AGLI Recortes de Prensa   Viernes 7  Noviembre  2014

Una rendición anunciada
EDITORIAL Libertad Digital 7 Noviembre 2014

El ministro de Justicia ha confirmado este jueves lo que era un secreto a voces desde hace tiempo: que el Gobierno no está dispuesto a impedir que el domingo el independentismo catalán haga una demostración de fuerza con un referéndum que, si bien no tendrá ninguna validez jurídica, sí será un inmenso acto de propaganda.

Un acto de propaganda que no es sino la continuación de una campaña que tanto tiempo lleva desarrollándose en la educación, la cultura, los medios de comunicación, la política, la calle… y que ha estado promovida, subvencionada e impulsada por los poderes públicos, que han invertido en ella una ingente cantidad de esfuerzo y dinero.

Es sencillamente ridículo, por tanto, plantear, como hace Catalá ahora –a 48 horas de que se celebre–, que el referéndum podría llevarse a cabo por algún organismo independiente de la Generalidad, porque ha sido la Generalidad quien ha propuesto, puesto en marcha, ideado y pagado tanto la consulta inicial como el mal llamado nou nou; lo ha promovido e incluso ha diseñado la tramposa doble pregunta que ahora unos presuntos incontrolados propondrán a los catalanes.

En este sentido, que el ministro relacione lo que sería un acto de fuerza ilegal con la "libertad de expresión" o con "movimientos populares" parece un doloroso sarcasmo, pues se trata de un movimiento y una campaña que se han basado en la intimidación y la proscripción social del discrepante, y que ha llevado a muchas personas a abandonar Cataluña.

Lo que no se puede negar al Gobierno de Rajoy es coherencia en este asunto: más allá de lo que haya podido decir este jueves el ministro Catalá, el Gobierno lleva al menos dos años demostrando que no tiene voluntad real de impedir una grosera violación de las leyes: si realmente tuviese esa voluntad ya hace mucho que habría aplicado el artículo 155 de la Constitución, pensado para infracciones muchísimo más leves que un referéndum independentista y que si no se aplica cuando un presidente autonómico promueve la ruptura de la nación no parece que se vaya a aplicar jamás.

Lo de menos, en suma, es que vote mucha o poca gente, en un colegio o en una plaza de pueblo; lo realmente sustantivo es que a un individuo que está dando un golpe de Estado se le permita seguir manteniéndose al frente de una institución cuya legitimidad emana precisamente del Estado.

Podrían atribuirse las declaraciones de Catalá a un error del ministro o a la típica malinterpretación, en la que, curiosamente, habrían coincidido prácticamente todos los medios, pero lo cierto es que el recientemente nombrado titular de Justicia demuestra con su intervención ser un hombre de Soraya Sáenz de Santamaría, impulsora principal de todos los acuerdos vergonzosos a los que aspira el Gobierno y, sobre todo, de esa "vía del pacto" que pretende, aún, contar con el apoyo de CiU en un futuro.

Por último, tampoco hay que atribuir esta solución de emergencia para Mas a la improvisación: que el referéndum podría desarrollarse a través de terminales del poder político en la sociedad civil como la ANC u Òmnium era una posibilidad que se barajaba desde hace meses, pero en este asunto lo importante es, como se decía en la famosa escena de Todos los hombres del presidente, seguir "la pista del dinero". Y ponga quien ponga las urnas este domingo, la pista del dinero que las ha pagado lleva a dos palacios: el de la Generalidad, en el que se ha decidido que todo esfuerzo es poco para el 9-N, y el de La Moncloa, donde se ha decidido que todo esfuerzo es poco para mantener a los inquilinos del anterior.

Los mitos de Podemos
Enrique Arias Vega Periodista Digital 7 Noviembre 2014

Un familiar me envía un presunto decálogo del grupo Podemos para modificar la Constitución. Apostilla: “Suena bien”. Cuando le comento que me parece una tontería casi deja de hablarme.

Y en que al socaire del éxito de Podemos, la labia de sus dirigentes, lo radical de sus teorías y la contradictoria indefinición de sus propuestas, todo vale: hasta que te lleguen e-mails de dudosa procedencia que no aluden a los verdaderos problemas de España que debe afrontar una nueva —y necesaria— Constitución: reforma de la instituciones del Estado, del sistema electoral, de la separación de poderes, del papel de los partidos políticos, de las competencias de las Comunidades Autónomas, etc., etc.

En vez de eso, muchos ciudadanos, como mi informante, creen que todo se resuelve, como en el decálogo de marras, masacrando a los políticos: limitando sus salarios y su tiempo de actividad, y por consiguiente su aportación a la Seguridad Social, y poniendo todo tipo de trabas a posibles incentivos de dedicación o de productividad como el resto de los trabajadores españoles.

Tantas limitaciones y tantas gárgaras, dejarían la política no ya en manos de los más preparados —que sería lo lógico—, sino en poder de inútiles arribistas sin mejores posibilidades laborales, de funcionarios con el reingreso asegurado o —y esto es lo peor para los regeneracionistas de nuevo cuño— de ricos y muy ricos que, sin necesidad de un salario, dedicasen su actividad política a fines más perversos.

Por si faltase algo en ese decálogo de arbitrariedades inconsistentes, se mantiene hasta un 50 por ciento el número de los asesores actuales de la clase política. ¿Y dónde quedan los funcionarios? ¿Por qué no se les potencia? ¿Por qué no se les traslada la autenticidad de sus competencias profesionales para las que se hayan perfectamente preparados?

Grosso modo, esa es la respuesta que se me ocurre a las tonterías que cualquier indocumentado puede poner en la red al amparo de las siglas Podemos o de las de Perico de los Palotes. Esperemos que los chicos de Pablo Iglesias depuren sus mensajes y eviten la proliferación de absurdos contenidos en la red, para merecer así la credibilidad que parece que han conseguido y no tener que salir huyendo de ellos como de la peste.

9-N
No hacer nada a cambio de hacer poco
Emilio Campmany Libertad Digital 7 Noviembre 2014

Es muy chocante que sea noticia que el Gobierno se proponga no hacer nada en algo de su incumbencia. Y lo es porque si hay algo que pueda ser remotamente llamado un plan de gobierno en éste que preside Rajoy, es el que consiste en no hacer nada. Y no puede extrañar que sea así porque quien lo preside ha llegado hasta ahí a base de aplicar a rajatabla esa máxima. Bueno, miento, algo sí que hace cuando no hay más remedio que hacer algo, y es incumplir su programa electoral, procurando, a ser posible, no dejar ningún punto sin incumplir, por dar el mismo tratamiento a todas las promesas, no vaya a ser que alguien se queje. Tanto es así que Rajoy podría encargarse un nuevo escudo de armas en el que apareciera un oso sentado en un butacón, fumando un puro y viendo una televisión de plasma con la inscripción: Nihil facere praeter pro promissum laedere.

Pues bien, un Gobierno con ese modus operandi anuncia que no hará nada para impedir la consulta folclórico-golpista del 9-N y sorprendentemente es titular en casi todos los medios en internet a esta hora en que escribo. No es muy comprensible. La noticia hubiera sido que el Gobierno se propone actuar para impedir la consulta con todos los medios al alcance. Bueno, eso no hubiera sido una noticia, hubiera sido un bombazo. ¿Entonces? Quizá la razón de la relevancia periodística del anuncio no esté en que el Gobierno se proponga con toda firmeza no hacer nada, sino que lo haya condicionado a que la consulta quede en manos de lo que ahora llaman asociaciones soberanistas y que no son otra cosa que tentáculos de la Generalidad creados y financiados por ella. Es como si el Gobierno de Madrid se propusiera convocar una consulta para ver si los madrileños estamos hasta el gorro de ser maltratados por el Gobierno de la Nación, el Constitucional la declarara ilegal y Rajoy dijera que no la impedirá siempre que sea el Canal de Isabel II y no el Gobierno de la Comunidad el que la celebre.

El caso es que esa declaración de no hacer nada, tan conforme con la política del Gobierno, choca directamente con ella cuando la condiciona, pues, sensu contrario, por seguir con los latinajos, significa que se propone hacer algo, aunque no se sepa qué, si la condición no se cumple, esto es, si es el Gobierno de la Generalidad directamente y no sus satélites el que la celebra. En definitiva, asistimos a la oferta que hace un cobarde que no quiere tener que intervenir a otro cobarde que no se atreve a proclamar la independencia. De forma que lo más probable es que queden, si es que no han quedado ya, en que uno haga la consulta de la señorita Pepis para que el otro pueda fingir que no había nada de ilegal en ello.

