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Claves racionales de lo irracional
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 14 Noviembre 2014
En primer lugar, ha operado sin duda el mecanismo primario del afán
de poder. Y en paralelo al incentivo del poder, está la codicia.
Está más que demostrado que la secesión no procuraría el bien de los
ciudadanos de Cataluña, sino que les infligiría considerables
perjuicios en terrenos tan vitales como el comercial, el social, el
político y el financiero. Se plantea así una cuestión de enorme
interés. ¿Por qué una clase política catalana que debe su existencia
a la democracia constitucional española ha dedicado treinta y cinco
años a insuflar en sus conciudadanos el odio a la matriz nacional
común y el desprecio por todo lo español, a extirpar del espacio
oficial y público y del sistema educativo la lengua común de todos
los españoles y a crear el clima de opinión y el ánimo psicológico
colectivo favorable a la separación de Cataluña y España?
Intentemos buscar los ejes racionales de una actuación en principio
tan irracional como la de los nacionalistas persiguiendo de manera
tan entusiasta la ruina de Cataluña como sociedad y la voladura de
España como Nación.
En primer lugar, ha operado sin duda el mecanismo primario del afán
de poder. Una Cataluña separada de España y aherrojada por la
imposición de una lengua ritual y de una cultura jibarizada reduce
el campo de competencia para unas elites políticas y culturales
mediocres y provincianas que se aseguran de esta forma un más fácil
acceso a las poltronas, a las prebendas y a los privilegios.
En segundo término, y en paralelo al incentivo del poder, está la
codicia. El manejo del erario sin controles ni supervisión externa
abre caminos más anchos para su explotación en beneficio propio.
Todo queda en casa.
En tercero, encontramos la vanidad. Para los jefecillos tribales
catalanes la imagen que tienen de sí mismos como cabezas de su ratón
nacional inventado es más grata que como integrantes de la cola del
león español en la que se ha acabado situando una Cataluña arruinada
y esterilizada por su incompetencia. En una esfera pública mucho más
amplia y en la que el nivel de exigencia de calidad es
necesariamente más apremiante sus diminutas personalidades quedan
tristemente desdibujadas y eso es algo que sus inflados egos no
pueden soportar.
Por último, salta a la vista un factor que ha estado presente desde
la Transición hasta hoy, pero que se ha agudizado por razones obvias
en los últimos cuatro años. Me refiero a la necesidad de salvarse de
las consecuencias penales de sus abundantes latrocinios y
corruptelas. Aunque el problema de la corrupción es general en
España, debemos reconocer a la clase política catalana una maestría
especial y una desfachatez singular en el arte de la mangancia.
Cataluña, que ha perdido el liderazgo económico de España en favor
de la Comunidad de Madrid, se ha elevado en cambio a cotas inauditas
de venalidad. No es extraño que deseen frenéticamente librarse de
los tribunales españoles para cobijarse bajo la suave protección de
jueces exclusivamente catalanes, o lo que es lo mismo,
nacionalistas, que ya se encargarían ellos de nombrarlos
convenientemente.
Por consiguiente, la fiebre patriótica sembrada de cuatribarradas a
la cubana, discursos grandiosos, eslóganes encendidos, multitudes en
la calle y castellers hercúleos, no obedece a otra cosa que a bajas
pasiones propias de personajillos insignificantes que compensan su
nula relevancia personal e intelectual, su degradación moral y sus
rastreras ambiciones con la invención de agravios históricos, la
fabricación de mitos ridículos y la exhibición ruidosa de una épica
de butifarra amb mongetes y espardenya. Esta obsesión por salir de
España responde a la ansiedad por crear un marco simbólico que les
libere de sus miserias y de sus carencias, convirtiéndolas en
virtudes heroicas. Si no estuvieran haciendo tanto daño y no les
siguiera tanta gente obnubilada por el adoctrinamiento, el miedo o
el soborno, serían simplemente risibles.
¿Conflicto político? No, violación de la
Ley.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 14 Noviembre 2014
Hace tiempo que la mayoría de los políticos que incumplen la Ley
quieren hacer pasar lo que son delitos contemplados claramente en el
Código Penal por simples actuaciones políticas. Es muy común oír
decir que los problemas políticos no se resuelven con querellas o
denuncias. Sin embargo, lo que llaman actuaciones políticas son
claramente violaciones flagrantes de la Ley. En el caso de Cataluña,
además existe una reincidente burla de la Ley con una actitud de
confrontación política como si se tratase de un debate democrático
en el que se esgrimen diferentes argumentos para apoyar una especial
visión sobre un asunto. Pues no, lo primero que hay que hacer es
cumplir con la Ley. Los debates políticos tienen sus propios marcos
y escenarios donde encauzarlos, defenderlos y proponer alternativas.
Es evidente que el Gobierno de la Generalidad encabezado por Artur
Mas lleva más de dos años delinquiendo y ejerciendo una gestión
desleal con el Estado, es decir, con el resto de España. Es un hecho
que el Parlamento de Cataluña ha actuado de forma igualmente ilegal
y desleal al aprobar el Decreto de convocatoria de la Consulta y la
Ley que en su criterio le daba cobertura legal con la premisa de
unas competencias inexistentes y que el Tribunal Constitucional
suspendió al admitir a trámite la impugnación presentada por el
Gobierno de España. Es un hecho que Artur Mas junto a su Gobierno
declaró públicamente que seguiría adelante con la consulta a la que
llamó “proceso participativo” manteniendo la propaganda oficial y
tomando las medidas necesarias para garantizar la apertura de
colegios electorales, ubicación de urnas y disposición de papeletas.
Es un hecho que el Gobierno de España procedió nuevamente a impugnar
este sucedáneo de consulta ante el Tribunal Constitucional y que
este volvió a admitirla a trámite con la premisa de que se trataba
del mismo acto impugnado anteriormente y por tanto igualmente
quedaría suspendido. Es incuestionable el que la Fiscalía era
conocedora de todo lo anterior y también de las intenciones de Artur
Mas de no dar marcha atrás en su plan de desobediencia. Finalmente
como habían previsto los secesionistas el domingo 9 de noviembre se
procedió a abrir los colegios electorales, se constituyeron las
mesas de votación y se comenzó con la votación de los ciudadanos.
Todo ello sin que la Fiscalía, como era su deber, hiciera nada ni
por identificar a los responsables, ni ordenara a las FFyCCSE que
impidieran que se siguiera desobedeciendo al Tribunal
Constitucional.
Y aquí no existe ninguna eximente al comportamiento de la Fiscalía.
Ni siquiera que se amparase en la pretendida “desproporcionalidad”
ni en la opinión subjetiva de algún despistado juez que en vez de
aplicar la Ley se limitó a hacer juicios de valor para no dictar una
sentencia condenatoria. Es por ello que ahora resulta indignante la
actitud dubitativa en cuanto a sus futuras actuaciones. Asistimos a
un esperpento en el que parece más importante aludir a una increíble
independencia funcional, cuando esa Institución está jerarquizada y
su responsable máximo lo nombra el Gobierno de España, y parte de
los cargos de las Fiscalías regionales los nombran los Gobiernos
autonómicos.
El caso es que se ha dejado la toma de decisión a quien debe su
cargo al que presuntamente debe acusar de los diferentes delitos de
prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos. El
Fiscal General se ha quitado de en medio cuando solo él es el máximo
responsable de la pasividad y complicidad demostrada con ese proceso
participativo que el Tribunal Constitucional había ordenado impedir.
Es deber de la Fiscalía perseguir el delito sobre todo cuando este
ya se ha realizado.
Los ciudadanos tras esta burla de la Ley esperan de sus
Instituciones Judiciales, incluida la Fiscalía, que se identifique a
los responsables, se les impute por los delitos cometidos y se les
ponga a disposición judicial para que el juez dictamine lo que
considere oportuno. Nada de eso parece ser asumido por una Fiscalía
que ya ha demostrado en ese día del 9N una laxitud culpable y
cómplice con los delincuentes. Lo ético seria que el máximo
responsable Eduardo Torres Dulce presente su dimisión y si no la
hace motu proprio sea cesado.
Con actuaciones como la de la Fiscalía, no les puede extrañar a
estos de la casta parásita dirigente que los ciudadanos no crean ni
en los jueces ni en la Justicia. La política lo corrompe todo y
resulta de un cinismo superlativo querer hacer pasar un delito por
una cuestión política.
Regeneración democrática
¿Quieren regenerar? Que lo demuestren
Emilio Campmany Libertad Digital 14 Noviembre 2014
La burra que nos quieren vender PP y PSOE es que la corrupción es
cuestión de unos pocos, que el sistema los va detectando y poniendo
a disposición de la Justicia y que se van a tomar medidas para que
estos casos no vuelvan a producirse. Como puede fácilmente
apreciarse, a la burra no le queda un diente y está tan llena de
mataduras que tiene el cuerpo hecho un mapa. Porque si los casos de
corrupción no fueran más que los normales no habría necesidad de
reformar nada. Y lo peor no es eso. Lo peor son las reformas que
proponen, que se ve a la legua que no están encaminadas a reformar
nada, como la de que los políticos declaren sus bienes antes y
después de sus mandatos, como si no lo hicieran ya y no fuera
evidente que si tienen cuentas en paraísos fiscales es precisamente
para no tener que incluirlas en esas declaraciones. O como la de
controlar los viajes que hagan sus señorías a partir de ahora,
cuando lo escandaloso es que hasta hoy no tuvieran que justificar
ante nadie la naturaleza oficial de los viajes que hacían a costa de
nuestro dinero.
En cualquier caso, si es verdad que PP y PSOE arden en deseos de
regenerar la vida política española, el caso de Griñán y Chaves les
ofrece una oportunidad de oro para demostrarlo.
Hace meses que los dos partidos mayoritarios expresaron su voluntad
de disminuir radicalmente el número de aforados que padecemos en
España. Muy bien, algo es algo. Y sin embargo ésta es la hora en que
todavía no hay un sucio borrador de reforma que vaya por ese camino.
