AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 5  Noviembre  2014

 Ejercicio de clarificación: qué hacer con el Estado de las Autonomías
José manuel Yáñez www.elsemanaldigital.com 5 Noviembre 2014

La solución es una reforma integral que clarifique competencias estatales, autonómicas y refuerce las locales. Que aclare las vía de financiación y el coste de cada competencia transferida.

Debo ser sincero con ustedes. Hace no mucho tiempo en este mismo espacio pedí una oportunidad para el entendimiento y encontrar una salida al laberinto autonómico. Aposté por escuchar y debatir las medidas del PSOE tendentes a lograr una solución de corte federal. La idea que maneja Pedro Sánchez pasa por llegar a un acuerdo de las partes que sumando contribuya al todo pero, ni es una solución federal "estricto sensu" ni parece que esté generando un entusiasmo desbordante.

Creo que las razones se pueden encontrar en que el PSOE todavía tiene un largo camino que recorrer hasta recuperar la credibilidad, tiene que embridar a sus hermanos políticos díscolos de Cataluña y convencer con cifras. Pero creo que aún hay una razón más poderosa para que la vía federal no esté entusiasmando.

El sentido común, la experiencia colectiva de estos años de democracia, los escándalos continuos y el coste que soportamos con la actual organización territorial desaconsejan abiertamente no persistir en el error y dar un cambio de rumbo enérgico y con valentía. ¿Y porque entonces no apostar por la vía federal? Pues porque como muchos autores señalan, "lo que tenemos ahora no es una organización federal pura pero se le parece bastante".

A estas alturas a una buena parte de la ciudadanía le da igual cómo se llame la organización territorial que adoptemos, lo que le importa realmente es que se le garanticen derechos y obligaciones iguales para todos con un coste razonable y que efectivamente acerque la administración al administrado.

Y eso no lo tenemos ahora ni de lejos. Hemos creado 17 administraciones grandes, caras y con un punto muy acusado de ineficiencia.

¿Qué hacer por tanto?
Una reforma integral que clarifique competencias estatales, autonómicas y refuerce las locales. Que aclare para siempre cuáles son las vía de financiación y el coste de cada competencia transferida. Que impida de una vez por todas que vivamos con un sistema no cerrado en aras de la negociación y el chantaje nacionalista permanentes. Que permita unas altas dosis de seguridad jurídica y garantías de que cumplimos el mandato constitucional de la igualdad de derechos se habite donde se habite.

Y que por último asegure la lealtad recíproca entre las partes, algo de lo que ahora carecemos. Recuerden algo: las tensiones territoriales y los desafíos no conducen más que al abismo de la ineficacia, el coste insoportable y el alejamiento ciudadano.

Ahora que la UE nos ha vuelto a recordar que tenemos que seguir con las reformas en aras del cumplimiento del déficit, lo más sensato es reordenar el "tinglado" y garantizar así que no hay que meter más la tijera en el capítulo social. Lo agradeceremos todos y mucha gente dejará de sufrir. Veremos que hacen.

El secreto de Rajoy
José Javier Esparza www.gaceta.es  5 Noviembre 2014

Con todo el poder en sus manos, Rajoy no ha hecho lo que el PP prometió, sino que está acabando lo que Zapatero comenzó: la disolución de la nación española como agente histórico. Malo para el PP, pésimo para España.

No les llega la camisa al cuerpo. Van a cumplir tres años en el poder y el balance es simplemente desastroso. En Génova y en la Moncloa –lo ha contado Gaceta.es- creen que por este camino “no llegamos ni a mayo”, fecha de las elecciones municipales y autonómicas. Hay augurios aún peores. La otra noche, a orillas del Guadiana, durante la gala de los premios “Ciudad de Badajoz”, un veterano y agudísimo observador de la vida política vaticinaba en el secreto de un corrillo que el PP está a punto de acabar como UCD. ¿Nos acordamos de la UCD entre 1979 y 1982? De 186 escaños a 11 en sólo tres años, el partido roto y sus principales nombres arrastrados por el fango. Ese es el miedo en el PP. Hay atmósfera de “sálvese quien pueda”.

Sálvese quien pueda, sí. ¿Y quién va a poder? Sólo los que en sus comunidades y municipios hayan conseguido ganarse la confianza personal de los ciudadanos por encima de las siglas. En un corrillo cercano de la referida escena pacense andaba el presidente extremeño, José Antonio Monago, que será previsiblemente uno de los salvados, como Feijoo en Galicia o Rudi en Aragón, o como muchos alcaldes que, a estas alturas, ya saben que sus posibilidades de victoria dependen exclusivamente de que sean capaces de presentarse como un nombre propio, sin vinculación sustantiva con el PP de Rajoy, Soraya y Cospedal. El paisaje después de las próximas elecciones autonómicas y municipales será probablemente este: un batacazo histórico del PP y, sobreviviendo al naufragio, una miríada dispersa de comunidades, diputaciones y alcaldías cuya subsistencia dependerá de que no les confundan con Génova. En otras condiciones, alguna voz en el partido se dejaría oír para decir algo. Pero el PP de Rajoy –aunque esto empezó con Aznar- es una suerte de estructura sovietizante donde toda disidencia lleva al Gulag. Nadie hablará. Ni siquiera cuando ya es demasiado tarde.

Lo asombroso es que nadie había tenido nunca en España tanto poder en sus manos como Rajoy en noviembre de 2011: mayoría absolutísima en el Congreso (186 diputados de 350) y en el Senado (161 senadores de 266), la mayor parte del poder local y autonómico bajo sus siglas, una oposición desacreditada y hundida, una derecha social movilizada, un poder económico proclive, unos medios de comunicación doblegados por la crisis y un partido disciplinado. Ni siquiera Felipe González en 1982 había gozado de un mapa tan favorable. Incluso la atroz crisis económica hubiera podido jugar a favor de Rajoy, porque el estado en que Zapatero dejó a España era tan ruinoso que nadie habría opuesto resistencia significativa a una vigorosa rectificación. Pero no. El PP ha dilapidado ese inmenso capital y se las ha arreglado para convertir una ventajosa posición de poder en un catástrofe sin precedentes. Es impresionante.

¿Para quién ha estado gobernando Mariano Rajoy? No, desde luego, para sus votantes, que en su inmensa mayoría no entienden qué está pasando. Tampoco para cumplir el programa del PP, que en poco se parece a lo que tenemos delante. Las cosas que ha hecho Rajoy en estos tres años ni siquiera guardan coherencia con las ideas –valga el término- que el propio Rajoy había venido exponiendo en los años precedentes. Machacar a impuestos a las clases medias, prolongar las excarcelaciones de terroristas, asentar el poder local de los proetarras, flojear ante el separatismo catalán, tolerar la discriminación de los castellanohablantes, consolidar la ley de matrimonios homosexuales, mantener la ley del aborto, consagrar la politización de la Justicia, reafirmar la ley de memoria histórica, desmantelar a la derecha social, destrozar a la derecha mediática que más contribuyó a derribar al zapaterismo, etc. Es como si los tres años de Rajoy hubieran sido, en realidad, tres años más de Zapatero.

Hasta ahora el PP se escudaba en el argumento de que había dejado de lado la política para concentrarse en la economía, un efugio memo pero que muchos estaban dispuestos a creer. Las cifras, sin embargo, desmienten incluso esta última ilusión: el crecimiento renquea, el paro sigue siendo atroz, el Estado permanece en cifras insostenibles, el ciudadano de a pie no tiene expectativas de mejora y, lo que es peor, nadie parece capaz de proponer un modelo económico viable para el futuro de España, más allá de cuatro banalidades sobre el “valor añadido” y el “emprendimiento”. Un balance negro se mire por donde se mire.

¿Quién manda en Cataluña?, se preguntaba hace poco Rajoy. ¿Quién manda en Rajoy?, se está preguntando ahora la derecha social española (la derecha y también la izquierda, porque esto no hay quien lo entienda). ¿Qué ha llevado a este hombre, a este partido, a hacer exactamente lo contrario de lo que había prometido? En realidad esa es la pregunta capital de nuestro momento. Y las respuestas posibles dicen mucho sobre lo que España, colectivamente hablando, se juega en estas horas funestas.

Veamos. Cuando alguien que tiene todo en su mano hace lo contrario de lo que debe hacer, sólo caben dos opciones. Una, que es un inútil redomado. Otra, que actúa según un “programa oculto”, con unos objetivos predeterminados que ha escondido al público. ¿Es Rajoy un inútil? ¿Es todo el Gobierno de Rajoy una pandilla de ineptos? Parece evidente que no. Por tanto, hay que pensar en la segunda opción, a saber: este Ejecutivo ha actuado deliberadamente según un programa preconcebido, un programa no ya distinto, sino aun contrario al que defendió en las elecciones. ¿Cuál ha sido en la práctica la política del gobierno Rajoy? Seguir la estela de Zapatero en todo excepto en la política económica (y aun…). ¿Cuál fue la línea directriz de la política de Zapatero, prolongada por Rajoy? Muy fundamentalmente, disolver la continuidad histórica de España como sujeto nacional. ¿Estremece la hipótesis? Y sin embargo, eso es exactamente lo que estamos viendo pasar ante nuestros ojos.

Disolver la continuidad histórica de España como sujeto nacional. ¿Hay que explicarlo? Borrar la idea nacional como fundamento de la comunidad política (y poner en su lugar la supervivencia del sistema en sí mismo). Reconocer arbitrariamente un plus de legitimidad a las fuerzas separatistas (y entregarles por tanto la exclusividad del poder en sus respectivas regiones). Ceder poder político al terrorismo a cambio de un cese de la violencia (y así reconocer implícitamente que su lucha era correcta). Renunciar a proteger la lengua común como patrimonio colectivo (y consagrar de facto la desigualdad de los españoles ante la ley). Extirpar la identidad cultural española de la educación y de la vida cotidiana (y crear una sociedad que no sabe quién es ni de dónde viene). Reinventar una memoria histórica ficticia (y suprimir la realidad histórica de la nación). Desmantelar la tradición religiosa, fomentar políticas antinatalistas, reemplazar el vacío demográfico con población extranjera, subordinar la economía nacional a criterios marcados desde fuera, desistir de cualquier ambición soberana en política exterior, reducir la idea de nación a una risible “marca España”… ¿Hace falta seguir?

En el terreno de los hechos, nuestras elites políticas, de izquierdas y de derechas, coinciden en el designio de la extinción de España como agente político soberano en la historia. Eso es lo que hizo Zapatero y eso es lo que está haciendo Rajoy. Ese es el gran drama de nuestro sistema. Ese es el gran secreto. Y es aún más grave que la corrupción.

España tiene los políticos que merece
Almudena Negro www.vozpopuli.com 5 Noviembre 2014

Hoy, para no variar, no voy a hacer amigos. Ya verán. Y es que, de entrada, debo decir que el origen de lo que estamos viviendo, mal que le pese a muchos de mis amigos liberales, quienes celebran con fruición cada año el aniversario de la Pepa, se puede situar precisamente en 1812, cuando un grupo de liberales afrancesados biempensantes introdujo en España, que hasta entonces siempre había sido Imperio, el concepto artificial de Estado-nación. Una de nación política absolutamente extraña para la marca hispánica. Y desde entonces, de la mano de las constituciones y máxime después del desastre de 1898 así como la asunción por parte del pueblo de la leyenda negra española, España vive en una permanente situación política. Un desastre, vamos.

Reflexionaba yo estos días atrás después de vivir una serie de acontecimientos desagradables de esos a los que nos enfrentamos los periodistas cuando publicamos noticias que no gustan a los hooligans, acerca de la culpabilización que está recayendo, como consecuencia del derrumbe del Estado de Partidos, esto es, del juancarlismo o régimen de 1978, un sistema intrínsecamente corrupto bajo el cual la división de poderes no existe, sobre las cabezas de los políticos. De todos ellos. Unos señores que, por lo que estamos viendo estos días –de la operación Púnica a los ERE de Andalucía pasando por el trinque en Cataluña-, en numerosos casos no estaban en política para servir, sino para servirse. “¡Político corrupto!”, acusa el celador que acaba de llevarse del hospital público a casa unas cuantas cremitas de bebé para sus hijos. “¡Políticos trincones!”, señala la profesora que acaba de hacer fotocopias para sus niños en la fotocopiadora del cole público. Y es que, nos pongamos como nos pongamos, la realidad es que los políticos no crecen en los árboles ni llegan a jorobarnos la vida –y vaya si la joroban– desde Marte. Están ahí porque ahí los hemos colocado, porque hemos callado ante el secuestro de la libertad política y, nos guste o no, no son más que el reflejo fiel de la infantil sociedad en que vivimos. El que roba en el hospital las cremas de culito de bebé o el que hace fotocopias a cargo del erario público para sus niños, si no trinca más, y esto no va a gustar pero es exactamente así, es porque no puede. Y otra de Excálibur.

