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España no puede vivir con el bochorno
diario de la corrupción
EDITORIAL El Mundo 28 Octubre 2014
EL DESMANTELAMIENTO de una nueva trama de corrupción política con
ramificaciones en varias ciudades, la detención de medio centenar de
personas y la realización de registros en decenas de edificios
públicos, constituyen la gota que colma el vaso de la indignación
entre los ciudadanos. Es difícil imaginar qué más cosas pueden estar
podridas en España después de todo lo que ya ha salido a la luz. Son
demasiados los días en los que la prensa dedica la práctica
totalidad de sus portadas a asuntos de corrupción. La semana pasada
acabó con la imputación del ex secretario general del PP, Ángel
Acebes, y con más revelaciones acerca de los pagos en dinero negro
en la sede popular. Comenzamos ésta con la investigación al alcalde
de Barcelona, el nacionalista Xavier Trias, por una cuenta en
Andorra -hoy aportamos el número-, y enseguida hemos conocido la
Operación Púnica.
Estamos ante una trama que es un calco de Gürtel. Dos personas
-David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca- con contactos
políticos en el ámbito municipal, provincial y regional, mediaban
para que determinados empresarios consiguieran contratos públicos
para la gestión de servicios. Entre los detenidos se encuentra
Francisco Granados, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid y
persona de confianza durante años de Esperanza Aguirre. El pasado
mes de febrero Granados tuvo que dimitir como senador después de que
EL MUNDO destapara que tenía una cuenta en Suiza con 1,5 millones de
euros. Hoy informamos de que, al menos, es beneficiario de dos.
Otros implicados en la Operación Púnica son el presidente de la
Diputación de León, seis alcaldes madrileños y el ex alcalde de
Cartagena José Antonio Alonso.
Los informes de Anticorrupción indican que la red obtuvo
adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros en los
dos últimos años. Los políticos implicados -por ahora los hay del
PP, del PSOE y de un grupo independiente- cobraban supuestamente
comisiones de en torno al 3% de cada contrato. De las averiguaciones
practicadas se deduce que ese dinero no tenía otro destino que su
lucro personal.
Consciente de que la situación se torna ya insostenible, el PP
anunció ayer la suspensión inmediata de militancia de todos los
implicados en la macrorredada. Es un cambio de criterio, pues hasta
ahora la dirección popular se negaba a actuar con esa celeridad
apelando a la necesidad de salvaguardar la presunción de inocencia.
Aunque el caso también salpica al PSOE, los socialistas aprovecharon
la circunstancia de que haya más militantes populares señalados en
esta operación para descartar que vayan a firmar con el PP un
acuerdo contra la corrupción. Es un error no firmar un acuerdo que
suponga elevar el listón penal y ético para los políticos corruptos.
La cuestión es que el pacto no será creíble si antes no se depuran
responsabilidades sobre los casos que ahora están en los tribunales.
Una cosa es cierta: el celo con el que están funcionando la Fiscalía
Anticorrupción y la Policía, demuestra que el Estado de Derecho
funciona y que el Gobierno no ha obstaculizado su trabajo, como sí
ha ocurrido en otras épocas. Ahora bien, el comportamiento indigno
de algunos políticos -demasiados ya- y la sensación de que sus
partidos no han hecho todo lo que estaba en sus manos para arrancar
de raíz la corrupción, genera hartazgo entre los ciudadanos y
beneficia a los movimientos populistas. PP y PSOE pueden estar
perdiendo el último tren para convencer a la opinión pública de que
su apuesta por la regeneración democrática y la honradez es sincera.
Después será tarde para lamentarse.
El coste invisible de la corrupción
Primo González www.republica.com 28 Octubre 2014
La lista de políticos y dirigentes españoles involucrados en
procedimientos judiciales a causa de presuntos delitos de corrupción
crece a pasos agigantados. Hay días, como este lunes, en los que ha
habido una auténtica avalancha de sospechosos, gente que ocupó (o
incluso ocupa aún hoy en día) cargos políticos desde los que habrían
actuado con venalidad. La impureza de las conductas ha impregnado,
por lo que se está viendo, a todos los partidos políticos sin
excepción, aunque con mayor énfasis en aquellos casos en los que se
han ocupado parcelas de poder desde las que era posible manejar
dinero público sin control suficiente (por lo que estamos viendo) y,
sin escrúpulos, desviarlo hacia los bolsillos particulares.
Empieza a ser preocupante además la dimensión de la corrupción como
fenómeno estrictamente económico, pero resulta también dramática la
ausencia de mecanismos de control eficaces a todos los niveles. No
tanto porque no existan. Las instituciones de supervisión y
vigilancia de todo lo que atañe al gasto público son numerosas en
nuestro país, cuestan un elevado volumen de dinero al Estado y a los
entes públicos de ámbito estatal, autonómico o local. Pero a la hora
de la verdad no han desempeñado bien su función. Se podría llegar a
plantear la necesidad de crear supervisores que vigilen a los
supervisores aunque parece más sensato hacer una labor de limpieza
de las instituciones que no funcionan.
Posiblemente el problema reside en mayor medida en el procedimiento
de elección y reclutamiento de los ciudadanos que integran esos
entes de supervisión y vigilancia. La realidad nos conduce sin
embargo a un escenario mucho más desdichado: los organismos de
control suelen ser instituciones repletas de gente que llega a sus
puestos por la vía política. Son los propios partidos políticos, a
los que se trata de vigilar, los que imponen a quienes deben
ocuparse de supervisarles, de modo que el sistema está bastante
viciado en su origen.
Hay indudablemente una dimensión moral y ética en la corrupción,
pero también hay una vertiente económica que puede ser muy nociva
para los intereses generales del país. Se ha dicho que el coste de
la corrupción en España ronda el 1% del PIB, es decir, unos 10.000
millones de euros anuales. Algunas estimaciones han llegado a cifrar
este coste en niveles del 3% del PIB.
Con círculos tan viciados en las tomas de decisiones públicas, es
patente que muchos inversores internacionales, que a veces han de
ajustarse a comportamientos y protocolos éticos que les imponen sus
países de origen o incluso sus propios órganos de gobierno
societario, pueden situar a España fuera del circuito de sus tomas
de decisión. No siempre ocurre así, ya que también hay casos de
empresas multinacionales que se van de España o que eluden hacer
negocios en nuestro país porque no están dispuestos a transigir con
algunas normas internas de conducta o con algunos niveles de
fiscalidad que resultan menos permisivos que en otras partes.
Pero importa sobre todo la casuística de la que no existen
estadísticas, la de quienes no vienen porque este no es un país
limpio, no hay igualdad de oportunidades y hay demasiado juego
subterráneo en el cumplimiento de los acuerdos y de los compromisos.
Este tipo de inhibiciones no podemos valorarlas pero posiblemente
están viciando nuestras oportunidades de crecimiento económico. Y
hay también un problema de credibilidad, ya que con tantos
vericuetos y presuntas anomalías en el funcionamiento de lo público
(y en parte también de lo privado), no siempre estamos en
condiciones de ofrecer una imagen fiel de nuestra realidad.
¿Y ahora qué? ¿Seguimos sin querer
enterarnos?
Mario Conde www.gaceta.es 28 Octubre 2014
La verdadera responsabilidad es haber creado, sostenido, mantenido,
estimulado y potenciado ese sistema de poder que necesariamente
acabaría mostrando este lado oscuro. Y dedicarse a destruir a
quiénes lo denunciaban.
Cuando no se quieren ver las cosas, sencillamente no se ven. Lo malo
es que las consecuencias no son exclusivas para al ciego voluntario
sino que, cuando ejerce funciones de poder, las acaba pagando el
conjunto de personas sobre las que ese poder se ejerce. Llevamos
años denunciando el modo de ejercerse el poder en España, al que
desde 1994 llamé el Sistema. Era claro que, como indicaba en el
libro que dediqué a explicarlo, mis conocimientos tenían la virtud
de la experiencia. Es decir, lo vivido, lo contemplado, lo
experimentado y lo sufrido como escuela. Unos hablan de memoria.
Otros por referencias. Otros transmiten consignas por diversos
platos de lentejas. Algunos relatan experiencias. Y mejor no olvidar
que, como dicen los místicos, la verdad es una experiencia. Pero los
ciegos niegan las evidencias, y comienzan a no querer ver mediante
la fabricación de consignas al uso. En este caso todo aquel que
denunciaba los excesos del sistema era un antisistema, instrumento
verbal confeccionado con finalidad denigradora, al tiempo que
defensiva, porque equivalía a sostener que denunciar abusos de
nuestro sistema de poder era propio de quienes querían el caos de
una anarquía total.
Ya son muchos los casos de corrupción en los que, entre otras cosas,
se evidencia el funcionamiento de este Sistema de poder. Pero pocos
tan gráficos como el de ayer, en el que fueron detenidas 51
personas. Imagino que no será el último que tengamos la desgracia de
contemplar, porque quizás estemos ante la cabeza de un iceberg de
proporciones incluso superiores. Pero de momento tenemos una trama.