Pero nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Por qué PP y PSOE no se
apresuran a aprobar con carácter de urgencia una norma que prive a
diputados y senadores de su privilegio de estar aforados? De ese
modo, Griñán y Chavez tendrían que explicarse ante la juez Alaya y
dejar que el Supremo cumpla con su verdadera función, la de fijar
doctrina en trámite de casación y dejar de instruir causas por el
mero hecho de estar envueltos en ellas un par de galopines que da la
casualidad que son senadores.
No lo hacen porque creen, quizá con razón, que el Supremo será con
ellos siempre más benévolo de lo que lo sería cualquier juez de a
pie. Si fuera realmente así, sería intolerable. Y si no lo es porque
todos los jueces son en principio igual de justos, ¿qué problema hay
en privarles del aforamiento? Algún político tendrá la cara de
decir, y no sería la primera vez, que a los aforados les perjudica
el aforamiento porque les priva de una segunda instancia a la que
recurrir una hipotética condena. Bien, pues que supriman la mayoría
de los aforamientos, empezando por los de Griñán y Chaves.
¿Cuánto va a que no lo hacen? Y no haciéndolo, ¿cómo pueden
pretender que les creamos sinceros cuando dicen que quieren
regenerar la política?
Cataluña
Falsos amigos
José María Albert de Paco Libertad Digital 14 Noviembre 2014
"Viví en Cataluña cinco años y mi hija vive en Cataluña. No conozco
ni una sola persona que quiera separarse de España". Tal como Mario
Vargas Llosa ha puntualizado, lo que dijo no fue eso, sino que en
los cinco años en que residió en Barcelona (principios de los
setenta) apenas tuvo noticia de catalanes que fueran partidarios de
separarse de España.
En las postrimerías del franquismo, en efecto, el separatismo era
residual, y lo siguió siendo en los primeros compases de la joven
democracia española. No en vano ninguno de los partidos catalanes
con probabilidad de representación acudió a los primeros comicios
con la consecución de la independencia estampada en el programa. No
la llevaba el PSUC ni, por supuesto, el PSC (el derecho de
autodeterminación de los pueblos era una criatura más alusiva al
Sáhara que a Cataluña). Tampoco Convergència ni su antecesor, el
Pacte Democràtic per Catalunya, asumieron jamás la independencia
como objetivo programático. De hecho, la ilegitimidad del actual
embate soberanista deriva, en parte, de que CiU no ha incluido ese
punto en programa electoral alguno. Y el único documento congresual
en que ha hablado de independencia (afirmando su voluntad de "legar
al porvenir una Cataluña libre, justa e independiente") data de
marzo de 2012, esto es, fue aprobado anteayer. Pero esta enmienda,
insisto, no ha sido sometida al crudo sufragio, por lo que, en
puridad, el único partido declaradamente independentista ha sido y
es ERC, que en 1988, con Joan Hortalà como candidato, apenas reunió
el 4% de los votos del electorado catalán.
El revelado de la tinta simpática no deja de ser descorazonador:
cuanto más justificado estaba que hubiera nacionalistas, menos
nacionalistas hubo.
En cualquier caso, en el mentís de MVL que hoy publican los diarios
hay una flagrante inexactitud respecto al titular de ayer, un mal
uso de la sinonimia que, a mi modo de ver, ilustra cuanto tiene de
trilero el soberanismo. "Vargas Llosa precisa que conoce a
'bastantes' independentistas catalanes", leemos en La Vanguardia.
Ciertamente, se hace cada vez más difícil no conocer a alguno. Ahora
bien, MVL no habló de "independentistas", sino de "personas que
quisieran separarse de España". Y ahí ya no hay tantos. Porque una
cosa es la fanfarria y otra la realidad; una cosa es engolfarse en
un referéndum de pega y otra dejar a ciegas a tres generaciones de
catalanes a los que, dicho sea de paso, no les quedará ni el
consuelo de golear al Madrid.
Cataluña
La insoportable levedad de las convicciones
democráticas
Antonio Robles Libertad Digital 14 Noviembre 2014
"Salve, César, los que van a morir te saludan". Esta es la última
coreografía teatral de los héroes de la independencia. Ante la
amenaza de la Fiscalía de procesar a Artur Mas, un grupo de
diputados se han sumado voluntariamente a la imputación. Los que van
a seguir trincando del erario público sin riesgo alguno para sus
vidas y haciendas quieren emular la rebelión de Fuente Ovejuna.
Ellos y el teatro pequeñoburgués.
¡Qué plaga seudodemócrata! No paran ante nada, pervierten valores,
palabras, referencias morales, historia... todo. Tienen la seguridad
de que no pagarán por ello.
Entre los héroes de salón destaca el socialista del PSC Josep
Montilla: "Yo apoyaré a Más si le denuncian; es mi presidente".
¡Qué duro es ser un converso a jornada completa! Día y noche has de
demostrar ser más catalanista que el corazón incorrupto de Macià. La
levedad intelectual de sus convicciones democráticas es patética. Y
su capacidad intelectual, nula. ¿Un presidente no puede ser
denunciado? En una democracia, Sr. Montilla, nadie, ni el presidente
de Gobierno, está a salvo de las leyes si las viola. La cuestión no
es si es presidente, sino si delinque. Pero el remate es aún peor:
"Es mi presidente", dice como justificación, sin percibir la coz que
le da a la separación de poderes. ¿Fue por eso por lo que nunca
denunció el 3% de Jordi Pujol? ¿Se hubiera puesto al lado de Felipe
González por el mero hecho de ser su presidente si le hubieran
imputado en el caso GAL?
No fue el único, de hecho, a estas horas serán ya docenas. Saben que
no les costará nada. Es el caso de los diputados convergentes Josep
Rull y Carlos Puigdemont. Publicaron su foto votando: "Señor fiscal,
el 9-N voté. Si se querella contra el president Mas, queréllese
contra mí también". La rebelión de cartón es la misma, pero la
cobardía y la manipulación mayores -pretender esparcir entre la
ciudadanía que el fiscal perseguirá a todos cuantos votaron en el
9-N, cuando la Fiscalía ha dejado claro desde el principio que no
serán imputados ni voluntarios ni funcionarios- es un intento de
violentar a los ciudadanos. Pedagogía del odio. Sucio, muy sucio.
Satanizar hasta convertir al Estado en el hombre del saco. ¡Qué
insoportable pasividad intelectual ante tan burda manipulación!
Y mientras esta degradación de la inteligencia campa a sus anchas,
los teóricos del diálogo no dejan de repetir: "Es la hora de hacer
política". Bueno, política, lo que se dice política, es lo único que
se ha hecho hasta ahora, de lo contrario hace días que Artur Mas
estaría entre rejas.
Y por si faltaba alguno, parió Garzón: "Sería demencial proponer una
medida cautelar de suspensión del presidente [Artur Mas]". Sí, me
refiero al juez Baltasar Garzón, aquel Robin Hood de la
prevaricación, que siempre tuvo como norma adecuar el ordenamiento
jurídico a su ideología. Como ahora, que en RAC-1 ha justificado no
juzgar a Artur Mas porque sería un "suicidio político" para el
Gobierno de Mariano Rajoy, además de ser “el mejor favor a los que
avalan el proceso de independencia”. Dicho de otro modo, lo que nos
viene a decir Garzón es que las leyes no lo permiten, pero
políticamente sería un error aplicarlas. Ese, señor juez, es el
camino más corto a la ruina de cualquier Estado, especialmente si es
un Estado de Derecho.
Cataluña
Para apagar el incendio independentista
Cristina Losada Libertad Digital 14 Noviembre 2014
Cuando uno descubre que hay un incendio en su casa no llama a una
empresa de prevención de incendios para que diseñe una nueva
instalación. Como dijo Disraeli, lo primero que uno hace, salvo que
uno sea un lunático, es llamar a los bomberos. Esto, así dicho,
parece lo sensato y además lo es. Sin embargo, hay no poca gente en
España que quiere convencer al público de que para apagar el
incendio del independentismo catalán es preciso diseñar una nueva
instalación: una reforma constitucional.
El PSOE viene propugnando ese rediseño desde que lo convirtió en la
fórmula para conjugar el apoyo del PSC al derecho a decidir en
Cataluña con la defensa del orden constitucional en el resto de
España. En qué consistiría exactamente es cosa que todavía no han
logrado poner negro sobre blanco. Sea como fuere, poca duda hay de
que el objeto del proyecto socialista es ofrecer al nacionalismo
catalán un nuevo y cómodo sofá para ver si se baja del carro
independentista. Como ese propósito no resulta del todo presentable
en sociedad, han argüido que cambiar la Constitución sería
enormemente beneficioso para que los españoles recuperasen la
confianza en el sistema político.
Bajo unas u otras argumentaciones, la reforma constitucional es
traída a escena en cada ocasión más o menos crítica, como ha sido
sin ir más lejos el 9-N. Se diría que hay un grupo de interés
decidido a colocar la tal reforma como panacea, y tanto para el
asunto catalán como para el resto de los problemas de España.
Problemas, por cierto, cuya extrema gravedad no se detectó durante
los primeros veinte años de vigencia de la Constitución, sino sólo a
raíz de la crisis económica, es decir, desde 2008.
Yo no sé si los que presionan por su reforma están poseídos por lo
que Ruiz Soroa ha llamado el "fetichismo constitucional", una
patología que se ha dado con alguna frecuencia en España, donde se
han hecho y deshecho Constituciones en la creencia de que "los
problemas que el proceso político cotidiano no era capaz de tratar
eficazmente" los solucionaría como por arte de magia la reescritura
del texto constitucional. En lugar de dedicarse a paliar los
problemas, todas las energías políticas se desviaban hacia el diseño
de la nueva Constitución, y así hasta la crisis siguiente, en la que
se reproduciría el proceso.
No lo sé, decía, pero parece evidente que los promotores de la
reforma constitucional sí pretenden que la opinión pública crea que
es el ungüento amarillo. En épocas de crisis profundas siempre hay
público para los que ofrecen remedios drásticos y soluciones
definitivas, sobre todo si suenan fáciles. Y, sí, es más fácil
cambiar una Constitución que cambiar los comportamientos políticos.
El pequeño detalle es que la mayor parte de las disfunciones
existentes procede de los segundos.