Que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, como señalara Lord Acton, no es más, en este sentido, que consecuencia de la propia naturaleza humana. Naturaleza que pretenden cambiar a golpe de ingeniería social todos los colectivismos. De ahí su inevitable fracaso. El socialismo -ya sea el nacionalsocialismo, el marxismo, el estalinismo, la socialdemocracia de Montoro o el engendro bolivariano que se avecina- no fracasa, por más que el mantra se repita en los medios de comunicación y se haya elevado a dogma de fe estatista, por ser inviable económicamente. Fracasa porque va contra la propia naturaleza humana. Sumemos a eso la mentalidad tribal, estatista, que tan bien describe Ayn Rand a través de sus personajes, que hace que los Peter Keatings, que son mayoría, suspiren por formar parte de una tribu o banda, y tendremos la España de 2014.

Lo normal en un liberal es la desconfianza hacia el poder, frente al poderoso. Y la exigencia de controles que hagan imposible las prácticas corruptas o que, caso de haberlas, sancionen gravísimamente, no sólo penalmente sino también de la mano del reproche social, el trinque. El apoyo a la denuncia de las corruptelas resulta fundamental. Pero no es el caso. En España, en donde las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren como fieles servidores de un Estado que ha devenido en Minotauro, no existe reproche social frente a la corrupción. Sí, en cambio, mucho hooliganismo. En todos los partidos sin excepción. La crítica está vedada. El periodismo independiente, que no se cansan de reclamar si es independiente de sus rivales pero sumiso con ellos, sólo sirve si el plumilla cuenta lo que el fanático tribal quiere oír. Caso contrario, el insulto y la difamación son el precio a pagar. Que en Andalucía siga gobernando el PSOE después de los ERE, en Cataluña CiU o que en Valencia volviera a ganar el PP son clara muestra de ello.

La corrupción, decían los políticos hasta antes de ayer, en que la encuesta de Metroscopia que sitúa a Podemos como primera fuerza política lo ha puesto todo patas arriba, no pasa factura. Tenían razón.

Porque, en el fondo, la España socialdemócrata ha devenido en una pelea de bandas en donde cada mayoría pelea por llevarse la mayor parte del pastel. Que ahora muchos están dispuestos a entregarle a Pablo Iglesias y su gente. Y así nos va. Quien crea eso de que “la Unión Europea” no lo va a permitir es que no se entera de nada.

Rajoy, se acabó el tiempo
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 5 Noviembre 2014

Cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones, en noviembre de 2011, muchos observadores albergaban el convencimiento, o la optimista creencia, de que su gobierno emprendería urgentemente una escalofriante carrera de obstáculos, acometería al instante esas imprescindibles reformas en un momento crítico de la historia de España. Había que desandar el camino, restaurar la separación de poderes, los controles, los órganos independientes, la fiabilidad de las instituciones. Por supuesto, el presidente no lo haría por convicción. Tampoco por principios. Mucho menos por generosidad, filantropía o patriotismo. Abordaría la regeneración por absoluta necesidad, por un mero instinto de supervivencia del sistema. Porque a la fuerza, ahorcan.

Rajoy disponía tan sólo de un estrecho margen para evitar el naufragio. Para cambiar radicalmente el rumbo, dar ese completo giro de timón, emprender la maniobra que evitase la violenta colisión y hundimiento del Régimen de 1978. Eran cruciales los cien primeros días, esa etapa en que el Gobierno rebosa de legitimidad, goza de un idilio con la opinión pública. Aun así, la tarea hubiera resultado complicada: había que vencer muchas inercias, pisar muchos callos, retirar muchos privilegios y, posiblemente, ofrecer muchos sacrificios personales. Pero, al menos, parte de la clase política habría sobrevivido. La opción alternativa era catastrófica para los partidos, decepcionante para los electores.

No ocurrió lo que esos optimistas esperaban. De entrada, Mariano decidió aplazar los cambios hasta el día de las elecciones andaluzas. Apuntaba ya esa suicida línea de remoloneo y procrastinación. Evitaría a toda costa agarrar el toro por los cuernos, incluso por el rabo. Dejaría pasar el tiempo, atendería lo inmediato y reaccionaría sólo con el obstáculo rozando las narices. Enfrentado a las reformas cruciales, Rajoy miró de soslayo, fuese y no hubo nada. Dejó pasar la ocasión creyendo que la mejora económica aplacaría la ira de las gentes. Que las aguas volverían a su cauce y los ciudadanos regresarían al redil, devolviendo su confianza a los partidos tradicionales. Que el amenazador arrecife no era más que un fantasmal espejismo en la niebla, quizá un monstruo mitológico que desaparece cuando se deja de pensar en él. Pero había algo alarmante: la plomada indicaba cada vez menos brazas de profundidad.

Medidas cosméticas, para impresionar a la galería
A la vuelta del verano de 2012 el Régimen estaba prácticamente sentenciado. El Gobierno perdía gas, voluntad, margen de maniobra y credibilidad, mientras arreciaban las rivalidades en la coalición gobernante. Había perdido su última oportunidad. El brutal choque era sólo cuestión de tiempo. Se partiría la carcomida quilla, se quebrarían con estrépito las cuadernas y se fracturaría el desvencijado casco, dando lugar a una copiosa vía de agua. Y el sistema se hundiría por la vía de agua de la pérdida de credibilidad.

Como sucedáneo, probaron medidas cosméticas, más bien de imagen, para impresionar a la galería. Una tentativa de curar el cáncer con una aspirina. Forzaron la abdicación del desacreditado Juan Carlos por la puerta de atrás, con un halo de misterio, sin depurar responsabilidad alguna. No resulta difícil torcer la voluntad de quien guarda tantos cadáveres en el armario. Eso sí, el abdicado dejaba el trono conservando el título de rey y disfrutando de una implícita ley de punto final. No se investigarían negocios, comisiones u origen de la fortuna. Ni se establecería un plan para restituir parte de los fondos, para aliviar la enorme deuda que pesa sobre los contribuyentes. Ciertamente, la ley no permite imputación penal del monarca pero sí de aquellos que, con negligencia, pudieron refrendar sus actos.

Los muñidores del plan confiaron en que, como de costumbre, el público aplaudiría a rabiar el relevo, el lavado de cara del sistema. Que admitiría como regeneración el mero cambio de persona sin reforma de las instituciones. Pero el horno ya no estaba para bollos. Con un patio dominado por el cabreo de quienes descubren haber sido objeto de mofa durante décadas, y con los dogmas, mitos y tabúes ya apolillados, completamente rasgados, resultaba casi hercúlea la tarea de infundir entusiasmo por el reinado del hijo. Una acelerada revolución del pensamiento, y las emociones, rechazaba todo cuanto oliera a régimen de la Transición, dejando a sus integrantes fuera de juego.

Una clase dirigente sin visión de futuro
Pero todavía persiste el misterio. Aun a sabiendas, los máximos beneficiarios se cruzaron de brazos, dejaron pasar el último tren que hubiera permitido mantener a flote el Régimen de 1978. ¿Estupidez? ¿Desidia? ¿Vocación suicida? No exactamente. Más bien miopía, una visión política de corto plazo que valora extraordinariamente lo inmediato y desprecia el futuro. Ese gobernar el día a día a golpe de impulsos, ocurrencias y encuestas. Nuestros dirigentes no están preparados para tomar esas decisiones que generan fuertes resistencias dentro de la coalición gobernante. No están dispuestos a incurrir en notables costes presentes sólo para atajar una catástrofe que se demorará algunos años. Ninguno acepta renunciar a parte de su poder, o privilegios, para salvar el barco: que renuncien otros. Más vale pájaro en mano... Si ha de llegar el fin, mejor aprovechar el tiempo para llenar los bolsillos.

El Régimen generó una clase dirigente sin principios, ideales o visión de futuro, con la mirada fija en lo inmediato. Una élite que convirtió la política en un mercadillo persa donde todo era negociable, donde el mantenimiento del sillón justificaba cualquier arbitrariedad. La selección de los dirigentes se llevó a cabo dentro de los partidos, con unas pautas que favorecían a los militantes desprovistos de escrúpulos, a los faltos de criterio, a quienes mostraban más propensión a mudar su opinión por orden del jefe. E imponían tremendas barreras a quienes poseían ideales, generosidad y visión de futuro, un tipo de afiliado que abandonó a mansalva estos entornos estrechos, cerrados, opresivos para el pensamiento libre. Las listas cerradas pusieron la guinda.

En lugar de estadistas, surgieron líderes miopes, políticos profesionales carentes de ideas elevadas, centrados exclusivamente en el mantenimiento de sus privilegios. Una pandilla refractaria a cualquier cambio que lesionara su influencia e ingresos. Un grupo que implantó una política que primaba la imagen sobre la sustancia, la palabrería sobre los fundamentos. Nadie reparó en que la adecuada selección de las élites gobernantes es un mecanismo fundamental, un proceso tan crucial que su descuido resulta suicida para cualquier país. Pero ya lo señaló Galdós: "no hay cosa, por desatinada que sea, que no pueda ser verdad en España".

Comienzan las luchas intestinas, el sálvese quien pueda. Una riada de políticos, funcionarios de partido e intelectuales orgánicos huirá apresuradamente del buque, ajustándose nueva chaqueta, buscando acomodo allí donde pueda encontrar mejores perspectivas. Como las ratas, ni siquiera girarán la cabeza para contemplar el desastre que, por su irresponsabilidad, dejaron detrás.

Bob Esponja
DAVID GISTAU ABC  5 Noviembre 2014

LLEVO tiempo preguntándome y preguntando a interlocutores habituales si el segundo recurso del Gobierno no fue un error. Estamos sumidos en una inercia de acción/reacción en la que el Gobierno juega al plato con las convocatorias lanzadas al aire por Mas. Incluso con aquellas planteadas en términos tan surrealistas como para que Homs se queje de que les prohíben algo que en ningún caso están haciendo. Los retruécanos de los astutos son incomprensibles para las mentes mesetarias. Pero el Gobierno y el TC son los únicos que se han tomado en serio la segunda convocatoria, la de fogueo, la de Bob Esponja inscrito para votar. Y, al hacerlo, le han concedido el único prestigio al que podía aspirar. Un prestigio represivo que la incrusta directamente en el reflejo fatalista.

Una vez que fue desmontado el momento Inoxcrom, que Mas se arredró y hundió con él esa transversalidad parlamentaria que le hacía las palmas detrás como un coro rociero, lo que quedó fue una autoparodia. El referéndum del destino manifiesto transformado en un «sketch». En un plan de domingo. En una simulación concebida para obtener una unanimidad descartable en cualquier interpretación seria por excesiva y artificial. El referéndum ya no era sino una gimnasia para militantes que, como decía Voltaire del Quijote, se inventaban para ejercitarse las pasiones que la realidad les negaba. Si el independentismo, desbaratada su opción parlamentaria, pedía espacio para hacer el ridículo, ¿por qué no dárselo? Y más cuando la falta de un censo propició que se apuntaran a votar personajes tan excéntricos como el ya mencionado Bob Esponja o el Capitán Trueno. ¿De verdad el Estado tiene que levantarse de la mecedora y actuar contra cualquier cosa en la que participe Bob Esponja?