Atentos: una trama organizada, es decir, un conjunto de personas que
se organizan con una finalidad espuria. Segundo, esta trama se
dedica a violentar la Administración Publica en la faceta de
adjudicaciones de obras y servicios, es decir, de la administración
del dinero público. Tercero, en la trama confluyen políticos de los
dos partidos dominantes, de modo que las supuestas diferencias
ideológicas pueden convivir con las coincidencias de explotación
económica privada y espuria del poder que administran. Es evidente
que las competencias de las autonomías y municipios en materias como
aquellas sobre las que actúa la trama facilita el funcionamiento de
la misma. Es decir, el fraccionamiento del poder permite mejor uso
de la faceta espuria del sistema.Lo que sucede en Cataluña con
determinadas familias es ejemplo con manzanas. Además, justo es
decirlo, vivir envueltos en una burbuja especulativa y en una fase
enloquecida del capitalismo financiero, crea un fermento muy
adecuado para estas actividades.
La responsabilidad de los dirigentes políticos actuales no consiste
primariamente en haber designado para determinados puestos a
personas que ahora parecen estar involucradas en estas actividades.
Eso, por supuesto. Pero la clave no está ahí. La verdadera
responsabilidad es haber creado, sostenido, mantenido, estimulado y
potenciado ese sistema de poder que necesariamente acabaría
mostrando este lado oscuro. Y dedicarse a destruir a quiénes lo
denunciaban.
Estamos hartos, cansados ya, y en punto de profunda irritación
social, de tanto oír hablar de regeneración democrática y de frases
parecidas en la boca de los políticos de ambos partidos tanto cuando
se encuentran en el poder como cuando vociferan desde la oposición,
que se han evidenciado como puras y duras mentiras destinadas a
distraer a una sociedad adormecida . El sistema de partidos está
corrompido y no queremos darnos cuenta. Ya está bien de decir
estupideces al servicio de intereses ocultos.
¿Y ahora que? ¿El caos? Pues no. El caos no es ni bueno ni
recomendable. El asunto es que serenamente —aunque inevitablemente
irritada— la sociedad española debe darse cuenta de que necesita un
nuevo modelo de convivencia. Que demasiadas cosas han sucumbido
desde la Constitución de 1978 como para seguir mirando hacia otro
lado o limitándonos a manifestar nuestra indignación. Las
instituciones han sido despedazadas por el sistema de poder, por el
modo de reclutamiento de los cargos públicos, por la endogamia de la
clase política, por la demolición de la separación de poderes, por
la invasión de la justicia, por el desprecio a la sociedad civil…No
sigo porque todo es obvio. Necesitamos era reflexión sincera. Pero,
¿dónde la efectuamos? ¿Acaso quedan espacios para la propia
sociedad? Ese es uno de lo problemas, y no pequeño, con el que nos
enfrentamos. Pero cada día es mas urgente. Nadie amenaza al Sistema
sino que se desmorona solo y tenemos que cubrir el vacío de un modo
ordenado. ¿Sabremos hacerlo? De nosotros depende que la alternativa
no sea el caos
Mariano Rajoy y la corrupción
Javier Benegas www.vozpopuli.com 28 Octubre 2014
Pocos podrían haber imaginado la noche del 20 de noviembre de 2011
que, tras la amplia victoria del Partido Popular en las Elecciones
Generales, lo que habría de llegar sería esta apoteosis de la
corrupción que amenaza con no dejar títere con cabeza. Que ya no
mediríamos el tiempo en minutos sino en imputaciones. Y que España
terminaría siendo todo un poema, un desmadre a la italiana o, peor
aún, un esperpento que ni Valle-Inclán podría haber concebido.
Rajoy en estado puro
Sin embargo, previamente al destape de la corrupción irrestricta,
que era y es la esencia de este régimen, aún tuvimos dos postreras
oportunidades para haber dado un giro a nuestra historia. La primera
fue precisamente cuando el Partido Popular ganó las Elecciones
Generales. Y Mariano Rajoy Brey, con las espaldas bien cubiertas por
una holgada mayoría absoluta, pudo haber tomado la senda reformista,
aprovechando la parálisis tanto de la izquierda como de las
oligarquías, entonces acongojadas por la posibilidad real de la
quiebra del Estado y la muerte súbita de la gallina de los huevos de
oro.
Desgraciadamente, parapetado tras la coartada de un inminente
rescate y repitiendo como un loro la célebre cita de San Ignacio de
Loyola, que dice que en tiempos de tribulaciones no hay que hacer
mudanza, el recién investido presidente optó por arriar la bandera
de la regeneración y guardarla en el baúl de los recuerdos, junto
con otras muchas promesas. Ahí se retrató Mariano, nítido y
cristalino. Tanto que sus votantes más ingenuos no se lo creían.
El segundo y definitivo hito tuvo lugar el 14 de julio de 2013,
cuando el diario El Mundo, con Pedro J. Ramírez aún de director,
publicó los mensajes sms que mutuamente se habían enviado el
presidente del Gobierno y el extesorero del Partido Popular, Luis
Bárcenas, cuando este último ya había sido enchironado por orden del
juez Pablo Ruz.
Cierto es que aquellos mensajes por sí mismos no probaban que
Mariano Rajoy fuera corrupto, ni siquiera que (stricto sensu)
estuviera en connivencia con el presunto delincuente. Sin embargo,
en cualquier democracia digna de tal nombre, una revelación de esta
naturaleza habría sido motivo más que suficiente para forzar la
dimisión de un primer ministro. Y es que en los países decentes la
política aplica sus propias leyes mucho antes que los tribunales.
¿Por qué Mariano prefirió no beber de ese cáliz? Según la más
benévola de las versiones, porque era consciente de que su renuncia
habría supuesto dar el golpe de gracia a unas instituciones que
amenazaban ruina en el peor momento imaginable. Y según la más
malvada, que su decisión de no dimitir tendría que ver con un
conocimiento exhaustivo de la corrupción que anidaba en el partido,
y el convencimiento de que si abandonaba el poder prematuramente y,
en consecuencia, renunciaba a la influencia sobre los más altos
tribunales y la Fiscalía, cualquier calamidad sería posible,
incluida una futurible imputación de toda la cúpula del PP con él a
la cabeza. Lo que arrastraría a su vez al puñado de oligarcas que
habían estado pagando la fiesta.
Sea como fuere, una vez más Mariano decidió no mover ficha, al menos
no de forma tan dramática (poco tiempo después Pedro J. Ramírez
sería cesado). Y esperó a que las aguas se calmaran. Lo que, en un
país que se estaba acostumbrando a los disgustos, habría de suceder
tarde o temprano.
Y así fue. Hoy aquellos mensajes han sido olvidados. Sólo permanece
en el recuerdo colectivo aquella frase gloriosa con la que Rajoy
abandonaba a su suerte al tesorero: “Luis, lo entiendo. Sé fuerte.
Mañana te llamaré. Un abrazo”. Nunca le llamaría, por supuesto.
Rajoy no habría sobrevivido tantos años en la política española y
llegado a presidente de haber tenido el “Leave no man behind” como
lema.
Independientemente de las motivaciones que Mariano haya tenido para
no hacer lo correcto, era de prever que sus decisiones todo lo más
servirían para aplazar lo inevitable. Pero que, finalmente, no sólo
se produciría la quiebra del modelo político, sino que ésta sería
más abrupta. Y en eso estamos ahora.
Por qué es sistémica la corrupción en España
Respecto al turbio asunto del tesorero del Partido Popular y el
trasiego de dinero negro que va y viene de la calle Génova, vale la
pena utilizar como vara de medir lo sucedido con la Unión Demócrata
Cristiana de Alemania (CDU) en 1999, cuando el 4 de noviembre de ese
mismo año el tribunal de distrito de Augsburgo ordenó la detención
de su tesorero, Walter Leisler Kiep, estallando a continuación el
escándalo de corrupción política más grave de la reciente historia
alemana.
En el caso del CDU, aunque las resistencias fueron muchas, al final
rodaron infinidad de cabezas, incluso las de los más ilustres. Tal
fue el caso de Helmut Kohl, sacrificado en el altar de la
regeneración forzosa por su propia protegida, Angela Merkel. Desde
luego que no todo fue ejemplar en aquel ajuste de cuentas. Al fin y
al cabo la política es siempre política. Pero hechas las oportunas
salvedades, la depuraciones, que afectaron a casi toda la plana
mayor del CDU, reconfortaron a los ciudadanos alemanes. Y la sangre
no llegó al río.
En el caso del Partido Popular no ha sucedido nada parecido
sencillamente porque tal cosa era imposible. La impostura de las
instituciones, esto es, la carencia de una democracia formal con
separación de poderes y los correspondientes controles y
contrapesos, hace que todas las decisiones, incluso las más
trascendentes, queden a merced de esa otra política informal,
subterránea, donde en realidad nadie gobierna y todo se tapa y se
pacta de espaldas a la opinión pública.
Si no hay unas reglas del juego inviolables para todos y tampoco los
incentivos necesarios para cumplirlas, si ni siquiera existe la
coacción o el miedo a que las leyes se apliquen con rigor y rapidez
sea quien sea el delincuente, es imposible que los que tienen la
sartén por el mango tomen las decisiones correctas si éstas llevan
aparejadas costes.
También ha quedado demostrado, por si había alguna duda, que
carecemos de personajes de fuste, en los que la decencia y el buen
juicio estén por encima de otras consideraciones, incluso de las
propias ambiciones. Así pues, ante un modelo carente de líneas rojas
y condenado a corromperse, no hemos podido siquiera oponer el factor
humano: ese milagro del último suspiro en el que alguien honorable
se planta y se la juega.
