AGLI Recortes de Prensa   Dominigo 2  Noviembre  2014

La corrupción constituyente
Gabriel Albiac ABC 2 Noviembre 2014

España está entre los países europeos peor dotados para que el automatismo de la corrupción política pueda ser interferido con solidez

«Con las mismas letras se componen una tragedia y una comedia». Puede ser el más asombroso de los textos de Aristóteles. Y es, sin duda, el que nos suena más cercano. Acerca de la generación y la corrupción es un tratado de los seres vivos: o sea, de los seres que mueren. Sólo no muere lo muerto, desarrolla allí el filósofo. Llamamos vida al decurso determinado de las formas de ser que en el curso del tiempo se corrompen, se descomponen, pierden la transitoria solidez de su estructura.

Acotando esa fuga de descomposición, somos hombres y hombres libres: animales en consciente lucha con lo efímero que los horada. Si algún contenido tienen ética y política, en ese combate debemos edificarlo. Sabiendo que el monstruo estará siempre allí, que la corrupción va en el destino paradójico de lo humano, que bastará un descuido o una debilidad para que pueda tomar de nuevo nuestras vidas en sus manos, que no hay victoria irreversible sobre ella… Y resistir al cansancio y seguirla combatiendo. Bajo todas sus máscaras.

Con las mismas letras se componen democracia y corrupción. Que no hablan lenguas ajenas. La descomposición acecha siempre a los sistemas democráticos, al modo en que dice Aristóteles que muerte y corrupción son parte de la vida. Y, aun en sus enfermedades más mortales, la democracia es el más vivo de los modelos políticos. O el menos fósil. También, el más vulnerable. Por eso, sus primeros teóricos modernos, en el siglo XVII, hacían tan expresa su angustia ante lo fácil que es darle muerte. Y su amargura ante la blindada estabilidad de las tiranías. La libertad es tan exaltadora cuanto arriesgada. Los despotismos asientan su control completo sobre la supresión de cualquier autonomía individual. Frente a eso, la libertad abre a un mundo en el cual nada está decidido: lo mejor y lo peor son entonces posibles.

A ese riesgo buscaba, en 1748, hacer frente la fórmula de Montesquieu que tanto irritaba a los socialistas españoles de la transición: «es necesario que por la disposición de las cosas, el poder contrarreste al poder». El Estado moderno es un máquina de acumular poder sin precedente. La independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, al fragmentar esa máquina, permite al ciudadano sobrevivir en los intersticios que el conflicto de poderes permite salvaguardar. El poder legislativo que produce leyes y normas, el poder ejecutivo que gobierna conforme a lo que la ley dicta y el poder judicial que controla que los otros dos queden sometidos a las leyes, configuran el juego de tensiones sin el cual el ciudadano quedaría laminado por la arbitrariedad de una máquina de dimensiones colosales.

Si la división, autonomía y contraposición de poderes es la condición previa a cualquier constitución democrática, ello deriva, no de «consenso» alguno -el consenso o consentimiento es una categoría de Ancien Régime-. La democracia se asienta sobre la desconfianza esencial que deriva de un principio básico: todo poder que no sea contrapesado tenderá a erigirse en absoluto. No hay más garantía, frente a eso, que el juego de conflictos entre poderes que se vigilen los unos a los otros. La Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 dará a ese principio su forma constitucional canónica: «Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada y la división de poderes no esté determinada, no posee constitución».

En España, la ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 acabó con tal principio de división y autonomía, que el texto de 1978 afirmaba aún formalmente. Y el gobierno de los jueces pasó a ser equitativamente repartido entre los partidos parlamentarios. Lo que es lo mismo, a ser la extensión judicial de ellos. De ese modo, el poder judicial, de cuya independencia podían temer los partidos un control que los ajustase -como a todo ciudadano- a ley, quedó irreversiblemente quebrado. Y la puerta de la corrupción impune fue abierta.

La coartada inicial de tal blindaje frente al control judicial buscó justificarse sobre la fragilidad de los partidos en una sociedad recién salida de la dictadura. Y sobre la necesidad de no imponer controles excesivos a sus procedimientos de financiación. Pero la contigüidad de eso con el delito iba a quedar manifiesta muy pronto.

La propia Constitución encomendaba la gestión del suelo a las autoridades municipales. De inmediato se vio por qué. La recalificación de terrenos movía beneficios literalmente indescriptibles. Los constructores entendieron enseguida que la prosperidad de sus negocios dependía de la benevolencia con que las autoridades locales operaran. Lo a cambio de ello pagado, era de sobra rentable. Lo recibido indujo una súbita euforia en las cuentas de los partidos. Al cabo de muy pocos años, el primer escalón de esos partidos era propiedad privada de las grandes empresas inmobiliarias.

Las Cajas de Ahorros se convirtieron simultáneamente en los bancos privados de partidos y, por extensión, sindicatos. Poseían todas las atribuciones de cualquier entidad financiera. Pero su dirección no se ajustaba a criterio de accionistas y propietarios. Sus consejos fueron la madriguera de cargos directamente designados por los partidos: por todos los representados en las instancias autonómicas concernidas. Y operaron al servicio exclusivo de los intereses de esos partidos. Ningún criterio de rentabilidad financiera regía sus actuaciones. Y sí dos diferenciadas funciones políticas: garantizar las finanzas partidarias y asegurar, en la medida de lo posible, la satisfacción de las clientelas electorales. Las tarjetas «invisibles» de los consejeros de Bankia son la dimensión más grotesca, y en lo personal más envilecedora, de esa estafa. Consagraban la impunidad de hombres de partido y de sindicato a la hora de no rendir cuentas ni a Hacienda ni a nadie de sus abusos. Pero la verdadera estafa, la corrupción a escala mastodóntica está en el sistema de créditos y ayudas, políticamente orientados, que ha sido su función durante estas más ya de tres decenios. Y es altamente poco probable que lleguemos a conocer nunca con exactitud esas cifras.

Puede que, en un primer momento, quienes pusieron en pie el entramado financiero que acabó por tragarse cualquier sombra de política o ideología soñasen que aquello iba a quedarse en saqueo al solo beneficio de las arcas del partido o del sindicato; y que, como tal, se trataría de un bandolerismo benevolente. Pero se hace duro creer que nadie con una cabeza medianamente adulta pudiera pensar que aquellos que movían beneficios negros de cientos de millones no se llevasen su merecida parte personal en el negocio. La utilización de la política como fuente de ingresos, en diversas tonalidades negras, no fue nunca una excepción ni una onerosa irregularidad de específicos sinvergüenzas con nombres y apellidos. Que los hubo, pero que son en esta historia sólo anécdota. La corrupción en España fue una potencia constituyente. Porque alzó el pilar financiero de un Estado parasitado por esa oligarquía de partidos políticos que ante ninguna ley, que ante ningún control efectivo, tenían por qué rendir cuentas.

La reduplicación de las administraciones hacía esa maraña financiera aún más inextricable. Las comunidades autónomas han funcionado como simulacros de Estado en los cuales las prácticas de impunidad y saqueo podían ser multiplicadas al infinito.

El caso andaluz es casi una caricatura. Versión modernizada del viejo caciquismo, en la cual la distribución benévola de subvenciones sin otra función que la de garantizar la servidumbre de un voto literalmente esclavo, ha servido para encubrir el saqueo brutal que hace posible un gobierno monolítico de casi cuarenta años. Una Sicilia a gran escala, en la cual no existe otra garantía de supervivencia que el carnet de partido, estanca a buena parte del sur español en un anacronismo económico para el cual no parece, hoy por hoy, haber salida.

Cataluña ha dado en ser el coto privado de quienes supieron hacer de las mitologías localistas lo que hace siempre ese tipo de farsantes: un metódico saqueo en nombre de la patria maltratada, que hasta se le fue de la lengua a Maragall en sus años de presidente. Y la fuga adelante, si los jueces apuntan a la cabeza de esa tela de araña que lo invadió todo, ofrece pocas dudas en cuanto a su desarrollo: mejor ruina e independencia que devolución de todo lo robado. Lo que se juega tras la solemnidad de las proclamas de los continuadores de Pujol en sus diversas ramas es el miedo cerval a rendir cuentas y acabar en la cárcel.

La corrupción fue un negocio fantástico. Para los partidos políticos. Y para un buen puñado de sus más altos miembros. Beneficios inmensos y riesgo nulo. Pero también en esas cosas conviene ser algo cauto, guardar cierto sentido de la medida. Y no exhibir el robo como aquí se ha exhibido. Fueron demasiado lejos. Todos. Pero eso pasa siempre cuando la impunidad prima. El robo fue tomando tales dimensiones, prescindió hasta tal punto de cualquier disimulo, que hasta el más resignado ciudadano acabó por percibirlo como la mofa sangrienta de una casta aparte. No es la primera vez que estalla ese brutal desafecto de la ciudadanía hacia aquellos en quienes supuso poder delegar el rumbo de su destino razonablemente. Y el desafecto acaba ahora inexorablemente en cólera. Y la cólera acabará por llevarse todo por delante. La tentación populista está a la puerta: como un cálido consuelo sentimental para los hartos. Sucedáneo escénico de la fría racionalidad política, de la cual sólo vino corrupción y ruina. Y esa tentación populista sólo puede traer lo pésimo.

La Europa de entreguerras sabe de ello en su forma más dramática. Y de ello sabe -en versión tragicómica- la Italia que vio, entre 1992 y 1994 volatilizarse en el aire a los dos partidos que, durante medio siglo, tuvieron el práctico monopolio del parlamento italiano. Partido Comunista y Democracia Cristiana se extinguieron. De la noche a la mañana. Puede que esto que está viniendo aquí no sea tan distinto. Como nada distinto hay entre el populismo que allí los sucedió y el populismo que aquí aguarda recoger su herencia: televisión más demagogia. Y un completo desprecio por la racionalidad política. La ruina que vendrá de eso ofrece pocas dudas. Pero, ¡vaya usted a hablarle de racionalidad económica y de ruina al ciudadano terminalmente cabreado! El ciudadano terminalmente cabreado sólo quiere venganza. Y está bastante en su derecho. Aunque de esa venganza acabe por venirle a él mismo lo peor de todo.

En los meses más duros del Gran Terror del año 1794, Robespierre formulará su tesis extrema. Una Constitución, dice, sólo puede erigirse o sobre la corrupción o sobre el terror, no hay otro fundamento sólido del Estado moderno. Frente al rival modelo inglés, que ha dispuesto de los recursos económicos precisos para comprarse entero el lote del Viejo Régimen y hacer de él ornamento funcional del Nuevo, él va a apostar por el segundo. Y por la muerte.

Lo más definitorio de la democracia moderna es el estar genéticamente vinculada a la corrupción, desde su origen mismo: la representación de los muchísimos por los muy pocos; y la delegación en los casi ninguno del mayor cúmulo de dinero que haya administrado jamás institución conocida, el que recauda una relojería impositiva que no tiene precedente aproximado en la historia. La Hacienda Pública, joya de la corona del Estado moderno, es el perecedero barro del cual está cocida su esencial aptitud para ser corrupto. Mejor eso, desde luego, que asesino. O menos malo. Pero toda democracia con un curso lo suficientemente largo sabe hasta qué punto no obstaculizar ese automatismo, mediante las codificadas trabas que un poder judicial autónomo regule, es adentrarse en la pendiente del suicidio.

De entre los países europeos en diverso grado democrático, España está entre los peor dotados para que el automatismo de la corrupción política pueda ser sólidamente interferido. Está la ley que corrompió -o sea, descompuso- la independencia del poder judicial en 1985. Estaba, desde la Constitución misma, el artículo que ponía bajo exclusiva tutela municipal la recalificación del suelo, y que ha sido el primer y más estable foco de soborno en la política española, sin distinción de partidos. Están las Autonomías, está la devastación del tejido social que hace que aquí, ninguna forma organizativa que no sea la de los partidos sobreviva al aniquilamiento. Todo en España se ha codificado para que la corrupción funcione con precisión automática de reloj suizo. Y sea indispensable para la supervivencia del sistema.

¿Qué porcentaje del dinero que bancos y cajas prestan a partidos y sindicatos es jamás devuelto? ¿Qué cifras puso el ladrillo a disposición indistinta de todos los partidos? ¿Cómo hacer que el contribuyente sepa, al menos, la cifra aproximada de cuanto le fue robado? ¿Hasta dónde va a seguir la ficción? -Hasta donde Aristóteles sabe que sigue siempre: «Con las mismas letras se compone una tragedia o una comedia». Peor aún, una farsa. Y puede que esté en puertas.

Por qué Granados acabó siendo un corrupto
Carlos Sánchez EC 2 Noviembre 2014

El diputado Cayo Lara recordaba el otro día en el Congreso una frase muy conocida de Estanislao Figueras dirigida a sus ministros: ‘¡Señores’, les dijo, ‘voy a serles franco: estoy hasta los cojones de todos nosotros!’. Existe, sin embargo, una sentencia más sutil y menos popular que refleja el tiempo que le tocó vivir al barcelonés, marcado por la corrupción y la indolencia nacional ante los escándalos pese a tratarse de uno de los más hábiles negociadores que haya tenido el parlamentarismo español.

Figueras -hombre pusilánime y muy influido por Pi y Margall- tenía fama de muy madrugador, y, de hecho, se levantaba cada día a las cinco de la mañana. Tal era su costumbre que cuando fue elegido para la más alta magistratura del país continuó con su rutina y cada día, al alba, se presentaba en su despacho a tan intempestivas horas. Los funcionarios, mosqueados y cansados, le hicieron llegar un mensaje: ‘Se equivoca el señor presidente del Consejo de Ministros si piensa que llegando antes a trabajar nos hará madrugar, sólo conseguirá que nos acostemos más tarde’. Por supuesto, en las dependencias ministeriales.

Probablemente, la anécdota no sea cierta, pero pone de relieve cómo el voluntarismo político -llegar antes al despacho sin cambiar la realidad de la función pública- sirve para muy poco si no se ataca el fondo de los problemas, que en el caso de la corrupción no tiene nada que ver con seguir remendando una legislación agujereada ya con tantas reformas. Desde que en los primeros años 90 saltaron a la opinión pública los primeros casos de corrupción (BOE, fondos reservados, Banco de España, Cruz Roja, Roldán…) el Código Penal ha sido recosido en innumerables ocasiones dando una falsa imagen de presunta dureza (aunque ahí están los indultos a políticos o el tercer grado concedido a Matas). La lucha contra la corrupción, sin embargo, ha hecho aguas. Aunque ahora con unas consecuencias muy diferentes.

Lo decía hace pocas horas en privado un ministro del actual Gobierno: 'Paco Granados, que es hijo de un agricultor, no era un corrupto en 1999 cuando llegó a la alcaldía de Valdemoro, y por eso la pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿Por qué se hizo corrupto?'Hasta hace bien poco la corrupción se consideraba como una enfermedad propia de un país de ‘nuevos ricos’, con escasa educación ética y política y con poco apego a la legalidad (la economía sumergida sigue moviendo alrededor de la quinta aparte del PIB y hay regiones en las que el dinero negro es lo habitual). Ahora, sin embargo, lo que está en juego -parece evidente con la eclosión de los populismos- es la propia supervivencia del sistema político tal y como lo hemos conocido desde 1977.