Aunque presenten la reforma como el elixir curalotodo, y en realidad
precisamente porque lo hacen, el principal propósito de tal proyecto
es resolver el problema catalán. Y eso sólo se conseguiría si se le
ofrece al nacionalismo secesionista una fáctica independencia de
Cataluña, de tal manera que no les haga falta proclamar, al menos
durante un tiempo, la independencia. Claro que esto no es ni una
reforma ni una solución. Se parece mucho a una disolución.
Palabras, gestos, cosas
J. L. González Quirós www.vozpopuli.com 14 Noviembre 2014
Josep Plá dejó dicho de la II República que fue un régimen hablado,
y no lo hacía en tono elogioso. Ochenta años después, la política
española parece refugiarse también en la palabra, pero no se trata
de hablar, sino de repetir, de sacar sustancia a ese increíble
conjunto de técnicas que poseemos para amplificar, simular y
disfrazar cualquier mensaje, para privar a la palabra de cualquier
efecto, salvo del intento de halagar al oyente. Nuestros políticos
rayan muy alto en las artes del mutis, la simplificación y el
eufemismo, no parecen dispuestos a amargarnos la vida diciéndonos
una palabra verdadera, a lo sumo se acogen a ese milagro semántico
que según Schopenhauer ocurría con las obras de Hegel: que el
filósofo se limitaba a poner las palabras para que sus lectores
pusieran el sentido.
Gobernantes y gobernados
No es de extrañar, pues, que el clima político se concrete en una
densa niebla de sospecha hacia los gobernantes, en un trance de
deslegitimación que supera cualquier clase de argumentos formales, y
es esta sensación de desistimiento popular respecto al sistema
político el que lleva a que abunden los presagios de hundimiento,
los signos de inminencia de final de ciclo.
Era previsible, por ejemplo, que tras largas discusiones sobre si se
llevaría a efecto o no el referéndum catalán, vendrían pesadas
disputas sobre si se ha celebrado o no. Sus promotores aplauden su
enorme éxito como algo sin precedentes, mientras que los que
creyeron poder prohibirlo juegan a verlo como algo no ya ilegal sino
irreal, como un juego sin valor alguno. Apenas puede ponerse un
ejemplo mejor de cómo la política española se está reduciendo a un
juego de palabras en el que el señor Sánchez, uno de los nuevos
actores, apuesta por un talismán que se llama “reforma de la
Constitución”, sin decir en qué sentido va a hacerse, a quién va a
dar la razón y a quién va a quitársela, como si la política
consistiera, simplemente, en encontrar la palabra que encaje en el
encasillado del juego de mesa.
Pero el descontento es real, y no se cura con palabras sino con
acciones, la economía sigue lánguidamente endeble, la corrupción ya
no sorprende a nadie, salvo a algunos de sus responsables que se
asombran del caso creyendo que eso va a librarles del desprecio
social y el descalabro electoral, y el desapego a los actores
tradicionales aumenta a cada hora que pasa.
La ley, esa cosa con plumas
Los ciudadanos que ven cómo Hacienda les levanta sin contemplaciones
el dinero de sus cuentas, comprueban que, en cambio, hay registros,
policiales o judiciales, que no encuentran nada porque previamente
ha habido altos avisos para que se proceda a ocultar lo que fuere
menester, observan cómo las escasas penas a los políticos pasan a
toda prisa, y que los procesos se alargan tanto que hasta las
víctimas piden que se licencie al culpable para no morir de
aburrimiento por la espera. La ley es una cosa flexible cuando se
trata de aplicar a los que mandan, y una cosa insobornablemente
rígida cuando se administra a particulares sin relieve, “al
indiferente la legislación vigente”, como asevera el dicho popular.
Ni los fiscales se ponen de acuerdo para saber si el señor Mas ha
hecho algo de más o de menos cuando toda España ha visto que se ha
tomado al Gobierno y al Tribunal Constitucional como al pito del
sereno, y los más optimistas se atreven a adivinar para el caso un
proceso tediosamente confuso tras el que se impondrá alguna
condecoración al pirata. El Presidente ha explicado todo esto con su
labia habitual, se trata de ser prudente y de dejar que las cosas
funcionen por sus cauces y a su manera, sin esas prisas que todo lo
confunden.
El Rey de píe, los ciudadanos sentados
Una escena reciente puede servir mejor que mil palabras para
explicar el descreimiento y la absoluta falta de respeto hacia los
que nos gobiernan: los reyes fueron a dar el pésame a los familiares
de las víctimas de Cieza, y cuando se acercaron a saludar a los
afectados ni uno solo se puso de píe, algo que parece obligado con
cualquier persona que se acerque a darnos la mano cuando estamos
sentados. Tal desaire muestra hasta qué punto ha llegado el olvido
de las más elementales reglas de la urbanidad, de qué manera la
chabacanería y la mala educación se han hecho los dueños del espacio
público, pero también cómo las autoridades son vistas como un
atrezzo inútil y costoso. Llama la atención, en todo caso, la
inutilidad de los ayudantes y encargados de protocolo de los reyes
que no han sabido hacer una mínima indicación a los familiares para
evitar una imagen tan desmoralizadora.
La figura del Rey en esa escena puede verse como una metáfora de lo
que le puede ocurrir a cualquiera que se proponga simplemente
cumplir con sus obligaciones: que se encontrará con una atmósfera de
desdén, indiferencia y pereza capaz de desanimar al más pintado.
Entre gobernantes y gobernados no hay la menor sintonía, ni un
adarme de colaboración y complicidad, porque son inmensidad los
españoles que han llegado a creerse que todo les es debido,
especialmente ahora que Podemos promete dárselo, sin que ellos deban
hacer nada, sin que los ciudadanos tengan ni obligaciones ni
responsabilidades, entre otras cosas porque ya se encarga la
administración de cobrar lo que se le debe con una diligencia que
desprecia cualquier cautela, de forma que el español se siente el
rey del mambo salvo cuando le cae la mala fortuna de que se fijen en
él para financiar algún capricho extraordinario.
Esta convicción de que el Estado nos lo debe todo alcanza en
Cataluña cotas casi escandalosas, pero no sólo en esas latitudes,
porque, de lo contrario, sería imposible comprender que una enferma
que se ha librado de un virus potencialmente mortal en medio de
gastos absolutamente extraordinarios, y en una atmósfera de pavor,
le pida ahora a la administración sanitaria, unos cientos de miles
de euros, porque, según estiman ella y sus abogados, su imagen ha
sido vulnerada.
Mi reino por un caballo
Ante las situaciones graves y/o desesperadas no bastan las frases,
aunque sirvan de consuelo a los cronistas. Hace falta determinación,
y eso significa hacer política, lo que tienen que hacer los
partidos, los que en ellos militan y sepan hacer algo distinto a
decir que sí a los frecuentes disparates con los que sus dirigentes
tratan de salir al paso, lo que exige recordar que la política es
algo muy distinto a la mera administración. Tal vez uno de los
síntomas más preocupantes de la situación actual es que abunden los
partidarios de ponerlo todo en manos de una especie de “abeja reina”
de la administración que, tacita a tacita, se ha ido haciendo con
los resortes que aparentan mover este reino de Kakania, no saben
hasta qué punto se equivocan.
España vertebraba
JOSÉ FÉLIX PÉREZ-ORIVE CARCELLER, ABOGADO. ABC 14 Noviembre 2014
· La integración de una nación, más que una premisa es una
consecuencia. Su firmeza radica en compartir un proyecto de vida que
ahora se adjetiva de “ilusionante’’. Lo del “proyecto ilusionante’’
en el caso de Cataluña corre parejo al problema acaecido: una
horrible gestión del tripartito y una aguda crisis económica
facilitaron a sus herederos más oportunistas desviar recursos hacia
el soberanismo culpando a España de sus males
ESPAÑA, con quinientos años de historia, está vertebrada. De lo
contrario, se hubiera fracturado con los desmesurados embates que
recibe y la prudencia con la que se la defiende. Su consistencia
parece forjarla un blindaje invisible de la Constitución, Televisión
Española, el deporte español, el idioma castellano, el mercado
interior, la Unión Europea…; y como contrafuerte, la esencia patria
que representa la Corona.
Pero, la experiencia del 9-N que acabamos de vivir, ¿no es acaso
prueba de desvertebración? Todo conduce a pensarlo, pero quizá solo
en un plano exterior y en un determinado porcentaje que no hay que
minimizar. Los nacionalistas rara vez se salen con la suya: los
tibetanos reclaman a China una cuarta parte de su territorio y
Escocia y Quebec siguen diciendo que en sus referendos les
engañaron. A la hora de la verdad, un concepto motor basado en la
duda legal, la fractura familiar y la aventura económica, genera
«una fuerza menor» que no puede con estructuras más consolidadas.
La Constitución ha sido el argumento de cohesión más invocado
durante el proceso del 9-N. La ley, como suprema ratio, ha
«sobrevivido» ayudada por un miedo funambulista, originando un
respeto que, sin llegar al aprobado alto, no tuvo en tiempos de la
República. Conforme se vaya poniendo más a prueba se desgastará y
como cualquier engranaje delicado, podría aconsejarse su revisión si
los cambios fueran pocos e imprescindibles para la convivencia
futura.
Más inadvertida ha pasado la aportación de Televisión Española al
acoplamiento de España. En su papel integrador ha dado clases de
historia, literatura o gastronomía, así como ha proveído de noticias
que intereses particulares ocultaban en otras cadenas, dejando un
poso patrio tan profundo que se estima en un setenta por ciento
superior al que participó en el pasado comicio, en que vimos,
gracias a ella, a un Junqueras que, en un alarde democrático, se
nombraba presidente de la mesa de las votaciones, votaba y decidía
sobre lo votado. Para terminar, la televisión también en su día
exhibió los éxitos de la «Roja» o la «Davis» que han permitido una
cohesión entusiasta y circunstancial.
Lo que no es circunstancial es el auge mundial de nuestro idioma y
su asentamiento nacional, en donde el 98% de los españoles hablan el
castellano, mientras que el mandarín solo lo platican la mitad de
los chinos y el catalán, el 78% de los catalanes. Estos datos
deberían desdramatizar el debate de las clases de español en las
comunidades bilingües; sin olvidar de contrario el pragmatismo de
Irlanda, que con un estado propio, adopta el inglés como suyo y
reconoce la enseñanza de su lengua detrás de la del español y el
alemán.
