AGLI Recortes de Prensa   Martes 28  Octubre  2014

España no puede vivir con el bochorno diario de la corrupción
EDITORIAL El Mundo  28 Octubre 2014

EL DESMANTELAMIENTO de una nueva trama de corrupción política con ramificaciones en varias ciudades, la detención de medio centenar de personas y la realización de registros en decenas de edificios públicos, constituyen la gota que colma el vaso de la indignación entre los ciudadanos. Es difícil imaginar qué más cosas pueden estar podridas en España después de todo lo que ya ha salido a la luz. Son demasiados los días en los que la prensa dedica la práctica totalidad de sus portadas a asuntos de corrupción. La semana pasada acabó con la imputación del ex secretario general del PP, Ángel Acebes, y con más revelaciones acerca de los pagos en dinero negro en la sede popular. Comenzamos ésta con la investigación al alcalde de Barcelona, el nacionalista Xavier Trias, por una cuenta en Andorra -hoy aportamos el número-, y enseguida hemos conocido la Operación Púnica.

Estamos ante una trama que es un calco de Gürtel. Dos personas -David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca- con contactos políticos en el ámbito municipal, provincial y regional, mediaban para que determinados empresarios consiguieran contratos públicos para la gestión de servicios. Entre los detenidos se encuentra Francisco Granados, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid y persona de confianza durante años de Esperanza Aguirre. El pasado mes de febrero Granados tuvo que dimitir como senador después de que EL MUNDO destapara que tenía una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros. Hoy informamos de que, al menos, es beneficiario de dos. Otros implicados en la Operación Púnica son el presidente de la Diputación de León, seis alcaldes madrileños y el ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso.

Los informes de Anticorrupción indican que la red obtuvo adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años. Los políticos implicados -por ahora los hay del PP, del PSOE y de un grupo independiente- cobraban supuestamente comisiones de en torno al 3% de cada contrato. De las averiguaciones practicadas se deduce que ese dinero no tenía otro destino que su lucro personal.

Consciente de que la situación se torna ya insostenible, el PP anunció ayer la suspensión inmediata de militancia de todos los implicados en la macrorredada. Es un cambio de criterio, pues hasta ahora la dirección popular se negaba a actuar con esa celeridad apelando a la necesidad de salvaguardar la presunción de inocencia. Aunque el caso también salpica al PSOE, los socialistas aprovecharon la circunstancia de que haya más militantes populares señalados en esta operación para descartar que vayan a firmar con el PP un acuerdo contra la corrupción. Es un error no firmar un acuerdo que suponga elevar el listón penal y ético para los políticos corruptos. La cuestión es que el pacto no será creíble si antes no se depuran responsabilidades sobre los casos que ahora están en los tribunales.

Una cosa es cierta: el celo con el que están funcionando la Fiscalía Anticorrupción y la Policía, demuestra que el Estado de Derecho funciona y que el Gobierno no ha obstaculizado su trabajo, como sí ha ocurrido en otras épocas. Ahora bien, el comportamiento indigno de algunos políticos -demasiados ya- y la sensación de que sus partidos no han hecho todo lo que estaba en sus manos para arrancar de raíz la corrupción, genera hartazgo entre los ciudadanos y beneficia a los movimientos populistas. PP y PSOE pueden estar perdiendo el último tren para convencer a la opinión pública de que su apuesta por la regeneración democrática y la honradez es sincera. Después será tarde para lamentarse.

El coste invisible de la corrupción
Primo González www.republica.com  28 Octubre 2014

La lista de políticos y dirigentes españoles involucrados en procedimientos judiciales a causa de presuntos delitos de corrupción crece a pasos agigantados. Hay días, como este lunes, en los que ha habido una auténtica avalancha de sospechosos, gente que ocupó (o incluso ocupa aún hoy en día) cargos políticos desde los que habrían actuado con venalidad. La impureza de las conductas ha impregnado, por lo que se está viendo, a todos los partidos políticos sin excepción, aunque con mayor énfasis en aquellos casos en los que se han ocupado parcelas de poder desde las que era posible manejar dinero público sin control suficiente (por lo que estamos viendo) y, sin escrúpulos, desviarlo hacia los bolsillos particulares.

Empieza a ser preocupante además la dimensión de la corrupción como fenómeno estrictamente económico, pero resulta también dramática la ausencia de mecanismos de control eficaces a todos los niveles. No tanto porque no existan. Las instituciones de supervisión y vigilancia de todo lo que atañe al gasto público son numerosas en nuestro país, cuestan un elevado volumen de dinero al Estado y a los entes públicos de ámbito estatal, autonómico o local. Pero a la hora de la verdad no han desempeñado bien su función. Se podría llegar a plantear la necesidad de crear supervisores que vigilen a los supervisores aunque parece más sensato hacer una labor de limpieza de las instituciones que no funcionan.

Posiblemente el problema reside en mayor medida en el procedimiento de elección y reclutamiento de los ciudadanos que integran esos entes de supervisión y vigilancia. La realidad nos conduce sin embargo a un escenario mucho más desdichado: los organismos de control suelen ser instituciones repletas de gente que llega a sus puestos por la vía política. Son los propios partidos políticos, a los que se trata de vigilar, los que imponen a quienes deben ocuparse de supervisarles, de modo que el sistema está bastante viciado en su origen.

Hay indudablemente una dimensión moral y ética en la corrupción, pero también hay una vertiente económica que puede ser muy nociva para los intereses generales del país. Se ha dicho que el coste de la corrupción en España ronda el 1% del PIB, es decir, unos 10.000 millones de euros anuales. Algunas estimaciones han llegado a cifrar este coste en niveles del 3% del PIB.

Con círculos tan viciados en las tomas de decisiones públicas, es patente que muchos inversores internacionales, que a veces han de ajustarse a comportamientos y protocolos éticos que les imponen sus países de origen o incluso sus propios órganos de gobierno societario, pueden situar a España fuera del circuito de sus tomas de decisión. No siempre ocurre así, ya que también hay casos de empresas multinacionales que se van de España o que eluden hacer negocios en nuestro país porque no están dispuestos a transigir con algunas normas internas de conducta o con algunos niveles de fiscalidad que resultan menos permisivos que en otras partes.

Pero importa sobre todo la casuística de la que no existen estadísticas, la de quienes no vienen porque este no es un país limpio, no hay igualdad de oportunidades y hay demasiado juego subterráneo en el cumplimiento de los acuerdos y de los compromisos. Este tipo de inhibiciones no podemos valorarlas pero posiblemente están viciando nuestras oportunidades de crecimiento económico. Y hay también un problema de credibilidad, ya que con tantos vericuetos y presuntas anomalías en el funcionamiento de lo público (y en parte también de lo privado), no siempre estamos en condiciones de ofrecer una imagen fiel de nuestra realidad.

¿Y ahora qué? ¿Seguimos sin querer enterarnos?
Mario Conde www.gaceta.es  28 Octubre 2014

La verdadera responsabilidad es haber creado, sostenido, mantenido, estimulado y potenciado ese sistema de poder que necesariamente acabaría mostrando este lado oscuro. Y dedicarse a destruir a quiénes lo denunciaban.

Cuando no se quieren ver las cosas, sencillamente no se ven. Lo malo es que las consecuencias no son exclusivas para al ciego voluntario sino que, cuando ejerce funciones de poder, las acaba pagando el conjunto de personas sobre las que ese poder se ejerce. Llevamos años denunciando el modo de ejercerse el poder en España, al que desde 1994 llamé el Sistema. Era claro que, como indicaba en el libro que dediqué a explicarlo, mis conocimientos tenían la virtud de la experiencia. Es decir, lo vivido, lo contemplado, lo experimentado y lo sufrido como escuela. Unos hablan de memoria. Otros por referencias. Otros transmiten consignas por diversos platos de lentejas. Algunos relatan experiencias. Y mejor no olvidar que, como dicen los místicos, la verdad es una experiencia. Pero los ciegos niegan las evidencias, y comienzan a no querer ver mediante la fabricación de consignas al uso. En este caso todo aquel que denunciaba los excesos del sistema era un antisistema, instrumento verbal confeccionado con finalidad denigradora, al tiempo que defensiva, porque equivalía a sostener que denunciar abusos de nuestro sistema de poder era propio de quienes querían el caos de una anarquía total.

Ya son muchos los casos de corrupción en los que, entre otras cosas, se evidencia el funcionamiento de este Sistema de poder. Pero pocos tan gráficos como el de ayer, en el que fueron detenidas 51 personas. Imagino que no será el último que tengamos la desgracia de contemplar, porque quizás estemos ante la cabeza de un iceberg de proporciones incluso superiores. Pero de momento tenemos una trama. Atentos: una trama organizada, es decir, un conjunto de personas que se organizan con una finalidad espuria. Segundo, esta trama se dedica a violentar la Administración Publica en la faceta de adjudicaciones de obras y servicios, es decir, de la administración del dinero público. Tercero, en la trama confluyen políticos de los dos partidos dominantes, de modo que las supuestas diferencias ideológicas pueden convivir con las coincidencias de explotación económica privada y espuria del poder que administran. Es evidente que las competencias de las autonomías y municipios en materias como aquellas sobre las que actúa la trama facilita el funcionamiento de la misma. Es decir, el fraccionamiento del poder permite mejor uso de la faceta espuria del sistema.Lo que sucede en Cataluña con determinadas familias es ejemplo con manzanas. Además, justo es decirlo, vivir envueltos en una burbuja especulativa y en una fase enloquecida del capitalismo financiero, crea un fermento muy adecuado para estas actividades.