Hijo de agricultor
La amenaza, sin duda, tiene su origen en el agotamiento y el desgaste del sistema de representación y en la ausencia de credibilidad de sus líderes. Pero, paradójicamente, aunque España tenga hoy la peor clase política de la democracia la corrupción no es el problema; la corrupción es la fiebre que alerta de que hay una cuestión más de fondo que tiene que ver con la naturaleza del sistema político. O más en concreto, con el método de elección de las élites, basado en la cooptación. Lo decía hace pocas horas un ministro del actual Gobierno en privado: “Paco Granados, que es hijo de un agricultor, no era un corrupto en 1999 cuando llegó a la alcaldía de Valdemoro, y por eso la pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿Por qué Paco Granados se hizo corrupto?”

La relación entre corrupción y sistema político ha sido estudiada por muchos politólogos. Y en casi todos los casos se llega a una misma conclusión: la calidad de las instituciones es lo que determina el nivel de cleptocracia de un país. A medida que las instituciones funcionan, permitiendo el juego leal y constructivo de los distintos contrapoderes, se diluye la posibilidad de meter mano en la caja. Y por eso, precisamente, los países en los que mejor funciona la separación de poderes son menos corruptos.

En España, por el contrario, jueces de tronío se han sentado durante años -y algunos siguen haciéndolo- en el palco del Bernabéu con los señores del ladrillo y con quienes viven de las concesiones y subvenciones públicas a través de negocios regulados por la propia Administración. Otros entran y salen de la política como Pedro por su casa. Y ni siquiera el parlamento cumple una de sus funciones esenciales, que es controlar al Ejecutivo: ¿Cuántas causas penales han puesto en manos de los jueces los diputados del PP y el PSOE en los últimos años? Sin olvidar la ausencia de seguridad jurídica en muchas transacciones, lo que ofrece una amplia discrecionalidad al político de turno. La arbitrariedad como una de las malas artes en política.

Un reciente estudio de la Fundación Civismo refleja que España ocupa el puesto 31 (y el 17 en Europa) en el Índice Internacional del Derecho a la Propiedad Privada, lo que dice muy poco de su entramado institucional, básicamente, como dice el informe, por la falta de independencia judicial. No sorprende esta conclusión teniendo en cuenta que, según el último informe del Tribunal de Cuentas sobre el funcionamiento del Poder Judicial, entre el 77% y el 99% de los gastos de funcionamiento (sin contar el dinero destinado a cursos de formación) de las asociaciones judiciales los paga, precisamente, el Consejo, que es quien determina la carrera judicial de los propios jueces.

La relación entre corrupción y sistema político ha sido estudiada por muchos politólogos. Y en casi todos los casos se llega a una misma conclusión: la calidad de las instituciones es lo que determina el nivel de cleptocracia de un país. A medida que las instituciones funcionan, permitiendo el juego leal y constructivo de los distintos contrapoderes, se diluye la posibilidad de meter mano en la cajaLa calidad de las instituciones es, sin duda, un factor necesario, pero no suficiente para acabar con la corrupción. Diversos estudios demuestran que los sistemas de representación mayoritarios de carácter uninominal son menos corruptos que los sistemas cerrados. Básicamente porque los políticos elegidos son controlados por sus electores si quieren salir reelegidos, al contrario que en los sistemas con listas bloqueadas, en los que cualquier político trepa se puede refugiar en unas siglas para cometer sus fechorías. Es más, ningún partido tiene el mínimo incentivo para denunciar a sus dirigentes que metan mano en la caja porque eso sería lo mismo que darle munición a la oposición. Por eso, sujetos como Bárcenas han sido amparados por su propio partido para evitar escándalos.

Los trapos sucios de la democracia
Por el contrario, el incentivo perverso es denunciar aunque sea injustamente al albur de un sistema procesal lento, costoso e ineficaz que permite que provocar una falsa imputación salga prácticamente gratis. Es decir, la denuncia injusta como una forma de hacer política. Sin contar con la existencia de medios de comunicación convenientemente regados por el poder político que callan ante enormes tropelías.

No se trata de pura teoría sobre los sistemas de representación política. Muy recientemente, altísimos dirigentes del Partido Popular han hecho llegar al presidente Rajoy su cabreo con quienes han puesto al descubierto el escándalo de las tarjetas de Caja Madrid-Bankia, dando a entender que los trapos sucios se lavan en casa y no se ventilan a la vista de todos. Pero como sostiene un alto cargo gubernamental, hay que continuar limpiando los restos -y hasta el detritus- del atracón de ladrillo que se dio este país durante años, y que ha dejado los suelos llenos de porquería tras la fiesta. Al fin y al cabo, las cajas de ahorros quebradas han sido el mejor exponente del clientelismo político.

Este comportamiento endogámico de unas instituciones clave para el funcionamiento de las instituciones, como son los partidos políticos, es lo que explica la estrecha relación entre corrupción política y financiación de los partidos. Sobre todo cuando el sistema político heredado de la Transición se ancló sobre un bipartidismo hegemónico capaz de controlar todas las instituciones, y que como todas las organizaciones con posición de dominio en el mercado (en este caso el electoral) tienden a crear oligarquías, como hace más de un siglo detectaron Pareto o Michels.

No hay ente público, en cualquiera de su clasificación administrativa, en el que no se vea la larga mano de los partidos, lo cual es todavía más atrabiliario cuando desde hace años se viene produciendo lo que los expertos denominan ‘huida del derecho administrativo’, la creación de instrumentos legales para escapar del control de los interventores públicos.

Así es como se ha creado un sistema político alejado de la realidad y que necesariamente expulsa a quienes honestamente deciden ser servidores de la cosa pública. El endurecimiento del código penal, en este sentido, sólo va a provocar -todavía más- un ‘efecto expulsión’ de la política por parte de ciudadanos honestos que no están dispuestos a ser sospechosos simplemente porque quieren destinar su tiempo a construir un país mejor.

Por el contrario, en la política sólo quedarán quienes no tienen nada que perder o los que carecen de medios de subsistencia. La corrupción, por lo tanto, no es la causa de nuestros problemas, es la consecuencia de un sistema político obsoleto.

Rajoy y Sánchez, sociedad bolivariana
Pedro de Hoyos Periodista Digital 2 Noviembre 2014

Aunque nos pidan perdón no basta, la catástrofe a la que nos han conducido es de tal calibre que no es suficiente con que pidan perdón. Existe una responsabilidad que no pueden eludir, a nadie se le perdonan sus errores por el hecho de que ponga carita de pena y nos diga cuánto lo siente. Sólo los niños obran así.

Pero somos adultos y nos jugamos mucho. A cualquier trabajador se le exigen todas las responsabilidades pertinentes, ¿por qué íbamos a ser condescendientes (e infantiles) con quien nos conduce a esta situación bochornosa? Porque no es solo la catástrofe económica y social, es el bochorno internacional, el ridículo global en el que hemos caído, empujados por nuestros dirigentes. Desde todo el mundo nos señalan con el índice y se apartan de nosotros.

Rajoy, el eterno rostro de piedra, inmutable, insensible, inescrutable, inalterable, parece poseer espaldas tan anchas como para resistir sin pestañear tanta codicia de sus subordinados, y para soportarla mientras los españoles somos embargados o despedidos y, en el mejor de los casos, se nos permite vivir... sobrevivir con el sueldo embargado ¡cinco años! ¿Cómo no le espanta esto, cómo no sale públicamente a cubrirse cabeza y hombros de cenizas, comprometiéndose a ayunar públicamente mientras el sufrimiento de sus súbditos, (sí, súbditos) no finalice?

¿Y los socialistas que con Pedro Sánchez se hacen ahora de nuevas, escondiendo su cabeza, tan sucia y corrupta como las demás, cómo no reconocen igualmente sus pecados contra la sociedad? ¿Cómo no ajustician, al menos moralmente, al inepto que negó la crisis mientras pudo, la ninguneó después y finalmente nos la hizo comer con patatas a todos? ¿No empezaron con él los desahucios? ¿Y los despidos? ¿No deben estos políticos que se envuelven en la oratoria obrera pedir disculpas por todos los ERES falsos, por toda la corrupción que desde González si queremos ser justos, nos ha comido a los ciudadanos el fruto de nuestro esfuerzo y lo ha escondido en Suiza? ¿Cómo se vuelven ahora tan cínicos para ocultarnos la realidad y pretender trasformar lo que ha ocurrido? ¿De pronto se han vuelto honestos? ¿Por qué no tomaron cuando pudieron las medidas que ahora reclaman? ¿Así defienden al obrero?

PP y PSOE nos han encaminado durante años a la catástrofe y ahora pretenden mirar para otro lado y que les perdonemos, pero su latrocinio y su incompetencia demostrados durante años nos obligan al bolivarismo, nos entregan atados de pies y manos en brazos de quienes han conseguido que Venezuela tenga que importar petróleo, que sus supermercados estén desabastecidos hasta de papel higiénico o que la delincuencia haga imposible salir de casa. Por no hablar de lo que sucede con la oposición. O con periodistas y blogueros.

¿Y quieren irse de rositas solo por pedirnos perdón? ¿Y de su responsabilidad cuándo hablamos?

Los fieles difuntos.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 2 Noviembre 2014

Hoy la Iglesia católica celebra el día dedicado a los fieles difuntos, que engloba a todos aquellos que nos han precedido en este “valle de lágrimas” como dice alguna oración. El caso es que lejos de mí está el querer faltar al respeto de las creencias ajenas, aunque este día me sirve como excusa para desarrollar el asunto que hoy quiero tratar y que domina todas las portadas de los periódicos y espacios informativos de la radio y de la televisión. Por supuesto que me refiero a los difuntos, aunque ellos aún no lo saben, PSOE y PP víctimas del propio monstruo al que se han encargado de alimentar y proteger en la creencia de que lo podrían controlar. Y eso me recuerda la gracieta que circulaba sobre el fallecimiento del dictador, que decía parodiando al Presidente del Gobierno Arias Navarro “Franco ha muerto” a lo que uno respondía, ¿y quién se lo dice?

El hecho es que Demoscopia acaba de publicar los resultados de la última encuesta celebrada tras los casos de corrupción de las tarjetas de BANKIA y de altos cargos del PP y PSOE en la Comunidad de Madrid. Los datos son demoledores para los dos principales partidos y corrobora el imparable ascenso de la formación de ultra izquierda revolucionaria PODEMOS con una intención de voto directa muy por encima del PSOE y de un defenestrado PP. No es de extrañar que IU ande cortejando a esa formación con el fin de aunar fuerzas para las próximas elecciones autonómicas y municipales, en lo que llaman poder popular, supongo que para diferenciarlo del tristemente recordado “Frente Popular”.

Ahora se explica el que el PP esté sufriendo una crisis de pánico y ansiedad que le haga decir a la Vicepresidente Soraya Sáenz el que “si seguimos así no llegamos a mayo”. Es evidente que ni PSOE ni PP pueden seguir así, despreciando a sus votantes y con la prepotencia de presumir que los españoles nunca se pondrán en manos de unos radicales de izquierdas. Lo que no son capaces de entender en su soberbia y ceguera irresponsable es que los españoles han llegado al hartazgo total de esta clase política y que “pedir perdón no basta”. Es muy doloroso y traumático tener que cortar un brazo o una pierna para evitar que la gangrena prospere, pero es la única alternativa si se quiere salvar la vida. ¿Están dispuestos PSOE y PP a sacrificar una parte esencial de su cuerpo político arrancando la corrupción sin vacilaciones?

La esperanza es lo último que se pierde y supongo que los asesores e ideólogos estarán estudiando de forma intensiva las soluciones a esta realidad que, aunque esperada por muchos, parece haber pillado desprevenidos a quienes llevan años alejados de la realidad y de la opinión pública. El mes de mayo parece ya tan cercano que puede extenderse la idea de que cualquier solución ya llega tarde. Sin embargo, existe esa solución aunque conlleva el renunciar a todas las prebendas, devolver la independencia a las Instituciones del Estado, sobre todo al Poder Judicial y Altos Tribunales, así como actuar de forma contundente ante el desafío secesionista. Solo haciendo lo que había que haber hecho y rectificando será como se logre ir recobrando la confianza de un electorado harto de mentiras y de protección de la casta.

Quisiera no perder esa esperanza, pero desgraciadamente creo que hoy por hoy no existe nadie en el PSOE ni en el PP capaz de contrarrestar el carisma y la empatía que ha logrado Pablo Iglesias con unos ciudadanos hastiados, empobrecidos y sometidos a la discrecionalidad de unos gobernantes mediocres e incompetentes. Unos difuntos políticos que aún no son conscientes de que lo son.

Lárguese, Señor Presidente, lárguese
Carlos Laguna  www.diariosigloxxi.com 2 Noviembre 2014

Cuando a uno ya le empiezan a plantar cara las canas habiendo vivido todo lo vivible, ardua labor tiene hasta el más astuto del mundo, por más artimañas que utilice, para poder engañarlo. Y cuando uno escucha compungidos calificativos, en boca de algunos/as políticos/as, como “vergüenza, asco, indignación, repugnancia...”, o pidiendo perdón, refiriéndose a los (pen)últimos casos de corrupción, ya ni se te rebela el espíritu. Ni siquiera el alma o el corazón se te agitan. Te quedas impávido, alelado, solo pensando: ¿Otra vez? ¿Otra vez me estás mintiendo? ¿Otra vez me la estás clavando?

Y lo que al pueblo llano le da auténtico asco, sí de verdad, pero con sentimiento, sin mentiras, lo que le produce auténtica indignación, repugnancia y vergüenza, es que los que pueden, o los que podrían haber puesto coto a esta desmesurada situación de miserabilidad desde hace mucho tiempo, se burlen, se carcajeen despiadadamente de los más débiles y mientan, compulsivamente, un día y otro día; y otro y otro..., en el gran teatro en el que han convertido la política, sea entre bambalinas (peor) o en el propio escenario y que sin necesidad siquiera de guión, tengan el cinismo de representar, el “donjuanismo” de El Burlador de Sevilla, pero en lo político.

Al más cínico personaje del Siglo de Oro, aquel galán de Tirso, uno de los más grandes burladores de la literatura española, le gustaba disfrazarse y sustituir a otros, divirtiéndole tanto la representación teatral como las andanzas amorosas. Ora se disfraza de Duque Octavio, amando a Isabela, Ora de Marqués de la Mota seduciendo a Ana y, si es preciso, como hizo, disfrazándose de campesino para enredarse con Aminta.

¿Cómo es posible salir a la palestra, con máscara de carnaval de Venecia, diciendo aquello de “nuestro partido está indignado”? ¿Qué? ¿Desde cuándo un partido tiene sentimientos, capacidad de indignarse, sea de derechas, de izquierdas o de cualquier otra dirección? Ya basta de tanta gilipollez, de tanta mediocridad (producto de que se premia más la lealtad que la capacidad), de tanto escarnio y de tantos intereses espurios que han superpuesto los intereses partidistas, los de una casta y élite privilegiadas (en todos los sentidos) por encima de los intereses de Estado y por encima de los intereses de la sociedad en su conjunto.

Qué doloroso y lamentable es hacer un viaje en el tiempo, desde la Transición, en la que la mayoría del pueblo español rezumaba ilusión por un cambio necesario, esperando poder participar en el control de su destino y mirar al futuro siempre con esperanza, para que unos cuantos desalmados, unos cuantos delincuentes, hayan ido colándose y colocándose en las cúpulas de los partidos mayoritarios hasta terminar pervirtiendo un sistema, el democrático, en el que todos queríamos confiar y queremos seguir confiando. Y lo que es peor, uno y otro partido, en connivencia con otros que ahora están también en la picota, legislando y aprobando leyes para que sus prebendas, privilegios y derechos de pernada queden impunes.