Otro factor de estabilidad es el mercado interior. Es cierto que las
grandes compañías catalanas han evitado hasta ahora singularizarse,
pero sus decisiones silenciosas y los presupuestos de publicidad
subliminal, apoyando la idea de unidad (la Caixa en los programas
deportivos) han sido concluyentes, y llegado el momento lo serán
más. Es obvio que el desenlace de los cismas es arriesgado por
imprevisible. En Checoslovaquia, que vivió una de las rupturas más
amistosas conocidas, para cubrir por avión los trescientos cincuenta
kilómetros de distancia entre capitales ahora se precisan cuatro
horas.
En 2011, ABC avanzaba que Europa, ya tocada por la crisis, no podía
asumir el fenómeno separatista, consciente de la diferencia que hay
entre gestionar veintiocho países y lidiar con la fuerza centrífuga
de un centenar de regiones. Claro que esas pulsiones tampoco son
fijas. En la manifestación de la Diada, alguien recordaba el
desfilar por la Diagonal, hace cincuenta años, de las centurias de
la falange con hachones de fuego jaleadas por masas enfebrecidas que
no entonaban «El Segadors» precisamente. Esas masas ingrávidas
gritan más el dolor de los ochocientos mil parados en Cataluña que
su remedio, que desearían creer que es la independencia. Su
vacilación podría galvanizarla un aumento del empleo, un liderazgo
más centrado en Cataluña, una pedagogía nacional sustituyendo las
emociones prefabricadas; o incluso una película, como ocurrió en el
País Vasco.
La lista de los factores de vertebración citados no se daban (la
mayoría ni existían) en tiempos de don José Ortega y Gasset cuando
escribió «España invertebrada». Otra cosa sería exagerar las
virtudes de la integración nacional, pues un país puede convertirse
en un estado fallido (pensemos en nuestros recientes y bochornosos
escándalos de corrupción) con toda su osamenta en regla. De ahí que
ensimismarnos en lo constitutivo, unos y otros, cuando patina el
fundamento moral, puede ser enfocar el problema equivocado.
A pesar de nuestra relativa vertebración, un chaparrón de astenia ha
empañado últimamente la visión de nuestro futuro. Aunque el
separatismo lo tenga complicado, la unidad absoluta es imposible. La
integración de una nación, más que una premisa es una consecuencia.
Su firmeza radica en compartir un proyecto de vida que con
cursilería ahora se adjetiva de «ilusionante». Lo del «proyecto
ilusionante» en el caso de Cataluña corre parejo al problema
acaecido: una horrible gestión del tripartito y una aguda crisis
económica facilitaron a sus herederos más oportunistas desviar
recursos hacia el soberanismo culpando a España de sus males. A esos
líderes, la sociedad ha de llevarlos a los tribunales, para no
enviar la señal equivocada de que la próxima vez será más fácil.
Ahora bien, una cosa es el respeto a la ley y otra la solución del
problema. Si el diagnóstico fuese acertado, la opción sería «trabajo
y oportunidades»; algo que llevará tiempo, aunque el hartazgo
ciudadano juega a favor del Gobierno. Entretanto, unas
conversaciones publicitadas y argumentadas dentro de la ley, y
centradas en la economía (buscando el virtuoso equilibrio entre
justicia y solidaridad) ayudarán en unas próximas elecciones que no
hay que temer. Las «plebiscitarias» sacarían a la calle a la
Cataluña recuperable y permitirían trasmitir otro punto de vista.
Decía Renan que una nación es un plebiscito cotidiano. Cuando a
principios de siglo parecía que nos íbamos a convertir en la séptima
economía del mundo, todos los españoles tenían un proyecto por el
que hubieran votado. Ni era la independencia ni era la unidad.
¿Recuerdan cuál era?: el suyo.
Las asociaciones constitucionalistas catalanas han de trasladar a
sus paisanos y familiares que el drama de la independencia sería el
que experimentase un buen leñador trabajando en los Monegros, con
mayor posibilidad de encontrar trabajo en España que en una Cataluña
aislada. Porque: si para seguir en el euro necesitaría la aprobación
de Europa, si para entrar en Europa precisaría la aprobación de
España, si para vender sus productos en Andalucía requeriría la
connivencia de los andaluces o si para jugar en la liga tendría que
pedir permiso al Real Madrid, ¿se puede explicar de qué tipo de
independencia estaríamos hablando? ¿Resultaría acaso, ese, un
proyecto atractivo? No. Su plebiscito cotidiano como nación sería
desolador; y su error, buscar soluciones a corto plazo, en fórmulas
de maduración longeva.
Fichte y la idea de nación
Fichte elabora los principios de una nueva educación universal que
potencie el desarrollo de las habilidades cognitivas, y que supere
el egoísmo
José Manuel López García www.diariosigloxxi.com 14 Noviembre
2014
Al cumplirse en 2014 doscientos años de la muerte de Fichte su
filosofía sigue presente, porque impulsa la acción creadora y
renovadora de la reflexión aplicada a la realidad. Este gran
pensador alemán considera que la auténtica fuerza transformadora del
Estado es la puesta en práctica de un programa educativo que cambie
la situación de la nación. Se comprende que escriba en sus Discursos
a la nación alemana: «Que el Estado y sus consejeros no teman
enfrentarse con su auténtica situación real y conocerla; que
comprenda animosamente que no le queda otro campo de acción en que
poder actuar y decidir como un Estado auténtico, originaria e
independientemente, que el de la educación de las generaciones
futuras […]. Que la consideración de la lejanía del resultado
esperado no haga al Estado y a sus consejeros negligentes en el
comienzo de esta tarea.» Indudablemente, este filósofo idealista
afirma la unidad de Alemania y la fundamenta en la historia, la
cultura y el pasado político de esta nación. El lenguaje alemán o el
tronco común del que proviene es otra de las razones para la
reafirmación de lo alemán como algo definible de modo claro.
Fichte elabora los principios de una nueva educación universal que
potencie el desarrollo de las habilidades cognitivas, y que supere
el egoísmo. Reitera la necesidad de seguir el instinto ético
presente en todo niño para a través del dominio de sí mismo y la
autosuperación lograr que las tendencias egoístas se reorienten y
subordinen, en cierta medida, a la idea del todo interpretada como
Nación. A principios del siglo XIX Alemania estaba dividida en una
multiplicidad de organizaciones políticas autónomas que, a juicio,
de Fichte no facilitan la superación de los inconvenientes propios
de la organización estamental de la sociedad alemana. Las funciones
de la educación son múltiples. Fichte indica acertadamente que una
de ellas debe ser la transformación del espíritu egoísta que impera
en el Estado, y también la capacidad de discernir lo que es un orden
social ideal y su potencial actualización mediante el esfuerzo
sostenido y continuado de los individuos que conforman la nación.
El interés emancipador de las ideas fichteanas acerca de la nación
alemana se expresa muy claramente en el párrafo final de los
Fragmentos políticos de los años 1807 y 1813: «Y partiendo de lo
considerado hasta ahora, vemos que el concepto de unidad del pueblo
alemán es algo todavía no real, sino un postulado general del
futuro. Pero no significará ningún tipo de propiedad especial como
pueblo, sino que hará del ciudadano libre una realidad.» Lo bueno es
el valor esencial que ha de dirigir los impulsos humanos tanto desde
una perspectiva tanto educativa como política y social según Fichte.
La consideración por este gran pensador de la afirmación espiritual
del carácter nacional de los alemanes por encima del Estado o
incluso sin la existencia del mismo es reveladora. Ya que pone de
relieve la decisiva significación de un sentimiento nacional como
pueblo o como conjunto de ciudadanos. Porque lo que quiere superar
es los enfrentamientos territoriales, y las luchas de poder causadas
por la división de Alemania. La idea de nación, por tanto, es uno de
los principios impulsores de una renovación que unifica las fuerzas
de los ciudadanos en el sentido de reformar numerosos aspectos
sociales y políticos propiciando el bienestar colectivo e
individual. Las ideas de Fichte acerca de la idea de nación y su
unidad pienso que son aplicables considerando y valorando la
distancia histórica a la situación española. Además, es preciso
considerar el gran valor de la comunidad hispanohablante.
****************** Sección "bilingüe"
***********************
La Republiqueta
F. JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 14 Noviembre 2014
A ESTE paso, la proclamación de la República Catalana en el balcón
de la Plaza de San Jaime será cosa de tres: Pedro Arriola, José
Enrique Serrano y un presidente aún por decidir: Artur Mas u Oriol
Junqueras. Si la cosa llega al verano, Shrek levantará los brazos
con las dos viejas pubillas de las cloacas madrileñas colgando de
sus abundosos perniles marronáceos. Si va más deprisa, serán las
celestinas del PP y el PSOE las que alzarán a Mas a la condición de
Caudillo de la Republiqueta. También es posible que Puturrú de Fuá,
antes Pedro Sánchez, proclame a Mas, mediante alzamiento de bíceps y
abrazo de pantorrillas, Presidente de la Republiqueta Catalana
dentro de la Republiqueja Confederal Colonial Celtibéricodantesca. Y
la deuda del Reino de España, sobre todo catalana, que la pague
Corinna Zu.
La participación de Arriola, el Doctor Bacterio de Génova 13, en el
pronunciamiento catalán depende de la prisa que se dé Rajoy en
nombrar heredera a Soraya y de la velocidad de disolución del PP. Si
se mantiene el actual ritmo de autodestrucción rajoyano, el
afortunado esposo de Celia Villalobos se perderá el festolín
separata. Y tampoco es seguro que llegue el maniquí, mnq de Susana
Díaz, Ssn Dz, porque el bipartidismo, aun con dos cabezas -huecas-
tiene un solo corazón, la soberanía nacional española, y la parada
cardiovascular afectará letalmente a ambas. Será entonces Pablo
Iglesias, Presidente de la República Popular de los Pueblos de
España, el que celebre la epifanía de Shrek y su telón asambleario,
que con Puigcorbé y Llach en marrón y negro parece el elenco
suplente de Los Miserables.