La eclosión de la ideología líquida
En resumen, en estos casi tres años de gobierno del Partido Popular
hemos descubierto que, detrás de las siglas y las coartadas
ideológicas, de ese infantilismo perverso del “y tú más” de las
tertulias de medio pelo que inundan las televisiones, la constante
era lo mediocre, lo pésimo. España no es que necesitara regenerarse
sino que estaba por hacer. Y la brusca eclosión de esta realidad
está provocando que los falsos demócratas se empiecen a distinguir
de los auténticos. Unos porque llevan la corrupción tatuada en la
frente. Otros, porque por más que voten jamás dejarán de ser
dictadores en potencia.
Pase lo que pase, y aún queda mucho por pasar, lo único evidente es
que cada vez falta menos para que alguien le susurre al presidente
“Mariano, sé fuerte… dimite”. (… Ese hombre está muerto y no lo
sabe. Quiere asaltar la banca, robar nubes, estrellas, cometas de
oro, comprar lo más difícil: el cielo. Y ese hombre está muerto…).
Quizá sea Soraya quien se lo diga. Pero al ritmo que marchan los
acontecimientos, podrían ser otros los que le dieran la patada. Que
sean falsos demócratas es lo que debería preocuparnos, porque
demócratas de pura cepa quedan muy pocos en España, cada vez menos.
Desgraciadamente, otra de las consecuencias perversas de este final
de trayecto es el cortocircuito permanente al que se ha visto
sometida la sociedad española, con el fin de impedir que de ella
surgiera la competencia directa a esa marca negra que hoy es el PP.
Por lo tanto, lo lógico es que España termine rendida a los encantos
de una “nueva” izquierda, cuya ideología líquida se está filtrando
por las mil y una heridas de este régimen cadáver.
Campaña contra Libertad Digital
Si en España hay algún medio comprado, es
'El País'
Daniel Rodríguez Herrera Libertad Digital 28 Octubre 2014
Han pasado seis años desde el discurso de Elche en el que Rajoy
expulsó del PP a liberales y conservadores. Han pasado seis años del
congreso búlgaro de Valencia. Fue entonces cuando Libertad Digital,
que había coincidido con muchas de las ideas defendidas por el PP de
Aznar, empezó a convertirse en firme opositor del nuevo PP de Rajoy.
No es que antes se les dorara la píldora, tampoco. Pero era este
tipo de crítica a errores concretos que se le hace a alguien con
quien en general estás de acuerdo. En aquellos meses comprendimos
que aquel PP había muerto para convertirse en un partido
socialdemócrata que vendía gestión y honradez, pero que aceptaba las
ideas de la izquierda en prácticamente todo, de la economía a la
idea de España, pasando por la moral y hasta la historia. Seis años
después, Rajoy ha dilapidado la imagen de buena gestión y honradez,
y al PP no le queda nada que vender más que el miedo a la extrema
izquierda.
Nosotros no cambiamos en 2008: defendíamos las mismas ideas de
siempre. Había cambiado el PP. Algunos de nuestros lectores, los que
no apoyaban una ideología sino unas siglas, nos mandaron a tomar
viento, y perdimos audiencia por ello. Pero mereció la pena. Porque
somos liberales, no cheerleaders al estilo Nini. Pese a ello, El
País se dedica a soltar trolas como que somos un medio al servicio
del PP. Como suele suceder con los progres de este país, nos acusan
falsamente de lo que son ellos en la realidad. Medio del régimen en
época socialista, que les regaló una tele de pago y el liderazgo en
la radio, hoy día son el medio de la vicepresidenta, que les ha
salvado de la quiebra, y de los Pujol, que le compraron sus sedes
por 300 millones de euros. El País, el diario servil de referencia,
acusa a Libertad Digital de servir al mismo PP al que criticamos a
diario.
Si Libertad Digital es un medio al servicio del PP porque se nos ha
concedido un poste en Madrid y siete de televisión local, ¿qué será
el Grupo Prisa? Porque los políticos le han dado un canal nacional
de televisión, cientos de emisoras de radio y compran decenas de
miles de ejemplares de su periódico. Que pese a ello no tenga más
que deudas no es desde luego por falta de apoyo político, sino
porque Cebrián es un inútil de marca mayor. Y eso sin hablar de los
enormes ingresos en publicidad institucional de los que ha
disfrutado y sin los cuales Prisa, incluso con la ayuda de Soraya,
se habría hundido sin remedio.
Veamos exactamente de qué se nos acusa. El entonces presidente de
Libertad Digital pidió al entonces secretario general del PP si
podía comentar a militantes y empresarios afines que había una
ampliación de capital por si a alguien le interesaba. La ampliación
no estaba pensada como una operación que ofreciera rentabilidad a
los futuros accionistas, sino convertirlos en parte de un medio al
que eran ideológicamente afines, y entonces había gente así en el PP
y todo. Según el auto del juez, lo que pasó entonces es que tres
tipos compraron acciones con dinero negro, las revendieron después y
dos de ellos se quedaron con el dinero de la venta. Así que la
conclusión es que Libertad Digital habría sido financiada por un
partido político con dinero sucio.
Para entenderlo, hagamos una analogía. Eres director de una agencia
de viajes y tienes una oferta que crees que puede interesar a los
funcionarios del ayuntamiento de tu localidad. Así que hablas con el
alcalde y le pides si puede publicitarlo internamente. Resulta que
en el ayuntamiento te compran tres viajes. Diez años después un juez
dictamina que el partido del alcalde pagó con dinero negro
procedente de corruptelas varias a esas tres personas para que te
compraran el viaje. Y resulta que de repente el culpable no es el
alcalde ni los tres funcionarios. Eres tú, que no tenías forma
alguna de saber la procedencia de ese dinero. Y encima un tipo
repugnante, pero con cierta influencia, que depende para vivir de
las contratas del ayuntamiento, te acusa de estar al servicio de
aquel alcalde, cuando llevas años poniéndole a caer de un burro en
las tertulias del bar.
Si se acusara a Libertad Digital de haber hecho algo mal,
molestaría, claro, porque esas cosas no gustan a nadie. Pero encima
se nos critica por algo en lo que no tenemos culpa ni
responsabilidad alguna. Y se intenta vender a la opinión pública que
este medio se ha vendido por un plato de lentejas negras. Quienes
nos leen y nos escuchan saben que no es cierto. Pero quienes no lo
hacen leerán o oirán estas injurias y procurarán no acercarse a
nosotros. Y ese es en último término el objetivo. Que este medio no
pueda crecer y ofrecer una alternativa verdaderamente revolucionaria
al pútrido sistema del que El País y el PP de Rajoy son piezas
clave.
Aguirre debe dimitir y renunciar a las
elecciones
Marcello www.republica.com 28 Octubre 2014
Esperanza Aguirre debe dimitir de presidenta del PP en Madrid ante
el cúmulo de escándalos aparecidos bajo su mandato y los que están
por venir. Y puede que Aguirre, con ello y la renuncia a sus
aspiraciones a ser nominada candidata del PP a la alcaldía de
Madrid, salga ganando porque el PP irremediablemente perderá Madrid
y porque las secuelas de los escándalos detectados en la Comunidad
están muy lejos de llegar a su final.
La acumulación de escándalos e imputaciones de dirigentes muy
destacados del PP, que han ocupado u ocupan altos cargos en la
política del país o en Comunidades Autónomas y ayuntamientos, ha
hecho estallar la corrupción que hervía a muy alta temperatura en el
volcán oculto del PP. El que encendió el caso Bárcenas y que ahora
mana a borbotones por sus cuatro costados. La última brecha en esta
incandescente montaña la acaba de abrir Francisco Granados, el que
fuera consejero y brazo derecho de Esperanza Aguirre en la Comunidad
y el PP de Madrid, tras ser detenido por la guardia civil como
miembro de una gran trama de corrupción política, que al parecer
manipuló contratos públicos por valor de 250 millones de euros.
A todo ello se ha referido ayer Mariano Rajoy como unas ‘pocas
cosas’, pero no es esa la impresión que se tiene en la ciudadanía,
ni tampoco en el seno del Partido Popular, donde crece el miedo a
una debacle electoral en los comicios municipales y autonómicos de
la primavera de 2015, en las que se dan por perdidas Madrid y
Valencia.
Sin embargo, el foco de la atención en el día de ayer -hoy será
Acebes quien comparezca ante el juez- estaba en Granados y Aguirre,
la presidenta que lo cesó del Gobierno de Madrid sin explicar el por
qué de esa destitución lo que era para sospechar. Y ahora Aguirre
pide perdón a los ciudadanos por haber nombrado a Granados su brazo
derecho y dice Aguirre que así “asume ella su responsabilidad” lo
que no es verdad.
La responsabilidad la debe asumir Aguirre presentando su dimisión
del cargo de Presidenta del PP de Madrid porque el caso afecta a
Granados y a varios alcaldes que este partido tiene en la Comunidad,
a los que se suman los ya imputados en Gürtel, su exconsejero López
Viejo, los consejeros nombrados por ella en Caja Madrid con sus
famosas ‘tarjetas negras’ y un sinfín más de casos -veremos cómo
acaba el ático marbellí de I. González-, donde se incluye el
espionaje a Gallardón y Cobo con agentes camuflados, amén de sus
amistades peligrosas, Díaz Ferrand, Arturo Fernández, Pedro Pérez,
Alberto Recarte, y asuntos relativos a su coro de medios a los que
hizo concesiones y dio toda clase de ayudas que pronto verán la luz.