Pero hay otra cosa que a mí me agría mucho más el estómago. Me lo revuelve.

Son las víctimas del terrorismo. Ni una sola víctima del terrorismo, sin diferencia de color ni ideología, se merece que tras haber dejado su vida en defensa de sus partidos, una pandilla de currosjiménez “legalizados” aproveche las estructuras de estos partidos para robar los fondos públicos, los de todos, a mano desarmada, con guante blanco o negro, con máscara o sin ella y, lo que es peor, con la permisividad de sus cómplices que también son de alto copete y quienes les protegen para que no les pase nada. Seguro que los asesinados se están revolviendo en sus tumbas pidiendo justicia, la misma justicia que pedimos los vivos. Como no se lo merecen centenares de otros cargos políticos ni los militantes de a pie ni los confiados y engañados votantes.

Nuestro sistema y una parte muy importante de nuestra clase política necesitan una catarsis urgente. Limpieza y empezar de nuevo. ¿Cómo pueden hacer propuestas anticorrupción los corruptos? ¿Seguimos perdiendo el juicio? ¿Ponemos al lobo a cuidar del gallinero? ¿Seguimos permitiendo que se nos avasalle? ¿Que nos arrastren a la miseria perpetua? No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la impunidad como unos auténticos cobardes. Hoy, más que nunca, la juventud –la más machacada y castigada de cualquier colectivo social en nuestro país, sin desmerecer el olímpico desprecio a otros paganos de los desmanes cometidos por otros– tiene que participar, de cualquier manera, en nuestro destino político. ¿Dónde están las juventudes del PP? ¿Dónde las juventudes socialistas? ¿Dónde las juventudes de otros partidos? ¿Han perdido la vergüenza también? Y aprender, aprender para no repetir errores pasados y presentes, que la ambición desmesurada con la que algunos transforman el manido “afán de servicio” solo nos lleva a la ruina colectiva. Hoy, ahora, no vale hacer el mirón y cruzarse de brazos. Es de cobardes.

Y ya no es un problema de indignación. Porque un país indignado todavía tiene capacidad de reacción, pero un país desmoralizado, hundido, abatido, consternado por los acontecimientos repetitivos que nos están sucediendo, día tras día, con una justicia titubeante ante algunos personajes, no tiene futuro. Si no cambiamos, la suerte está echada y el futuro negro como el carbón.

Mientras tanto, lárguese inútil señor presidente, lárguese de una puñetera vez. Déjenos en paz –en la paz de Dios y en la de los hombres–, y siga pidiendo perdón. Un perdón que difícilmente le van a conceder los españoles y españolas, incluso ni los de su propio partido.

El Consejo de la Transparencia
Carlos Ortiz de Zárate  www.diariosigloxxi.com 2 Noviembre 2014

Veo la iniciativa como uno de los espectáculos de Halloween que nos ofrece el gobierno: nos saca un cadáver – el presidente del organismo será sugerido por el ministerio de Hacienda-, al principio del finde de las fiestas necrológicas que se pusieron de moda en USA. Una “mundanidad” más de un partido cada vez más corroído por la corrupción. También participo en el homenaje a los caídos en la conquista de unos derechos ciudadanos que estamos dilapidando.

Temblad y crujid de dientes
El Consejo de ministros del viernes aprobó el Estatuto de creación del Consejo de la Trasparencia y del Buen gobierno; a partir del próximo diciembre Montoro propondrá al guardián del cumplimiento de la Ley que garantizará el derecho de linformación de los ciudadanos sobre lo público. Es como si nos anunciaran que van a entregar las gallinas a los zorros, cuando el Estado de Derecho está siendo sistemáticamente violado y se nos despoja de derechos adquiridos con sudor y sangre durante milenios. Todos los partidos, instituciones y organizaciones del poder, en mayor o menor medida están invadidos por la carcoma de la corrupción.

¿Piensa quien haya tenido la idea de hacerlo en este momento, que unos ciudadanos cada vez más agobiados e insultados por el derroche de los lujos, de la corrupción y de la impunidad pudieran creerlo? Nadie, en su sano juicio, puede creer que la persona que designe el próximo diciembre, el señor Montoro, sea el garante de la transparencia o el defensor de los Derechos Ciudadanos.

No es una simple broma, puesto que el gobierno escogió ese día y una actualidad marcada por signos de la invasión de la carcoma en los pilares del PP y cuando el desbordamiento de las cloacas amenaza estallar. Oiga, que la señora Aguirre ha pedido primarias para la elección del candidato del partido a las próximas Generales y que varios barones del PP han pedido la entrega de la señora marquesa a la hoguera purificadora.

Claro, que también hay otras circunstancias, como la resistencia a la petición de la oposición minoritaria de comparecencia del gobierno para explicar las imputaciones o condenas que afectan a miembros de su partido que han ostentado cargos relevantes en la Institución.

También en estas fechas hemos recibido la visita de la presidenta de Chile y este país tiene un organismo similar; Consejo por la transparencia, desde mayo de 2008. Me temo que si han hablado del tema, el gobierno ha comprendido a su manera el mensaje de la señora Bachetet, porque la presidenta o presidente de la república chilena no es, dese luego, un ministro de Hacienda y tampoco podría pertenecer a un partido político que tiene problemas con Hacienda. Aconsejo consulta del organismo chileno.

Parece mentira que 6 años más tarde, cuando ya la mierda nos come, el gobierno español se saque de la manga un organismo que despoja aún más a los ciudadanos del control de lo público que lo hacía el proyecto chileno.

No creo que el objetivo sea el de convencer. Más bien creo que se trata de una provocación. El esnobismo del Halloween. Bueno, pues yo escribo este artículo el 1 de noviembre y lo hago para homenajear a las víctimas de la defensa de los derechos ciudadanos que estamos dilapidando.

La dura y terca realidad
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC  2 Noviembre 2014

Todos piden diálogo, pero el diálogo necesita margen para negociar
EL nacionalismo en nuestros días es, por este orden, anticuado al ir contra la globalización en marcha, xenófobo basarse en la singularidad de un pueblo que esconde una pretendida superioridad e irracional al tratarse de un sentimiento más que de una reflexión, que le lleva a negar la realidad.

El mejor ejemplo lo tenemos en Cataluña, donde la clase política con la colaboración de la clase política española ha logrado convencer a los catalanes de que estarían mejor separados de España. Para ello, no ha dudado en utilizar todo tipo de mentiras históricas empezando por lo de «España nos roba» (cuando quien más ha robado en Cataluña es su clase dirigente) y terminando por apropiarse hasta del Quijote (aunque sin dejar leerlo en sus escuelas en español) y en utilizar la agitación y la propaganda a un nivel que nada tiene que envidiar al de los regímenes totalitarios. Y hay que reconocerles que lo han conseguido. La mayoría del pueblo catalán está hoy convencida de que, en efecto, España les roba, de que una Cataluña independiente sería más rica, más culta, más libre, más moderna, más segura, más, en fin, todo lo agradable que hay en este mundo, sin plantearse cuestiones tan elementales como la de que saldrían no solo de España sino también de la Unión Europea, cómo harían frente a su deuda, quién pagaría sus pensiones, cómo la verían los inversores extranjeros sin el mercado español detrás y cuestiones por el estilo, porque sus dirigentes se las han ocultado mientras los dirigentes españoles se dedicaban a su deporte favorito, que no es el fútbol, sino pelearse entre ellos, dejándoles hacer lo que les apeteciera e incluso reclamándoles su ayuda para aniquilar al contrario.

Así hemos llegado al momento actual de choque de trenes o de rendición de una parte, con la humillación consiguiente. Todos piden diálogo, pero el diálogo necesita margen para negociar, que no hay, al exigir el nacionalismo catalán un pago imposible: la aceptación, por parte de las instituciones del Estado, de que la Generalitat tenga unos poderes que en realidad no tiene. A saber, soberanía de facto para convocar una consulta falsa, y lograr más tarde una soberanía de jure. Lo único que han podido hacer ante ello el Gobierno, el Consejo de Estado y, presumiblemente, el Tribunal Constitucional es negárselo.

¿Cómo se negocia con quien opone sentimientos a razones e incluso amenaza con no pagar su deuda, como Sansón derribando el templo? Esa es la gran pregunta hoy en España. Treinta años de desidia, inconsistencia, oportunismo en Madrid, y de mentiras, chantajes, vanagloria en Barcelona nos han traído aquí. Ha habido enormes errores por ambas partes, hasta terminar mirándose por las pistolas de duelo, y tiene que ser la terca realidad quien conteste a la pregunta con su dureza acostumbrada: lo que no puede ser no puede ser, y, además, es imposible. Veremos si hemos aprendido, aunque lo dudo.
Parece mentira que teniendo los catalanes fama de ser los más flexibles de todos los españoles, no se hubieran dado cuenta de lo que ya dijo un torero.

Aquiles y la tortuga
Antonio Hernández-Gil. ABC  2 Noviembre 2014

Mi madre solía invocar a Einstein para decir que el tiempo es relativo. No era ignorancia de la física, sino experiencia de una vida que parece estirarse y encogerse al azar. Desde luego, a mi padre el tiempo se le hacía eterno cuando, por las tardes, la veía desaparecer conduciendo un seiscientos gris (ya no hay aquellos colores) para estudiar filología en la Complutense. Cada noche, él desesperaba su vuelta asomado a la ventana. Pequeñas lentitudes que contrastan con los días que, como una cascada, se llevan todo por delante. Todavía recuerdo los últimos minutos de las clases de historia, el sol entrando por los ventanales del Ramiro de Maeztu, segundo de bachillerato, cuando el paella, un profesor marcado por la viruela (tampoco se ven ya esas caras de fósil herido), hojeaba su libreta para tomarnos la lección: Gallardo, Juan,las guerras de religión. Y Gallardo, Juan, contestaba como podía desde su pupitre de la segunda fila. Afortunadamente, tampoco esta vez era yo, que miraba el reloj una y otra vez cavilando si ese día llegaría mi turno. Las agujas no avanzaban. El instante era ese punto intermedio entre el reposo y el movimiento que decía Platón en su Parménides; un estado fuera del cronómetro, reflejo de la eternidad que el tiempo imita. Como en la paradoja de Zenón, el rato que faltaba para el recreo siempre podía dividirse en dos haciendo interminable aquella pequeña angustia cotidiana. A veces, esos tiempos suspendidos se encadenaban en otra dimensión: durante varios cursos esquivé al educador que me castigó por imitarle temiendo que descubriera en mi mirada culpable que nunca le pedí perdón. La liebre del tiempo nunca alcanzaba la tranquilidad de la meta y la vida se me iba haciendo nudos que no sabía deshacer.

No es muy distinto ahora, cuando confiamos en que los problemas sociales se arreglen solos, porque los países, como las noches, caminan siempre hacia un nuevo amanecer y no suele pasar nada tan grave que haga preferible resistir antes que renunciar a una parte de lo que podríamos llegar a hacer y ya no haremos, sea mantener intacta la Constitución por encima de las pulsiones nacionalistas, o admirar nuestro prometedor ex futuro perdiéndose en el horizonte. Pero no existe un solo tiempo sino una multiplicidad de tiempos cuyos valores, unidos a las coordenadas espaciales que localizan los eventos en el mundo, difieren al no coincidir nuestra posición: la efímera escala vital de una mosca tiene poco que ver con la tortuga de Aquiles. ¿Vive más lenta o más rápidamente que nosotros, bípedos implumes, palpando detalles milimétricos entre sus patas durante sus dos semanas de vuelo? Creemos que las moscas no tienen conciencia del devenir, como si supiéramos qué cosa es tener conciencia más allá de las finas membranas de nuestros cráneos privilegiados.

No seremos moscas, pero los españoles tampoco somos hoy el mismo animal que éramos cuando se redactó la Constitución. Acertamos entonces, en el año escaso que fue de la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977 al referéndum de 6 de diciembre, a darnos un modelo de Estado social y democrático de derecho bastante más avanzado en su espíritu fundacional que en la desnortada realidad social de hoy en día. La velocidad de las comunidades autónomas apurando sus competencias fue mayor de lo que podía resistir un andamiaje institucional en buena medida improvisado. Luego, con el proceso de revisiones estatutarias fuera de control, nos quedamos inmóviles cuatro años, de 2006 a 2010, aguardando a que el Tribunal Constitucional dictaminase sobre el Estatut, como si su sentencia fuera a disolver las aspiraciones de Cataluña a mayores dosis de autogobierno y reconocimiento de su identidad comunitaria; problemas que tienen su propia dinámica, exacerbada en los últimos años, y con los que se pudo hacer bastante más que aplicar la vara de medir de la Constitución como si fuera el lecho de Procusto, extirpando lo que no cabía. Después de aquella sentencia, pese al creciente desajuste entre las expectativas de tantos ciudadanos y el marco jurídico del Estado, seguimos sin resolver un problema político de primera magnitud, los unos tomando posiciones frente a los otros, movidos más por pretendidas ventajas electorales que por lealtad institucional. Gobernar no es solo aplicar la Ley a tiempo, algo que se presupone en la actuación de todo gobernante, sino ofrecer soluciones a problemas complejos desde la legitimidad democrática y dentro de la legalidad, aunque sea para transformarla, desarrollando un discurso que haga las propuestas comprensibles y asumibles. No existe aún tal discurso y no sirve esperar a que el maná caiga del cielo, especulando con la velocidad del supuesto competidor –una clase menor de políticos, no los ciudadanos– en una carrera de persecución en la que nadie sabe dónde va a estar la meta.

En el juego de Aquiles y la tortuga tan inútil es que Aquiles mida su velocidad para nunca llegar del todo, como que lo haga la tortuga para dejarse encimar, segura de su caparazón y de la infinita divisibilidad del tiempo restante. Cada problema tiene su ritmo, a conjugar en la historia con el tiempo solidario que conecta los relojes de todos y requiere de un esfuerzo integrador. Es la relatividad de la pluralidad y la interdependencia. Ayer se anunciaba un referéndum y después qué; luego se frustra la consulta y después qué. Mañana se convocarán elecciones plebiscitarias y, según el resultado electoral, tal vez se pronuncien declaraciones unilaterales. Pero después qué. Ese proceso incierto tiene un tiempo imbricado con el de problemas socialmente más densos que corren el riesgo de postergarse: el paro, la corrupción transversal que nos desmoraliza, la falta de crédito, la asimetría de la financiación autonómica, el déficit, la deuda. Y ya no es momento de gobernar a brochazos desde las apuestas electorales, las encuestas o la estadística, como si la república tuviera la vacuidad uniforme de la terra incognita en un viejo globo terráqueo, cuando hay que moldearla pieza a pieza con los engranajes precisos para abordar un futuro mejor. De lo contrario, la tortuga tendrá razón aritmética porque el tiempo restante siempre es divisible; pero Aquiles la alcanzará en la vida real.

