AGLI Recortes de Prensa   Viernes 14 Noviembre  2014

Claves racionales de lo irracional
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 14 Noviembre 2014

En primer lugar, ha operado sin duda el mecanismo primario del afán de poder. Y en paralelo al incentivo del poder, está la codicia.

Está más que demostrado que la secesión no procuraría el bien de los ciudadanos de Cataluña, sino que les infligiría considerables perjuicios en terrenos tan vitales como el comercial, el social, el político y el financiero. Se plantea así una cuestión de enorme interés. ¿Por qué una clase política catalana que debe su existencia a la democracia constitucional española ha dedicado treinta y cinco años a insuflar en sus conciudadanos el odio a la matriz nacional común y el desprecio por todo lo español, a extirpar del espacio oficial y público y del sistema educativo la lengua común de todos los españoles y a crear el clima de opinión y el ánimo psicológico colectivo favorable a la separación de Cataluña y España?

Intentemos buscar los ejes racionales de una actuación en principio tan irracional como la de los nacionalistas persiguiendo de manera tan entusiasta la ruina de Cataluña como sociedad y la voladura de España como Nación.

En primer lugar, ha operado sin duda el mecanismo primario del afán de poder. Una Cataluña separada de España y aherrojada por la imposición de una lengua ritual y de una cultura jibarizada reduce el campo de competencia para unas elites políticas y culturales mediocres y provincianas que se aseguran de esta forma un más fácil acceso a las poltronas, a las prebendas y a los privilegios.

En segundo término, y en paralelo al incentivo del poder, está la codicia. El manejo del erario sin controles ni supervisión externa abre caminos más anchos para su explotación en beneficio propio. Todo queda en casa.

En tercero, encontramos la vanidad. Para los jefecillos tribales catalanes la imagen que tienen de sí mismos como cabezas de su ratón nacional inventado es más grata que como integrantes de la cola del león español en la que se ha acabado situando una Cataluña arruinada y esterilizada por su incompetencia. En una esfera pública mucho más amplia y en la que el nivel de exigencia de calidad es necesariamente más apremiante sus diminutas personalidades quedan tristemente desdibujadas y eso es algo que sus inflados egos no pueden soportar.

Por último, salta a la vista un factor que ha estado presente desde la Transición hasta hoy, pero que se ha agudizado por razones obvias en los últimos cuatro años. Me refiero a la necesidad de salvarse de las consecuencias penales de sus abundantes latrocinios y corruptelas. Aunque el problema de la corrupción es general en España, debemos reconocer a la clase política catalana una maestría especial y una desfachatez singular en el arte de la mangancia. Cataluña, que ha perdido el liderazgo económico de España en favor de la Comunidad de Madrid, se ha elevado en cambio a cotas inauditas de venalidad. No es extraño que deseen frenéticamente librarse de los tribunales españoles para cobijarse bajo la suave protección de jueces exclusivamente catalanes, o lo que es lo mismo, nacionalistas, que ya se encargarían ellos de nombrarlos convenientemente.

Por consiguiente, la fiebre patriótica sembrada de cuatribarradas a la cubana, discursos grandiosos, eslóganes encendidos, multitudes en la calle y castellers hercúleos, no obedece a otra cosa que a bajas pasiones propias de personajillos insignificantes que compensan su nula relevancia personal e intelectual, su degradación moral y sus rastreras ambiciones con la invención de agravios históricos, la fabricación de mitos ridículos y la exhibición ruidosa de una épica de butifarra amb mongetes y espardenya. Esta obsesión por salir de España responde a la ansiedad por crear un marco simbólico que les libere de sus miserias y de sus carencias, convirtiéndolas en virtudes heroicas. Si no estuvieran haciendo tanto daño y no les siguiera tanta gente obnubilada por el adoctrinamiento, el miedo o el soborno, serían simplemente risibles.

¿Conflicto político? No, violación de la Ley.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 14 Noviembre 2014

Hace tiempo que la mayoría de los políticos que incumplen la Ley quieren hacer pasar lo que son delitos contemplados claramente en el Código Penal por simples actuaciones políticas. Es muy común oír decir que los problemas políticos no se resuelven con querellas o denuncias. Sin embargo, lo que llaman actuaciones políticas son claramente violaciones flagrantes de la Ley. En el caso de Cataluña, además existe una reincidente burla de la Ley con una actitud de confrontación política como si se tratase de un debate democrático en el que se esgrimen diferentes argumentos para apoyar una especial visión sobre un asunto. Pues no, lo primero que hay que hacer es cumplir con la Ley. Los debates políticos tienen sus propios marcos y escenarios donde encauzarlos, defenderlos y proponer alternativas.

Es evidente que el Gobierno de la Generalidad encabezado por Artur Mas lleva más de dos años delinquiendo y ejerciendo una gestión desleal con el Estado, es decir, con el resto de España. Es un hecho que el Parlamento de Cataluña ha actuado de forma igualmente ilegal y desleal al aprobar el Decreto de convocatoria de la Consulta y la Ley que en su criterio le daba cobertura legal con la premisa de unas competencias inexistentes y que el Tribunal Constitucional suspendió al admitir a trámite la impugnación presentada por el Gobierno de España. Es un hecho que Artur Mas junto a su Gobierno declaró públicamente que seguiría adelante con la consulta a la que llamó “proceso participativo” manteniendo la propaganda oficial y tomando las medidas necesarias para garantizar la apertura de colegios electorales, ubicación de urnas y disposición de papeletas.

Es un hecho que el Gobierno de España procedió nuevamente a impugnar este sucedáneo de consulta ante el Tribunal Constitucional y que este volvió a admitirla a trámite con la premisa de que se trataba del mismo acto impugnado anteriormente y por tanto igualmente quedaría suspendido. Es incuestionable el que la Fiscalía era conocedora de todo lo anterior y también de las intenciones de Artur Mas de no dar marcha atrás en su plan de desobediencia. Finalmente como habían previsto los secesionistas el domingo 9 de noviembre se procedió a abrir los colegios electorales, se constituyeron las mesas de votación y se comenzó con la votación de los ciudadanos. Todo ello sin que la Fiscalía, como era su deber, hiciera nada ni por identificar a los responsables, ni ordenara a las FFyCCSE que impidieran que se siguiera desobedeciendo al Tribunal Constitucional.

