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Aplicar el 155
EDITORIAL Libertad Digital 31 Octubre 2014
El simulacro de consulta convocado por la Generalidad para el
próximo 9 de noviembre vuelve a cuestionar la autoridad del Estado
en una parte de España cuyas autoridades llevan mucho tiempo formal,
política y jurídicamente fuera de la ley. La respuesta de Rajoy a la
abierta rebelión del Gobierno regional catalán no ha tenido hasta el
momento la contundencia que cabe exigir en asuntos de tal gravedad.
No parece que la situación vaya a cambiar, vista la tímida respuesta
a la última estratagema de Artur Mas para realizar una algarada con
urnas dentro de tan sólo diez días. Un dictamen del Consejo de
Estado con disquisiciones jurídicas sobre la necesidad o no de que
haya un acto jurídico formal que dé cobertura administrativa a la
convocatoria es, hasta el momento, la única acción que han llevado a
cabo los poderes del Estado para enfrentarse a una operación
sediciosa en Cataluña patrocinada por autoridades del Estado.
La inexistencia de una respuesta firme que ponga fin a la deslealtad
de las autoridades separatistas vulnera la Constitución, socava la
autoridad del Estado y agrava la frustración que sienten con toda
justicia los ciudadanos catalanes que quieren seguir siendo
españoles y ejercer sus derechos como tales. La narrativa histórica
y cultural a través de la enseñanza pública se ha dejado voluntaria
y dolosamente en manos de los nacionalistas, con el resultado de que
dos generaciones envenenadas en el odio a España están siendo
llevadas a un proceso de ruptura que puede ser imparable.
Contraponer a esta operación totalitaria, que tiene movilizada a una
parte nada desdeñable de la sociedad catalana, un dictamen jurídico
de un grupo de sabios es la demostración palpable de hasta qué punto
el Estado ha hecho dejación de sus funciones en este terreno.
Y sin embargo la propia Constitución contiene la clave para deshacer
situaciones de excepcionalidad como la provocada en Cataluña desde
que la Generalidad decidió ponerse fuera de la ley. En su artículo
155 tiene el Gobierno de Rajoy el precepto constituyente que debería
invocar de inmediato para poner en marcha las previsiones legales
necesarias y acabar con esta operación sediciosa. La Generalidad de
Cataluña no cumple "las obligaciones que la Constitución y las leyes
le imponen" y, además, está actuando "de forma que atenta gravemente
al interés general de España", los dos requisitos que obligan al
Gobierno a poner en marcha los mecanismos establecidos en el citado
artículo.
No se trata de una opción voluntaria, sino de la obligación que la
Carta Magna impone al Gobierno cuando se dan casos de esta gravedad.
En cambio Rajoy, que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución,
ha decidido seguir ganando tiempo con fines electorales, aunque su
inacción provoque un daño irreparable a España y a los españoles.
Crisis nacional
El dilema del moderado
Emilio Campmany Libertad Digital 31 Octubre 2014
Es llamativo que muchos desencantados, después de haber votado
durante décadas con moderación, en vez de buscar hoy a otros
partidos igualmente moderados que tengan un programa de regeneración
se han lanzado en brazos de la más extremista de las nuevas
propuestas. Sin embargo, quedan electores desencantados que desean
seguir siendo moderados y no quieren, por muy indignados que estén,
dejarse arrastrar por el radicalismo. Para ellos hay opciones
moderadas con propósitos regeneracionistas. Está la de izquierdas,
representada por UPyD; la transversal, es decir, la de Ciudadanos, y
la de derechas, que abandera Vox. Pero parece que ninguna de ellas
está logrando ser suficientemente atractiva como para suponer una
alternativa a Podemos. De manera que los que desean seguir siendo
moderados pero abominan del PSOE y del PP y de sus corrupciones
pueden desde luego dar el voto a estos partidos, pero sabiendo que a
corto plazo no será muy útil.
Si cuando llegue el momento de votar en las elecciones generales el
panorama sigue siendo el que hoy dibujan las encuestas, el votante
moderado que desee una verdadera y profunda regeneración tendrá un
gran problema. En esas elecciones los partidos moderados de
regeneración no tendrán ninguna oportunidad y lo único que se
discutirá es si Podemos podrá, con o sin la ayuda del PSOE, llevar a
cabo su reforma radical, o si por el contrario todo seguirá poco más
o menos como siempre con el PP, en alianza o no con el PSOE. Es la
alternativa Arriola: o gobierna Pablo Iglesias o lo hace Rajoy. En
estas condiciones, el elector regeneracionista moderado puede
sentirse atrapado en la disyuntiva de tener que elegir entre
Podemos, si prima en él el deseo de cambio, aunque sea a peor, y
Rajoy, si pone por encima de todo la moderación, aunque sea
corrupta. Votar al PSOE significará dejar en manos de los
socialistas la decisión, ya que a lo más a lo que pueden aspirar es
a tener la llave para dar el Gobierno a Podemos o al PP.
Y sin embargo, el moderado regenerador debería superar la tentación
del voto útil, porque, tal y como están las cosas, la última
esperanza de una verdadera regeneración está en esos tres partidos,
si es que, como parece, la desean sinceramente. Ya sé que tendrán
que atravesar un desierto y que sus votantes tendrán la sensación de
haber tirado el voto a la basura. Pero cuanta más fuerza tengan
durante la legislatura de hierro que nos espera a partir de 2016,
más posibilidades habrá de que puedan aplicar su programa en 2020.
Abandonarles ahora por el mal menor, sea del color que sea, es tanto
como renunciar definitivamente a la regeneración que España necesita
y que, desde luego, no es ni la comunistoide de Pablo Iglesias ni la
de mero maquillaje que Rajoy vende. No deben consentir los moderados
que desean la reforma que todo se resuelva entre radicales y
conformistas.
La hora de la verdad.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 31 Octubre 2014
Hasta ahora en el desafío secesionista declarado por Artur Mas, el
Gobierno de la Generalidad y los partidos nacionalistas, se ha
querido circunscribir como un asunto meramente interno de España y
en el que la UE se ha manifestado siempre de forma muy forzada con
el mensaje de que en el supuesto de que la autonomía de Cataluña se
independizara de España, en ese momento dejaría de pertenecer a la
UE. Sin embargo no se ha tratado el escenario de que a corto plazo
el proceso de disgregación de España continuase en una balcanización
que crease otros mini Estados independientes como El País Vasco con
Navarra integrada, Canarias o la inclusión de Baleares y la
Comunidad de Valencia en los Paysos catalans. ¿Seguiría siendo lo
que quedase como España miembro de la UE y en la zona Euro?
Sé que ese escenario muchos analistas ni lo contemplan por
calificarlo de irreal. Sin embargo lo que sí es real es la timidez
con la que está reaccionando el Gobierno de España y los principales
partidos PSOE y PP. El Gobierno lejos de dar una respuesta
contundente está permitiendo que Artur Mas siga impunemente
desafiando la legalidad y calificando su actitud de astuta con el
enemigo. No parece este Gobierno dispuesto a ir más allá de
ampararse en las impugnaciones y en el Tribunal Constitucional como
argumento jurídico para declararlo ilegal, algo que Artur Mas y su
ejecutivo desprecian, ignoran y desobedecen sin que haya reacción
alguna para impedirlo. Una actitud delictiva que hoy por hoy sigue
siendo impune.