No sé qué dirían Zenón de Elea, Platón o Einstein de esta mezcla de parálisis, medidas precipitadas, desafíos locales, falta de instituciones globales, y poca reflexión sobre un nuevo orden social. Prisas y pausas mal combinadas en una edad multidimensional y líquida donde los días se escapan de entre las manos como una tortuga de jabón. Pero quizás podríamos retomar la antigua metáfora (¿o es algo más?) de la música como tiempo ordenado; sustituir los rituales de confrontación por los de cooperación; cultivar la armonía componiendo una partitura coral que aúne nuestros pasos diversos; y, armados de ese cántico espiritual, música callada o soledad sonora, encarar la tarea infinita de hilvanar el mapa de la patria (otra palabra de antes, como la viruela) y «hacerla libre y suave, blandamente acostada en el concierto de los pueblos, para poder olvidarla». Los versos certeros de Xavier Amorós se aplican igual –de forma que no tiene por qué ser excluyente– a la Cataluña renaixent de Aribau y a la pobre, sucia, triste, desgraciada piel de toro de nuestra Sepharad que Espríu amaba con dolor desesperado, sin poder olvidarla. Refieren una patria inclusiva, refugio de libertades suavemente concertadas al servicio del bien común, frente a la patria como arma y como fin, que en paz descanse. Las palabras de los clásicos pueden sonar huecas en esta agitación de rumores encanallados, pero son necesarias para interrogarse por las eternas paradojas del hombre y orientarse en tiempos extraños siguiendo, velas al viento, los camins duptosos per la mar que Ausias March cantaba. Andante con moto, maestro.

Antonio Hernández-Gil, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Artur Mas, el flautista de Hamelín
El señuelo separatista ha logrado en Cataluña suplantar a los populismos del sur de Europa
Joaquín Leguina.El Pais  2 Noviembre 2014

¿Existe alguna causa contrastable que explique el suflé soberanista catalán? Si esta pregunta se les hace a los políticos catalanistas (desde los separatistas hasta el PSC), todos coinciden en que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña fue lo que desató la tormenta, pero la verdad es que la famosa sentencia —por otra parte, llena de sentido común y de razones jurídicas— no afectó en nada a la vida cotidiana de los ciudadanos ni en Cataluña ni el resto de España.

Leyendo los barómetros del Centro de Estudios de Opinión de la Generalidad se comprueba que entre junio de 2010 (fecha de la sentencia) y octubre de ese año entre quienes querían un Estado independiente (un porcentaje creciente desde noviembre de 2005, 12,9%, hasta la actualidad, cercano al 50%) no hay un crecimiento apreciable. Eso sí ocurre a partir de la “movida” soberanista (casi 10 puntos entre junio y octubre de 2012). En conclusión: la fiebre no la produce la sentencia del TC, sino la movilización puesta en marcha por los partidos nacionalistas, bien por sí mismos bien a través de sus “movilizadores” (engrasados desde la Generalidad), como la ANC. El nacionalismo catalán no pisó el acelerador independentista porque el “pueblo” se lo reclamara, sino que fueron ellos quienes movilizaron (es decir, manipularon) a la sociedad civil en esa dirección. ¿Por qué?

Porque la crisis acosaba con una capacidad de destrucción sin predecentes y no era cosa de hacerse cargo de los “recortes” que exigían en Bruselas. Teniendo en cuenta, además, el disparatado endeudamiento previo. Por eso, a partir de la crisis, y no antes, la Generalidad fue preparando su alternativa económica: “El pacto fiscal”. Pero tras las elecciones generales (noviembre de 2011), los nacionalistas comprobaron que no iba a ser fácil conseguirlo, pues su presencia en unas Cortes con mayoría absoluta del PP no les serviría para presionar.

Puestas así las cosas, Artur Mas diseñó su “hoja de ruta” en tres pasos: 1. Demostración de fuerza, en la cual “el pueblo catalán” se expresaría a favor de la independencia. 2. Contando con ese apoyo, el president se presentaría en Madrid para decirle a Rajoy “o me das el concierto y el cupo vasco o te vas a enterar”. Y como fracasó en Madrid, dio el tercer paso: disolvió el Parlamento. Así que convocó elecciones para el 25 de noviembre de 2012 bajo un leitmotiv: “El derecho a decidir”. El resultado de aquellas elecciones fue sorprendente: CiU obtuvo 50 diputados, perdiendo 12 respecto a las elecciones de 2010. Un desastre que hubiera hecho dimitir a cualquiera… menos a Artur Mas.

La fiebre no la produce el Constitucional sino la movilización puesta en marcha por los partidos nacionalistas

Todo aquello ocurría en medio del cabreo y la indignación generalizados, producto de las políticas destructoras impuestas por Europa. En efecto, el diagnóstico y la terapia de la señora Merkel y sus cipayos: deuda y déficit como causa y austeridad y recortes como remedio fueron un error que condujo al alargamiento de la crisis y a la paralización institucional de la UE.

Sin embargo, el señuelo separatista logró en Cataluña suplantar a los populismos que nacieron como setas tras la lluvia en el sur de Europa: el FN en Francia, el Movimiento 5 Estrellas en Italia, Amanecer Dorado y Syriza en Grecia y Podemos en España, pero también creció el populismo en el norte: Partido de la Libertad, en Austria y en Holanda, o Alternativa por Alemania. Por no citar el partido de los Verdaderos Finlandeses o el de los Demócratas de Suecia. Todos ellos tienen en común no tanto la ideología como las propuestas de solución: siempre utópicas y tan irrealizables como antidemocráticas.

El populismo en Cataluña, producto en buena parte del deterioro al que se ha sometido a las capas medias, ha tomado —repito— la forma de hipernacionalismo que, aparte de un culpable (la “casta” en Cataluña, paradójicamente, no son “los Pujolone”, sino la “España que nos roba”), también ofrece un paraíso al alcance de la mano: la independencia... y con ella la tierra prometida donde todas las desgracias se tornarán en dichas.

En cualquier caso, todos los populismos producen altos costes y, así, la deriva soberanista en Cataluña, si hemos de hacer caso a las encuestas, está a punto de destruir a los dos partidos que han representado hasta ahora la centralidad política: CiU y PSC. Uno le ha regalado a ERC la primogenitura en el campo nacionalista, el otro ha naufragado entre ambigüedades e incoherencias, abriendo así un horizonte en el cual ERC (un partido que goza de una muy añosa y bien acreditada incompetencia) sería el partido más votado.

De esta manera, Artur Mas, como el conocido flautista, habría llevado a sus huestes al suicidio, poniendo además a Cataluña al borde del colapso.

Joaquín Leguina, exdiputado socialista, es autor de Los diez mitos del nacionalismo catalán.

¿Ha llegado el Ocaso de Rajoy? Sus últimos graves errores
Miguel Massanet  www.diariosigloxxi.com 2 Noviembre 2014

Mucho nos tememos que el PP se está jugando toda la credibilidad que pudo acumular en años anteriores, en sólo lo que le queda de la legislatura de don Mariano Rajoy. Y no es que las bases del partido hayan cambiado de opinión respecto a los valores que se debían defender o en relación a los principios éticos y morales que debían presidir todas y cada una de las decisiones de la Dirección del partido, ni que nuestra herencia cristiana se haya desplomado de repente y haya dejado de ser uno de los puntales básicos del partido de don Manuel Fraga Iribarne; nada de todo esto, los fieles votantes del PP siguen siendo los mismos, opinando exactamente igual que cuando votaron a su partido en las elecciones del 20N y le dieron al señor Rajoy una amplia mayoría absoluta, en ambas cámaras. Los que han cambiado han sido los dirigentes.

Rajoy recibió del pueblo español todas las facilidades para que pudiera llevar a cabo, sin obstáculos y con plena libertad, la complicada labor de regenerar a España; no sólo en lo económico, financiero y social, que por supuesto era una de las prioridades; sino también y muy especialmente en la tarea de sacar al país del marasmo ideológico en el que las doctrinas socialistas le tenían sumido; su anticlericalismo y su aversión por la Iglesia católica; su adoctrinamiento comunistoide y su desprecio por la familia; su relativismo ideológico y su énfasis por convertir las escuelas públicas y las universidades españolas, más que en lugares donde impartir el saber y la cultura, en verdaderos centros de captación de adictos para llevar a cabo su política de destrucción del modelo de Estado que juntos nos dimos mediante la Constitución de 1.978 y, sin duda alguna, la perversión misma del sistema democrático, incompatible de siempre con el modelo totalitario que ellos practican.

Sin embargo, después de tres años de gobierno, ni el señor Rajoy ni su equipo de gobierno han sido capaces de llevar a cabo la tarea, difícil tarea, que les fue encomendada por sus votantes. Su periplo por el poder, si se ha caracterizado por algo, ha sido por un exceso de precauciones, por un comportamiento timorato ante sus adversarios políticos, por una falta de valentía y decisión que ha pretendido ocultar detrás de una apariencia de prudencia, de templanza y serenidad pero que, a la postre, no ha sido más que una sucesión de pequeñas concesiones, intentos de conseguir acuerdos con el resto de grupos políticos que, como era de esperar y más tratándose de la izquierda, se han guardado mucho de darle el árnica que pedía para evitar que pudiera exhibir algún éxito en su mandato. Si en lo económico, en parte obligado por Europa, ha conseguido estabilizar el país, tampoco en el aspecto de atajar el paro e inyectar impulso a la economía, se puede decir que haya conseguido todos sus objetivos.

En su debe se le ha de anotar una tendencia muy marcada a apartar de su lado a todos aquellos que han diferido de sus opiniones, le podían hacer sombra o consideraba que su presencia destacada en los puestos clave del Gobierno o de su partido, le podía resultar molesta o, posiblemente, le restarían protagonismo. Basta nombrar a Mayor Oreja, María San Gil, Vidal Cuadras, Álvarez Cascos, Angel Acebes, Esperanza Aguirre y hoy, finalmente, Ruiz Gallardón; al que se le ha hecho la jugada mas sucia que se le puede hacer a un ministro en activo: se le ha desautorizado públicamente devolviendo la modificación de la Ley del Aborto, una ley que ya estaba a punto de ser publicada, simplemente porque en estos momentos al señor Rajoy ya le han entrado las prisas para intentar conseguir los votos que perdió, inútilmente, en la elecciones europeas; precisamente por haber conseguido el desapego de los votantes del PP, que no están de acuerdo con sus políticas respecto al aborto, a los colectivos gay, a los independentistas (especialmente a los catalanes) y, en especial, a su temor a meterle el tijeretazo que está precisando la Administración de la Justicia, una de las grande preocupaciones de la ciudadanía española, que no puede entender que todos los órganos e instituciones del Poder Judicial, funcionen con retraso, sin medios, con jueces que no son de oposición y, en especial, que la mayoría de todos ellos estén politizados, algo que debería estar erradicado de raíz, de modo que ninguno pudiera ejercer su profesión ante la más mínima sospecha de que, sus sentencia o resoluciones, pudieran estar contaminadas por la política.

Hoy ha sido el señor Gallardón el sacrificado y, de paso, los millones de españoles que esperábamos una ley que acabara con las matanzas de inocentes que impunemente se consienten en este país. En el pasado fueron una serie de valores reconocidos del PP que por no opinar como don Mariano se perdieron en el anonimato, anteayer fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre. Todos le resultaban molestos al señor Rajoy y a sus acólitos del Gobierno pero... y ¿ahora qué? Pues si nadie lo remedia parece que Madrid está a punto de pasarse al adversario. El gran bastión del PP y buque insignia de la formación pudiera pasarse en bloque a las manos de los Socialistas o, puede que, a las de Podemos o de una coalición de izquierdas en las próximas elecciones. Lo curioso del tema es que la persona que parece con más posibilidades de hacerse de nuevo con la comunidad madrileña es precisamente doña Esperanza Aguirre.

¿Qué sucede con esta señora que no deja indiferente a nadie? Pues que se ha convertido en el enemigo a batir de toda la oposición. Nadie es capaz de entender que una simple discusión con unos policías por una multa, algo que cada día ocurre en las calles de todas las ciudades de España, por ser quien es, por tratarse de una política de derechas y por ser la más cualificada y querida por los madrileños, se ha convertido en un tema de acoso y derribo a la señora Aguirre que, por si le faltaba algo para convertirse en el enemigo público número uno de las izquierdas, ¡Es rica y de familia noble! Demasiado para toda esta chusma que sólo vive de las ansias de venganza, de la envidia y del deseo de desprestigiar a todo aquel que es alguien por sus propios méritos.

¡Alto ahí!, pero ¿sólo sus adversarios del resto de partidos quieren eliminarla de la batalla por Madrid? No señores, no les quepa la menor duda de que, si se habla de Sáez de Santamaría o de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, para ocupar la alcaldía madrileña es porque al señor Rajoy la posibilidad de un retorno de Esperanza Aguirre a la política y más si es como alcaldesa de Madrid, es algo que le produce retortijones. No creemos que al señor Presidente le queden demasiados cartuchos en la recámara. Los que se ha gastado en salvas sin resultado alguno, sus renuncios, sus incumplimientos de promesas electorales y ahora, como remate, la retirada de la Ley del Aborto; una ley que millones de españoles estábamos esperando ya hace tiempo; mucho nos tememos que, así como a levantado las agrias protestas de los obispos y de los antiabortistas, acaben por decidir a aquellos que no le votamos en las europeas por su comportamiento en el caso catalán ( todavía queda por ver como acabará este tema); decidamos buscarnos otro partido en el que depositar nuestro voto o, si tanto nos apuran, no votaremos por ninguno.

Los leales seguidores del PP (el de antes, por supuesto) no se sienten representados en este momento por unos directivos que parecen no tener nada en común con sus electores. Habrá que escoger a otros y queda poco tiempo para ello. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, contemplamos este desbarajuste en que se ha convertido la política española.

Cataluña y los hombres del traje gris
JAVIER ZARZALEJOS  EL CORREO   2 Noviembre 2014

Artur Mas no es una pieza en manos de un destino que le es ajeno, sino el artífice del proceso de autodestrucción de su partido

Los ‘hombres del traje gris’ son una institución en la política británica. Constituyen en los partidos, particularmente en el Partido Conservador, una suerte de núcleo duro de personalidades de escaso perfil público pero inequívocamente respetadas dentro de sus organizaciones. Tienen edad y experiencia, lo que les sitúa en una posición privilegiada para considerar los acontecimientos dentro de ciclos largos. Carecen de intereses personales directos en la política pero se sienten responsables de preservar como depositarios leales el patrimonio que representa su partido, su trayectoria histórica y su permanencia. La visita de los hombres del traje gris es el momento temido por todo primer ministro porque son ellos los primeros encargados de hacerles ver que han superado su fecha de caducidad, que su liderazgo ya no da mas de sí y que ha llegado la hora del relevo por el bien del partido. Luego viene todo lo demás pero la ejecución, con inevitables dosis de crueldad, corresponde a este grupo de notables que tienen encomendada la garantía de continuidad del partido y la posición de éste en el sistema institucional. Son reconocidos como los intérpretes auténticos del pulso de su organización y actúan en consecuencia.

Hace ahora 24 años de la más celebre ejecución perpetrada por los hombres del traje gris del Partido Conservador. Su víctima fue ni más ni menos que Margaret Thatcher, una de las grandes personalidades políticas del siglo pasado y la líder conservadora más carismática y transformadora desde Winston Churchill.

Y sin embargo, la que luego sería baronesa Thatcher tuvo que afrontar, con la amargura que ella misma confesó, el final de su extraordinaria carrera política, once años después de alcanzar el poder derrotando al laborismo del «invierno del descontento» y el marasmo social, del desarme unilateral frente a la Unión Soviética y el delirio intervencionista. A Thatcher le dijeron que había llegado el momento de dejarlo. Las consecuencias están abiertas al debate. Lo que es un hecho es que el sucesor de Thatcher, John Major, en 1992 ganó un nuevo mandato para los conservadores contra todo pronóstico.

