Mirar hacia el futuro no significa olvidarnos del pasado.

Socialistas vascos: colaboradores necesarios en los abusos lingüísticos

Ernesto Ladrón de Guevarawww.latribunadelpaisvasco.com 20 Octubre 2014

Cuando un agente político comete una injusticia social, un cuadro de anomia jurídica, siempre hay un colaborador necesario que lo permite.

En anteriores artículos en La Tribuna del País Vasco he ido desarrollando la crucial cuestión del atropello a los derechos individuales en materia de lengua y del incumplimiento del principio segundo de la Convección de los Derechos del Niño, que obliga a los Estados adheridos a proteger el superior interés del niño y supeditar todas las políticas y actuaciones a ese interés, a esas garantías de poner al niño por encima de cualquier interés político. Hemos desarrollado el tema del adoctrinamiento y de la utilización del euskera con fines partidarios y de formación del espíritu nacionalista.

El PSE-EE es uno de esos colaboradores necesarios del atropello durante más de treinta años.

Lejos quedaron aquellas palabras de Fernando Buesa, el día 4 de mayo de 1994, ampliamente reflejadas en los medios de comunicación, con el siguiente tenor literal:

“El PSE-EE de Álava afirma que la política lingüística del Gobierno ha fracasado” o estas otras en el mismo acto y protagonistas: “Educación ‘está en condiciones’ de asumir la planificación del euskera, dice Buesa”, o, “Rechazan medidas coercitivas para que aumente el uso del euskera”, o, “Piden que se reconsideren algunos perfiles lingüísticos”, o, “El PNV utiliza el euskera para rodearse de funcionarios adictos, asegura el PSOE”, o, “El PSE-EE alavés pide no exigir euskera a los funcionarios en determinadas zonas. Propone que no sea un requisito a las áreas castellano-parlantes de Alava”.

Bien es verdad, que esas palabras se pronunciaron en un determinado contexto. Se había culminado una legislatura en las Juntas Generales de Alava con una ponencia sobre el Euskera en Álava donde se encargó, con gran alboroto por parte de los nacionalistas de toda índole, una encuesta sociológica al afamado Catedrático y pionero en la disciplina de la Sociología en España, Amando de Miguel. Pese a las amenazas que tuvo que sufrir el propio Amando y el equipo que realizó las encuestas, que hicieron temer por el desenlace de aquel estudio, a múltiples movilizaciones, e, incluso, grupos nacidos expresamente con el fin de abortar aquel estudio sociológico, se culminó, dando un fiel reflejo de lo que todos presumíamos, es decir de la realidad pura y dura. Nadie pudo oponer criterio contrario a las conclusiones científicas de aquel trabajo, y se sentó un diagnóstico principal: las políticas lingüísticas nada tenían que ver con la realidad social y cultural de Álava, y una política de imposición, de rodillo político, arrasando todo principio de acomodación de dichas políticas, llevaban al fracaso, como es evidente que viene ocurriendo, con la simple constatación de que el uso social del euskera apenas a avanzado desde hace treinta años.

Fruto de aquella ponencia se aprobó una resolución en Pleno por el cual se dejaba a quienes estuvieran en la Cámara alavesa en la siguiente legislatura el mandato de adaptar las políticas lingüísticas a la realidad social y cultural de cada zona en Alava. Yo no repetí ni en Juntas ni en nada, puesto que se me fulminó al haber propiciado un pacto con el PP y Unidad Alavesa para desarrollar aquellos trabajos. Pero en ese contexto, el PSE-EE se vio en la necesidad de pronunciarse en el sentido expuesto.

Sin embargo, en la siguiente legislatura, se incumplió el mandato de la anterior, nada hicieron y echaron un tupido manto de silencio sobre aquella resolución de la que nunca más se supo.

Después, los socialistas, no solamente han ido diciendo justamente lo contrario de lo que enfatizaron en aquel Congreso, sino que han sido colaboradores necesarios para los abusos, atropellos y descabelladas políticas que en materia lingüística se han ido aplicando, sobre todo en el sector educativo.

Estas cosas deben ser conocidas por la opinión pública para que puedan ser juzgadas.

Noam Chomsky, incuestionable autoridad sobre la materia, escribió en cierta ocasión: “El caso es que un niño puertorriqueño de tres años quiere aprender español no porque piense en ello, sino porque es un organismo biológico que quiere aprender la lengua de su entorno social a los tres años. Pero un niño de diez años en Puerto Rico no ve ninguna razón especial para aprender inglés y, si no se le da a ese niño alguna razón para que aprenda inglés, no va aprenderlo por buenos que sean los métodos…”

Sin embargo aquí seguimos con la estupidez de eludir las políticas sensatas y el bien común, para favorecer la construcción nacional. Ya lo decían los movimientos de renovación pedagógica, denunciando la crueldad psicológica y la barbaridad pedagógica que suponía escolarizar en castellano a niños vascoparlantes. Lo que no se entiende que esos mismos que en aquellos momentos decían, con toda razón, aquello, hoy no denuncien el mismo atropello, pero en sentido contrario.