Pero los políticos no escarmientan y Aguirre sigue empeñada en ser
la sustituta de Rajoy al frente del PP y previamente alcaldesa de
Madrid y no va a conseguir ni una cosa ni la otra. Y si fuera más
astuta que apasionada esta Esperanza fallida debería saber que éste
es un buen momento para salir de la política a descansar, cuidar de
su salud y jugar con sus nietos, que es lo que prometió hacer y no
ha cumplido desde que abandonó la presidencia de la Comunidad de
Madrid, otra decisión que tampoco explicó. En los países
democráticos las responsabilidades políticas se asumen con la
dimisión y si Aguirre así lo hiciera ella se estaría haciendo un
favor. Y si no al tiempo porque los hechos son tozudos y no dan
margen de error.
El ‘gruyère’ de Esperanza Aguirre
Javier Caraballo El Confidencial 28 Octubre 2014
Ya lo ha repetido otra vez. Ahí está otra vez la presidenta del
Partido Popular de Madrid “abochornada por la corrupción”, como
quien se asoma a la ventana y se asombra del chaparrón que está
cayendo fuera. Otro caso de corrupción en sus narices y ahora, que
Esperanza Aguirre se indigne públicamente, como una ciudadana más, y
haga bandera de la desesperación y el asco de la gente “que no está
dispuesta a aceptar” la podredumbre que nos rodea, que ha infectado
a toda la clase política española. Que convierta otra vez en
lecciones de ética urbi et orbi la lacerante contradicción de que
sea ella, Esperanza Aguirre, la presidenta del partido, el PP
madrileño, con más casos de corrupción en los juzgados.
Después de la Gürtel, la Operación Púnica ha convertido el PP de
Madrid en un gruyère como no ha habido otro en la política española.
En una sola provincia, alrededor de unas mismas siglas, se han
generado dos de los mayores escándalos de corrupción conocidos.
Por eso es tan llamativo repasar ahora la moralina anticorrupción
que suele desplegar Esperanza Aguirre, pero no por ella misma, no
por su trayectoria política, por su gestión política, que para
algunos será impecable y para otros detestable; no es eso, el
ejemplo de la presidenta del PP de Madrid es conveniente hoy porque
con lo que no puede seguir conviviendo ni un segundo más la
ciudadanía es con la hipocresía habitual de las direcciones de los
partidos políticos cada vez que se destapa –nunca por una
investigación interna, habremos de repetirlo una vez más– un caso de
corrupción.
¿Quién puede creerse hoy que la presidenta del PP de Madrid no sabía
nada de la red de corrupción que se ha tramado al su alrededor,
incluso en su entorno más cercano? Ella, que siempre ha aconsejado a
los demás que extremen la precaución al elegir a los cargos públicos
(“hay que designar a los mejores candidatos que representen los
principios, los valores y las propuestas de nuestro partido”), que
intente justificar ahora cómo ha sido posible que tantos alcaldes
designados bajo su mandato en el PP madrileño se hayan visto
involucrados en el mismo entramado repetido de comisiones ilegales
en las adjudicaciones de obras, contratos o servicios públicos.
Que nos explique cómo es posible que nunca sospechara nada de su
‘número dos’ en el partido y en la institución, Francisco Granados,
sobre todo en una operación como esta, que lleva su nombre en latín,
como epicentro de la trama, Punica Granatum.
Han saltado las alarmas en Suiza por el dinero que se estaba
blanqueando (ese es el origen de esta investigación), pero aquí,
despacho con despacho, nunca se supo nada. Y ayer mismo, sin
embargo, Esperanza Aguirre volvió a repetirlo: “Si hubiera tenido la
más mínima sospecha, habría actuado”.
Ni siquiera es suficiente a estas alturas pedir perdón a la
sociedad, otra de las banderas que enarbola Esperanza Aguirre con el
mismo tono de estar pasando por allí. “Hay que pedir perdón por no
haber vigilado todo lo necesario para atajar esos casos”, como ha
dicho en repetidas ocasiones y como, otra vez, volvió a decir ayer:
“Quiero pedir perdón a los militantes honrados y sacrificados por
haberles propuesto como secretario general a este señor”. Pues no.
El perdón no valdrá de nada si previamente no existe un
reconocimiento sincero, explícito y severo de aquello que nunca se
admite, que la corrupción política en España forma parte del
funcionamiento diario de esas organizaciones.
La corrupción política, como se está viendo, como se ha repetido en
tantas ocasiones, es un fenómeno transversal en los partidos
políticos. Se empiezan pagando campañas electorales y sedes y se
acaba con maletines en Suiza. La corrupción política en España no se
explica por “tres o cuatro chorizos”, como decían en el PSOE andaluz
frente a los suyos. La corrupción política los atraviesa y los
convierte a todos ellos en actores de un mismo proceder. Que en una
sola operación anticorrupción se detenga a alcaldes de varios
partidos, fundamentalmente del Partido Popular y del PSOE, ofrece
una imagen certera del carácter transversal de la corrupción del que
hablamos.
En sus prédicas contra la corrupción, la presidenta del gruyère
recordaba que el Partido Popular llegó en 1996 “con un estandarte de
lucha contra la corrupción por lo que estaba pasando en el PSOE”, y
que, precisamente, una de las “señas de identidad” del partido era
esta “lucha contra la corrupción”.
Fue así y ya puede verse en lo que se han convertido, en lo que han
convertido, la imagen pública del Partido Popular y del PSOE en
todos estos años. Desde el inicio de la Transición hasta la
actualidad, los dos principales partidos que se han alternado en el
poder ya sólo pueden escupirse las culpas, pero nada más. Caen los
casos de corrupción en España como los gordos de Navidad,
“fundamentalmente en Madrid, pero con participaciones importantes en
Valencia, León y Murcia”. La propaganda antisistema más efectiva que
existe, la más corrosiva, es esta de la corrupción política,
gubernamental, institucional; que no fijen sus miradas en otros
focos.
¿Harta de la corrupción? ¿Que dice Esperanza Aguirre que está
“harta” de la corrupción? No se acabará nunca con la corrupción
política en España si no se acaba antes con el cinismo político ante
los casos de corrupción. El impostado disimulo con el que se
responde, la falta de sinceridad frente a los hechos denunciados, la
falsa impresión de malestar, la decepción hacia las tramas
corruptas…
Hasta las expulsiones sumarísimas con las que se pretende aparentar
eso que tanto repiten, la “tolerancia cero” ante unos caos de
corrupción con los que conviven durante años sin percatarse jamás de
nada. Desde el gruyère del PP de Madrid, expandida hasta Valencia
con la Gürtel, hasta la podredumbre sistémica que corroe la gestión
del PSOE de Andalucía, pasando por la trama de los Pujol, esto no da
más de sí. Por eso, ahora, que se ahorren los lamentos y las
prédicas. Que comiencen por lo más elemental. Tan sólo sinceridad.
Tácticas nazis en Barcelona
Javier Orrico Periodista Digital 28 Octubre 2014
Hasta ahora la mascarada del nacionalismo catalán había dado hasta
para unas risas. Ver a las razas superiores hundidas en la estupidez
que habían ocultado, en la corrupción y, sobre todo, en el más
hilarante ridículo, es siempre un espectáculo reconfortante, casi de
Cuaresma, pues nos recuerda lo que ya sabíamos pero -sobre todo
ellos- queríamos olvidar: que estamos hechos del mismo barro, y que
las razas superiores sólo lo suelen ser en cuanto a la miseria que
encubren y las mentiras que se cuentan a sí mismas.
Al final, parecía llevar razón don Tancredo Rajoy, en cuanto a que
lo mejor era dejarlos despeñarse por su propia incapacidad y
cobardía, por la evidencia de que el nacionalismo no es sino una
mafia santurrona que ha utilizado ese lema de ‘fer país’ para, sí,
‘fer-se’ (hacerse) un país. Pero todo tiene un límite.
Cuando algunos escribimos ‘nazionalismo’ no lo hacemos
gratuitamente, sino por las semejanzas manifiestas en las
motivaciones, las trampas, el odio al otro y la parafernalia que
todo movimiento nacionalista guarda con la que fue su máxima
expresión, su obra cumbre: el nazismo o nacionalsocialismo alemán. Y
una de las más repugnantes, y uso el adjetivo –tan preciso- con que
Arcadi Espada define el nacionalismo, fue la de marcar al enemigo, a
los judíos en aquel caso, con una estrella amarilla sobre la ropa.
Lo que ha comenzado a hacer el nacionalismo catalán a través de la
Asamblea Nacional Catalana, la famosa ANC de Carme Forcadell, en el
barrio de Les Corts (el del Nou Camp, por cierto), en primer lugar,
pero que se ha ido extendiendo ya por toda la Barcelona más
burguesa, es colocar una estrella amarilla inversa: un cartel
amarillo de la ANC en la puerta de los comercios y negocios
colaboradores o, de otra manera, buenos catalanes independentistas.
Y los que no tengan en su puerta, ya se sabe, ‘unionistas’,
españolistas, traidores. Judíos, en fin.
Y esto es con lo que colabora la izquierda catalana, avala la
española y el Gobierno consiente. No los van a gasear, por supuesto,
sólo a arruinarlos.
Soy contrario a quien no es beligerante con
la corrupción.
