AGLI Recortes de Prensa   Viernes 31 Octubre  2014

Aplicar el 155
EDITORIAL Libertad Digital  31 Octubre 2014

El simulacro de consulta convocado por la Generalidad para el próximo 9 de noviembre vuelve a cuestionar la autoridad del Estado en una parte de España cuyas autoridades llevan mucho tiempo formal, política y jurídicamente fuera de la ley. La respuesta de Rajoy a la abierta rebelión del Gobierno regional catalán no ha tenido hasta el momento la contundencia que cabe exigir en asuntos de tal gravedad. No parece que la situación vaya a cambiar, vista la tímida respuesta a la última estratagema de Artur Mas para realizar una algarada con urnas dentro de tan sólo diez días. Un dictamen del Consejo de Estado con disquisiciones jurídicas sobre la necesidad o no de que haya un acto jurídico formal que dé cobertura administrativa a la convocatoria es, hasta el momento, la única acción que han llevado a cabo los poderes del Estado para enfrentarse a una operación sediciosa en Cataluña patrocinada por autoridades del Estado.

La inexistencia de una respuesta firme que ponga fin a la deslealtad de las autoridades separatistas vulnera la Constitución, socava la autoridad del Estado y agrava la frustración que sienten con toda justicia los ciudadanos catalanes que quieren seguir siendo españoles y ejercer sus derechos como tales. La narrativa histórica y cultural a través de la enseñanza pública se ha dejado voluntaria y dolosamente en manos de los nacionalistas, con el resultado de que dos generaciones envenenadas en el odio a España están siendo llevadas a un proceso de ruptura que puede ser imparable. Contraponer a esta operación totalitaria, que tiene movilizada a una parte nada desdeñable de la sociedad catalana, un dictamen jurídico de un grupo de sabios es la demostración palpable de hasta qué punto el Estado ha hecho dejación de sus funciones en este terreno.

Y sin embargo la propia Constitución contiene la clave para deshacer situaciones de excepcionalidad como la provocada en Cataluña desde que la Generalidad decidió ponerse fuera de la ley. En su artículo 155 tiene el Gobierno de Rajoy el precepto constituyente que debería invocar de inmediato para poner en marcha las previsiones legales necesarias y acabar con esta operación sediciosa. La Generalidad de Cataluña no cumple "las obligaciones que la Constitución y las leyes le imponen" y, además, está actuando "de forma que atenta gravemente al interés general de España", los dos requisitos que obligan al Gobierno a poner en marcha los mecanismos establecidos en el citado artículo.

No se trata de una opción voluntaria, sino de la obligación que la Carta Magna impone al Gobierno cuando se dan casos de esta gravedad. En cambio Rajoy, que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, ha decidido seguir ganando tiempo con fines electorales, aunque su inacción provoque un daño irreparable a España y a los españoles.

Crisis nacional
El dilema del moderado
Emilio Campmany Libertad Digital 31 Octubre 2014

Es llamativo que muchos desencantados, después de haber votado durante décadas con moderación, en vez de buscar hoy a otros partidos igualmente moderados que tengan un programa de regeneración se han lanzado en brazos de la más extremista de las nuevas propuestas. Sin embargo, quedan electores desencantados que desean seguir siendo moderados y no quieren, por muy indignados que estén, dejarse arrastrar por el radicalismo. Para ellos hay opciones moderadas con propósitos regeneracionistas. Está la de izquierdas, representada por UPyD; la transversal, es decir, la de Ciudadanos, y la de derechas, que abandera Vox. Pero parece que ninguna de ellas está logrando ser suficientemente atractiva como para suponer una alternativa a Podemos. De manera que los que desean seguir siendo moderados pero abominan del PSOE y del PP y de sus corrupciones pueden desde luego dar el voto a estos partidos, pero sabiendo que a corto plazo no será muy útil.

Si cuando llegue el momento de votar en las elecciones generales el panorama sigue siendo el que hoy dibujan las encuestas, el votante moderado que desee una verdadera y profunda regeneración tendrá un gran problema. En esas elecciones los partidos moderados de regeneración no tendrán ninguna oportunidad y lo único que se discutirá es si Podemos podrá, con o sin la ayuda del PSOE, llevar a cabo su reforma radical, o si por el contrario todo seguirá poco más o menos como siempre con el PP, en alianza o no con el PSOE. Es la alternativa Arriola: o gobierna Pablo Iglesias o lo hace Rajoy. En estas condiciones, el elector regeneracionista moderado puede sentirse atrapado en la disyuntiva de tener que elegir entre Podemos, si prima en él el deseo de cambio, aunque sea a peor, y Rajoy, si pone por encima de todo la moderación, aunque sea corrupta. Votar al PSOE significará dejar en manos de los socialistas la decisión, ya que a lo más a lo que pueden aspirar es a tener la llave para dar el Gobierno a Podemos o al PP.

Y sin embargo, el moderado regenerador debería superar la tentación del voto útil, porque, tal y como están las cosas, la última esperanza de una verdadera regeneración está en esos tres partidos, si es que, como parece, la desean sinceramente. Ya sé que tendrán que atravesar un desierto y que sus votantes tendrán la sensación de haber tirado el voto a la basura. Pero cuanta más fuerza tengan durante la legislatura de hierro que nos espera a partir de 2016, más posibilidades habrá de que puedan aplicar su programa en 2020. Abandonarles ahora por el mal menor, sea del color que sea, es tanto como renunciar definitivamente a la regeneración que España necesita y que, desde luego, no es ni la comunistoide de Pablo Iglesias ni la de mero maquillaje que Rajoy vende. No deben consentir los moderados que desean la reforma que todo se resuelva entre radicales y conformistas.

La hora de la verdad.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 31 Octubre 2014

Hasta ahora en el desafío secesionista declarado por Artur Mas, el Gobierno de la Generalidad y los partidos nacionalistas, se ha querido circunscribir como un asunto meramente interno de España y en el que la UE se ha manifestado siempre de forma muy forzada con el mensaje de que en el supuesto de que la autonomía de Cataluña se independizara de España, en ese momento dejaría de pertenecer a la UE. Sin embargo no se ha tratado el escenario de que a corto plazo el proceso de disgregación de España continuase en una balcanización que crease otros mini Estados independientes como El País Vasco con Navarra integrada, Canarias o la inclusión de Baleares y la Comunidad de Valencia en los Paysos catalans. ¿Seguiría siendo lo que quedase como España miembro de la UE y en la zona Euro?

Sé que ese escenario muchos analistas ni lo contemplan por calificarlo de irreal. Sin embargo lo que sí es real es la timidez con la que está reaccionando el Gobierno de España y los principales partidos PSOE y PP. El Gobierno lejos de dar una respuesta contundente está permitiendo que Artur Mas siga impunemente desafiando la legalidad y calificando su actitud de astuta con el enemigo. No parece este Gobierno dispuesto a ir más allá de ampararse en las impugnaciones y en el Tribunal Constitucional como argumento jurídico para declararlo ilegal, algo que Artur Mas y su ejecutivo desprecian, ignoran y desobedecen sin que haya reacción alguna para impedirlo. Una actitud delictiva que hoy por hoy sigue siendo impune.