Artur Mas tiene suerte de no haber nacido inglés –o escocés si lo prefiere– en sus actuales ocupaciones. Pero su partido, Cataluña y la estabilidad de España en su conjunto, tienen la desgracia de no contar con esos hombres del traje gris, capaces de leer las situaciones con lucidez y dispuestos a evitar, por doloroso que resulte, que un líder conduzca al abismo a su partido y que una vez en el borde, los dos, líder y partido, salten al vacío pidiendo el aplauso por convertir el suicidio en un rito sacrificial de patriotismo.

Ya sabemos que el nacionalismo catalán no quería. Que en realidad esta crisis se la ha buscado el PP por recurrir un estatuto de autonomía que hasta sus promotores –léase lo que dice al respecto Pasqual Maragall en sus memorias– sabían que era inconstitucional. Luego, Rajoy tampoco fue sensible a la advertencia de Mas de que se atuviese a las consecuencias de rechazar la exigencia de pacto fiscal que le formuló en la misma Moncloa. El caso es que el nacionalismo –siempre inocente hasta de serlo– cree encontrar en Mas su intérprete y es éste quien decide consulta, preguntas, fecha y opciones ‘astutas’ para descolocar al Estado que representa en Cataluña al que previamente ha declarado, literalmente, enemigo.

Lo extraordinario en estas circunstancias es que, ya sea en Madrid, ya sea Barcelona, se reclame sin ninguna cautela del presidente del Gobierno que mueva ficha, que active el diálogo, que actúe para evitar el choque de trenes, con estas o cualquier otra de las cargantes expresiones sacadas del repertorio al que se recurre cada vez que a nuestros nacionalismos les da por ponerse insurreccionales.

Produce cierto asombro que se pida al presidente del Gobierno –cualquiera que fuera este– que siga reconociendo a Mas como interlocutor político para tratar nada menos que de la estructura constitucional de un Estado al que define como enemigo. Los actos tienen consecuencias y esta disociación entre unos y otras, típica del nacionalismo, es simplemente la antítesis de la responsabilidad que tanto se pide en medio del actual clima de tensión generada en Cataluña. Lo formulaba Mariano Rajoy esta misma semana en el Senado al preguntar a su interpelante, el ex-Honorable Montilla: «¿Qué hay que dar al que convoca un referéndum ilegal?»

Es comprensible que haya quien se resista a la evidencia de que Artur Mas es un político irrecuperable para la interlocución. Por mucho que lo intente, Mas no es una pieza en manos de un destino que le es ajeno, sino el artífice consciente de un proceso de autodestrucción de su partido, de desafío a los elementos básicos del orden constitucional, y de la fractura en Cataluña que se proyectará por mucho tiempo en un futuro de estériles acritudes.

Con los hombres del traje gris esto no habría pasado. Desde hace tiempo a Mas se le habría hecho saber que hasta aquí había llegado el intento y que su aventura, por patriótica que fuera, no podía disfrutarse al precio de destruir al partido. En eso, el PNV –donde habita lo más parecido en España a los hombres del traje gris– podría haber aportado alguna enseñanza útil a sus correspondientes catalanes. Pero no, Convergencia no tiene hombres de traje gris dentro y los que se creía que estaban fuera –eterna esperanza frustrada de la Cataluña mesocrática– simplemente no han comparecido.

Clamor por una regeneración que destierre la corrupción
Editorial La Opinión  2 Noviembre 2014

La podredumbre de la corrupción se extiende como un cáncer galopante y amenaza con liquidar el escaso crédito que le quedaba al sistema político español. Cuando parecía que el eco desestabilizador de la interminable cascada de escándalos comenzaba a amortiguarse, la última andanada destapada por los investigadores ha hecho saltar por los aires la ya endeble esperanza de los ciudadanos en una regeneración pública que parecía en marcha. La confianza de los españoles en sus líderes vuelve a caer en picado y esta vez serán necesarias algo más que buenas intenciones no ya para recuperarla, sino para conjurar un descrédito crónico y terminal de impredecibles consecuencias. Empieza ya a resultar imposible creer que las corruptelas son solo puntuales pústulas purulentas del sistema. Nada parece escapar del hedor de la corrupción. Desde la financiación opaca de los partidos hasta el saqueo de las entidades financieras. Sin olvidar los desmanes en organizaciones empresariales y sindicales.

Por desgracia, Galicia y señaladamente A Coruña tienen una indeseable relevancia entre las últimas corruptelas destapadas por los jueces. Con la instrucción aún por terminar del caso Pokemon, con doce imputados en el Ayuntamiento de A Coruña, entre ellos la mano derecha del alcalde Carlos Negreira, la operación Zeta ha venido a añadir leña al fuego. Los sumarios judiciales de la Pokemon pusieron descarnadamente al descubierto el desvergonzado uso y abuso de las millonarias concesiones municipales, costeadas con cargo a los sufridos y mal atendidos contribuyentes, en provecho de inconfesables intereses particulares. La gestión de los servicios municipales, que debería ser la principal herramienta para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en estos años de crisis, ha degenerado sin embargo en una obscena red de sobornos y enchufes.

La trama de la llamada operación Zeta, cuyo mascarón visible es el empresario coruñés Gerardo Crespo, es aún más despreciable si cabe porque el enriquecimiento fraudulento se produce en este caso a costa de una de las principales lacras del país, los parados y discapacitados que sufren lo peor de la crisis. Los fondos millonarios destinados por el Gobierno y especialmente la Xunta a paliar la tragedia de los desempleados y discapacitados gallegos para reinsertarlos en el mapa laboral acababan sin embargo en los bolsillos de una red sin escrúpulos con epicentro en A Coruña.

La investigación judicial desvela que el fraude era posible por la complicidad de políticos, funcionarios y empresarios. Dos altos cargos de la Xunta con el PP dimitieron ya por el escándalo y otro fue destituido. Los investigadores descubrieron una caja B en el entramado empresarial de Gerardo Crespo en la que figuraban pagos a altos cargos del PP. El sumario del caso resalta la estrecha relación existente entre el presunto cabecilla de la red fraudulenta y el poder político coruñés. La policía concluye que tras las presiones de Crespo a una asesora del alcalde de A Coruña, se dio orden para que se volviese a invitar a sus empresas a los procedimientos de negociación.

Un correo electrónico de Crespo a Negreira en agosto 2010, cuando el alcalde de Oleiros García Seoane denunció que la Xunta había dado un millón de euros a entidades de Crespo solo por su afinidad al PP, prueba que el empresario coruñés y el actual alcalde y entonces portavoz municipal del Partido Popular en A Coruña consensuaron la respuesta a las críticas del regidor oleirense antes de enviarla a los medios. "Les hice muchos favores y Negreira me dejó tirado cuando empezaron las escuchas", afirmó Crespo en una entrevista en este diario. El sumario incluye un mensaje al empresario investigado de Sáenz-Chas, presidente de una federación vecinal de reciente creación acusada de afín al PP por las asociaciones históricas, en el que afirma que Negreira le mandó montar las nuevas asociaciones.

La investigación de la operación Zeta pone el dedo en la llaga al evidenciar que el entramado de fundaciones y empresas de Gerardo Crespo, que llegó a manejar hasta 15 millones en subvenciones de la Xunta, nunca fue inspeccionado hasta que trascendió que la policía lo estaba investigando. Esa ausencia de mecanismos permanentes de control sobre el manejo del dinero público es una de las grandes asignaturas pendientes en la lucha contra la corrupción. Así lo constató en una entrevista en LA OPINIÓN el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, al subrayar que los órganos encargados de la supervisión y el control no funcionaron correctamente en los casos de corrupción. Varela asegura que debe reforzarse el control de los secretarios de administración local y los interventores.

El perdón público pedido por el presidente del Gobierno en nombre de su partido, principal aunque no único protagonista de la corruptela que no cesa, es al menos un positivo síntoma de reconocimiento de la gravedad de la enfermedad que corroe las entrañas de la vida política española. Pero una vez asumido el diagnóstico, es necesario aplicar con valentía un tratamiento que hasta ahora se he constatado ineficiente. Llegados a este dramático punto, hay que confiar en que la clase política no haya alcanzado el nivel de ceguera que le impida ver que hay todavía algo peor que la creciente indignación provocada por los anteriores escándalos. El abatimiento de una ciudadanía ante una repugnante realidad que empieza a antojárseles imposible de atajar puede acabar por dinamitar el organigrama político democrático consolidado en España desde hace casi cuarenta años.

Pese a todo, la sociedad española está digiriendo este trágala con serenidad, consciente de que en cualquier estamento colectivo puesto ahora en la picota sigue habiendo gente ajena a la inmundicia dispuesta a trabajar con honestidad. La mayor esperanza radica en estos momentos, pese a la que está cayendo, en que cuando las fechorías se descubren y depuran conforme a la ley, el sistema sí funciona. Otra cosa es que estar a la cola en Europa en gasto de Justicia por habitante no ayuda. Lo perverso es carecer de instrumentos sociales, políticos y administrativos para detectar las tropelías, como advierte el fiscal Carlos Varela, e imponerles penas ejemplares.

Estamos en un verdadero punto de inflexión. En pleno clamor social por una total regeneración que deslegitime y castigue con toda severidad prácticas que se deberían haber desterrado hace mucho. Podemos sucumbir a la plaga de corruptelas y asumir el fracaso de nuestro sistema democrático o por el contrario, afrontarla con rigor inflexible y revertirla en un triunfo. Esa regeneración no solo requiere dotarse de mecanismos que atajen y escarmienten la corrupción, sino también asumir hábitos a los que la clase política española aún es reticente, como la total transparencia en las decisiones adoptadas en los centros de poder político.

La sociedad española, gallega y coruñesa precisa un vendaval ético que barra a los corruptos y nos devuelva una moral cívica sin la que los pueblos no pueden progresar. Todo apunta no solo a una línea más dura contra la corrupción, sino a esa inaplazable regeneración de los pilares democráticos. Ojalá se esté verdaderamente a la faena, porque todo lo que no sea eso será como dispararse en el pie.

Lastres de la economía española
El independentismo catalán perjudica en el extranjero a España mucho más que la corrupción
Desde Fuera, es visto como un riesgo para la economía y suscita dudas a los inversores
Periodista Digital 2 Noviembre 2014

La corrupción lastra la imagen de España en el extranjero, no tanto porque se produzca, como por la ausencia de reacción social, jurídica e institucional hacia ella. No obstante, no impide ni rebaja las relaciones comerciales con España.

Pero, como subraya 'El Economista', algo que sí pasa con la amenaza soberanista catalana, que desde el extranjero es vista por organismos y expertos como un riesgo para la economía española y, por consiguiente, suscita dudas a los inversores. Eso sí, unas dudas controladas porque no creen que prospere.

Reino Unido: los españoles no castigan la corrupción en las urnas
En Reino Unido los escándalos de corrupción se observan con una distancia relativa, en comparación a la mayor inquietud que genera el debate catalán.

Las principales cabeceras de la prensa británica no han recogido un seguimiento continuo de las detenciones recientes, y las noticias esporádicas apenas van más allá de recapitulaciones de una situación que, describe The Independent, "se siente como deprimentemente normal".

La imagen de España como foco para la inversión apenas se ha visto mancillada por los recientes escándalos, que han pasado relativamente desapercibidos en La City.

Los analistas consultados por elEconomista eran más conscientes de la polémica de las tarjetas B, por tratarse de un caso que afectaba directamente a la banca y con nombres de perfil alto como el de Rodrigo Rato.

Martin Harvey, de Threadneedle Investments, asegura que España "todavía está por delante de los demás países del Sur en lo que se refiere a riesgo político", sobre todo, por la estabilidad del Gobierno.

No en vano, medios como el Financial Times han destacado la aparente reticencia de los votantes a castigar a la clase política donde más duele, en las urnas, según demuestran las encuestas en epicentros del escándalo como Andalucía o la Comunidad Valenciana.

El FT cuestiona también el alto grado de politización de la Justicia en España y su incapacidad para promover con agilidad medidas punitivas contra la corrupción.

El debate soberanista catalán ha demostrado tener más tirón, si bien el apetito mediático semeja haber caído desde la victoria del no en el referéndum sobre la independencia de Escocia.

Para los inversores, por contra, se trata de "la cuestión con el mayor potencial de desestabilizar", si bien, en la actualidad, los mercados consideran que las posibilidades de lsecesión son "bajas".

Los alemanes no comprenden que no haya dimisiones fulminantes
En la Universidad Goethe de Francfort se debate sobre las disculpas de Rajoy por la corrupción. Los estudiantes buscan noticias que hablen de dimisiones, no entienden que con una disculpa se zanje el asunto.

Su reacción es la habitual en un país donde la corrupción existe, pero no se tolera. Los escándalos políticos en Alemania han ido siempre seguidos de dimisiones fulminantes.

La corrupción daña la imagen de España en Alemania, pero eso no parece que vaya a frenar las relaciones comerciales entre ambos países.

Los costos de mano de obra se han reducido por la recesión y las reformas, y eso resulta atractivo para los inversores extranjeros. La consecuencia es que para muchos la marca España es sinónimo de género barato.

El diario Tagesspiegel recoge en un artículo "ya sea en la Casa Real, el Gobierno o las agencias públicas, en España la corrupción se considera la norma.

Los ciudadanos han perdido la confianza en las instituciones".

La radio DRK vas más allá y afirma que el problema no solo pertenece a la clase política:
"También en la vida cotidiana la gente viola en masa las normas y reglamentos".

Sobre el referéndum catalán, el Frankfurter Allgemeine publicaba hace días:
"El separatismo implica riesgos políticos y económicos. Los inversores internacionales dudan".

Y el ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, respecto del referéndum escocés destacó "la cultura democrática ejemplar de Gran Bretaña", y esa no es una declaración baladí, pues si en Alemania se mira con recelo cualquier nacionalismo por razones históricas, también existe una idea muy clara de democracia, por ello cuesta entender que sea tan difícil hacer un referéndum.
Italia envidia las reformas españolas

Un país que crece, que tiene bancos sólidos y que ha sabido llevar a cabo las reformas. Eso es España para Italia. El mundo italiano de los negocios deja de un lado a los problemas políticos y envidia a los avances económicos de España.

La prensa italiana casi no ha hablado de la trama corrupción en España y los transalpinos parecen más que nunca sumidos en sus propios escándalos de corrupción, las reformas que no despegan y una crisis económica sin fin.

Las únicas crónicas que vienen de Madrid hablan de los resultados de los test de estrés y del crecimiento del PIB del 0,5 por ciento en el tercer trimestre, un sueño para Italia que concluirá 2014 en recesión.

En los pasillos de las entidades financieras en Milán más que a la corrupción se mira a la solidez de la economía española.

"El interés de los inversores extranjeros hacia España sigue siendo muy alto. Se percibe como un país que ha realizado reformas importantes en el ámbito laboral y que ha reformado la banca", explica Lorenzo Astolfi, consejero delegado de N+1 Syz, banca privada y de inversión italo-suiza.

"La economía española está atravesando un periodo de recuperación y esto también influye en el interés de los inversores institucionales hacia el país" añade Astolfi. Si para los inversores italianos la corrupción no basta para ocultar los éxitos económicos de España, tampoco lo hace el debate sobre la independencia de Cataluña".