Y aquí no existe ninguna eximente al comportamiento de la Fiscalía. Ni siquiera que se amparase en la pretendida “desproporcionalidad” ni en la opinión subjetiva de algún despistado juez que en vez de aplicar la Ley se limitó a hacer juicios de valor para no dictar una sentencia condenatoria. Es por ello que ahora resulta indignante la actitud dubitativa en cuanto a sus futuras actuaciones. Asistimos a un esperpento en el que parece más importante aludir a una increíble independencia funcional, cuando esa Institución está jerarquizada y su responsable máximo lo nombra el Gobierno de España, y parte de los cargos de las Fiscalías regionales los nombran los Gobiernos autonómicos.

El caso es que se ha dejado la toma de decisión a quien debe su cargo al que presuntamente debe acusar de los diferentes delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos. El Fiscal General se ha quitado de en medio cuando solo él es el máximo responsable de la pasividad y complicidad demostrada con ese proceso participativo que el Tribunal Constitucional había ordenado impedir. Es deber de la Fiscalía perseguir el delito sobre todo cuando este ya se ha realizado.

Los ciudadanos tras esta burla de la Ley esperan de sus Instituciones Judiciales, incluida la Fiscalía, que se identifique a los responsables, se les impute por los delitos cometidos y se les ponga a disposición judicial para que el juez dictamine lo que considere oportuno. Nada de eso parece ser asumido por una Fiscalía que ya ha demostrado en ese día del 9N una laxitud culpable y cómplice con los delincuentes. Lo ético seria que el máximo responsable Eduardo Torres Dulce presente su dimisión y si no la hace motu proprio sea cesado.

Con actuaciones como la de la Fiscalía, no les puede extrañar a estos de la casta parásita dirigente que los ciudadanos no crean ni en los jueces ni en la Justicia. La política lo corrompe todo y resulta de un cinismo superlativo querer hacer pasar un delito por una cuestión política.

Regeneración democrática
¿Quieren regenerar? Que lo demuestren
Emilio Campmany Libertad Digital 14 Noviembre 2014

La burra que nos quieren vender PP y PSOE es que la corrupción es cuestión de unos pocos, que el sistema los va detectando y poniendo a disposición de la Justicia y que se van a tomar medidas para que estos casos no vuelvan a producirse. Como puede fácilmente apreciarse, a la burra no le queda un diente y está tan llena de mataduras que tiene el cuerpo hecho un mapa. Porque si los casos de corrupción no fueran más que los normales no habría necesidad de reformar nada. Y lo peor no es eso. Lo peor son las reformas que proponen, que se ve a la legua que no están encaminadas a reformar nada, como la de que los políticos declaren sus bienes antes y después de sus mandatos, como si no lo hicieran ya y no fuera evidente que si tienen cuentas en paraísos fiscales es precisamente para no tener que incluirlas en esas declaraciones. O como la de controlar los viajes que hagan sus señorías a partir de ahora, cuando lo escandaloso es que hasta hoy no tuvieran que justificar ante nadie la naturaleza oficial de los viajes que hacían a costa de nuestro dinero.

En cualquier caso, si es verdad que PP y PSOE arden en deseos de regenerar la vida política española, el caso de Griñán y Chaves les ofrece una oportunidad de oro para demostrarlo.

Hace meses que los dos partidos mayoritarios expresaron su voluntad de disminuir radicalmente el número de aforados que padecemos en España. Muy bien, algo es algo. Y sin embargo ésta es la hora en que todavía no hay un sucio borrador de reforma que vaya por ese camino. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Por qué PP y PSOE no se apresuran a aprobar con carácter de urgencia una norma que prive a diputados y senadores de su privilegio de estar aforados? De ese modo, Griñán y Chavez tendrían que explicarse ante la juez Alaya y dejar que el Supremo cumpla con su verdadera función, la de fijar doctrina en trámite de casación y dejar de instruir causas por el mero hecho de estar envueltos en ellas un par de galopines que da la casualidad que son senadores.

No lo hacen porque creen, quizá con razón, que el Supremo será con ellos siempre más benévolo de lo que lo sería cualquier juez de a pie. Si fuera realmente así, sería intolerable. Y si no lo es porque todos los jueces son en principio igual de justos, ¿qué problema hay en privarles del aforamiento? Algún político tendrá la cara de decir, y no sería la primera vez, que a los aforados les perjudica el aforamiento porque les priva de una segunda instancia a la que recurrir una hipotética condena. Bien, pues que supriman la mayoría de los aforamientos, empezando por los de Griñán y Chaves.

¿Cuánto va a que no lo hacen? Y no haciéndolo, ¿cómo pueden pretender que les creamos sinceros cuando dicen que quieren regenerar la política?

Cataluña
Falsos amigos
José María Albert de Paco Libertad Digital 14 Noviembre 2014

"Viví en Cataluña cinco años y mi hija vive en Cataluña. No conozco ni una sola persona que quiera separarse de España". Tal como Mario Vargas Llosa ha puntualizado, lo que dijo no fue eso, sino que en los cinco años en que residió en Barcelona (principios de los setenta) apenas tuvo noticia de catalanes que fueran partidarios de separarse de España.

En las postrimerías del franquismo, en efecto, el separatismo era residual, y lo siguió siendo en los primeros compases de la joven democracia española. No en vano ninguno de los partidos catalanes con probabilidad de representación acudió a los primeros comicios con la consecución de la independencia estampada en el programa. No la llevaba el PSUC ni, por supuesto, el PSC (el derecho de autodeterminación de los pueblos era una criatura más alusiva al Sáhara que a Cataluña). Tampoco Convergència ni su antecesor, el Pacte Democràtic per Catalunya, asumieron jamás la independencia como objetivo programático. De hecho, la ilegitimidad del actual embate soberanista deriva, en parte, de que CiU no ha incluido ese punto en programa electoral alguno. Y el único documento congresual en que ha hablado de independencia (afirmando su voluntad de "legar al porvenir una Cataluña libre, justa e independiente") data de marzo de 2012, esto es, fue aprobado anteayer. Pero esta enmienda, insisto, no ha sido sometida al crudo sufragio, por lo que, en puridad, el único partido declaradamente independentista ha sido y es ERC, que en 1988, con Joan Hortalà como candidato, apenas reunió el 4% de los votos del electorado catalán.