En cuanto al PSOE sigue en su esquizofrenia federalista con un doble discurso en el que el PSC dice una cosa y la contraria, sumándose a la realización de la consulta ilegal, incluso en forma de sucedáneo de consulta sin garantías, mientras que rechaza la declaración de independencia. Una situación que da una idea de la falta de liderazgo real de Pedro Sánchez al que solo le queda la opción de expulsar de la federación al PSC y refundar el PSOE en la comunidad autónoma de Cataluña, si quiere mantener un discurso coherente y creíble. Porque otros como PODEMOS ya se han posicionado de forma clara no solo a favor de que se realice el referéndum sino también a favor de la declaración unilateral de independencia. Así que ya sabemos lo que quieren para España.

En cuanto al PP desgraciadamente no existe ni oposición ni siquiera una corriente crítica que denuncie la pasividad de este Gobierno y de su Ejecutiva Nacional a la hora de aplicar las medidas previstas en la Constitución para devolver a la Comunidad Autónoma de Cataluña la normalidad democrática. Como ya he reclamado desde el principio de este desafío secesionista, la única alternativa legal es la de aplicar el artículo 155, suspendiendo la Autonomía y poniendo a disposición judicial a los integrantes del Gobierno de la Generalidad por los delitos de desobediencia al estado y al Tribunal Constitucional, deslealtad institucional y actos de sedición. Su máximo responsable es Artur Mas y el portavoz del Gobierno Francesc Homs y como principales instigadores los representantes de ERC y la CUP.

Mariano Rajoy debe ser instado a actuar para finalizar de una vez lo que debió ser evitado desde el principio con la convocatoria ilegal de un referéndum territorial sobre la secesión de Cataluña del resto de España. Está en juego la Unidad de España, su futuro como miembro de la UE, su estabilidad económica y su prestigio. Es deber de las FFyCCSE y de las FFAA mantener el orden constitucional y defender la Unidad de España y la soberanía nacional del pueblo español.

En ningún caso se debe permitir que se abran los falsos colegios electorales y mucho menos que se formen las mesas y se dispongan de papeletas para la votación. Cualquier acto en ese sentido debe ser impedido por las FFyCCSE.

Cataluña
La astucia de Mas, impugnada
Cristina Losada Libertad Digital 31 Octubre 2014

Como tantas otras maniobras del presidente Mas, la del sucedáneo de consulta para ver si cuela (si se la cuela tanto a la ley como a su propia parroquia) plantea el dilema de tomarla en serio o tomarla a coña. Es un dilema que siempre surge ante el nacionalismo por el aire ridículo que tienen sus redobles, pero lo más seguro es que no haya otro remedio que tomarlo de las dos maneras a la vez. En este caso, como payasada y como fraude de ley. De modo que no sólo hace bien: cumple con su obligación el Gobierno al poner en marcha la impugnación de la charlotada que ha convocado la Generalidad expresamente como una "astucia" para burlar y burlarse de lo que Mas llama “el Estado”, es decir, para burlar la ley.

Es llamativo y revelador que un presidente autonómico, un cargo público, haya tenido el atrevimiento de presumir de astucia. Justo, además, cuando un reguero de casos de corrupción, algunos muy notables en Cataluña, muestran la cara y la caradura de los astutos cuando se ponen a depredar recursos públicos. Que un político crea que van a aplaudirle por su astucia para burlar la ley es indicativo de una "inveterada deshonestidad en las relaciones con lo verdadero", por decirlo a la manera de Jean-François Revel. El mismo Revel que en otra ocasión manifestaba su asombro por el hecho de que se alabara “a un hombre público por su astucia, su arte en embaucar a la opinión pública y en engañar a sus rivales”. Es, decía, “como si los clientes de un banco elogiaran al director por su talento como ratero”.

Esa consulta alternativa a la consulta es, a fin de cuentas, una votación y una en la que el gobierno catalán quiere repartir unas papeletas con las mismas preguntas que se hacían en la suspendida por el Tribunal Constitucional. Se trata de conseguir el mismo objetivo que en el referéndum disfrazado de "consulta no referendaria", ahora enmascarándolo de “proceso participativo”. Baile de máscaras carnavalesco aparte, la astucia ha consistido en no poner nada por escrito, no firmar decretos ni órdenes, no encargar ninguna tarea específica a funcionarios y hacer recaer la logística en personas que se presentan voluntarias. "No hay nada que impugnar", se jactó el portavoz Homs. “Ignorancia supina”, replicaba el catedrático Francesc de Carreras en un artículo; "la actividad administrativa también es recurrible cuando actúa por la vía de los hechos. Si no fuera así, el gobernante podría actuar sin límites y el Estado de Derecho quedaría hecho trizas".

Había una tentación posible. Una de esas tentaciones que se presentan muy cucas con la bonita etiqueta de "hacer política". Era dejar que el guateque se celebrara, con su banda de música, urnas de cartón y papeletas de pega, y se viera que sólo acudía a la fiesta una fracción minoritaria del censo. Que se viera que eran los de siempre, los de la cadena, la vía, y la uve; o sea, las huestes de esa señora cuyo nombre no recuerdo ahora, y ni uno más y hasta puede que alguno menos. De ese modo, a la vista de la escasa afluencia, el globo independentista se desinflaría hasta nueva noticia, el propio Mas tendría razones para modificar el rumbo y al final todos serían felices y comerían perdices. Como en los cuentos, sí, porque son demasiadas suposiciones, y todas en una misma dirección, como para dar por bueno el pronóstico. No. No puede ser bueno consentir un fraude de ley para tratar de cambiar, y sin garantía alguna de mejora, una situación política. Igual que no pueden serlo esas “soluciones políticas” que reclaman Mas y tantos otros. ¿Por qué le llamarán política a burlar la ley?

Desafío secesionista
Hipócrita impugnación del 9-N
Guillermo Dupuy Libertad Digital 31 Octubre 2014

En lugar de presentar una denuncia por fraude de ley y acusar a Mas de los delitos de prevaricación, coacciones y malversación de fondos públicos, tal y como UPyD hacía el martes de la semana pasada, ¿por qué el Gobierno de Rajoy se plantea ahora una mera impugnación del nuevo 9-N? Pues por la misma razón por la que, con ocasión del nombramiento de la junta electoral del viejo 9N, en lugar de presentar una querella contra Mas, tal y como también hizo UPyD, el Gobierno prefirió plantear contra la Generalidad un mero "incidente de ejecución". La razón era y es que ambas impugnaciones no implican denuncia de delito alguno y, por tanto, no reclaman tampoco reproche penal alguno.

Que la prioridad de Rajoy sea no intervenir la Administración regional catalana por razones jurídicas o financieras no significa que el presidente del Gobierno disfrute viendo cómo los gobernantes autonómicos de Cataluña aprovechan la impunidad y la financiación extraordinaria que el Gobierno del PP les otorga para llevar a cabo su carísimo e ilegal proceso de transición nacional. Ahora bien, todos debemos ser conscientes –insisto– de cuál es la prioridad de la calamidad histórica que preside el Gobierno de España.