La responsabilidad de los dirigentes políticos actuales no consiste primariamente en haber designado para determinados puestos a personas que ahora parecen estar involucradas en estas actividades. Eso, por supuesto. Pero la clave no está ahí. La verdadera responsabilidad es haber creado, sostenido, mantenido, estimulado y potenciado ese sistema de poder que necesariamente acabaría mostrando este lado oscuro. Y dedicarse a destruir a quiénes lo denunciaban.

Estamos hartos, cansados ya, y en punto de profunda irritación social, de tanto oír hablar de regeneración democrática y de frases parecidas en la boca de los políticos de ambos partidos tanto cuando se encuentran en el poder como cuando vociferan desde la oposición, que se han evidenciado como puras y duras mentiras destinadas a distraer a una sociedad adormecida . El sistema de partidos está corrompido y no queremos darnos cuenta. Ya está bien de decir estupideces al servicio de intereses ocultos.

¿Y ahora que? ¿El caos? Pues no. El caos no es ni bueno ni recomendable. El asunto es que serenamente —aunque inevitablemente irritada— la sociedad española debe darse cuenta de que necesita un nuevo modelo de convivencia. Que demasiadas cosas han sucumbido desde la Constitución de 1978 como para seguir mirando hacia otro lado o limitándonos a manifestar nuestra indignación. Las instituciones han sido despedazadas por el sistema de poder, por el modo de reclutamiento de los cargos públicos, por la endogamia de la clase política, por la demolición de la separación de poderes, por la invasión de la justicia, por el desprecio a la sociedad civil…No sigo porque todo es obvio. Necesitamos era reflexión sincera. Pero, ¿dónde la efectuamos? ¿Acaso quedan espacios para la propia sociedad? Ese es uno de lo problemas, y no pequeño, con el que nos enfrentamos. Pero cada día es mas urgente. Nadie amenaza al Sistema sino que se desmorona solo y tenemos que cubrir el vacío de un modo ordenado. ¿Sabremos hacerlo? De nosotros depende que la alternativa no sea el caos

Mariano Rajoy y la corrupción
Javier Benegas www.vozpopuli.com  28 Octubre 2014

Pocos podrían haber imaginado la noche del 20 de noviembre de 2011 que, tras la amplia victoria del Partido Popular en las Elecciones Generales, lo que habría de llegar sería esta apoteosis de la corrupción que amenaza con no dejar títere con cabeza. Que ya no mediríamos el tiempo en minutos sino en imputaciones. Y que España terminaría siendo todo un poema, un desmadre a la italiana o, peor aún, un esperpento que ni Valle-Inclán podría haber concebido.

Rajoy en estado puro
Sin embargo, previamente al destape de la corrupción irrestricta, que era y es la esencia de este régimen, aún tuvimos dos postreras oportunidades para haber dado un giro a nuestra historia. La primera fue precisamente cuando el Partido Popular ganó las Elecciones Generales. Y Mariano Rajoy Brey, con las espaldas bien cubiertas por una holgada mayoría absoluta, pudo haber tomado la senda reformista, aprovechando la parálisis tanto de la izquierda como de las oligarquías, entonces acongojadas por la posibilidad real de la quiebra del Estado y la muerte súbita de la gallina de los huevos de oro.

Desgraciadamente, parapetado tras la coartada de un inminente rescate y repitiendo como un loro la célebre cita de San Ignacio de Loyola, que dice que en tiempos de tribulaciones no hay que hacer mudanza, el recién investido presidente optó por arriar la bandera de la regeneración y guardarla en el baúl de los recuerdos, junto con otras muchas promesas. Ahí se retrató Mariano, nítido y cristalino. Tanto que sus votantes más ingenuos no se lo creían.

El segundo y definitivo hito tuvo lugar el 14 de julio de 2013, cuando el diario El Mundo, con Pedro J. Ramírez aún de director, publicó los mensajes sms que mutuamente se habían enviado el presidente del Gobierno y el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, cuando este último ya había sido enchironado por orden del juez Pablo Ruz.

Cierto es que aquellos mensajes por sí mismos no probaban que Mariano Rajoy fuera corrupto, ni siquiera que (stricto sensu) estuviera en connivencia con el presunto delincuente. Sin embargo, en cualquier democracia digna de tal nombre, una revelación de esta naturaleza habría sido motivo más que suficiente para forzar la dimisión de un primer ministro. Y es que en los países decentes la política aplica sus propias leyes mucho antes que los tribunales.

¿Por qué Mariano prefirió no beber de ese cáliz? Según la más benévola de las versiones, porque era consciente de que su renuncia habría supuesto dar el golpe de gracia a unas instituciones que amenazaban ruina en el peor momento imaginable. Y según la más malvada, que su decisión de no dimitir tendría que ver con un conocimiento exhaustivo de la corrupción que anidaba en el partido, y el convencimiento de que si abandonaba el poder prematuramente y, en consecuencia, renunciaba a la influencia sobre los más altos tribunales y la Fiscalía, cualquier calamidad sería posible, incluida una futurible imputación de toda la cúpula del PP con él a la cabeza. Lo que arrastraría a su vez al puñado de oligarcas que habían estado pagando la fiesta.

Sea como fuere, una vez más Mariano decidió no mover ficha, al menos no de forma tan dramática (poco tiempo después Pedro J. Ramírez sería cesado). Y esperó a que las aguas se calmaran. Lo que, en un país que se estaba acostumbrando a los disgustos, habría de suceder tarde o temprano.

Y así fue. Hoy aquellos mensajes han sido olvidados. Sólo permanece en el recuerdo colectivo aquella frase gloriosa con la que Rajoy abandonaba a su suerte al tesorero: “Luis, lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”. Nunca le llamaría, por supuesto. Rajoy no habría sobrevivido tantos años en la política española y llegado a presidente de haber tenido el “Leave no man behind” como lema.

Independientemente de las motivaciones que Mariano haya tenido para no hacer lo correcto, era de prever que sus decisiones todo lo más servirían para aplazar lo inevitable. Pero que, finalmente, no sólo se produciría la quiebra del modelo político, sino que ésta sería más abrupta. Y en eso estamos ahora.

Por qué es sistémica la corrupción en España
Respecto al turbio asunto del tesorero del Partido Popular y el trasiego de dinero negro que va y viene de la calle Génova, vale la pena utilizar como vara de medir lo sucedido con la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) en 1999, cuando el 4 de noviembre de ese mismo año el tribunal de distrito de Augsburgo ordenó la detención de su tesorero, Walter Leisler Kiep, estallando a continuación el escándalo de corrupción política más grave de la reciente historia alemana.

En el caso del CDU, aunque las resistencias fueron muchas, al final rodaron infinidad de cabezas, incluso las de los más ilustres. Tal fue el caso de Helmut Kohl, sacrificado en el altar de la regeneración forzosa por su propia protegida, Angela Merkel. Desde luego que no todo fue ejemplar en aquel ajuste de cuentas. Al fin y al cabo la política es siempre política. Pero hechas las oportunas salvedades, la depuraciones, que afectaron a casi toda la plana mayor del CDU, reconfortaron a los ciudadanos alemanes. Y la sangre no llegó al río.

En el caso del Partido Popular no ha sucedido nada parecido sencillamente porque tal cosa era imposible. La impostura de las instituciones, esto es, la carencia de una democracia formal con separación de poderes y los correspondientes controles y contrapesos, hace que todas las decisiones, incluso las más trascendentes, queden a merced de esa otra política informal, subterránea, donde en realidad nadie gobierna y todo se tapa y se pacta de espaldas a la opinión pública.

Si no hay unas reglas del juego inviolables para todos y tampoco los incentivos necesarios para cumplirlas, si ni siquiera existe la coacción o el miedo a que las leyes se apliquen con rigor y rapidez sea quien sea el delincuente, es imposible que los que tienen la sartén por el mango tomen las decisiones correctas si éstas llevan aparejadas costes.

También ha quedado demostrado, por si había alguna duda, que carecemos de personajes de fuste, en los que la decencia y el buen juicio estén por encima de otras consideraciones, incluso de las propias ambiciones. Así pues, ante un modelo carente de líneas rojas y condenado a corromperse, no hemos podido siquiera oponer el factor humano: ese milagro del último suspiro en el que alguien honorable se planta y se la juega.

La eclosión de la ideología líquida
En resumen, en estos casi tres años de gobierno del Partido Popular hemos descubierto que, detrás de las siglas y las coartadas ideológicas, de ese infantilismo perverso del “y tú más” de las tertulias de medio pelo que inundan las televisiones, la constante era lo mediocre, lo pésimo. España no es que necesitara regenerarse sino que estaba por hacer. Y la brusca eclosión de esta realidad está provocando que los falsos demócratas se empiecen a distinguir de los auténticos. Unos porque llevan la corrupción tatuada en la frente. Otros, porque por más que voten jamás dejarán de ser dictadores en potencia.