El recurso y la suspensión cautelar del TC han concedido a Mas la oportunidad de fingir gallardía y proponerse continuar con esa cosa que en realidad no existe ni está haciendo. De repente, la auroparodia y el domingo de ridículo han ingresado en una parte mucho más noble de la retórica nacionalista, aquella en la que el pueblo catalán defiende su derecho a la libertad de expresión de los tanques de la eterna entrada por la Diagonal. En coincidencia con el «show» de Mas, ya han sido filtradas oportunamente las fotografías de las furgonetas antidisturbios, tanques alegóricos, que el Estado tiene aparcadas en las inmediaciones del 9-N. Como dice Alsina, Bob Esponja ha mutado en Braveheart gracias al Estado. Insisto en que es más una pregunta que me hago que una certeza que comparto.

Pero, de igual forma que el Estado debía actuar contra un desafío a la ley pergeñado en un parlamento, esta vez no sé si solo ha logrado rescatar a última hora una convocatoria sectaria, oficiosa y surrealista en la que el nacionalismo iba a justificar a Perón: «De todo se vuelve, menos del ridículo».

La Almudena
IGNACIO CAMACHO ABC  5 Noviembre 2014

A cinco días del 9 de noviembre, la fecha del previsto comienzo de la emancipación nacional de Cataluña, el secesionismo no ha logrado colocar su matraca siquiera en el primer plano de la opinión pública española. Los ciudadanos están inflamados de cabreo por la corrupción y la clase dirigente anda en vilo con el auge de Podemos en las encuestas. El empeño soberanista no solo provoca hastío en el país sino que empieza a resultar cansino en una parte significativa de la sociedad catalana que no se implica en la obstinación por organizar un referéndum de pega. Lo peor para el nacionalismo es que tampoco ha conseguido crispar al Estado, que le ha desmontado el tingladillo con una serenidad casi displicente, como quien baja la persiana a un pesado. Ni tanques, ni guardias, ni suspensión de la autonomía, ni sobreactuaciones retóricas: dos recursos legales y sendas providencias del Tribunal de Garantías han bastado para dejar el órdago en vía muerta. Por supuesto que el problema no se ha acabado pero Artur Mas tendrá que intentar otro camino y otra estrategia.

Si apela a la desobediencia es poco probable que obtenga la respuesta airada y convulsa que busca para legitimarse: se enfrentará a la ley y ya ha visto que pierde. No le va a hacer ningún favor a su causa embarcándose en un desafío cimarrón contra un Estado de la UE. Le queda la opción de entregar la pantomima a las asociaciones civiles independentistas para que armen un simulacro dominical, como los partidillos infantiles de fútbol en la calle: sin árbitro, sin porterías, con balones de tienda de chinos. Es decir, sin censo, sin junta electoral, con urnas de cartón y con pocos colegios para que se vean las colas. En esa mascarada vecinal saldrá un resultado abrumador que se desautorice solo. De un modo u otro la prometida consulta de autodeterminación se va a quedar en el butifarréndum de Bob Esponja.

El victimismo estaba descontado: España no solo les roba sino que no les deja votar. Eso forma parte del provocado recalentamiento de la temperatura política. Pero a muchos catalanes, aun partidarios de la votación, no les gusta el juego de la indisciplina institucional ni de los sucedáneos ilegales. Admiten que el bloque secesionista se ha equivocado de ventanilla y sienten tanto desaliento por el bloqueo del referéndum como por la tozudez insumisa de la Generalitat. Mas tiene más problemas que antes porque está a punto de quebrarse la confianza de sus aliados radicales. Ha despreciado una salida y no acaba de comprender que al final puede encontrar más lealtad en el presunto adversario que en los socios de aventura.

Pero sobre todo, lo que ha fracasado es el impacto emotivo de la maniobra en una nación que ya se siente saturada de conflictos. El domingo Madrid no vivirá el atribulado día de la ruptura de España sino el del puente escapista y festivo de la Almudena.

¿Quién ha jodido al PP?
Xavier Horcajo www.gaceta.es 5 Noviembre 2014

Con cincuenta o con cien detenidos, da igual, la operación Púnica ha puesto de manifiesto que una parte del PP (no solo de Madrid) y algunos alcaldes socialistas han traicionado a sus electores, al descubrírseles casos de corrupción. Depredaban del lápiz recalificador y de los contratos de empresas con administraciones públicas unas comisiones que luego blanqueaban y se metían en el bolsillo. Como dice Esperanza Aguirre, han dilapidado el prestigio “gestor” de los herederos de Aznar, que era su principal activo.

Francisco Granados le decía a su compinche David Marjaliza: “Esto pinta muy mal”, al descubrir que la UCO les pisaba los talones. Estoy de acuerdo. “Esto pinta muy mal”, aunque me refiero a los resultados del PP en las próximas municipales y/o autonómicas. Ya no hay “factor diferencial” respecto al PSOE. Cae el ex alcalde socialista cartagenero José Antonio Alonso o José María Fraile, el de Parla, igual que el presidente de la Diputación de León, del PP; o Francisco Granados, ocho años secretario general del PP de Aguirre. En el PP los hay que, incluso, se niegan a hacer mutis, en una nueva versión surrealista del “apego al cargo”.

Lo peor en el PP es que estos han caído tras años de denuncias que nadie se preocupó en comprobar, ni Esperanza Aguirre que, eso sí, dice que hace tres años le retiró su confianza. La pregunta es si en algo le importaba su PP madrileño, ¿no estaba obligada a hacer algo más que retirarle la confianza? Lo que más me impresiona del PP es que seguían dándole a las cacerías y a los repartos obscenos de trinques, tres años después de que un tal Luis Bárcenas, ex tesorero y senador, pusiera patas arriba el partido denunciando que sus principales líderes cobraban en sobres una “porcata”-tentempié. ¡Ojo!, solo por estar en la oposición. El primero Rajoy, ¡qué grande!

Pero en la tripa “pepera” nadie le dio la menor importancia al caso. Obedientes cerraron filas con las explicaciones de María Dolores Cospedal, aquello de la “indemnización en diferido”; miraron para otro lado cuando los mensajes aquellos de Rajoy: “Aguanta Luis, bla, bla, bla” y siguieron aplicados con denuedo a las comisiones y al fomento de los entrañables lazos con los amiguitos constructores entregados a la cacería y a la coima. ¡Manda “webs”! diría Trillo. Es impresionante, nadie interpretó que lo de Bárcenas era el penúltimo acto del régimen “cloaquero”. Hoy pagan ese error en la cárcel.

Los daños colaterales van a ser inmensos. Lo percibe hasta Soraya en la intimidad con sus colegas de “la Gloriosa”, esa generación de Abogados del Estado de 1996 que, de la revolución septembrina de 1868, sólo copiaron el apodo; no el “¡Viva España, con honra!”. Dice la vicepresidenta que no llegan ni a mayo. El destilado intelectual es que el PP ha dado una demostración de “felipismo” a granel; de gratis total remasterizado. Otra apoteosis barroca de bastardías que vienen a demostrar que es otro partido que usa a los ciudadanos, que no los sirve. Los votantes, simpatizantes y militantes con los muleros que aúpan al que coge las peras… y se las lleva a casa sin ánimo de compartirlas. Esa ha sido la lección y el noble pueblo español acusa recibo.

Para que nos creamos las medidas “regeneradoras”, tomadas a regañadientes como aceite de ricino, además de listas abiertas de verdad y democracia en los partidos, necesitamos ver algo verdaderamente revolucionario. Algo que no ha pasado nunca hasta ahora, y eso que llevamos 1.200 casos de corrupción política a las espaldas: es que el partido al que pertenece el corrupto, en lugar de darle de baja y “a mi plim”, se persone en la causa contra él por haberle perjudicado. Con ello conseguiríamos dos cosas: uno saber quién ha jodido al PP; dos, entender que ahí quedan los principales perjudicados. Los que lo pueden perder todo.

Alternativas académicas al nacionalismo
El autor sostiene que otorgar carácter de 'nación' a Cataluña significaría cambiar las leyes a petición de quien pretende vulnerarlas y abrir un conflicto incierto y permanente entre el Estado y una parte de su territorio
ÁLVARO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA El Mundo 5 Noviembre 2014

ESPAÑA ESTÁ haciendo frente a una de las crisis políticas más graves de las últimas décadas: los gobernantes de una comunidad autónoma amenazan con vulnerar la legalidad y realizar un referéndum para que una porción de la población española pueda imponer al resto la ruptura del territorio nacional y la secesión de parte del mismo. Lógicamente, este desprecio al derecho que asiste a todos los habitantes de cualquier nación para decidir juntos su propio destino, está suscitando un amplio debate político y mediático. Sobre el resultado final de esta aventura todavía no es fácil pronunciarse pues, desafortunadamente, la crisis va a causar unas heridas innecesarias entre los españoles y puede que durante años continúen abiertas. Sin embargo, sí resultan merecedores de análisis los pronunciamientos que se están realizando desde el ámbito académico.

En mitad del marasmo originado, el catedrático de Economía de la London School of Economics, Luis Garicano -brillante analista de la realidad económica y social de España-, acaba de escribir un interesante artículo en el que propone alternativas para solventar el reto propuesto. Según él «la reivindicación tiene tres patas: simbólica, competencial y financiera». Sobre las soluciones financieras que el conocido profesor expone tampoco nos pronunciaremos, pues ese ámbito se encuentra dentro de su disciplina académica y, sin duda alguna, hay tantas razones de peso para admitir su planteamiento como para debatirlo por parte de otro especialista en su materia -lo que ocuparía más espacio que un artículo periodístico-. Pero sí es posible analizar una de las soluciones que plantea en el terreno que define como «simbólico»: según Garicano, con aquella porción de habitantes y con el gobierno del territorio en el que se está planteando una ruptura ilegal es «crucial recomponer el vínculo emocional» y, para ello, «debe saber que no sólo es parte de España, sino que es querida por España, que su singularidad es aceptada y querida, que su lengua... es un patrimonio de España».

Verdaderamente, es difícil no estar de acuerdo con estas cálidas afirmaciones; sin embargo plantearlas como solución al problema demuestran una candidez digna de mejor causa: ninguna medida legislativa española desprecia a ninguna comunidad de su territorio, todas las singularidades territoriales e idiomáticas de España están jurídicamente amparadas, y, por supuesto, ningún habitante de alguna zona de España puede afirmar con veracidad que cuando se desplaza por cualquier rincón del territorio nacional se le niegue su condición de español.

LA SOLUCIÓN no puede estar en reconocer lo que ya está reconocido, ni en entregar lo que ya está entregado. Debatir sobre esto implicaría admitir que la raíz del problema está en unos supuestos agravios que no existen más que en la interesada reivindicación de los que quieren romper unilateralmente las reglas del juego. En esta alternativa propuesta, no sólo se está equivocando la terapia, el error está en el mismo diagnóstico. Inexactitudes de esta índole pueden obedecer, tanto a las buenas intenciones del que las emite como al desconocimiento del ámbito técnico en el que se ubica y desenvuelve el problema planteado. Tan ineficaz puede ser un médico intentando diagnosticar académicamente una crisis financiera, como un economista tratando de curar una apendicitis. En el caso que nos ocupa, una concreción de lo anterior se muestra en las otras «soluciones» ofrecidas por el profesor Garicano en los campos que denomina «simbólico» y «competencial». En este último terreno, como alternativa al conflicto -y probablemente desconociendo cómo se ha causado- este autor considera que «se trata de blindar las competencias relacionadas con la lengua, particularmente cultura y educación».

Una vez más la solución propuesta supone ignorar la raíz del problema: cualquiera que haya leído las obras del padre del nacionalismo -Juan Jacobo Rousseau- recordará cómo insistía en patrimonializar la educación para encasillar la mente de los ciudadanos en la visión obtusa del mundo que él preconizaba. Del mismo modo, se observa cómo uno de los principales objetivos del nacionalismo contemporáneo es apropiarse de la educación para distorsionarla a su antojo. Es fácil, por tanto, comprender el permanente interés mostrado por los nacionalistas en detentar el monopolio educativo y, más fácil aún, comprobar el resultado que las dejaciones en ese ámbito conllevan.