En cuanto al PSOE sigue en su esquizofrenia federalista con un doble
discurso en el que el PSC dice una cosa y la contraria, sumándose a
la realización de la consulta ilegal, incluso en forma de sucedáneo
de consulta sin garantías, mientras que rechaza la declaración de
independencia. Una situación que da una idea de la falta de
liderazgo real de Pedro Sánchez al que solo le queda la opción de
expulsar de la federación al PSC y refundar el PSOE en la comunidad
autónoma de Cataluña, si quiere mantener un discurso coherente y
creíble. Porque otros como PODEMOS ya se han posicionado de forma
clara no solo a favor de que se realice el referéndum sino también a
favor de la declaración unilateral de independencia. Así que ya
sabemos lo que quieren para España.
En cuanto al PP desgraciadamente no existe ni oposición ni siquiera
una corriente crítica que denuncie la pasividad de este Gobierno y
de su Ejecutiva Nacional a la hora de aplicar las medidas previstas
en la Constitución para devolver a la Comunidad Autónoma de Cataluña
la normalidad democrática. Como ya he reclamado desde el principio
de este desafío secesionista, la única alternativa legal es la de
aplicar el artículo 155, suspendiendo la Autonomía y poniendo a
disposición judicial a los integrantes del Gobierno de la
Generalidad por los delitos de desobediencia al estado y al Tribunal
Constitucional, deslealtad institucional y actos de sedición. Su
máximo responsable es Artur Mas y el portavoz del Gobierno Francesc
Homs y como principales instigadores los representantes de ERC y la
CUP.
Mariano Rajoy debe ser instado a actuar para finalizar de una vez lo
que debió ser evitado desde el principio con la convocatoria ilegal
de un referéndum territorial sobre la secesión de Cataluña del resto
de España. Está en juego la Unidad de España, su futuro como miembro
de la UE, su estabilidad económica y su prestigio. Es deber de las
FFyCCSE y de las FFAA mantener el orden constitucional y defender la
Unidad de España y la soberanía nacional del pueblo español.
En ningún caso se debe permitir que se abran los falsos colegios
electorales y mucho menos que se formen las mesas y se dispongan de
papeletas para la votación. Cualquier acto en ese sentido debe ser
impedido por las FFyCCSE.
Cataluña
La astucia de Mas, impugnada
Cristina Losada Libertad Digital 31 Octubre 2014
Como tantas otras maniobras del presidente Mas, la del sucedáneo de
consulta para ver si cuela (si se la cuela tanto a la ley como a su
propia parroquia) plantea el dilema de tomarla en serio o tomarla a
coña. Es un dilema que siempre surge ante el nacionalismo por el
aire ridículo que tienen sus redobles, pero lo más seguro es que no
haya otro remedio que tomarlo de las dos maneras a la vez. En este
caso, como payasada y como fraude de ley. De modo que no sólo hace
bien: cumple con su obligación el Gobierno al poner en marcha la
impugnación de la charlotada que ha convocado la Generalidad
expresamente como una "astucia" para burlar y burlarse de lo que Mas
llama “el Estado”, es decir, para burlar la ley.
Es llamativo y revelador que un presidente autonómico, un cargo
público, haya tenido el atrevimiento de presumir de astucia. Justo,
además, cuando un reguero de casos de corrupción, algunos muy
notables en Cataluña, muestran la cara y la caradura de los astutos
cuando se ponen a depredar recursos públicos. Que un político crea
que van a aplaudirle por su astucia para burlar la ley es indicativo
de una "inveterada deshonestidad en las relaciones con lo
verdadero", por decirlo a la manera de Jean-François Revel. El mismo
Revel que en otra ocasión manifestaba su asombro por el hecho de que
se alabara “a un hombre público por su astucia, su arte en embaucar
a la opinión pública y en engañar a sus rivales”. Es, decía, “como
si los clientes de un banco elogiaran al director por su talento
como ratero”.
Esa consulta alternativa a la consulta es, a fin de cuentas, una
votación y una en la que el gobierno catalán quiere repartir unas
papeletas con las mismas preguntas que se hacían en la suspendida
por el Tribunal Constitucional. Se trata de conseguir el mismo
objetivo que en el referéndum disfrazado de "consulta no
referendaria", ahora enmascarándolo de “proceso participativo”.
Baile de máscaras carnavalesco aparte, la astucia ha consistido en
no poner nada por escrito, no firmar decretos ni órdenes, no
encargar ninguna tarea específica a funcionarios y hacer recaer la
logística en personas que se presentan voluntarias. "No hay nada que
impugnar", se jactó el portavoz Homs. “Ignorancia supina”, replicaba
el catedrático Francesc de Carreras en un artículo; "la actividad
administrativa también es recurrible cuando actúa por la vía de los
hechos. Si no fuera así, el gobernante podría actuar sin límites y
el Estado de Derecho quedaría hecho trizas".
Había una tentación posible. Una de esas tentaciones que se
presentan muy cucas con la bonita etiqueta de "hacer política". Era
dejar que el guateque se celebrara, con su banda de música, urnas de
cartón y papeletas de pega, y se viera que sólo acudía a la fiesta
una fracción minoritaria del censo. Que se viera que eran los de
siempre, los de la cadena, la vía, y la uve; o sea, las huestes de
esa señora cuyo nombre no recuerdo ahora, y ni uno más y hasta puede
que alguno menos. De ese modo, a la vista de la escasa afluencia, el
globo independentista se desinflaría hasta nueva noticia, el propio
Mas tendría razones para modificar el rumbo y al final todos serían
felices y comerían perdices. Como en los cuentos, sí, porque son
demasiadas suposiciones, y todas en una misma dirección, como para
dar por bueno el pronóstico. No. No puede ser bueno consentir un
fraude de ley para tratar de cambiar, y sin garantía alguna de
mejora, una situación política. Igual que no pueden serlo esas
“soluciones políticas” que reclaman Mas y tantos otros. ¿Por qué le
llamarán política a burlar la ley?
Desafío secesionista
Hipócrita impugnación del 9-N
Guillermo Dupuy Libertad Digital 31 Octubre 2014
En lugar de presentar una denuncia por fraude de ley y acusar a Mas
de los delitos de prevaricación, coacciones y malversación de fondos
públicos, tal y como UPyD hacía el martes de la semana pasada, ¿por
qué el Gobierno de Rajoy se plantea ahora una mera impugnación del
nuevo 9-N? Pues por la misma razón por la que, con ocasión del
nombramiento de la junta electoral del viejo 9N, en lugar de
presentar una querella contra Mas, tal y como también hizo UPyD, el
Gobierno prefirió plantear contra la Generalidad un mero "incidente
de ejecución". La razón era y es que ambas impugnaciones no implican
denuncia de delito alguno y, por tanto, no reclaman tampoco reproche
penal alguno.
Que la prioridad de Rajoy sea no intervenir la Administración
regional catalana por razones jurídicas o financieras no significa
que el presidente del Gobierno disfrute viendo cómo los gobernantes
autonómicos de Cataluña aprovechan la impunidad y la financiación
extraordinaria que el Gobierno del PP les otorga para llevar a cabo
su carísimo e ilegal proceso de transición nacional. Ahora bien,
todos debemos ser conscientes –insisto– de cuál es la prioridad de
la calamidad histórica que preside el Gobierno de España.