Pase lo que pase, y aún queda mucho por pasar, lo único evidente es que cada vez falta menos para que alguien le susurre al presidente “Mariano, sé fuerte… dimite”. (… Ese hombre está muerto y no lo sabe. Quiere asaltar la banca, robar nubes, estrellas, cometas de oro, comprar lo más difícil: el cielo. Y ese hombre está muerto…). Quizá sea Soraya quien se lo diga. Pero al ritmo que marchan los acontecimientos, podrían ser otros los que le dieran la patada. Que sean falsos demócratas es lo que debería preocuparnos, porque demócratas de pura cepa quedan muy pocos en España, cada vez menos.

Desgraciadamente, otra de las consecuencias perversas de este final de trayecto es el cortocircuito permanente al que se ha visto sometida la sociedad española, con el fin de impedir que de ella surgiera la competencia directa a esa marca negra que hoy es el PP. Por lo tanto, lo lógico es que España termine rendida a los encantos de una “nueva” izquierda, cuya ideología líquida se está filtrando por las mil y una heridas de este régimen cadáver.

Campaña contra Libertad Digital
Si en España hay algún medio comprado, es 'El País'
Daniel Rodríguez Herrera Libertad Digital  28 Octubre 2014

Han pasado seis años desde el discurso de Elche en el que Rajoy expulsó del PP a liberales y conservadores. Han pasado seis años del congreso búlgaro de Valencia. Fue entonces cuando Libertad Digital, que había coincidido con muchas de las ideas defendidas por el PP de Aznar, empezó a convertirse en firme opositor del nuevo PP de Rajoy. No es que antes se les dorara la píldora, tampoco. Pero era este tipo de crítica a errores concretos que se le hace a alguien con quien en general estás de acuerdo. En aquellos meses comprendimos que aquel PP había muerto para convertirse en un partido socialdemócrata que vendía gestión y honradez, pero que aceptaba las ideas de la izquierda en prácticamente todo, de la economía a la idea de España, pasando por la moral y hasta la historia. Seis años después, Rajoy ha dilapidado la imagen de buena gestión y honradez, y al PP no le queda nada que vender más que el miedo a la extrema izquierda.

Nosotros no cambiamos en 2008: defendíamos las mismas ideas de siempre. Había cambiado el PP. Algunos de nuestros lectores, los que no apoyaban una ideología sino unas siglas, nos mandaron a tomar viento, y perdimos audiencia por ello. Pero mereció la pena. Porque somos liberales, no cheerleaders al estilo Nini. Pese a ello, El País se dedica a soltar trolas como que somos un medio al servicio del PP. Como suele suceder con los progres de este país, nos acusan falsamente de lo que son ellos en la realidad. Medio del régimen en época socialista, que les regaló una tele de pago y el liderazgo en la radio, hoy día son el medio de la vicepresidenta, que les ha salvado de la quiebra, y de los Pujol, que le compraron sus sedes por 300 millones de euros. El País, el diario servil de referencia, acusa a Libertad Digital de servir al mismo PP al que criticamos a diario.

Si Libertad Digital es un medio al servicio del PP porque se nos ha concedido un poste en Madrid y siete de televisión local, ¿qué será el Grupo Prisa? Porque los políticos le han dado un canal nacional de televisión, cientos de emisoras de radio y compran decenas de miles de ejemplares de su periódico. Que pese a ello no tenga más que deudas no es desde luego por falta de apoyo político, sino porque Cebrián es un inútil de marca mayor. Y eso sin hablar de los enormes ingresos en publicidad institucional de los que ha disfrutado y sin los cuales Prisa, incluso con la ayuda de Soraya, se habría hundido sin remedio.

Veamos exactamente de qué se nos acusa. El entonces presidente de Libertad Digital pidió al entonces secretario general del PP si podía comentar a militantes y empresarios afines que había una ampliación de capital por si a alguien le interesaba. La ampliación no estaba pensada como una operación que ofreciera rentabilidad a los futuros accionistas, sino convertirlos en parte de un medio al que eran ideológicamente afines, y entonces había gente así en el PP y todo. Según el auto del juez, lo que pasó entonces es que tres tipos compraron acciones con dinero negro, las revendieron después y dos de ellos se quedaron con el dinero de la venta. Así que la conclusión es que Libertad Digital habría sido financiada por un partido político con dinero sucio.

Para entenderlo, hagamos una analogía. Eres director de una agencia de viajes y tienes una oferta que crees que puede interesar a los funcionarios del ayuntamiento de tu localidad. Así que hablas con el alcalde y le pides si puede publicitarlo internamente. Resulta que en el ayuntamiento te compran tres viajes. Diez años después un juez dictamina que el partido del alcalde pagó con dinero negro procedente de corruptelas varias a esas tres personas para que te compraran el viaje. Y resulta que de repente el culpable no es el alcalde ni los tres funcionarios. Eres tú, que no tenías forma alguna de saber la procedencia de ese dinero. Y encima un tipo repugnante, pero con cierta influencia, que depende para vivir de las contratas del ayuntamiento, te acusa de estar al servicio de aquel alcalde, cuando llevas años poniéndole a caer de un burro en las tertulias del bar.

Si se acusara a Libertad Digital de haber hecho algo mal, molestaría, claro, porque esas cosas no gustan a nadie. Pero encima se nos critica por algo en lo que no tenemos culpa ni responsabilidad alguna. Y se intenta vender a la opinión pública que este medio se ha vendido por un plato de lentejas negras. Quienes nos leen y nos escuchan saben que no es cierto. Pero quienes no lo hacen leerán o oirán estas injurias y procurarán no acercarse a nosotros. Y ese es en último término el objetivo. Que este medio no pueda crecer y ofrecer una alternativa verdaderamente revolucionaria al pútrido sistema del que El País y el PP de Rajoy son piezas clave.

Aguirre debe dimitir y renunciar a las elecciones
Marcello www.republica.com  28 Octubre 2014

Esperanza Aguirre debe dimitir de presidenta del PP en Madrid ante el cúmulo de escándalos aparecidos bajo su mandato y los que están por venir. Y puede que Aguirre, con ello y la renuncia a sus aspiraciones a ser nominada candidata del PP a la alcaldía de Madrid, salga ganando porque el PP irremediablemente perderá Madrid y porque las secuelas de los escándalos detectados en la Comunidad están muy lejos de llegar a su final.

La acumulación de escándalos e imputaciones de dirigentes muy destacados del PP, que han ocupado u ocupan altos cargos en la política del país o en Comunidades Autónomas y ayuntamientos, ha hecho estallar la corrupción que hervía a muy alta temperatura en el volcán oculto del PP. El que encendió el caso Bárcenas y que ahora mana a borbotones por sus cuatro costados. La última brecha en esta incandescente montaña la acaba de abrir Francisco Granados, el que fuera consejero y brazo derecho de Esperanza Aguirre en la Comunidad y el PP de Madrid, tras ser detenido por la guardia civil como miembro de una gran trama de corrupción política, que al parecer manipuló contratos públicos por valor de 250 millones de euros.

A todo ello se ha referido ayer Mariano Rajoy como unas ‘pocas cosas’, pero no es esa la impresión que se tiene en la ciudadanía, ni tampoco en el seno del Partido Popular, donde crece el miedo a una debacle electoral en los comicios municipales y autonómicos de la primavera de 2015, en las que se dan por perdidas Madrid y Valencia.

Sin embargo, el foco de la atención en el día de ayer -hoy será Acebes quien comparezca ante el juez- estaba en Granados y Aguirre, la presidenta que lo cesó del Gobierno de Madrid sin explicar el por qué de esa destitución lo que era para sospechar. Y ahora Aguirre pide perdón a los ciudadanos por haber nombrado a Granados su brazo derecho y dice Aguirre que así “asume ella su responsabilidad” lo que no es verdad.

La responsabilidad la debe asumir Aguirre presentando su dimisión del cargo de Presidenta del PP de Madrid porque el caso afecta a Granados y a varios alcaldes que este partido tiene en la Comunidad, a los que se suman los ya imputados en Gürtel, su exconsejero López Viejo, los consejeros nombrados por ella en Caja Madrid con sus famosas ‘tarjetas negras’ y un sinfín más de casos -veremos cómo acaba el ático marbellí de I. González-, donde se incluye el espionaje a Gallardón y Cobo con agentes camuflados, amén de sus amistades peligrosas, Díaz Ferrand, Arturo Fernández, Pedro Pérez, Alberto Recarte, y asuntos relativos a su coro de medios a los que hizo concesiones y dio toda clase de ayudas que pronto verán la luz.