¿Creemos que, por que no lo denuncie, a Rajoy no le parece mal la existencia de un Consejo Asesor para la Transición Nacional en Cataluña, organismo no menos nutrido de fondos públicos y no menos desafiante a nuestro ordenamiento jurídico que la consulta de marras? Claro que le parece mal, pero le puede su prioridad.

¿Creemos que Rajoy no ve la clamorosa desobediencia a nuestros altos tribunales que constituye la coactiva e inconstitucional inmersión lingüística en Cataluña? Claro que la ve, pero le puede su prioridad.

¿Creemos que Rajoy no percibe los clamorosos incumplimientos –no sólo de la Generalidad– a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, incumplimientos que justificarían, más que de sobra, la aplicación de los mecanismos de "sanción e intervención" que esa misma ley contempla? Claro que lo percibe, pero le puede su prioridad.

¿Creemos que Rajoy considera que los gobernantes catalanes no están atentando tan gravemente al interés general de España como para intervenir la Generalidad al amparo del artículo 155 de la Constitución? Claro que no, pero le puede su prioridad.

Para negar validez jurídica a los resultados del 9-N no hace falta una impugnación de su convocatoria. Y para castigar o dejar de financiar tan reiterado fraude de ley, de nada sirve. Tan sólo sirve para ocultar la irresponsable prioridad de nuestro indeseable presidente de Gobierno.

España y corrupción: siempre que llueve, escampa
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 31 Octubre 2014

Parece que los españoles se acaban de enterar de que en España había corruptela para dar y tomar, lo cual puede ser considerado pecadillo venial en el caso de Juan Español, pero resulta pecado mortal sin paliativos en la clase periodística, la clase que estos días más exagera la nota.

El espectáculo roza la histeria colectiva. El simulacro de general indignación, el ruido de blusas rasgadas, el intento por ver quién dice la frase más rotunda, más redonda, más cargada de adjetivos cercanos a lo escatológico (“el hedor de la mierda” y por ahí) contra la corrupción, está alcanzando proporciones nunca vistas por estos pagos. Parece que los españoles se acaban de enterar de que en España había corruptela para dar y tomar, lo cual puede ser considerado pecadillo venial en el caso de Juan Español, dedicado como está a sus menesteres, pero resulta pecado mortal sin paliativos en la clase periodística, la clase que estos días más exagera la nota, más barullo arma en la carrera por ver quién gana los 100 metros lisos del epíteto más poliédrico contra la maldita corrupción. Se trata, en muchos casos, de ver quién mea más lejos.

Desde los lejanos días de Filesa e Ibercorp, quien esto suscribe ha sido consciente de que el ciudadano que ha querido saber ha sabido de sobra dónde le apretaba el zapato a esta democracia que salió voluntariosa de astillero, navegó ilusionada los primeros años y pronto empezó a enseñar por las costuras los errores de diseño cometidos por los llamados padres de la patria. Hubo tiempo de sobra para haber enmendado el rumbo, pero no se hizo. Lo que resulta llamativo es que hoy haya tanta gente en la tropa periodística que se dice escandalizada por el fenómeno de la corrupción, escandaloso que se haya dado cuenta ahora de lo que ocurría en este su país llamado España. Lo alucinante es que algunos, bastantes, de los que estos días se rasgan las vestiduras son tipos que hacen información (los menos) y escriben columnas de opinión (los más) y al mismo tiempo tienen un pie en la otra orilla, porque participan en gabinetes de comunicación, asesoran a empresas y/o empresarios y en definitiva, hacen negocios. Es decir, navegan en la misma barca de corrupción que dicen querer denunciar. Fariseos.

Que la prensa, los medios de comunicación tienen, tenemos, una parte muy importante de culpa en la situación que ahora nos aflige es una verdad como un templo, aunque quizá no sea este el momento de abordar tal cuestión. Sí lo es el hecho insólito de que incluso algunos prebostes de nuestro sistema financiero participen en la procesión de plañideras a punto de ahogarse en la ola de basura que nos invade. Es el caso de un consejero delegado que, al parecer, ayer mismo dijo en público que “hay que echarse a la calle contra la corrupción”, como si el banco en el que trabaja se dedicara a hacer obras de caridad con la concesión de préstamos e hipotecas. Es un ejemplo que viene a poner de manifiesto la falta de mesura que mucha gente, muchos estamentos, están mostrando en esta hora crítica de España. ¿Está el establishment bancario dispuesto a echarse a la calle para asaltar el palacio de invierno, o es que aquí nos hemos vuelto todos locos?

La corrupción existe desde siempre. En España y fuera de ella. Lo que hace falta es voluntad democrática para perseguirla y condenarla conforme a Ley. Reparemos en el caso de Italia, cuyo presidente de la República, Giorgio Napolitano, fue interrogado este martes como testigo en un juicio penal, un proceso que se desarrolla en Palermo sobre los presuntos manejos entre el Estado y la mafia. Eso es corrupción y lo demás, una broma. Les ahorro el relato de lo que sucede en Francia o en los USA con los sobornos municipales. El fenómeno nuevo en España -al margen de la peculiar desvergüenza exhibida por esos Granados que seguían a lo suyo, es decir, al trinque, cuando medio país estaba ya alzado en armas contra el latrocinio-, es que por primera vez lo sucedido ha llegado a los predios del español de a pie, ha alcanzado el mercado de abastos, ha tocado al ama de casa, ha subido por el andamio donde curra el obrero. Eso es lo nuevo, y es lo que convierte en trasversal el fenómeno de la protesta colectiva y lo dota de una fuerza de futuro desconocida hasta ahora.

Algún tipo de cirujano de hierro
Porque hasta ahora, más menos, el votante español no ha castigado la corrupción; a partir de ahora, sí. A partir de ahora nuestros partidos tendrán que atarse los machos, como se evidenció en las europeas del 25 de mayo pasado. La catarsis es imparable, y está por ver, como ya se dijo aquí hace escasas fechas, si la dirigen y encabezan los partidos –con estos bueyes hay que arar- beneficiarios del sistema, o la hacen directamente los ciudadanos entregando el poder, en un acto de suprema rebeldía, a algún tipo de cirujano de hierro dispuesto a cortar por lo sano. Esta es la gran incógnita española del momento. Sé que resulta en extremo difícil confiar en que quienes nos han traído hasta aquí chapoteando en el lodo vayan a ser capaces de limpiar la casa de arriba abajo para ofrecernos un edificio nuevo cargado de futuro, pero sería un grave error descartar esa posibilidad.