El revelado de la tinta simpática no deja de ser descorazonador: cuanto más justificado estaba que hubiera nacionalistas, menos nacionalistas hubo.

En cualquier caso, en el mentís de MVL que hoy publican los diarios hay una flagrante inexactitud respecto al titular de ayer, un mal uso de la sinonimia que, a mi modo de ver, ilustra cuanto tiene de trilero el soberanismo. "Vargas Llosa precisa que conoce a 'bastantes' independentistas catalanes", leemos en La Vanguardia. Ciertamente, se hace cada vez más difícil no conocer a alguno. Ahora bien, MVL no habló de "independentistas", sino de "personas que quisieran separarse de España". Y ahí ya no hay tantos. Porque una cosa es la fanfarria y otra la realidad; una cosa es engolfarse en un referéndum de pega y otra dejar a ciegas a tres generaciones de catalanes a los que, dicho sea de paso, no les quedará ni el consuelo de golear al Madrid.

Cataluña
La insoportable levedad de las convicciones democráticas
Antonio Robles Libertad Digital 14 Noviembre 2014

"Salve, César, los que van a morir te saludan". Esta es la última coreografía teatral de los héroes de la independencia. Ante la amenaza de la Fiscalía de procesar a Artur Mas, un grupo de diputados se han sumado voluntariamente a la imputación. Los que van a seguir trincando del erario público sin riesgo alguno para sus vidas y haciendas quieren emular la rebelión de Fuente Ovejuna. Ellos y el teatro pequeñoburgués.

¡Qué plaga seudodemócrata! No paran ante nada, pervierten valores, palabras, referencias morales, historia... todo. Tienen la seguridad de que no pagarán por ello.

Entre los héroes de salón destaca el socialista del PSC Josep Montilla: "Yo apoyaré a Más si le denuncian; es mi presidente".

¡Qué duro es ser un converso a jornada completa! Día y noche has de demostrar ser más catalanista que el corazón incorrupto de Macià. La levedad intelectual de sus convicciones democráticas es patética. Y su capacidad intelectual, nula. ¿Un presidente no puede ser denunciado? En una democracia, Sr. Montilla, nadie, ni el presidente de Gobierno, está a salvo de las leyes si las viola. La cuestión no es si es presidente, sino si delinque. Pero el remate es aún peor: "Es mi presidente", dice como justificación, sin percibir la coz que le da a la separación de poderes. ¿Fue por eso por lo que nunca denunció el 3% de Jordi Pujol? ¿Se hubiera puesto al lado de Felipe González por el mero hecho de ser su presidente si le hubieran imputado en el caso GAL?

No fue el único, de hecho, a estas horas serán ya docenas. Saben que no les costará nada. Es el caso de los diputados convergentes Josep Rull y Carlos Puigdemont. Publicaron su foto votando: "Señor fiscal, el 9-N voté. Si se querella contra el president Mas, queréllese contra mí también". La rebelión de cartón es la misma, pero la cobardía y la manipulación mayores -pretender esparcir entre la ciudadanía que el fiscal perseguirá a todos cuantos votaron en el 9-N, cuando la Fiscalía ha dejado claro desde el principio que no serán imputados ni voluntarios ni funcionarios- es un intento de violentar a los ciudadanos. Pedagogía del odio. Sucio, muy sucio. Satanizar hasta convertir al Estado en el hombre del saco. ¡Qué insoportable pasividad intelectual ante tan burda manipulación!

Y mientras esta degradación de la inteligencia campa a sus anchas, los teóricos del diálogo no dejan de repetir: "Es la hora de hacer política". Bueno, política, lo que se dice política, es lo único que se ha hecho hasta ahora, de lo contrario hace días que Artur Mas estaría entre rejas.

Y por si faltaba alguno, parió Garzón: "Sería demencial proponer una medida cautelar de suspensión del presidente [Artur Mas]". Sí, me refiero al juez Baltasar Garzón, aquel Robin Hood de la prevaricación, que siempre tuvo como norma adecuar el ordenamiento jurídico a su ideología. Como ahora, que en RAC-1 ha justificado no juzgar a Artur Mas porque sería un "suicidio político" para el Gobierno de Mariano Rajoy, además de ser “el mejor favor a los que avalan el proceso de independencia”. Dicho de otro modo, lo que nos viene a decir Garzón es que las leyes no lo permiten, pero políticamente sería un error aplicarlas. Ese, señor juez, es el camino más corto a la ruina de cualquier Estado, especialmente si es un Estado de Derecho.

Cataluña
Para apagar el incendio independentista
Cristina Losada Libertad Digital 14 Noviembre 2014

Cuando uno descubre que hay un incendio en su casa no llama a una empresa de prevención de incendios para que diseñe una nueva instalación. Como dijo Disraeli, lo primero que uno hace, salvo que uno sea un lunático, es llamar a los bomberos. Esto, así dicho, parece lo sensato y además lo es. Sin embargo, hay no poca gente en España que quiere convencer al público de que para apagar el incendio del independentismo catalán es preciso diseñar una nueva instalación: una reforma constitucional.

El PSOE viene propugnando ese rediseño desde que lo convirtió en la fórmula para conjugar el apoyo del PSC al derecho a decidir en Cataluña con la defensa del orden constitucional en el resto de España. En qué consistiría exactamente es cosa que todavía no han logrado poner negro sobre blanco. Sea como fuere, poca duda hay de que el objeto del proyecto socialista es ofrecer al nacionalismo catalán un nuevo y cómodo sofá para ver si se baja del carro independentista. Como ese propósito no resulta del todo presentable en sociedad, han argüido que cambiar la Constitución sería enormemente beneficioso para que los españoles recuperasen la confianza en el sistema político.