¿Creemos que, por que no lo denuncie, a Rajoy no le parece mal la
existencia de un Consejo Asesor para la Transición Nacional en
Cataluña, organismo no menos nutrido de fondos públicos y no menos
desafiante a nuestro ordenamiento jurídico que la consulta de
marras? Claro que le parece mal, pero le puede su prioridad.
¿Creemos que Rajoy no ve la clamorosa desobediencia a nuestros altos
tribunales que constituye la coactiva e inconstitucional inmersión
lingüística en Cataluña? Claro que la ve, pero le puede su
prioridad.
¿Creemos que Rajoy no percibe los clamorosos incumplimientos –no
sólo de la Generalidad– a la Ley de Estabilidad Presupuestaria,
incumplimientos que justificarían, más que de sobra, la aplicación
de los mecanismos de "sanción e intervención" que esa misma ley
contempla? Claro que lo percibe, pero le puede su prioridad.
¿Creemos que Rajoy considera que los gobernantes catalanes no están
atentando tan gravemente al interés general de España como para
intervenir la Generalidad al amparo del artículo 155 de la
Constitución? Claro que no, pero le puede su prioridad.
Para negar validez jurídica a los resultados del 9-N no hace falta
una impugnación de su convocatoria. Y para castigar o dejar de
financiar tan reiterado fraude de ley, de nada sirve. Tan sólo sirve
para ocultar la irresponsable prioridad de nuestro indeseable
presidente de Gobierno.
España y corrupción: siempre que llueve,
escampa
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 31 Octubre 2014
Parece que los españoles se acaban de enterar de que en España había
corruptela para dar y tomar, lo cual puede ser considerado pecadillo
venial en el caso de Juan Español, pero resulta pecado mortal sin
paliativos en la clase periodística, la clase que estos días más
exagera la nota.
El espectáculo roza la histeria colectiva. El simulacro de general
indignación, el ruido de blusas rasgadas, el intento por ver quién
dice la frase más rotunda, más redonda, más cargada de adjetivos
cercanos a lo escatológico (“el hedor de la mierda” y por ahí)
contra la corrupción, está alcanzando proporciones nunca vistas por
estos pagos. Parece que los españoles se acaban de enterar de que en
España había corruptela para dar y tomar, lo cual puede ser
considerado pecadillo venial en el caso de Juan Español, dedicado
como está a sus menesteres, pero resulta pecado mortal sin
paliativos en la clase periodística, la clase que estos días más
exagera la nota, más barullo arma en la carrera por ver quién gana
los 100 metros lisos del epíteto más poliédrico contra la maldita
corrupción. Se trata, en muchos casos, de ver quién mea más lejos.
Desde los lejanos días de Filesa e Ibercorp, quien esto suscribe ha
sido consciente de que el ciudadano que ha querido saber ha sabido
de sobra dónde le apretaba el zapato a esta democracia que salió
voluntariosa de astillero, navegó ilusionada los primeros años y
pronto empezó a enseñar por las costuras los errores de diseño
cometidos por los llamados padres de la patria. Hubo tiempo de sobra
para haber enmendado el rumbo, pero no se hizo. Lo que resulta
llamativo es que hoy haya tanta gente en la tropa periodística que
se dice escandalizada por el fenómeno de la corrupción, escandaloso
que se haya dado cuenta ahora de lo que ocurría en este su país
llamado España. Lo alucinante es que algunos, bastantes, de los que
estos días se rasgan las vestiduras son tipos que hacen información
(los menos) y escriben columnas de opinión (los más) y al mismo
tiempo tienen un pie en la otra orilla, porque participan en
gabinetes de comunicación, asesoran a empresas y/o empresarios y en
definitiva, hacen negocios. Es decir, navegan en la misma barca de
corrupción que dicen querer denunciar. Fariseos.
Que la prensa, los medios de comunicación tienen, tenemos, una parte
muy importante de culpa en la situación que ahora nos aflige es una
verdad como un templo, aunque quizá no sea este el momento de
abordar tal cuestión. Sí lo es el hecho insólito de que incluso
algunos prebostes de nuestro sistema financiero participen en la
procesión de plañideras a punto de ahogarse en la ola de basura que
nos invade. Es el caso de un consejero delegado que, al parecer,
ayer mismo dijo en público que “hay que echarse a la calle contra la
corrupción”, como si el banco en el que trabaja se dedicara a hacer
obras de caridad con la concesión de préstamos e hipotecas. Es un
ejemplo que viene a poner de manifiesto la falta de mesura que mucha
gente, muchos estamentos, están mostrando en esta hora crítica de
España. ¿Está el establishment bancario dispuesto a echarse a la
calle para asaltar el palacio de invierno, o es que aquí nos hemos
vuelto todos locos?
La corrupción existe desde siempre. En España y fuera de ella. Lo
que hace falta es voluntad democrática para perseguirla y condenarla
conforme a Ley. Reparemos en el caso de Italia, cuyo presidente de
la República, Giorgio Napolitano, fue interrogado este martes como
testigo en un juicio penal, un proceso que se desarrolla en Palermo
sobre los presuntos manejos entre el Estado y la mafia. Eso es
corrupción y lo demás, una broma. Les ahorro el relato de lo que
sucede en Francia o en los USA con los sobornos municipales. El
fenómeno nuevo en España -al margen de la peculiar desvergüenza
exhibida por esos Granados que seguían a lo suyo, es decir, al
trinque, cuando medio país estaba ya alzado en armas contra el
latrocinio-, es que por primera vez lo sucedido ha llegado a los
predios del español de a pie, ha alcanzado el mercado de abastos, ha
tocado al ama de casa, ha subido por el andamio donde curra el
obrero. Eso es lo nuevo, y es lo que convierte en trasversal el
fenómeno de la protesta colectiva y lo dota de una fuerza de futuro
desconocida hasta ahora.
Algún tipo de cirujano de hierro
Porque hasta ahora, más menos, el votante español no ha castigado la
corrupción; a partir de ahora, sí. A partir de ahora nuestros
partidos tendrán que atarse los machos, como se evidenció en las
europeas del 25 de mayo pasado. La catarsis es imparable, y está por
ver, como ya se dijo aquí hace escasas fechas, si la dirigen y
encabezan los partidos –con estos bueyes hay que arar- beneficiarios
del sistema, o la hacen directamente los ciudadanos entregando el
poder, en un acto de suprema rebeldía, a algún tipo de cirujano de
hierro dispuesto a cortar por lo sano. Esta es la gran incógnita
española del momento. Sé que resulta en extremo difícil confiar en
que quienes nos han traído hasta aquí chapoteando en el lodo vayan a
ser capaces de limpiar la casa de arriba abajo para ofrecernos un
edificio nuevo cargado de futuro, pero sería un grave error
descartar esa posibilidad.