De hecho las instituciones, mal que bien, están funcionando. La Agencia Tributaria está haciendo su trabajo, como lo están los jueces de la Audiencia Nacional, y las fuerzas y cuerpos de seguridad en sus distintas variantes. No hay noticia, al menos que se sepa, de que el Gobierno de la nación esté poniendo palos en la rueda de la Justicia, aunque sería deseable -en realidad estamos ante una demanda convertida ya en clamor- que nuestro sistema judicial fuera más eficiente y sobre todo más rápido, porque resulta inaceptable que en un caso como el de Gürtel, tras 6 años largos en el candelabro, ni siquiera tengamos indicios razonables sobre la fecha de apertura de juicio oral. Lo que nos lleva a puntualizar que no todas las culpas son del Gobierno, ¡porco Governo!, ni de la clase política.

Si la revolución no se hace desde dentro, si el saneamiento integral de un sistema que ha llegado muerto hasta la piedra miliar de 2014 no se aborda de manera controlada, se hará desde fuera y es posible que por la fuerza: a través de las urnas, primero, y después ya veremos, siguiendo pautas muy estudiadas y detalladas en los libros de Historia. Serán siempre soluciones más caras y probablemente más dolorosas, porque en general estropean más de lo que arreglan. Soluciones basadas en la fórmula de “tratar de ayudar al pobre arruinando al rico”, que dijo Lincoln. El fracaso de las elites venezolanas, por citar un país de moda al respecto, a la hora de construir un Estado moderno digno de tal nombre trajo como consecuencia la llegada de Chávez. En el pecado, la penitencia. El régimen chavista no ha arreglado el desastre social que preside la vida de uno de los países más ricos del mundo, pero ha dañado gravemente muchas de las libertades básicas que distinguen a las democracias dignas de tal nombre. Los nuevos ricos del chavismo se lo siguen llevando a Miami como hacían los viejos ricachones de antaño.

Políticos que corren como ratas asustadas
En esta hora en que los tambores de Calanda de quienes denuncian la corrupción apenas dan opción para algún tipo de reflexión serena, es el momento de pedir continencia a quienes deberían venir obligados a proponerla (empezando por esos diputados del PP y PSOE que estos días corren cual ratas asustadas, propagando todo tipo de rumores alarmistas, francamente afligidos ante la posibilidad de perder sus canonjías). Es cierto que ocasiones hay en la Historia en que los países, las naciones, los pueblos deciden pegarse un tiro en la sien, pero sería una locura que los españoles nos dejáramos arrastrar por una especie de excitación global capaz de hipotecar lo alcanzado hasta ahora. No es momento para ningún suicidio colectivo. Tampoco, creo yo, de abrir una causa general contra el sistema, y menos aún contra esos partidos a los que con tanta justicia se ha criticado aquí tantas veces.

Reconociendo la proverbial escasa memoria de los españoles para reflexionar sobre su pasado, tal vez no resulte ocioso recordar aquí y ahora que esta pobre y mancillada democracia nuestra, esta democracia imperfecta de la que disponemos, costó sangre, sudor y lágrimas de mucha gente, costó la vida de muchos españoles que se la dejaron en el empeño. Alguien dijo que “es una gran ironía que la prosperidad permita a la posteridad el lujo de olvidar su origen”. Nuestra obligación, por eso, es mejorarla, no arrojarla por el sumidero de lo superfluo, ni despeñarla por el barranco de las emociones colectivas desbocadas. Es la hora de la acción, pero también de la reflexión. De la templanza. Siempre que llueve, escampa.

Corregirlo es posible
J. L. González Quirós www.vozpopuli.com 31 Octubre 2014

Escribió Cela en cierta ocasión que en España hay una rara esquina de sabios que no deja la saludable huella que cabría esperar, que no consigue que el común de los mortales se aproveche de lo que averiguan. Basta reparar en que ‘el pequeño Nicolás’ parece ser un estudiante peor que mediano para entender lo que nos pasa, que la inteligencia juega un papel escasamente brillante en nuestras vidas: damos importancia al poder, a la apariencia, a la riqueza, a las relaciones, a muchas formas de éxito mundano, pero no apreciamos ni poco ni mucho lo que nos pueda decir alguien que haya pensado a fondo en cualquier cosa. No se trata ya de que nuestra ciencia o nuestro I+D no esté a la altura que sería lógico estuviera, visto el resto de características y condiciones en que transcurre nuestra vida colectiva, sino de que tampoco acabamos de dar con la clave para hacer que nuestra política deje de ser un motivo de sonrojo y se convierta en una manera inteligente de resolver los problemas comunes.

Una crisis muy diagnosticada
El predominio de la charlatanería nos lleva a atribuir causas sobradamente solemnes a nuestros problemas, en lugar de dirigirnos a las soluciones más inmediatas y sencillas. Algunos labran su fama anunciando una y otra vez el Apocalipsis, la crisis moral que nos corroe, el fin del sistema, el ocaso de una era. Todo puede acabar siendo verdad, entre otras cosas porque existe lo que se llaman “profecías que se autocumplen”, pero esa clase de diagnósticos equivaldría a que llevásemos el coche al taller y el mecánico nos hablase de las fisuras en el paradigma de la Física clásica, por supuesto que sin arreglar el auto.

No es que no sepamos lo que nos pasa, lo que ocurre es que existe el riesgo de que nos deslicemos por la pendiente del delirio y, lejos de arreglar enérgicamente nuestros problemas, nos entreguemos a los consejos de los nuevos Savonarolas, al diagnóstico de algunos nigromantes que parecen haber aprendido en la universidad del vudú.

La causa primera de la corrupción
Mientras nos entretienen con disquisiciones, tan agrias como absurdas, sobre si la corrupción es sistémica, o se trata de brotes aislados, aunque frecuentes, no caemos en que lo más importante es corregir lo que la hace no ya posible sino inevitable. No me refiero a la tendencia a robar, que existirá mientras haya quien pueda hacerlo y se aplauda al rico independientemente de sus razones, sino a las condiciones que hacen posible el robo y que son, casi exclusivamente dos: un gasto público muy por encima de lo que sería necesario con una buena administración, y aquello que lo impone, la absoluta falta de transparencia en el control del gasto, y el hecho realmente inaudito de que quienes debieran controlarlo, los partidos políticos, nunca pretendan limitarlo sino aumentarlo, falsa moneda con la que compran el servilismo de sus adictos más necios, lo que les permite ejercer sus funciones, supuestamente en nuestro nombre, en medio del más clamoroso desprecio a cualquier cosa que pueda llamarse democracia. Que unos personajes de incuestionable segundo nivel hayan podido llevarse casi trescientos millones de euros sin que ninguna institución advierta ni fraude ni exceso, exige necesariamente que nuestros presupuestos estén muy por encima de lo que se requiere y que nuestros sistemas de control sean tan ineficaces como perversos, y esto puede arreglarse perfectamente porque no es cosa que pase en todas partes ni a todas horas.