Bajo unas u otras argumentaciones, la reforma constitucional es traída a escena en cada ocasión más o menos crítica, como ha sido sin ir más lejos el 9-N. Se diría que hay un grupo de interés decidido a colocar la tal reforma como panacea, y tanto para el asunto catalán como para el resto de los problemas de España. Problemas, por cierto, cuya extrema gravedad no se detectó durante los primeros veinte años de vigencia de la Constitución, sino sólo a raíz de la crisis económica, es decir, desde 2008.

Yo no sé si los que presionan por su reforma están poseídos por lo que Ruiz Soroa ha llamado el "fetichismo constitucional", una patología que se ha dado con alguna frecuencia en España, donde se han hecho y deshecho Constituciones en la creencia de que "los problemas que el proceso político cotidiano no era capaz de tratar eficazmente" los solucionaría como por arte de magia la reescritura del texto constitucional. En lugar de dedicarse a paliar los problemas, todas las energías políticas se desviaban hacia el diseño de la nueva Constitución, y así hasta la crisis siguiente, en la que se reproduciría el proceso.

No lo sé, decía, pero parece evidente que los promotores de la reforma constitucional sí pretenden que la opinión pública crea que es el ungüento amarillo. En épocas de crisis profundas siempre hay público para los que ofrecen remedios drásticos y soluciones definitivas, sobre todo si suenan fáciles. Y, sí, es más fácil cambiar una Constitución que cambiar los comportamientos políticos. El pequeño detalle es que la mayor parte de las disfunciones existentes procede de los segundos.

Aunque presenten la reforma como el elixir curalotodo, y en realidad precisamente porque lo hacen, el principal propósito de tal proyecto es resolver el problema catalán. Y eso sólo se conseguiría si se le ofrece al nacionalismo secesionista una fáctica independencia de Cataluña, de tal manera que no les haga falta proclamar, al menos durante un tiempo, la independencia. Claro que esto no es ni una reforma ni una solución. Se parece mucho a una disolución.

Palabras, gestos, cosas
J. L. González Quirós www.vozpopuli.com 14 Noviembre 2014

Josep Plá dejó dicho de la II República que fue un régimen hablado, y no lo hacía en tono elogioso. Ochenta años después, la política española parece refugiarse también en la palabra, pero no se trata de hablar, sino de repetir, de sacar sustancia a ese increíble conjunto de técnicas que poseemos para amplificar, simular y disfrazar cualquier mensaje, para privar a la palabra de cualquier efecto, salvo del intento de halagar al oyente. Nuestros políticos rayan muy alto en las artes del mutis, la simplificación y el eufemismo, no parecen dispuestos a amargarnos la vida diciéndonos una palabra verdadera, a lo sumo se acogen a ese milagro semántico que según Schopenhauer ocurría con las obras de Hegel: que el filósofo se limitaba a poner las palabras para que sus lectores pusieran el sentido.

Gobernantes y gobernados
No es de extrañar, pues, que el clima político se concrete en una densa niebla de sospecha hacia los gobernantes, en un trance de deslegitimación que supera cualquier clase de argumentos formales, y es esta sensación de desistimiento popular respecto al sistema político el que lleva a que abunden los presagios de hundimiento, los signos de inminencia de final de ciclo.

Era previsible, por ejemplo, que tras largas discusiones sobre si se llevaría a efecto o no el referéndum catalán, vendrían pesadas disputas sobre si se ha celebrado o no. Sus promotores aplauden su enorme éxito como algo sin precedentes, mientras que los que creyeron poder prohibirlo juegan a verlo como algo no ya ilegal sino irreal, como un juego sin valor alguno. Apenas puede ponerse un ejemplo mejor de cómo la política española se está reduciendo a un juego de palabras en el que el señor Sánchez, uno de los nuevos actores, apuesta por un talismán que se llama “reforma de la Constitución”, sin decir en qué sentido va a hacerse, a quién va a dar la razón y a quién va a quitársela, como si la política consistiera, simplemente, en encontrar la palabra que encaje en el encasillado del juego de mesa.

Pero el descontento es real, y no se cura con palabras sino con acciones, la economía sigue lánguidamente endeble, la corrupción ya no sorprende a nadie, salvo a algunos de sus responsables que se asombran del caso creyendo que eso va a librarles del desprecio social y el descalabro electoral, y el desapego a los actores tradicionales aumenta a cada hora que pasa.

La ley, esa cosa con plumas
Los ciudadanos que ven cómo Hacienda les levanta sin contemplaciones el dinero de sus cuentas, comprueban que, en cambio, hay registros, policiales o judiciales, que no encuentran nada porque previamente ha habido altos avisos para que se proceda a ocultar lo que fuere menester, observan cómo las escasas penas a los políticos pasan a toda prisa, y que los procesos se alargan tanto que hasta las víctimas piden que se licencie al culpable para no morir de aburrimiento por la espera. La ley es una cosa flexible cuando se trata de aplicar a los que mandan, y una cosa insobornablemente rígida cuando se administra a particulares sin relieve, “al indiferente la legislación vigente”, como asevera el dicho popular.

Ni los fiscales se ponen de acuerdo para saber si el señor Mas ha hecho algo de más o de menos cuando toda España ha visto que se ha tomado al Gobierno y al Tribunal Constitucional como al pito del sereno, y los más optimistas se atreven a adivinar para el caso un proceso tediosamente confuso tras el que se impondrá alguna condecoración al pirata. El Presidente ha explicado todo esto con su labia habitual, se trata de ser prudente y de dejar que las cosas funcionen por sus cauces y a su manera, sin esas prisas que todo lo confunden.