Pero los políticos no escarmientan y Aguirre sigue empeñada en ser la sustituta de Rajoy al frente del PP y previamente alcaldesa de Madrid y no va a conseguir ni una cosa ni la otra. Y si fuera más astuta que apasionada esta Esperanza fallida debería saber que éste es un buen momento para salir de la política a descansar, cuidar de su salud y jugar con sus nietos, que es lo que prometió hacer y no ha cumplido desde que abandonó la presidencia de la Comunidad de Madrid, otra decisión que tampoco explicó. En los países democráticos las responsabilidades políticas se asumen con la dimisión y si Aguirre así lo hiciera ella se estaría haciendo un favor. Y si no al tiempo porque los hechos son tozudos y no dan margen de error.

El ‘gruyère’ de Esperanza Aguirre
Javier Caraballo El Confidencial  28 Octubre 2014

Ya lo ha repetido otra vez. Ahí está otra vez la presidenta del Partido Popular de Madrid “abochornada por la corrupción”, como quien se asoma a la ventana y se asombra del chaparrón que está cayendo fuera. Otro caso de corrupción en sus narices y ahora, que Esperanza Aguirre se indigne públicamente, como una ciudadana más, y haga bandera de la desesperación y el asco de la gente “que no está dispuesta a aceptar” la podredumbre que nos rodea, que ha infectado a toda la clase política española. Que convierta otra vez en lecciones de ética urbi et orbi la lacerante contradicción de que sea ella, Esperanza Aguirre, la presidenta del partido, el PP madrileño, con más casos de corrupción en los juzgados.

Después de la Gürtel, la Operación Púnica ha convertido el PP de Madrid en un gruyère como no ha habido otro en la política española. En una sola provincia, alrededor de unas mismas siglas, se han generado dos de los mayores escándalos de corrupción conocidos.

Por eso es tan llamativo repasar ahora la moralina anticorrupción que suele desplegar Esperanza Aguirre, pero no por ella misma, no por su trayectoria política, por su gestión política, que para algunos será impecable y para otros detestable; no es eso, el ejemplo de la presidenta del PP de Madrid es conveniente hoy porque con lo que no puede seguir conviviendo ni un segundo más la ciudadanía es con la hipocresía habitual de las direcciones de los partidos políticos cada vez que se destapa –nunca por una investigación interna, habremos de repetirlo una vez más– un caso de corrupción.

¿Quién puede creerse hoy que la presidenta del PP de Madrid no sabía nada de la red de corrupción que se ha tramado al su alrededor, incluso en su entorno más cercano? Ella, que siempre ha aconsejado a los demás que extremen la precaución al elegir a los cargos públicos (“hay que designar a los mejores candidatos que representen los principios, los valores y las propuestas de nuestro partido”), que intente justificar ahora cómo ha sido posible que tantos alcaldes designados bajo su mandato en el PP madrileño se hayan visto involucrados en el mismo entramado repetido de comisiones ilegales en las adjudicaciones de obras, contratos o servicios públicos.

Que nos explique cómo es posible que nunca sospechara nada de su ‘número dos’ en el partido y en la institución, Francisco Granados, sobre todo en una operación como esta, que lleva su nombre en latín, como epicentro de la trama, Punica Granatum.

Han saltado las alarmas en Suiza por el dinero que se estaba blanqueando (ese es el origen de esta investigación), pero aquí, despacho con despacho, nunca se supo nada. Y ayer mismo, sin embargo, Esperanza Aguirre volvió a repetirlo: “Si hubiera tenido la más mínima sospecha, habría actuado”.

Ni siquiera es suficiente a estas alturas pedir perdón a la sociedad, otra de las banderas que enarbola Esperanza Aguirre con el mismo tono de estar pasando por allí. “Hay que pedir perdón por no haber vigilado todo lo necesario para atajar esos casos”, como ha dicho en repetidas ocasiones y como, otra vez, volvió a decir ayer: “Quiero pedir perdón a los militantes honrados y sacrificados por haberles propuesto como secretario general a este señor”. Pues no. El perdón no valdrá de nada si previamente no existe un reconocimiento sincero, explícito y severo de aquello que nunca se admite, que la corrupción política en España forma parte del funcionamiento diario de esas organizaciones.

La corrupción política, como se está viendo, como se ha repetido en tantas ocasiones, es un fenómeno transversal en los partidos políticos. Se empiezan pagando campañas electorales y sedes y se acaba con maletines en Suiza. La corrupción política en España no se explica por “tres o cuatro chorizos”, como decían en el PSOE andaluz frente a los suyos. La corrupción política los atraviesa y los convierte a todos ellos en actores de un mismo proceder. Que en una sola operación anticorrupción se detenga a alcaldes de varios partidos, fundamentalmente del Partido Popular y del PSOE, ofrece una imagen certera del carácter transversal de la corrupción del que hablamos.

En sus prédicas contra la corrupción, la presidenta del gruyère recordaba que el Partido Popular llegó en 1996 “con un estandarte de lucha contra la corrupción por lo que estaba pasando en el PSOE”, y que, precisamente, una de las “señas de identidad” del partido era esta “lucha contra la corrupción”.

Fue así y ya puede verse en lo que se han convertido, en lo que han convertido, la imagen pública del Partido Popular y del PSOE en todos estos años. Desde el inicio de la Transición hasta la actualidad, los dos principales partidos que se han alternado en el poder ya sólo pueden escupirse las culpas, pero nada más. Caen los casos de corrupción en España como los gordos de Navidad, “fundamentalmente en Madrid, pero con participaciones importantes en Valencia, León y Murcia”. La propaganda antisistema más efectiva que existe, la más corrosiva, es esta de la corrupción política, gubernamental, institucional; que no fijen sus miradas en otros focos.

¿Harta de la corrupción? ¿Que dice Esperanza Aguirre que está “harta” de la corrupción? No se acabará nunca con la corrupción política en España si no se acaba antes con el cinismo político ante los casos de corrupción. El impostado disimulo con el que se responde, la falta de sinceridad frente a los hechos denunciados, la falsa impresión de malestar, la decepción hacia las tramas corruptas…

Hasta las expulsiones sumarísimas con las que se pretende aparentar eso que tanto repiten, la “tolerancia cero” ante unos caos de corrupción con los que conviven durante años sin percatarse jamás de nada. Desde el gruyère del PP de Madrid, expandida hasta Valencia con la Gürtel, hasta la podredumbre sistémica que corroe la gestión del PSOE de Andalucía, pasando por la trama de los Pujol, esto no da más de sí. Por eso, ahora, que se ahorren los lamentos y las prédicas. Que comiencen por lo más elemental. Tan sólo sinceridad.

Tácticas nazis en Barcelona
Javier Orrico Periodista Digital  28 Octubre 2014

Hasta ahora la mascarada del nacionalismo catalán había dado hasta para unas risas. Ver a las razas superiores hundidas en la estupidez que habían ocultado, en la corrupción y, sobre todo, en el más hilarante ridículo, es siempre un espectáculo reconfortante, casi de Cuaresma, pues nos recuerda lo que ya sabíamos pero -sobre todo ellos- queríamos olvidar: que estamos hechos del mismo barro, y que las razas superiores sólo lo suelen ser en cuanto a la miseria que encubren y las mentiras que se cuentan a sí mismas.

Al final, parecía llevar razón don Tancredo Rajoy, en cuanto a que lo mejor era dejarlos despeñarse por su propia incapacidad y cobardía, por la evidencia de que el nacionalismo no es sino una mafia santurrona que ha utilizado ese lema de ‘fer país’ para, sí, ‘fer-se’ (hacerse) un país. Pero todo tiene un límite.

Cuando algunos escribimos ‘nazionalismo’ no lo hacemos gratuitamente, sino por las semejanzas manifiestas en las motivaciones, las trampas, el odio al otro y la parafernalia que todo movimiento nacionalista guarda con la que fue su máxima expresión, su obra cumbre: el nazismo o nacionalsocialismo alemán. Y una de las más repugnantes, y uso el adjetivo –tan preciso- con que Arcadi Espada define el nacionalismo, fue la de marcar al enemigo, a los judíos en aquel caso, con una estrella amarilla sobre la ropa.

Lo que ha comenzado a hacer el nacionalismo catalán a través de la Asamblea Nacional Catalana, la famosa ANC de Carme Forcadell, en el barrio de Les Corts (el del Nou Camp, por cierto), en primer lugar, pero que se ha ido extendiendo ya por toda la Barcelona más burguesa, es colocar una estrella amarilla inversa: un cartel amarillo de la ANC en la puerta de los comercios y negocios colaboradores o, de otra manera, buenos catalanes independentistas. Y los que no tengan en su puerta, ya se sabe, ‘unionistas’, españolistas, traidores. Judíos, en fin.

Y esto es con lo que colabora la izquierda catalana, avala la española y el Gobierno consiente. No los van a gasear, por supuesto, sólo a arruinarlos.