Es hipócrita, y un punto cínico, pedir perdón
Esta semana el nivel de los excrementos ha llegado tan alto que Esperanza Aguirre ha pensado que lo inteligente era pedir perdón, y Rajoy, siempre tan ágil en sus reflejos, ha imitado el gesto humilde de la lideresa. ¡Cómo se nota que ya no estudiamos el Catecismo en la enseñanza primaria!, porque ahí se aprendía sin género alguno de dudas, que el perdón requería el arrepentimiento y el propósito de enmienda, y sobre eso no se nos ha dicho nada. Dicen que se han equivocado al escoger sus colaboradores, y esa confesión delata uno de nuestros problemas más de fondo, que todo el que está en política ha de ser cooptado desde arriba, una cualidad que, quienes creen escasamente en la democracia, consideran como una ley tan rígida e inexorable como cualquiera de las de la naturaleza, pero no es el caso. Nuestros partidos, sin apenas excepción, le parecerían escasamente liberales a tipos tan poco aficionados al género como Stalin o Castro, y como diría el clásico, el que lo probó lo sabe.

Lo que permite la corrupción no es que ocasionalmente se escoja a personas con escasa propensión a la decencia, sino el hecho de que cualquier político no haya de responder a otro control que el que le viene de arriba, del dedo divino que lo puso en la envidiable situación en que se encuentra, y que su única preocupación haya de ser no darle disgustos para que lo mantenga en el escaño y/o en la poltrona. La virtud esencial de un político, en un escenario semejante, pasa a ser su capacidad de halago y su habilidad para seguir comprando voluntades que se plieguen a los planes del mando. Hemos construido unos partidos que son una máquina de producir sumisión, ocultismo y corrupción: literalmente lo contrario de lo que se supone debieran ser.

Ley de partidos e independencia judicial
¿Qué pintan en este cuadro los ciudadanos. Los militantes de un partido? Nada, pueden aplaudir cuando se les convoque a un acto. Es hipócrita olvidar que el problema no reside en haberse equivocado en algunos cientos, sino en estar sentado en la cúspide de un sistema que raramente puede producir otra cosa que disparates varios. Si a esto se le añade una hábil cohabitación con el poder económico financiero y un pastoreo certero de los medios de comunicación, estaremos ante un panorama tan idílico como el del pujolismo en Cataluña que, por lo que se ve, no ha dejado de seducir a buena parte de nuestros líderes, por mucho que se motejen de liberales.

Todo el amplio repertorio de corruptelas que nos abruma es posible, y casi inevitable, porque en los partidos no existe otra ley ni otra libertad que el deseo del líder, y porque, para su eterna deshonra, los señores que forman el legislativo han consentido una estructura del poder judicial que pone a los jueces al servicio de la partidos, que hace sumamente improbable que un juez pueda atreverse a procesar a quienes pueden reducirle el salario a nivel de cualquier mileurista. Que los ciudadanos continúen votando a partidos que han destruido tan alegremente el edificio de libertades que suponíamos haber construido no deja de ser sorprendente, pero así son las cosas. Ley de partidos e independencia judicial: quienes no nos aseguren inmediatamente lo uno y lo otro no debieran merecer el voto de nadie.

Una de dos, o reforma política o gorila salvador
El pesimista cree que las cosas nunca tienen remedio, el optimista cree que es fácil lograrlo. Lo realista es ponerse a hacer lo que parece más inteligente, tratar de rectificar el ritmo decadente y corruptor que lleva la democracia española con medidas que todos los electores puedan apoyar. Hace falta líderes valientes que se sobrepongan a las dictaduras de partido, que venzan el miedo a ser considerados traidores por sus aparatos, a sufrir el destierro. Quienes sepan ver por detrás de los límites del partido el deseo ciudadano no tendrán dudas. No será fácil lograrlo, pero sólo hay otra alternativa, la deriva venezolana de una democracia archicorrupta para perecer a manos de un gorila cuentista y megalómano: la elección depende de todos nosotros, pero no se confundan, porque el intríngulis del asunto es tan claro como un vaso de agua clara.

Derecho al pataleo
Eso es lo que significa el 9 de noviembre: se reconoce la derrota, pero se protesta
Javier Pérez Royo. Madrid. El Pais 31 Octubre 2014

“Última y vana actitud de protesta que adopta o puede adoptar el que se siente defraudado en sus derechos”. En estos términos define el diccionario de la RAE el “derecho al pataleo”.

Al ejercicio del derecho al pataleo es a lo que están convocados los ciudadanos de Cataluña el próximo 9 de noviembre. Es un acto de agitación política no susceptible de ser analizado en términos jurídicos. Presupone el reconocimiento de que el derecho del que uno cree que es portador no es reconocido como tal. De ahí que no se pueda entender la reacción del Gobierno ante el mismo. Es completamente absurdo solicitar un dictamen del Consejo de Estado como paso previo a adoptar el acuerdo del Consejo de Ministros para interponer recurso ante el Tribunal Constitucional.

Con esa manera de proceder el Gobierno le está atribuyendo una naturaleza jurídica a un acto que no la tiene y está tirando piedras contra su propio tejado. El 9 de noviembre no se va a celebrar ni un referéndum, ni una consulta ni nada definible en términos jurídicos. Sea lo que sea lo que ocurra ese día, jurídicamente es estéril. Eso lo está reconociendo la Generalitat con su conducta. Sin decreto de convocatoria, sin censo electoral, con la posibilidad de que voten los menores y los extranjeros... faltan los elementos indispensables para que se pueda hablar de referéndum o consulta. Estamos ante un pataleo, es decir, ante la última y vana actitud de protesta de quienes saben que no disponen de ningún instrumento jurídico para hacer valer lo que entienden que son sus derechos.

Y una convocatoria a ejercer el derecho al pataleo no puede ser anulada. Nadie puede verse privado del derecho a patalear, a expresar que no está de acuerdo con que no se le reconozca el derecho que él entiende que le debería ser reconocido. Es imposible que exista en un ordenamiento jurídico digno de tal nombre la prohibición del derecho al pataleo, ya que su ejercicio parte del reconocimiento de que no se tiene derecho, pero que con eso, justamente, es con lo que no se está de acuerdo. Este mínimo derecho no puede faltar en ningún ordenamiento jurídico democrático. Y eso es lo que significa el 9 de noviembre. Se reconoce la derrota, pero se protesta. Es, de alguna manera, otra versión de la Diada.

En esto es en lo que no ha reparado el Gobierno en su ofuscación y, de manera mucho menos comprensible, el Consejo de Estado. Entre ambos pueden poner al Tribunal Constitucional ante un problema sobre el que no debería tener que pronunciarse. Y pueden abrir con ello la puerta al problema potencialmente mucho mayor de desobediencia cívica.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Hacia dos repúblicas
F. JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 31 Octubre 2014

DE AQUÍ a pocos meses, en marzo o abril, proclamarán en Barcelona la República Catalana Independiente. De aquí a un año, tras las elecciones generales en Madrid pueden proclamar la República Popular o Bolivariana de los Pueblos de España, que dará a luz media docena de republiquitas al modo catalán. La tragedia de España es que no cabe imaginar una república comunista que pueda dejar de ser comunista e incluso república por la resistencia de los españoles, como heroicamente intentan los venezolanos; porque en Venezuela los corruptos comunistas bolivarianos, modelo de los telecomunistas de Podemos, pueden caer un día; y ese día, aunque pobre y corrompida, quedará Venezuela. El día en que mueran Fidel Castro y su íncubo Raúl -ojalá sea antes del Juicio Final-, quedará una Cuba corrupta y arruinada, pero habrá Cuba. En cambio, las dos repúblicas antiespañolas en ciernes, ferozmente liberticidas, no van a dejar de España ni los escombros. Rajoy, antes de largarse, está punto de dejarnos como legado político una escombrera de nacioncitas y estadejos, a una de las cuales y a uno de los cuales muchos vamos a seguir llamando España. Ya veremos cómo.