Vicente A. C. M Periodista Digital 28 Octubre 2014
Ser contrario a la corrupción no significa beligerante con ella, ya
que solo implica una postura, el anuncio de un principio ético de
comportamiento. Pero el hecho de que el PP se declare así cuando
muchos de sus dirigentes han sido salpicados por la corrupción,
podría interpretarse como un intento de limpiar una imagen
deteriorada además por la laxitud en la respuesta y en el alcance
muy limitado de las sanciones a los implicados. Porque esa
afirmación no deja de ser una obviedad ya que nadie con sensatez
diría que es favorable a la corrupción. Y por otro lado, hasta el
más sublime mensaje queda en nada si las palabras grandilocuentes no
van seguidas por actos que las corroboren. Al contrario, el mundo de
la política está lleno de contradicciones entre lo que se predica y
lo que se hace realmente.
Y esta forma de proceder no es patrimonio de un solo partido
político, la incoherencia, a la que algunos llamarían hipocresía, es
moneda común de todo el arco político. Eso sí, siempre los hay que
pueden atribuirse ser alumnos destacados en la demagogia y el
populismo. Pero al final el mensaje que queda para los ciudadanos es
el de “haz lo que digo pero no lo que yo hago”. Así que si alguien
se declara contrario a la corrupción es porque hay algo que le
impide ser beligerante y acabar con ella en su propio partido,
quizás porque como en el caso de algunos cánceres agresivos, el mal
se halla muy extendido y es imposible su extirpación quirúrgica.
Y en todas las casas, mejor decir castas, cuecen habas. Porque como
dicen los más pesimistas sobre la condición humana, todos tenemos un
precio que se llega a conocer solo cuando se dan las circunstancias
apropiadas. Los insobornables son algo exótico y tan increíble como
las leyendas urbanas que circulan por internet. El ser humano tiende
a tomar atajos, el camino fácil y a conseguir las cosas con el
mínimo esfuerzo. La corrupción existe ya en nuestros antepasados
primates donde es habitual obtener privilegios a cambio de
servicios. La máxima popular que dice “tú ponme donde esté el
dinero, que cogerlo ya sabré yo” es el fiel reflejo de la mentalidad
y la realidad de que quien no se corrompe, normalmente es porque no
dispone de la oportunidad de hacerlo.
Y eso me lleva a que casos como el del “pequeño Nico” sean ejemplos
de lo fácil que es en España convencer con la vieja receta del
amiguismo, del enchufe, de los contactos que importan y del
padrinazgo, por aquello de que “al que a buen árbol se arrima, buena
sombra le cobija”. Un caso digno del género burlesco y del
esperpento de una sociedad que ha interiorizado la corrupción como
forma de obtener beneficios personales. Basta ver los casos de los
falsos ERE’s, los PER, la injustificable vía de entrada al Tribunal
de Cuentas, la elección de asesores y de contratados en las empresas
públicas, etc.
Así que no me hablen de su posición contraria a la corrupción y
demuestren con hechos que su objetivo es acabar con ella de forma
contundente. Igualmente demuestren que no solo son contrarios al
terrorismo de ETA sino que perseguirán a los terroristas hasta su
ingreso en prisión, y que rectificarán su política de
excarcelaciones injustificables. Hagan lo que dijeron que iban a
hacer y dejen de hacer lo que nunca dijeron que harían.
Partido Popular
La autodestrucción del PP
Cayetano González Libertad Digital 28 Octubre 2014
El partido que teóricamente debería aglutinar al votante del
centro-derecha en España está herido de muerte ante lo que más
importa en un régimen democrático: la opinión pública. Después de
una semana horribilis, siendo portada cada día por casos de
corrupción, empieza la actual con la Operación Púnica, una trama de
corrupción en el ámbito municipal y autonómico que de momento se ha
saldado con la detención de 51 personas, entre ellas el que fuera
vicepresidente de la Comunidad de Madrid y secretario regional del
PP Francisco Granados, el presidente de la Diputación Provincial de
León y miembro del PP Marcos Martínez y cuatro alcaldes populares de
la Comunidad de Madrid: los de Valdemoro, Collado-Villalba, Torrejón
de Velasco y Casarrubuelos.
A pesar de todo lo que se ha conocido sobre el clan Pujol, los ERE
de Andalucía, el enriquecimiento del dirigente del sindicato minero
de la UGT en Asturias, el PP ha tenido la habilidad de conseguir ser
percibido como un partido donde cada día aparece un nuevo corrupto,
donde no se reacciona o se hace tarde y mal contra este cáncer,
donde no se toman decisiones contundentes para apartar de los cargos
públicos a quien se ha enriquecido personalmente, donde nadie de la
cúpula asume responsabilidades políticas ante los sucesivos
escándalos, algo que en cualquier otra organización o empresa sería
inmediato...
No tenía ya bastante el PP con el vaciado ideológico al que le han
sometido en los últimos años Rajoy y su actual dirección; no eran ya
suficientes los sucesivos incumplimientos de su programa electoral
–el último, la retirada de la reforma de la ley del aborto–; no
debía de parecer importante la renuncia a dar la batalla en
cuestiones relevantes como el desafío separatista de Cataluña o el
haber traicionado a las víctimas del terrorismo y a la mayoría de la
sociedad española poniendo en libertad al terrorista Bolinaga:
encima, ahora, el PP es presentado como "el partido de la
corrupción", en palabras del actual secretario general de PSOE,
César Luesma, que por otra parte debe de pensar que lo suyo en
Andalucía es un pellizco de monja.
Mariano Rajoy Brey puede pasar a la historia como el dirigente del
mayor partido de centro-derecha que ha habido nunca en España que,
tras haber logrado una holgada mayoría absoluta hace sólo tres años,
consigue, desde la Presidencia del Gobierno, liquidar y hundir ese
proyecto político, dejando huérfana y sin referencia ideológica a
una parte importante de la sociedad española.
El PP lo va a pasar mal, muy mal, electoralmente hablando, en las
elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. La
debacle, la pérdida de poder municipal y autonómico lleva camino de
ser espectacular. Aun así, y visto cómo está el de momento otro gran
partido nacional, el PSOE, los populares pueden ser los más votados
en las próximas elecciones generales: hasta un ciego ve que Rajoy,
aunque sólo fuera por puro interés personal, debería adelantar los
comicios y evitar de esa forma el frente popular que se va a ir
conformando tras las municipales y autonómicas. Pero los caminos del
político gallego son inexpugnables, y además cuenta para ello con la
inestimable e impagable, en sentido metafórico por supuesto, ayuda
de Pedro Arriola.
El PP ya nunca volverá a ser lo que fue cuando gobernó
brillantemente, en líneas generales, durante ocho años.
Clarísimamente desde el Congreso de Valencia de junio de 2008, sus
dirigentes se han empeñado con tesón en ir dilapidando ese proyecto
político. Y lo han conseguido.
La regeneración política del PP es muy difícil, por no decir que
imposible. Primero tendrán que perder el poder y a partir de ahí
iniciar una nueva andadura con las actuales o con nuevas siglas y,
sin ninguna duda, con nuevos dirigentes, que de momento no se
atisban en el horizonte. Porque una cosa es que la vicepresidenta
Soraya pueda estar jugando y enredando con la ayuda de sus amigos de
Prisa a ser la sucesora de Rajoy, o que Núñez Feijoo albergue
esperanzas de lo mismo, y otra muy diferente es que el proceso
destructivo al que se encamina el PP no exija algo completamente
diferente, donde no puedan desempeñar papel relevante alguno ninguno
de los actuales dirigentes nacionales o autonómicos.
Lo dicho: la responsabilidad de Rajoy por lo que está pasando y
queda por llegar en el PP es histórica, y lo pagará en las urnas.
Mientras tanto, no estaría de más que, aparte de suspender de
militancia a los que van siendo imputados por casos de corrupción,
alguien de la cúpula de Génova, por ejemplo la secretaria general
del partido, tenga la decencia de dimitir; aunque, bien pensado,
siempre se ha dicho, y es verdad, que el PP es un partido
presidencialista. ¿Por qué va a tener que dimitir la número dos si
el número uno, cuando habla a los militantes, se refiere a los casos
de corrupción que asuelan su partido como "esas cosas que os
preocupan"? Al menos, la reacción de Esperanza Aguirre reconociendo
que sentía vergüenza de presentarse ante los ciudadanos tras lo
conocido este lunes de la Operación Púnica y pidiendo perdón por
haber nombrado a Francisco Granados marca una clara diferencia con
lo dicho por Rajoy, aunque para muchos ciudadanos pueda resultar
insuficiente. La gente, como la propia Aguirre ha enfatizado, está
muy, pero que muy harta. Y los votantes del PP, especialmente.
Corrupción en Andalucía
Susana Díaz, digna de Griñán
Guillermo Dupuy Libertad Digital 28 Octubre 2014
Es público y notorio que Susana Díaz es presidenta de la Junta y
secretaria general de la federación andaluza del PSOE gracias al
dedo divino de aquellos bajo cuyo mandato se produjo la mayor
malversación de fondos públicos de la historia de España, y de cuyos
gobiernos formó parte. Pese a ello, todos recordamos aquel
compromiso de la presidenta en su discurso de investidura de
inaugurar en Andalucía un "tiempo nuevo", en el que se lucharía
contra la corrupción de manera "implacable" y en el que la
"transparencia” pasaría a ser “el principio rector de la
Administración”.
Pues bien, poco más de un año después, ya sabemos en qué ha quedado
tan encomiable compromiso: en una vergonzosa maniobra contra la juez
Alaya para intentar apartarla del caso de los cursos de formación y,
de paso, anular la demoledora declaración que ante ella hizo el
funcionario Teodoro Montes, en las que el responsable de Formación
implicó a los altos cargos de la Junta en la "arbitraria"
adjudicación de los cursos a empresas relacionadas con el PSOE.