Así estamos como estamos.


La política lingüística y la educación en el núcleo del proyecto identitario
Sonia Sierra www.cronicaglobal.com 20 Octubre 2014

Aunque parezca mentira que alguien pueda creer que unos alumnos que reciben cero horas de español a la semana en educación infantil, dos en educación primaria y tres en secundaria tengan un mejor nivel que aquellos que reciben toda su educación en esa lengua, esta es una creencia muy extendida en Cataluña. ¿Cómo puede llegar a suceder sucede algo así? Pues porque los diferentes gobiernos catalanes llevan 30 años aplicando un plan de inmersión ideológica en las escuelas y necesitan sostener que su sistema de inmersión lingüística es “un modelo de éxito”, según su eslogan publicitario.

A pesar de la publicidad de la Generalidad y los partidos favorables a la inmersión, en los últimos años, Cataluña ha sido una región con altas tasas de fracaso y abandono escolar temprano. Además, Según PISA (2012) y la Evaluación General de Diagnóstico, los resultados académicos del alumno dependen del nivel socioeconómico de la familia más que el conjunto de España.

Por otra parte, el 55,3 % de la población catalana tiene el español como lengua materna y se ve privado de su derecho a estudiar en su lengua y la consecuencia parece evidente: hay mayor tasa de fracaso escolar entre los castellanos parlantes incluso cuando se distraen los datos socioeconómicos.

Los partidarios de la inmersión lingüística sustentan la falacia del mejor nivel de español de los alumnos catalanes que el resto de españoles sobre tres argumentos: los resultados de las pruebas PISA, los de la evaluación General de Diagnóstico y los de las pruebas de acceso a la universidad. Veamos qué sucede con cada uno de ellos.

En primer lugar, PISA. Ellos esgrimen que los resultados en “lengua española” de los alumnos catalanes está por encima de la media de España pero la realidad es que en Cataluña esas pruebas solo se han hecho en catalán, nunca en español. Además, para mejorar la media, se han realizado malas prácticas como cuando en 2009 descartaron el 6% de alumnos con alguna dificultad en lugar del 5% permitido. En los exámenes se infrarrepresentó en casi dos terceras partes al alumnado inmigrante respecto a la realidad educativa catalana: de los 17,5% estudiantes extranjeros, la muestra PISA recogió solo el 11,2%. Finalmente, la muestra recogió a más alumnado de 4º de ESO de 15 años del que realmente hay en las aulas ya que la muestra seleccionó una proporción del 76,7% frente al 63,5% real por las repeticiones.

El segundo es que la media de los resultados de la Evaluación General de Diagnóstico es superior a la española pero, como en el caso de PISA, solo se hizo en catalán como se puede comprobar en este documento.

El último de los argumento de los exámenes de acceso a la universidad pero cada Comunidad Autónoma realiza los suyos y los de Cataluña son bastante más fáciles como se puede comprobar cotejando, por ejemplo, un examen catalán y otro madrileño.

Entonces, ¿por qué los diferentes Gobiernos de la Generalidad se empeñan en mentir sobre este tema? ¿Por qué defienden un modelo que, según los diferentes indicadores, es perjudicial para gran parte del alumnado? Porque la inmersión lingüística es la clave de bóveda para sostener el proceso de construcción nacionalista.

En octubre de 1990 se descubrió un documento programático de CiU en el que se propugnaba las infiltración nacionalista en los puestos claves de las finanzas, los medios de comunicación y en la educación. Para ello, se instaba a vigilar la composición de los tribunales de oposición así como a reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza e incidir en las asociaciones de padres.

Sin embargo, dicho proceso de catalanización se había iniciado mucho antes de que surgiera este documento. Durante la década de los 80, en Cataluña se forzó el traslado al resto de España de más de catorce mil maestros y profesores castellanohablantes. En 1981, la Consejería de Educación dispuso en los Servicios Territoriales carteles en los que informaba que para poder presentar la solicitud para formar parte de la bolsa de profesores era imprescindible la posesión del título de maestro de catalán. Con este nuevo criterio, todos aquellos que se licenciaban en Filología Catalana ese mismo año pasaban por delante de cientos de maestros que llevaban tiempo esperando su turno en la lista de interinos.