Soy contrario a quien no es beligerante con la corrupción.
Vicente A. C. M Periodista Digital  28 Octubre 2014

Ser contrario a la corrupción no significa beligerante con ella, ya que solo implica una postura, el anuncio de un principio ético de comportamiento. Pero el hecho de que el PP se declare así cuando muchos de sus dirigentes han sido salpicados por la corrupción, podría interpretarse como un intento de limpiar una imagen deteriorada además por la laxitud en la respuesta y en el alcance muy limitado de las sanciones a los implicados. Porque esa afirmación no deja de ser una obviedad ya que nadie con sensatez diría que es favorable a la corrupción. Y por otro lado, hasta el más sublime mensaje queda en nada si las palabras grandilocuentes no van seguidas por actos que las corroboren. Al contrario, el mundo de la política está lleno de contradicciones entre lo que se predica y lo que se hace realmente.

Y esta forma de proceder no es patrimonio de un solo partido político, la incoherencia, a la que algunos llamarían hipocresía, es moneda común de todo el arco político. Eso sí, siempre los hay que pueden atribuirse ser alumnos destacados en la demagogia y el populismo. Pero al final el mensaje que queda para los ciudadanos es el de “haz lo que digo pero no lo que yo hago”. Así que si alguien se declara contrario a la corrupción es porque hay algo que le impide ser beligerante y acabar con ella en su propio partido, quizás porque como en el caso de algunos cánceres agresivos, el mal se halla muy extendido y es imposible su extirpación quirúrgica.

Y en todas las casas, mejor decir castas, cuecen habas. Porque como dicen los más pesimistas sobre la condición humana, todos tenemos un precio que se llega a conocer solo cuando se dan las circunstancias apropiadas. Los insobornables son algo exótico y tan increíble como las leyendas urbanas que circulan por internet. El ser humano tiende a tomar atajos, el camino fácil y a conseguir las cosas con el mínimo esfuerzo. La corrupción existe ya en nuestros antepasados primates donde es habitual obtener privilegios a cambio de servicios. La máxima popular que dice “tú ponme donde esté el dinero, que cogerlo ya sabré yo” es el fiel reflejo de la mentalidad y la realidad de que quien no se corrompe, normalmente es porque no dispone de la oportunidad de hacerlo.

Y eso me lleva a que casos como el del “pequeño Nico” sean ejemplos de lo fácil que es en España convencer con la vieja receta del amiguismo, del enchufe, de los contactos que importan y del padrinazgo, por aquello de que “al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”. Un caso digno del género burlesco y del esperpento de una sociedad que ha interiorizado la corrupción como forma de obtener beneficios personales. Basta ver los casos de los falsos ERE’s, los PER, la injustificable vía de entrada al Tribunal de Cuentas, la elección de asesores y de contratados en las empresas públicas, etc.

Así que no me hablen de su posición contraria a la corrupción y demuestren con hechos que su objetivo es acabar con ella de forma contundente. Igualmente demuestren que no solo son contrarios al terrorismo de ETA sino que perseguirán a los terroristas hasta su ingreso en prisión, y que rectificarán su política de excarcelaciones injustificables. Hagan lo que dijeron que iban a hacer y dejen de hacer lo que nunca dijeron que harían.

Partido Popular
La autodestrucción del PP
Cayetano González Libertad Digital  28 Octubre 2014

El partido que teóricamente debería aglutinar al votante del centro-derecha en España está herido de muerte ante lo que más importa en un régimen democrático: la opinión pública. Después de una semana horribilis, siendo portada cada día por casos de corrupción, empieza la actual con la Operación Púnica, una trama de corrupción en el ámbito municipal y autonómico que de momento se ha saldado con la detención de 51 personas, entre ellas el que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid y secretario regional del PP Francisco Granados, el presidente de la Diputación Provincial de León y miembro del PP Marcos Martínez y cuatro alcaldes populares de la Comunidad de Madrid: los de Valdemoro, Collado-Villalba, Torrejón de Velasco y Casarrubuelos.

A pesar de todo lo que se ha conocido sobre el clan Pujol, los ERE de Andalucía, el enriquecimiento del dirigente del sindicato minero de la UGT en Asturias, el PP ha tenido la habilidad de conseguir ser percibido como un partido donde cada día aparece un nuevo corrupto, donde no se reacciona o se hace tarde y mal contra este cáncer, donde no se toman decisiones contundentes para apartar de los cargos públicos a quien se ha enriquecido personalmente, donde nadie de la cúpula asume responsabilidades políticas ante los sucesivos escándalos, algo que en cualquier otra organización o empresa sería inmediato...

No tenía ya bastante el PP con el vaciado ideológico al que le han sometido en los últimos años Rajoy y su actual dirección; no eran ya suficientes los sucesivos incumplimientos de su programa electoral –el último, la retirada de la reforma de la ley del aborto–; no debía de parecer importante la renuncia a dar la batalla en cuestiones relevantes como el desafío separatista de Cataluña o el haber traicionado a las víctimas del terrorismo y a la mayoría de la sociedad española poniendo en libertad al terrorista Bolinaga: encima, ahora, el PP es presentado como "el partido de la corrupción", en palabras del actual secretario general de PSOE, César Luesma, que por otra parte debe de pensar que lo suyo en Andalucía es un pellizco de monja.

Mariano Rajoy Brey puede pasar a la historia como el dirigente del mayor partido de centro-derecha que ha habido nunca en España que, tras haber logrado una holgada mayoría absoluta hace sólo tres años, consigue, desde la Presidencia del Gobierno, liquidar y hundir ese proyecto político, dejando huérfana y sin referencia ideológica a una parte importante de la sociedad española.

El PP lo va a pasar mal, muy mal, electoralmente hablando, en las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. La debacle, la pérdida de poder municipal y autonómico lleva camino de ser espectacular. Aun así, y visto cómo está el de momento otro gran partido nacional, el PSOE, los populares pueden ser los más votados en las próximas elecciones generales: hasta un ciego ve que Rajoy, aunque sólo fuera por puro interés personal, debería adelantar los comicios y evitar de esa forma el frente popular que se va a ir conformando tras las municipales y autonómicas. Pero los caminos del político gallego son inexpugnables, y además cuenta para ello con la inestimable e impagable, en sentido metafórico por supuesto, ayuda de Pedro Arriola.

El PP ya nunca volverá a ser lo que fue cuando gobernó brillantemente, en líneas generales, durante ocho años. Clarísimamente desde el Congreso de Valencia de junio de 2008, sus dirigentes se han empeñado con tesón en ir dilapidando ese proyecto político. Y lo han conseguido.

La regeneración política del PP es muy difícil, por no decir que imposible. Primero tendrán que perder el poder y a partir de ahí iniciar una nueva andadura con las actuales o con nuevas siglas y, sin ninguna duda, con nuevos dirigentes, que de momento no se atisban en el horizonte. Porque una cosa es que la vicepresidenta Soraya pueda estar jugando y enredando con la ayuda de sus amigos de Prisa a ser la sucesora de Rajoy, o que Núñez Feijoo albergue esperanzas de lo mismo, y otra muy diferente es que el proceso destructivo al que se encamina el PP no exija algo completamente diferente, donde no puedan desempeñar papel relevante alguno ninguno de los actuales dirigentes nacionales o autonómicos.

Lo dicho: la responsabilidad de Rajoy por lo que está pasando y queda por llegar en el PP es histórica, y lo pagará en las urnas. Mientras tanto, no estaría de más que, aparte de suspender de militancia a los que van siendo imputados por casos de corrupción, alguien de la cúpula de Génova, por ejemplo la secretaria general del partido, tenga la decencia de dimitir; aunque, bien pensado, siempre se ha dicho, y es verdad, que el PP es un partido presidencialista. ¿Por qué va a tener que dimitir la número dos si el número uno, cuando habla a los militantes, se refiere a los casos de corrupción que asuelan su partido como "esas cosas que os preocupan"? Al menos, la reacción de Esperanza Aguirre reconociendo que sentía vergüenza de presentarse ante los ciudadanos tras lo conocido este lunes de la Operación Púnica y pidiendo perdón por haber nombrado a Francisco Granados marca una clara diferencia con lo dicho por Rajoy, aunque para muchos ciudadanos pueda resultar insuficiente. La gente, como la propia Aguirre ha enfatizado, está muy, pero que muy harta. Y los votantes del PP, especialmente.

Corrupción en Andalucía
Susana Díaz, digna de Griñán
Guillermo Dupuy Libertad Digital  28 Octubre 2014

Es público y notorio que Susana Díaz es presidenta de la Junta y secretaria general de la federación andaluza del PSOE gracias al dedo divino de aquellos bajo cuyo mandato se produjo la mayor malversación de fondos públicos de la historia de España, y de cuyos gobiernos formó parte. Pese a ello, todos recordamos aquel compromiso de la presidenta en su discurso de investidura de inaugurar en Andalucía un "tiempo nuevo", en el que se lucharía contra la corrupción de manera "implacable" y en el que la "transparencia” pasaría a ser “el principio rector de la Administración”.

Pues bien, poco más de un año después, ya sabemos en qué ha quedado tan encomiable compromiso: en una vergonzosa maniobra contra la juez Alaya para intentar apartarla del caso de los cursos de formación y, de paso, anular la demoledora declaración que ante ella hizo el funcionario Teodoro Montes, en las que el responsable de Formación implicó a los altos cargos de la Junta en la "arbitraria" adjudicación de los cursos a empresas relacionadas con el PSOE.