El consejo de Largo Caballero
J. L. González Quirós www.vozpopuli.com 7 Noviembre 2014

En tiempos en que el robo era considerablemente peor visto que en los actuales, el llamado Lenin español, don Francisco Largo Caballero, recomendaba un criterio muy exigente a la hora de encomendar cargos públicos a sus seguidores: escoger a los más decentes y vigilarlos como si fuesen los más sinvergüenzas. No sé la suficiente historia como para asegurar si el criterio se aplicaba, pero me parece que la comparación de ese ideal con las excusas que ponen nuestros líderes cuando se quieren mostrar indignados con el rebaño de ovejas negras que les amargan el crepúsculo de sus carreras es suficientemente expresivo.

Un poco menos de presunción de inocencia, algo más de atención a los avisos recibidos, y un poco más de transparencia en el gobierno de sus partidos habría rebajado considerablemente la recaudación de los corruptos y nos habría evitado el bochorno de un partido que amenaza con abandonar la vida pública en medio de la rechifla de los adversarios y la consternación absoluta de sus cuadros, afiliados y votantes.

¿Qué no pueden hacer más?
En la política española abundan los políticos locuentes, los que creen que la cosa es hacer declaraciones, “salir”, como se dice ahora, aunque sea para decir memeces. La señora Cospedal aseguró que no pueden hacer más de lo que están haciendo contra la corrupción y que el Estado de Derecho funciona porque están deteniendo a algunos trincones de escaso tonelaje. Ni una palabra sobre cuál es el sistema que hace que unos pocos puedan robar tanto a todos.

Alguno de sus asesores debería recordarle que la opinión pública ya no cree en esa clase de excusas porque sabe perfectamente que la corrupción asienta sus raíces en un régimen de enorme opacidad y en una forma de gobernar en la que no hay otra cosa que hacer que obedecer religiosa y prontamente al líder, lo que deja mucho tiempo libre para urdir pingües negocios que nadie considera necesario controlar porque están todos muy ocupados ejecutando las directrices del mando. Una corrupción tan notoria es la consecuencia de varios errores de fondo en el diseño del sistema político, que han sido aprovechados por gentes sin escrúpulos a los que el sistema de gobierno de los partidos ni ha sabido detectar ni se ha ocupado en neutralizar.

El juego de los errores
El primer error es creer posible consolidar una democracia sin promover una cultura democrática, que todo sea cosa de leyes, y que baste con que los ciudadanos voten. Así, a manos de la derecha y de la izquierda, ha perecido la escasa división de poderes que preveía la Constitución, salvo, paradójicamente, la que crean los partidos merced a la división territorial, el tipo de poliarquía que rinde menos servicios a la libertad.

El segundo error es haber puesto el legislativo en manos de los partidos, es decir de la presidencia del Gobierno. Milagroso es que no vayamos todavía peor. Esto sólo lo puede arreglar una ley de partidos que los obligue a ser transparentes, internamente competitivos y democráticos, para que se pueda recuperar al menos parte de la independencia del legislativo respecto al Gobierno, cosa absolutamente esencial.

El tercer error es haber admitido un doble paradigma político: que el gasto público sea siempre bueno, y que baste con el control electoral para ponerle límite. Los partidos se han ocupado de que los controles internos de las administraciones se hayan aflojado hasta extremos delirantes, como lo muestra que un proyecto pueda acabar suponiendo el triple de costo respecto a lo aprobado inicialmente, y en esas oscuras holguras brotan y crecen a sus anchas las pestilentes flores del cohecho.

Existe el remedio, pero los doctores no son partidarios
Nada tendrá remedio mientras no tengamos unos partidos abiertos, una administración pública mucho más transparente y un poder judicial independiente. Esto es lo que hay que cambiar, lo que supone una reforma seria del marco político. Cuarenta años después, estamos de nuevo ante el dilema de reformar o dejar que el sistema se hunda y, como en el verso de Kavafis, resignarse a que los persas terminen pasando. Por asombroso que pueda parecer, muchos preferirán el hundimiento, entre otras cosas porque la reforma a fondo también representaría su desaparición.

En la primera transición muchos supieron comprender que su hora no tenía ya prórroga alguna, y dieron paso, civilizadamente, a lo inevitable. Quienes ahora están en la cúpula del poder tienen un empacho de legitimación que no les deja comprender que su hora está pasando y que, sólo tienen dos caminos, pasar a la historia como los enterradores de un período más brillante y positivo que lo contrario, o desvanecerse en beneficio de una reforma capaz de prolongar el éxito de España tras estos duros años de crisis, desfondamiento y desconcierto. Los males de la democracia se curan con más democracia, no con menos, pareciéndonos más a los mejores, no apostando por lo peor. Pero para eso hace falta grandeza, patriotismo y sentido del Estado.

Conservar la democracia es hacerla más verdadera
Con todos sus defectos, el PSOE parece haber iniciado el camino de la recuperación. Puede que sus cambios sean cosméticos, pero han debatido, se han enfrentado y de sus tensiones puede que surja algo distinto y mejor. Lo que no es tolerable es el espectáculo de un partido secuestrado, en el que muchos están avergonzados pero en el que parece imposible hacer nada, hablo del PP, desde luego. Es lógico el temor que muchos sienten a ser considerados los autores de un posible descalabro si se fomentan las divisiones. Es lógico incluso que alguno abriguen la esperanza de un arreglo milagroso, pero ambas excusas tienen una fecha de caducidad inaplazable.

El PP no puede seguir siendo un partido hereditario, sin ideas y sin debate, con programas políticos inevitablemente condenados al incumplimiento, y entregado al arbitrio de una especie de comisión de subsecretarios, que, dicho sea de paso, ha demostrado que sabe mandar, pero que no ha acreditado que sus órdenes hayan servido para nada. Los españoles tienen derecho a esperar que el partido al que dieron su voto sepa resurgir del marasmo en que se encuentra, pero será imposible hacerlo si continúan al frente de la nave los que creen que la democracia se reduce a una recolección de votos que se puede producir lo mismo por la convicción que por el miedo.

Alguien tendrá que exigir que la derecha pueda tener un partido vivo, capaz de pelear por objetivos políticos, de decir cosas atractivas a los ciudadanos, de fabricar mensajes distintos a los de un despotismo leve y desapasionado pero estéril, castrante. Cuarenta años después la derecha merece algo más que confiar en la lucecita de El Pardo, ahora en Moncloa. Frente al desafío de la antipolítica, deberá sonar de nuevo la hora de la gran política.

La teoría de la ventana rota y la corrupción en España
Francisco Igea Arisqueta El Confidencial 7 Noviembre 2014

“Esto no puede seguir así”. Es probablemente la frase más oída en estos días. Todo el mundo pide justicia más inmediata, penas más graves… represión hacia los grandes corruptos. En teoría, el único remedio. No comparto el análisis. Es imposible no estar de acuerdo con las exigencias de ejemplaridad en el castigo a estos delincuentes. No obstante, en mi opinión, se está haciendo un diagnóstico simplista y facilón de un problema que, de seguir así, puede suponer la derrota de nuestro sistema.

La corrupción masiva no ha surgido porque todos los políticos sean una especie de rapaces destinados por la naturaleza al saqueo de lo público. La corrupción a escala ha surgido de un sistema que ha sido muy tolerante con la pequeña corrupción y que, además, ha eliminado todos los controles independientes que un Estado de derecho debería tener sobre su Administración pública.

Cuando un sistema permite que los funcionarios encargados de velar por lo público pierdan su independencia, y sus carreras profesionales estén al albur del politiquillo de turno, lo que está procurando es que ese funcionario se libre muy mucho de exigir honestidad a sus jefecillos. Cuando un interventor ya no es un titular de un puesto que ha superado una oposición nacional limpia, sino un interino que ha promocionado en una oposición autonómica, lo que se está procurando es que este sepa a quién debe un favor y cómo debe portarse. Lo mismo ocurre con jefes de servicio médicos, letrados, jefes de personal, etc. Funcionarios de toda índole cometen a diario el pecado de omisión (y algunos, desgraciadamente, el de acción) por no ver en peligro su futuro profesional.

Si quieren conocer el grado de heroísmo necesario para destapar un escándalo pregunten por Ana Garrido (primer denunciante de la Gürtel) en Boadilla del Monte. Esta situación de clientelismo en la Administración permite un estado de cosas que hace que las pequeñas corruptelas: contratar a conocidos, realizar pequeños favores, aceptar invitaciones etc… pasen a ser “lo normal”. Después solo hay que ir subiendo en escala hasta acabar en los grandes comisionistas de las obras públicas.

Es urgente recuperar esos pequeños controles. Es urgente que los funcionarios encargados del control vuelva a ser prestigiados permitiendo su acceso a esos puestos solo tras pasar oposiciones nacionales lo más desligadas y lejanas del control caciquil local. De esta manera ya no deberán favores a nadie. Es urgente eliminar la interinidad al máximo entre el funcionariado y que el acceso a esta interinidad, que ha de ser obligatoriamente breve, se realice mediante bolsas de empleo con criterios objetivos y eliminando los ‘perfiles’.