El Rey de píe, los ciudadanos sentados
Una escena reciente puede servir mejor que mil palabras para explicar el descreimiento y la absoluta falta de respeto hacia los que nos gobiernan: los reyes fueron a dar el pésame a los familiares de las víctimas de Cieza, y cuando se acercaron a saludar a los afectados ni uno solo se puso de píe, algo que parece obligado con cualquier persona que se acerque a darnos la mano cuando estamos sentados. Tal desaire muestra hasta qué punto ha llegado el olvido de las más elementales reglas de la urbanidad, de qué manera la chabacanería y la mala educación se han hecho los dueños del espacio público, pero también cómo las autoridades son vistas como un atrezzo inútil y costoso. Llama la atención, en todo caso, la inutilidad de los ayudantes y encargados de protocolo de los reyes que no han sabido hacer una mínima indicación a los familiares para evitar una imagen tan desmoralizadora.

La figura del Rey en esa escena puede verse como una metáfora de lo que le puede ocurrir a cualquiera que se proponga simplemente cumplir con sus obligaciones: que se encontrará con una atmósfera de desdén, indiferencia y pereza capaz de desanimar al más pintado. Entre gobernantes y gobernados no hay la menor sintonía, ni un adarme de colaboración y complicidad, porque son inmensidad los españoles que han llegado a creerse que todo les es debido, especialmente ahora que Podemos promete dárselo, sin que ellos deban hacer nada, sin que los ciudadanos tengan ni obligaciones ni responsabilidades, entre otras cosas porque ya se encarga la administración de cobrar lo que se le debe con una diligencia que desprecia cualquier cautela, de forma que el español se siente el rey del mambo salvo cuando le cae la mala fortuna de que se fijen en él para financiar algún capricho extraordinario.

Esta convicción de que el Estado nos lo debe todo alcanza en Cataluña cotas casi escandalosas, pero no sólo en esas latitudes, porque, de lo contrario, sería imposible comprender que una enferma que se ha librado de un virus potencialmente mortal en medio de gastos absolutamente extraordinarios, y en una atmósfera de pavor, le pida ahora a la administración sanitaria, unos cientos de miles de euros, porque, según estiman ella y sus abogados, su imagen ha sido vulnerada.

Mi reino por un caballo
Ante las situaciones graves y/o desesperadas no bastan las frases, aunque sirvan de consuelo a los cronistas. Hace falta determinación, y eso significa hacer política, lo que tienen que hacer los partidos, los que en ellos militan y sepan hacer algo distinto a decir que sí a los frecuentes disparates con los que sus dirigentes tratan de salir al paso, lo que exige recordar que la política es algo muy distinto a la mera administración. Tal vez uno de los síntomas más preocupantes de la situación actual es que abunden los partidarios de ponerlo todo en manos de una especie de “abeja reina” de la administración que, tacita a tacita, se ha ido haciendo con los resortes que aparentan mover este reino de Kakania, no saben hasta qué punto se equivocan.

España vertebraba
JOSÉ FÉLIX PÉREZ-ORIVE CARCELLER, ABOGADO. ABC 14 Noviembre 2014

· La integración de una nación, más que una premisa es una consecuencia. Su firmeza radica en compartir un proyecto de vida que ahora se adjetiva de “ilusionante’’. Lo del “proyecto ilusionante’’ en el caso de Cataluña corre parejo al problema acaecido: una horrible gestión del tripartito y una aguda crisis económica facilitaron a sus herederos más oportunistas desviar recursos hacia el soberanismo culpando a España de sus males

ESPAÑA, con quinientos años de historia, está vertebrada. De lo contrario, se hubiera fracturado con los desmesurados embates que recibe y la prudencia con la que se la defiende. Su consistencia parece forjarla un blindaje invisible de la Constitución, Televisión Española, el deporte español, el idioma castellano, el mercado interior, la Unión Europea…; y como contrafuerte, la esencia patria que representa la Corona.

Pero, la experiencia del 9-N que acabamos de vivir, ¿no es acaso prueba de desvertebración? Todo conduce a pensarlo, pero quizá solo en un plano exterior y en un determinado porcentaje que no hay que minimizar. Los nacionalistas rara vez se salen con la suya: los tibetanos reclaman a China una cuarta parte de su territorio y Escocia y Quebec siguen diciendo que en sus referendos les engañaron. A la hora de la verdad, un concepto motor basado en la duda legal, la fractura familiar y la aventura económica, genera «una fuerza menor» que no puede con estructuras más consolidadas.

La Constitución ha sido el argumento de cohesión más invocado durante el proceso del 9-N. La ley, como suprema ratio, ha «sobrevivido» ayudada por un miedo funambulista, originando un respeto que, sin llegar al aprobado alto, no tuvo en tiempos de la República. Conforme se vaya poniendo más a prueba se desgastará y como cualquier engranaje delicado, podría aconsejarse su revisión si los cambios fueran pocos e imprescindibles para la convivencia futura.

Más inadvertida ha pasado la aportación de Televisión Española al acoplamiento de España. En su papel integrador ha dado clases de historia, literatura o gastronomía, así como ha proveído de noticias que intereses particulares ocultaban en otras cadenas, dejando un poso patrio tan profundo que se estima en un setenta por ciento superior al que participó en el pasado comicio, en que vimos, gracias a ella, a un Junqueras que, en un alarde democrático, se nombraba presidente de la mesa de las votaciones, votaba y decidía sobre lo votado. Para terminar, la televisión también en su día exhibió los éxitos de la «Roja» o la «Davis» que han permitido una cohesión entusiasta y circunstancial.

Lo que no es circunstancial es el auge mundial de nuestro idioma y su asentamiento nacional, en donde el 98% de los españoles hablan el castellano, mientras que el mandarín solo lo platican la mitad de los chinos y el catalán, el 78% de los catalanes. Estos datos deberían desdramatizar el debate de las clases de español en las comunidades bilingües; sin olvidar de contrario el pragmatismo de Irlanda, que con un estado propio, adopta el inglés como suyo y reconoce la enseñanza de su lengua detrás de la del español y el alemán.

Otro factor de estabilidad es el mercado interior. Es cierto que las grandes compañías catalanas han evitado hasta ahora singularizarse, pero sus decisiones silenciosas y los presupuestos de publicidad subliminal, apoyando la idea de unidad (la Caixa en los programas deportivos) han sido concluyentes, y llegado el momento lo serán más. Es obvio que el desenlace de los cismas es arriesgado por imprevisible. En Checoslovaquia, que vivió una de las rupturas más amistosas conocidas, para cubrir por avión los trescientos cincuenta kilómetros de distancia entre capitales ahora se precisan cuatro horas.