Verosímilmente, la República Catalana se proclamará casi a la vez que la llegada al poder en Grecia de Syriza, los comunistas gemelos de Podemos que van a salirse de la UE y a fundar un régimen bolivariano que desestabilizará todo el sur de Europa. Y como en el País Vasco una ETA intacta se reparte las instituciones con el PNV, tendremos euskorepública y el Cantábrico será tan rojo y verde como el Mediterráneo. Supongo que rajoy.es y soraia.puf entregarán Cataluña con otro artículejo en elpais.cat. O enviarán contra los golpistas una brigada de dictámenes del Consejo de Estado y un acorazado de recursos del Tribunal Constitucional; que a los golpistas les vendrán bien si, como en Venezuela, en Cataluña empieza a escasear el papel higiénico.

Pero es la República Popular que tras la victoria electoral que ya anuncia el CIS pueden esgrimir o proclamar, según les convenga, los coletudos en Madrid lo que convierte la fractura catalana en explosión española. Si esto no cambia, vamos hacia un caos absoluto y una ruina duradera. Porque lo malo no es que en España caiga una monarquía; es que la sucedan siete repúblicas. Para empezar, dos.

Mas eleva el reto al Estado con su votación sin garantías
EDITORIAL El Mundo 31 Octubre 2014

EL GOBIERNO tiene ya el aval del Consejo de Estado e impugnará hoy la pseudoconsulta independentista del 9-N. Desde que a finales de septiembre el Tribunal Constitucional suspendió la convocatoria del referéndum y la ley que lo sustentaba, Artur Mas ha recurrido a todo tipo de triquiñuelas para seguir adelante con su plan. La Generalitat ha convertido un referéndum de autodeterminación en un «proceso participativo»; ha movilizado a 40.000 voluntarios para suplir las tareas que debían asumir los funcionarios; se ha valido de mil subterfugios para mantener la propaganda pese al veto del TC a la campaña institucional;y no ha dudado en tergiversar la Ley de Comunicación Audiovisual para exigir a las televisiones y radios privadas que difundieran gratuitamente anuncios promocionales del 9-N.

Esto último demuestra por sí sólo hasta qué punto la Generalitat está implicada en la promoción de este sucedáneo de consulta, lo que supone vulnerar el espíritu de la suspensión decretada por el TC. El Gobierno ha tenido que actuar con cautela porque en esta ocasión no había ningún documento que impugnar. Pero resulta evidente que la Generalitat incurre en fraude de ley al impulsar, por otros cauces, un referéndum separatista. Artur Mas se ha escudado en que las asociaciones cívicas ANCy Òmnium abanderan la movilización a pie de calle, pero su «falta de lealtad» y su «reiterada y pública voluntad de eludir los mecanismos de control» están acreditadas. Así al menos lo ha entendido el Consejo de Estado, cuya Comisión Permanente respaldó ayer por unanimidad la pretensión de Rajoy de recurrir la nueva consulta poniendo el acento en la implicación activa de la Generalitat y apelando al mismo argumento que esgrimió el TC para suspender el 9-N primigenio. A saber: que ninguna Comunidad ni ningún ayuntamiento pueden organizar una votación, referendaria o no, sobre un asunto que compete a la soberanía nacional, como es la unidad del Estado. En este sentido, el hecho de que Artur Mas haya mantenido las preguntas originales -«¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? ¿Quiere que este Estado sea independiente:sí o no?»- basta para demostrar que el ahora denominado «proceso participativo» es una repetición nada inocente de la consulta impugnada hace un mes. Es más, el hecho de que se trate de una votación sin censo, sin ley que lo ampare y tutelada por los propios independentistas «agrava» sus vicios de inconstitucionalidad.

El Gobierno se ve así en la obligación de recurrir un acto sin valor, pero que paradójicamente constituye un desfío al Estado y un quebranto de la legalidad. Ha hecho bien en actuar con prudencia y aguardar a tener adecuadamente fundamentado el recurso porque no sería inteligente arriesgarse a fallar en este segundo envite. El TC se reunirá este martes y, tal como sucedió hace un mes, en el caso muy probable de que admita a trámite la impugnación, el proceso participativo quedará suspendido de forma cautelar. En cualquier caso, y sea cual sea la decisión del Alto Tribunal, hay que exigirle a Mas que se someta al mandamiento de los tribunales porque, en un hipotético escenario de desobediencia, el Estado está capacitado y legitimado para responder con firmeza al desafío.

El PSOEacierta en respaldar de antemano la decisión que pueda adoptar el Gobierno frente al reto independentista, por más que suponga una contradicción la posición del PSC, que pide a la Generalitat que respete la ley a la vez que reclama a Rajoy que no recurra el 9-N. Habrá que estar atentos y ver cómo se desarrolla la jornada. Pero es un hecho que la tan cacareada astucia de Mas de nada vale frente al imperio de la ley.

Un imposible fraude de ley
Editorial La Razon 31 Octubre 2014

Apocos ha podido sorprender el dictamen adoptado unánimemente por el Consejo de Estado, en el que se respalda la previsible impugnación ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de la «consulta participativa» impulsada por la Generalitat de Cataluña. El pueril ardid ensayado por los nacionalistas catalanes –negando el acto formal de la convocatoria– no resiste el menor análisis legal y, además, se compadece poco con los hechos. En primer lugar, porque se trata de un evidente fraude de ley, como todos los actos que buscan la cobertura de una norma –en este caso, la ley de consultas aprobada por el Parlamento autonómico–para obtener unos fines contrarios al ordenamiento jurídico; y en segundo lugar, porque es imposible ocultar la evidencia de que el Ejecutivo catalán ha echado mano de las instituciones y los recursos públicos para la organización del sucedáneo de referéndum independentista. Como pone de relieve la Comisión Permanente del Consejo de Estado, el hecho de que Artur Mas no haya aprobado un decreto específico de convocatoria en modo alguno impide apreciar la existencia de un acto jurídico, sino que evidencia el propósito de eludir el control jurisdiccional.