No otra consideración merece el recurso presentado por el gabinete jurídico de la Junta en el que se pide la "nulidad de competencias" y en el que se estima vulnerado "el derecho al juez natural", si tenemos en cuenta que sobre este asunto ya se pronunció la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla confirmando expresamente la competencia de Alaya en la referida causa.

Por si eso fuera poco, la Junta también recurre la petición de Alaya de las actas de los consejillos –las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros)– celebrados hasta el 18 de octubre de 2012, cuando ya estaban presididos por Susana Díaz como consejera de Presidencia. Aunque desde el Gobierno andaluz se asegure que todas esas actas se colgarán "más adelante" en la web de la Junta "porque no hay nada que ocultar", el recurso de ésta es un calco al precedente de las actas del Consejo de Gobierno que, en tiempos de Griñán, la Junta se negó a entregar a la juez Alaya, hasta que el Tribunal Supremo desautorizó al Gobierno andaluz.

Si Susana Díaz se ha revelado como lo que es, una digna sucesora de Griñán, más preocupante resulta ver al nuevo líder de los socialistas a nivel nacional, Pedro Sánchez, afirmar que en la lucha contra la corrupción hará "lo mismo que Susana Díaz". Pero en esas estamos y en esas seguimos.

Cataluña
El artículo 155, el 9-N y el buque 'Uruguay'
Pablo Planas Libertad Digital  28 Octubre 2014

El problema con la Constitución no es que la incumplan quienes la quieren abolir, sino que no la cumplan quienes dicen respetarla. La Carta Magna se ha convertido en papel mojado para la izquierda, los nacionalistas y los nacionalistas de izquierdas, y en el último y extremo recurso que tendría a su alcance el Gobierno, una especie de maletín nuclear con un botón rojo que en caso de activarse causaría una catástrofe de incalculables proporciones en el solar ibérico.

Hay algunos artículos que se consideran directamente la resurrección del general Batet y el reflotamiento del buque Uruguay, prisión provisional de Companys tras la proclamación del Estado catalán en 1934. Mencionar, por ejemplo, el 155 es tabú, cuando no una ofensa propia de cavernícolas al cívico, pacífico, dialogante y festivo Gobierno de la Generalidad. ¿Pero qué dice ese artículo? ¿Prohíbe votar? ¿Supone la intervención estatal de la región? ¿La suspensión de la autonomía? ¿Restringe o elimina acaso derechos fundamentales de los catalanes? No, para nada. Al contrario. Protege algunos de los derechos fundamentales de los ciudadanos en Cataluña y parece más bien el típico punto de los estatutos de una comunidad de propietarios que todo el mundo considera que está de más hasta que alguien tira la basura por la ventana, roba los felpudos, asalta las zonas comunes, aparca la moto en el rellano y no paga las cuotas de la comunidad.

Es sabido que Mas va diciendo por ahí que hay que engañar al Estado, que hay que actuar con astucia y azuzar el odio a España por las calles, cosas que al parecer se consideran alta política y están exentas de responsabilidades. Perfecto. Allá cada cual entonces, y si Mas quiere engañar al Estado, que es como engañarse a sí mismo, que lo engañe, que seguro que se deja. Pero para llegar hasta ese punto Mas se ha aprovechado de una cierta relajación gubernamental; se ha crecido en la medida en que el Gobierno dejaba pasar una tras otra todas las oportunidades para ponerle en su sitio por meras cuestiones administrativas, como no pagar los servicios públicos, estar en la bancarrota y despilfarrar recursos de todos en campañas de propaganda o en subvenciones a sus medios, poner en grave riesgo la sanidad, desatender los asuntos corrientes y no haber tomado una sola decisión práctica y concreta en los últimos años más allá de prometer urnas de cartón de aquí a dos domingos. Durante todo este tiempo ha habido razones más que sobradas para aplicar el 155. No es tarde y no habría que referirse ni siquiera al 9-N. Se podría fundamentar en lo que no ha hecho Mas.

Ahí va, el 155 con sus dos puntos:
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Un requerimiento y mayoría absoluta del Senado. Democracia y Constitución.

Terrorismo
España pagó rescates al Estado Islámico

Cristina Losada Libertad Digital  28 Octubre 2014

No hace mucho unos investigadores norteamericanos demostraron que la guerrilla yihadista del Estado Islámico (EI) es ahora mismo la banda terrorista más rica del mundo. Y lo es no tanto por la ayuda económica que recibe del exterior como porque dispone de sus propias fuentes de ingresos. Entre ellas se cuenta el petróleo que logra vender en el mercado negro, así como el robo en las poblaciones que conquista. Pero otras fuentes nada despreciables son la extorsión y los rescates, cosa habitual en los grupos terroristas, como bien sabemos en España. Lo que no sabemos o preferimos no saber es que España y otros países europeos han puesto su granito de arena en la financiación del EI por la turbia vía de pagar rescates.

Quizá no lo sabíamos con la certeza necesaria, dado que los gobiernos y los implicados en una negociación de "dinero por rehenes" son forzosamente discretos y no suelen reconocer el pago. Pero ahora el diario The New York Times ha publicado un impresionante reportaje sobre el cautiverio de los que acabaron en poder de los fanáticos del EI en el que se menciona expresamente a España, y no puede ni debe uno mirar para otro lado como si nada. El reportaje, titulado "El horror antes de las decapitaciones", ofrece abundante material para reconstruir los padecimientos y las vicisitudes de las dos docenas de occidentales que el EI llegó a tener secuestrados en territorio sirio. Entre ellos estaba James Foley, el periodista americano secuestrado en noviembre de 2012 junto a un reportero gráfico británico en el norte de Siria, y que fue decapitado el pasado mes de agosto.

A algunos, como a Foley, los secuestraron antes de que el EI existiera y estuvieron en poder de distintas facciones, que no tenían claro qué hacer con ellos aparte de torturarlos periódicamente. Cuando emerge el nuevo grupo yihadista y adquiere una posición dominante, tomó el control de los rehenes y se propuso cambiarlos por cash. Iniciaron entonces contactos con las familias de los secuestrados, y esto es lo que sucedió, según lo cuenta el reportaje:

Pronto los cautivos se dieron cuenta de que sus secuestradores habían identificado cuáles eran los países que pagarían rescates con mayor probabilidad, dijo un ex rehén, uno de los cinco que hablaron sobre su cautiverio en la red de cárceles del Estado Islámico bajo la condición de anonimato.

"Los secuestradores sabían qué países estaban más dispuestos a aceptar sus exigencias y crearon un orden basado en la facilidad con la que pensaban que podían negociar", dijo uno. "Empezaron con los españoles".

Un día los guardianes entraron y señalaron a los tres cautivos españoles. Dijeron que sabían que el gobierno español había pagado seis millones de euros por un grupo de cooperantes secuestrados por una célula de Al Qaeda en Mauritania, un dato que estaba disponible online en artículos sobre el episodio.

Una vez que las negociaciones sobre los cautivos españoles progresaban rápidamente –el primero fue liberado este mes de marzo, seis meses después de su captura- los militantes siguieron con los cuatro periodistas franceses.

También los franceses fueron liberados. Entre marzo y junio dejaron marchar a quince rehenes de diversas naciones europeas por rescates que en promedio ascendieron a más de dos millones de dólares, según el Times. En junio, de los 23 cautivos sólo quedaban siete, cuatro americanos y tres británicos. Entre agosto y octubre asesinaron a cuatro de ellos.

Estados Unidos y Gran Bretaña tienen por norma no pagar rescates a grupos terroristas. Entienden que esa posición salva vidas de sus ciudadanos, puesto que no atraerán a los terroristas que pretenden financiarse mediante rescates. En cambio, la mayoría de los países europeos prefieren salvar la vida del rehén en peligro inmediato, aunque tal política conduzca a poner en riesgo a otros en el futuro.

España es uno de los que paga, y a tenor de la información del Times, de los más dispuestos a negociar: "Empezaron con los españoles". Los yihadistas lo saben, y esto convierte a un español en un objetivo preciado. Únase a lo dicho que pagar a un grupo terrorista significa fortalecerlo, y que pagar al EI contribuye a sus actividades genocidas, y tendremos así de forma aproximada los términos del dilema. No es un dilema de fácil salida. No es sencillo identificar cuál es el mal menor. Pero es preciso saber que tal dilema existe. Al menos hay que ser conscientes de que si no pagar tiene consecuencias indeseables, pagar también las tiene. Una obviedad, sí. Una de tantas ante las que muchos prefieren cerrar los ojos.

islamwatch.eu
Islamización: En todas partes es el mismo problema
Vincent Revel Minuto Digital   28 Octubre 2014

El islamismo no conoce fronteras. Esta ideología se adapta a su entorno allá donde se instala. Canadá acaba de descubrir esta triste realidad. Ese país que acoge cada año a decenas de miles de inmigrantes en un modelo de sociedad comunitarista, se encuentra frente a la misma problemática que desafía a Europa. ¿Cómo hacer para convivir con el islam cuando sabemos que los musulmanes, por regla general, son educados en la detestación de Occidente? ¿Cómo no ver a los musulmanes que viven entre nosotros continuamente tentados por el odio a los que los acogen y la fascinación de no pocos de ellos por el yihadismo?