Además, los maestros de EGB que terminaban ese curso Magisterio en la Escuela Normal de Barcelona nos tenían con el título de maestros de catalán. Se iniciaron entonces unos cursos de reciclaje de catalán duraban tres años para los catalanohablantes y cinco para los castellanohablantes lo que tuvo como resultado inmediato que muchos maestros y profesores con plaza en Cataluña pidieran traslado a otros lugares de España. Si a esto sumamos que en los tres años siguientes las únicas personas que iban a acceder a los puestos de trabajo eran los licenciados en Filología Catalana parece evidente que el objetivo principal era catalanizar el sistema educativo. Desde entonces hasta ahora, el requisito imprescindible del Nivel C o Módulo II de catalán dificulta enormemente el acceso de personas del resto de España para trabajar tanto en la educación primaria como en la secundaria.

La lengua es el centro del proyecto identitario catalán, pero este se vehicula a partir de diferentes asignaturas. Así, por ejemplo, en muchos libros de Geografía, aparece el mapa de los “Países Catalanes” (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, parte de Aragón y el sur de Francia) que tan solo existen en el imaginario nacionalista.

En muchos libros de diferentes materias, se muestra España como una realidad alejada y, por ejemplo, evitan que aparezca la palabra “España”, como se puede comprobar en los siguientes ejemplos.

En el libro Medi natural, social i cultural (Barcanova) dirigido a niños de 10 años, en 63 páginas de Historia no aparecen las palabras “España” ni Hispania y solo una vez “Marca Hispánica”. Sí aparecen las palabras “Francia” y, por supuesto, Cataluña.

En otro libro, esta vez de educación secundaria (Cultura Classica. Civilització y cultura greco-romana, editorial Edebé, 2n cicle ESO), no aparece la palabra España, solo en algunas ocasiones –pocas- Hispania. Sin embargo, aparece constantemente la palabra Cataluña con epígrafes como “Los romanos en Cataluña”, “Vestigios de las construcciones romanas en Cataluña” o “Vías y calzadas romanas en Cataluña”.

Y, como broche final, en el libro Llengua Catalana i Literatura 3º de ESO (Editorial Casals) se afirma que en Cataluña a la “lengua propia se ha de añadir otra por migraciones, imposición militar, etc.” El castellano ha convivido con el catalán en Cataluña desde finales de la Edad Media y prueba de ello es que la introducción de la métrica italianizante en la literatura en lengua castellana se debe al catalán Juan Boscán cuyo padre, además, trabajaba en la Generalidad. En tiempos de Boscán, era frecuente que libros escritos en español se publicaran en Cataluña porque había menos trabas burocráticas e interesaba económicamente a los editores. En la 2ª mitad del siglo XVI, el 55% de los libros publicados en Barcelona y Valencia era en castellano, el 27% en latín y tan solo el 18% en catalán. Obviamente, no hay ningún tipo de imposición militar.

Estos ejemplos, lejos de ser residuales y anecdóticos, son la tónica general en los manuales de educación primaria y secundaria por lo que estamos, sin ningún tipo de duda, ante la consumación de un proyecto identitario trazado por el nacionalismo catalán y que tiene como base que lo sustenta la imposición de la lengua catalana como la única vehicular en las escuelas de educación infantil, primaria y secundaria y que intenta presentar a Cataluña como una realidad diferenciada de España y al catalán como única lengua “propia” frente a una lengua ajena e impuesta militarmente. Frente a este modelo tan claramente reaccionario y que difunde visiones de la realidad claramente sesgadas cuando no manipuladas, proponemos una educación multilingüe y libre de adoctrinamiento ideológico.

[Este texto corresponde a la intervención de la autora en la jornada organizada el pasado 7 de octubre en el Parlamento Europeo sobre el modelo lingüístico escolar en Cataluña]

Crisis, la habrá en España: aquí hay 'proceso'
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 20 Octubre 2014

Lingüista

En Cataluña no hay crisis, hay procés. Y con eso soportamos estoicamente paro, recortes, preferentes, desahucios, pobreza, impuestos crecientes y servicios menguantes. Todo por el procés que nos llevará lejos de España, a Ítaca soñada, la tierra que mana leche y miel. Artur Mas lo tuvo claro desde el principio: se dijo " a mí no me pilla el toro", y se echó al monte, dispuesto a liderar la lucha contra la crisis disfrazada de dragón maléfico, o sea España. Se trata del viejo truco de desviar las quejas del pueblo contra un enemigo imaginado o hacia un sueño colectivo. Muchos cristianos fueron pasto de los leones por esa razón, para desviar las iras del populacho de Roma. Hitler juntó el ideal del Tercer Reich con el enemigo público de los judíos. Franco se hizo acreedor de los chistes más divertidos por su obsesión por la conjura rojo-separatista-masónica. Mas, un aprendiz a su lado, junta el sueño de nosaltres sols con el enemigo feísimo de España.