Comprobada la cobardía del Gobierno y la neutralización del Estado
Español, sólo cabe discutir el homenot -dejo a elpais.cat la
traducción de este concepto del asqueroso franquista Josep Pla- que
proclamará la republiqueta: Junqueras en junio o Mas en abril. Como
el privilegiado magín de Moragas, Soraya, Cebrián y Godó alumbrará
una estrategia para favorecer al pujolismo frente al asambleísmo
esquerrano, el triunfo de ERC y Podemos es seguro. Lo peor de la
república bolivariana y la republiqueta catalana es que volverán los
ternos lóbregos a lo Adolfo Domínguez y Lluís Llach retrodebutará en
Madrit con L'Estaca, himno podemista.
El acabose.
España no puede avanzar en medio de este
caos político
Adolfo Lefort www.elsemanaldigital.com 14 Noviembre 2014
El problema que están generando los nacionalistas catalanes, sin
entrar en componentes económicos que justifican algunas de sus
exigencias y que también afectan a otras comunidades autónomas, este
problema no puede generar una paralización política.
El señor Mas está demostrando la validez del concepto de
"agit-prop", agitación y propaganda que siempre ha desarrollado la
izquierda. Llevamos dos años pendientes de cada palabra que dice, de
cada movimiento que hace. Los medios recogen y publicitan todas sus
actuaciones públicas y dejan al gobierno del Estado en una posición
compleja: también debe responder a todas sus opiniones y
reclamaciones. En fin, parece evidente que en todo este tiempo lleva
la iniciativa.
El último elemento es el montaje del 9N que ha llevado al presidente
del Gobierno a valorarlo. Mariano Rajoy define el 9N como un acto de
propaganda política que incumple la resolución del Tribunal
Constitucional. A continuación, expresa un reconocimiento de esa
votación cuando afirma que dos de cada tres catalanes no han votado
y que es un profundo fracaso del proyecto independentista.
En definitiva, el señor Mas ha conseguido que el señor Rajoy valore
el 9N. A partir de este componente todo sigue como estaba
(pendientes de la actuación de la fiscalía). El presidente del
Gobierno reitera que la única forma de avanzar es modificar la
Constitución e invita al señor Mas a que abra esa vía, porque el
Parlamento de Cataluña tiene derecho a iniciar ese proceso.
Y manifiesta dos elementos importantes: el Gobierno de España ha
cubierto los agujeros negros de la economía y la Administración
catalana (en torno a 50.000 millones de euros); y, denuncia que
durante toda esta legislatura la Generalitat sólo se ha dedicado a
su tema.
Pide Mariano Rajoy que se pongan a trabajar para atajar el paro y
mejorar la economía doméstica. A partir de esta situación, que es la
misma que antes del 9N, hay opiniones de los diferentes partidos
políticos para todos los gustos. Mientras, seguimos conviviendo con
un paro que afecta a más de cuatro millones de personas. Con nuevos
y continuos casos de corrupción que, afortunadamente, salen a la luz
por la excelente actuación de jueces, fiscales y los grupos
operativos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Con una situación económica complicada, en la que deberían estar
trabajando todos los partidos políticos, en lugar del "y tú más".
Seguiremos a la espera de un diálogo razonable, razonado y
constructivo.
Mas ya no es el President de los catalanes
Clemente Polo www.cronicaglobal.com 14 Noviembre 2014
¡Vaya noticia!, dirán la mayoría de los lectores, “esto lo sabíamos
desde hace mucho tiempo”. Y sí, lo sabíamos, pero la imagen de Mas
mostrando arrogante su carnet de identidad en el momento de votar Sí
a la independencia, lo aleja de la medida neutralidad que había
aparentado mantener hasta ahora y lo convierte en el actor principal
–“el responsable soy yo y mi gobierno”, son las palabras con las que
desafió a la Fiscalía– de los presuntos delitos que cometió durante
la preparación y realización de la fiesta independentista que,
contraviniendo la prohibición del Tribunal Constitucional, se
celebró en Cataluña el pasado domingo, camuflada como una consulta
organizada por entidades privadas pero que en realidad se financió
con dinero público, esto es, con los impuestos de todos los
catalanes y españoles. Por ello, podemos afirmar que Mas dejó de ser
el Presidente de los catalanes el 9 de noviembre de 2014 y se
convirtió en el líder de la minoría de catalanes que apoyó la
independencia ese día.
Ponerse al frente del movimiento independentista era el verdadero
propósito de la consulta-farsa organizada por el gobierno de la
Generalidad y los Ayuntamientos catalanes. Mas tenía dos problemas
muy graves hasta hace unas semanas. El primero, su deteriorada
imagen, asociada con dos gravísimos casos de corrupción y
financiación ilegal de su partido. Al caso Palau-CDC en el que está
imputado Osàcar, quien fuera su secretario personal entre 2000-2005
y tesorero de la fundación de CDC desde 2005 hasta enero de 2011, se
sumó el estallido del “caso Pujol”, un escándalo sin precedentes y
cuyas ramificaciones bien pudieran acabar salpicando al propio Mas
que fue Consejero de Política Territorial (1995-1997), consejero de
Economía (1997–2001) y primer consejero (2001-2003) en los últimos
gobiernos que presidió Pujol –su padre político como reconoció el
propio Mas–, años en que los que el gobierno catalán licitó
multimillonarios contratos en obra pública por los que presuntamente
se cobraron comisiones que sirvieron para financiar a CDC.
El segundo problema de Mas y CDC era Junqueras y ERC, de cuyo apoyo
dependía su gobierno en el Parlament de Cataluña y cuyo imparable
ascenso constataban todas las encuestas electorales. Junqueras se
veía ya como el próximo President del gobierno de la Generalitat y
ERC como el partido político con mayor respaldo electoral en
Cataluña. A Mas, la suspensión de la consulta del 9N ordenada por el
TC, le brindó la oportunidad de transformarla en una fiesta
independentista indolora, una excelente oportunidad para retomar la
iniciativa y presentarse ante los crédulos independentistas como el
principal artífice y garante del proceso hacia la independencia, al
tiempo que relegaba a su gran rival, Junqueras, a presidir una
triste mesa en Sant Vicenç dels Horts. El mensaje que ha querido
trasladar Mas es doble. A los independentistas, que el astuto David
ha derrotado a Goliat en desigual combate, si bien a diferencia de
la historia bíblica, Goliat sigue vivo y con todo su ejército
intacto. Y a sus rivales políticos en Cataluña, que cada uno tiene
su sitio natural: los amos en la masía del Palau y los masoveros
podando las marchitas cepas.
Aunque Mas ha logrado con su audaz golpe de mano recomponer su
maltrecha imagen e insuflar cierto optimismo en las alicaídas filas
de CDC, tanto su situación personal como la de su partido siguen
siendo muy precarias, y ambos acabarán más pronto que tarde pagando
un alto precio por lo que han hecho. Al margen de las posibles
imputaciones que puedan recaer sobre Mas y sus consejeros a cuentas
de la consulta y que la Fiscalía ya investiga, su desleal
comportamiento los ha inhabilitado para seguir actuando como
interlocutores ante el gobierno español. También la consulta ha
reducido la probabilidad de alcanzar un pacto con Iceta y el PSC
para acabar la legislatura. A Mas y a su partido sólo les queda una
salida medianamente airosa: intentar liderar una plataforma
electoral independentista, ganar las próximas elecciones
autonómicas, y convencer a sus aliados de que sería contraproducente
proclamar unilateralmente la independencia tras las elecciones. ¿Se
avendrán la ANC y ERC a jugar un papel subordinado y a posponer la
proclamación de la independencia por más tiempo?
El nueve de noviembre y el Derecho
Jesús Alfaro www.vozpopuli.com 14 Noviembre 2014
Los independentistas, con ayuda de la Generalitat, reinventan el
derecho de manifestación y crean una legitimidad al margen del
Derecho y de los partidos políticos
Hubo un pacto (no sé si explícito) basado en el Derecho. El Estado
no tomaría medidas que impidiesen materialmente llevar a cabo la
votación y la Generalitat no se implicaría. El Gobierno hizo bien en
todos los sentidos. La votación del 9-N era expresión del derecho de
manifestación de los ciudadanos. El año pasado hicieron una cadena
humana, este año una “V” y, ahora, una votación. El resultado era
irrelevante; que hubiera votos duplicados, también; que votara quien
no debía, también. Lo único relevante era comprobar cuánta gente
participaba y decidir si era más gente que en la V o en la cadena
humana. Hay que reconocer que hacer un simulacro de referéndum es
más efectivo, para conocer el apoyo a la independencia, que hacer
una manifestación.
Por tanto, la celebración del simulacro de referéndum no solo no era
ilegal sino que el Gobierno no hubiera podido prohibir su
celebración sin infringir los derechos fundamentales de los
ciudadanos que querían celebrarlo. Ni siquiera la utilización de los
colegios públicos o la colaboración de la policía para que todo
transcurriera con tranquilidad es ilegal o contrario a lo acordado
por el Tribunal Constitucional. Igual que se pone a disposición de
los manifestantes la vía pública y los servicios de seguridad o se
cierran tramos de autopista o de carretera para dejar pasar la
manifestación, nada hay de ilegal en que se permitiera a los
votantes usar los colegios públicos en horario extraescolar. Tampoco
me parece ilegal que la Generalitat ponga a su disposición los
ordenadores públicos para contar el número de votantes y los
resultados, como utiliza el helicóptero de la Generalitat para
contar el número de participantes en una manifestación.