No otra consideración merece el recurso presentado por el gabinete
jurídico de la Junta en el que se pide la "nulidad de competencias"
y en el que se estima vulnerado "el derecho al juez natural", si
tenemos en cuenta que sobre este asunto ya se pronunció la semana
pasada la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla confirmando
expresamente la competencia de Alaya en la referida causa.
Por si eso fuera poco, la Junta también recurre la petición de Alaya
de las actas de los consejillos –las reuniones de la Comisión
General de Viceconsejeros)– celebrados hasta el 18 de octubre de
2012, cuando ya estaban presididos por Susana Díaz como consejera de
Presidencia. Aunque desde el Gobierno andaluz se asegure que todas
esas actas se colgarán "más adelante" en la web de la Junta "porque
no hay nada que ocultar", el recurso de ésta es un calco al
precedente de las actas del Consejo de Gobierno que, en tiempos de
Griñán, la Junta se negó a entregar a la juez Alaya, hasta que el
Tribunal Supremo desautorizó al Gobierno andaluz.
Si Susana Díaz se ha revelado como lo que es, una digna sucesora de
Griñán, más preocupante resulta ver al nuevo líder de los
socialistas a nivel nacional, Pedro Sánchez, afirmar que en la lucha
contra la corrupción hará "lo mismo que Susana Díaz". Pero en esas
estamos y en esas seguimos.
Cataluña
El artículo 155, el 9-N y el buque
'Uruguay'
Pablo Planas Libertad Digital 28 Octubre 2014
El problema con la Constitución no es que la incumplan quienes la
quieren abolir, sino que no la cumplan quienes dicen respetarla. La
Carta Magna se ha convertido en papel mojado para la izquierda, los
nacionalistas y los nacionalistas de izquierdas, y en el último y
extremo recurso que tendría a su alcance el Gobierno, una especie de
maletín nuclear con un botón rojo que en caso de activarse causaría
una catástrofe de incalculables proporciones en el solar ibérico.
Hay algunos artículos que se consideran directamente la resurrección
del general Batet y el reflotamiento del buque Uruguay, prisión
provisional de Companys tras la proclamación del Estado catalán en
1934. Mencionar, por ejemplo, el 155 es tabú, cuando no una ofensa
propia de cavernícolas al cívico, pacífico, dialogante y festivo
Gobierno de la Generalidad. ¿Pero qué dice ese artículo? ¿Prohíbe
votar? ¿Supone la intervención estatal de la región? ¿La suspensión
de la autonomía? ¿Restringe o elimina acaso derechos fundamentales
de los catalanes? No, para nada. Al contrario. Protege algunos de
los derechos fundamentales de los ciudadanos en Cataluña y parece
más bien el típico punto de los estatutos de una comunidad de
propietarios que todo el mundo considera que está de más hasta que
alguien tira la basura por la ventana, roba los felpudos, asalta las
zonas comunes, aparca la moto en el rellano y no paga las cuotas de
la comunidad.
Es sabido que Mas va diciendo por ahí que hay que engañar al Estado,
que hay que actuar con astucia y azuzar el odio a España por las
calles, cosas que al parecer se consideran alta política y están
exentas de responsabilidades. Perfecto. Allá cada cual entonces, y
si Mas quiere engañar al Estado, que es como engañarse a sí mismo,
que lo engañe, que seguro que se deja. Pero para llegar hasta ese
punto Mas se ha aprovechado de una cierta relajación gubernamental;
se ha crecido en la medida en que el Gobierno dejaba pasar una tras
otra todas las oportunidades para ponerle en su sitio por meras
cuestiones administrativas, como no pagar los servicios públicos,
estar en la bancarrota y despilfarrar recursos de todos en campañas
de propaganda o en subvenciones a sus medios, poner en grave riesgo
la sanidad, desatender los asuntos corrientes y no haber tomado una
sola decisión práctica y concreta en los últimos años más allá de
prometer urnas de cartón de aquí a dos domingos. Durante todo este
tiempo ha habido razones más que sobradas para aplicar el 155. No es
tarde y no habría que referirse ni siquiera al 9-N. Se podría
fundamentar en lo que no ha hecho Mas.
Ahí va, el 155 con sus dos puntos:
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la
Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que
atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo
requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso
de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del
Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla
al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección
del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado
anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las
autoridades de las Comunidades Autónomas.
Un requerimiento y mayoría absoluta del Senado. Democracia y
Constitución.
Terrorismo
España pagó rescates al Estado Islámico
Cristina Losada Libertad Digital 28 Octubre 2014
No hace mucho unos investigadores norteamericanos demostraron que la
guerrilla yihadista del Estado Islámico (EI) es ahora mismo la banda
terrorista más rica del mundo. Y lo es no tanto por la ayuda
económica que recibe del exterior como porque dispone de sus propias
fuentes de ingresos. Entre ellas se cuenta el petróleo que logra
vender en el mercado negro, así como el robo en las poblaciones que
conquista. Pero otras fuentes nada despreciables son la extorsión y
los rescates, cosa habitual en los grupos terroristas, como bien
sabemos en España. Lo que no sabemos o preferimos no saber es que
España y otros países europeos han puesto su granito de arena en la
financiación del EI por la turbia vía de pagar rescates.
Quizá no lo sabíamos con la certeza necesaria, dado que los
gobiernos y los implicados en una negociación de "dinero por
rehenes" son forzosamente discretos y no suelen reconocer el pago.
Pero ahora el diario The New York Times ha publicado un
impresionante reportaje sobre el cautiverio de los que acabaron en
poder de los fanáticos del EI en el que se menciona expresamente a
España, y no puede ni debe uno mirar para otro lado como si nada. El
reportaje, titulado "El horror antes de las decapitaciones", ofrece
abundante material para reconstruir los padecimientos y las
vicisitudes de las dos docenas de occidentales que el EI llegó a
tener secuestrados en territorio sirio. Entre ellos estaba James
Foley, el periodista americano secuestrado en noviembre de 2012
junto a un reportero gráfico británico en el norte de Siria, y que
fue decapitado el pasado mes de agosto.
A algunos, como a Foley, los secuestraron antes de que el EI
existiera y estuvieron en poder de distintas facciones, que no
tenían claro qué hacer con ellos aparte de torturarlos
periódicamente. Cuando emerge el nuevo grupo yihadista y adquiere
una posición dominante, tomó el control de los rehenes y se propuso
cambiarlos por cash. Iniciaron entonces contactos con las familias
de los secuestrados, y esto es lo que sucedió, según lo cuenta el
reportaje:
Pronto los cautivos se dieron cuenta de que sus secuestradores
habían identificado cuáles eran los países que pagarían rescates con
mayor probabilidad, dijo un ex rehén, uno de los cinco que hablaron
sobre su cautiverio en la red de cárceles del Estado Islámico bajo
la condición de anonimato.
"Los secuestradores sabían qué países estaban más dispuestos a
aceptar sus exigencias y crearon un orden basado en la facilidad con
la que pensaban que podían negociar", dijo uno. "Empezaron con los
españoles".
Un día los guardianes entraron y señalaron a los tres cautivos
españoles. Dijeron que sabían que el gobierno español había pagado
seis millones de euros por un grupo de cooperantes secuestrados por
una célula de Al Qaeda en Mauritania, un dato que estaba disponible
online en artículos sobre el episodio.
Una vez que las negociaciones sobre los cautivos españoles
progresaban rápidamente –el primero fue liberado este mes de marzo,
seis meses después de su captura- los militantes siguieron con los
cuatro periodistas franceses.
También los franceses fueron liberados. Entre marzo y junio dejaron
marchar a quince rehenes de diversas naciones europeas por rescates
que en promedio ascendieron a más de dos millones de dólares, según
el Times. En junio, de los 23 cautivos sólo quedaban siete, cuatro
americanos y tres británicos. Entre agosto y octubre asesinaron a
cuatro de ellos.
Estados Unidos y Gran Bretaña tienen por norma no pagar rescates a
grupos terroristas. Entienden que esa posición salva vidas de sus
ciudadanos, puesto que no atraerán a los terroristas que pretenden
financiarse mediante rescates. En cambio, la mayoría de los países
europeos prefieren salvar la vida del rehén en peligro inmediato,
aunque tal política conduzca a poner en riesgo a otros en el futuro.
España es uno de los que paga, y a tenor de la información del
Times, de los más dispuestos a negociar: "Empezaron con los
españoles". Los yihadistas lo saben, y esto convierte a un español
en un objetivo preciado. Únase a lo dicho que pagar a un grupo
terrorista significa fortalecerlo, y que pagar al EI contribuye a
sus actividades genocidas, y tendremos así de forma aproximada los
términos del dilema. No es un dilema de fácil salida. No es sencillo
identificar cuál es el mal menor. Pero es preciso saber que tal
dilema existe. Al menos hay que ser conscientes de que si no pagar
tiene consecuencias indeseables, pagar también las tiene. Una
obviedad, sí. Una de tantas ante las que muchos prefieren cerrar los
ojos.
islamwatch.eu
Islamización: En todas partes es el mismo
problema
Vincent Revel Minuto Digital
28 Octubre 2014
El islamismo no conoce fronteras. Esta ideología se adapta a su
entorno allá donde se instala. Canadá acaba de descubrir esta triste
realidad. Ese país que acoge cada año a decenas de miles de
inmigrantes en un modelo de sociedad comunitarista, se encuentra
frente a la misma problemática que desafía a Europa. ¿Cómo hacer
para convivir con el islam cuando sabemos que los musulmanes, por
regla general, son educados en la detestación de Occidente? ¿Cómo no
ver a los musulmanes que viven entre nosotros continuamente tentados
por el odio a los que los acogen y la fascinación de no pocos de
ellos por el yihadismo?