Para luchar contra las discriminaciones, Canadá siempre quiso ser el buen alumno de la clase. Al manifestar su intención de autorizar los tribunales islámicos para los asuntos familiares, las autoridades canadienses provovaron la indignación de gran parte de la sociedad. En nombre de la multicultura y el derecho a la diferencia, Canadá se mostraba lista para comprometerse con los peores radicales islamistas, que son conscientes de su fuerza y de su capacidad para aprovecharse de la ingenuidad de sus anfitriones.

Con el crecimiento de un comunitarismo que amenaza con hacer volar por los aires las libertades colectivas e individuales, un pueblo de la provincia de Québec, Hérouxville, se ha atrevido a oponerse contra lo políticamente correcto al condenar firmemente los crímenes de honor, la lapidación de las mujeres, la ablación y demás práticas monstruosas promovidas por los extremistas islámicos. El ayuntamiento de esta localidad se rebeló contra las reivindicaciones de la comunidad musulmana que modifican radicalmente las costumbres y las tradiciones humanistas de Canadá. La exigencia de que los chicos y las chicas no se bañaran juntos en las piscinas municipales indignó al alcalde André Drouin. El caso Hérouxville pone en evidencia un peligro bien real, entretenido por los radicales islamistas que quieren hacer de Canadá una plataforma de expansión del islam en América del Norte. A pesar de eso, en las elecciones federales parciales de septiembre de 2007, el islam consiguió una nueva victoria al obtener que las autoridades electorales canadienses permitiesen a las mujeres musulmanas poder votar con la cara tapada.

Estos acontecimientos, a los que ahora se suma la tragedia de Ottawa, son el reflejo de una voluntad manifiesta del islam deseoso de poner a prueba la fuerza de resistencia de la sociedad canadiense. Aunque la mayoría de los musulmanes no esté ligada a un programa político determinado, el islam no puede ser considerado una mera religión, sino una ideología totalitaria que busca el control y el poder sin restricción ni limitación alguna para ponerlo al servicio de la concepción musulmana del mundo.

Cuando Mustafa Ceric, gran mufti de Bosnia, pidió en su día un “proceso de institucionalización del islam en Europa” para que los musumanes puedan tener “sus representantes legítimos en los parlamentos nacionales europeos”, no hacía más que expresar lo que desean muchos musulmanes europeos. El islam tiene por vocación, desde su aparición en los desiertos de Arabia, de ser una fuerza política, y para eso se sirve sin escrúpulos de la religión para hacer avanzar sus ideas. Su meta es dominar en solitario la humanidad entera. Su deseo es la sumisión de las sociedades.

El bienestar y la libertad de los individuos no representan nada ante la unidad de la comunidad musulmana. Los que todavía quieren creer que el islam es una religión como las demás, y que todas ellas valen lo mismo se equivocan. Los que esperan poder asociar el islam a la democracia también se equivocan gravemente. Con el islamismo la compasión se aparta ante la fría voluntad de Alá, expresada a través del Corán y la sharia, de esclavizar al hombre para mejor dominar su espíritu. Si seguimos adaptando nuestras costumbres y tradiciones a las múltiples reivindicaciones del islam, nuestras leyes acabarán por desparecer con el telón de fondo de los gritos de ¡Allahu Akbar! Eso vale para Canadá y para toda Europa.

Gabriel Tortella
‘Los catalanes están bajo la célula de un gobierno que les insulta y amenaza’
Rosalina Moreno www.gaceta.es  28 Octubre 2014

Este economista e historiador critica que “hace mucho tiempo que en Cataluña no se aplica la ley española”.

Gabriel Tortella, que también es firmante del manifiesto de ‘Libres e Iguales’, afirma que Artur Mas “es una desgracia para Cataluña y el país”. Pide al Ejecutivo central que aplique las leyes “con rigor, en el sentido de una manera estricta y literal, que es lo que hace falta”.

Dice que los “los pobres catalanes no independentistas están abandonados de la mano de Dios” y que “el Ejecutivo central tiene que darse cuenta de que se encuentran bajo la célula de un gobierno hostil, que les insulta y amenaza” y que “lo menos que puede hacer es ayudarles un poco”.

-¿Qué opina del desafío independentista del ‘president’?
-Tiene una cara bastante dura y es una desgracia para Cataluña y el país. Es de un cinismo tremendo. Ya podría gobernar como un dirigente normal, en vez de dedicarse a desafiar al Estado al que representa y gracias a cuyas leyes es presidente de la Generalitat.

-¿Tendría que dimitir?
-Sería un bien para todos que dimitiera. No merece estar en el puesto que está. Detrás de él hay un partido y un movimiento secesionista, de modo que si cesase le sustituiría el señor Junqueras, a quien la única virtud que le veo sobre Mas es que tiene una postura más clara. No creo que fuera ninguna mejora desde el punto de vista de los intereses nacionales. Lo que sí pediría es que el Gobierno central aplicara las leyes con rigor, en el sentido de una manera estricta y literal, que es lo que hace falta. Hace mucho tiempo que en Cataluña la ley española no se aplica y eso ha contribuido mucho a popularizar los movimientos independentistas.

-¿Cómo ve la actuación del Gobierno frente a este ataque?
-No me gusta. Reconozco que tácticamente el Ejecutivo se ha apuntado un éxito al conseguir que se aplace o se suspenda la convocatoria del referéndum no vinculante del 9 de noviembre. Estratégicamente no ha sido bueno lo que se ha puesto de relieve. Utilizan esto como una prueba más de la opresión de España. Hace mucho tiempo que por parte del Gobierno español tendría que haber habido una política más positiva. Por una parte, de rigor en la aplicación de la ley y por otra, de propaganda en Cataluña, en el buen sentido de la palabra, popularizando los puntos de vista de los españoles en su conjunto de lo que significa la Constitución en España y en Cataluña. Después, apoyando y haciendo sentirse a muchísimos catalanes no independistas y que no se identifican con este Gobierno, que tienen un apoyo y una comprensión por parte del Ejecutivo de España. Los pobres catalanes no independentistas están abandonados de la mano de Dios. El Ejecutivo central tiene que darse cuenta de que se encuentran bajo la célula de un gobierno hostil, que les insulta y amenaza… y lo menos que puede hacer es ayudarles un poco. Quizás, la función más importante del manifiesto de ‘Libres e Iguales’ es precisamente el hacer sentir a los catalanes, que ahora empiezan a manifestarse, que tienen un apoyo fuera de Cataluña.

-¿Qué le parece el ‘escándalo Pujol’ era un secreto a voces?
-Esto lo he acogido con una risa amarga. En Cataluña se sabía, pero no se podía decir porque tenemos la ley de la mordaza… Tampoco me gusta nada por muchas razones, aparte de que este hombre sea un ladrón y lo haya confesado. Creo que esto se sabía desde hace mucho tiempo y sospecho, por las coincidencias cronológicas, que estas cosas se hacen públicas en el momento en el que los movimientos secesionistas toman aire. Me parece muy triste porque tendría que haberse destapado cuando se descubrió. Al parecer, según Montoro, fue hacia el 2000. Además, en 1984, cuando se sabía perfectamente lo del asunto de Banca Catalana -gracias a lo que Pujol llegó al poder, a base de engañar a muchísimos accionistas de Banca Catalana que se quedaron sin el capital que habían puesto para financiar las campañas políticas de Pujol- fue cuando esto descubrió y en el Banco de España había pruebas. Pujol, muy hábilmente, hizo una reunión demagógica diciendo que el que descubrieran los chanchullos era una persecución a Cataluña y el Gobierno de Madrid se calló. A partir de ese momento Pujol se envalentonó y pensó que si esta derrota se había convertido en una victoria, era un camino de rosas lo que venía, y así fue.

-¿Y qué le parece la interpretación que hacen los nacionalistas de la historia de Cataluña?
-Es un escándalo. Precisamente, estoy preparando una clase en la Universidad de Granada sobre este tema. Es un sistema de historia selectiva en donde se destacan cosas que son mentira y se olvida lo que no conviene. Cuando comencé a estudiar historia económica Vicens Vives era el gran historiador catalán y los catalanes estaban orgullosísimos de él. Ahora, no quieren oír ni hablar de Vicens Vives porque era un catalanista moderado. Acerca de 1714-16 dijo que a los catalanes les vinieron muy bien los decretos de Nueva Planta porque acabaron con todas esas antiguallas. Manifestó que era un desescombro de antiguallas y que por fin entrábamos en una situación mucho mejor económicamente. Y además, es así porque el crecimiento económico catalán comienza con los decretos de Nueva Planta. Esto se dice en Cataluña y se suben por las paredes…

-¿Cuáles serían las consecuencias económicas de una hipotética Cataluña independiente?
-Todos los visos son de que sería una catástrofe de una magnitud enorme. Sería muy mala para Cataluña, pero también para España. Que Cataluña no independiente saldría de la UE es evidente. Ahora, que consiguiera ciertos tratamientos favorables en materia de comercio y un acuerdo comercial temporal es imprevisible. Los independentistas cuentan con eso. Si la UE quisiera ser benevolente y para tratar de miniminar el conflicto hiciese unos acuerdos comerciales, las consecuencias para Cataluña no serían tan graves, pero en todo caso habría un periodo de incertidumbre muy fuerte. Desde luego, en la UE no se podrían quedar. Eso haría unas barreras muy grandes. Para el comercio catalán traería unos años de verdadera crisis, de caída y plantearía un problema muy grave. Además, las inversiones dejarían de venir. Ya se está notando el efecto de la incertidumbre sobre las inversiones extranjeras en Cataluña, que descienden mucho más que en España. También habría un descenso de las inversiones españolas en esa comunidad autónoma. Las consecuencias para Cataluña serían inflación, paro y deslocalización de empresas. Un escenario horroroso.