Otra cosa hubiera sido que se facilitara un censo público a las
“mesas” electorales o que se haya infringido la normativa sobre
protección de datos por parte de los organizadores; otra cosa
hubiera sido que la organización de la votación se haya realizado
por funcionarios públicos utilizando los medios públicos y en su
horario de trabajo; otra cosa hubiera sido que se imprimieran las
papeletas y se costearan las urnas y las “dietas” de los voluntarios
con dinero público; otra cosa es que los voluntarios hubieran
actuado a las órdenes de funcionarios o cargos públicos…
El Estado constitucional actuó como debía. Y los españoles, en ese
punto, podemos estar más orgullosos de lo que puede estarlo el
Presidente de la Generalitat. El Estado no restringió indebidamente
el derecho de los particulares a expresar su opinión utilizando
cualquier tipo de símbolo, en este caso, depositar un voto en una
urna. Ahora, sin prisa pero sin calma, el Fiscal debe averiguar si
la intervención pública en la votación fue más allá de la
involucración permisible de una Administración Pública en el
ejercicio de un derecho fundamental por los particulares. Mas lo
tiene complicado porque apuntarse en su cuenta política a los dos
millones de participantes sin cometer un delito no es nada fácil.
En cuanto al resultado, nada que no supiéramos. Que hay un tercio de
los catalanes muy movilizados a favor de la independencia. Y nada
que no supiera Mas antes de empezar. No sé de qué se alegra y no sé
de qué manera puede mejorar esta manifestación la posición
negociadora de Mas con el Estado. Ya está claro: han hecho una “V”
más gorda ¿y? Los referéndums, los de verdad, no se celebran para
saber lo que piensa la gente. Se celebran cuando ya se sabe lo que
piensa la gente, para que lo diga en alto. Y, por ahora, lo que
sabemos, es que no hay una mayoría amplia de catalanes que quiera la
independencia. Cuando la haya (y nos enteraremos, no se preocupen),
no tendremos más remedio que celebrar un referéndum. Hasta entonces,
lo del domingo pasado no es más que una nueva forma de ejercer el
derecho a la libertad de expresión y manifestación. Pero los que se
han inventado esta nueva forma de manifestarse deberían pensárselo
dos veces. Tengan cuidado, porque un referéndum como el del pasado
domingo, se lo puede organizar una parte de la sociedad civil a los
políticos a la primera de cambio. Y no solo sobre la independencia,
sino sobre el bilingüismo en la escuela o los billetes de avión
gratuitos para los diputados o la pena de muerte o la expulsión de
inmigrantes. Semejantes consultas serían tan democráticas y
legítimas como lo que se celebró en Cataluña el domingo pasado. Y
pueden colocar a los partidos en una posición muy incómoda, sobre
todo, si de los referéndums pasamos a las elecciones y se empieza a
oponer una legitimidad popular a la legitimidad basada en el
Derecho. ¿Se imaginan a Podemos organizando referéndums revocatorios
de alcaldes y logrando que la mitad del pueblo participe en el
simulacro?
Montesquieu resucitado
http://www.eleconomista.es. Nicolás Redondo 14 Noviembre 2014
A pesar de todo, por suerte, vivimos en un país en el que
Montesquieu, maltratado y herido, sigue sin ser enterrado del todo,
y cuando las leyes se quiebran y la libertad es amenazada, volvemos
la mirada hacia quien dijo: "La libertad es el derecho de hacer todo
lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer
lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás
tendrían la misma facultad".
Justamente este principio básico es el que fue quebrado el 9-N y
como todo lo importante, una vez roto es imposible que vuelva a su
estado original. Ahora es más fácil que los nacionalistas vascos más
directamente unidos a la fenecida ETA, impulsen una vía parecida en
Euskadi -ante la que no quedaría más remedio que enfrentarse con las
mismas limitaciones con las que se ha enfrentado el órdago del
independentismo catalán-, que recobrar la fortaleza y legitimidad
que el Estado perdió el domingo pasado.
Cuando desde el Gobierno se dice que se han enfrentado con
moderación y proporcionalidad a la apuesta nacionalista, no tienen
en cuenta lo que de verdad han ganado ellos y lo que siendo sinceros
hemos perdido los que nos alineamos con Montesquieu. Los
nacionalistas han logrado quebrar una legalidad que nos confirmaba a
los españoles en la condición de ciudadanos, tantas veces deseada
durante la larga noche del franquismo, en la que la arbitrariedad
del poder autoritario nos definía como súbditos, hombres y mujeres
en una minoría de edad permanente para la cosa pública.
En otras palabras, el supuesto ejercicio de ciudadanía provocado por
los nacionalistas catalanes, que han roto la legalidad
constitucional que nos hace iguales y con el mismo derecho a decidir
el futuro de nuestro país, se ha basado en el menoscabo del derecho
del resto de los españoles, de nuestra dignidad como ciudadanos.
Ellos cuentan ya con otra fecha histórica que engrosará su
diccionario mítico de derrotas y victorias, de humillaciones
inventadas y de heroicas resistencias. Por el contrario, el resto
estamos viviendo unas jornadas de una melancolía que nos devuelve a
épocas pretéritas, en las que consumíamos todas nuestras energías en
solucionar problemas domésticos, creados por nuestro
ensimismamiento, nuestro orgullo leguleyo, siempre a flor de piel, y
nuestro bovarismo, esa contradicción entre lo que nos gustaría ser y
lo que somos.
Ellos tienen un plan que llevar adelante, nosotros nos conformamos
con exhibir una ley que sabemos que nunca aplicaremos sin complejos
y sin venganza? ¡Qué mejor ejemplo de su éxito y de nuestro fracaso!
Ahora, después de consumada la amenaza de los nacionalistas, se nos
vuelve a plantear la misma cuestión nuclear de siempre: ver la
situación catalana exclusivamente desde una óptica jurídica y por lo
tanto enfrentarla con la ley en la mano, sabiendo que el hoy Estado
no tiene fuerza para llevarla hasta las últimas consecuencias, o
convencernos, de una vez por todas, que la cuestión planteada por
los independentistas es, sobre todo después del 9-N, una cuestión
política que rebasa los límites de Cataluña y nos afecta a todos los
españoles.
La primera opción nos llevará a no hacer nada, a parapetarnos en una
rutina que nos ofrece una seguridad solo aparente. Esa tranquilidad
epidérmica y engañosa oculta unas energías explosivas, que sin un
cauce político conveniente, terminarán explotando y obligándonos a
volver a empezar.
La segunda opción no debe buscar a mi juicio la exclusiva
satisfacción de los independentistas, ni reducirse al ámbito
catalán, ni buscarse por la noche en los contubernios palaciegos a
los que algunos son tan aficionados. Debe tener en cuenta a toda la
sociedad catalana y buscar el acomodo de los que se han movilizado,
unos pocos más de los que votaron en Cataluña al PSOE de Zapatero en
las últimas elecciones a las que se presentó, sin perjudicar los
derechos de los que no se movilizaron a pesar de la violencia
ambiental en la que han vivido principalmente estos dos últimos
años. Todo ello en un marco nacional en el que los españoles podamos
ejercer nuestros derechos ciudadanos, que impiden a cualquier
autoridad considerarnos simplemente espectadores.
Es todavía más claro si tenemos en cuenta que la crisis económica ha
puesto de manifiesto la necesidad de enfrentarnos a otras de
naturaleza institucional y política, probablemente larvadas hasta
ahora. El Gobierno no tiene derecho a decir, por meandros
inextricables, que esta solo ante estos retos de envergadura
desconocida en los últimos treinta años.
Los gobiernos siempre están solos, porque les corresponde la tarea
de liderar y ésta se desempeña siempre en solitario; hasta en el
caso de requerir acuerdos, el Ejecutivo vive en soledad porque está
obligado a convocarlos y darles un contenido, una dirección, un
empuje, aunque sean compartidos. En esta situación su lamento es más
injustificable porque cuenta con una mayoría absoluta, obtenida en
gran parte por la necesidad que tenían los españoles de un liderazgo
claro después de un periodo plagado de acuerdos entre el gobierno de
turno y los nacionalistas o con los ámbitos ideológicos más extremos
del arco parlamentario, siempre marginando al primer partido de la
oposición. En conclusión, el Ejecutivo no puede permitirse el lujo
de no hacer nada y los españoles no nos podemos permitir que no nos
convoquen en la defensa de nuestros derechos.
Nicolás Redondo, presidente de la Fundación para la Libertad.
Fiarse de un trilero
Isabel San Sebastián ABC 14 Noviembre 2014
Artur Mas nos ha metido un gol por la escuadra, hay que reconocerlo.
Lo sucedido el domingo en Cataluña es una quiebra en toda regla del
Estado de Derecho, que constituye un duro golpe para cualquier
ciudadano español convencido del valor impagable de nuestra
democracia, carente de viabilidad o de sentido si se rompe la Nación
a la que sirve y enmarca.
El líder convergente a quien todos daban por muerto ha resucitado,
pletórico de fuerza, como suele suceder cuando, en vez de rematar
políticamente a un enemigo peligroso que ha caído en su propia
trampa, se le tiende la mano por cobardía o debilidad. Digo
«enemigo» y subrayo «peligroso» porque en eso exactamente se ha
convertido Artur Mas: en un renegado al país que le confirió el
rango de presidente de la Generalitat, España, y en un traidor a la
Constitución de la que emana el cargo y él que juró cumplir con
lealtad. Mas ha abrazado el separatismo con una determinación
idéntica a la de Junqueras, cuya posición dominante en las filas del
radicalismo ha quedado laminada por el éxito del «president» en su
desafío a la legalidad. La inacción del Gobierno de España, eso que
Rajoy denomina «reacción proporcionada», ha dado alas al
secesionismo promovido desde el corazón mismo del Palau de la
Generalitat, lo cual otorga un punto más de gravedad a lo sucedido.
Los catalanes han votado, desobedeciendo dos sentencias del
Constitucional, y lo han hecho en colegios públicos. Es irrelevante
el número de personas participantes en la consulta o las
irregularidades que pudieran cometerse en el transcurso de la
jornada. Lo importante es que el líder secesionista de una comunidad
autónoma, utilizando todo su poder institucional, ha doblado el
brazo del Estado ante los ojos del mundo. Lo lamentable es que el
mismo Estado que ha rescatado a esa comunidad con más de 31.000
millones de euros procedentes de nuestros bolsillos, sin controlar
el destino al que iban a parar los fondos, no ha sabido ganar ese
pulso y ha consentido que mi dinero se invirtiera en su
«construcción nacional». Haga lo que haga ahora la Fiscalía, llega
tarde. El daño está hecho y el independentismo ha conquistado un
terreno imposible de recuperar.