Para luchar contra las discriminaciones, Canadá siempre quiso ser el
buen alumno de la clase. Al manifestar su intención de autorizar los
tribunales islámicos para los asuntos familiares, las autoridades
canadienses provovaron la indignación de gran parte de la sociedad.
En nombre de la multicultura y el derecho a la diferencia, Canadá se
mostraba lista para comprometerse con los peores radicales
islamistas, que son conscientes de su fuerza y de su capacidad para
aprovecharse de la ingenuidad de sus anfitriones.
Con el crecimiento de un comunitarismo que amenaza con hacer volar
por los aires las libertades colectivas e individuales, un pueblo de
la provincia de Québec, Hérouxville, se ha atrevido a oponerse
contra lo políticamente correcto al condenar firmemente los crímenes
de honor, la lapidación de las mujeres, la ablación y demás práticas
monstruosas promovidas por los extremistas islámicos. El
ayuntamiento de esta localidad se rebeló contra las reivindicaciones
de la comunidad musulmana que modifican radicalmente las costumbres
y las tradiciones humanistas de Canadá. La exigencia de que los
chicos y las chicas no se bañaran juntos en las piscinas municipales
indignó al alcalde André Drouin. El caso Hérouxville pone en
evidencia un peligro bien real, entretenido por los radicales
islamistas que quieren hacer de Canadá una plataforma de expansión
del islam en América del Norte. A pesar de eso, en las elecciones
federales parciales de septiembre de 2007, el islam consiguió una
nueva victoria al obtener que las autoridades electorales
canadienses permitiesen a las mujeres musulmanas poder votar con la
cara tapada.
Estos acontecimientos, a los que ahora se suma la tragedia de
Ottawa, son el reflejo de una voluntad manifiesta del islam deseoso
de poner a prueba la fuerza de resistencia de la sociedad
canadiense. Aunque la mayoría de los musulmanes no esté ligada a un
programa político determinado, el islam no puede ser considerado una
mera religión, sino una ideología totalitaria que busca el control y
el poder sin restricción ni limitación alguna para ponerlo al
servicio de la concepción musulmana del mundo.
Cuando Mustafa Ceric, gran mufti de Bosnia, pidió en su día un
“proceso de institucionalización del islam en Europa” para que los
musumanes puedan tener “sus representantes legítimos en los
parlamentos nacionales europeos”, no hacía más que expresar lo que
desean muchos musulmanes europeos. El islam tiene por vocación,
desde su aparición en los desiertos de Arabia, de ser una fuerza
política, y para eso se sirve sin escrúpulos de la religión para
hacer avanzar sus ideas. Su meta es dominar en solitario la
humanidad entera. Su deseo es la sumisión de las sociedades.
El bienestar y la libertad de los individuos no representan nada
ante la unidad de la comunidad musulmana. Los que todavía quieren
creer que el islam es una religión como las demás, y que todas ellas
valen lo mismo se equivocan. Los que esperan poder asociar el islam
a la democracia también se equivocan gravemente. Con el islamismo la
compasión se aparta ante la fría voluntad de Alá, expresada a través
del Corán y la sharia, de esclavizar al hombre para mejor dominar su
espíritu. Si seguimos adaptando nuestras costumbres y tradiciones a
las múltiples reivindicaciones del islam, nuestras leyes acabarán
por desparecer con el telón de fondo de los gritos de ¡Allahu Akbar!
Eso vale para Canadá y para toda Europa.
Gabriel Tortella
‘Los catalanes están bajo la célula de un
gobierno que les insulta y amenaza’
Rosalina Moreno www.gaceta.es 28 Octubre 2014
Este economista e historiador critica que “hace mucho tiempo que en
Cataluña no se aplica la ley española”.
Gabriel Tortella, que también es firmante del manifiesto de ‘Libres
e Iguales’, afirma que Artur Mas “es una desgracia para Cataluña y
el país”. Pide al Ejecutivo central que aplique las leyes “con
rigor, en el sentido de una manera estricta y literal, que es lo que
hace falta”.
Dice que los “los pobres catalanes no independentistas están
abandonados de la mano de Dios” y que “el Ejecutivo central tiene
que darse cuenta de que se encuentran bajo la célula de un gobierno
hostil, que les insulta y amenaza” y que “lo menos que puede hacer
es ayudarles un poco”.
-¿Qué opina del desafío independentista del ‘president’?
-Tiene una cara bastante dura y es una desgracia para Cataluña y el
país. Es de un cinismo tremendo. Ya podría gobernar como un
dirigente normal, en vez de dedicarse a desafiar al Estado al que
representa y gracias a cuyas leyes es presidente de la Generalitat.
-¿Tendría que dimitir?
-Sería un bien para todos que dimitiera. No merece estar en el
puesto que está. Detrás de él hay un partido y un movimiento
secesionista, de modo que si cesase le sustituiría el señor
Junqueras, a quien la única virtud que le veo sobre Mas es que tiene
una postura más clara. No creo que fuera ninguna mejora desde el
punto de vista de los intereses nacionales. Lo que sí pediría es que
el Gobierno central aplicara las leyes con rigor, en el sentido de
una manera estricta y literal, que es lo que hace falta. Hace mucho
tiempo que en Cataluña la ley española no se aplica y eso ha
contribuido mucho a popularizar los movimientos independentistas.
-¿Cómo ve la actuación del Gobierno frente a este ataque?
-No me gusta. Reconozco que tácticamente el Ejecutivo se ha apuntado
un éxito al conseguir que se aplace o se suspenda la convocatoria
del referéndum no vinculante del 9 de noviembre. Estratégicamente no
ha sido bueno lo que se ha puesto de relieve. Utilizan esto como una
prueba más de la opresión de España. Hace mucho tiempo que por parte
del Gobierno español tendría que haber habido una política más
positiva. Por una parte, de rigor en la aplicación de la ley y por
otra, de propaganda en Cataluña, en el buen sentido de la palabra,
popularizando los puntos de vista de los españoles en su conjunto de
lo que significa la Constitución en España y en Cataluña. Después,
apoyando y haciendo sentirse a muchísimos catalanes no independistas
y que no se identifican con este Gobierno, que tienen un apoyo y una
comprensión por parte del Ejecutivo de España. Los pobres catalanes
no independentistas están abandonados de la mano de Dios. El
Ejecutivo central tiene que darse cuenta de que se encuentran bajo
la célula de un gobierno hostil, que les insulta y amenaza… y lo
menos que puede hacer es ayudarles un poco. Quizás, la función más
importante del manifiesto de ‘Libres e Iguales’ es precisamente el
hacer sentir a los catalanes, que ahora empiezan a manifestarse, que
tienen un apoyo fuera de Cataluña.
-¿Qué le parece el ‘escándalo Pujol’ era un secreto a voces?
-Esto lo he acogido con una risa amarga. En Cataluña se sabía, pero
no se podía decir porque tenemos la ley de la mordaza… Tampoco me
gusta nada por muchas razones, aparte de que este hombre sea un
ladrón y lo haya confesado. Creo que esto se sabía desde hace mucho
tiempo y sospecho, por las coincidencias cronológicas, que estas
cosas se hacen públicas en el momento en el que los movimientos
secesionistas toman aire. Me parece muy triste porque tendría que
haberse destapado cuando se descubrió. Al parecer, según Montoro,
fue hacia el 2000. Además, en 1984, cuando se sabía perfectamente lo
del asunto de Banca Catalana -gracias a lo que Pujol llegó al poder,
a base de engañar a muchísimos accionistas de Banca Catalana que se
quedaron sin el capital que habían puesto para financiar las
campañas políticas de Pujol- fue cuando esto descubrió y en el Banco
de España había pruebas. Pujol, muy hábilmente, hizo una reunión
demagógica diciendo que el que descubrieran los chanchullos era una
persecución a Cataluña y el Gobierno de Madrid se calló. A partir de
ese momento Pujol se envalentonó y pensó que si esta derrota se
había convertido en una victoria, era un camino de rosas lo que
venía, y así fue.
-¿Y qué le parece la interpretación que hacen los nacionalistas de
la historia de Cataluña?
-Es un escándalo. Precisamente, estoy preparando una clase en la
Universidad de Granada sobre este tema. Es un sistema de historia
selectiva en donde se destacan cosas que son mentira y se olvida lo
que no conviene. Cuando comencé a estudiar historia económica Vicens
Vives era el gran historiador catalán y los catalanes estaban
orgullosísimos de él. Ahora, no quieren oír ni hablar de Vicens
Vives porque era un catalanista moderado. Acerca de 1714-16 dijo que
a los catalanes les vinieron muy bien los decretos de Nueva Planta
porque acabaron con todas esas antiguallas. Manifestó que era un
desescombro de antiguallas y que por fin entrábamos en una situación
mucho mejor económicamente. Y además, es así porque el crecimiento
económico catalán comienza con los decretos de Nueva Planta. Esto se
dice en Cataluña y se suben por las paredes…
-¿Cuáles serían las consecuencias económicas de una hipotética
Cataluña independiente?