Ciertamente, ese acto jurídico positivo existe y se refiere al mismo objeto esencial –la consulta sobre la independencia de Cataluña– que ya fue suspendido por el TC. Pero, además, lejos de atenuar los vicios de inconstitucionalidad de que adolece el proceso, los agrava con la omisión de las más elementales garantías democráticas como son la neutralidad de los responsables del proceso y la previa determinación del universo de votantes. Entiende, pues, el Consejo de Estado que nos hallamos ante una actuación por parte de la Generalitat de Cataluña que no es inocua, sino que atenta gravemente contra el orden constitucional y la mera democracia. De ahí que, una vez desmontado el subterfugio, que, por otra parte, a nadie engañaba, no le quede a Artur Mas otra opción que suspender la consulta del 9-N, so pena de colocar a las instituciones catalanas ante una situación imposible de incumplimiento de la Ley. No sólo es la única decisión posible, sino la más conveniente para los intereses de todos los ciudadanos, especialmente de los catalanes, sometidos desde el inicio del nuevo proceso a una presión social asfixiante por parte de los partidos y movimientos independentistas para forzar un resultado que, en cualquier caso, carecería de la menor virtualidad. Es urgente que la situación política de Cataluña vuelva a la normalidad y conseguirlo aún está en las manos de Artur Mas. El Principado necesita un Gobierno que dedique sus esfuerzos a buscar soluciones a los graves problemas económicos que acucian a sus gobernados.

Cataluña
Semáforo amarillo
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 31 Octubre 2014

Guardo de mi infancia el recuerdo de insistentes alusiones, en las tertulias de los adultos, al "peligro amarillo". Después del ataque a Pearl Harbor, los japoneses ocupaban la mayor parte de Asia y su expansión por el Pacífico parecía no tener límites.

Superada aquella etapa tras Hiroshima y Nagasaki, el "peligro amarillo" cambió de localización geográfica pero continuó presente en muchas conversaciones que yo tomaba con pinzas porque los años me habían enseñado a no guiarme por estereotipos racistas. El comunismo chino era peligroso, pero no por el color de la piel de sus ideólogos y prosélitos sino porque formaba parte de un polifacético movimiento totalitario internacional. Nunca imaginé, sin embargo, que ya en mi vejez me tocaría ver el amarillo como una señal de alerta, previa al rojo de peligro, en el semáforo de la política española.
Aclamar a dictadores

Por un motivo que desconozco, aunque aparentemente tiene algo que ver con los colores de las barras de la senyera y de su sucedánea la estelada, el amarillo se ha convertido en el color emblemático de los secesionistas catalanes. Las camisetas de color amarillo que exhiben los manifestantes obedientemente encolumnados en las abigarradas concentraciones callejeras traen a la memoria de los veteranos las alarmantes imágenes de multitudes congregadas para aclamar a dictadores de distinto pelaje, pero siempre enfundadas en camisas de un color específico para demostrar que han renegado de su individualidad y se han masificado: camisas negras los fascistas y los SS nazis; pardas los SA nazis; verdes los escamots de Juventudes de Esquerra Republicana-Estat Català, la Guardia de Hierro rumana y el integralismo brasileño; verde olivo los castristas; azules los falangistas –que podían ser nuevas o viejas–. Los carlistas se encasquetaban la boina roja y los peronistas se descamisaban.

Escribía José Ortega y Gasset en 1929, en pleno apogeo de los totalitarismos fascista y comunista (La rebelión de las masas, Austral, 2012):
Creo que las innovaciones políticas de los más recientes años no significan otra cosa que el imperio político de las masas. La vieja democracia vivía templada por una abundante dosis de liberalismo y de entusiasmo por la ley. Al servir a estos principios el individuo se obligaba a sostener en sí mismo una disciplina difícil. Al amparo del principio liberal y de la norma jurídica podían actuar y vivir las minorías. Democracia y ley, convivencia legal, eran sinónimos. Hoy asistimos a una hiperdemocracia en que la masa actúa directamente sin ley, por medio de materiales presiones, imponiendo sus aspiraciones y sus gustos. Es falso interpretar las situaciones nuevas como si la masa se hubiese cansado de la política y encargase a personas especiales su ejercicio. Todo lo contrario. Eso era lo que antes acontecía, eso era la democracia liberal. La masa presumía que, al fin y al cabo, con todos sus defectos y lacras, las minorías de los políticos entendían un poco más de los problemas públicos que ella. Ahora, en cambio, cree la masa que tiene derecho a imponer y dar vigor de ley a sus tópicos de café.

Masificación retrógrada
El análisis del pensador es impecable, aunque hay que complementarlo con el añadido del papel que desempeñan en este proceso los demagogos y los personajes mesiánicos que guían a las masas en función de su propia ideología o, peor aun, de sus propios intereses. El resultado suele ser aberrante. El amarillo ya no es sólo el color de las camisetas adoptadas voluntariamente, sino que identifica los carteles que los militantes de la ANC invitan a colocar en los escaparates de las tiendas de barrio. La ausencia del cartel puede tener una connotación discriminatoria equivalente a la presencia de la estrella de David en los comercios estigmatizados de la Alemania nazi. Y, para demostrar que la imposición intimidatoria del amarillo puede violar las normas más elementales de convivencia en una comunidad civilizada, sobresale el caso de Poblenou del Delta, "apacible pueblo turístico, emblemático por tener todas sus casas y establecimientos pintados de blanco", donde los militantes de la ANC, apoyados por el alcalde de CiU, invitaron a los vecinos a pintar las fachadas de amarillo "para exigir el derecho a votar el 9-N" (LV, 13/10). Color único, pensamiento único, degradando al vecindario para emular la barbarie de la Revolución Cultural maoísta.

Este fenómeno de masificación retrógrada e intimidatoria invita a rastrear su parentesco con el tronco originario del totalitarismo europeo. Explica Stanley G. Payne (El fascismo, Altaya, 1996):
El fascismo [italiano] se creó mediante la nacionalización de determinados sectores de la izquierda revolucionaria, y quienes desempeñaron el papel central en su orientación conceptual fueron sindicalistas revolucionarios que abrazaron el nacionalismo extremista. Los sindicalistas revolucionarios, especialmente en Italia, solían ser intelectuales o teóricos que procedían de la matriz marxista y del Partido Socialista, pero que habían intentado trascender las limitaciones o los errores que creían encontrar en el marxismo ortodoxo. Eran partidarios de la acción directa y de una doctrina matizada de la violencia, pero trataban de ir más allá de los límites estrechos y sofocantes del proletariado urbano hacia una movilización más amplia de los campesinos y otros sectores modestos de productores.

Precisamente el iconoclasta impenitente Gregorio Morán está practicando una autopsia despiadada de esta izquierda disuelta en el magma nacionalista (LV, 25/10) y denuncia:
El viejo maestro Josep Fontana se ha vuelto muecín de mezquita (almuédano, se decía en castellano antiguo) y ha proclamado que los catalanes históricamente somos superiores a los castellanos, que no se merecen ni que se les explique su inferioridad; una idea que tuvo ya gran éxito en África del Sur.

Todo patas arriba
Fontana no es más que otro ejemplo de que la capa de pintura amarilla que la Assemblea Nacional Catalana aplica con brocha gorda sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, para subyugarlos, homogeneizándolos, también enturbia la visión de algunos intelectuales. Sólo así se explica que mientras éstos formulan veredictos apocalípticos sobre las plagas de autoritarismo y corrupción con que nos castiga el sistema del que ellos abominan,se desentiendan de la creciente hegemonía del totalitarismo rampante. Como si ellos también aspirasen a lucir el lazo amarillo que reparten los salvapatrias.