Por eso los soberanistas tienen prisa para rematar la faena, por eso llora Junqueras: fem-ho ja! (hagámoslo ya). Cada día que pasa, cada parado menos, cada dato económico positivo, nos aleja más del escenario de crisis. Y por lo tanto, del escenario del procés. Pronto ya no va a ser necesario el embozo, los indepes volverán a ser el diez por ciento que siempre fueron, el porcentaje obligado de trabucaires dispuestos a todo-por-la-patria. El resto volveremos a nuestras vidas grises pero moderadamente felices, volveremos al plácido contrato con los políticos: gobernad aceptablemente bien, robad poco y no nos metáis en líos, sobre todo no nos metáis en líos que puedan derivar en conflictos, violencia y miseria. Evitadnos los aspavientos, las sobreactuaciones y el recurso a los absolutos como la Patria, la Fe o la Etnia, que al final suelen traer solo complicaciones. Y sed honrados, normalmente honrados, es decir, que nadie tenga que celebrarlo ni presumir de ello.

Yo estaría perfectamente de acuerdo con que Cataluña fuera independiente, pero a condición de que jueguen limpio. Lo insoportable es ese continuo matute de rollos macabeos, consignas inflamadas, siembra artera de ilusiones, corrupciones del lenguaje, engaños deliberados, mentiras históricas y coacciones presentes de toda índole. Se da por sentado que la independencia sería lo mejor para Cataluña: cuando no solo no se ha demostrado que sea mejor, sino que sea simplemente buena. Se supone que España es una mala madre y nos ha traído la ruina, cuando posiblemente sea al revés, que Cataluña es de las regiones más beneficiadas de la existencia del Estado, y especialmente desde la Nueva Planta posterior al 1714. Se da por descontado que el nacionalismo es liberador y revolucionario, y con ello se olvida algo que ya estaba asumido por la izquierda clásica: las divisiones solo le interesan al capital. A la clase obrera le interesa la unidad, a ser posible Internacional, con mayúscula, y bajo una sola bandera, la roja.

Se me ocurre, al hilo de los chistes de Franco, que una buena estrategia sería recurrir al humor. El movimiento indepe es de por sí altamente ridículo. Este domingo ha habido concentración en la Plaza Cataluña, y muchos vecinos míos han acudido con sus samarretes rojas y amarillas y con la V en el pecho, como Supermán la S, y otros envueltos en esteladas, con el mentón decidido, la frente gloriosa y sin ningún rubor. Hagamos que a la ciudadanía le entre la risa al verlos. Hagamos que, como a Manuel Valls, la respuesta al procés de independencia de Cataluña sea una sonora, higiénica, saludable y cachonda carcajada. Torna, Boadella!

Cataluña y la fatiga de España
guillermo d. olmo. barcelona ABC 20 Octubre 2014

Artur Mas ha admitido que no podrá celebrar su consulta soberanista. Pero el problema catalán, de hondas raíces históricas, persiste

Cataluña, siempre Cataluña. En su portada de 15 de marzo de 2012, ABC proclamaba con grandes caracteres tipográficos: «Cataluña, tenemos un problema». Más de dos años después, el columnista de «La Vanguardia» Antoni Puigverd trataba la Transición y afirmaba que «Cataluña ya era entonces el problema, como siempre». Normalmente, resulta difícil encontrar puntos en común entre la opinión publicada en Madrid y en Barcelona. La pertinaz naturaleza problemática de Cataluña y su encaje en el universo español es una de esas escasas coincidencias.

Desde comienzos del siglo XX, la peculiaridad catalana ha dado pie a infinitas polémicas periodísticas, enervados debates políticos, controversias historiográficas, insurrecciones y revueltas, intervenciones militares, y estatutos de autonomía de desigual fortuna, sin que ninguno de todos los procelosos avatares que la historia registra haya permitido resolver definitivamente una tribulación que es una de las más características del alma contemporánea española. El último hito: la fallida consulta sobre la independencia que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, secundado por la mayoría del arco parlamentario catalán, quería celebrar el próximo 9 de noviembre y que el Tribunal Constitucional ha desactivado.

La retirada de la consulta no cierra la crisis política abierta ni la problemática social latente. Los resultados de las encuestas revelan un enorme y rápido incremento de los partidarios de la independencia entre los catalanes. Si en enero de 2013, estos apenas alcanzaban el 15% de los encuestados, en los últimos sondeos esa cifra se dispara por encima del 46%. Así que sí, España tiene un problema en Cataluña, un problema que sigue vigente.