Es urgente que se restaure el principio de igualdad de mérito y capacidad para el acceso a los puestos directivos de la Administración y que la libre elección sea restringida al máximo. Es urgente reformar el régimen disciplinario de los empleados públicos y elaborar un nuevo código de buenas prácticas. Solo unos empleados públicos eficaces, bien pagados, orgullosos de sí mismos y con carreras independientes de la política asegurarán que se cree un clima de retorno a la moralidad en la Administración que haga más difícil la tolerancia hacia estas actitudes.

En los años 90, y a raíz de un famoso ensayo sociológico, La ventana rota, publicado por Kelling y Coles, el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, implementó un programa de tolerancia cero con la pequeña delincuencia que condujo a una drástica y progresiva reducción del crimen –también los grandes delitos– en la ciudad. Debemos reflexionar sobre la posibilidad de llevar a cabo un programa similar contra la corrupción en nuestro país.

Por otra parte, es simplista y tramposo pedir penas más duras y ejemplares en ruedas de prensa mientras se intenta desesperadamente controlar las carreras de los jueces encargados de imponerlas. Sin una separación radical de poder judicial y Fiscalía del poder político, nadie creerá en esas medidas regeneradoras.

Si no acabamos con la corrupción, ella acabará con nosotros. Todas estas medidas deben de ser llevadas a la práctica por unos legisladores nuevos que crean de verdad en la fuerza de las instituciones. Encargar la regeneración democrática al PSOE o al PP actuales es como encargar la restauración de las Meninas a la restauradora del Ecce Homo de Borja.

Por otra parte, esperar que algo bueno surja de quienes solo claman venganza y proclaman como un triunfo político el temor que ellos provocan es vana ilusión. Es la hora de devolver la fortaleza a las instituciones, no de derribarlas. Es la hora de la regeneración o de la derrota definitiva del Estado de derecho. Para eso hemos venido.

*Francisco Igea Arisqueta, afiliado 22214 de UPyD

Cataluña
Hablemos de plebiscitos
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 7 Noviembre 2014

El patético funambulista Miquel Iceta, mareado por las piruetas que el PSC hace en la cuerda floja del circo secesionista, se sintió obligado a pedir disculpas por haber evocado el plebiscito que otorgó poderes dictatoriales a Hitler en 1934 asociándolo al proyecto de celebrar elecciones plebiscitarias en Cataluña como paso previo a la declaración unilateral de independencia o DUI (no confundir con el DIU o dispositivo intrauterino). Siempre he rechazado rotundamente la estratagema denigratoria que consiste en comparar el fenómeno secesionista catalán con las aberraciones del nazismo. Éste, he repetido muchas veces, encarna el mal absoluto, en tanto que aquel está condenado a vegetar en el tinglado de la antigua farsa.
La escoria de la Tierra

Una vez hecha esta aclaración, es posible abordar la crítica del secesionismo sin temor a desenmascarar, con la mayor ecuanimidad posible, sus puntos de contacto y sus analogías con las diversas ramas del árbol totalitario, entre las que se cuentan, por supuesto, el nazismo, el fascismo, el comunismo y las nuevas formas de autoritarismo y populismo tercermundistas.

El monolítico aparato de propaganda del secesionismo, con la pirómana Pilar Rahola al frente, convirtió en un casus belli contra sus adversarios, y sobre todo contra el PP, el hecho de que un alborotador gritara "Viva España", con el brazo en alto, en la zona de invitados del Parlament de Cataluña, pero acepta que su cruzada insurgente la encabece ERC, un partido que, según denuncia la misma Pilar Rahola (LV, 21/3), defiende, junto a Izquierda Plural y Amaiur, la satrapía liberticida de Nicolás Maduro. Y como si no les bastara amancebarse con los chavistas, los totalitarios autóctonos aceptan que un emirato salafista que financia a los degolladores de cristianos ensucie con su marca la bandera catalana convertida en segunda camiseta del Barça. Otro disgusto para Pilar Rahola, resignada a aliarse con la escoria de la tierra para librarse del yugo de Madrid, la Unión Europea, la OTAN y el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ahora -¡horror!- también se sienta España.
¿Les suena?

Hablábamos, al empezar, de plebiscitos. El primero que recuerdo lo presencié, cuando tenía once años, en las calles de Buenos Aires. Los movimientos nacionalistas financiados por la embajada de la Alemania nazi instalaron en 1942 mesas donde recogían firmas para el Plebiscito de la Paz. Su objetivo consistía en reforzar la política neutralista del presidente conservador y germanófilo Ramón S. Castillo, que, a diferencia del vecino Brasil, se negaba a sumarse al bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Explica Cristián Buchrucker en Nacionalismo y peronismo (Sudamericana, 1987):

Después de una campaña de seis meses, los nacionalistas lograron entregarle a Castillo una declaración de apoyo a su política exterior, firmada por "casi un millón" de personas (5 de septiembre de 1942). Castillo agradeció el gesto con palabras que algunos interpretaron como una promesa o perspectiva de próxima participación del nacionalismo en el poder. El presidente habló de "la tarea del futuro", reservada especialmente a “la juventud”: la conquista de “la independencia económica” del país.

Obviamente, la embajada de la Alemania nazi representaba a un régimen que se había adueñado del poder absoluto organizando plebiscitos y contando por millones el número de firmas y de asistentes a sus manifestaciones… dicho sea esto sin que el conglomerado secesionista deba sentirse aludido.

Es interesante estudiar cómo acumularon esa experiencia los nazis. En las elecciones de noviembre de 1932 obtuvieron el 37% de los votos. Mediante pactos con algunos de sus antiguos adversarios consiguieron que el 30 de enero de 1933 el valetudinario presidente Paul von Hindenburg designara canciller de Alemania a Adolf Hitler. Escribe Ian Kershaw (Hitler, vol. I, Península, 2000):

Para los propios nazis, claro está, el 30 de enero de 1933 fue el día que habían soñado, el triunfo por el que habían luchado, la apertura de las puertas a un mundo feliz, y el principio de lo que muchos tenían la esperanza de que fuesen oportunidades de prosperidad, progreso y poder. (…) A las siete de esa tarde Goebbels había improvisado un desfile por las calles de Berlín a la luz de las antorchas de los hombres de la SA y de la SS que se prolongó hasta después de la medianoche. Se apresuró a explotar los servicios de la radio estatal que tenía ahora a su disposición para transmitir un comentario conmovedor. Habían participado, según él, un millón de hombres. La prensa nazi dividió la cifra por dos. El embajador inglés calculó una cifra máxima de unos 50.000. Su agregado militar consideró que serían unos 15.000. (…) Eran muchos los que compartían su idealismo, especialmente los jóvenes, que veían el amanecer de una nueva era simbolizado en el espectacular desfile a la luz de las antorchas por el centro de Berlín. (…) La mitología nazi convirtió inmediatamente el día del nombramiento de Hitler como canciller en "el día del levantamiento nacional".

¿Les suena?

Llega el plebiscito
Los 288 escaños sobre un total de 647 que había obtenido el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes (NSDAP, por su sigla en alemán), o Partido Nazi, con el 37% de los votos se fueron convirtiendo gradualmente en la mayoría absoluta. Tras el incendio del Reichstag, el 27 de febrero, fueron expulsados del Parlamento los 81 diputados comunistas, y la política de alianzas con los partidos conservadores y católicos, sumada a la disolución espontánea o forzada de otros partidos opositores, permitió que el 23 de marzo se aprobara por 441 votos contra los 84 de los socialdemócratas la Ley de Autorización, que otorgaba a Hitler la facultad de gobernar por decreto. El 14 de julio se aprobó la ley del partido único, que, lógicamente, era el Partido Nazi. El 30 de junio de 1934 pasó a la historia como la Noche de los Cuchillos Largos: los sicarios de Hitler asesinaron a Ernst Röhm y a todos los jerarcas de las SA, única fuerza armada que podía disputar la hegemonía al dictador y su círculo áulico.

Sólo faltaba el plebiscito. Y llegó. El 2 de agosto de 1934 murió el presidente Von Hindenburg. Un día antes, él y sus ministros firmaban una ley en virtud de la cual el cargo de presidente del Reich quedaría unido al de canciller. Continúa Ian Kershaw:

Hitler deseaba a partir de entonces, de acuerdo con una norma aplicable "siempre", que se le asignase el tratamiento de Führer y Canciller del Reich. Esta modificación de sus poderes debía someterse a confirmación del pueblo alemán en un "plebiscito libre" programado para el 19 de agosto. (…) El 19 de agosto, el golpe silencioso de los primeros días del mes obtuvo su confirmación plebiscitaria ritual. De acuerdo con las cifras oficiales, el 89,9 por cien de los votantes apoyaron los poderes constitucionalmente ya ilimitados de Hitler como jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe del partido y comandante supremo de las fuerzas armadas. El resultado, aunque decepcionante para la jefatura nazi, y menos impresionante como muestra de apoyo de lo que quizás pudiese haberse previsto teniendo en cuenta las evidentes presiones y la manipulación, era muestra, sin embargo, del hecho de que Hitler tenía el respaldo, gran parte de él ferviente y entusiasta, de la gran mayoría del pueblo alemán.