Plantear como «solución» a cualquier reto secesionista continuar abandonando la educación en manos de quién la ha utilizado para enfrentar a los ciudadanos y, además, ofrecer un «blindaje» de semejante desafuero, equivale a entregar un bote de gasolina y un mechero a quién ha demostrado ser un consumado pirómano. Vano intento, por otro lado, el de intentar apaciguar al nacionalismo plegándose de modo tan dócil a sus exigencias: los hechos son tozudos demostrando que esas concesiones sólo sirven para tensar el arco de las reivindicaciones, las cuales sólo cesarán cuando el arco se rompa o la flecha logre desasirse de él.

Pero donde se manifiesta con mayor claridad el peligro de buscar soluciones desde perspectivas ajenas al ámbito científico del problema es cuando se nos expone el más chocante planteamiento dentro del ámbito que se ha catalogado como «simbólico». En ese campo «hay que encontrar maneras de reconocer la diferencia...» de los territorios que deseen disgregarse «usando palabras (como la palabra nación) y símbolos que no son tan lejanos de los que de hecho usamos (nacionalidad)». Cualquier conocedor medianamente informado de los rudimentos del derecho constitucional concluirá que el término nación es cualquier cosa menos «simbólico». Utilizar el término nación no puede circunscribirse al terreno de unos meros «juegos florales»: implica otorgar a un territorio una serie de prerrogativas jurídicas y políticas que trascienden del ámbito de lo romántico. No es necesario enumerar todas las contundentes características técnicas que cualquier nación tiene: territorio propio e independiente, administración desvinculada a cualquier otra instancia externa, alteridad internacional y, sobre todo, soberanía. Catalogar como nación a un territorio e ignorar que tiene derecho a disfrutar de todas estas facultades es abrir las compuertas de un conflicto permanente.

TAN EVIDENTE es lo anterior que -precisamente por este motivo- el reconocimiento del carácter de nación para su territorio es una de las principales reivindicaciones del nacionalismo. A ninguna nación se le puede negar su derecho a constituirse en Estado independiente, y eso es bien sabido por cualquier nacionalista; toda nación es titular de soberanía y goza del privilegio de tratar en términos de igualdad con el resto de las naciones -tampoco ignora esto el nacionalismo-; y sin querer agotar la enumeración de facultades, todas las naciones se distinguen por articular el ejercicio de su soberanía a través del pueblo y, a éste, los organismos internacionales le reconocen el derecho de autodeterminación ¿A qué más puede aspirar un nacionalista?

Como podemos ver, el otorgamiento del carácter de nación a parte del territorio de una nación que lo es realmente, no es cuestión baladí; tiene trascendentales consecuencias de política interior e internacional, que transforman completamente la realidad jurídica de una comunidad política. Por otra parte, esta bienintencionada propuesta supone aceptar que las leyes deben ser cambiadas al capricho de quién pretende vulnerarlas. Cuando en una partida de cartas se comprueba que hace trampas uno de los jugadores, no se cambian las reglas del juego para que las irregularidades tengan cabida; se amonesta al que las hace y -si no rectifica- se expulsa de la partida al tramposo.

Álvaro Martínez-Echevarría es director del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).

Aparcar la ideología, el programa… y la recuperación
EDITORIAL Libertad Digital 5 Noviembre 2014

Es cierto que Churchill, Erhard, Reagan, Thatcher y otros estadistas desmienten la afirmación de Rajoy de que "los grandes políticos dejan a un lado una ideología para gobernar según las exigencias del momento". Con todo, es lógico que quien tanto ha traicionado el ideario y al programa de su partido trate de defender su acción de gobierno como si, en realidad, se tratase de una muestra de entendible pragmatismo, como una aproximación a la realidad sin prejuicios ideológicos, como una encomiable muestra de elasticidad, rasgo característico de la inteligencia, renuente a cualquier tipo de dogmatismo. No hace falta, sin embargo, haber leído a Berlin, a Popper o a Marías –o tal vez sí– para saber distinguir el saludable rechazo a todo tipo de fundamentalismo de lo que no es más que mera y nihilista carencia de principios. Y lo cierto es que Mariano Rajoy, bien por falta de principios o de lecturas, bien por su carácter y su acomodaticia pasividad a la hora de dar la batalla de las ideas, bien por carecer de un modelo alternativo de sociedad o bien por una suma de todo lo anterior, ha dado innumerables muestras a lo largo de esta legislatura de que sólo aspira a ser el buen gestor de un modelo estructuralmente insostenible, el que le dejó en herencia el anterior presidente del Gobierno.

Justificar esa deserción ideológica por "las exigencias del momento" hace el alegato de Rajoy más ridículo aún: con la enorme deuda pública que dejó Zapatero, ¿era momento de incrementarla y de dejar a un lado la batalla ideológica en favor de la reducción del tamaño del Estado y del gasto público? ¿Qué extraño "momento" fue ese que llevó a un partido como el PP a considerar que no iba a ser la bajada de impuestos sino su brutal incremento lo que nos ayudaría a salir cuanto antes de la crisis? ¿Acaso también son "las exigencia del momento" lo que justifica que Rajoy, con su mayoría absoluta, no se haya molestado en dar la batalla de las ideas contra el nacionalismo y haya incumplido su promesa de llevar a cabo una profunda reforma del modelo autonómico? ¿Qué “momento” justifica la persistencia de traductores de lenguas regionales en el Senado?

Justificar la continuidad del zapaterismo bajo las siglas del PP con la "mala herencia recibida" es una tomadura de pelo tan grande como la de Rajoy al anunciar, este mismo martes, que bajará los impuestos si gana las próximas elecciones.

Con todo, lo peor del desdén de Rajoy hacia algo tan decisivo como el poder de las ideas es el poco resultado práctico que puede mostrar en defensa de su nihilista y acomodaticia, que no pragmática, acción de gobierno. El paro ha subido por tercer mes consecutivo; los empresarios que integran el Instituto de la Empresa Familiar han dado un suspenso a la situación política y económica actual; la Comisión Europea ha dejado en papel mojado los presupuestos de Montoro al rebajar las previsiones de crecimiento español y pronosticar que volveremos a incumplir los topes de déficit... Eso, por no reparar sino en las noticias de este martes.

Decía Keynes con acierto: "Los hombres prácticos, que se creen libres de influencias intelectuales, acostumbran a ser esclavos de un economista difunto". A la vista de cómo este presidente se ha acomodado al paradigma socialdemócrata dominante, ese "economista difunto" bien podría ser el propio Keynes. A no ser, claro está, que sea cierto eso de que Rajoy sólo lee el Marca.

¡Basta ya de astracanadas!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 5 Noviembre 2014

Ya tiene Mariano Rajoy aceptada su impugnación por el Tribunal Constitucional y suspendidos tanto el compadreo de consulta preparado por Artur Mas, la Generalidad y la ANC para el próximo 9N, como cualquier acto que tenga relación con esa consulta, por ejemplo los anuncios en TV3 y medios de comunicación. También tiene la respuesta de ese Gobierno de la Generalidad a través de su portavoz Francesc Homs diciendo que siguen con el proceso amparándose en la libertad de expresión del pueblo catalán y que demandarán al Gobierno de España ante el tribunal Supremo por impedir esa libertad de expresión. Y me pregunto ¿Hasta cuando vamos los españoles y este Gobierno de España a seguir consintiendo las majaderías y payasadas de estos traidores a España?

He leído que se está procediendo al refuerzo de las FFyCCSE en Cataluña mediante el traslado de unos cincuenta furgones, se supone que con efectivos dentro, lo cual me parece de todo punto insuficiente para que el 9N se garantice el cumplimiento de las disposiciones del TC para impedir que se efectúe ese simulacro ilegal de votación. No creo necesario incidir en que los Mossos de Esquadra son parte de las FFyCCSE de España y que su obediencia no depende en último término de la Consejería de Interior del Gobierno de la Generalidad, sino del Ministerio de Interior de España y que están obligados a cumplir con las órdenes que se les den como garantes de la legalidad y del orden ciudadano.

Francesc Homs se cree impune y que puede situarse fuera de la Ley. Se equivoca. Su actitud delictiva al desobedecer al Tribunal Constitucional tendrá consecuencias y deberá dar cuenta ante los jueces de todas sus fechorías. Podrá seguir engañando a quien le quiera oír apelando a un supuesto derecho sobre “libertad de expresión” con el que quiere torticeramente envolver un acto de desobediencia al permitir una consulta ilegal que afecta a la Soberanía Nacional de todos los españoles. Es plenamente consciente de ello y eso le hace aún más culpable del delito no ya de desobediencia sino el de sedición. Su burda excusa en negar que hacen lo que están haciendo no le va a servir ante los tribunales. Y lo mismo se puede decir de Artur Mas y de todo el Gobierno de la Generalidad, con su socio de ERC Oriol Junqueras.

Lo que hacen estos delincuentes es engañar a los catalanes y posicionarse con aquellos otros que solo tienen como objetivo declarar de modo unilateral la independencia de Cataluña. Su actitud de simulado escándalo por lo que califican de "abuso de poder", solo puede engañar a los ilusos y ultra fanatizados independentistas dispuestos a llevar a termino como sea su plan. Organizaciones como la ANC hace tiempo que han sobrepasado los límites de la libertad de expresión para posicionarse abiertamente como inductores de un proceso de secesión perfectamente planificado y cuyos pasos se están siguiendo con toda exactitud por un Gobierno de la Generalidad que está gobernando de forma desleal con España y que debe ser apartado de modo inmediato del poder ante la grave amenaza que supone para la integridad nacional de España.

Mariano Rajoy y el Gobierno de España tienen todas las coberturas legales y el apoyo de la mayoría de los españoles para tomar medidas que imposibiliten la afrenta que sería para el pueblo español el que se permitiera que esa consulta se lleve a cabo y sus inductores y colaboradores quedasen impunes por sus delitos. Igualmente les exijo que cumplan con su deber de defender a los españoles residentes en Cataluña interviniendo administrativamente la Autonomía tal y como prevé la Constitución de España devolviendo la normalidad y el imperio de la Ley a esa región. No más exclusiones ni perversiones de la Historia ni de la lengua española.

Por una España Unida, Libre y Solidaria Sr. Rajoy abandone su actitud y gobierne de una vez acabando con esta astracanada del desafío secesionista de los nacionalistas catalanes. Si no lo hace le deberemos considerar cómplice de traición y exigirle su dimisión y la convocatoria de elecciones generales. Desde aquí hago un llamamiento a las FFAA para que sepan estar a la altura de los difíciles tiempos que pasa España y el pueblo español y que fieles a su Historia y su Honor sepan cumplir con su mandato constitucional.

PP: surgen traidores
RAÚL DEL POZO El Mundo 5 Noviembre 2014

Las luchas internas en el seno del partido del Gobierno aún no han tomado la forma de conspiración, pero ya se dibujan bandas y partidas. No son falsos y anónimos rumores los que llegan a mis oídos, sino declaraciones abiertas de los propios políticos. María Dolores de Cospedal hizo alusión a los «cobardes anónimos» y en el PP ya hay quien habla abiertamente de judas. Ni la Historia ni la Literatura perdonan a los traidores, aunque nuestros clásicos reconozcan que, no al que la hace, la traición place, sobre todo en política, que en realidad es un juego de conspiraciones.

Como los adivinadores, siguiendo los graznidos de las gaviotas he comprobado que parecen de cuervos, quizás porque se han alimentado en los basureros de la vida pública. Los giros de sus vuelos me indican que tres facciones del PP se dibujan en el horizonte: la de los intelectuales orgánicos de Faes, la conservadora de los pro vida y la de los treintañeros que aspiran a que salte en pedazos el escalafón. En los últimos días he notado una sutil maniobra para hacernos notar que la corrupción de la que hablamos es vieja, no corresponde apenas a la actual dirección del PP y los ataques a Mariano Rajoy proceden de los desplazados, de los cesantes y de los que van a cesar.

Los alféreces de entonces lo ven de otra manera: «Mariano Rajoy -me dice un leal aznarista- ya sólo gobierna con estadísticas, no hace política, sigue viviendo de la ideología de Aznar y se muestra incapaz de dar una salida racional a la corrupción». Mis contactos en Génova insisten en que la corrupción de la que hablamos es de hace 10 años y de mucho más, y aunque se extendió a toda España, siempre nació en Madrid, donde tanto se critica al Gobierno. Dicen que lo que aquí está pasando ya pasó en los tiempos de Felipe González, donde estuvieron implicados personajes más relevantes que los de ahora.