La tranquilidad de Rajoy en vísperas del 9-N resulta tan
improcedente como la «proporcionalidad» con la que trató de
justificar ayer su falta de reacción el domingo y probablemente
responda a un mismo error de partida: fiarse de un trilero. Confiar
en el compromiso de un hombre que desconoce lo que significa
«lealtad» y jamás ha honrado su palabra, como es costumbre arraigada
de cualquier nacionalista en su relación con España. A través de
Pedro Arriola, comodín de toda negociación en la sombra, Mas envió
al presidente el recado de que ambos podrían «saltar» del 8 al 10 de
noviembre sin llegar al choque de trenes, porque la votación se
llevaría a cabo al margen de la Generalitat y evitando humillar al
Estado. El jefe del Ejecutivo cumplió con su obligación de recurrir
al Alto Tribunal, aunque no fue más allá. No previó medidas de
fuerza legal destinadas a impedir lo sucedido, porque no se lo
esperaba. Le engañaron o se dejó engañar. Y al burlarse de su
Gobierno nos ofendieron a todos los que creemos en la dignidad
irrenunciable de esta Nación escarnecida, hoy huérfana de liderazgo.
Artur Mas ha triunfado en este lance, diga lo que diga ahora la
Justicia, por incomparecencia del contrario. Solo cabe confiar en
que esta derrota sirva de lección para mañana y no se lleve por
delante la Carta Magna aprobada por amplísimo consenso hace solo 36
años, como pide con insistencia el líder socialista Pedro Sánchez.
Cabe aprender del error, acertar con el diagnóstico de la grave
enfermedad que padecemos y abandonar definitivamente la política de
la zanahoria, no solo porque sea inútil, no solo porque sea injusta,
sino porque resulta prohibitiva en esta en España que, tal como dice
el PP, no puede seguir viviendo por encima de sus posibilidades.
Solé Tura y el derecho a decidir
La autodeterminación sólo está justificada para combatir sistemas
antidemocráticos. Como explicó el fallecido ponente constitucional,
la independencia sería una catástrofe económica y social para los
independizados
Francesc de Carreras. El Pais 14 Noviembre 2014
Jordi Solé Tura fue ampliamente conocido por su condición de
político durante los años de la Transición. Entonces tuvo un papel
de primera fila como diputado comunista y, muy especialmente, como
ponente constitucional, fue uno de los siete “padres de la
Constitución”. Pero Solé tenía ya una larga historia detrás como
activo luchador por la democracia, como universitario y como
intelectual. Un bagaje nada común entre los políticos de hoy.
En uno de sus últimos libros (Nacionalidades y nacionalismo en
España. Autonomías, federalismo y autodeterminación, Alianza,
Madrid, 1985) dedica un capítulo a estudiar el contenido del llamado
derecho de autodeterminación, hoy tan de moda bajo el nombre de
derecho a decidir. En realidad, leído hoy, casi 30 años después de
su publicación, todo el libro, y no sólo este capítulo, tiene un
gran interés, no ha envejecido con el tiempo, quizás al contrario:
la perspectiva actual nos permite valorar mejor muchos de sus
enfoques y juicios, algunos premonitorios.
La reflexión de Solé sobre el derecho de autodeterminación está
provocada por una anécdota parlamentaria. En la Comisión
Constitucional del Congreso, durante el proceso de redacción de la
Constitución, el diputado Letamendía, entonces de Euskadiko
Ezquerra, propuso una enmienda para introducir el derecho de
autodeterminación. La propuesta, como era de esperar, fue rechazada
con el voto en contra de todos los diputados asistentes, a excepción
de Marcos Vizcaya, representante del PNV, que se abstuvo. Pero lo
que sorprendió a Solé —que por supuesto votó en contra— fue que
Miquel Roca Junyent y Rudolf Guerra, representantes de Convergència
y del PSC, respectivamente, se ausentaron de la sala unos minutos
antes de la votación alegando repentinas y nada creíbles “urgencias
fisiológicas”, llegando incluso a enviarle una nota mediante un
ujier del Congreso, en la que le instaban a que también él
experimentara tan repentinas “urgencias”.
¿Por qué los nacionalistas y los socialistas catalanes se sintieron
tan incómodos ante la enmienda Letamendía y decidieron ausentarse en
el momento de la votación? ¿Por qué este comportamiento tan ambiguo
precisamente en esa cuestión? En el fondo, todo el capítulo es una
indagación para intentar responder a estas preguntas.
Solé Tura parte de un concepto de derecho de autodeterminación
semejante al de la ONU, en especial el contenido en la Resolución
2625 (1970) de su Asamblea General, cuando trata del derecho a la
libre determinación de los pueblos. Solé considera este derecho como
“un principio democrático indiscutible, pues significa que todo
pueblo sometido contra su voluntad a una dominación exterior u
obligado a aceptar por métodos no democráticos un sistema de
Gobierno rechazado por la mayoría tiene derecho a su independencia y
a la forma de Gobierno que libremente desee”. Desde esta
perspectiva, afecta a la soberanía externa y a la interna, es decir,
tanto a la independencia, a que un Estado no esté sometido a la
voluntad de otro Estado (soberanía externa), como también a la
democracia, a que ciudadanos libres e iguales puedan elegir a sus
gobernantes (soberanía interna).
Debe subrayarse que esta concepción del derecho de autodeterminación
se expresa exclusivamente en términos de democracia, de libertad y
de igualdad, sin mezcla alguna con el principio de las
nacionalidades, defendido desde las ideologías nacionalistas, según
el cual toda nación, entendida en sentido cultural o identitario,
tiene derecho a un Estado propio.
Muestra Solé como este derecho solo está justificado, en
determinados contextos políticos, para combatir a sistemas
absolutistas y antidemocráticos en los que no se respetan los
derechos fundamentales. Por ejemplo, en el pasado, además de los
precedentes de Estados Unidos y de las colonias españolas en
América, se invocó el derecho de autodeterminación en las luchas
contra los grandes imperios ruso, austrohúngaro y otomano, que
desaparecieron tras la guerra europea. Más tarde, lo invocaron
también los movimientos anticoloniales tercermundistas de mediados
de siglo pasado. En todos estos supuestos se trataba de
independizarse de la metrópolis no por cuestiones de identidad
nacional sino porque las leyes eran discriminatorias e impedían a
los colonizados estar en situación de igualdad de derechos respecto
de los ciudadanos de la metrópolis.
El carácter instrumental del derecho de autodeterminación se ve
claro en la disputa entre Lenin y Rosa Luxemburgo. El primero estaba
a favor del derecho de autodeterminación porque la Rusia de los
zares era un gran imperio absolutista y su desmembración podía ser
aprovechada para llevar a cabo reformas democráticas. Por el
contrario, Rosa Luxemburgo, que era polaca, estaba en contra del
derecho de autodeterminación porque ello supondría en su país el
triunfo de la aristocracia nacionalista más reaccionaria. “No se
trataba de una discusión genérica, abstracta y dogmática —dice Solé
Tura— sino de una discusión política en función de unos problemas
muy concretos (…) El derecho de autodeterminación no puede verse
nunca al margen del contexto político en que se proclama y se
ejerce”.
Es precisamente en las páginas finales donde Jordi Solé hace unas
consideraciones sobre el contexto político español del momento en
que se publica el libro. “En un país como el nuestro a estas alturas
del siglo XX —dice— creo que no se puede seguir hablando del derecho
de autodeterminación como mero principio ideológico, es decir, sin
explicar claramente sus implicaciones políticas y, por tanto, sin
ponerlo en relación con nuestro proceso histórico, con el modelo de
Estado que hemos heredado y con el que se define en la Constitución
(…)”. Y añade que la izquierda no puede ser ambigua en este tema ya
que tal ambigüedad solo puede beneficiar a los partidos
nacionalistas “en la medida que estos tienen en la ambigüedad su
razón de ser”, pero “la izquierda no puede ser ambigua so pena de
dejar de ser izquierda”.
Llegados a este punto, Solé analiza las consecuencias de la
independencia de una parte de España y la creación de un nuevo
Estado. Sostiene que un proceso que condujera a este objetivo
significaría una grave conmoción para el conjunto y, en especial
para el nuevo territorio formalmente independiente, supondría una
“auténtica catástrofe económica y social”.
Y agrega: “Aun suponiendo que el derecho de autodeterminación se
entendiese como una consulta electoral en el territorio que aspirase
a la independencia, es indudable que a esta consulta electoral sólo
se podría llegar, o bien a través de un proceso insurreccional, o
bien a través de una gran batalla política, con elementos
insurreccionales por medio (…) Un conflicto de estas características
no sería un choque entre la izquierda y la derecha, ni entre el
progresismo y la reacción, sino un conflicto que atravesaría todas
las clases sociales de España y que escindiría profundamente la
sociedad (…)”. Siguiendo con la lógica de estos razonamientos, Solé
Tura se pregunta si todo ello no “significaría también la ruptura de
todos los partidos, sindicatos y grupos de la propia izquierda”,
para concluir diciendo que “la izquierda no puede jugar con el
derecho de autodeterminación”.
En los últimos años, muchos partidos de izquierda catalanes, en
concreto el PSC e IC, están jugando con el derecho de
autodeterminación, al que ahora denominan derecho a decidir. En este
mes se cumplen cinco años de la muerte de Jordi Solé Tura. Uno
siente nostalgia de ciertos viejos políticos, de su forma analítica
y racional de enfocar los problemas, de sus vastos conocimientos, de
su coherencia con unos principios, de emitir opiniones sin estar
obsesionados por la repercusión de las mismas en las encuestas en
los sondeos y en las próximas elecciones.
La corrupción económica hace mucho daño al sistema democrático. Pero
también hace daño, quizás más, la ignorancia y el relativismo moral:
juguemos al derecho a decidir, parece que una mayoría lo quiere, no
vaya a ser que perdamos votos. Solé Tura era de una madera distinta.
Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.
Pontificar con tópicos
Rafael Arenas www.cronicaglobal.com 14 Noviembre 2014
Hay días especialmente propicios para pontificar. El 10 de noviembre
fue, sin duda, uno de ellos.