Insultan la inteligencia
Insisto, el guiñol secesionista está a años luz del infierno donde imperaban la Gestapo y los campos de concentración. Pero las técnicas de propaganda, manipulación, masificación, presión social y, en mayor o menor grado, intimidación tienen un aire de familia en todos los totalitarismos y se prestan, por lo tanto, a las equiparaciones simplistas o malintencionadas. No es necesario caer en ellas para desenmascarar las tácticas falaces de sus proselitistas. Éstos se delatan solos cuando, empujados por la soberbia, insultan la inteligencia de los ciudadanos abrumándolos con argumentos elaborados para palurdos ágrafos. Ahí está el belicoso Francesc-Marc Álvaro explicando por qué el 9-N un obediente rebaño debe acudir en tropel a los comités sectarios disfrazados de locales de votación (LV, 3/11):

La foto de las colas de personas que quieren votar será portada por doquier (…) De Rajoy dependerá que las fotos del 9-N sean las de la derrota del inmovilismo o las del mayor descrédito de un gobierno pretendidamente democrático en Europa occidental.

Una sintomática coincidencia me hace sospechar que la voz del amo ha impartido precisas instrucciones a los plumillas del régimen para que sirvan a los corresponsales extranjeros idénticas raciones tóxicas del pucherazo ilegal e incontrolado. El mismo día, en el mismo somatén mediático donde escribe Álvaro, Ferran Requejo se desahoga:

Con una movilización que sea un éxito, incluidas fotos en la prensa internacional sobre el secuestro de la democracia en España. (…) Hace falta que ese día haya urnas y colas de ciudadanos con votos en la mano. Es la imagen más clara de democracia que todo el mundo entiende. (…) A partir del 9-N habrá que internacionalizar el proceso mucho más que ahora.

No, aquí no hay Himmlers ni Berias. Pero aprendices de Goebbels, y mediocres imitadores de la recordada mistificadora cinematográfica Leni Riefenstahl sí los hay. Tendrán que competir con los colegas profesionales que trabajan en Cuba, China, Corea del Norte y otras dictaduras donde los expertos movilizan coactivamente auténticas multitudes, no pintorescas colas convocadas para engatusar a la prensa extranjera y a los espectadores de TV3. Harán un papelón. Otro más sumado a una larga serie.

Libres e Iguales
¿Fachas o españoles?
Santiago Navajas Libertad Digital 7 Noviembre 2014

El día 9 se va a producir en Cataluña un paso más en un proceso inconstitucional, antidemocrático y antiespañol que supone un desafío en clave xenófoba contra aquellos que defendemos un marco de derechos y libertades para todos los ciudadanos que viven en España, independientemente de, como reza la Constitución (art. 14), su nacimiento, raza, sexo, religión u opinión. Añadiría también la lengua.

Desde 1978, dicho marco se ha venido cumpliendo de manera más que satisfactoria, con todas las imperfecciones que se quiera, de forma que en la clasificación elaborada por The Economist (2010) España se encuentra reconocida como una de las únicas 25 democracias "plenas" que existen en el mundo, al nivel de países como Noruega, Gran Bretaña, Dinamarca o Suiza.

Sin embargo, la consolidación y extensión de dicho proyecto democrático-constitucional ha encontrado sus mayores impedimentos en los nacionalismos del País Vasco y Cataluña, donde, sobre unos fundamentos reaccionarios, se ha pretendido instaurar un apartheid en el que todo lo que tuviese que ver con España -de la lengua a la cultura, pasando por los derechos y libertades- se ha tratado de erradicar, mediante la violencia física, la intimidación (in)moral, el bullying mediático, el chantaje económico y el insulto racista.

Las primeras víctimas del nacionalismo catalanista han sido, claro, los catalanes que no sólo no tenían ningún problema en conciliar su condición de españoles con la de catalanes sino que sabían que España es un multiplicador de lo catalán (y viceversa). Don Quijote se daba un paseo por Barcelona, no por Lisboa o París. Félix de Azúa, Albert Boadella, Xavier Pericay y Federico Jiménez Losantos han participado en el documental Gente que vive fuera para relatar en primera persona cómo algunos, ante el clima de coacción nacionalista, hicieron la vista gorda o miraron para otro lado. Los que se atrevieron a hacer frente a la imposición catalanista, basada en una concepción esencialista de la nación -estilo "Cataluña una, pequeña y libre (de no catalanistas)"-, recibieron, en el mejor de los casos, el vacío institucional; en el peor, un tiro. Félix de Azúa, uno de nuestros más prestigiosos intelectuales, define el catalanismo a la perfección: “Un totalitarismo blando parecido al peronismo en Argentina”. El propio Azúa cuenta este ejemplo: el hijo de un amigo volvía de la escuela y le preguntaba a su padre, llevado por la ideología sectaria que le inculcaban en el centro educativo: “Papá, ¿somos fachas o catalanes?”. O, como relataba Jon Juaristi respecto a su exilio del País Vasco ante el hostigamiento nacionalista: "Yo he nacido en esta tierra y me gustaría morir en ella. No ha sido posible vivir aquí”.

En Barcelona también he sentido en ocasiones el odio de los catalanistas. Aunque la ciudad, como el resto de Cataluña, es por lo general abierta y globalizada, ha conseguido dicho estatuto cosmopolita a pesar de los catetos del terruño. La última vez que estuve -hace un año, comiendo en Dos Palillos, uno de esos restaurantes de cocina creativa que han hecho de la capital catalana un referente de la gastronomía de autor- tuve la ocasión de escuchar cómo unos catalanistas explicaban a su interlocutor que querían la independencia porque estaban hartos de sufragar a "los vagos extremeños y los fiesteros andaluces" con el desparpajo de aquellos a los que se ha lavado el cerebro tanto en la escuela (lo llaman “inmersión” cuando más bien es ahogamiento) como en TV3, donde el mensaje básico, Ignacio Vidal-Folch dixit, es: "Cataluña es como Dinamarca mientras que España es un suburbio de Puerto Hurraco lleno de gente sucia y bajita".

Contra el golpe de Estado avant la lettre que pretenden Artur Mas y toda la tribu catalanista se han movilizado unos ciudadanos para hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad civil española en defensa de los valores fundamentales que cimentan nuestra Constitución (preámbulo): la justicia, la libertad, la seguridad. El 8-N se leerá en todas las capitales españolas un manifiesto de la Asociación Libres e Iguales -Arcadi Espada, Cayetana Álvarez de Toledo et alii- para reivindicar la defensa de la ciudadanía común española y contra la agresión a la democracia que pretende llevar a cabo el Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Para que nuestros hijos no tengan que elegir entre ser "fachas o catalanes" y puedan vivir en un país en el que puedan ser libres e iguales.

cineypolitica.blogspot.com.es

9-N
Castigar lo que ya no es tiempo de impedir
Guillermo Dupuy Libertad Digital 7 Noviembre 2014

Una cosa es impedir el delito (algo que necesariamente se tiene que hacer antes de que el delito se produzca) y otra castigarlo. Naturalmente que creo que el Gobierno de España podría haber impedido la ilegal consulta secesionista que se celebrará en Cataluña el próximo domingo. Creo que lo habría conseguido si el mismo día en que Mas le planteó elegir entre un mal llamado pacto fiscal o una consulta secesionista hubiera denunciado públicamente el chantaje y se hubiera comprometido a combatirlo política, jurídica y financieramente. Tan grave amenaza al interés general de España podría haber sido disipada de varias formas: supeditando cualquier auxilio financiero a la retirada de dicha amenaza y al acatamiento público de nuestro orden constitucional. También lo habría podido impedir recurriendo o simplemente mostrando su disposición a recurrir al artículo 155 de la Constitución. O advirtiendo a los impulsores del delito de las consecuencias penales que tendría el perpetrarlo.

El descerebrado de Rajoy, que no deja de serlo por su falta de valentía, prefirió desde el primer momento tratar el desafío secesionista como simple "algarabia" y dejó claro a los nacionalistas, también desde el primer momento, que al envite secesionista no le faltaría ni financiación ni impunidad. Eso, mientras negociaba bajo manga concesiones con el vano intento de intentar contentar a los que no se iban a contentar.

Ahora nada se puede hacer para tratar de impedir la ilegal consulta secesionista. A falta de ello, enviar la guardia civil a detener a funcionarios o ciudadanos catalanes que organicen y participen en el 9-N sería tanto como dejar impunes y en sus puestos a Milans del Bosch y Armada y condenar a los soldados que participaron bajo sus órdenes en el 23-F. Semejante disparate sólo es concebible por quienes se querían creer hasta hace dos días que esa ilegal consulta no se iba finalmente a celebrar.