La trama Púnica la protagoniza un político de segunda división, de un Gobierno regional, donde están pringados unos cuantos alcaldes de pueblo, y quien los ha corrompido ha sido una multinacional francesa de poca monta. El que está metiendo a la gente en los juzgados y en la cárcel es un juez que antes estuvo con Camps y que ha llegado a Madrid en plan macarra para que olviden que fue del PP.

Un diputado que no es del PP y que habla con ellos me explica que algunos parlamentarios están avergonzados. Los propios políticos se reconocen en aquella sentencia de Kissinger: «No sé si es cierto que es el 90% de políticos corruptos el que da mala reputación al 10% restante». Esperan que se haga algo, porque en los años 90 la crisis era de un partido y hoy la crisis es de un sistema. La corrupción ha sido tan masiva que ha llegado a todos los partidos e instituciones y no se resuelve con acuerdos, sino con una acción drástica.

De haraquiri. Habría que formar un Gobierno con caras que no recuerden a la corrupción. No vale una operación cosmética. O catarsis total, o aguantar en una situación agónica hasta las elecciones.

Oportunismo político con el tercer grado de Matas
Mario Conde www.gaceta.es 5 Noviembre 2014

Da la sensación de que la histeria se ha instalado en algunas mentes que deambulan por el mundo de la clase política, que, por méritos propios, se encuentra tan denostada por la sociedad en estos momentos que nos toca vivir. Los casos de corrupción están asolando la vida de los partidos políticos y generando un clima de irritación social de consecuencias quizás no del todo previsibles. Y en ese clima se producen reacciones carentes de total sentido. Por ejemplo, la de los políticos ante el tercer grado penitenciario concedido al ex ministro Matas. Que el PSOE pida explicaciones en el Congreso, —nada menos que en el Congreso— sobre ese tercer grado, que su portavoz lo califique de indulto encubierto, y que UPYD secunde semejante iniciativa, demuestra no sólo la ignorancia de como funciona nuestro sistema penitenciario, sino la histeria y el deseo de sacar rendimiento político a costa de cualquier cosa, exacerbando el clima de irritación social en el que estamos instalados.

La Ley Penitenciaria es de 1978, por cierto la primera Ley Orgánica después de la Constitución. Estableció un sistema progresivo de grados, conforme al postulado constitucional de la finalidad de la pena como instrumento de reinserción, no solo de dimensión puramente sancionadora o punitiva. Durante años ese sistema ha venido siendo aplicado con normalidad. Cierto es que en algunos casos esa “normalidad” se vestía de anormalidad en uno u otro sentido, esto es, en conceder el tercer grado fuera de los condicionantes legales y en negarlo cuando todos ellos se cumplían. Pero ya se sabe que cuando la política infecta el derecho el resultado es siempre nefasto para la igualdad ante la Ley y la limpieza del Orden Jurídico

La condena de Matas es de nueve meses. Difícil encontrar un caso de ese porte en el que no se haya suspendido la aplicación de la privación de libertad. Es evidente que el ingreso se debió a la condición de ex presidente de una Comunidad Autónoma. Fue una decisión ad personam, como muchas otras que se adoptan en este mundo de círculos secantes de la política y justicia. El delito consistió en pagar ciertas cantidades a un periodista para que escribiera discursos… En fin, que no es de lo mas serio y grave que se despacha en estos días en los que recibimos informaciones sobre tramas organizadas para el robo de dinero público, en las que, dicho sea de paso, quizás pudiera existir algo de financiación ilegal de partidos, aunque este punto no haya sido, por el momento, acreditado.

Con esta pena y este delito y la carencia de suspensión, el tercer grado no es que cumple todos los requisitos, es que como decía mi padre es de cajón-cajón. ¿Que tiene causas pendientes? Claro, pero que yo sepa funciona —debería, mejor dicho— el principio de presunción de inocencia y el riesgo de fuga es en este caso absolutamnete ridículo. ¿A dónde se puede fugar una persona de esas características? Si el Sr Matas es condenado penas de prisión por las causas que tiene pendientes, en ese caso y en ese momento daré igualmente mi opinión, de manera que si no cumple los requisitos para el tercer grado criticaré con la dureza de la Ley que alguien se lo conceda. A Matas o a cualquier otro.

Si no les gusta la Ley que la cambien. Pero que no crispen mas a la sociedad que ya bastante tiene. No nos olvidemos que la utilización del Derecho convirtiéndolo en torcido para finalidades de corte político también es una manera de corromper el sistema. Por cierto, dos últimas cosas. ¿Se debatió en el Congreso la excarcelación de Bolinaga? Segunda: nunca jamás he tenido relación alguna con el Sr.Matas, ni cuando era ministro ni presidente de la comunidad de Baleares, en donde, por cierto, he consumido muchos días de mi vida.

'ROJO Y NEGRO' ENTREVISTA A ALBERT BOADELLA EN RADIO 4G
Albert Boadella: "Hubiera sido mejor trasplantar en Cataluña la Acorazada de Brunete y no la educación"
"A los ciudadanos de Cataluña les impactaría más ver alguna respuesta del Estado"
Periodista Digital.  5 Noviembre 2014

El Ejecutivo de Artur Mas ha decidido llegar hasta el final en la consulta alternativa del 9N tras la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional. El dramaturgo Albert Boadella, estuvo al teléfono de 'Rojo y Negro' de Radi4G este 4 de noviembre de 2014 para analizar, desde su postura beligerante al separatismo catalán, la realidad del contexto al que se enfrenta España.

Tengo que felicitar a Pujol porque ha superado de largo mi obra. Yo hice tres piezas sobre Jordi Pujol y en cada una de ellas ya se hablaba de corrupción. En ese momento me decían que me iban a procesar por lo que decía, pero yo sabía que no todo era fantasía. Había gente, sobre todo la que se movía entre los medios de comunicación, que sabía o intuía lo que estaba sucediendo.

Continuando con su lamento por "la tendencia al delirio" que se está produciendo en el pueblo catalán, el dramaturgo reconoce que no hay premoniciones en sus obras porque ya había cierta intuición de lo que ocurría en Cataluña en relación a la corrupción. Sin embargo, la realidad ha superado su ficción; en este sentido, Boadella se mostraba sorprendido al recordar el símbolo que ha supuesto históricamente la figura de Jordi Pujol para la identidad catalana.

Desde el año 81 a parte de la figura de Pujol presentaba a través de la sátira lo que yo llamaba el peligro de una epidemia pública de lo que es el nacionalismo. La enfermedad colectiva ha llegado a unos niveles increíbles.

También lamentó la falta de liderazgo y cordura de los políticos que conducen hoy el proceso y del camino por el que están llevando la política a través de sentimientos injustificados.

Yo viví con políticos que más allá de su nacionalismo, tenían calidad como profesionales políticos. Pero lo que ocurre en estos tiempos, es que los políticos de ahora son como tratar con un parvulario. A los ciudadanos de Cataluña les impactaría más ver alguna respuesta del Estado.

En su diagnóstico, la gravedad del nacionalismo está principalmente en el daño a la igualdad de todos los españoles. Una vez más, se posicionó en contra de la exaltación de esas "diferencias" que reclaman los separatistas por y para el pueblo catalán sobre el resto.

Me gustaría que me explicaran qué diferencias tenemos los catalanes con el resto de ciudadanos. Parece que se quiere remarcar unas características que tenemos y yo me niego. El camino para acabar con este delirio colectivo es el electroshock. Cataluña no ha sentido la pertenencia a un estado importante como es España, que cuenta en el mundo. Si los catalanes sienten la fuerza de España a través de la ley, y no hablo de la fuerza militar,creo que los ciudadanos de Cataluña van a sentirse impresionados y no van a querer perder ni un fin de semana en la Europa Occidental.

Hay una cosa que no debemos olvidar. Desde el momento en que se hace el traspaso de las competencias de Educación en la Transición, yo creo que hubiera sido mejor traspasar directamente la División Acorazada Brunete porque hubiese sido más barato y nos hubiésemos evitado dos generaciones de catalanes educadas en el odio a todo lo español.

¿Por qué el PP ha reactivado la extrema izquierda?
Arnaud Imatz. Minuto Digital 5 Noviembre 2014

¿Por qué la derecha popular y social está ausente de la escena política española, al contrario que en Francia, con un Front National muy fuerte y con tanto arraigo electoral?

No se puede intentar una respuesta seria sin hacer un breve recordatorio histórico. España ha conocido casi 40 años de franquismo. El franquismo no era una ideología, sino un régimen autoritario, no totalitario. Era el régimen de un militar, el general Franco, un militar que no era falangista, ni tradicionalista, ni demócrata cristiano, ni republicano conservador, ni tecnócrata, sino monárquico liberal. Un militar partidario de la rama liberal de los Borbones, un militar “instaurador” de la monarquía que gobernó con el apoyo circunstancial de personalidades de todas las tendencias políticas opuestas a la República popular en 1936.

La naturaleza y la amplitud de los apoyos al régimen franquista han variado considerablemente en el curso de su larga existencia de 1937 a 1975. Al principio de los años 1970, la casi totalidad de las oligarquías franquistas deseaban una transición pacífica hacia un sistema de democracia representativa. Muerto Franco, muy pronto, la clase politica franquista alimentó no sólo los dos principales partidos políticos liberales, la Unión del Centro Democrático (UCD), dirigido por el último secreterio general del Movimiento, Adolfo Súarez, y Alianza Popular (posteriormente refundado como Partido Popular), sino también el Partido Socialista Obrero Español. Hay que subrayar lo siguiente: la dictadura de Franco cedió el lugar a una democracia representativa gracias a su propia reforma interna. No hubo ruptura, sino una reforma debida a la acción de los oligarcas franquistas y de la mayoría de los partidarios de Franco, que hicieron la elección deliberada del atlantismo y el neoliberalismo.

La derecha liberal, que se había beneficiado durante cerca de 40 años del sistema franquista, hizo después todo lo posible para desmarcarse del régimen anterior. Simultáneamente, hizo cuanto pudo para impedir la emergencia de una nueva derecha popular y social. En Francia, la derecha popular y social, representada actualmente por el Frente National, se puede inscribir perfectamente en la línea del general De Gaulle, principal resistente contra el nazismo y el fascismo, icono respetado, por lo menos aparentemente, tanto por la derecha como por la izquierda. En España, al contrario, la derecha popular y social es asociada, por la voluntad conjunta de la derecha liberal y de la izquierda socialdemocráta y marxista, a la imagen mediática, caricatural y aborrecida del Caudillo, el dictador de la España “fascista”. La diferencia es notable.

Desde 2011, la acción política de Mariano Rajoy, apoyada por los oligarcas neoliberales del PP, representa la quintaescencia de la estrategia hostil a la derecha popular y social. La inevitable consecuencia ha sido un fracaso electoral patente en las elecciones electorale de mayo de 2014. El resultado de esas elecciones ha sido realmente clamoroso: cerca del 49% de los españoles ha votado por partidos de izquierda o de extrema izquierda. A esa cifra hay que añadir le 12% de votos de las formaciones nacionalistas y separatistas, moderadas o radicales. El Partido Popular, que había cosechado 6,5 millones de votos en las elecciones europeas de 2009 y cerca de 11 millones en las elecciones generales de 2011, ha visto su caudal electoral reducido a 4 millones de votos. El PSOE, hasta entonces su principal adversario, ha caído a menos de 3,5 millones de votos, pero el conjunto de la izquierda se mobilizó en benefico de los partidos de extrema izquierda. El PP ha sido castigado, ya que una gran parte de su electorado eligió la abstención.