En 2011, ABC avanzaba que Europa, ya tocada por la crisis, no podía asumir el fenómeno separatista, consciente de la diferencia que hay entre gestionar veintiocho países y lidiar con la fuerza centrífuga de un centenar de regiones. Claro que esas pulsiones tampoco son fijas. En la manifestación de la Diada, alguien recordaba el desfilar por la Diagonal, hace cincuenta años, de las centurias de la falange con hachones de fuego jaleadas por masas enfebrecidas que no entonaban «El Segadors» precisamente. Esas masas ingrávidas gritan más el dolor de los ochocientos mil parados en Cataluña que su remedio, que desearían creer que es la independencia. Su vacilación podría galvanizarla un aumento del empleo, un liderazgo más centrado en Cataluña, una pedagogía nacional sustituyendo las emociones prefabricadas; o incluso una película, como ocurrió en el País Vasco.

La lista de los factores de vertebración citados no se daban (la mayoría ni existían) en tiempos de don José Ortega y Gasset cuando escribió «España invertebrada». Otra cosa sería exagerar las virtudes de la integración nacional, pues un país puede convertirse en un estado fallido (pensemos en nuestros recientes y bochornosos escándalos de corrupción) con toda su osamenta en regla. De ahí que ensimismarnos en lo constitutivo, unos y otros, cuando patina el fundamento moral, puede ser enfocar el problema equivocado.

A pesar de nuestra relativa vertebración, un chaparrón de astenia ha empañado últimamente la visión de nuestro futuro. Aunque el separatismo lo tenga complicado, la unidad absoluta es imposible. La integración de una nación, más que una premisa es una consecuencia. Su firmeza radica en compartir un proyecto de vida que con cursilería ahora se adjetiva de «ilusionante». Lo del «proyecto ilusionante» en el caso de Cataluña corre parejo al problema acaecido: una horrible gestión del tripartito y una aguda crisis económica facilitaron a sus herederos más oportunistas desviar recursos hacia el soberanismo culpando a España de sus males. A esos líderes, la sociedad ha de llevarlos a los tribunales, para no enviar la señal equivocada de que la próxima vez será más fácil. Ahora bien, una cosa es el respeto a la ley y otra la solución del problema. Si el diagnóstico fuese acertado, la opción sería «trabajo y oportunidades»; algo que llevará tiempo, aunque el hartazgo ciudadano juega a favor del Gobierno. Entretanto, unas conversaciones publicitadas y argumentadas dentro de la ley, y centradas en la economía (buscando el virtuoso equilibrio entre justicia y solidaridad) ayudarán en unas próximas elecciones que no hay que temer. Las «plebiscitarias» sacarían a la calle a la Cataluña recuperable y permitirían trasmitir otro punto de vista. Decía Renan que una nación es un plebiscito cotidiano. Cuando a principios de siglo parecía que nos íbamos a convertir en la séptima economía del mundo, todos los españoles tenían un proyecto por el que hubieran votado. Ni era la independencia ni era la unidad. ¿Recuerdan cuál era?: el suyo.

Las asociaciones constitucionalistas catalanas han de trasladar a sus paisanos y familiares que el drama de la independencia sería el que experimentase un buen leñador trabajando en los Monegros, con mayor posibilidad de encontrar trabajo en España que en una Cataluña aislada. Porque: si para seguir en el euro necesitaría la aprobación de Europa, si para entrar en Europa precisaría la aprobación de España, si para vender sus productos en Andalucía requeriría la connivencia de los andaluces o si para jugar en la liga tendría que pedir permiso al Real Madrid, ¿se puede explicar de qué tipo de independencia estaríamos hablando? ¿Resultaría acaso, ese, un proyecto atractivo? No. Su plebiscito cotidiano como nación sería desolador; y su error, buscar soluciones a corto plazo, en fórmulas de maduración longeva.

Fichte y la idea de nación
Fichte elabora los principios de una nueva educación universal que potencie el desarrollo de las habilidades cognitivas, y que supere el egoísmo
José Manuel López García  www.diariosigloxxi.com 14 Noviembre 2014

Al cumplirse en 2014 doscientos años de la muerte de Fichte su filosofía sigue presente, porque impulsa la acción creadora y renovadora de la reflexión aplicada a la realidad. Este gran pensador alemán considera que la auténtica fuerza transformadora del Estado es la puesta en práctica de un programa educativo que cambie la situación de la nación. Se comprende que escriba en sus Discursos a la nación alemana: «Que el Estado y sus consejeros no teman enfrentarse con su auténtica situación real y conocerla; que comprenda animosamente que no le queda otro campo de acción en que poder actuar y decidir como un Estado auténtico, originaria e independientemente, que el de la educación de las generaciones futuras […]. Que la consideración de la lejanía del resultado esperado no haga al Estado y a sus consejeros negligentes en el comienzo de esta tarea.» Indudablemente, este filósofo idealista afirma la unidad de Alemania y la fundamenta en la historia, la cultura y el pasado político de esta nación. El lenguaje alemán o el tronco común del que proviene es otra de las razones para la reafirmación de lo alemán como algo definible de modo claro.

Fichte elabora los principios de una nueva educación universal que potencie el desarrollo de las habilidades cognitivas, y que supere el egoísmo. Reitera la necesidad de seguir el instinto ético presente en todo niño para a través del dominio de sí mismo y la autosuperación lograr que las tendencias egoístas se reorienten y subordinen, en cierta medida, a la idea del todo interpretada como Nación. A principios del siglo XIX Alemania estaba dividida en una multiplicidad de organizaciones políticas autónomas que, a juicio, de Fichte no facilitan la superación de los inconvenientes propios de la organización estamental de la sociedad alemana. Las funciones de la educación son múltiples. Fichte indica acertadamente que una de ellas debe ser la transformación del espíritu egoísta que impera en el Estado, y también la capacidad de discernir lo que es un orden social ideal y su potencial actualización mediante el esfuerzo sostenido y continuado de los individuos que conforman la nación.