Grecia compara su corrupcion a la nuestra
Las noticias sobre la corrupción política en España llegan a Grecia, pero no sorprenden. Grecia ha sufrido y sigue sufriendo por la corrupción administrativa y las conductas semejantes por parte de personajes políticos en un país como España, al que se considera muy cercano en cuestión de mentalidad, no alarman a nadie.

Las disculpas de Mariano Rajoy se han comparado en Grecia con las declaraciones que hacía el primer ministro griego en 2007, Kostas Karamanlis, cuando pedía "modestia y humildad" a los miembros de partido, al mismo tiempo que se sucedían los casos de corrupción en Nueva Democracia.

Lo que sí es cierto es que estos acontecimientos no parece que tengan algún tipo de impacto en la relación comercial entre los dos países, dado que las inversiones griegas en España siempre han sido bastante limitadas.

Barcelona sigue siendo el destino favorito del público griego, algo que no cambiará, según los expertos, por el debate soberanista ni una eventual independencia.

Cataluña preocupa en la Unión Europea
La Unión Europea vive inmersa en un periodo de agitación constante desde que Lehman Brothers colapsara en septiembre de 2008. Por eso, en Bruselas sólo preocupan seriamente aquellos temas nacionales que afectan directamente la estabilidad de la Unión o pueden provocar una reacción en cadena más allá de los Pirineos.

Una de estas preocupaciones ha sido la convocatoria del referéndum en Cataluña. El intento de consulta del presidente de Cataluña, Artur Mas, incomoda en las instituciones europeas, que se vieron afectadas por un desafío similar desde el lado escocés, y vigilan de reojo a los varios focos secesionistas del continente.

El saliente presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, reconoció el pasado mes a elEconomista que "como europeísta, cuanta más unidad mejor, y cuanta más división, peor".

El tema catalán ha sido recogido por la prensa internacional, y seguido por los corresponsales comunitarios. Sin embargo, los casos particulares de corrupción se siguen con menos atención, a pesar del sentimiento existente sobre la situación de corrupción generalizada en nuestro país.

Sí han llegado a cabeceras de influencia en Bruselas, como el Financial Times, casos como el de la financiación ilegal del PP o ahora el de las tarjetas opacas y la operación Púnica.

El diario concluía en un artículo el pasado jueves que "los españoles se preocupan profundamente por la aparente ola de casos de corrupción, pero a menudo no lo suficiente como para votar a otros partidos".

Al ser preguntado ayer por 'El Economista' si afecta más la corrupción o el desafío de independencia catalán a la comunidad inversora, el saliente comisario de Competencia, Joaquín Almunia salió por la tangente al decir que lo que los inversores miran son las perspectivas económicas, en concreto, "los dos grandes problemas de España: el endeudamiento y el paro".

Otros compañeros suyos en el colegio de comisarios, en concreto el comisario de Empleo, Laszlo Andor, responsable del Fondo Social Europeo (FSE), sí han prestado una atención más estrecha a escándalos como el de los ERE e indicó que de cara al futuro "realizará un estrecho seguimiento a través de controles y auditorías".

EEUU: la marca España debería ser más fuerte
Antes del último tsunami de escándalos que ha sacado los colores a la clase política de España, el exembajador de Estados Unidos Alan Solomont dejó claro que "no es que la marca España sea mala, pero debería ser más fuerte".

Unas declaraciones que ya hace un par de meses hicieron alusión tanto a la corrupción como al caso catalán.

El diplomático incidió en que lo que puede inquietar a los inversores no sólo es la estabilidad fiscal y económica sino también la regulatoria y política.

"En cierta forma la crisis económica ha minado la confianza en las instituciones políticas y eso se ha reflejado en Cataluña. La crisis ha contribuido a las tensiones políticas".

Solomont mencionó los "tristes niveles de confianza de los ciudadadanos en los líderes políticos", una realidad que también es evidente al otro lado del Atlántico, "tanto para la oposición como para el Gobierno", señaló.

Es cierto que durante los últimos meses en Estados Unidos, la posible secesión de Cataluña ha ocupado una mayor atención que la corrupción política.

Sin embargo, con la expectación generada por el referéndum escocés, Cataluña volvió a convertirse en el otro foco europeo de las regiones en busca de la independencia.

"Cataluña es claramente un riesgo importante", indica Matthew Weir, director ejecutivo de Goldman Sachs Strategy Group. Desde Roubini Global Economics, la consultora liderada por Nouriel Roubini, también consideran que el ejemplo catalán pone de manifiesto la "delicada situación dentro del continente europeo".

El diario The Wall Street Journal se hacía eco ayer, en un artículo sobre el voto simbólico del próximo 9 de noviembre, de cómo el caso de evasión de impuestos que rodea a Jordi Pujol y su familia ha tenido repercusiones a nivel político dentro de la coalición formada por CiU.


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El nacionalismo catalán y el sentido del ridículo

Jesús Cacho www.vozpopuli.com 2 Noviembre 2014

Las huestes que comanda Arturo el Astuto Mas han perdido el sentido del ridículo. Han perdido también la vergüenza, por no entrar en terrenos tan resbaladizos como el desafío a una Ley que el president juró cumplir y hacer cumplir.

Dijo Albert Einstein que “el nacionalismo es una enfermedad infantil, el sarampión de la humanidad”, y a fe que el catalán se comporta como el perfecto infante incapaz de discernir entre lo bueno y lo malo, lo moral y lo inmoral, lo lógico y lo grotesco. Las huestes que comanda Arturo el Astuto Mas han perdido, en efecto, el sentido del ridículo, algo inimaginable en la tradición de un paisanaje que hizo siempre del sentido común, ese instinto colectivo que lleva a razonar los problemas vitales con los pies bien firmes en el suelo, su bandera. Resulta que para poder votar en la consulta chapuza del próximo domingo solo es necesario inscribirse en la web oficial del procés, Participa2014.cat, inscripción que es posible obtener sin el menor problema, resida uno en Cataluña o en Galicia, esté empadronado en Santa Coloma de Gramanet o en Argamasilla de Alba, porque basta con introducir una dirección y un apellido, sean reales o ficticios, para poder participar en la farsa. Y es que en este remedo de referéndum ni siquiera hay un censo disponible, lo cual que a lo mejor se trata de la última treta del gran Arturo para hacer votar a media Europa y asombrar así al ancho mundo con la fuerza del fenómeno catalán.

Han perdido el sentido del ridículo y desde luego también la vergüenza, por no entrar en terrenos tan resbaladizos como el permanente desafío a una Ley que el president juró cumplir y hacer cumplir. Metidos en la deriva entre lo esperpéntico y lo trágico impuesta por el secesionismo, son muchos los españoles que se han mostrado partidarios de dar vía libre a la charlotada del 9-N con la idea, más o menos elaborada, más o menos festiva, de permitir a ese nacionalismo militante afincado en el delirio cocerse en su propia salsa, apurar el cáliz de su irresponsabilidad. Permitir el festejo del domingo dejaría abierta la puerta para un acuerdo posterior in extremis entre el Gobierno de España y la Generalitat, como el viernes contaba aquí Federico Castaño. El mensaje habría sido transmitido a Moncloa por Durán i Lleida, siempre perfecto en su papel de intermediario: renunciar a impugnar el placebo del día 9 daría a Mas margen de maniobra para, tras la bufonada, retomar los contactos que el Govern ha venido manteniendo más o menos en secreto con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y pactar con él la aprobación de los Presupuestos catalanes para 2015, lo que permitiría agotar la legislatura alejando el fantasma de un adelanto electoral en Cataluña.

Recurrir la payasada ante el Constitucional, por el contrario, solo servirá, sostiene el señor de Lérida, para incentivar la movilización masiva del independentismo, haciendo inevitable la convocatoria posterior de elecciones plebiscitarias, que es lo que parece estar en la cabeza del protomártir Mas. El Consejo de Ministros del viernes, sin embargo, acabó con esta elucubración al acordar la impugnación de la consulta alternativa del 9-N, juzgando que arrastra los mismos vicios de inconstitucionalidad que la anterior ya paralizada por el alto tribunal. Para la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, la convocatoria “no tiene cabida en nuestro Estado de Derecho. Se trata de evitar un fraude a los ciudadanos y un fraude de ley. En definitiva, de proteger la Constitución”.

La apuesta del “ahora o nunca”
Y ya está el lío montado. Jaleo viejo con ingredientes nuevos: los que sin pausa, un día sí y otro también, va introduciendo esa elite enamorada de Andorra que dirige el proceso hacia la República Independiente del 3%, más leña al fuego, más gasolina al incendio, convencidos como están de que en una España con el pulso vital más bajo de su reciente historia, con los dos grandes partidos braceando a la desesperada en el océano de la corrupción, con el Gobierno ensimismado y perplejo ante la avalancha de sus propios Granados, la independencia de Cataluña está al caer, tiene que estar al caer, porque es cuestión de aumentar la apuesta, redoblar el desafío, gestionar el grito. Internacionalizarlo. Es ahora o nunca. Los Mas, Junqueras y compañía están convencidos de ello: ahora o nunca. De momento, y ya van unos cuantos años, el vencedor de la continua algarada, de la permanente rebelión que se ha instalado en la Generalidad contra la Constitución del 78 es siempre el mismo, siempre los mismos: los que han decidido ponerse la ley por montera.

En esta tesitura, el español medio, desmoralizado por el espectáculo de país que percibe a diario, se enfrenta a un problema tan complejo como el de Cataluña con un dilema sobre la mesa: dejar hacer, permitir la charlotada del 9-N mirando hacia otro lado, confiando en que alguna vez ellos mismos se den cuenta del daño causado a la convivencia por el espectáculo de una democracia convertida en farsa, o bien prohibirla y enfrentarse a las consecuencias. El Gobierno Rajoy ha tomado una decisión que podría haber resultado polémica para ese español medio si la inmediata reacción de Arturo el Astuto no hubiera venido a sacarnos a todos de dudas: el president se dispone a denunciar al Ejecutivo no se sabe muy bien por qué y ante quién, mientras las marcas blancas de ERC -Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural- amenazan con elevar el conflicto ante la ONU y Bruselas. Tan envalentonado está el nacionalismo que no admite razones jurídicas de ningún tipo. La diarrea de Mas queda patente cuando, en respuesta al anuncio de Soraya, afirma que “lo que pretende parar el Gobierno central no se puede parar, porque quieren prohibir una cosa que no estamos haciendo”, para casi a continuación añadir que “el proceso es imparable”. ¿En qué quedamos? ¿Estamos haciendo algo o no hacemos nada? ¿Hay procés o no lo hay? Definitivamente, en el antiguo fortín del seny ha desaparecido el sentido del ridículo.

La respuesta del presidente de la Generalitat a la decisión del Ejecutivo de impugnar ha venido a ratificar de nuevo la peor de las sospechas: que la permisividad mostrada por los distintos Gobiernos de la nación a lo largo de los años solo ha servido para envalentonar a los caudillos de la ruptura de España. “Esto no es una butifarrada como mucha gente cree en Madrid, esto va en serio”, asegura un miembro de Societat Civil Catalana. “Este es el Plan B del que se había venido hablando: es degradar al Estado y sus leyes, empezando por la Constitución; es burlarse del Estado y por supuesto del Gobierno de la nación, presentando a un Mas victorioso ante la prensa internacional, tras una jornada muy civilizada, muy festiva, pero que por sus propias características no deja de ser una farsa que dañaría gravemente la democracia española. Un Estado de Derecho no puede consentir ese espectáculo”.

Abandonar la permisividad
El presidente del Gobierno, tan justamente criticado tantas veces, se ha ganado un cierto crédito en lo que a la gestión de la crisis catalana se refiere. Su templanza a la hora de no responder a las provocaciones que regularmente llegan de Barcelona –por no hablar de las que a diario se escuchan en el propio Congreso por parte de personajes tan atrabiliarios como el tal Alfred Bosch, un tipo con una concepción tal de la democracia que es auténtica diarrea mental- ha evitado que el conflicto haya pasado a mayores hasta el momento. De hecho, la presencia de Rajoy al frente de un Gobierno de la derecha está sirviendo para mantener bajo siete llaves un nacionalismo, el español, que parece falsamente desaparecido en combate y cuya entrada en escena podría resultar muy peligrosa para los responsables del procés. El desafío ha llegado a tal punto, sin embargo, que el Gobierno de Mariano Rajoy está obligado a actuar con contundencia, abandonando esa permisividad que no solo no ha servido para templar los ánimos en Barcelona, sino para encresparlos.

“Ellos van a hacer mucho ruido”, augura la fuente arriba citada. “Van a sacar a la calle a dos millones de personas, más o menos al 30% de la población que ha sucumbido al adoctrinamiento continuo de años y que el nacionalismo tiene movilizado en buena parte gracias al dinero del Estado español, pero ese Estado está obligado a hacer cumplir la Ley, dejando claro que se ha acabado la permisividad, poniendo a Unió ante la tesitura de aceptar o no la legalidad y advirtiendo de las consecuencias a los funcionarios que la infrinjan… Habrá que apretar los dientes, por supuesto, porque esto es muy serio. Son muy listos, muy maquiavélicos, y cogen a España en el peor momento”. Es evidente que algún día habrá que “hacer política”, dejar hablar a esa política que tan arteramente reclama Arturo el Astuto, pero ahora es el momento, en efecto, de aplicar la Ley, de cumplirla y hacerla cumplir. Caiga quien caiga. Suspendiendo la autonomía catalana si fuera preciso y llevando ante los tribunales a los responsables del desafuero. Hay que cortar de una vez la cabeza de la hidra.

Podemos y otros "logros" de Rajoy
EDITORIAL Libertad Digital 2 Noviembre 2014

El video realizado por el programa La Tuerka, en el que se compara al Partido Popular con la banda terrorista ETA, es la última muestra de la falta de escrúpulos morales del grupo de universitarios de ultraizquierda, que amenaza con llegar al poder en España a poco que los dos grandes partidos, y especialmente el PP, se lo sigan poniendo tan fácil como hasta ahora.

Las imágenes elaboradas por el equipo artístico del líder de Podemos insultan al partido político que más víctimas del terrorismo tiene entre sus filas y frivolizan con la imagen de una banda de asesinos responsable de 850 asesinatos y miles de heridos. Si a Iglesias y sus compinches les ofende sinceramente que se les acuse de connivencias ideológicas con el entorno etarra, lo primero que deben evitar es este tipo de astracanadas infames que relativizan el dolor de las víctimas del terrorismo para insultar a un rival político.

Ahora bien, es significativo que la única reacción de fuste a esta producción basurienta del submundo de Podemos provenga de José Antonio Ortera Lara, sin duda la persona que ejemplifica en más alto grado el sacrificio, la dignidad y el valor de las víctimas de la barbarie etarra y que, precisamente por ello, ya no está en el Partido Popular. Ortega Lara, hoy miembro de VOX, denuncia en su respuesta acertadamente "la perversión moral" de los autores del video y cuestiona que vayan a "regenerar el sistema democrático" tal y como se presentan ante los votantes con el resultado favorable que todas las encuestas les vaticinan.

Las dos circunstancias, el probable éxito electoral de Podemos y la presencia de Ortega Lara en otro partido distinto del PP, reflejan las consecuencias de las decisiones de Rajoy al frente del principal partido de España y, desde finales de 2011, también de su Gobierno. El seguidismo de la política antiterrorista de Zapatero, con el escándalo consiguiente de las víctimas del terrorismo y el rechazo de la sociedad española, la depauperación de la clase media, asfixiada a impuestos para evitar los recortes del gasto político y, sobre todo, la ciénaga de corrupción de la política española, en la que el PP aparece como uno de los partidos más afectados, están sirviendo en bandeja un triunfo a la izquierda más radical que, en otras circunstancias, no pasaría de ser una fuerza testimonial. Esas son las verdaderas razones del ascenso de Podemos y no la telegenia de Iglesias y el triunvirato que le acompaña, virtudes que sin duda atesoraban también hace años sin que despertaran el menor interés en nuestra sociedad.