El principal responsable de esta situación deletérea ha sido sin lugar a dudas el PP. Desde su regreso al poder en 2011, no ha dejado de luchar contra la emergencia de una derecha popular y social en su seno o en su periferia. Entre 2004 y 2009, el resurgimiento de una derecha popular y social capaz de disputar la hegemonía mediática y cultural a la izquierda boba y criptomarxista era todavía posible. El PP, que entonces estaba en la oposición, pretendía luchar por la unidad nacional, contra el terrorismo, por el derecho a la vida, por la familia natural, por la libertad de enseñanza, etc… Para eso contaba con el apoyo de algunos medios libres como el Grupo Intereconomía, Libertad Digital o la COPE. Pero en cuanto ha llegado otra vez al poder, el PP se ha apresurado a deshacerse de su programa, traicionando de esa manera sin ninguna vergüenza una gan parte de su electorado.

La política llevada a cabo por el PP de Rajoy ha sido la del centro izquierda: neoliberalismo, mundialismo, culto del mercado, multiculturalismo, explotación y empobrecimiento de las clases medias, consolidación de la legislción contra la familia, mantenimiento del matrimonio entre homosexuales, confirmación de la politización de la Justicia, perpetuación de la corrupción, incapacidad para reformar la ley sobre el aborto, etc…

Javier Esparza, uno de los mejores politólogos y periodistas españoles, dice: “El PP ha hecho exactamente lo contrario de lo que una parte importante de su electorado esperaba. Peor aun: ha desmantelado a conciencia las plataformas mediáticas y cívicas que durante varios años habían permitodo el nacimiento de una derecha social”.

En lugar de reforzar el papel de la derecha popular y social naciente en los medios, el PP ha permitido el desarrollo de la izquierda mediática: ha salvado al Grupo Prisa (propietario de El País), ha salvado la cadena de Televisón La Sexta, ha neutralizado toda oposición a su derecha, ha laminado voluntariamente toda oposición de la derecha anti neoliberal.

El resultado es que el PP ha aumentado considerablemente el peso de la izquierda radical. Gracias a él, la extrema izquierda, la más antidemócratica, la más peligrosa para las libertades individuales y colectivas, ha vuelto a ser un protagonista importante de la escena política española. El fracaso del PP no podía ser más flagrante. La herencia que dejará, cuando pierda el poder, será una España enfrentada otra vez a sus viejos demonios, con el horizonte inmediato posible del conflicto civil.

CORRUPCIÓN POR DECRETO LEY
Las leyes que han provocado la ola de deshonestidad pública
La corrupción no es un mal de ahora, se ha gestado gracias a leyes que sólo beneficiaban a los gobernantes de turno y obedecían exclusivamente a sus intereses. Así, hasta desembocar en lo que ahora vive España, la tormenta perfecta de la corrupción
Pedro Ruiz www.elsemanaldigital.com 5 Noviembre 2014

Los felices años 80 están arraigados en el más profundo subconsciente de la sociedad española como una época de prosperidad. Los famosos años de la ‘movida’ también se convirtieron en el eje central del mal que hoy padece el país, la corrupción. Fue durante la primera legislatura de Felipe González (1982 – 1986) que tuvo lugar la promulgación de dos leyes que hasta hoy día han servido de patente de corso para la lacra de la corrupción.

El arranque de los ‘maravillosos 80’ fueron años grises para la economía, el gobierno socialista tuvo que llevar a cabo un estricto plan de estabilización económica que supuso el cierre de muchas fábricas. Mientras se establecía la enseñanza gratuita obligatoria hasta los 16 años (la LODE) se promulgo también la Ley de la Función Pública (Ley 30/1984) y la Ley de Cajas de Ahorro (Ley 31/1985). Ambas leyes, junto a la mal llamada Ley de la liberalización del suelo de 1998, comenzaron a gestar el ineficiente, voluminoso y corrupto organigrama que hoy dirige España.

Ley de la Función Pública
La Ley de la Función Pública propició la ineficiencia del Estado al eliminar el sistema de selección basado en los principios de mérito, por el nombramiento a dedo. Desde su promulgación se llevo a cabo continuos nombramientos de familiares o amigos, que sin preparación accedían al empleo público apartando a funcionarios competentes. La lealtad a los dirigentes de turno, más incluso que al partido que representan, remplazó a la valía como ‘modus operandi’ de la nueva clase política.

No sorprende ahora que el 75% del CNI sean hijos, nietos y sobrinos de antiguos espías. No sorprende que en España haya más de 20.000 asesores (designación libre y no se necesita ningún título), que suponen un gasto de 1.000 millones al año. Reza el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que “el número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno”, por lo cual no es obligatoria la publicación de esos puestos de confianza.

No sorprende que el número de asesores sólo del presidente del Gobierno sea de 578 personas, muchas de ellas sin el graduado escolar; Zapatero en su día sumó hasta 528 de ellos. El Ayuntamiento de Madrid pagaba a 254 asesores o el Concejo de Almería mantenía más asesores (32) que concejales (27), con un gasto superior al millón de euros.

Ley de Cajas de Ahorro
El modelo de las cajas de ahorro en España fue durante mucho tiempo reconocido no sólo por sus buenos resultados sino también por el papel social que desempeñaba. El sólido negocio bancario de las cajas prosperó durante décadas gracias al papel desempeñado por sus dirigentes, aunque todo aquello terminaría con la promulgación de la Ley de cajas. Fue el momento en que se dio entrada a políticos, sindicatos y patronal en los consejos de administración y posteriormente en los puestos de directivos.

Las cajas de ahorro se convirtieron en el brazo económico de los gobernantes de turno. Comenzaron las inversiones disparatadas, los créditos ventajosos a políticos y partidos que incluso incluían quitas en sus deudas. El despilfarro continuo que terminó en el saqueo a manos llenas.

Algunos expertos se refieren a está ley como la “Ley del Expolio”, porque después de quebrar esas cajas atacaron a los pequeños ahorradores ofreciéndoles las preferentes. Incluso después no sólo hicieron pagar sus desmanes a los pequeños ahorradores, sino también a todos los españoles a través del rescate. Una suma de cerca de 300.000 millones entre protecciones de activos, avales, Sareb, de los que ya son irrecuperables 50.000 y la cifra puede alcanzar los 140.000 millones de euros.

Ley del Suelo público
Otra de las prácticas más utilizadas a favor de la corrupción política fue la Ley del Suelo de 1998, promovida por el Ejecutivo de Aznar e ideada por Rodrigo Rato. Se la conoce por la Ley de la liberalización del suelo, aunque poco tuviera que ver con una verdadera liberalización. Es más, si hubiera sido así el precio del suelo hubiera caído al crecer la oferta de él. Ocurrió lo contrario, fue una ley de “capitalismo de amiguetes”, que favoreció a dos clases: En primer lugar, a los terratenientes y grandes empresarios. En segundo lugar, a los políticos que englobaban a los de los ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

La recalificación de los terrenos fue un caldo de cultivo para la corrupción, las prebendas y los pelotazos. La firma del concejal de urbanismo de turno se convertía en el elemento clave. La ley otorgó una potestad muy amplia a los ayuntamientos y comunidades autónomas que eran quienes decidían qué suelos podían ser recalificados y cuáles no.

Subastas a conveniencia
Los contratos públicos son tan antiguos casi como la misma democracia, en la antigua Roma se conocían como ‘licitatio’. Más recientes fueron las obras encargadas por los monarcas españoles Carlos III o Alfonso X. En 1877 tras la promulgación de la Ley General de Obras Públicas se admitió la posibilidad de adjudicar las contratos sin subasta pública. En la actualidad, las subastas y contratos públicos representan otro pilar en la corrupción española.

La forma de actuar más habitual en el modelo de licitación español es el llamado “poyaque” (pues ya que…), que consiste en el famoso: Pues ya que está usted… y que consiste en ofrecer una mejora en la obra a cambio de un sobrecoste del mismo. La razón por la que es preferible pagar 100 desde el principio a 80 en licitación y 20 en sobrecostes radica en que en las negociaciones posteriores, negociaciones bilaterales, se hacen sin control y sin transparencia.

Aunque se piense que los sobrecostes y la corrupción es un mal de ahora, la verdad es que ha estado muy presente durante la últimas décadas. En 1994 el número de obras con sobrecoste fue de un 77% del total, con un 15% de media de sobrecoste respecto del precio inicial.

En los últimos años, existen casos sangrantes como la línea 9 de metro de Barcelona, que de un precio inicial de 2.500 millones acabó suponiendo un coste total de 16.000 millones. La lista es interminable, escándalo tras escándalo, como Castor, la Expo de Zaragoza, el Velódromo de Palma Arena, Forúm Universal de las Culturas de Barcelona, la Caja Mágica, la línea de AVE Madrid Barcelona o la T4.

La corrupción no ha sido una opción de la “codicia de cada persona”, como decía el presidente del Gobierno. Sino una red articulada a través de leyes desde hace varias décadas que ha contado con el consentimiento ciudadano que le ha otorgado cada vez más poder y dinero al Estado pensando que así estaría más seguro. A pesar de todo, la única alternativa que la sociedad contempla es dar aún más poder y dinero al Estado, poco se ha aprendido. Como dijo Winston Churchill "lo que nos enseña la historia a los hombres es que los hombres no aprendemos de la historia".

Aguirre ignoró en 2008 un informe de 12 folios en el que constructores denunciaban la trama de Granados
J.Ruiz / O.López-Fonseca www.vozpopuli.com 5 Noviembre 2014

La presidenta de los 'populares' madrileños prometió que destituiría a su 'número 2' en el partido dos meses después de recibir una denuncia por escrito que detallaba que éste supuestamente cobraba comisiones ilegales. Aquella destitución no llegó. La 'lideresa' ha afirmado en los últimos días que "si hubiera tenido la sospecha más mínima, habría actuado con prontitud".

"Si hubiera tenido la sospecha más mínima, habría actuado con prontitud", dijo Esperanza Aguirre el día que pidió disculpas por las corruptelas que presuntamente había cometido el que fuera su 'número 2' en el partido, Francisco Granados. Lo cierto es que la lideresa fue informada en el año 2008 de lo que ocurría y prometió destituir al hoy preso en dos meses. Aquella destitución nunca llegó.

El entonces director general de operaciones de Dyco-DHO, David Merino, entregó a la Justicia y al círculo de Esperanza Aguirre doce folios manuscritos en los que explicaba cómo Francisco Granados y David Marjaliza cobraban comisiones por adjudicaciones de obras y concesiones de contratos públicos, tal y como ahora ha destapado la Guardia Civil. En la denuncia manuscrita se denunciaba entonces que se estaban recalificando terrenos y "suelos dentro de la línea del Plan General y que beneficiaba y ha beneficiado claramente a estas empresas y, por supuesto, con pactos de comisiones de éstas al Ayuntamiento de Valdemoro, a Francisco Granados". El pago de 'mordidas' se mantuvo en su etapa como alcalde, entre 1999 y 2003, y posteriormente cuando fue designado consejero en la Comunidad de Madrid. Incluso en 2004, cuando Granados ya era secretario general del PP en la Comunidad por designación de la propia Aguirre.

Los folios detallan cómo "el importe pactado de las comisiones siempre lo entregaban a F. Granados, bien J. Jiménez o bien Paco Colado. Nosotros, yo en este caso, por mi cargo era el responsable de buscar tal dinero que normalmente era en el mencionado dinero B". La denuncia identificaba una operación concreta en la que se habían pagado supuestamente 2,5 millones de euros en dos comisiones: una para el alcalde de Valdemoro, que en la fecha de la transacción era Francisco Granados, y de otro municipio que no identificaba entonces pero que más tarde ubicó en Coslada.

El secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, entregó en mano a Esperanza Aguirre una copia de aquellos doce folios y advirtió a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid de las actuaciones irregulares adjuntándole una copia de la denuncia de Merino certificada ante notario. La respuesta de Aguirre, aseguran fuentes del círculo de Bernard, fue la de pedir tiempo y prometer que sería cesado en dos meses. Esa destitución no llegó y la presidenta de la Comunidad de Madrid avaló incluso la concesión de algunos de los contratos que ahora pretende revisar la Fiscalía Anticorrupción y en los que la trama podría haber favorecido a familiares de Aguirre. Es el caso de la concesión de contratos de seguridad a la empresa Segur Ibérica en el año 2008, cuando su prima, Marta Gil de Biedma, era secretaria del consejo de la empresa. El contrato, con número de expediente 03-AT-60.3/2007, fue adjudicado el 11 de marzo de 2008 por valor de 2.651.106,65 euros

La destitución de Granados tampoco se produjo pese a que en los documentos se adjuntaba incluso un esquema de cómo funcionaba y cobraba comisiones la sociedad: David Marjaliza, amigo de Granados, recibía dichas 'mordidas' en su nombre a cambio supuestamente de que este recalificara terrenos y amañara concesiones de contratos públicos, detallaba el papel. Ese esquema es exactamente el que ahora ha ratificado tanto la Fiscalía Anticorrupción española como el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Denuncia pública y pasividad privada
Un año más tarde, en febrero de 2009, la revista Interviú publicó una entrevista con el empresario en la que desvelaba sus denuncias públicamente. El empresario volvió a hacer públicas las denuncias que antes había puesto por escrito. Esperanza Aguirre tampoco cesó entonces a su 'número 2'.