El interés emancipador de las ideas fichteanas acerca de la nación alemana se expresa muy claramente en el párrafo final de los Fragmentos políticos de los años 1807 y 1813: «Y partiendo de lo considerado hasta ahora, vemos que el concepto de unidad del pueblo alemán es algo todavía no real, sino un postulado general del futuro. Pero no significará ningún tipo de propiedad especial como pueblo, sino que hará del ciudadano libre una realidad.» Lo bueno es el valor esencial que ha de dirigir los impulsos humanos tanto desde una perspectiva tanto educativa como política y social según Fichte. La consideración por este gran pensador de la afirmación espiritual del carácter nacional de los alemanes por encima del Estado o incluso sin la existencia del mismo es reveladora. Ya que pone de relieve la decisiva significación de un sentimiento nacional como pueblo o como conjunto de ciudadanos. Porque lo que quiere superar es los enfrentamientos territoriales, y las luchas de poder causadas por la división de Alemania. La idea de nación, por tanto, es uno de los principios impulsores de una renovación que unifica las fuerzas de los ciudadanos en el sentido de reformar numerosos aspectos sociales y políticos propiciando el bienestar colectivo e individual. Las ideas de Fichte acerca de la idea de nación y su unidad pienso que son aplicables considerando y valorando la distancia histórica a la situación española. Además, es preciso considerar el gran valor de la comunidad hispanohablante.
 

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La Republiqueta
F. JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 14 Noviembre 2014

A ESTE paso, la proclamación de la República Catalana en el balcón de la Plaza de San Jaime será cosa de tres: Pedro Arriola, José Enrique Serrano y un presidente aún por decidir: Artur Mas u Oriol Junqueras. Si la cosa llega al verano, Shrek levantará los brazos con las dos viejas pubillas de las cloacas madrileñas colgando de sus abundosos perniles marronáceos. Si va más deprisa, serán las celestinas del PP y el PSOE las que alzarán a Mas a la condición de Caudillo de la Republiqueta. También es posible que Puturrú de Fuá, antes Pedro Sánchez, proclame a Mas, mediante alzamiento de bíceps y abrazo de pantorrillas, Presidente de la Republiqueta Catalana dentro de la Republiqueja Confederal Colonial Celtibéricodantesca. Y la deuda del Reino de España, sobre todo catalana, que la pague Corinna Zu.

La participación de Arriola, el Doctor Bacterio de Génova 13, en el pronunciamiento catalán depende de la prisa que se dé Rajoy en nombrar heredera a Soraya y de la velocidad de disolución del PP. Si se mantiene el actual ritmo de autodestrucción rajoyano, el afortunado esposo de Celia Villalobos se perderá el festolín separata. Y tampoco es seguro que llegue el maniquí, mnq de Susana Díaz, Ssn Dz, porque el bipartidismo, aun con dos cabezas -huecas- tiene un solo corazón, la soberanía nacional española, y la parada cardiovascular afectará letalmente a ambas. Será entonces Pablo Iglesias, Presidente de la República Popular de los Pueblos de España, el que celebre la epifanía de Shrek y su telón asambleario, que con Puigcorbé y Llach en marrón y negro parece el elenco suplente de Los Miserables.

Comprobada la cobardía del Gobierno y la neutralización del Estado Español, sólo cabe discutir el homenot -dejo a elpais.cat la traducción de este concepto del asqueroso franquista Josep Pla- que proclamará la republiqueta: Junqueras en junio o Mas en abril. Como el privilegiado magín de Moragas, Soraya, Cebrián y Godó alumbrará una estrategia para favorecer al pujolismo frente al asambleísmo esquerrano, el triunfo de ERC y Podemos es seguro. Lo peor de la república bolivariana y la republiqueta catalana es que volverán los ternos lóbregos a lo Adolfo Domínguez y Lluís Llach retrodebutará en Madrit con L'Estaca, himno podemista.

El acabose.

España no puede avanzar en medio de este caos político
Adolfo Lefort www.elsemanaldigital.com 14 Noviembre 2014

El problema que están generando los nacionalistas catalanes, sin entrar en componentes económicos que justifican algunas de sus exigencias y que también afectan a otras comunidades autónomas, este problema no puede generar una paralización política.

El señor Mas está demostrando la validez del concepto de "agit-prop", agitación y propaganda que siempre ha desarrollado la izquierda. Llevamos dos años pendientes de cada palabra que dice, de cada movimiento que hace. Los medios recogen y publicitan todas sus actuaciones públicas y dejan al gobierno del Estado en una posición compleja: también debe responder a todas sus opiniones y reclamaciones. En fin, parece evidente que en todo este tiempo lleva la iniciativa.

El último elemento es el montaje del 9N que ha llevado al presidente del Gobierno a valorarlo. Mariano Rajoy define el 9N como un acto de propaganda política que incumple la resolución del Tribunal Constitucional. A continuación, expresa un reconocimiento de esa votación cuando afirma que dos de cada tres catalanes no han votado y que es un profundo fracaso del proyecto independentista.

En definitiva, el señor Mas ha conseguido que el señor Rajoy valore el 9N. A partir de este componente todo sigue como estaba (pendientes de la actuación de la fiscalía). El presidente del Gobierno reitera que la única forma de avanzar es modificar la Constitución e invita al señor Mas a que abra esa vía, porque el Parlamento de Cataluña tiene derecho a iniciar ese proceso.

Y manifiesta dos elementos importantes: el Gobierno de España ha cubierto los agujeros negros de la economía y la Administración catalana (en torno a 50.000 millones de euros); y, denuncia que durante toda esta legislatura la Generalitat sólo se ha dedicado a su tema.

Pide Mariano Rajoy que se pongan a trabajar para atajar el paro y mejorar la economía doméstica. A partir de esta situación, que es la misma que antes del 9N, hay opiniones de los diferentes partidos políticos para todos los gustos. Mientras, seguimos conviviendo con un paro que afecta a más de cuatro millones de personas. Con nuevos y continuos casos de corrupción que, afortunadamente, salen a la luz por la excelente actuación de jueces, fiscales y los grupos operativos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Con una situación económica complicada, en la que deberían estar trabajando todos los partidos políticos, en lugar del "y tú más". Seguiremos a la espera de un diálogo razonable, razonado y constructivo.