Lo que sí se podría es castigar a los impulsores de la consulta por los múltiples delitos que su celebración comporta. Claro que con Rajoy al frente, los nacionalistas son los primeros en saber que tampoco eso se va a producir. Ellos aspiran a que Rajoy los premie.

islamwatch.eu
La Hijra: El caballo de troya islámico de la inmigración
Alberto Ramos Minuto Digital 7 Noviembre 2014

En un libro apasionante, de rabiosa actualidad, “El Caballo de Troya de los tiempos modernos: la doctrina islámica de la inmigración”, sus autores Sam Solomon (un profesor de derecho musulmán, convertido al cristianismo) y Elias Al Maqdisi (un experto de la enseñanza islámica) explican la migración de los musulmanes hacia Dar-al-Harb (el “territoriio de la guerra”) como la aplicación de un decreto religioso salido de la doctrina islámica.

0Describen, etapa por etapa, ese proceso de conquista basado en una estrategia que tiene 14 siglos de existencia. Se trata de una estrategia transitoria, que definen como la etapa más importante para la propagación del islam y la preparación a la yihad. Su tratado sobre la Hijra (o Hégira) explica claramente que la migración, junto con la conquista militar, son los dos polos de la expansión islámica.

La Hijra significa la ruptura de las relaciones, el abandono de la tribu o la migración, y se refiere a la partida de Mahoma y de sus compañeros de la Meca, el 16 de julio del año 622, hacia el oasis de Yathrib (posteriormente rebautizado Medina). El califa Omar I proclamó el inicio de la era musulmana (AH anno hegirae), a partir del primer día del año lunar en el cual se produjo la hégira o la migración de Mahoma hacia Yathrib.

La Hijra no tiene nada de romántico. Es una inmigración concebida para dominar a las sociedades no musulmanas y preparar la vía a su total sumisión. La inmigración musulmana no debe ser confundida con la llegada de inmigrantes de diferentes culturas en busca de una vida mejor y dispuestos a hacer participar a los países de acogida de sus talentos y de su fuerza de trabajo. Se trata de una inmigración al servicio del imperialismo árabe. Propugna la segregación étnica para obtener privilegios y un estatus especial en los países de acogida.

En su libro, Solomon y Al Maqdisi pasan revista a las diferentes fases de la Hijra y su base jurídica o legal, inscrita en la doctrina islámica. Bajo la tapadera de la taqiyya o el engaño, la metodología del proceso de migración es concebida, etapa tras etapa, con el fin de someter, después dominar a la cultura anfitriona, y por fin instaurar la sharia.

La fase inicial de la islamización consiste en hacer aceptar actividades propias del islam, a establecer su presencia física y visible, como por ejemplo las llamadas públicas a la oración, la creación de lugares de culto, escuelas musulmanas, bibliotecas, centros de estudios coránicos y para la enseñanaza de la lengua árabe, etc…

Todas esas actividades parecen corresponder a exigencias razonables y respetables, y para establecer la infraestructura necesaria al mantenimiento de la fe. En esta etapa de la Hijra, se les permite a los musulmanes comprometerse en actividades consideradas como “haram” (o sea prohibidas por regla general) o de llevar a cabo actos prohibidos, eso con la finalidad de establecer y de reforzar el poder de la umma (comunidad musulmana). Las reglas coránicas que prohiben mantener relaciones amistosas con los infieles son temporalmente suspendidas. Durante ese tiempo, los instrumentos de la futura islamización son sistemáticamente puestos en marcha. En la fase inicial, la Hijra engaña la vigilancia de los occidentales y estos se muestran ingenuamente dispuestos a creer que la inmigración musulmana es esencialmente debida a motivos económicos, una especie de peregrinación hacia una vida mejor.

Solomon y Maqdisi describen la estrategia islámica, que empieza con el establecimiento de amplias comunidades musulmanas. La mezquita se convierte en el centro del poder, en el corazón de todas las actividades de la comunidad y en una base estratégica. Explican como, en el transcurso de esa fase embrionarioa, una de las prioridades es la acogida de nuevos inmigrantes, para acrecentar y reforzar el poder de la comunidad ya existente. Los líderes de la comunidad les ofrecerán la asistencia necesaria y les aconsejarán en la elección de escuelas y vivienda, del mercado laboral y demás servicios, de manera a atraerse el agradecimiento de los recién llegados e insertarlos en la comunidad musulmana local. Como agentes de las mezquitas, siempe en alerta y a la búsqueda de nuevos inmigrantes y de potenciales conversos, se implican en formas sutiles de adoctrinamiento y de vigilancia de los musulmanes.

La primera etapa relativa al establecimiento de una mezquita, como el centro de la vida comunitaria islámica local, es erróneamente considerada por los no musulmanes como la construcción benigna de un simple lugar de oración, como una iglesia. Su verdadera función es en realidad la de desanimar la integración de los musulmanes en la sociedad de acogida.

Una vez que la comunidad está bien consolidada, entonces empieza la lucha para obtener un estatus especial, seguida por la exigencia de la aplicación de la sharia. Así como lo dicta el Corán y la sunna, la segregación con los no musulmanes es la consecuencia lógica de la progresión de la inmigración de conquista.

Con el paso del tiempo, el código vestimentario se trasforma: se pasa al hiyab, en principio reservado a los enclaves musulmanes, al niqab, que cubre enteramente el cuerpo de la mujer, en la esfera pública. Después se llega pronto a la exigencia de la abolición de la convivencia y la separación de los musulmanes y los no musulmanes.

Poco a poco, las poblaciones autóctonas se acostumbran a la visibilidad del islam y a las medidas segregacionistas e intolerantes, que son finalmente aceptadas: demandas de separación en los lugares públicos, los lugares de trabajo, escuelas, universidades, comidas halal en las cantinas escolares, finanza islámica dentro del respeto de la sharia, fiestas musulmanas incluidas en el calendario oficial… Todas esas exigencias contribuyen a fortalecer a la comunidad musulmana y a darle un estatus especial, que la convierte en una comunidad separada y diferente.

Esas demandas son, en un primer tiempo, presentadas como unos acomodamientos benignos para responder a las exigencias religiosas de los musulmanes piadosos, y cualquier tentativa de suprimirlas serán denunciadas como una discriminación religiosa. La idea es acostumbrar a la sociedad anfitriona a aceptar las costumbres, los códigos vestimentarios, los edificios musulmanes… En esa etapa los representantes de las comunidades musulmanas cooperan con el gobierno del pais de acogida para implantar esos cambios. Los nuevos inmigrants son animados a que sean ciudadanos, a votar, a presentarse como candidatos para acrecentar la influencia de la umma.

En su libro, Solomon y Al Maqdisi subrayan el hecho de que la identidad musulmana se reafirma a medida que los musulmanes ganan poder, gracias a su peso demográfico y al refuerzo de sus infraestructuras: las mezquitas, las escuelas coránicas, los clubes, las organizaciones y los meidiosde prensa islámicos se multiplican, la doctrina de la taquiyya (o de la mentira y la disimulación) se implanta fuertemente.

En cuanto la comunidad musulmana está bien instalada, comienza a tener una influencia impornte en el terreno político y somete a los políticos a presiones para autorizar la instalación de tribunales conformes a la sharia a cambio del voto de los musulmanes. Este fenómeno, que se aparenta a un chantaje, se está desarrollando claramente en Gran Bretaña, donde dos sistemas paralelos de jurisprudencia coexisten

A medida que aumenta la inmigración se asiste a la aparición de enclaves o zonas reservadas a los musulmanes, de las cuales los autóctonos son progresivamente expulsados mediante todo tipo de presiones e intimidaciones. En esas zonas la presencia de no musulmanes está prohibida y todo infiel que tuviera la imprudencia de penetrar estaría expuesto a ser físicamente atacado. Estas zonas fuera de la ley, donde la Policía, los bomberos, las ambulancias no son bienvenidos, proliferan en toda Europa. En cambio, los musulmanes y sus organizaciones pueden circular e instalarse libremente en todo el país, sin ninguna restricción. Se da entonces el absurdo de que los extranjeros musulmanes tienen un derecho de libre circulación que los propios autóctonos tienen limitado en sus propios países.

Como nos lo exponen Solomon y Al Maqdisi, la doctrina de la Hijra debe ser entendida como una estrategia política global, destinada a minar la cultura y los valores de los países no musulmanes y reemplazarlos por los valores del islam y la sharia. Es una inmigración insidiosa que tiene por objetivo la transformación de los comportamientos, las costumbres y las leyes de las sociedades de acogida en vista de establecer en ellos un Estado islámico.