La denuncia llegó también entonces a la Fiscalía. Manos Limpias elevó al Ministerio Público una denuncia "contra los responsables políticos de diversos Ayuntamientos que han cometido cohecho, tráfico de influencias y prevaricación en colaboración con los responsables del Grupo Inmobiliario y Constructor Grupo Dico Empresarial, SA". La denuncia reclamaba la adopción de medidas cautelares entre las que estaba la petición de investigar al holding de 60 empresas que operaban en la presunta trama. También citaba como delitos el fraude a la Hacienda Pública, el tráfico de influencias, el cohecho, la prevaricación, el delito societario y la apropiación indebida. Es decir, los mismos delitos que siete años más tarde el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha reflejado en sus autos de prisión contra Granados y su amigo Majarliza.

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Y entonces habló Rajoy

José Carlos Rodriguez www.gaceta.es 5 Noviembre 2014

Quizás fuera la gravedad de la situación, pero los medios decidieron saltarse su promesa de no acudir a una comparecencia más del presidente del gobierno sin preguntas. Su gesto era más circunspecto que en otras ocasiones, aunque parecía confiado cuando cruzó el pasillo hasta el atril, en la sala de columnas. “Buenos días”. Rajoy rompió el tenue rumor nervioso de los periodistas, y comenzó a repasar los acontecimientos de los últimos meses. La “consulta” del 9 de noviembre, que volvió a calificar como “fraude”, la declaración de independencia por parte de cientos de ayuntamientos catalanes, las elecciones catalanas y, finalmente, la declaración de secesión hecha desde la sede de la Generalitat por el president Junqueras.

Los periodistas contaban con que Mariano Rajoy, tras terminar su alocución, se saltase el protocolo previsto y atendiese sus súplicas. En la libreta de todos estaba el artículo 155 de la Constitución. Aunque quizás no hiciera falta. Fuentes de Moncloa habían filtrado a El País que el anuncio de la suspensión de la autonomía era inminente, y seguramente ese era el motivo de esta comparecencia.

Las previsiones tardaron en cumplirse lo que le llevó a Rajoy concluir su preámbulo. El presidente del Senado, Pío García Escudero, ha confirmado al presidente que llamará a una sesión extraordinaria a las cuatro de la tarde. La mayoría absoluta del Partido Popular asegura al gobierno la aprobación de las medidas “de carácter extraordinario, para una situación extraordinaria”, según ha expresado el propio Rajoy. “Solicitaremos al Senado la autorización para que el Gobierno asuma todas las funciones cedidos a la comunidad autónoma”. Pedro Sánchez ha convocado al Comité Federal del PSOE para las 12:30. Conoce ya todos los detalles de la comparecencia de Rajoy. A la una y media hará una declaración institucional.

Cuando pareció que Rajoy había terminado, dejó a todos estupefactos, con sus últimas palabras: “Los nacionalistas se han saltado todas las leyes, las escritas y las no escritas. Hay un terreno en la política que es el de los entendidos, el de las normas tácitas, como es, por ejemplo, la de la lealtad institucional. También se las han saltado. Quizás debimos sacar del silencio las obviedades que nunca quisimos mencionar, por permitirles practicar un juego indigno. Quizás debimos hacer ver que lo obvio nunca estuvo en juego, que no íbamos a permitir que nuestras instituciones, nuestra historia, y los derechos de los españoles quedasen sin defensa. Quieren saltarse quinientos años de historia en común, y cometen el error de llamar a la secesión sin plantearse una guerra de secesión. Lo que no dijimos en su momento, lo decimos ahora. No permitiremos que ningún catalán que se reconozca como español deba abandonar su patria para seguir siéndolo. No permitiremos que la Constitución y las leyes pierdan vigencia. No permitiremos que una historia en común sucumba por los intereses de una parte de la clase política, no siempre confesables”. Terminó con una frase en la que hacía mención a “los errores del pasado”, a la “paz” y a la “reconciliación”. Las voces de los periodistas tras despedirse con otro “buenos días” no surtieron efecto. Recogió sus papeles y volvió hacia el pasillo, andando con decisión.

No sabe lo que es un Estado opresor
Jordi Garcia-Petit www.cronicaglobal.com 5 Noviembre 2014

Hemos de aguantar todas las astucias, ocurrencias, juegos de palabras, falacias, despropósitos…que se les ocurran y que la libertad de expresión y las otras libertades de que gozamos les permiten. Carme Forcadell –la que da órdenes a la autoridad legítima (un apostrofado ¡Presidente!, ¡Presidente!, ¡Presidente¡…hasta cinco veces)- quiere que las colas delante de lo que llaman colegios electorales del 9-N sean “una denuncia contra este Estado opresor”.

Sí, ha tildado de “Estado opresor” a las instituciones del Estado español de las que la Generalitat de Cataluña es plenamente parte. No sabe lo que dice, no sabe lo que es un Estado opresor. Si fuera cierto lo que dice, probablemente no lo habría dicho, sin poner en duda su coraje personal, probado suficientemente en nuestra democracia tolerante.

Los que han vivido y padecido bajo la bota del Estado opresor de la era franquista tienen el derecho moral de pedirle en nombre de su dignidad –de una dignidad que fue mil veces pisoteada y a menudo ensangrentada, de una dignidad diferente al prurito de votar del que habla Muriel Casals- que rectifique eso del “Estado opresor”.

Si viviésemos en un Estado opresor de las libertades, Carme Forcadell y Muriel Casals no se podrían permitir decir lo que dicen y hacer lo que hacen. Muchos de los que pasaron por aquella experiencia de opresión, coherentes ahora, son los primeros en defender que Carme y Muriel puedan seguir diciendo lo que dicen y haciendo lo que hacen, solo les pedirían que no abusen de las libertades que se conquistaron tan dolorosamente, que se contengan en su feraz locuacidad y, sobre todo, que no devalúen la memoria de los que fueron víctimas de aquel Estado opresor. Y, de pasada, si pudiera ser, que no manipulen los sentimientos de tantos catalanes ni menosprecien su inteligencia.

Ellas y ellos, los flautistas del cuento, se han tomado la licencia de decir cualquier cosa y de invocar cualquier página de la historia (Luther King, el pueblo de Israel, Mandela, Gandhi…) para justificar y enaltecer el “proceso”, la sedición programada. Pero, sus cruzados en las redes sociales, en las tertulias, en las columnas de los diarios subvencionados son brutales cuando, por ejemplo, alguien dice que un observador de fuera creería que se encuentra en Guinea ante la preparación del “referéndum - no referéndum- consulta no vinculante” suspendido (¿qué diría ahora del “proceso de participación ciudadana - no referendario – no consultivo” alternativo a aquél?); o alguien nos recuerda que unas elecciones plebiscitarias fueron celebradas en la Alemania de los años treinta.

Si hay algún elemento opresivo en la situación actual de Catalunya es el sectarismo de la propaganda y agitación en los medios públicos TV3 y Catalunya Radio. Me tomo la libertad de decir que, salvando las distancias y las circunstancias, me recuerdan los medios públicos de Pankow, cambiando “Plan” por “Proceso”, recordando también que el 9N se cumplen veinticinco años del inicio de la caída del régimen de Pankow.

El entierro de España
Xavier Horcajo www.gaceta.es 5 Noviembre 2014

El Tribunal Constitucional ha cumplido. Lo ha hecho de forma unánime, incluyendo a la magistrada Encarna Roca, que llegó allí de la mano de CiU y que ha sufrido una tremenda campaña en Cataluña por mantener su criterio respecto a la dejar en suspenso, primero el referéndum, y luego el “referendillo”. Pero es igual, Mas y los suyos mantienen la consulta popular, desoyen, desobedecen la decisión del Alto Tribunal. Sorprende más que alguien hubiera sobrevalorado a los representantes del Estado en Cataluña y pensara que desconvocarían la consulta en coherencia con el fallo del Constitucional.

Es verdad que las “astucias” de Mas dejaban entrever que ignorarían la decisión del Tribunal, como ignoraron una docena de sentencias en materia de enseñanza porque condenaban su modelo educativo excluyente con la lengua española. Entre ellas la del Tribunal Constitucional, que consideraba al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, junto con el catalán". Cómo sería distinto todo, si el Gobierno de Madrid hubiera seguido aquél magnífico consejo de doña Elena Francis: “Vale más ponerse una vez “colorao”, que cien veces amarillo”

Muchos estábamos convencidos de que el “Mesías Artur” no daría su brazo a torcer, total por media docena de artículos de la ley de leyes española. Está claro, que los que gobiernan la Generalitat se burlan con escarnio de España, de sus Instituciones y de su Constitución. También está claro que los instrumentos del Estado no han tratado este asunto con el rigor necesario. Quiero decir que han hecho la vista gorda en una relación condicionada por la política y las futuras necesidades que tenga el PP de Convergència i Unió.

Otro gallo cantaría si el Fiscal General del Estado hubiera percutido a Artur Mas por malversar fondos públicos, con los gastos del referéndum después de haber sido suspendido. O contra el consejero de Enseñanza que ha movilizado “voluntarios” que son funcionarios públicos que pagamos todos; o escuelas que también son de todos. Sería distinto, si hubieran actuado contra la Generalitat cuando su CAC amenazaba a las voces discordantes, o cuando la Generalitat obligaba a medios privados a emitir anuncios pro-consulta. Todo sería diferente si alguien le hubiera dicho a Mas que si considera “adversario” al Estado español, no puede representarlo, ni siquiera formar parte de él.

Pero no fue, y no va a ser así. En el Gobierno de Mariano Rajoy prevalece la convicción de que enfrentarse y prohibir el “referendillo”, es peor que tolerarlo, como si fueran hemorroides. No se puede negar que, en términos de corto plazo político, es así. Pero, siquiera por cómo dejará las cosas a futuro. Siquiera por los próximos desafíos y escarnios que amenacen a la Nación española, por sus leyes y sus Gobiernos; el cortoplacismo, la pereza, la falta de fuste moral, deberían orillarse en aras de algo de más valor: el respeto a nosotros mismos. Hablamos de la superioridad moral del que aplica las leyes. Gobernar es eso, no es atender cálculos de oportunismo. Agachar la cabeza y tragarse esto, es la peor de las decisiones, porque entierra a España.

No habrá marcha sobre Roma. Elogio de la democracia española
Jordi Carrillo www.cronicaglobal.com 5 Noviembre 2014

Mucho se ha discutido sobre la conveniencia política de la impugnación de esto, esta cosa, que no tiene nombre, organizada no se sabe muy bien por quien, bajo la cobertura de no se sabe muy bien qué normativa. Ya saben, sobre si quizás no fuera más adecuado ridiculizar esta cosa, que no sabemos como denominar, y mirar hacia otro lado para dar al Presidente Mas margen de maniobra para agotar la legislatura y esperar que mientras tanto la tormenta se calme.

Somos de la opinión que lamentablemente se han traspasado una serie de líneas rojas que hacen superflua este análisis de conveniencia. España, a pesar de la corrupción que todo lo arrasa, es un Estado democrático y de Derecho. Un Estado miembro de la Unión Europea. Todo esto exige mantener ciertos estándares y no permitir actuaciones, más o menos inocuas, carnavalescas si se quiere, que a pesar de todo establecerán un precedente. Hay vida más allá del 9N en España y en la Unión Europea. No se puede tolerar que una Administración no publique sus decisiones en los diarios oficiales y se desconozca la cobertura jurídica de sus actuaciones. No es posible descargar toda la responsabilidad sobre funcionarios, ciudadanos al fin y al cabo, que desconocen qué normas apoyan e ignoran si están cometiendo una ilegalidad. Es inadmisible que desde una Administración se creen bases de datos políticas sobre los ciudadanos, que esto y nada más que esto habría sido la lista de participantes/votantes o cómo queramos denominarlo. Y lo más importante, no valen ni subterfugios ni cambios de sentido para incumplir decisiones del Tribunal Constitucional.