-¿Y cómo ve la situación económica española?
-Es bastante compleja porque muchas cosas no dependen sólo de España, sino de la UE en su conjunto. La UE está hecha un lío. Hay una división muy fuerte entre los seguidores de Merkel, que siguen queriendo una política presupuestaria fiscal muy estricta y los que creen que esta rigidez provoca una caída de la demanda. En principio, la política de la señora Merkel no me ha parecido mal, pero que invierta en cosas útiles y avive la demanda alemana, que le va a favorecer a Alemania y a Europa en su conjunto. El problema de España es que como ha hecho los deberes bastante mal y no está en la posición de Alemania. Este último país está en la posición de la señora rica tacaña, pero España en la del libertino gastador a quien le piden que se corrija. Tenemos una situación un poco más difícil por eso.
 

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Terrorismo
La paz banal
Mikel Buesa Libertad Digital  28 Octubre 2014

El tercer aniversario del anuncio por ETA del cese definitivo de sus actividades armadas ha discurrido sin pena ni gloria. Pareciera como si tal asunto careciera de relevancia alguna, como si el terrorismo fuera un mal sueño ya olvidado, como si ya no quedara nada por saldar con respecto a la última organización política que, en España, ha pretendido llegar al poder de manera violenta.

El caso es que, al margen de sus declaraciones, ETA lleva ya cinco años inactiva en España, pues sus últimos asesinatos, perpetrados sobre dos guardias civiles, datan de julio de 2009 y sus acciones postreras, de un mes más tarde. La violencia carece de rastro en el quinquenio más reciente y, en su ausencia, se ha instalado una paz banal, anodina, en la que todo discurre como si nadie -o más bien casi nadie- quisiera acordarse de lo que ocurrió antes ni conocer su verdad. Tenía razón, una razón universal, permanente, Hannah Arendt cuando en el prólogo de su ensayo Responsabilidad y juicio observó:

Nada llega con más rapidez y presteza que el olvido.
Pudo haber quienes desearon celebrar su victoria, la de ETA, con banderas y desfiles, pero hoy, en el mejor de los casos, se desenvuelven en la repetitiva gestión de la política municipal y, en el peor, en la apática rutina carcelaria. Para ellos la desmemoria es el bálsamo necesario que legitimaría el tiempo nuevo y, con ello, un perdón que reclaman camuflado de vista gorda para los crímenes de los que empuñaron las armas.

También están los que buscaron la derrota, la de ETA, y cuando la lograron pasaron a otros asuntos de mayor urgencia, sin preocuparse demasiado por los rescoldos de resentimiento que dejó el pasado. Unos rescoldos que, sin embargo, se avivaron en los pocos que no supieron reconocer esa derrota cuando llegó sin la menor estridencia, sin ninguna declaración rimbombante, como corresponde al agónico devenir de una organización teñida de abandono. Son ellos los que hoy viven en la frustración de los postergados, de los arrinconados por una historia no reconocida, los que reclaman un relato que, sin embargo, no parecen ser capaces de concluir, pues ello requeriría un desapasionamiento del que carecen.

La paz es banal porque la vida sigue como si tal cosa. Desde hace una década, desde que Aznar dejara finiquitada a ETA, y a pesar del aliento que Zapatero logró insuflarle con su negociación, la economía del País Vasco dejó de verse influida negativamente por el terrorismo. Fue entonces cuando quebró la sociología del miedo -tan bien documentada por las encuestas periódicas del Euskobarómetro- y pudo afianzarse el rechazo a ETA y a su violencia, incluso entre quienes habían justificado su pasado. En el País Vasco progresó la anodina normalidad que había faltado durante tantos años y la mayoría de la gente, a la que, como en todas partes, la política le sobra, prefirió vivir su cotidianeidad sin evocar el pasado y sus horrores. Se instaló así la banalidad de una paz en la que no caben los ajustes de cuentas; una paz de vive y deja vivir; la paz tal vez no añorada por algunos, pero finalmente lograda, que no se quiere dejar escapar.

La banalidad de la paz no diluye, sin embargo, en su mediocre realidad toda acción política destinada a cerrar para la historia el largo y doloroso calvario que ha supuesto para nosotros, los españoles, el terrorismo nacionalista. Aún quedan en mi opinión dos flecos relevantes para clausurar ese proceso. El primero se refiere a los presos de ETA que aún se alojan en las cárceles españolas y francesas. En los tres últimos años su número se ha rebajado en un tercio, en parte por la derogación de la Doctrina Parot, pero también, y de manera más importante, por la extinción de las penas. Actualmente los reclusos no llegan a 470 y, seguramente, dos tercios de ellos habrán terminado de cumplir condena durante el próximo quinquenio. Quedará entonces un centenar y medio de etarras encarcelados cuyas condenas de treinta o cuarenta años, por haber sido impuestas después de la última reforma del Código Penal, se consumarán en su integridad.

En alguna ocasión he propuesto que, con la finalidad de desvelar la derrota política de ETA, sería muy interesante para España la adopción, mediante la reforma legal correspondiente, de la doctrina italiana de la disociación con respecto a los presos terroristas que hayan sido condenados por delitos de pertenencia o colaboración pero que no tengan responsabilidad directa en los crímenes de ETA. La disociación implica el irreversible abandono de la organización y, con ello, su vaciamiento, una condición ésta para dejarla limitada a un pequeño núcleo de irreductibles con escasa o nula conexión con la sociedad. El Gobierno debiera tener en cuenta que las oportunidades para una política de este tipo se extienden sobre un horizonte temporal muy limitado.

El segundo de los flecos a los que antes aludía se desenvuelve en el terreno simbólico y se refiere a la llamada cuestión del relato; es decir, a la narrativa que muestre ante la sociedad la configuración histórica del proceso que condujo a la existencia de ETA y de su actividad terrorista. Entre algunas víctimas vascas de ETA hay preocupación por que se imponga un discurso en el que se exonere de responsabilidad a los que practicaron el terrorismo y se les acabe considerando, en el mejor de los casos, como un mal necesario. A este respecto, tengo que señalar que, en mi opinión, la política que se está siguiendo desde el Ministerio del Interior, en ocasiones arbitrada por medio de la Fundación Víctimas del Terrorismo, es muy desacertada. Su ejemplo más acabado es el de la construcción, en la vieja sede del Banco de España en Vitoria, de un memorial cuyos objetivos son manifiestamente difusos y cuyo coste previsto es del orden de seis millones de euros.

Desde mi punto de vista, una obra así es completamente superflua, toda vez que el reconocimiento de la sociedad española hacia las víctimas del terrorismo ya ha sido construido, desde que lo impulsara el presidente Aznar en el final de la década de 1990, sobre tres pilares: uno de carácter material, a través de una multiplicidad de ayudas, indemnizaciones y pensiones cuyo coste anual excede de los sesenta millones de euros; otro de naturaleza simbólica, cuyos principales soportes están en la concesión de condecoraciones y en la celebración anual de una sesión solemne del Congreso de los Diputados en su memoria; y un tercero de naturaleza jurídica, al protegerlas, a través del artículo 578 del Código Penal, de cualquier acto que entrañe su descrédito, menosprecio o humillación.

Por consiguiente, es más que dudoso que la obra que ahora se quiere impulsar añada algo al reconocimiento ya construido de las víctimas de ETA. Entre tanto, su memoria o, si se prefiere, la cuestión del relato acerca de su sufrimiento dista mucho de haberse construido en todo su pormenor. Las deficiencias de nuestro conocimiento sobre las actividades terroristas de ETA abarcan aspectos tan llamativos como los que se refieren al número de personas heridas o damnificadas en atentados, a la evaluación de los daños ocasionados en éstos o incluso a su misma dimensión cuantitativa. Se desconocen también las responsabilidades de alrededor de trescientos asesinatos cometidos por ETA. Y también es extremadamente opaco todo lo referente a la financiación de esta organización y a sus procesos políticos internos. Por ello, más valdría que se arbitraran recursos para que jueces, historiadores, politólogos y economistas académicos emprendieran un programa de investigación con el que se pudiera acabar escribiendo el que, en otra ocasión, denominé "Libro Negro de ETA". Sólo entonces esa cuestión del relato habrá sido resuelta.


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