Rajoy se está jugando la posibilidad de pasar a la historia como el gobernante de la derecha que sirvió en bandeja el triunfo a la versión más lamentable y tercemundista de la izquierda europea, porque las decisiones políticas tienen consecuencias, pero también la ausencia de ellas, como estamos comprobando con horror los españoles que queremos un país próspero, una democracia limpia y una nación en paz.

Cabezadas contra la pared
Alejo Vidal-Quadras www.vozpopuli.com 2 Noviembre 2014

El Gobierno ha impugnado, al igual que hizo con la primera convocatoria oficial, el nuevo simulacro de referendo de autodeterminación que pretende celebrar Artur Mas el 9 de noviembre. Esta vez, además, el Consejo de Estado en su dictamen previo ha empleado terminología gruesa, utilizando expresiones como "deslealtad constitucional" y "responsabilidades". La fosa que está cavando el Presidente de la Generalitat para enterrar su vida política cada vez es más profunda. Se le abre así al ocupante del Palau de la plaza de Sant Jaume una nueva y dramática disyuntiva. Si desobedece y sigue adelante contra la previsible suspensión del Tribunal Constitucional, el Gobierno, incluso a su pesar, se verá obligado a exigirle las responsabilidades a las que se ha referido su máximo órgano consultor. Inmerso en el lodo de la corrupción que invade su partido, Mariano Rajoy no se puede permitir una pasividad ante el desafío separatista catalán que liquide del todo sus ya menguadas perspectivas electorales, eso sin mencionar la fronda interna que ya se agita en sus propias filas. Si, como parece lo más probable en un personajillo que combina sus bravuconadas retóricas con su pusilanimidad real, Mas renuncia también a este segundo intento de violentar el orden legal vigente, se arriesga a un enfrentamiento letal con Esquerra y a perder los restos de credibilidad que le quedan ante los catalanes partidarios de la independencia. Por consiguiente, los acontecimientos apuntan a las elecciones anticipadas como única salida que le queda al aprendiz de brujo para intentar salvar algún mueble.

Situados en este contexto de urnas abiertas legalmente, la posibilidad de una mayoría independentista parece verosímil, lo que desencadenaría un nuevo calvario para Mas. En caso de acceder a la proclamación unilateral de independencia estilo Kosovo, pero sin ninguna de las razones aplicables a la antigua Yugoslavia, el choque con la Constitución y con el Estado será frontal y al Gobierno de la Nación no le quedará otro remedio que aplicar sin paliativos el artículo 155 de nuestra Carta Magna e intervenir la Autonomía catalana. Si le faltan agallas y no la proclama, entonces deberá huir de Cataluña antes de que sus correligionarios le corran a gorrazos. O sea, que Mas, haga lo que haga, no tiene salida, es un cadáver político, un gallo sin cabeza que corre alelado hacia un destino fatal. La conclusión es que ha perdido el juicio o que su inteligencia es extremadamente limitada. El hecho de que los ciudadanos de Cataluña hayan situado en el puesto de máxima responsabilidad ejecutiva de su Comunidad a un orate o a un débil mental nos da una idea del nivel tan bajo en el que ha caído el otrora motor de España. Cataluña no necesita una mejor financiación o mayores competencias, Cataluña necesita ser salvada de sí misma, de la paranoia colectiva que la posee desde que se aprobó el aciago Estatuto de 2006. La técnica de dar cabezadas contra la pared, cuando la cabeza no está protegida por un casco y la pared es de grueso hormigón armado, sólo tiene un desenlace, y no es precisamente favorable al dueño de la cabeza percutante. En otras épocas, los dioses cegaban a los que querían perder, hoy los que se precipitan al fracaso lo hacen arrastrados por su incompetencia, por su venalidad o por su contumaz estupidez.

Sobre la impugnación ‘cobarde’
José Antonio Zarzalejos. La Vanguardia  2 Noviembre 2014

La segunda impugnación del 9-N del Gobierno ante el Tribunal Constitucional no parece responder a cobardía alguna como afirma Mas, sino al hecho –incontrovertible desde la literalidad de la propia ley de Consultas– de que el proceso participativo que se quiere poner en marcha el próximo domingo no encaja en ninguno de los supuestos que la propia norma catalana que los regula llega a contemplar. La alternativa a la consulta ilegal es la consulta ilegal. Que este 9-N próximo no esté convocado por un decreto, ni haya administración electoral, ni censo, tiene dos consecuencias. La primera es que no hay ni una sola garantía democrática sobre la limpieza de esa suerte de plebiscito. La segunda es que la pregunta que se contestaría por los votantes sería la misma que se planteaba en la consulta ya suspendida.

La insolvencia de algunos portavoces de la Generalitat según los cuales no se podría impugnar el llamado proceso participativo porque la “consulta no existe”, es casi una astracanada. La realidad es que la Generalitat ha entrado en una vía de hecho recurrible ante el órgano de garantías constitucionales. Porque, además de las razones anteriores, deja más rastro de ilegalidad que Pulgarcito en el cuento de Charles Perrault: publicidad institucional, utilización de espacios públicos y comunicaciones a funcionarios. “No existe” pero está ahí. Y los “cobardes” gubernamentales lo serán o no pero, pero ciegos no parece que lo sean.

Al fraude jurídico se une el político. Ni con la consulta formal ni con su alternativa, se ofrecería salida alguna al afán secesionista de una parte de la ciudadanía catalana. Se sabe por encuestas de varios medios que muchos catalanes están hartos y hastiados –las dos cosas a la vez– con este absurdo juego de la acción de la Generalitat y de la reacción del Gobierno. Es un procedimiento que emula al deporte de fuerza que es la soka tira, muy popular en el País Vasco y Navarra, en el que un grupo de ocho competidores tira de la soga y otro, con el mismo número de personas, lo hace en sentido inverso hasta conseguir que uno de los equipos contendientes sea arrastrado por el contrario más allá de la marca impresa en el suelo. Un juego que políticamente es impropio y extravagante en un sistema democrático con mínima madurez y autoestima. La Generalitat y los partidos que lo secundan, saben que el 9-N busca la agitación a poder ser internacional.

Lo peor, sin embargo, no ha sido ni el fraude jurídico ni el político. Lo peor con diferencia ha consistido en la pretenciosidad frívola de Mas y de su entorno que se han llegado a jactar de que eran capaces de “engañar al Estado”, es decir, de ridiculizarlo y, al cabo, humillarlo. Si Rajoy hubiera podido mantener la cara al llamado proceso participativo contando para ello con una cierta discreción del president y de sus colaboradores, quizás el jefe del Ejecutivo hubiera cerrado los ojos y dejado pasar el episodio a la espera del siguiente round, que consistiría en unas elecciones catalanas adelantadas. Ni en las formas ni en las maneras se han avenido los dirigentes secesionistas y pro consulta a una determinada y prudente contención. Parecía que provocaban y que, así, deseaban la impugnación para cubrirse las espaldas por lo que pueda pasar y apretar las resquebrajadas filas del bloque que respalda el etéreo derecho a decidir.

El Estado español –ya lo he escrito alguna vez– no es una falla valenciana que arde en festiva pompa ni una arquitectura efímera que se monta y desmonta con fulminante rapidez. Si se quiere desafiarle hay que prepararse para hacerlo de manera muy diferente a como lo hace la clase dirigente catalana a la que se le encoje la camiseta de sólo pensar en unos comicios al Parlament que ofrezcan una radiografía actual y cierta del compromiso de los partidos con la independencia de Catalunya, de cómo debería producirse y de qué están dispuestos a arriesgar para conseguirlo. Y, o vamos a ese escenario de claridad, o la situación catalana, y por extensión la española, se empantanará irremediablemente.

Dar salida a lo que se aspira mayoritariamente en Catalunya requiere un protocolo legal y transparente y no este patético e infantiloide juego de pequeña política que está muy por debajo del umbral del respeto que requiere la ciudadanía española en su conjunto. Mientras tanto, un modesto consejo: lean, o relean, la segunda edición (2014) de La rebelión de los catalanes. Un estudio de la decadencia de España (1598-1640), de John H. Elliott y su nuevo prólogo. Se aprende mucho porque la historia es maestra y el pasado, como decía Ortega, siempre vuelve.

El pleito de Cataluña
Crónica histórica del viaje desde la autonomía regional a la soberanía nacional
Santos Juliá. El Pais  2 Noviembre 2014

El pleito de Cataluña es la nacionalidad”, afirmó Francesc Cambó en la fiesta de la Unidad Catalana, organizada el 21 de mayo de 1916 en el Palau de la Música de Barcelona para celebrar el triunfo de la Lliga Regionalista en las recientes elecciones legislativas. “Cataluña”, añadió, “sabe lo que es la nacionalidad, tiene conciencia de ella y quiere el derecho a regir su vida. Queremos el régimen de nuestra vida interna, sin odio a nadie, pero con tal intensidad que combatiremos sin tregua todo lo que se oponga a nuestro paso”.

El combate había comenzado alrededor de 30 años antes, cuando una élite de burgueses, profesionales e intelectuales catalanes salió a la palestra negando el supuesto sobre el que los liberales trataron de construir un Estado desde los tiempos de guerra contra el francés: la perfecta adecuación entre Estado unitario y nación española. Y en efecto, ya se mire la prolija Memòria en defensa dels interessos morals i materials de Catalunya, presentada al rey Alfonso XII en febrero de 1885, ya el más breve Missatje a S. M. Donya Cristina de Hausburg-Lorena, Reina Regent d’ Espanya, Comtessa de Barcelona, lo que aquellos catalanes afirmaban no era tanto que España no fuese una nación como que en el mismo Estado del que España era nación existían regiones con rango de nacionalidades. Entre ellas, Cataluña, por una diferencia de lengua, de derecho civil, de cultura, de historia, que se remontaba a la Edad Media, sustrato sobre el que habría de basarse una autonomía, entendida, según lo expresará en marzo de 1892 las Bases per la constitució regional catalana, como soberanía en su gobierno interior.

En la Monarquía: la autonomía integral
Aquellas demandas de autonomía —alimentadas por una ideología historicista, tardorromántica y corporativa, e impulsadas por la protesta contra la unificación del derecho civil, penal y mercantil, contra la división del Estado en provincias y por la defensa de la lengua y del arancel— procedían de fuera del sistema político, de la rica trama de entidades cívicas, culturales y económicas que poblaban Cataluña. Pero a partir de 1898, y como resultado de la crisis moral y política provocada por el Desastre, la Unió Regionalista y el Centre Nacional Català decidieron dar el salto a la política creando en 1901 la Lliga Regionalista y competir, con singular éxito, en elecciones como partido político.

A partir de ese momento, será la Lliga, con Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó como líderes de sus dos principales corrientes, quien defienda una renovada concepción de la autonomía, sostenida en el “hecho diferencial” que proclama a Cataluña única nación de los catalanes y que proyecta a España como Estado llamado a una misión imperial, único camino para devolverle su perdida grandeza.

Cierto, los hechos diferenciales eran múltiples y los catalanistas estaban dispuestos a reconocerlo. En la primera visita del joven rey Alfonso XIII a Barcelona en abril de 1904, Cambó no perdió la ocasión de recordarle la necesidad de una reorganización del Estado que posibilitara el injerto —“ahora difícil, casi imposible”— de todas las autonomías de los “organismos naturales: la región, el municipio y la familia”. Y Prat de la Riba, al presentar en diciembre de 1911 a José Canalejas un proyecto de bases para la constitución de la Mancomunidad catalana, insistirá en que su sentido descentralizador no era exclusivo de Cataluña, sino “aspiración más o menos manifiesta de todas las regiones y provincias de España”.

De modo que autonomía de Cataluña y reforma constitucional vinieron a ser la misma cosa. Dos años después de haberse aprobado el Estatuto de la Mancomunidad en marzo de 1914, Francesc Cambó presentaba en el Congreso una nueva propuesta, retomada por la Asamblea de Parlamentarios en 1917 y reiterada un año después, tras su primera experiencia como ministro en un Gobierno presidido por Maura. Era la “autonomía integral” que correspondía a la nacionalidad y que se resumía en la capacidad de los catalanes de regir todo aquello que afectaba a su “vida interna”, o sea, todo lo que no se atribuía expresamente al Estado en el reparto de competencias plebiscitado en las asambleas de los municipios catalanes convocadas por la Mancomunidad. Así reconocida, la autonomía de Cataluña no podía entenderse como separación, sino como acicate a los otros pueblos de España para que siguieran el mismo camino: “Queremos que venga con España, porque sentimos a España como algo nuestro”.

Sin la conmoción mundial de la Gran Guerra, el triunfo de aquellos ideales se presentaba como “tarea larga y pesada”. Pero el momento había llegado y después de atender una llamada de Alfonso XIII —que le prometió la autonomía inmediata a cambio de “provocar un movimiento que distraiga a las masas de cualquier propósito revolucionario”—, Cambó exhortó a los catalanes asegurándoles que había querido Dios “que en nuestra generación esté la suerte de Cataluña”. “La autonomía completa, absoluta, integral” estaba, por fin, al alcance de la mano. De ahí que su frustración fuera profunda cuando Antonio Maura, alarmado ante las nuevas Bases presentadas por la Mancomunidad el 25 de noviembre de 1918 —un Parlamento catalán con dos Cámaras, un Gobierno, un tribunal mixto para dirimir posibles pleitos con otras regiones—, exclamó: “¿Autonomía integral?... No sé lo que es”. “Ustedes”, les dijo, “han delimitado la región amojonando el Estado”. La promesa regia se disolvió aplastada por las ovaciones de los parlamentarios del turno, mientras los diputados y senadores de la minoría catalana abandonaban el Congreso. La autonomía integral moría antes de nacer: “¿Monarquía? ¿República? ¡Cataluña!”, exclamará Cambó, mientras el republicano Marcel·lí Domingo, tendiéndole la mano, le prometía que “con la República tendrán todas las regiones la autonomía a que aspiran”.

En la República: la región autónoma
Y la República llegó con el triunfo, en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, de la coalición republicano-socialista en España y de Esquerra Republicana, un partido recién creado, en Cataluña. A las dos menos cuarto del día 14, Lluís Companys salió al balcón principal del Ayuntamiento y proclamó la República Federal Española, solo para que una hora después Francesc Macià le corrigiera la plana declarando la instauración de un “Estat català, que amb tota la cordialitat procurarem integrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques”. Tal vez alguien advirtió al viejo líder de la imposibilidad de integrar el Estat català en una entidad inexistente, el caso fue que Macià rectificó su propia corrección y proclamó a la caída de la tarde la “Republica catalana com Estat integrant de la Federació Ibérica”.