Lo importante, para esta élite, como ayer lo fue para los fascistas, los comunistas y los nihilistas de mayo del 68, es ponerlo todo patas arriba. Cualquiera sea el resultado, ellos siempre encontrarán un poderoso que los sostendrá en el vértice privilegiado de la pirámide, adonde no llega la buena gente. Y nada mejor, para ponerlo todo patas arriba, que apelar al idealismo purificador de los jóvenes. Señala Payne en la obra ya citada:

La exaltación fascista de la juventud era excepcional, porque no sólo le hacía un llamamiento especial, sino que además exaltaba a la juventud por encima de las demás generaciones sin excepción, y en mayor medida que ninguna otra fuerza se basaba en el conflicto entre generaciones. (…) El culto fascista de la osadía, la acción y la voluntad de un nuevo ideal, sintonizaba inherentemente con la juventud, que podía responder de una forma que resultaba imposible a públicos más viejos, más débiles y más experimentados y prudentes, o más materialistas.

Josep Ramoneda, desnortado buscador de nuevas panaceas, opina que "el equilibrio entre la autonomía del individuo y la multitud siempre es complicado" (El País, 23/9), pero le reconforta que las élites se sientan sorprendidas "cuando aparecen formas de respuesta compartida, ya sea al modo Podemos o al modo del independentismo catalán" (EP, 26/10). Poco le importa que los primeros alimenten la ambición de equiparar España a las satrapías del Tercer Mundo y los segundos, más sofisticados, se propongan transformar Cataluña en un feudo identitario devuelto a las tinieblas del siglo XVIII y desconectado de las instituciones europeas del siglo XXI. Lo que lo estimula es la ilusión de rejuvenecerse poniéndolo todo patas arriba.
Viraje al rojo

Con un colofón revelador. Ramoneda deposita su confianza, como hemos visto que lo hacían los fascistas, en los jóvenes (EP, 23/9):
Por mucho que la melancolía nos induzca a los mayores a pensar que nuestros hijos errarán sin nosotros, el futuro les pertenece. Y son ellos los que decidirán.

¿El futuro les pertenece? ¿Este aserto no le trae a Ramoneda algún recuerdo inquietante? Si consulta en You Tube la escena de la película Cabaret donde un joven vestido con la camisa (¡ah, las camisas!), el correaje y el brazalete nazis, interpreta la canción "Tomorrow belongs to me" (El mañana me pertenece) y excita paulatinamente el entusiasmo de los pacíficos burgueses reunidos en un mesón de campaña, se dará cuenta de que quizás el subconsciente lo traicionó al elegir la frase. Una frase que hace virar el semáforo al amarillo, ese color que la ANC intenta imponer coactivamente en Cataluña y que presagia el viraje al rojo. Señal de peligro.

Las 'violencias' de Urkullu
ANA VELASCO VIDAL-ABARCA El Mundo 31 Octubre 2014

A TENOR del deseo pública y reiteradamente expresado por el lehendakari Urkullu, las políticas sobre ETA -que no en su contra- cada vez están más dirigidas hacia la «reconciliación» y la búsqueda a cualquier precio de la «paz». Esta cuestión, de enorme trascendencia social y ética, ha pasado a ser tratada con un perfil tan bajo que se ha convertido en casi clandestina, aplicando una estrategia diseñada a la medida de los intereses del nacionalismo vasco.

Ocurre, sin embargo, que ese perfil bajo, ese marcar el paso, las pautas y los tiempos por los nacionalistas, seguido a pies juntillas por el Gobierno de la Nación, lo que está consiguiendo es favorecer que se asiente la tesis del olvido sin justicia, de los falsos arrepentimientos, de la equiparación de «violencias», de la difuminación de la culpa y de la permisividad con la propaganda justificadora de tantos años de terror.

Una prueba irrefutable de los planteamientos que está promoviendo y ejecutando el Gobierno vasco sin resistencia por parte de prácticamente nadie, la encontramos en el artículo publicado recientemente por Iñigo Urkullu en este diario, en el que con muy buenas palabras, concesiones iniciales y eufemismos varios, acusa solapadamente de torturadoras a las Fuerzas de Seguridad del Estado al aseverar : «Estamos trabajando en la clarificación de violaciones de derechos humanos de todo signo y en el reconocimiento de todas sus víctimas». Esos «todos» que tanto gustan de emplear los que buscan la equiparación, los que pretenden poner en el mismo plano al que mata y al que muere, los que creen que en ocasiones el crimen puede tener una motivación redentora, los encontramos por doquier en los documentos que elaboran los organismos de la comunidad vasca dedicados a buscar la «reconciliación».

Urkullu nos propone que «todos» -¿quiénes son todos?- hagan una revisión crítica en materia de derechos humanos y quizá por eso, porque cree que los crímenes cometidos por ETA tenían una cierta justificación, se empeña en presionar -con éxito- para que se modifique la política penitenciaria y además diseña políticas de «resocialización de presos» -léase de etarras, los demás no le importan nada- repitiendo una y otra vez, sin aclarar a qué se refiere -aunque lo sabemos perfectamente- que es necesario el reconocimiento del «daño causado» -como si fuera un pellizco de monja- que han provocado el terrorismo, la violencia y «todas» -otra vez- las vulneraciones de derechos humanos. Parece claro que el lehendakari considera que el Estado Español tiene la misma responsabilidad que ETA con sus 858 asesinatos, por cierto, buena parte de ellos de policías y guardias civiles sobre los que extiende mezquinamente la sombra de la sospecha, sin valorar ni por un instante su sacrificio y abnegación.

Señor Urkullu, hace tres años que ETA anunció -con otro eufemismo de los que a usted tanto le gustan- el cese definitivo de la «actividad armada», pero no anunció su final, como usted dice en su artículo. Por favor, sea más riguroso en sus afirmaciones -el cargo obliga- y aunque es cierto que ahora vivimos más tranquilos, no podemos renunciar a aspirar a vivir libres de intoxicaciones, de mentiras injuriosas y de planes de paz manipuladores que lo que buscan es redimir a los culpables mientras estigmatizan a las víctimas llamándolas vengativas si no se avienen a los nuevos tiempos. Unos nuevos tiempos que pretenden basar la convivencia en la impunidad política, social y penal de los más abyectos criminales que España ha padecido en siglos. No todos somos iguales, señor Urkullu, ni tenemos la misma responsabilidad en el «daño causado». No hay más que leer la nauseabunda entrevista al carnicero de Mondragón, que ha sido excarcelado gracias a la derogación de la doctrina Parot, para darse cuenta. Si se quiere.

Ana Velasco Vidal-Abarca es hija de Jesús Velasco, asesinado por ETA en 1980, y de Ana María Vidal-Abarca, fundadora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).


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