De hecho las instituciones, mal que bien, están funcionando. La
Agencia Tributaria está haciendo su trabajo, como lo están los
jueces de la Audiencia Nacional, y las fuerzas y cuerpos de
seguridad en sus distintas variantes. No hay noticia, al menos que
se sepa, de que el Gobierno de la nación esté poniendo palos en la
rueda de la Justicia, aunque sería deseable -en realidad estamos
ante una demanda convertida ya en clamor- que nuestro sistema
judicial fuera más eficiente y sobre todo más rápido, porque resulta
inaceptable que en un caso como el de Gürtel, tras 6 años largos en
el candelabro, ni siquiera tengamos indicios razonables sobre la
fecha de apertura de juicio oral. Lo que nos lleva a puntualizar que
no todas las culpas son del Gobierno, ¡porco Governo!, ni de la
clase política.
Si la revolución no se hace desde dentro, si el saneamiento integral
de un sistema que ha llegado muerto hasta la piedra miliar de 2014
no se aborda de manera controlada, se hará desde fuera y es posible
que por la fuerza: a través de las urnas, primero, y después ya
veremos, siguiendo pautas muy estudiadas y detalladas en los libros
de Historia. Serán siempre soluciones más caras y probablemente más
dolorosas, porque en general estropean más de lo que arreglan.
Soluciones basadas en la fórmula de “tratar de ayudar al pobre
arruinando al rico”, que dijo Lincoln. El fracaso de las elites
venezolanas, por citar un país de moda al respecto, a la hora de
construir un Estado moderno digno de tal nombre trajo como
consecuencia la llegada de Chávez. En el pecado, la penitencia. El
régimen chavista no ha arreglado el desastre social que preside la
vida de uno de los países más ricos del mundo, pero ha dañado
gravemente muchas de las libertades básicas que distinguen a las
democracias dignas de tal nombre. Los nuevos ricos del chavismo se
lo siguen llevando a Miami como hacían los viejos ricachones de
antaño.
Políticos que corren como ratas asustadas
En esta hora en que los tambores de Calanda de quienes denuncian la
corrupción apenas dan opción para algún tipo de reflexión serena, es
el momento de pedir continencia a quienes deberían venir obligados a
proponerla (empezando por esos diputados del PP y PSOE que estos
días corren cual ratas asustadas, propagando todo tipo de rumores
alarmistas, francamente afligidos ante la posibilidad de perder sus
canonjías). Es cierto que ocasiones hay en la Historia en que los
países, las naciones, los pueblos deciden pegarse un tiro en la
sien, pero sería una locura que los españoles nos dejáramos
arrastrar por una especie de excitación global capaz de hipotecar lo
alcanzado hasta ahora. No es momento para ningún suicidio colectivo.
Tampoco, creo yo, de abrir una causa general contra el sistema, y
menos aún contra esos partidos a los que con tanta justicia se ha
criticado aquí tantas veces.
Reconociendo la proverbial escasa memoria de los españoles para
reflexionar sobre su pasado, tal vez no resulte ocioso recordar aquí
y ahora que esta pobre y mancillada democracia nuestra, esta
democracia imperfecta de la que disponemos, costó sangre, sudor y
lágrimas de mucha gente, costó la vida de muchos españoles que se la
dejaron en el empeño. Alguien dijo que “es una gran ironía que la
prosperidad permita a la posteridad el lujo de olvidar su origen”.
Nuestra obligación, por eso, es mejorarla, no arrojarla por el
sumidero de lo superfluo, ni despeñarla por el barranco de las
emociones colectivas desbocadas. Es la hora de la acción, pero
también de la reflexión. De la templanza. Siempre que llueve,
escampa.
Corregirlo es posible
J. L. González Quirós www.vozpopuli.com 31 Octubre 2014
Escribió Cela en cierta ocasión que en España hay una rara esquina
de sabios que no deja la saludable huella que cabría esperar, que no
consigue que el común de los mortales se aproveche de lo que
averiguan. Basta reparar en que ‘el pequeño Nicolás’ parece ser un
estudiante peor que mediano para entender lo que nos pasa, que la
inteligencia juega un papel escasamente brillante en nuestras vidas:
damos importancia al poder, a la apariencia, a la riqueza, a las
relaciones, a muchas formas de éxito mundano, pero no apreciamos ni
poco ni mucho lo que nos pueda decir alguien que haya pensado a
fondo en cualquier cosa. No se trata ya de que nuestra ciencia o
nuestro I+D no esté a la altura que sería lógico estuviera, visto el
resto de características y condiciones en que transcurre nuestra
vida colectiva, sino de que tampoco acabamos de dar con la clave
para hacer que nuestra política deje de ser un motivo de sonrojo y
se convierta en una manera inteligente de resolver los problemas
comunes.
Una crisis muy diagnosticada
El predominio de la charlatanería nos lleva a atribuir causas
sobradamente solemnes a nuestros problemas, en lugar de dirigirnos a
las soluciones más inmediatas y sencillas. Algunos labran su fama
anunciando una y otra vez el Apocalipsis, la crisis moral que nos
corroe, el fin del sistema, el ocaso de una era. Todo puede acabar
siendo verdad, entre otras cosas porque existe lo que se llaman
“profecías que se autocumplen”, pero esa clase de diagnósticos
equivaldría a que llevásemos el coche al taller y el mecánico nos
hablase de las fisuras en el paradigma de la Física clásica, por
supuesto que sin arreglar el auto.
No es que no sepamos lo que nos pasa, lo que ocurre es que existe el
riesgo de que nos deslicemos por la pendiente del delirio y, lejos
de arreglar enérgicamente nuestros problemas, nos entreguemos a los
consejos de los nuevos Savonarolas, al diagnóstico de algunos
nigromantes que parecen haber aprendido en la universidad del vudú.
La causa primera de la corrupción
Mientras nos entretienen con disquisiciones, tan agrias como
absurdas, sobre si la corrupción es sistémica, o se trata de brotes
aislados, aunque frecuentes, no caemos en que lo más importante es
corregir lo que la hace no ya posible sino inevitable. No me refiero
a la tendencia a robar, que existirá mientras haya quien pueda
hacerlo y se aplauda al rico independientemente de sus razones, sino
a las condiciones que hacen posible el robo y que son, casi
exclusivamente dos: un gasto público muy por encima de lo que sería
necesario con una buena administración, y aquello que lo impone, la
absoluta falta de transparencia en el control del gasto, y el hecho
realmente inaudito de que quienes debieran controlarlo, los partidos
políticos, nunca pretendan limitarlo sino aumentarlo, falsa moneda
con la que compran el servilismo de sus adictos más necios, lo que
les permite ejercer sus funciones, supuestamente en nuestro nombre,
en medio del más clamoroso desprecio a cualquier cosa que pueda
llamarse democracia. Que unos personajes de incuestionable segundo
nivel hayan podido llevarse casi trescientos millones de euros sin
que ninguna institución advierta ni fraude ni exceso, exige
necesariamente que nuestros presupuestos estén muy por encima de lo
que se requiere y que nuestros sistemas de control sean tan
ineficaces como perversos, y esto puede arreglarse perfectamente
porque no es cosa que pase en todas partes ni a todas horas.