Ahora que la nueva suspensión es un hecho, hay que asegurarse que el domingo no haya un solo local abierto. Y hay que ir a todas. La Delegación del Gobierno tendrá que recordar de nuevo a todos los secretarios de Ayuntamiento que no se pueden ceder locales para esta cosa. E igualmente habrá que comunicar a los directores de instituto que no pueden entregar las claves a ningún particular sin ninguna orden escrita y debidamente publicada. Y si por eso hay que aplicar el articulo 155 de la Constitución, el que es una traducción literal del articulo 37 de la alemana, porque el Gobierno central dé órdenes directamente a los directores de instituto con efecto al 9N (y sólo por eso), al Presidente Rajoy no le tendrá que temblar el pulso.

En Cataluña ni hay fascistas ni "camisas negras" que zurren los rivales políticos, pero sí que empieza a hacerse lugar la idea que sacando personas a la calle y ocupando el espacio público se puede llegar a tomar el poder y cambiar de régimen. Una nueva marcha sobre Roma, para entendernos, casi 100 años después. Al poder se llega en las elecciones y las constituciones se modifican según las reglas que ellas mismas establecen. España, lo reiteramos, es un Estado democrático y de Derecho, miembro de la Unión Europea. Y esto obliga. Hay que defender el Estado de Derecho. Ignorar lo que se preparaba para el domingo rebajaría sustancialmente la calidad de la democracia española y europea. Tengámoslo claro: establecido el precedente, otros Gobiernos regionales, como el de las Canarias, aprenderían que por la sencilla vía de no publicar decisiones en el diario oficial podrían esquivarse los mandatos del Tribunal Constitucional. Y también al resto de Europa, por ejemplo en Italia, donde la región del Veneto ha convocado un referéndum sobre la independencia, tomarían nota.

Todo indica que la defensa del Estado de Derecho será recompensada por el bloque soberanista con una denuncia contra España ante las instituciones europeas y la ONU. Ojalá lo hagan, y los escuchen! así el Gobierno de España podrá explicar qué sucede en Cataluña. Entretanto, si los soberanistas están carecidos de ideas, les dejamos cinco puntos que no pueden faltar a la denuncia:

Denunciamos que somos incapaces de ponernos de acuerdo sobre el estatus competencial y financiero de Cataluña, sea dentro o fuera de España.
Denunciamos que lo que realmente se está cociendo aquí es la lucha por la presidencia de la Generalitat en la próxima legislatura.
Denunciamos que buscamos desesperadamente una foto para presentar España en el extranjero como un Estado no democrático y que algún despistado se lo crea, si puede ser muchos.
Denunciamos que tenemos los mismos derechos políticos que cualquier otro ciudadano español.
Denunciamos que no hemos agotado los mecanismos constitucionales al alcance para realizar nuestros objetivos políticos, que por otra parte somos incapaces de consensuar, ni tenemos la menor intención de hacerlo (ambas cosas).

Y si quieren, que añadan en la denuncia la foto que el Presidente Mas con tanto énfasis busca: Centenares de personas con las manos en alto con una papeleta ante los locales, cerrados y, naturalmente, custodiados por los Mossos, designados por la votación. Porque justamente ésta será la foto del triunfo de un Estado democrático y de Derecho, España, sobre un principio de insurrección. Justamente ésta foto! Exactamente esta foto será la que mejor simbolizará el triunfo de la democracia. Hay que proclamarlo con orgullo y sin complejos. Que lo sepa toda la Unión Europea y la ONU: No habrá una nueva marcha sobre Roma, nunca más en Europa occidental una minoría, o una mayoría, tanto da, tomará el poder en un Estado democrático y de Derecho ocupando la calle y saltándose los mecanismos constitucionales previstos.

Y quien quiera votar, ya lo sabe, que lo haga en las autonómicas y en las generales, como todos los españoles.

Toca cumplir la ley: ni Mas ni menos
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 5 Noviembre 2014

Como era de esperar, el Tribunal constitucional (TCE) aceptó ayer a trámite la segunda impugnación del Gobierno contra el referendo de autodeterminación convocado en Cataluña. La admisión del recurso, al igual que aconteció con el presentado previamente, supone la automática suspensión de la consulta.

Y digo como era de esperar porque nadie, salvo quienes han quedado cegados por el resplandor de sus mentiras, podía creerse que el hecho de que el presidente de la Generalitat hubiese convertido su propuesta inicial de referendo en un monumental fraude de ley, y en una formidable payasada, iba a darle el resultado apetecido: que el Estado dimitiese de su primera obligación, que no es otra que asegurar el cumplimiento de las leyes.

Porque es el cumplimiento de la ley, interpretada en este caso por quien tiene la competencia para ello -el Tribunal Constitucional-, la razón por la que no podrá celebrarse el día 9 de este mes ningún referendo de autodeterminación en Cataluña.

Sin embargo, nada más conocerse la resolución del TCE, los portavoces de la Generalitat se manifestaron en un sentido que resulta sencillamente inconcebible y sencillamente inadmisible en un Estado de derecho: proclamando su decisión de seguir adelante con una consulta popular que es abiertamente ilegal y que no deja de serlo por esa estupidez de que las cosas ya están en manos de la sociedad civil.

No, dejémonos de engaños, por no decir dejémonos de mamarrachadas. Fue Artur Mas quien, con toda la solemnidad de una intervención institucional televisada -que solo quienes no saben una palabra de derecho piensan que no constituye un acto jurídico-, realizó la segunda convocatoria de referendo, una vez que la primera fue suspendida por el Constitucional. Y debe ser el mismo Mas quien, con idéntico procedimiento, desconvoque formalmente la consulta del domingo, ordenando luego a quien proceda que paralice todas las medidas dirigidas a hacerla efectiva. Absolutamente todas.

Si Artur Mas se niega a ello no solo deberá afrontar las eventuales responsabilidades penales que de su manifiesta desobediencia a la ley pudieran derivarse. Deberá afrontar además, y me atrevería a decir que sobre todo, la inmensa responsabilidad política de quien cree que es legítimo obligar, como gobernante, a los demás al cumplimiento de la ley, sin hacer él lo propio cuando le corresponde. Mas tiene en sus manos, pues, una decisión trascendental, quizá una de las más importantes que se han planteado en España desde el retorno de la democracia. Nunca desde entonces, como ahora, se había desafiado el orden constitucional de una manera tan burda, insensata y reiterada. Por ello, si Mas sigue adelante deben aplicarse las previsiones constitucionales para el caso. Hacerlo así será gravísimo. No hacerlo resultaría, sin duda, muchísimo peor.

Cataluña, ante el desafío secesionista
Libres e Iguales convoca a los españoles a concentrarse la víspera del 9N en defensa de la soberanía nacional
El 8 de noviembre se leerá un manifiesto en las principales ciudades españolas para exigir al Gobierno que reaccione ante el desafío separatista
Redacción www.lavozlibre.com 5 Noviembre 2014

Madrid.- Libres e Iguales, asociación en defensa de la soberanía nacional y, por tanto, en contra del desafío separatatista de la Generalitat de Cataluña, ha convocado a los españoles a concentrarse a las 12.00 horas en las principales ciudades españolas el próximo sábado 8 de noviembre, la víspera del 9N, el día en el que Artur Mas pretende celebrar su consulta ilegal.

Libres e Iguales reclama al Gobierno de Mariano Rajoy que defienda “con firmeza la ciudadanía común ante el intento secesionista” impulsado por los partidos nacionalistas catalanes. En este caso, han citado a los ciudadanos a que se manifiesten ante los ayuntamientos o lugares emblemáticos de sus municipios el 8 de noviembre bajo el lema 'Sí me importa el 9N'.

En cada una de esas ciudades se leerá el mismo manifiesto, en el que se exige al Gobierno que “reaccione con firmeza ante la agresión a la democracia que pretende llevar a cabo la Generalitat”, y en cada lugar será un miembro de la plataforma el encargado de leerlo.

Ciudad – Miembro de Libres e Iguales que leerá el manifiesto - Lugar

Albacete - Fernando García Alonso - Plaza de la Catedral
Alicante - Sergio González Ausina - Plaza del Ayuntamiento
Almería - Alfonso Galindo - Plaza de la Constitución

Ávila - Francisco Ruiz de Pablos - Plaza de Santa Teresa (Mercado Grande)
Badajoz - Isabel Benjumea - Plaza de España
Barcelona - Arcadi Espada - Plaza de Sant Jaume

Bilbao - Teo Uriarte y Santiago González - Hotel Ercilla
Burgos - Tino Barriuso - Plaza Mayor
Cáceres - Andrés Trapiello - Foro de los Balbos

Cádiz - Jesús Maeso de la Torre- Plaza de España
Castellón - Silvia Vicente - Plaza del Ayuntamiento
Ceuta - Por confirmar - Por confirmar

Ciudad Real - Christian Gortázar - Plaza Mayor
Córdoba - Santiago Navajas - Templete del Bulevar del Gran Capitán
Cuenca - Francisco Pulido - Plaza de España

Gerona - Cayetana Álvarez de Toledo - Plaza del Vi
Granada - Pedro Cerezo Galán - Plaza del Carmen
Guadalajara - José María Bris - Monumento a la Constitución

Huelva - Por confirmar - Por confirmar
Huesca - Enrice Cancer Lalanne - Plaza de la Catedral
Ibiza - Juan Antonio Horrach - Ayuntamiento de Ibiza

Jaén - Por confirmar - Por confirmar
La Coruña - Francisco Vázquez - Plaza de María Pita
Las Palmas de Gran Canaria - Óscar Bermejo - Casa de Colón

Lérida - Roger Corcho - Plaza de la Paeria
León - Enrique López González - Plaza de las Cortes Leonesas
Logroño - Manuel Vázquez - Plaza del Ayuntamiento

Lugo - Francisco Rivera Cela - Plaza Mayor
Madrid - José María Fidalgo - Plaza de Cibeles
Málaga - Teodoro León Gross - Parque de Málaga

Melilla - Por confirmar - Por confirmar
Menorca - Juan José Gomilla - Ayuntamiento de Menorca
Murcia - Miguel Ángel Centenero Gallego - Glorieta de España

Orense - Jacobo Elosua - Plaza Mayor
Oviedo - Ramón Durán - Plaza del General Riego
Palencia - Francisco Igea - Plaza Mayor

Palma de Mallorca - Xavier Pericay - Plaza del Ayuntamiento
Pamplona - Aurelio Arteta - Plaza del Ayuntamiento
Salamanca - Óscar Sánchez Alonso - Plaza Mayor

San Sebastián - Fernando Savater - Jardines de Alderdi Eder
Santa Cruz de Tenerife - Por confirmar - Por confirmar
Santander - Jesús Laínz - Ayuntamiento Santander

Santiago de Compostela - Roberto Blanco Valdés - Plaza del Obradoiro
Segovia - Santiago Trancón - Ayuntamiento de Segovia
Sevilla - José Antonio Gómez Marín - Ayuntamiento de Sevilla

Soria - Jesús de Lozar - Palacio de la Audiencia
Tarragona - Manuel Alba y Jordi Roca - Plaza de la Font
Teruel - Por confirmar - Por confirmar

Toledo - Ángel Nicolás - Plaza del Ayuntamiento
Valencia - Juan Manuel Bádenas - Plaza del Ayuntamiento
Valladolid - Miguel Ángel Quintana - Paz Plaza Mayor

Vigo - Gloria Lago - Príncipe delante del Marco
Vitoria - Santiago Abascal Escuza - Plaza de España
Zamora - Antonio Robles - Plaza Mayor

Zaragoza - Por confirmar - Por confirmar
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