La pregunta es cómo se ha llegado hasta aquí, cómo España se ha convertido en una idea repudiada por muchos de los habitantes de uno de sus territorios de mayor importancia en todos los sentidos. Para Josep Ramón Bosch, presidente de la plataforma Societat Civil Catalana, que en los últimos tiempos se destaca en la lucha por contrarrestar el discurso separatista de Mas y sus aliados, el gran fallo ha sido que «a los catalanes que creemos en España nos han dejado solos, ha habido un vacío sentimental de España». Este silencio e invisibilidad de la que la Constitución consagra como «patria común e indivisible de todos los españoles», también de los catalanes, se ha prolongado durante los ya casi cuarenta años que han pasado desde que el presidente Suárez impulsó la restauración de la Generalitat, cuyos sucesivos rectores han contribuido sin tapujos a esa continuada preterición del sujeto España. A la dejación del poder central se ha sumado el activismo segregador de unos dirigentes autonómicos a los que muchas voces acusan ahora de premeditada deslealtad. En palabras de Françesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional y colaborador habitual en la prensa de Madrid y Barcelona, «el nacionalismo ha convertido España en una palabra prohibida» en su afán deliberado de cimentar año a año la secesión.

Instrumento fundamental de esta política ha sido el control de los medios de comunicación, que el Govern ejerce sobre todo a través del mecanismo de las subvenciones. Un portal como www.naciodigital.cat, cuya audiencia se ha disparado en los últimos años en paralelo al auge del discurso soberanista, recibe, según reconoce su propio director, Salvador Cot, ayudas públicas por valor del 10% de su presupuesto total. Una cabecera histórica como La Vanguardia ha percibido también cuantiosos fondos para la difusión de su edición en lengua catalana. Capítulo aparte merecería TV3, la cadena autonómica de televisión.

«Vacío de España»
El constante martilleo de las tesis nacionalistas sobre la opinión pública ha agravado las consecuencias de la desidia, cuando no la torpeza, de los agentes, también los oficiales, que podían haber hecho pedagogia de la unión. Incluso un reconocido soberanista como Cot se muestra sorprendido: «Existen buenos argumentos para defender la permanencia en España, pero nadie los da porque no se desciende al debate». Muchos catalanes contrarios a la independencia lamentan que desde Madrid, en lugar de subrayarse el valor de la imbricación afectiva forjada durante siglos de historia común, se ponga el énfasis en los peligros y problemas que habría de afrontar un hipotético estado catalán. Las advertencias de expulsión del euro, de la UE y de todos los clubes internacionales de los que forma parte España suenan antipáticas si no se complementan con una melodía más cordial. El hecho de que uno de los más frecuentes portavoces del Gobierno sobre este tema haya sido el ministro de Asuntos Exteriores se considera un error tan grueso como inexplicable.

José María Serrano Sanz, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha denunciado en un artículo «la notoria pasividad de las élites españolas, que parecen desentendidas del problema o incapaces de argumentar sobre las virtudes de la unidad. Hay en ello cierto aroma a nación vieja y cansada, acaso sobrada de razones pero escasa de voluntad». Es el tópico añejo, pero al parecer todavía vigente, de la España decadente que ya expresó Ortega y Gasset cuando en su celebrada «España invertebrada» aseguró que «España se va deshaciendo, deshaciendo… Hoy ya es, más bien que un pueblo, la polvareda que queda cuando por la gran ruta histórica ha pasado galopando un gran pueblo». Han pasado cien años de la sentencia del gran Ortega y ahí siguen tanto España como el nacionalismo catalán.

Pero volvamos al presente. ¿Quiénes son todos esos que ahora engrosan la porción de tarta de partidarios de la independencia que reflejan los sondeos? Todos los análisis coinciden en que, aunque no en exclusiva, el soberanismo se nutre en gran medida de los jóvenes. Para Bosch, de Societat Civil Catalana, la explicación estriba en «un sistema educativo que es una máquina de fabricar independentistas». Josep María Fradera, catedrático de Historia en la Pompeu Fabra, por el contrario, descarta esta idea como «peregrina» y la achaca a un mito negativo que pesa sobre la escuela catalana.