Es hipócrita, y un punto cínico, pedir perdón
Esta semana el nivel de los excrementos ha llegado tan alto que
Esperanza Aguirre ha pensado que lo inteligente era pedir perdón, y
Rajoy, siempre tan ágil en sus reflejos, ha imitado el gesto humilde
de la lideresa. ¡Cómo se nota que ya no estudiamos el Catecismo en
la enseñanza primaria!, porque ahí se aprendía sin género alguno de
dudas, que el perdón requería el arrepentimiento y el propósito de
enmienda, y sobre eso no se nos ha dicho nada. Dicen que se han
equivocado al escoger sus colaboradores, y esa confesión delata uno
de nuestros problemas más de fondo, que todo el que está en política
ha de ser cooptado desde arriba, una cualidad que, quienes creen
escasamente en la democracia, consideran como una ley tan rígida e
inexorable como cualquiera de las de la naturaleza, pero no es el
caso. Nuestros partidos, sin apenas excepción, le parecerían
escasamente liberales a tipos tan poco aficionados al género como
Stalin o Castro, y como diría el clásico, el que lo probó lo sabe.
Lo que permite la corrupción no es que ocasionalmente se escoja a
personas con escasa propensión a la decencia, sino el hecho de que
cualquier político no haya de responder a otro control que el que le
viene de arriba, del dedo divino que lo puso en la envidiable
situación en que se encuentra, y que su única preocupación haya de
ser no darle disgustos para que lo mantenga en el escaño y/o en la
poltrona. La virtud esencial de un político, en un escenario
semejante, pasa a ser su capacidad de halago y su habilidad para
seguir comprando voluntades que se plieguen a los planes del mando.
Hemos construido unos partidos que son una máquina de producir
sumisión, ocultismo y corrupción: literalmente lo contrario de lo
que se supone debieran ser.
Ley de partidos e independencia judicial
¿Qué pintan en este cuadro los ciudadanos. Los militantes de un
partido? Nada, pueden aplaudir cuando se les convoque a un acto. Es
hipócrita olvidar que el problema no reside en haberse equivocado en
algunos cientos, sino en estar sentado en la cúspide de un sistema
que raramente puede producir otra cosa que disparates varios. Si a
esto se le añade una hábil cohabitación con el poder económico
financiero y un pastoreo certero de los medios de comunicación,
estaremos ante un panorama tan idílico como el del pujolismo en
Cataluña que, por lo que se ve, no ha dejado de seducir a buena
parte de nuestros líderes, por mucho que se motejen de liberales.
Todo el amplio repertorio de corruptelas que nos abruma es posible,
y casi inevitable, porque en los partidos no existe otra ley ni otra
libertad que el deseo del líder, y porque, para su eterna deshonra,
los señores que forman el legislativo han consentido una estructura
del poder judicial que pone a los jueces al servicio de la partidos,
que hace sumamente improbable que un juez pueda atreverse a procesar
a quienes pueden reducirle el salario a nivel de cualquier
mileurista. Que los ciudadanos continúen votando a partidos que han
destruido tan alegremente el edificio de libertades que suponíamos
haber construido no deja de ser sorprendente, pero así son las
cosas. Ley de partidos e independencia judicial: quienes no nos
aseguren inmediatamente lo uno y lo otro no debieran merecer el voto
de nadie.
Una de dos, o reforma política o gorila salvador
El pesimista cree que las cosas nunca tienen remedio, el optimista
cree que es fácil lograrlo. Lo realista es ponerse a hacer lo que
parece más inteligente, tratar de rectificar el ritmo decadente y
corruptor que lleva la democracia española con medidas que todos los
electores puedan apoyar. Hace falta líderes valientes que se
sobrepongan a las dictaduras de partido, que venzan el miedo a ser
considerados traidores por sus aparatos, a sufrir el destierro.
Quienes sepan ver por detrás de los límites del partido el deseo
ciudadano no tendrán dudas. No será fácil lograrlo, pero sólo hay
otra alternativa, la deriva venezolana de una democracia
archicorrupta para perecer a manos de un gorila cuentista y
megalómano: la elección depende de todos nosotros, pero no se
confundan, porque el intríngulis del asunto es tan claro como un
vaso de agua clara.
Derecho al pataleo
Eso es lo que significa el 9 de noviembre: se reconoce la derrota,
pero se protesta
Javier Pérez Royo. Madrid. El Pais 31 Octubre 2014
“Última y vana actitud de protesta que adopta o puede adoptar el que
se siente defraudado en sus derechos”. En estos términos define el
diccionario de la RAE el “derecho al pataleo”.
Al ejercicio del derecho al pataleo es a lo que están convocados los
ciudadanos de Cataluña el próximo 9 de noviembre. Es un acto de
agitación política no susceptible de ser analizado en términos
jurídicos. Presupone el reconocimiento de que el derecho del que uno
cree que es portador no es reconocido como tal. De ahí que no se
pueda entender la reacción del Gobierno ante el mismo. Es
completamente absurdo solicitar un dictamen del Consejo de Estado
como paso previo a adoptar el acuerdo del Consejo de Ministros para
interponer recurso ante el Tribunal Constitucional.
Con esa manera de proceder el Gobierno le está atribuyendo una
naturaleza jurídica a un acto que no la tiene y está tirando piedras
contra su propio tejado. El 9 de noviembre no se va a celebrar ni un
referéndum, ni una consulta ni nada definible en términos jurídicos.
Sea lo que sea lo que ocurra ese día, jurídicamente es estéril. Eso
lo está reconociendo la Generalitat con su conducta. Sin decreto de
convocatoria, sin censo electoral, con la posibilidad de que voten
los menores y los extranjeros... faltan los elementos indispensables
para que se pueda hablar de referéndum o consulta. Estamos ante un
pataleo, es decir, ante la última y vana actitud de protesta de
quienes saben que no disponen de ningún instrumento jurídico para
hacer valer lo que entienden que son sus derechos.
Y una convocatoria a ejercer el derecho al pataleo no puede ser
anulada. Nadie puede verse privado del derecho a patalear, a
expresar que no está de acuerdo con que no se le reconozca el
derecho que él entiende que le debería ser reconocido. Es imposible
que exista en un ordenamiento jurídico digno de tal nombre la
prohibición del derecho al pataleo, ya que su ejercicio parte del
reconocimiento de que no se tiene derecho, pero que con eso,
justamente, es con lo que no se está de acuerdo. Este mínimo derecho
no puede faltar en ningún ordenamiento jurídico democrático. Y eso
es lo que significa el 9 de noviembre. Se reconoce la derrota, pero
se protesta. Es, de alguna manera, otra versión de la Diada.
En esto es en lo que no ha reparado el Gobierno en su ofuscación y,
de manera mucho menos comprensible, el Consejo de Estado. Entre
ambos pueden poner al Tribunal Constitucional ante un problema sobre
el que no debería tener que pronunciarse. Y pueden abrir con ello la
puerta al problema potencialmente mucho mayor de desobediencia
cívica.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Hacia dos repúblicas
F. JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 31 Octubre 2014
DE AQUÍ a pocos meses, en marzo o abril, proclamarán en Barcelona la
República Catalana Independiente. De aquí a un año, tras las
elecciones generales en Madrid pueden proclamar la República Popular
o Bolivariana de los Pueblos de España, que dará a luz media docena
de republiquitas al modo catalán. La tragedia de España es que no
cabe imaginar una república comunista que pueda dejar de ser
comunista e incluso república por la resistencia de los españoles,
como heroicamente intentan los venezolanos; porque en Venezuela los
corruptos comunistas bolivarianos, modelo de los telecomunistas de
Podemos, pueden caer un día; y ese día, aunque pobre y corrompida,
quedará Venezuela. El día en que mueran Fidel Castro y su íncubo
Raúl -ojalá sea antes del Juicio Final-, quedará una Cuba corrupta y
arruinada, pero habrá Cuba. En cambio, las dos repúblicas
antiespañolas en ciernes, ferozmente liberticidas, no van a dejar de
España ni los escombros. Rajoy, antes de largarse, está punto de
dejarnos como legado político una escombrera de nacioncitas y
estadejos, a una de las cuales y a uno de los cuales muchos vamos a
seguir llamando España. Ya veremos cómo.