Actualemente ya se puede constatar la islamización en distintos grados de las sociedades occcidentales. Irónicamente es la apertura de nuestras democracias y el otorgamiento a los inmigrantes de nuestros derechos constitucionales a la libertad de expresión, de religión y de asamblea lo que facilita la marcha hacia la desaparición de nuestros valores y nuestros modos de vida.

El libro de Solomon y al Maqdisi es una alarma para una evaluación prudente de lo que parece ser en principio una práctica religiosa inocente, pero cuyo objetivo es transformar nuestras sociedades para siempre.

Si la inmigración musulmana constituye un peligro mortal para nuestras poblaciones, los verdaderos responsables de esta política de sustitución de los pueblos europeos por gentes llegadas de otras partes son la ONU y la UE. El plan para poner a la población autóctona europea cristiana en situación de minoría ha sido decidida en Nueva York (ONU) y en Bruselas (UE).

Las élites de la ONU han elaborado la planificación de la inmigración hacia Europa y otros países desarrollados, supuestamente con la intención de resolver los problemas relacionados con la débil natalidad europea, al mismo tiempo que alivian el Tercer Mundo, enfrentado con la explosión demográfica de sus poblaciones.

Sin embargo, la desaparición programada de los europeos por la ONU y la UE, mediante una demencial política de trasvase de población, está fuertemente relacionada y apoyada por la oligarquía de las multinacionales, los lobbies petroleros, mineros, agroalimentarios, etc, motivados todos ellos por sus particulares intereses financieros, sin importarles si esto conlleva la muerte de Europa y de la civilización occidental.

Si la invasión musulmana de Europa sigue al ritmo actual, de aquí a algunas décadas los cementerios serán los únicos lugares en donde los europeos cristianos serán mayoritarios.

La sharia: Una ideología enemiga del género humano
Alberto Ramos Minuto Digital 7 Noviembre 2014

Los orígenes de la sharia (la ley islámica) están relacionados con una cultura y una escala de valores completamente extrañas a las de una sociedad moderna fundada sobre la dignidad humana y los derechos de las personas.

Los partidarios de la sharia la consideran perfecta por ser supuestamente de origen divino. Como telón de fondo a la ley islámica hay un concepto muy particular: un dios dominador, que prefiere el hombre a la mujer, que ama al musulman pero detesta al no musulmán.

Ese dios de los musulmanes es muy distinto al de las espiritualidades en las que Dios es presentado como un soplo que inspira, eleva y humaniza antes que un amo implacable que dicta su voluntad y exige una sumisión total. Islam significa precisamente eso: sumisión.

Se puede hacer la analogía siguiente: los dioses del espíritu equivaldrían a la democracia en el terreno de la religón, mientras que el islam corresponde a la tiranía, mediante la sharia. En una democracia, las personas tienen derecho a la palabra, pueden debatir y opinar, pueden promulgar leyes al servicio de los valores fundamentles, para favorecer la convivencia y el bienestar del ser humano. Es decir. todo lo contrario que en las sociedades regidas por la sharia.

Algunos rasgos fundamentales de la ley islámica. Esto es la sharia:

– Autoriza que el hombre pegue a su mujer.
– Autoriza la poligamia.
– Autoriza la pedofilia.
– Promueve la pena de muerte para los apóstatas.
– Promueve la pena de muerte para los homosexuales.
– Promueve la pena de muerte para las adúlteras.
– Incluye la noción de supremacía y de superioridad del musulmán sobre el no musulmán.
– Obliga a los no musulmanes a pagar un impuesto especial (la jizya).
– Promueve la yihad para expandir el islam.

Recordemos que todas las escuelas de jurisprudencia islámica (hanafismo, malikismo, chafeísmo y hanbalismo) enseñan que los musulmanes deben declarar la guerra a los no musulmanes hasta su subyugación completa.

Cuanto más se impone la sharia en un país, más se vuelve este hostil a Occidente y a los valores que encarna: libertad de expresión, derechos humanos, libertad de religión, libertad de creer o no creer, laicidad, autonomía del Estado frente a la religión, etc…

La aplicación de la ley islámica significa:

– Los derechos de todo ser humano (musulmán o no musulmán) retroceden.
– Los derechos de la mujer son anulados.
– El espíritu de fraternidad universal desaparece, ya que la sharia divide el género humano en “fieles” e “infieles”, entre musulmanes y no musulmanes.
– Las libertades fundamentales retroceden.
– El estado de frustración y de odio del musulmán contra Occidente y todo lo que representan aumenta en razón de la aspiración del islamista a la dominación sobre el no musulmán.

En resumen: el bienestar del ser humano es inversamente proporcional a la implantación de la sharia. Si alguien lo duda, que eche una mirada a lo que está ocurriendo en los territorios bajo el control del Estado Islámico: degollamientos, decapitaciones, violaciones, asesinatos masivos, crucifixiones, niños pateando cabezas cortadas ante la mirada orgullosa y risueña de sus mayores… Y que nadie piense que eso es algo que ocurre lejos de aquí, menos mal. No estamos a salvo de esa plaga: el horror está en camino, sus agentes están entre nosotros. Nos los encontramos en la cola del supermercado, en el ascensor de nuestro bloque, en las plazas de nuestros pueblos…

España / Lucha contra la corrupción
Milagros del Corral: «España necesita un harakiri general para resultar creíble»
 Madrid ABC  7 Noviembre 2014

La exdirectora de la Biblioteca Nacional estima que hacer política no puede ser una carrera sino un deber de servicio público

ABC solicita a varios intelectuales sus propuestas para un cambio ético que ayude a regenerar el sistema ante los sucesivos escándalos de corrupción. Milagros del Corral, exdirectora de la Biblioteca Nacional, estima que hacer política no puede ser una carrera sino un deber de servicio público durante un tiempo razonable.

¿Qué medidas propone para que Gobierno y oposición regeneren éticamente el sistema?

Hay que limitar la financiación de los partidos exclusivamente a los ingresos que perciben por las cuotas de sus asociados más las sumas de los presupuestos establecidas por escaño. Las campañas electorales deben basarse en debates televisivos temáticos de formato abierto, tantos como sea necesario y en todos los canales. No son necesarias estructuras semejantes a un Ministerio, generadores de «la casta» que no se han aplicado a sí mismas la austeridad impuesta a todos. Hacer política no puede ser una carrera sino un deber de servicio público durante un tiempo razonable. En definitiva, es el momento de tomar medidas drásticas que devuelvan a los ciudadanos la confianza en sus políticos. Viene a mi memoria algo que pasó casi desapercibido, pero fue clave para la Transición: el harakiri general de todos los procuradores en Cortes para ceder el paso a la democracia. Un ejemplar reset de ese calibre es lo que España necesitaría ahora para resultar creíble y recuperar la confianza de los ciudadanos.

¿Hay un riesgo real de que la inacción derive en una quiebra del sistema?
La situación es muy delicada. Limitarse a eternos desacuerdos está sirviendo de inmejorable caldo de cultivo a emergentes movimientos revolucionarios de corte populista. No hay tiempo que perder para salvar la democracia que tanto esfuerzo nos costó construir a los españoles.


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Una consulta antidemocrática
El Gobierno catalán no respeta en absoluto los principios que debieran presidir ese proceso
Carlos Jiménez Villarejo Barcelona  El Pais 7 Noviembre 2014

Conforme a la ley que parece aplicable —el Título III de la Ley Autonómica 10/2014, de 26 de septiembre— la consulta del 9-N, si es que puede denominarse así, es simplemente un “proceso de participación ciudadana”, apartado de dicha ley que no fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Es un proceso, que quede claro, en el que no se vota, sino que “se recoge la opinión de los ciudadanos”. Por tanto, está manipulándose la conciencia ciudadana, ya que se reclama su participación para un objetivo, el de votar, que es manifiestamente falso. Además, el Gobierno de la Generalitat está obrando en conciencia de forma desleal con las propias leyes autonómicas. Es decir, las está desobedeciendo y vulnerando.

El Gobierno catalán no respeta en absoluto los principios que debieran presidir ese proceso: “neutralidad institucional, primacía del interés colectivo, pluralismo, igualdad y no discriminación”. La “actuación institucional” del Gobierno los incumple abiertamente. Basta constatar la propaganda, en forma de anuncio publicitario, publicada en todos los medios el pasado 25 de octubre, en la que se empleó, maliciosamente, el ardid de ocultar cuáles son “los objetivos del proceso”. Se trata de una publicidad costeada con fondos públicos procedentes de todos los catalanes, incluidos los que rechazamos el objetivo del proceso, que no es otro sino la secesión de Cataluña. ¿De qué espacios públicos —gratuitos— dispone esa gran parte de la ciudadanía que está posicionada contra una consulta anticonstitucional y contra un proceso como el presente arbitrario e ilegal?