La víspera se había vivido una jornada excepcional por diversas
razones: varias administraciones públicas (Generalidad de Cataluña)
y administraciones locales) completaron su expresa desobediencia a
la legalidad y colaboraron en una denominada jornada de
participación ciudadana que en realidad era un referéndum de
autodeterminación encubierto y carente de garantías democráticas. De
acuerdo con los organizadores, algo más de dos millones de personas
participaron en dicha jornada, alcanzando la opción independentista
un 80% de los votos emitidos; aproximadamente 1.800.000.
Tan solo la mera descripción de lo sucedido impresiona; por lo que
no es extraño que los periodistas, tertulianos y hasta los políticos
se vieran compelidos a poner de manifiesto su valoración de la
jornada; y así con aire solemne nos regalaron sus reflexiones sobre
el día 9 y sus consecuencias. Escuchando o leyendo algunas de estas
reflexiones me invadió una gran desazón.
La sensación que tenía (y de ahí el título de estas líneas) es que
el periodista o tertuliano se había limitado a desempolvar los
argumentos que tenía guardados de Diadas o manifestaciones
anteriores y los había proyectado sobre la jornada del día 9 como si
todos los tópicos resultaran intercambiables. Así se habló de
necesidad de escuchar la voz de los dos millones de catalanes que
habían salido a la calle, que era preciso sentarse a negociar, que
era la hora de la política, etc. O sea, lo mismo que se podía oír o
leer tras la Diada o cualquier otra concentración multitudinaria. En
definitiva, una superficialidad enervante.
Porque lo que pasó el día 9 de noviembre no fue una manifestación y,
por tanto, la valoración que se haga de la misma no puede apoyarse
sin mayor reflexión en los mismos argumentos que se hacen servir
para las concentraciones que se convocan en las calles. Para empezar
las manifestaciones son legales y lo que sucedió el día 9 no lo es;
lo que, como veremos, algún espacio debería tener en las reflexiones
sobre el tema; pero prefiero dejar eso para más adelante y detenerme
en las que separan una votación, como era materialmente la del día
9, y una manifestación.
En la manifestación no se realiza una convocatoria personalizada,
sino que simplemente se hace una llamada general que cada uno puede
atender o no sin mayor trámite que presentarse en el lugar de la
convocatoria en el momento solicitado. Cierto es que a efectos
organizativos puede recomendarse un registro previo, tal como se ha
acostumbrado a hacer la ANC; pero este registro previo en ningún
caso impide que se participe en la concentración sin más,
simplemente acudiendo al lugar y hora fijados.
En una votación, en cambio, la convocatoria es individualizada. En
la del día 9 de noviembre los catalanes fuimos llamados a participar
nominalmente mediante la llegada de un folleto informativo a los
domicilios; y además existieron llamadas dirigidas directamente a
los hogares catalanes para fomentar la participación, lo que en el
caso de las manifestaciones es infrecuente, aunque puede darse.
Finalmente, todos los elementos de convocatoria presentes en las
manifestaciones “ordinarias” se dieron: llamadas públicas de los
representantes políticos, utilización de publicidad en la calle, en
televisión o en los cines, anuncios en prensa, etc. Todo esto, sin
embargo, no ha de hacernos olvidar que la convocatoria en las
votaciones es individualizada, lo que, como digo, marca una
importante diferencia con las manifestaciones.
En el caso de las votaciones, además, no es preciso desplazarse a un
lugar determinado en un momento concreto. Se habilitan locales de
participación cerca de los domicilios, de tal manera que no sea
necesario –en circunstancias normales- ni siquiera utilizar un
transporte público para llegar al punto en el que se ha de
participar. Además no es preciso acudir a una hora determinada, sino
que se disponen de varias horas (11 si no estoy equivocado en el
caso de la consulta del día 9) para desplazarse y realizar la tarea
de depositar una papeleta en una urna.
Estas diferencias hacen que plantear la jornada del día 9 en los
términos de una manifestación puntual y localizada y juzgar a partir
de ella la participación carece completamente de sentido. En una
manifestación solamente participan quienes están especialmente
movilizados y por eso la concentración resulta relevante no por el
número de personas que participan, sino porque se asume que tales
personas solamente son la punta del iceberg, la parte más activa de
un colectivo mucho mayor y cuyo número será el resultado de
multiplicar a los concentrados por un determinado factor que siempre
resulta difícil de cuantificar, pero que en cualquier caso implica
ir más allá del número estricto de manifestados.
El caso de las últimas Diadas convocadas por la ANC es claro al
respecto. Más allá de las fantásticas cifras con las que nos regalan
los oídos los propagandistas de la secesión lo más probable es que
la Diada de 2012 reuniera a medio millón de personas, la de 2013 (la
Vía) a unas 800.000 y la de 2014 (la “V”) entre 500.000 y 700.000
personas (tirando para arriba). La imagen de más de medio millón de
personas reunidas en un solo lugar es visualmente impresionante;
pero realmente las cifras que acabo de dar no resultan determinantes
en el contexto político de una región como Cataluña en la que tienen
derecho de voto más de cinco millones de personas. Estas cifras se
mueven entre el 10 y el 15 por ciento de esa masa de votantes, por
lo que consideradas aisladamente tienen un significado relativo. Lo
importante es que se asume que tales cifras han de ser multiplicadas
por un determinado factor para identificar cuántas personas
realmente apoyan las posturas de los manifestantes. Si el factor es
simplemente 2 una manifestación como la de la Via de 2013 se
convierte en más de millón y medio de votos, lo que resulta ya
bastante relevante desde una perspectiva política.
En una votación, sin embargo, ese factor de multiplicación no
existe. Los que votan son lo que votan y ya está. Es por ello que me
sorprende que se hable en los editoriales y en las tertulias de la
jornada del día 9 como si de ella se desprendiera que existe una
mayoría social a favor de la independencia cuando tan solo 1.800.000
personas optaron por ella en relación a un censo ampliado por la
Generalitat que superaba los seis millones de personas. Me
sorprenden las constantes llamadas a tener en cuenta la voluntad de
ese millón ochocientos mil votantes y lo escaso en la consideración
de los más de cuatro millones de personas que o bien no votaron o
votaron en contra de la independencia. Los precipitados análisis de
algunos parecen directamente extraídos de sus reflexiones, ya llenas
de polvo, de la reciente Diada y han pretendido trasladarlas sin más
a un fenómeno que no tiene nada que ver con ello.
Es verdad, por otra parte, que en las votaciones se asume que los
únicos que cuentan son los votos emitidos, no los que no se han
emitido, de tal forma que los que no han votado deben someterse al
criterio de los que sí han acudido a las urnas. He escuchado en la
radio hace poco este argumento al señor Alfred Bosch, de ERC. De
acuerdo con él deberíamos quedarnos con los votos emitidos (algo más
de dos millones) y considerar que la voluntad independentista de los
catalanes es amplísima, puesto que de esos votos emitidos el 80% es
favorable a la independencia.
El argumento no se sostiene porque esa vinculación de quien no ha
votado a lo decidido por quienes han votado es una ficción que se
basa en una norma jurídica que así lo establece. Es decir, solamente
opera en las votaciones legales, condición de legalidad de la que
evidentemente carece la del día 9, por lo que ninguna vinculación se
deriva para quienes no han votado de lo decidido por quienes no han
votado. Tratándose como era de una votación ilegal lo que se
pretendía era conseguir una máxima movilización con el fin de que la
participación supliera la falta de legitimidad de la convocatoria.
Desde esta perspectiva que la participación se quedará en un 35% de
quienes podían votar (siempre de acuerdo con los datos de los
organizadores, carentes de contraste neutral y, por tanto, de
garantías democráticas) no debería considerarse suficiente como para
entender que la voluntad de los ciudadanos que se han movilizado
limita de alguna forma el status quo que se pretendía alterar por
medio de esta jornada de participación. En definitiva, de que hayan
votado algo más de dos millones de personas de las llamadas a
acercarse a las urnas, y que de esas un millón ochocientas mil hayan
optado por la independencia no permite inferir más que el
independentismo es un movimiento significativo pero minoritario en
la sociedad catalana.
Y con esto llegamos al último punto: el carácter ilegal de la
convocatoria. Es sorprendente cómo muchos pasan de puntillas sobre
este extremo que es crucial. La convocatoria suspendida por el
Tribunal Constitucional fue llevada a cabo por la administración de
la Generalitat y las administraciones locales con total impunidad
(hasta ahora) y en una actitud francamente desafiante al Estado de
Derecho. Entiendo que esto no es en absoluto irrelevante. Algunos
parecen pretender -podría ser que incluso el propio líder del PSOE-
que el que dos millones de votantes sobre seis millones hayan
acudido a la convocatoria “sana” los vicios de legalidad de la
convocatoria.
Tremenda irresponsabilidad seguir esa vía. El Derecho es más
importante para la sociedad de lo que algunos parecen creer y en un
Estado democrático como es el nuestro las normas jurídicas y las
decisiones judiciales gozan del respaldo indirecto de la voluntad
popular (ésta sí, ya correctamente formada a partir de
procedimientos que establecen las garantías democráticas
necesarias). No podemos girar la cabeza cuando se produce una
vulneración de la norma, y menos cuando el infractor son autoridades
públicas. El que este punto esté prácticamente ausente de muchos de
los análisis que he leído me parece de una extraordinaria gravedad.
No pueden trasladarse las demandas de negociación y “hacer política”
que suelen seguir a una manifestación legal y multitudinaria a una
jornada como la que vivimos el día 9 de noviembre. Ni los que en
ella manifestaron su voluntad de independencia son mayoría ni el
respeto al Estado de Derecho puede ser considerado como una minucia
sin importancia.
Quizás haya llegado el momento de que en Cataluña y en el resto de
España sea la mayoría y no la minoría quien se coloque en el centro
de la política, y sería exigible que quienes crean opinión tuvieran
en cuenta que si los casi dos millones que, parece ser, el domingo
optaron por la independencia de Cataluña merecen ser escuchados, el
mismo derecho tienen quienes el domingo optaron por no participar en
un acto que legalmente no debería haberse producido.
Los tópicos son un veneno mortal para la salud de la sociedad. El
rigor un alimento del que estamos muy escasos.
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