Verosímilmente, la República Catalana se proclamará casi a la vez
que la llegada al poder en Grecia de Syriza, los comunistas gemelos
de Podemos que van a salirse de la UE y a fundar un régimen
bolivariano que desestabilizará todo el sur de Europa. Y como en el
País Vasco una ETA intacta se reparte las instituciones con el PNV,
tendremos euskorepública y el Cantábrico será tan rojo y verde como
el Mediterráneo. Supongo que rajoy.es y soraia.puf entregarán
Cataluña con otro artículejo en elpais.cat. O enviarán contra los
golpistas una brigada de dictámenes del Consejo de Estado y un
acorazado de recursos del Tribunal Constitucional; que a los
golpistas les vendrán bien si, como en Venezuela, en Cataluña
empieza a escasear el papel higiénico.
Pero es la República Popular que tras la victoria electoral que ya
anuncia el CIS pueden esgrimir o proclamar, según les convenga, los
coletudos en Madrid lo que convierte la fractura catalana en
explosión española. Si esto no cambia, vamos hacia un caos absoluto
y una ruina duradera. Porque lo malo no es que en España caiga una
monarquía; es que la sucedan siete repúblicas. Para empezar, dos.
Mas eleva el reto al Estado con su votación
sin garantías
EDITORIAL El Mundo 31 Octubre 2014
EL GOBIERNO tiene ya el aval del Consejo de Estado e impugnará hoy
la pseudoconsulta independentista del 9-N. Desde que a finales de
septiembre el Tribunal Constitucional suspendió la convocatoria del
referéndum y la ley que lo sustentaba, Artur Mas ha recurrido a todo
tipo de triquiñuelas para seguir adelante con su plan. La
Generalitat ha convertido un referéndum de autodeterminación en un
«proceso participativo»; ha movilizado a 40.000 voluntarios para
suplir las tareas que debían asumir los funcionarios; se ha valido
de mil subterfugios para mantener la propaganda pese al veto del TC
a la campaña institucional;y no ha dudado en tergiversar la Ley de
Comunicación Audiovisual para exigir a las televisiones y radios
privadas que difundieran gratuitamente anuncios promocionales del
9-N.
Esto último demuestra por sí sólo hasta qué punto la Generalitat
está implicada en la promoción de este sucedáneo de consulta, lo que
supone vulnerar el espíritu de la suspensión decretada por el TC. El
Gobierno ha tenido que actuar con cautela porque en esta ocasión no
había ningún documento que impugnar. Pero resulta evidente que la
Generalitat incurre en fraude de ley al impulsar, por otros cauces,
un referéndum separatista. Artur Mas se ha escudado en que las
asociaciones cívicas ANCy Òmnium abanderan la movilización a pie de
calle, pero su «falta de lealtad» y su «reiterada y pública voluntad
de eludir los mecanismos de control» están acreditadas. Así al menos
lo ha entendido el Consejo de Estado, cuya Comisión Permanente
respaldó ayer por unanimidad la pretensión de Rajoy de recurrir la
nueva consulta poniendo el acento en la implicación activa de la
Generalitat y apelando al mismo argumento que esgrimió el TC para
suspender el 9-N primigenio. A saber: que ninguna Comunidad ni
ningún ayuntamiento pueden organizar una votación, referendaria o
no, sobre un asunto que compete a la soberanía nacional, como es la
unidad del Estado. En este sentido, el hecho de que Artur Mas haya
mantenido las preguntas originales -«¿Quiere usted que Cataluña sea
un Estado? ¿Quiere que este Estado sea independiente:sí o no?»-
basta para demostrar que el ahora denominado «proceso participativo»
es una repetición nada inocente de la consulta impugnada hace un
mes. Es más, el hecho de que se trate de una votación sin censo, sin
ley que lo ampare y tutelada por los propios independentistas
«agrava» sus vicios de inconstitucionalidad.
El Gobierno se ve así en la obligación de recurrir un acto sin
valor, pero que paradójicamente constituye un desfío al Estado y un
quebranto de la legalidad. Ha hecho bien en actuar con prudencia y
aguardar a tener adecuadamente fundamentado el recurso porque no
sería inteligente arriesgarse a fallar en este segundo envite. El TC
se reunirá este martes y, tal como sucedió hace un mes, en el caso
muy probable de que admita a trámite la impugnación, el proceso
participativo quedará suspendido de forma cautelar. En cualquier
caso, y sea cual sea la decisión del Alto Tribunal, hay que exigirle
a Mas que se someta al mandamiento de los tribunales porque, en un
hipotético escenario de desobediencia, el Estado está capacitado y
legitimado para responder con firmeza al desafío.
El PSOEacierta en respaldar de antemano la decisión que pueda
adoptar el Gobierno frente al reto independentista, por más que
suponga una contradicción la posición del PSC, que pide a la
Generalitat que respete la ley a la vez que reclama a Rajoy que no
recurra el 9-N. Habrá que estar atentos y ver cómo se desarrolla la
jornada. Pero es un hecho que la tan cacareada astucia de Mas de
nada vale frente al imperio de la ley.
Un imposible fraude de ley
Editorial La Razon 31 Octubre 2014
Apocos ha podido sorprender el dictamen adoptado unánimemente por el
Consejo de Estado, en el que se respalda la previsible impugnación
ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de la
«consulta participativa» impulsada por la Generalitat de Cataluña.
El pueril ardid ensayado por los nacionalistas catalanes –negando el
acto formal de la convocatoria– no resiste el menor análisis legal
y, además, se compadece poco con los hechos. En primer lugar, porque
se trata de un evidente fraude de ley, como todos los actos que
buscan la cobertura de una norma –en este caso, la ley de consultas
aprobada por el Parlamento autonómico–para obtener unos fines
contrarios al ordenamiento jurídico; y en segundo lugar, porque es
imposible ocultar la evidencia de que el Ejecutivo catalán ha echado
mano de las instituciones y los recursos públicos para la
organización del sucedáneo de referéndum independentista. Como pone
de relieve la Comisión Permanente del Consejo de Estado, el hecho de
que Artur Mas no haya aprobado un decreto específico de convocatoria
en modo alguno impide apreciar la existencia de un acto jurídico,
sino que evidencia el propósito de eludir el control jurisdiccional.