Una opinión menos académica pero quizá esclarecedora es la de Pablo Skaf, inmigrante argentino que residió muchos años en Madrid y ahora vive en Barcelona: «Antes de instalarme aquí pensaba que los independentistas eran extremistas fanáticos, pero lo que veo es que generalmente son chavales que han llegado a la conclusión de que, simplemente, les iría mejor con la independencia», señala. Bosch corrobora que muchos de los independentistas lo son de nuevo cuño y muchos de sangre no catalana: «Los hijos de los charnegos que antes votaban al PSC han pasado a apoyar a ERC». Se trata de un nacionalismo sobrevenido y pragmático, no sentimental, que algunos justifican en un supuesto maltrato estatal a Cataluña. El periodista Quico Sallés lo ejemplifica con el servicio de trenes de Cercanías, no transferido a la Generalitat: «El Estado tenía la oportunidad de usar a Renfe como estandarte para prestar un gran servicio y dar una imagen de eficacia, pero, lejos de eso hay averías y retrasos permanentemente». El mantra del «Espanya ens roba» coge vuelo con cada incidencia en los andenes del cinturón industrial de Barcelona.

Aparte de los que han abrazado la «estelada», están los que han crecido envueltos en ella. Es el caso de Anna Arqué, militante muy popular en los círculos independentistas. El suyo es un discurso todavía más visceral. Según explica a ABC en conversación telefónica, ella cree que «España no existe, lo único que existe es el Estado español, que es una idea que ha sido impuesta a los catalanes». Arqué representa la voz de los más acérrimos defensores de la secesión y de los activistas que llaman a la desobediencia para vulnerar un marco legal que imposibilita la utopía con la que sueñan, un sector minoritario pero muy ruidoso y movilizado que el malogrado plan de Mas no ha hecho sino encabritar.

Discursos beligerantes como el de Arqué beben de una visión sesgada del pasado que el poder autonómico no ha dudado en fomentar con iniciativas tan controvertidas como la celebración de un congreso historiográfico titulado «España contra Cataluña». Asegura que «el conflicto empezó cuando los Borbones castellanos ocuparon las instituciones catalanas». Se refiere Arqué a la Guerra de Sucesión, que concluyó en 1714 y que en el imaginario nacionalista se ha convertido en el hito inicial de una supuesta opresión secular española, una contienda en cuya reivindicativa conmemoración no escatima esfuerzos ni dinero público la Generalitat. Para el historiador Fradera, «lo que se está haciendo con 1714 no es historia sino historicismo, se está intentando reescribir la historia». El profesor de la Pompeu Fabra cree que el relato que el hegemónico nacionalismo intenta inocular a la ciudadanía «parte de la premisa falsa de confundir al proyecto nacionalista con el conjunto de la sociedad catalana» y traza una inquietante analogía con épocas pasadas: «Como en el Franquismo, se está intentando escribir una historia oficial».

Hay otra fecha más reciente tatuada en la memoria del soberanismo: 2010, cuando el Tribunal Constitucional dictó su ya histórica sentencia en la que recortó el nuevo estatuto de autonomía que ya había sido refrendado por el Parlament, el legislativo español y el pueblo catalán en referéndum. El problema catalán tiene hondas raíces históricas, pero la actual bola de nieve empieza a rodar ahí. El presidente Rodríguez Zapatero se había aventurado a prometer que el Congreso aprobaría el «Estatut» que enviara la Cámara catalana. La audacia de ese texto, que arrancaba con la afirmación de que «Cataluña es una nación» y del gobernante que lo había alentado, junto al recurso presentado por el Partido Popular, obligaron a los magistrados de un tribunal cuestionado por haber expirado el mandato de varios de sus miembros a un ejercicio rayano en el funambulismo jurídico. Su resolución no sirvió para enmendar el estropicio. Es ahí cuando en la mayor parte del espectro político y social de Cataluña arraiga una convicción que ofende y escandaliza en muchos círculos políticos y periodísticos del resto de España, la de que el pacto de la Transición se había agotado definitivamente. El fallo del Constitucional fue, a ojos del catalanismo, la estocada final.

El efecto de la crisis
A ese desencanto se han sumado además los estragos de una crisis económica duradera y severa que ha convertido a España en un país más pobre y endeudado, ha llevado a dolorosos recortes en los servicios públicos y en el escenario catalán ha dado alas a las voces que propagan sin descanso la queja de un supuesto agravio permanente respecto a otros territorios a los que se caracteriza como parasitarios de la industriosa Cataluña.

Así se llega al contexto actual, en el que, en palabras de Joan Ridao, que fuera portavoz parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputados, se vive «una gran fatiga, un empate infinito de impotencias», la española por solucionar definitivamente el problema catalán y la catalana por encontrar acomodo en España o, como alternativa, romper con ella. Ahora, descartada la consulta unilateral promovida por el president Mas, parece todavía más difícil restablecer los puentes y aliviar la frustración de un fracaso cuya obviedad fue evidente desde el primer momento en todas las instancias españolas e internacionales, no así en algunas catalanas.