La actuación que pretende culminar el 9-N presenta carencias gravísimas en un Estado de derecho, gravedad acentuada porque el responsable de dicha actuación es un Gobierno elegido democráticamente y obligado, sin reserva alguna, a respetar la legalidad democrática en el marco de la cual actúa. Según el Estatut, “la Generalitat es Estado” y ello le obliga a una “lealtad institucional” que hace tiempo está quebrantando con la consiguiente violación de sus deberes estatutarios.

Por otra parte, salvo que la Generalitat esté asumiendo que realmente lo que lleva a cabo es una “encuesta”, no resulta admisible que el proceso en curso pisotee abiertamente las propias normas que regulan su actuación. En la medida en que el proceso tiene su origen en una “actuación institucionalizada” del Gobierno, la cuestión capital es cómo no se ha formalizado dicha iniciativa en un acto administrativo en los términos exigidos por la Ley 26/2010, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de la Generalitat. ¿Se levantó acta del acuerdo del Gobierno decidiendo impulsar este proceso? ¿Por qué, tal como está ordenado, no se ha publicado en el DOGC y se sustituye por una cadena de actos publicitarios? ¿Estamos en un Estado de derecho?

La consecuencia de la vulneración de dichas obligaciones es que se niegan al ciudadano derechos fundamentales, entre otros, ante la ausencia de publicación del acuerdo, el de obtener “una información veraz y de calidad”. Y como, además, no consta un acuerdo formal y escrito, que debiera estar debidamente motivado, al ciudadano también se le priva arbitrariamente del derecho a impugnar o recurrir la decisión adoptada para expresar se desacuerdo, sobre todo, si además resulta perjudicado en su condición de ciudadano.

Todo ello describe un cuadro en que el que el Gobierno no ha obrado de conformidad con la ley, es decir, con “buena fe”, con “lealtad” y con “imparcialidad”. Lo que constituye una violación gravísima de la legalidad democrática, incluida la autonómica, que hace suscitar serias dudas sobre la validez formal y material del Gobierno actual de Cataluña.

Dichas carencias no pueden subsanarse con la estratagema de adoptar el acuerdo que convoque la participación ciudadana en fechas inmediatas al 9-N. Lo impide, además de la “buena fe” a la que el president está legalmente obligado. La disposición del artículo 48.1 de la Ley de consultas ordena que ante una convocatoria como la presente,"se debe establecer un plazo para que las personas que pueden participar puedan efectuar sus aportaciones y propuestas", derecho ciudadano una vez más vulnerado, dado que la brevedad del plazo entre la convocatoria y la emisión de la opinión lo haría totalmente inviable. Pero, sobre todo, porque dificultaría, posiblemente hasta hacerlo imposible, el derecho a la impugnación de la convocatoria.

Y, por si alguien tiene alguna duda, es más que evidente que el 9-N no es un proceso electoral, pues están ausentes todos los requisitos legales del mismo, particularmente el censo y una Administración electoral independiente. Es un modo de saber qué opinan los catalanes sobre la ruptura de Cataluña con España, a través de un procedimiento plagado de ilegalidades y desacreditado por su parcialidad y el descarado dominio sobre el mismo de organizaciones cívicas partidistas que solo hacen que aumentar el descrédito de la convocatoria y la necesidad de denunciar lo que no es más que una expresión de los intereses partidistas de quienes han convocado la jornada. Desde cualquier vertiente que se examine, el 9-N es incompatible con las exigencias de un Estado Democrático de Derecho.

Carlos Jiménez Villarejo es jurista y miembro de Federalistes d'Esquerra

9N: Poncio Rajoy o el dilema del poder

Pau Guix www.cronicaglobal.com 7 Noviembre 2014

Este martes se ha suspendido por segunda vez la consulta ilegal del Sr. Mas por parte del Tribunal Constitucional, bueno, del sucedáneo de referéndum que eufemísticamente se conoce por “proceso participativo” pues esta última vez el Sr. Mas se había escudado, para cometer una nueva deslealtad, en la no existencia de un Decreto suyo que la convoque y de la “voluntad participativa” de un pueblo. No me cansaré jamás de repetirlo: el pueblo catalán lo somos todos, no sólo los partidarios de la secesión, que no son tantos, pero están bien alimentados por el dinero público y secuestran, con una ideología de pensamiento único, todos los medios de comunicación públicos y subvencionados. Y como catalanes, somos españoles porque nuestra tierra es Cataluña pero nuestro país es, afortunadamente, España. Y en España, Estado Democrático y de Derecho, cuando se vota, siempre debe hacerse con las garantías que este modelo de Estado nos proporciona a los ciudadanos, como nos explicaba en El País el pasado 1 de noviembre Manuel Ballbé, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Bellaterra: “La constitución de las mesas con voluntarios de una sola opción, la independentista, y la falta de interventores de todos los partidos constituye una parodia antidemocrática por muy participativa que aparente” ya que vulnera “la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y toda la legislación electoral y constitucional porque no se garantiza un proceso democrático” y “no se garantiza la privacidad, ni el derecho al voto”.

Ballbé también nos avisa de algo que ya hemos denunciado muchos, la fractura social, basada en un taciturno maniqueísmo donde los buenos catalanes son aquellos que colaboran con el régimen secesionista y el resto o somos unos traidores o, simple y despectivamente, ‘españoles’: “Esta parodia de consulta crea dos listas. Una lista amarilla de los que voten y otra negra de los que no vayan. Además se configurará otra lista negra con los funcionarios que no se han apuntado como ‘voluntarios’ y que quedarán retratados ante sus políticos, que después premiarán a los que sí vayan”. Este país nuevo donde quieren vivir los secesionistas precisamente no parece fundamentarse en la libertad y la pluralidad, más bien parece una copia paródica de aquellos regímenes totalitarios soviéticos de denuncias de buenos y malos ciudadanos que recogía magníficamente la película ‘La vida de los otros’ (2006), de Florian Henckel von Donnersmarck.

Ballbé también denuncia, con una impactante metáfora, el riesgo de votar cualquier cosa, sin tener las competencias y sin ningún tipo de garantías legales, por el peligro que pueden suponer sus consecuencias: “Si consultas para que impedir que los inmigrantes compren en los supermercados y gana el sí atentarías contra derechos fundamentales” y la Ley, en un Estado Democrático y de Derecho, existe para proteger estos derechos, no para menoscabarlos.

Pero, ¿por qué realmente no se puede votar, ya dejando de lado los argumentos legales? Porque para ellos votar es siempre una victoria; Josep Lluís Carod Rovira, en su libro ‘La hora de Cataluña’ (2014) lo dice bien claro, no nos engañemos: “Un referéndum de soberanía siempre es una victoria. Si se gana, porque te abre las puertas a la plenitud del derecho y hace a tu pueblo libre. Si no, con que obtengas un resultado digno y no humillante, también es la primera piedra del edificio de la victoria, pone al país y su causa en la agenda internacional y todos sabrán que, tarde o temprano, el referéndum se volverá a hacer y se ganará. Después de un referéndum ya nada es como antes, porque todo el mundo mira al país en cuestión de una manera distinta que antes de la consulta, como un país inmerso en un proceso progresivo de afirmación, que ya ha iniciado un camino sin regreso. Un país que se pronuncia democráticamente sobre la posibilidad de convertirse en una nación soberana y en Estado independiente ya se sitúa automáticamente, en la conciencia de todos, en la lista de espera de la libertad. Y pasará más tiempo o no tanto, pero todos saben que, al final, este día llegará”.

Como nos dice el historiador y miembro de Sociedad Civil Catalana, Joaquim Coll, en su artículo ‘La democracia del soberanismo’: "Estamos ante un magma social complejo e hipermovilizado, que entra en íntima asociación con las instituciones locales y autonómicas, se apodera de espacios públicos, que coacciona y sutilmente intimida, y que está dispuesto a empujar a la desobediencia”. Escuchando las declaraciones de Mas y de Junqueras, leyendo las palabras de Carod y viendo toda Cataluña envuelta con contaminantes plásticos amarillos, nadie puede dudar de que, según Coll, nos encontramos ante “un potente movimiento de masas aglutinado con un discurso emocional, que esgrime graves razones políticas y económicas, que promete una esperanza frente a la crisis y mezcla una actitud supremacista con otra más naíf”. Y para estas ‘masas’ votar es imprescindible, la independencia se ha convertido en su religión, en una creencia xenófoba, supremacista, excluyente y totalitaria donde no se tienen en cuenta los derechos fundamentales de quien no piensa como ellos. Por todo ello ni se puede votar ni queremos votar.