Ciertamente, ese acto jurídico positivo existe y se refiere al mismo
objeto esencial –la consulta sobre la independencia de Cataluña– que
ya fue suspendido por el TC. Pero, además, lejos de atenuar los
vicios de inconstitucionalidad de que adolece el proceso, los agrava
con la omisión de las más elementales garantías democráticas como
son la neutralidad de los responsables del proceso y la previa
determinación del universo de votantes. Entiende, pues, el Consejo
de Estado que nos hallamos ante una actuación por parte de la
Generalitat de Cataluña que no es inocua, sino que atenta gravemente
contra el orden constitucional y la mera democracia. De ahí que, una
vez desmontado el subterfugio, que, por otra parte, a nadie
engañaba, no le quede a Artur Mas otra opción que suspender la
consulta del 9-N, so pena de colocar a las instituciones catalanas
ante una situación imposible de incumplimiento de la Ley. No sólo es
la única decisión posible, sino la más conveniente para los
intereses de todos los ciudadanos, especialmente de los catalanes,
sometidos desde el inicio del nuevo proceso a una presión social
asfixiante por parte de los partidos y movimientos independentistas
para forzar un resultado que, en cualquier caso, carecería de la
menor virtualidad. Es urgente que la situación política de Cataluña
vuelva a la normalidad y conseguirlo aún está en las manos de Artur
Mas. El Principado necesita un Gobierno que dedique sus esfuerzos a
buscar soluciones a los graves problemas económicos que acucian a
sus gobernados.
Cataluña
Semáforo amarillo
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 31 Octubre 2014
Guardo de mi infancia el recuerdo de insistentes alusiones, en las
tertulias de los adultos, al "peligro amarillo". Después del ataque
a Pearl Harbor, los japoneses ocupaban la mayor parte de Asia y su
expansión por el Pacífico parecía no tener límites.
Superada aquella etapa tras Hiroshima y Nagasaki, el "peligro
amarillo" cambió de localización geográfica pero continuó presente
en muchas conversaciones que yo tomaba con pinzas porque los años me
habían enseñado a no guiarme por estereotipos racistas. El comunismo
chino era peligroso, pero no por el color de la piel de sus
ideólogos y prosélitos sino porque formaba parte de un polifacético
movimiento totalitario internacional. Nunca imaginé, sin embargo,
que ya en mi vejez me tocaría ver el amarillo como una señal de
alerta, previa al rojo de peligro, en el semáforo de la política
española.
Aclamar a dictadores
Por un motivo que desconozco, aunque aparentemente tiene algo que
ver con los colores de las barras de la senyera y de su sucedánea la
estelada, el amarillo se ha convertido en el color emblemático de
los secesionistas catalanes. Las camisetas de color amarillo que
exhiben los manifestantes obedientemente encolumnados en las
abigarradas concentraciones callejeras traen a la memoria de los
veteranos las alarmantes imágenes de multitudes congregadas para
aclamar a dictadores de distinto pelaje, pero siempre enfundadas en
camisas de un color específico para demostrar que han renegado de su
individualidad y se han masificado: camisas negras los fascistas y
los SS nazis; pardas los SA nazis; verdes los escamots de Juventudes
de Esquerra Republicana-Estat Català, la Guardia de Hierro rumana y
el integralismo brasileño; verde olivo los castristas; azules los
falangistas –que podían ser nuevas o viejas–. Los carlistas se
encasquetaban la boina roja y los peronistas se descamisaban.
Escribía José Ortega y Gasset en 1929, en pleno apogeo de los
totalitarismos fascista y comunista (La rebelión de las masas,
Austral, 2012):
Creo que las innovaciones políticas de los más recientes años no
significan otra cosa que el imperio político de las masas. La vieja
democracia vivía templada por una abundante dosis de liberalismo y
de entusiasmo por la ley. Al servir a estos principios el individuo
se obligaba a sostener en sí mismo una disciplina difícil. Al amparo
del principio liberal y de la norma jurídica podían actuar y vivir
las minorías. Democracia y ley, convivencia legal, eran sinónimos.
Hoy asistimos a una hiperdemocracia en que la masa actúa
directamente sin ley, por medio de materiales presiones, imponiendo
sus aspiraciones y sus gustos. Es falso interpretar las situaciones
nuevas como si la masa se hubiese cansado de la política y encargase
a personas especiales su ejercicio. Todo lo contrario. Eso era lo
que antes acontecía, eso era la democracia liberal. La masa presumía
que, al fin y al cabo, con todos sus defectos y lacras, las minorías
de los políticos entendían un poco más de los problemas públicos que
ella. Ahora, en cambio, cree la masa que tiene derecho a imponer y
dar vigor de ley a sus tópicos de café.
Masificación retrógrada
El análisis del pensador es impecable, aunque hay que complementarlo
con el añadido del papel que desempeñan en este proceso los
demagogos y los personajes mesiánicos que guían a las masas en
función de su propia ideología o, peor aun, de sus propios
intereses. El resultado suele ser aberrante. El amarillo ya no es
sólo el color de las camisetas adoptadas voluntariamente, sino que
identifica los carteles que los militantes de la ANC invitan a
colocar en los escaparates de las tiendas de barrio. La ausencia del
cartel puede tener una connotación discriminatoria equivalente a la
presencia de la estrella de David en los comercios estigmatizados de
la Alemania nazi. Y, para demostrar que la imposición intimidatoria
del amarillo puede violar las normas más elementales de convivencia
en una comunidad civilizada, sobresale el caso de Poblenou del
Delta, "apacible pueblo turístico, emblemático por tener todas sus
casas y establecimientos pintados de blanco", donde los militantes
de la ANC, apoyados por el alcalde de CiU, invitaron a los vecinos a
pintar las fachadas de amarillo "para exigir el derecho a votar el
9-N" (LV, 13/10). Color único, pensamiento único, degradando al
vecindario para emular la barbarie de la Revolución Cultural
maoísta.
Este fenómeno de masificación retrógrada e intimidatoria invita a
rastrear su parentesco con el tronco originario del totalitarismo
europeo. Explica Stanley G. Payne (El fascismo, Altaya, 1996):
El fascismo [italiano] se creó mediante la nacionalización de
determinados sectores de la izquierda revolucionaria, y quienes
desempeñaron el papel central en su orientación conceptual fueron
sindicalistas revolucionarios que abrazaron el nacionalismo
extremista. Los sindicalistas revolucionarios, especialmente en
Italia, solían ser intelectuales o teóricos que procedían de la
matriz marxista y del Partido Socialista, pero que habían intentado
trascender las limitaciones o los errores que creían encontrar en el
marxismo ortodoxo. Eran partidarios de la acción directa y de una
doctrina matizada de la violencia, pero trataban de ir más allá de
los límites estrechos y sofocantes del proletariado urbano hacia una
movilización más amplia de los campesinos y otros sectores modestos
de productores.
Precisamente el iconoclasta impenitente Gregorio Morán está
practicando una autopsia despiadada de esta izquierda disuelta en el
magma nacionalista (LV, 25/10) y denuncia:
El viejo maestro Josep Fontana se ha vuelto muecín de mezquita
(almuédano, se decía en castellano antiguo) y ha proclamado que los
catalanes históricamente somos superiores a los castellanos, que no
se merecen ni que se les explique su inferioridad; una idea que tuvo
ya gran éxito en África del Sur.
Todo patas arriba
Fontana no es más que otro ejemplo de que la capa de pintura
amarilla que la Assemblea Nacional Catalana aplica con brocha gorda
sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, para subyugarlos,
homogeneizándolos, también enturbia la visión de algunos
intelectuales. Sólo así se explica que mientras éstos formulan
veredictos apocalípticos sobre las plagas de autoritarismo y
corrupción con que nos castiga el sistema del que ellos abominan,se
desentiendan de la creciente hegemonía del totalitarismo rampante.