La inquietud que estas sucesivas, y algo extravagantes, declaraciones despertaron en el Gobierno provisional de la República movió a su presidente, Niceto Alcalá Zamora —que en 1916 había afirmado que Cataluña era “una región vigorosa, pero no una nacionalidad, ni puede serlo”—, a despachar tres ministros (Domingo, Nicolau y De los Ríos) a Barcelona con objeto de negociar una fórmula de avenencia. La encontraron no en el restablecimiento de la Mancomunidad, disuelta por la dictadura de Primo de Rivera (1925), sino más lejos en el tiempo, en el de la Generalitat como gobierno provisional hasta que se promulgara la Constitución y en el compromiso de presentar como ponencia ante las futuras Cortes Constituyentes el proyecto de estatuto de autonomía que el pueblo catalán y la Generalitat presentara al Congreso de Diputados.

Calmados de esta manera los ánimos, la Comisión Jurídica Asesora, encargada por el Gobierno de preparar un anteproyecto de Constitución, no consideró la posibilidad de un Estat català y desechó la idea de una república federal española, pero reconoció el derecho que asistía a todas aquellas provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, a presentar un estatuto de autonomía si así lo decidían. Los miembros de la Comisión pensaban quizá en la demanda de autonomía presentada años antes por la Lliga y reconocían idéntico derecho a todas las provincias que “acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo dentro del Estado español”. La Constitución de la República vino a reconocer lo que habían repetido todos los catalanistas, monárquicos o republicanos desde hacía 50 años: que la autonomía de Cataluña implicaba proceder a la reestructuración del Estado en regiones autónomas.

Quedaba así despejado el camino para que el Estatuto plebiscitado y presentado por la Generalitat comenzara a ser debatido. Manuel Azaña, presidente del Gobierno, pulverizó las barreras que se habían levantado durante su tramitación recordando que en el siglo XIX vientos universales habían depositado sobre el territorio propicio de Cataluña gérmenes que “habían arraigado y fructificado” hasta constituir “hoy el problema político específico catalán”. El pleito de Cataluña se define así como problema político, que exige una solución política que ya no podía proceder del jacobinismo del siglo anterior, sino del reconocimiento de la diferencia en un estatuto para la región catalana. Luego, como escribió Josep Pijoan, “vendrán otros estatutos, y así, de manera natural, biológica, la Península se federará poco a poco, según corresponde a su variedad”.

La política, sin embargo, acabó por desviar el curso de la naturaleza y de la biología. El Estatuto, promulgado como Ley de la República el 15 de septiembre de 1932, quedó suspendido el 6 de octubre de 1934 a consecuencia de la rebelión de la Generalitat, azuzada en primera instancia por la anulación de la ley de contratos de cultivo por el Tribunal de Garantías Constitucionales y, en última y definitiva, por la entrada de la CEDA en el Gobierno.

El presidente Companys proclamó esta vez el Estat Català de la Republica Federal Espanyola para, acto seguido, rendirse ante el general Domingo Batet y ser encarcelado junto a sus compañeros de insurrección. “Todo se ha perdido, incluso el honor”, escribió el periodista Gaziel al comentar el “desastroso final del primer ensayo autonomista realizado en Cataluña”.
Aunque Gaziel no lo pudiera imaginar en 1934, todavía quedaba mucho que perder. Restablecido tras las elecciones de febrero de 1936, el Estatut fue suspendido por el Gobierno de la República en todo lo relacionado con el orden público tras los días de guerra civil en mayo de 1937 en Barcelona, y en la zona rebelde quedó derogado por el general Franco por Ley de 5 de abril de 1938. Companys, un presidente al que el Gobierno siempre se le escurría entre las manos, recuperó el honor en forma de martirio al ser capturado en París por la Gestapo, entregado a Franco y fusilado en 1940.

El presidente de la Generalitat en el exilio Josep Tarradellas pronuncia su discurso de regreso en la plaza Sant Jaume de Barcelona; fue cuando dijo aquel célebre 'Ja sóc aquí', en octubre de 1977. / efe

En democracia: nacionalidades y regiones
Que la historia no siempre es maestra de la vida quedó bien demostrado en junio de 1962 cuando en el encuentro de fuerzas políticas del interior y del exilio en Múnich, y tras otro acalorado debate, no hubo manera de llegar a un acuerdo sobre si eran pueblos, regiones o nacionalidades las entidades a las que una futura democracia española debería reconocer la autonomía. El duro enfrentamiento entre catalanistas y democratacristianos presentes en el coloquio solo llegó a una tregua cuando Salvador de Madariaga propuso como fórmula de compromiso “el reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales”.

Unas fórmulas —personalidad, comunidad natural— llamadas a corta vida: desde mediados de la década de 1960, los partidos, grupos y asambleas de oposición a la dictadura recuperaron los viejos términos de nacionalidad y región como mejor expresión de un derecho que en ocasiones llamaban de autonomía y en otras de autodeterminación. Pueblos, nacionalidades y regiones eran, las tres en plural, voces bien arraigadas en los léxicos políticos español y catalán cuando se inicia en 1977 el debate constitucional, y no fue casualidad ni capricho, menos aún delirio, que las tres encontraran su camino hasta verse estampadas en la Constitución: los pueblos de España aparecen en el preámbulo, el pueblo español se presenta en el artículo 1 y las nacionalidades y regiones irrumpen, juntas, en el artículo 2.

Ni pueblos de España ni pueblo español crearon mayor problema, pero la llegada por vez primera de nacionalidades a un texto constitucional levantó una tormenta. Cuando se hizo pública su presencia en el anteproyecto, no faltaron voces templadas, como la de Manuel García Pelayo, que mostró su cautela porque nacionalidad introducía gran incertidumbre sobre el futuro del Estado y porque “formaba parte de la dialéctica de las cosas, no de la fatalidad histórica, que del Estado de nacionalidades se pase a su disgregación en varios Estados nacionales”. Por eso, y porque la cúpula militar tampoco se mostraba muy complacida por la novedad, el artículo 2 pagó con la redundante fórmula de la “indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” la presencia a su vera de nacionalidades y regiones.

En todo caso, nacionalidades y regiones y, con ellas, el principio de generalización de la autonomía y del derecho de cada una a elaborar su propio estatuto, era algo que la oposición lo tenía hablado desde años antes y fue objeto de los acuerdos firmados por Coordinación Democrática con Assemblea de Catalunya y con Consell de Forces Polítiques de Catalunya en sendas reuniones mantenidas en Barcelona el 21 de mayo de 1976.

De la necesidad urgente de estructurar el Estado en nacionalidades y regiones habló con Adolfo Suárez en enero de 1977 una delegación de la Comisión de los Nueve, formada por Felipe González, Antón Cañellas, Joaquín Satrústegui y Julio Jáuregui. Naturalmente, Jordi Pujol, al hablar de nacionalidad en el pleno del Congreso de 4 de julio de 1978, recordó con orgullo que fue la minoría catalana “la que introdujo en su día ese término [en el proyecto de Constitución] y luego lo ha defendido”. Por todo eso y por la pacífica restauración de la Generalitat de Catalunya, la llegada de los dos términos a la Constitución, tras la frustración de la autonomía integral en 1918 y la liquidación por las armas de la región autónoma 20 años después, se celebró en 1978 como un logro que cerraba un siglo de pleito catalán.

En la crisis: nación soberana
No lo cerró. Al cabo de tres décadas, un programa de construcción nacional, elaborado y ejecutado con recursos públicos desde un poder de Estado como es la Generalitat, ha culminado en la reapertura del pleito de Cataluña sobre otras bases y con otras metas. Al calor del fin de otra guerra, en esta ocasión fría, y del derrumbe del imperio ruso-soviético y la creación de nuevos Estados en Europa, emergió un nuevo proyecto político que podría expresarse como cierre del pleito de nacionalidad, apertura del pleito de nación. Primero fue que la Constitución se había quedado estrecha; luego, que el Estado español no sería plenamente democrático hasta que no se constituyera como plurinacional, siendo cuatro sus naciones: Castilla, Cataluña, Euskadi y Galicia; finalmente, que nación plena exige Estado propio.

El camino a la independencia, soterrado en una semántica plagada de equívocas metáforas, experimentó una formidable aceleración con la última ronda de reformas de estatutos que transformó a regiones en nacionalidades y a nacionalidades en naciones mientras el Tribunal Constitucional sufría el más severo desprestigio de su vida. Culminada la irresponsable ronda poco antes de que se desatara la Gran Depresión, lo ocurrido desde junio de 2011, con el Parlament cercado, los diputados víctimas de escraches y vapuleos y, casi de inmediato, las campañas “España nos roba” y “Expolio fiscal”, las masivas diadas y, en fin, pero no en último lugar, la revelación de la corrupción sistémica sobre la que la familia Pujol-Ferrusola había construido su poder absoluto, ha impulsado al Gobierno de la Generalitat a abrir, no una nueva etapa de esta larga historia, como afirma su presidente, sino un nuevo pleito, de otra naturaleza. La declaración de soberanía en enero de 2013 y la convocatoria de un referéndum por la independencia un año después no miran a la reestructuración del Estado español, sino a su fragmentación en naciones soberanas, cada cual con su Estado unitario.

Que, como resultado del liderazgo errático y aventurero del president Mas, y del mudo esperar y ver del presidente Rajoy, la historia aquí contada no pueda terminar sino con un “el tiempo dirá” dice mucho acerca del imprevisible y, ya para todos, ruinoso desenlace de este nuevo pleito de Cataluña.

¿Me lo explican otra vez, por favor?
J. M. RUIZ SOROA  EL CORREO   2 Noviembre 2014

Los que proponen a diario iniciativas ciudadanas sobre la independencia rechazan que se plantee con la RGI

Estoy seguro de que, como nos dicen políticos y sociólogos competentes, Euskadi ha montado un sistema de ayudas sociales a los necesitados que no tiene parangón ni en España ni en el mundo mundial, un sistema del que debemos estar orgullosos los vascos (¿de qué no debemos estar orgullosos en este nuestro paisito?). Pero, desde luego, de lo que no podemos presumir es de nuestra capacidad para el debate público en temas sensibles como es, precisamente, ese de las ayudas y los inmigrantes. Porque lo que contemplamos desde hace meses, más que un debate, es una pelea a pedradas o un intercambio goyesco de garrotazos. Un fangal decía el alcalde de Bilbao. Y de esto quería hablar un poco, porque el espectáculo está alcanzando tintes surrealistas.

Del fondo del asunto sólo puedo decir que me fío más de la opinión de Imanol Zubero que de los políticos y los opinadores espontáneos. Primero porque es un experto en el tema, y segundo porque lo que dice es razonado y razonable. Toda medida de intervención social del gobierno provoca inevitablemente efectos colaterales imprevistos y, sobre todo, genera disfunciones y agravios comparativos en otros colectivos. Sobre ello se puede hablar y discutir, pues la mejora de todo sistema de ayuda social incluye el racionalizarlo e integrarlo en esquemas más generales.

Y vayamos con las pedradas, que es lo que motiva este artículo.
Lo primero que llama la atención es la exacta y perfecta correlación que existe entre quienes dicen ahora que sobre el tema de la renta de inserción no cabe ni siquiera discutir porque es un derecho irrenunciable, por lo que Maroto y compañía son unos fascistas populistas, y quienes hasta hace poco decían que con ETA y sus mantenedores había que dialogar. Resulta que toda una cohorte de nacionalistas, izquierdistas y demás progresistas bienintencionados nos han estado machacando el cerebro durante decenios con la necesidad de dialogar con los violentos, «dialogar a calzón quitado y sin límites». Bueno, pues ahora en cambio dicen los antiguos paladines del diálogo que con ciertas iniciativas (que todavía no han matado ni propuesto eliminar físicamente a nadie, que yo sepa) no cabe ni siquiera hablar. ¿Me lo explican?

Resulta también que cuando Maroto y compañía proponen una iniciativa ciudadana de recogida de firmas para modificar el sistema vigente se alza un coro de voces políticas que protestan indignadas. ¿Cómo se atreve a llevar a la ciudadanía un tema tan sensible y que puede romper la paz social? Esto se dice en un país en el que desde hace decenios se proponen por esos mismos políticos, un día sí y uno no, iniciativas ciudadanas para votar sobre la independencia o para modificar la Constitución, un país en que se celebran como conquistas de la democracia participativa cualesquiera intentos de modificar la legalidad constitucional a golpe de democratismo simplón, en el que se aplaude la próxima consulta catalana. La paz social. De nuevo, ¿me lo explican otra vez?

Si Maroto y compañía, la famosa banda de fascistas xenófobos, dice que los magrebíes abusan de las ayudas sociales, se corre a criminalizarlos y hasta el Fiscal inicia raudo procedimientos penales. Y todo el mundo político aplaude que la ley les persiga por incitar al odio racial y a la discriminación. ¡Faltaba más¡ Lo extraño es que esto suceda en el país en que la aplicación de la ley penal está generalmente muy mal considerada, en el que se reclama poder decir con libertad que los españoles nos roban y nos oprimen, en el que cualquier limitación se tacha de «criminalizar ideas», en el que diariamente escuchamos decir que el terrorismo nacionalista que mató a 900 personas estuvo justificado o, por lo menos, fue bienintencionado y noble, en el que se acusa al sistema penal de usar «cárceles de exterminio». Y no pasa nada, ni a los fiscales les tiemblan las orejas. ¿Me lo explican otra vez, a ver si lo entiendo?

Si los datos demuestran que, efectivamente, los magrebíes usan del sistema de ayudas sociales más, mucho más, que los chinos, ¿hay forma de enunciar este simple hecho sin incurrir en delitos nefandos de incitación al odio racial? Cierto que, probablemente, si lo usan más es porque lo necesitan más, así de sencillo. Pero el hecho está ahí. ¿Para qué se recoge como un dato oficial el de la nacionalidad de los perceptores si luego no puede mencionarse esa nacionalidad so pena de incurrir en delito de racismo? ¿Hablar del origen de las personas va a estar prohibido precisamente en el país inventado por un prócer que sólo hablaba precisamente de eso, y que hasta tiene estatuas en los parques? Sabino a los altares, Maroto a las mazmorras, por lo mismo. ¿Me lo explican otra vez?

Pero la banda de Maroto lo ha montado todo por un interés puramente electoralista, está revolviendo el asunto sólo para sacar unos votos. ¡Qué horror! Precisamente en un sistema en el que nadie actúa por electoralismo, en el que todos los partidos políticos se mueven sólo y siempre por sus ideales excelsos, en el que ni siquiera piensan en los votos cuando actúan. ¿De verdad lo dicen en serio?

Por último, si resulta que estamos a la cabeza del mundo mundial en ayudas sociales y en solidaridad con los necesitados, ¿no resulta curioso y sorprendente que lo hayamos conseguido gracias a nuestro particularísimo sistema de financiación, el Concierto-Cupo, que procura a Euskadi una capacidad de financiación pública doble que la de otras comunidades? Porque no pensarán ustedes que somos más solidarios por un particular rasgo genético. No. Somos guapos, pero no tanto. Somos más solidarios con los necesitados porque entre otras cosas tenemos muchos más fondos públicos para ello que el resto de españoles. Y resulta que tenemos estos fondos extra porque (¡oh casualidad!) no contribuimos a la solidaridad interterritorial española. Con lo cual resulta que, al final, podemos dar generosas ayudas a los inmigrantes que vienen a Euskadi (y soy el primero que está de acuerdo en hacerlo) exactamente porque no damos esas ayudas a los andaluces o extremeños que estaban más cerca cuando no había todavía inmigrantes, como sí se las daban y dan los catalanes o madrileños. Pero decimos (dicen): «solidaridad sí, discriminación no». ¿Me lo explican otra vez? Porque no acabo de entenderlo. Será por mi limitada capacidad de comprensión, claro.


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