Roger Caillois, en su excepcional novela ‘Poncio Pilatos’ (1961) estudia con gran inteligencia el dilema del poder y de sus consecuencias, dilema que ejemplifica perfectamente en la figura de Poncio Pilatos, prefecto romano de la provincia de Judea. Basándose en las Escrituras, Caillois nos da una visión única de Pilatos, aquel gobernante que no sabía qué hacer con uno de sus prisioneros, un profeta llamado Jesús: liberarlo o condenarlo a la crucifixión, como le pedía el Sanedrín. La originalidad del Pilatos de Caillois consiste en que, en la novela, tras pensárselo mucho, finalmente, enfrentándose a la ira de los judíos, decide hacer lo que cree más justo: liberar a Jesús. Esta decisión, en palabras de Caillois, conlleva que “a causa de un hombre que fue valiente contra todas las previsiones, no hubo cristianismo” ya que Jesús, sin el sacrificio, no fue más que “otro profeta más, que murió respetado y a una edad avanzada”, y que por lo tanto “la Historia se desarrolló de manera muy diferente”.

Aquí, nuestro Pilatos de turno, Poncio Rajoy, no sabe realmente qué decisión tomar. O quizás no tomará ninguna a pesar de que el Gobierno de la Generalitat y las organizaciones subvencionadas por este han dicho públicamente que desobedecerán las prohibiciones y que, sea como sea, se votará. Yo entiendo, Sr. Rajoy, que ninguna decisión es del todo provechosa. Por un lado, si no deja votar (además de detener a aquellos que organicen contra la Ley y las instituciones del Estado esta votación) tendrá una serie de fotografías que los secesionistas venderán a nivel internacional de manera victimista como un abuso de poder y de falta de democracia; los tendremos sollozando meses. Por otro lado, si no hace nada, es decir, si deja votar (aunque sea en urnas de cajas de galletas y organizado por asociaciones separatistas) menoscabará los principios del Estado Democrático y de Derecho y la confianza de los ciudadanos españoles (incluidos gran parte de los que vivimos en Cataluña) y las consecuencias de su acto serán de una magnitud importante, tanto como la de Poncio Pilatos. Mientras usted tiene este dilema propio del poder, ¿qué hacer?, el nacionalismo catalán se siente fuerte y envalentonado ya que, de manera desleal, ha aprovechado la debilidad del Estado por culpa de la crisis económica, social y política (corrupción, paro, desahucios, hambre, exclusión social, etc.) para tratar de conseguir sus objetivos secesionistas. En definitiva, el secesionismo lleva perdiendo 150 años y puede perder 150 años más, su lema es primero paciencia y después independencia, pero los catalanes de ‘seny’ y que respetamos las leyes para poder vivir en libertad, si perdiéramos una sola vez, ya sería demasiado tarde, Sr. Rajoy. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué decisión piensa tomar el 9N? Lo que no puede hacer es lavarse las manos. Fíjese bien en la consecuencia de sus actos, que si con una sola decisión podía no haber existido el Cristianismo con una sola decisión puede peligrar España y también la Unión Europea, por culpa de los insolidarios y malaventurados nacionalismos.

RAFAEL CATALÁ, MINISTRO DE JUSTICIA
El ministro de Justicia, en el meta absurdo jurídico
EFE www.gaceta.es 7 Noviembre 2014

El Gobierno no acudirá al Tribunal Constitucional si la Generalitat de Cataluña no promueve actuaciones en el desarrollo de la consulta alternativa del próximo domingo.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho este jueves que el Gobierno no acudirá al Tribunal Constitucional si la Generalitat de Cataluña no promueve actuaciones en el desarrollo de la consulta alternativa del próximo domingo.

En rueda de prensa al término de la Conferencia Sectorial de Justicia, Catalá ha respondido así tras ser preguntado sobre la posibilidad de que la votación de la consulta se produzca en la calle y no en colegios u organismos dependientes del Gobierno catalán. 'Si el Gobierno de la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el TC ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico', ha explicado el ministro.

Pue la confirmación de que es el Ejecutivo autonómico catalán quien está detrás de la consulta se la ha dado el coordinador general de CDC, Josep Rull, quien ha subrayado que es el Govern quien "tira adelante" este proceso y que "quien pone las urnas el 9N es un presidente -el de la Generalitat- que se llama Artur Mas", sin perjuicio de que lo apoyen las organizaciones civiles.

No obstante, no ha mencionado cual sería la actuación del Ejecutivo en caso de que la Generalitat intervenga directamente en el desarrollo de la consulta alternativa del próximo domingo. En este sentido, ha dicho que si la Abogacía del Estado y la Fiscalía observan que se está vulnerando la ley se 'promoverá la actuación que corresponda'. Y en caso de que un ciudadano presente una denuncia ante cualquier órgano jurisdiccional en relación a la celebración de la consulta, 'se tendrá que ver si se está violando el ordenamiento jurídico'.

Ante la denuncia de la Generalitat sobre que el recurso del Ejecutivo ante el TC impide la libertad de expresión, el ministro ha destacado que ese ejercicio 'nadie va a impedirlo' porque 'en una sociedad democrática como la española, cada día hay movimientos populares y recogidas de firmas'. 'Pero lo que estamos poniendo de manifiesto desde haces meses es que un Gobierno no puede promover una consulta contraria a la Constitución'.

Además, ha tachado de 'lógico y razonable' que las fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña actúen para cumplir las normas como tiene que hacer, ha recordado, la Generalitat.

'ROJO Y NEGRO' ENTREVISTA AL AUTOR DE 'EL DERECHO A DELIRAR' (ESFERA DE LOS LIBROS)
Ramón de España: "Los nacionalistas te intentan meter la señera hasta en el váter"
"Artur Mas se ha cargado CiU, que ha sido una máquina de hacer dinero"
Periodista Digital.  7 Noviembre 2014

La Generalitat estudia la posibilidad de ceder en el último momento la gestión de la votación a entidades ciudadanas. Con la última hora sobre la Consulta Catalana, el crítico y novelista catalán, contrario al movimiento nacionalista, Ramón de España, estuvo al teléfono de 'Rojo y Negro' en Radio 4G la tarde del jueves 6 de noviembre de 2014, para hablar de su última publicación en La Esfera de los Libros: 'El derecho a delirar, un año en el manicomio catalán'.

En este libro, el escritor continúa en su tradicional línea de humor e ironía para explicar por qué no comulga con el nacionalismo y da motivos para su rechazo a lo que denomina "el delirio nacionalista de Cataluña". Según contó en la hora de tertulia, en España seguimos en tiempos de Berlanga.

La situación es peculiar. Vivimos en lo grotesco y seguimos en tiempos berlanguianos. Los catalanes somos un pueblo que si fuéramos al cine nuestro género sería la tragicomedia. En todo el proceso hay un elemento kitsch que rodea el ridículo. Se está tirando mucho de épica en todo.

El autor lamentaba el discurso que están siguiendo los nacionalistas exaltando y exagerando su condición de pueblo maltratado por la historia. Una historia que se ha manipulado sobre todo por las clases burguesas catalanas.

Nos comparamos con pueblos oprimidos de verdad y esto es una falta de respeto a los oprimidos de verdad, llegando hasta manipular la propia . Hay dos opciones: tomárselo en serio o a pitorreo. En las manifestaciones hay buenos burgueses de seis comidas al día y ni un obrero. Esta es una ridícula revolución burguesa.

En opinión de Ramón de España, la opinión pública en España ha sido amordazada y secuestrada por el nacionalismo catalán, de forma que ya no se pueden debatir y abordar los problemas realmente importantes que nos conciernen, como los recortes y el expolio de lo público.

Me molesta ver cómo estamos perdiendo el tiempo con un gobierno que no gobierna y cómo se está vocalizando todo en algo que no tiene interés para España y solo demuestra cómo se están cargando España. Nos están meando encima, somos los maestros del recorte y se oculta detrás de una bandera de independentismo. La tabarra independentista nunca había sido un bocinazo en el oído como hasta ahora.

Sobre el futuro después de la Consulta programada para el próximo día 9, el autor de 'El derecho a delirar' se mostraba optimista ante las posibilidades de recular.

Quiero creer que hay vuelta atrás. se calcula que hay un 30% de aluvión que ha coincidido con la crisis económica, pero antes el porcentaje era mucho menor. Tenemos un gobierno que ha fomentado el odio a España.

¿Y cómo terminará el sueño de Artur Mas? Ramón de España no prevé un buen final para el presidente de la Generalitat.

Mas debería haber dimitido y convocar elecciones porque ha conseguido cargarse CiU,que era una máquina de hacer dinero, y cabrearse con Duran. Si quería pasar a la historia como el salvador, pasará a la historia como un pésimo gestor y dar votos al ogro melancólico (Oriol Junqueras).

De esos votantes "burgueses exaltados" de los que hablaba al principio de la entrevista, De España se refería a ellos en estos términos:

Lo que más me deprime es la actitud gregaria de mis conciudadanos. Si la bandera española se aireara en la castellana se diría que vienen los franquistas, pero como los catalanes somos los más oprimidos del mundo, se justifica. Los nacionalistas te intentan meter la señera hasta en el váter.


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