-Todos los visos son de que sería una catástrofe de una magnitud
enorme. Sería muy mala para Cataluña, pero también para España. Que
Cataluña no independiente saldría de la UE es evidente. Ahora, que
consiguiera ciertos tratamientos favorables en materia de comercio y
un acuerdo comercial temporal es imprevisible. Los independentistas
cuentan con eso. Si la UE quisiera ser benevolente y para tratar de
miniminar el conflicto hiciese unos acuerdos comerciales, las
consecuencias para Cataluña no serían tan graves, pero en todo caso
habría un periodo de incertidumbre muy fuerte. Desde luego, en la UE
no se podrían quedar. Eso haría unas barreras muy grandes. Para el
comercio catalán traería unos años de verdadera crisis, de caída y
plantearía un problema muy grave. Además, las inversiones dejarían
de venir. Ya se está notando el efecto de la incertidumbre sobre las
inversiones extranjeras en Cataluña, que descienden mucho más que en
España. También habría un descenso de las inversiones españolas en
esa comunidad autónoma. Las consecuencias para Cataluña serían
inflación, paro y deslocalización de empresas. Un escenario
horroroso.
-¿Y cómo ve la situación económica española?
-Es bastante compleja porque muchas cosas no dependen sólo de
España, sino de la UE en su conjunto. La UE está hecha un lío. Hay
una división muy fuerte entre los seguidores de Merkel, que siguen
queriendo una política presupuestaria fiscal muy estricta y los que
creen que esta rigidez provoca una caída de la demanda. En
principio, la política de la señora Merkel no me ha parecido mal,
pero que invierta en cosas útiles y avive la demanda alemana, que le
va a favorecer a Alemania y a Europa en su conjunto. El problema de
España es que como ha hecho los deberes bastante mal y no está en la
posición de Alemania. Este último país está en la posición de la
señora rica tacaña, pero España en la del libertino gastador a quien
le piden que se corrija. Tenemos una situación un poco más difícil
por eso.
******************* Sección "bilingüe"
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Terrorismo
La paz banal
Mikel Buesa Libertad Digital 28 Octubre 2014
El tercer aniversario del anuncio por ETA del cese definitivo de sus
actividades armadas ha discurrido sin pena ni gloria. Pareciera como
si tal asunto careciera de relevancia alguna, como si el terrorismo
fuera un mal sueño ya olvidado, como si ya no quedara nada por
saldar con respecto a la última organización política que, en
España, ha pretendido llegar al poder de manera violenta.
El caso es que, al margen de sus declaraciones, ETA lleva ya cinco
años inactiva en España, pues sus últimos asesinatos, perpetrados
sobre dos guardias civiles, datan de julio de 2009 y sus acciones
postreras, de un mes más tarde. La violencia carece de rastro en el
quinquenio más reciente y, en su ausencia, se ha instalado una paz
banal, anodina, en la que todo discurre como si nadie -o más bien
casi nadie- quisiera acordarse de lo que ocurrió antes ni conocer su
verdad. Tenía razón, una razón universal, permanente, Hannah Arendt
cuando en el prólogo de su ensayo Responsabilidad y juicio observó:
Nada llega con más rapidez y presteza que el olvido.
Pudo haber quienes desearon celebrar su victoria, la de ETA, con
banderas y desfiles, pero hoy, en el mejor de los casos, se
desenvuelven en la repetitiva gestión de la política municipal y, en
el peor, en la apática rutina carcelaria. Para ellos la desmemoria
es el bálsamo necesario que legitimaría el tiempo nuevo y, con ello,
un perdón que reclaman camuflado de vista gorda para los crímenes de
los que empuñaron las armas.
También están los que buscaron la derrota, la de ETA, y cuando la
lograron pasaron a otros asuntos de mayor urgencia, sin preocuparse
demasiado por los rescoldos de resentimiento que dejó el pasado.
Unos rescoldos que, sin embargo, se avivaron en los pocos que no
supieron reconocer esa derrota cuando llegó sin la menor
estridencia, sin ninguna declaración rimbombante, como corresponde
al agónico devenir de una organización teñida de abandono. Son ellos
los que hoy viven en la frustración de los postergados, de los
arrinconados por una historia no reconocida, los que reclaman un
relato que, sin embargo, no parecen ser capaces de concluir, pues
ello requeriría un desapasionamiento del que carecen.
La paz es banal porque la vida sigue como si tal cosa. Desde hace
una década, desde que Aznar dejara finiquitada a ETA, y a pesar del
aliento que Zapatero logró insuflarle con su negociación, la
economía del País Vasco dejó de verse influida negativamente por el
terrorismo. Fue entonces cuando quebró la sociología del miedo -tan
bien documentada por las encuestas periódicas del Euskobarómetro- y
pudo afianzarse el rechazo a ETA y a su violencia, incluso entre
quienes habían justificado su pasado. En el País Vasco progresó la
anodina normalidad que había faltado durante tantos años y la
mayoría de la gente, a la que, como en todas partes, la política le
sobra, prefirió vivir su cotidianeidad sin evocar el pasado y sus
horrores. Se instaló así la banalidad de una paz en la que no caben
los ajustes de cuentas; una paz de vive y deja vivir; la paz tal vez
no añorada por algunos, pero finalmente lograda, que no se quiere
dejar escapar.
La banalidad de la paz no diluye, sin embargo, en su mediocre
realidad toda acción política destinada a cerrar para la historia el
largo y doloroso calvario que ha supuesto para nosotros, los
españoles, el terrorismo nacionalista. Aún quedan en mi opinión dos
flecos relevantes para clausurar ese proceso. El primero se refiere
a los presos de ETA que aún se alojan en las cárceles españolas y
francesas. En los tres últimos años su número se ha rebajado en un
tercio, en parte por la derogación de la Doctrina Parot, pero
también, y de manera más importante, por la extinción de las penas.
Actualmente los reclusos no llegan a 470 y, seguramente, dos tercios
de ellos habrán terminado de cumplir condena durante el próximo
quinquenio. Quedará entonces un centenar y medio de etarras
encarcelados cuyas condenas de treinta o cuarenta años, por haber
sido impuestas después de la última reforma del Código Penal, se
consumarán en su integridad.
En alguna ocasión he propuesto que, con la finalidad de desvelar la
derrota política de ETA, sería muy interesante para España la
adopción, mediante la reforma legal correspondiente, de la doctrina
italiana de la disociación con respecto a los presos terroristas que
hayan sido condenados por delitos de pertenencia o colaboración pero
que no tengan responsabilidad directa en los crímenes de ETA. La
disociación implica el irreversible abandono de la organización y,
con ello, su vaciamiento, una condición ésta para dejarla limitada a
un pequeño núcleo de irreductibles con escasa o nula conexión con la
sociedad. El Gobierno debiera tener en cuenta que las oportunidades
para una política de este tipo se extienden sobre un horizonte
temporal muy limitado.
El segundo de los flecos a los que antes aludía se desenvuelve en el
terreno simbólico y se refiere a la llamada cuestión del relato; es
decir, a la narrativa que muestre ante la sociedad la configuración
histórica del proceso que condujo a la existencia de ETA y de su
actividad terrorista. Entre algunas víctimas vascas de ETA hay
preocupación por que se imponga un discurso en el que se exonere de
responsabilidad a los que practicaron el terrorismo y se les acabe
considerando, en el mejor de los casos, como un mal necesario. A
este respecto, tengo que señalar que, en mi opinión, la política que
se está siguiendo desde el Ministerio del Interior, en ocasiones
arbitrada por medio de la Fundación Víctimas del Terrorismo, es muy
desacertada. Su ejemplo más acabado es el de la construcción, en la
vieja sede del Banco de España en Vitoria, de un memorial cuyos
objetivos son manifiestamente difusos y cuyo coste previsto es del
orden de seis millones de euros.
Desde mi punto de vista, una obra así es completamente superflua,
toda vez que el reconocimiento de la sociedad española hacia las
víctimas del terrorismo ya ha sido construido, desde que lo
impulsara el presidente Aznar en el final de la década de 1990,
sobre tres pilares: uno de carácter material, a través de una
multiplicidad de ayudas, indemnizaciones y pensiones cuyo coste
anual excede de los sesenta millones de euros; otro de naturaleza
simbólica, cuyos principales soportes están en la concesión de
condecoraciones y en la celebración anual de una sesión solemne del
Congreso de los Diputados en su memoria; y un tercero de naturaleza
jurídica, al protegerlas, a través del artículo 578 del Código
Penal, de cualquier acto que entrañe su descrédito, menosprecio o
humillación.
Por consiguiente, es más que dudoso que la obra que ahora se quiere
impulsar añada algo al reconocimiento ya construido de las víctimas
de ETA. Entre tanto, su memoria o, si se prefiere, la cuestión del
relato acerca de su sufrimiento dista mucho de haberse construido en
todo su pormenor. Las deficiencias de nuestro conocimiento sobre las
actividades terroristas de ETA abarcan aspectos tan llamativos como
los que se refieren al número de personas heridas o damnificadas en
atentados, a la evaluación de los daños ocasionados en éstos o
incluso a su misma dimensión cuantitativa. Se desconocen también las
responsabilidades de alrededor de trescientos asesinatos cometidos
por ETA. Y también es extremadamente opaco todo lo referente a la
financiación de esta organización y a sus procesos políticos
internos. Por ello, más valdría que se arbitraran recursos para que
jueces, historiadores, politólogos y economistas académicos
emprendieran un programa de investigación con el que se pudiera
acabar escribiendo el que, en otra ocasión, denominé "Libro Negro de
ETA". Sólo entonces esa cuestión del relato habrá sido resuelta.
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