Como si ellos también aspirasen a lucir el lazo amarillo que
reparten los salvapatrias.
Lo importante, para esta élite, como ayer lo fue para los fascistas,
los comunistas y los nihilistas de mayo del 68, es ponerlo todo
patas arriba. Cualquiera sea el resultado, ellos siempre encontrarán
un poderoso que los sostendrá en el vértice privilegiado de la
pirámide, adonde no llega la buena gente. Y nada mejor, para ponerlo
todo patas arriba, que apelar al idealismo purificador de los
jóvenes. Señala Payne en la obra ya citada:
La exaltación fascista de la juventud era excepcional, porque no
sólo le hacía un llamamiento especial, sino que además exaltaba a la
juventud por encima de las demás generaciones sin excepción, y en
mayor medida que ninguna otra fuerza se basaba en el conflicto entre
generaciones. (…) El culto fascista de la osadía, la acción y la
voluntad de un nuevo ideal, sintonizaba inherentemente con la
juventud, que podía responder de una forma que resultaba imposible a
públicos más viejos, más débiles y más experimentados y prudentes, o
más materialistas.
Josep Ramoneda, desnortado buscador de nuevas panaceas, opina que
"el equilibrio entre la autonomía del individuo y la multitud
siempre es complicado" (El País, 23/9), pero le reconforta que las
élites se sientan sorprendidas "cuando aparecen formas de respuesta
compartida, ya sea al modo Podemos o al modo del independentismo
catalán" (EP, 26/10). Poco le importa que los primeros alimenten la
ambición de equiparar España a las satrapías del Tercer Mundo y los
segundos, más sofisticados, se propongan transformar Cataluña en un
feudo identitario devuelto a las tinieblas del siglo XVIII y
desconectado de las instituciones europeas del siglo XXI. Lo que lo
estimula es la ilusión de rejuvenecerse poniéndolo todo patas
arriba.
Viraje al rojo
Con un colofón revelador. Ramoneda deposita su confianza, como hemos
visto que lo hacían los fascistas, en los jóvenes (EP, 23/9):
Por mucho que la melancolía nos induzca a los mayores a pensar que
nuestros hijos errarán sin nosotros, el futuro les pertenece. Y son
ellos los que decidirán.
¿El futuro les pertenece? ¿Este aserto no le trae a Ramoneda algún
recuerdo inquietante? Si consulta en You Tube la escena de la
película Cabaret donde un joven vestido con la camisa (¡ah, las
camisas!), el correaje y el brazalete nazis, interpreta la canción
"Tomorrow belongs to me" (El mañana me pertenece) y excita
paulatinamente el entusiasmo de los pacíficos burgueses reunidos en
un mesón de campaña, se dará cuenta de que quizás el subconsciente
lo traicionó al elegir la frase. Una frase que hace virar el
semáforo al amarillo, ese color que la ANC intenta imponer
coactivamente en Cataluña y que presagia el viraje al rojo. Señal de
peligro.
Las 'violencias' de Urkullu
ANA VELASCO VIDAL-ABARCA El Mundo 31 Octubre 2014
A TENOR del deseo pública y reiteradamente expresado por el
lehendakari Urkullu, las políticas sobre ETA -que no en su contra-
cada vez están más dirigidas hacia la «reconciliación» y la búsqueda
a cualquier precio de la «paz». Esta cuestión, de enorme
trascendencia social y ética, ha pasado a ser tratada con un perfil
tan bajo que se ha convertido en casi clandestina, aplicando una
estrategia diseñada a la medida de los intereses del nacionalismo
vasco.
Ocurre, sin embargo, que ese perfil bajo, ese marcar el paso, las
pautas y los tiempos por los nacionalistas, seguido a pies juntillas
por el Gobierno de la Nación, lo que está consiguiendo es favorecer
que se asiente la tesis del olvido sin justicia, de los falsos
arrepentimientos, de la equiparación de «violencias», de la
difuminación de la culpa y de la permisividad con la propaganda
justificadora de tantos años de terror.
Una prueba irrefutable de los planteamientos que está promoviendo y
ejecutando el Gobierno vasco sin resistencia por parte de
prácticamente nadie, la encontramos en el artículo publicado
recientemente por Iñigo Urkullu en este diario, en el que con muy
buenas palabras, concesiones iniciales y eufemismos varios, acusa
solapadamente de torturadoras a las Fuerzas de Seguridad del Estado
al aseverar : «Estamos trabajando en la clarificación de violaciones
de derechos humanos de todo signo y en el reconocimiento de todas
sus víctimas». Esos «todos» que tanto gustan de emplear los que
buscan la equiparación, los que pretenden poner en el mismo plano al
que mata y al que muere, los que creen que en ocasiones el crimen
puede tener una motivación redentora, los encontramos por doquier en
los documentos que elaboran los organismos de la comunidad vasca
dedicados a buscar la «reconciliación».
Urkullu nos propone que «todos» -¿quiénes son todos?- hagan una
revisión crítica en materia de derechos humanos y quizá por eso,
porque cree que los crímenes cometidos por ETA tenían una cierta
justificación, se empeña en presionar -con éxito- para que se
modifique la política penitenciaria y además diseña políticas de
«resocialización de presos» -léase de etarras, los demás no le
importan nada- repitiendo una y otra vez, sin aclarar a qué se
refiere -aunque lo sabemos perfectamente- que es necesario el
reconocimiento del «daño causado» -como si fuera un pellizco de
monja- que han provocado el terrorismo, la violencia y «todas» -otra
vez- las vulneraciones de derechos humanos. Parece claro que el
lehendakari considera que el Estado Español tiene la misma
responsabilidad que ETA con sus 858 asesinatos, por cierto, buena
parte de ellos de policías y guardias civiles sobre los que extiende
mezquinamente la sombra de la sospecha, sin valorar ni por un
instante su sacrificio y abnegación.
Señor Urkullu, hace tres años que ETA anunció -con otro eufemismo de
los que a usted tanto le gustan- el cese definitivo de la «actividad
armada», pero no anunció su final, como usted dice en su artículo.
Por favor, sea más riguroso en sus afirmaciones -el cargo obliga- y
aunque es cierto que ahora vivimos más tranquilos, no podemos
renunciar a aspirar a vivir libres de intoxicaciones, de mentiras
injuriosas y de planes de paz manipuladores que lo que buscan es
redimir a los culpables mientras estigmatizan a las víctimas
llamándolas vengativas si no se avienen a los nuevos tiempos. Unos
nuevos tiempos que pretenden basar la convivencia en la impunidad
política, social y penal de los más abyectos criminales que España
ha padecido en siglos. No todos somos iguales, señor Urkullu, ni
tenemos la misma responsabilidad en el «daño causado». No hay más
que leer la nauseabunda entrevista al carnicero de Mondragón, que ha
sido excarcelado gracias a la derogación de la doctrina Parot, para
darse cuenta. Si se quiere.
Ana Velasco Vidal-Abarca es hija de Jesús Velasco, asesinado por ETA
en 1980, y de Ana María Vidal-Abarca, fundadora de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT).
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