Con todo, hay quien ve en la escasez de opciones un motivo para el optimismo. Fradera vaticina que «esto solo puede acabar con un pacto, como fue el de la Transición, un pacto que pasa por que los catalanes sepan más de resto de España y en el resto de España sepan más de los catalanes». El profesor Fradera ve a diario en su campus que esto es posible: «Aquí tenemos estudiantes andaluces y de otros lugares de España. Se relacionan estupendamente con los catalanes y todos ellos a su vez con los que vienen del extranjero. Estos jóvenes reflejan que esta es la era de la integración, no de la ruptura».

En definitiva, y retomando a Ortega, quizá quepa todavía esperar una solución para un contencioso con visos de perpetuidad. Porque si España parece a veces un ser al borde de la lasitud, recordaba el histórico pensador que «la fisiología ha notado que sin un mínimo de fatiga el órgano se atrofia. Hace falta que su función sea excitada, que trabaje y se canse para que pueda nutrirse. Es preciso que el organismo reciba frecuentemente pequeñas heridas que lo mantengan alerta». Cansada y herida, casi un siglo después de publicadas las reflexiones orteguianas, España continúa su singladura histórica y, como entonces, lo hace con Cataluña a bordo.

El viaje a ninguna parte de Artur Mas
Tras reconocer por fin que no podrá celebrar la consulta que había promovido, Artur Mas trata de sobrevivir políticamente y de contentar al bloque soberanista preparando un sucedáneo de votación que le permita salvar la cara. Lo va tener difícil. Sus compañeros en el viaje a ninguna parte que el Constitucional y la firmeza del Gobierno han abortado, no abandonan sus pretensiones rupturistas y la tensión a la que someten a CiU amenaza con provocar definitivamente la fractura con Unió en la coalición democristiana. Mientras Mas implora estos días a al líder de ERC, Oriol Junqueras, que no dé por rota su entente, Duran i Lleida se arrima al PSC en busca de un pacto que permita al maltrecho president agotar la legislatura. Françesc De Carreras lleva tiempo vaticinando este escenario y la «inmensa frustración» que iba a generar. Para De Carreras, estaba claro que esto iba a ocurrir y «ahora todo lo que puede pasar es que el 9-N nos encontremos con 50.000 personas en la Plaza de Cataluña». Para Josep María Fradera, una votación de este tipo «solo servirá para dividir a la sociedad».

BALANCE DE 823 VÍCTIMAS, 466 PRESOS
Tres años del fin de ETA
El 20 de octubre de 2011 ETA anunció "el cese definitivo de su actividad armada". Han pasado tres años, cinco sin asesinatos; la Justicia e Interior siguen actuando
Carlos Penedo | EP www.elsemanaldigital.com 20 Octubre 2014

La sociedad española y la política se han acostumbrado muy rápido al fin de la actividad terrorista de ETA, que culminó hace tres años una historia de 43 años. Este 20 de octubre se cumplen tres años desde que ETA firmó su certificado de defunción.

Tanto el expresidente Rodríguez Zapaterio -en ejercicio aquel 20 de octubre de 2011- como el actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han coincidido en conmemorar el aniversario con un recuerdo a las víctimas, 823 asesinados por la banda, el último un policía francés el 16 de marzo de 2010, los últimos en suelo español dos guardias civiles en Calviá el 30 de julio de 2009.

Rodríguez Zapatero ha reclamado este sábado no olvidar a las víctimas de terrorismo. "Esta es ya una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria", ha insistido el expresidente, quien ha invitado a los ciudadanos a honrar la memoria de las víctimas "cada día". Rodríguez Zapatero ha realizado esta reflexión en el acto de clausura del Congreso Extraordinario del PSOE de Castilla y León donde ha apoyado al su nuevo secretario regional Luis Tudanca.

Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, visita este lunes Vitoria para impulsar el futuro Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que se ubicará en el edificio del Banco de España de la capital vasca.

En cuanto al Gobierno vasco, el lehendakari subrayaba este domingo en un artículo en el diario El Correo que "sobre el pasado, está pendiente un reconocimiento por parte de ETA del daño injusto causado, así como una revisión crítica de su pasado". Urkullu no quiere quedarse sólo con lo que está "pendiente" y que es "muy importante", sino que desea destacar, asimismo, "los avances". En este sentido, recuerda que "ha desaparecido la violencia de ETA, y cuando se produce algún acto aislado de violencia, ya todas las fuerzas políticas coinciden en rechazarlo". "Y también todos empezamos a coincidir en actos de recuerdo y homenaje a las víctimas. Estamos trabajando en la clarificación de las violaciones de derechos humanos de todo signo y en el reconocimiento de todas sus víctimas. El cambio a mejor es substancial", asegura.

El lehendakari insiste en que todavía "está pendiente el desarme y desaparición de ETA, la modificación de la política penitenciaria y la consolidación de un foro de diálogo, como la Ponencia de Paz y Convivencia", aunque subraya que no hay que olvidar "los progresos".

Actividad policial y judicial
Junto con las víctimas, otra consecuencia de la actividad terrorista son los presos, actualmente 466, medio centenar en Francia. No se prevé ningún movimiento por parte del Gobierno Rajoy en relación con la política penitenciaria -no transferida al País Vasco- hasta la definitiva disolución de la banda.

Aunque ETA ha pasado a un plano muy discreto de la actualidad política, sigue centrando una parte importante de la actividad policial y judicial, por encima aún de cualquier otro tipo de actividad terrorista, incluido el terrorismo internacional y, dentro de él, el caracterizado como yihadista o islamista., hasta este año.

En este sentido, en los datos del Ministerio del Interior destaca la desaparición de detenidos por violencia callejera, únicamente siete en esta legislatura (todos en 2012), que contrasta con 93 arrestados por esa causa entre 2008 y 2011.

Por pertenencia o relación con ETA, la cifra de detenidos es de 72 desde diciembre de 2011, frente a 342 en la anterior legislatura. La evolución por años ilustra la tendencia a la baja, con 124 detenidos en 2009, 113 en 2010, 52 en 2011, 25 en 2012, 33 en 2013 y 14 en 2014. Este año en curso los cuerpos policiales han detenido a 32 personas acusadas de terrorismo islamista, que por primera vez supera al terrorismo etararra en los últimos años.

En cuanto a la actividad judicial, el último informe de la Fiscalía correspondiente a 2013 informa de que el año pasado fueron juzgados 103 acusados por terrorismo, 93 por su relación con ETA y entorno, uno por su relación con el GRAPO, cuatro por su vinculación con el terrorismo internacional yihadista y cinco por su relación con el terrorismo radical gallego.

De los anteriores fueron condenados por terrorismo 62, 53 de ellos de ETA y su entorno, uno del GRAPO, cuatro por terrorismo islamista y cuatro por terrorismo radical independentista.

Próximos movimientos
El calendario de las próximas elecciones y la agenda política actual no parece que dejen hueco a grandes decisiones sobre ETA a corto plazo, aunque al calor del tercer aniversario del fin de la actividad terrorista surgen algunos movimientos.

El presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, ha pedido este domingo a ETA "y a todos los agentes" que pongan "de su parte" para "terminar" el proceso de paz emprendido en Euskadi, y ha insistido en que la banda ha demostrado su intención de desarmarse, pero existen "dificultades técnicas" por la "falta de voluntad" de los Gobiernos español y francés.

Además, ha reconocido la "insensibilidad" de la izquierda abertzale ante el sufrimiento de las víctimas, pero cree que ninguna tradición política vasca puede estar "orgullosa" de lo que ha hecho durante "el conflicto".

Además, el Grupo Internacional de Contacto (GIC), encabezado por el abogado sudafricano Brian Currin, tratará de impulsar con nuevas iniciativas el proceso de paz en Euskadi durante la visita que realizará del 23 al 25 de este mes, cuando se cumplen tres años de la Declaración de Aiete y del anuncio de ETA de fin definitivo de sus actividades.

El GIC se traslada a Euskadi después de que el 16 del pasado mes de julio el exjefe del Gabinete de Tony Blair, Jonhatan Powell, y el viceprimer ministro norirlandés Martin McGuiness, se reunieran con partidos políticos vascos y el Secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, para testar su voluntad de dar pasos antes de que concluya este año, previendo que en 2015, un año electoral, será muy difícil hacerlo.

Tres días después de la visita de Blair y McGuinnes, ETA anunció, en un comunicado fechado el 15 de julio, que había desmantelado "las estructuras logísticas y operativas derivadas de la lucha armada" para realizar "el tránsito del ciclo de la confrontación armada a la confrontación democrática".

Durante su visita a Euskadi, el Grupo Internacional de Contacto ofrecerá el próximo jueves, día 23, una conferencia en el Aquarium de San Sebastián en la que analizará la situación del proceso de paz.

El motivo principal de la conferencia es analizar la situación del proceso de paz tres años después de la celebración de la Conferencia de Aiete, en la que conocidas personalidades internacionales dieron a conocer una Declaración que animaba a dar pasos para impulsar el proceso de paz.


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