Mas ya no es el President de los catalanes
Clemente Polo www.cronicaglobal.com 14 Noviembre 2014

¡Vaya noticia!, dirán la mayoría de los lectores, “esto lo sabíamos desde hace mucho tiempo”. Y sí, lo sabíamos, pero la imagen de Mas mostrando arrogante su carnet de identidad en el momento de votar Sí a la independencia, lo aleja de la medida neutralidad que había aparentado mantener hasta ahora y lo convierte en el actor principal –“el responsable soy yo y mi gobierno”, son las palabras con las que desafió a la Fiscalía– de los presuntos delitos que cometió durante la preparación y realización de la fiesta independentista que, contraviniendo la prohibición del Tribunal Constitucional, se celebró en Cataluña el pasado domingo, camuflada como una consulta organizada por entidades privadas pero que en realidad se financió con dinero público, esto es, con los impuestos de todos los catalanes y españoles. Por ello, podemos afirmar que Mas dejó de ser el Presidente de los catalanes el 9 de noviembre de 2014 y se convirtió en el líder de la minoría de catalanes que apoyó la independencia ese día.

Ponerse al frente del movimiento independentista era el verdadero propósito de la consulta-farsa organizada por el gobierno de la Generalidad y los Ayuntamientos catalanes. Mas tenía dos problemas muy graves hasta hace unas semanas. El primero, su deteriorada imagen, asociada con dos gravísimos casos de corrupción y financiación ilegal de su partido. Al caso Palau-CDC en el que está imputado Osàcar, quien fuera su secretario personal entre 2000-2005 y tesorero de la fundación de CDC desde 2005 hasta enero de 2011, se sumó el estallido del “caso Pujol”, un escándalo sin precedentes y cuyas ramificaciones bien pudieran acabar salpicando al propio Mas que fue Consejero de Política Territorial (1995-1997), consejero de Economía (1997–2001) y primer consejero (2001-2003) en los últimos gobiernos que presidió Pujol –su padre político como reconoció el propio Mas–, años en que los que el gobierno catalán licitó multimillonarios contratos en obra pública por los que presuntamente se cobraron comisiones que sirvieron para financiar a CDC.

El segundo problema de Mas y CDC era Junqueras y ERC, de cuyo apoyo dependía su gobierno en el Parlament de Cataluña y cuyo imparable ascenso constataban todas las encuestas electorales. Junqueras se veía ya como el próximo President del gobierno de la Generalitat y ERC como el partido político con mayor respaldo electoral en Cataluña. A Mas, la suspensión de la consulta del 9N ordenada por el TC, le brindó la oportunidad de transformarla en una fiesta independentista indolora, una excelente oportunidad para retomar la iniciativa y presentarse ante los crédulos independentistas como el principal artífice y garante del proceso hacia la independencia, al tiempo que relegaba a su gran rival, Junqueras, a presidir una triste mesa en Sant Vicenç dels Horts. El mensaje que ha querido trasladar Mas es doble. A los independentistas, que el astuto David ha derrotado a Goliat en desigual combate, si bien a diferencia de la historia bíblica, Goliat sigue vivo y con todo su ejército intacto. Y a sus rivales políticos en Cataluña, que cada uno tiene su sitio natural: los amos en la masía del Palau y los masoveros podando las marchitas cepas.

Aunque Mas ha logrado con su audaz golpe de mano recomponer su maltrecha imagen e insuflar cierto optimismo en las alicaídas filas de CDC, tanto su situación personal como la de su partido siguen siendo muy precarias, y ambos acabarán más pronto que tarde pagando un alto precio por lo que han hecho. Al margen de las posibles imputaciones que puedan recaer sobre Mas y sus consejeros a cuentas de la consulta y que la Fiscalía ya investiga, su desleal comportamiento los ha inhabilitado para seguir actuando como interlocutores ante el gobierno español. También la consulta ha reducido la probabilidad de alcanzar un pacto con Iceta y el PSC para acabar la legislatura. A Mas y a su partido sólo les queda una salida medianamente airosa: intentar liderar una plataforma electoral independentista, ganar las próximas elecciones autonómicas, y convencer a sus aliados de que sería contraproducente proclamar unilateralmente la independencia tras las elecciones. ¿Se avendrán la ANC y ERC a jugar un papel subordinado y a posponer la proclamación de la independencia por más tiempo?

El nueve de noviembre y el Derecho
Jesús Alfaro www.vozpopuli.com 14 Noviembre 2014

Los independentistas, con ayuda de la Generalitat, reinventan el derecho de manifestación y crean una legitimidad al margen del Derecho y de los partidos políticos

Hubo un pacto (no sé si explícito) basado en el Derecho. El Estado no tomaría medidas que impidiesen materialmente llevar a cabo la votación y la Generalitat no se implicaría. El Gobierno hizo bien en todos los sentidos. La votación del 9-N era expresión del derecho de manifestación de los ciudadanos. El año pasado hicieron una cadena humana, este año una “V” y, ahora, una votación. El resultado era irrelevante; que hubiera votos duplicados, también; que votara quien no debía, también. Lo único relevante era comprobar cuánta gente participaba y decidir si era más gente que en la V o en la cadena humana. Hay que reconocer que hacer un simulacro de referéndum es más efectivo, para conocer el apoyo a la independencia, que hacer una manifestación.

Por tanto, la celebración del simulacro de referéndum no solo no era ilegal sino que el Gobierno no hubiera podido prohibir su celebración sin infringir los derechos fundamentales de los ciudadanos que querían celebrarlo. Ni siquiera la utilización de los colegios públicos o la colaboración de la policía para que todo transcurriera con tranquilidad es ilegal o contrario a lo acordado por el Tribunal Constitucional. Igual que se pone a disposición de los manifestantes la vía pública y los servicios de seguridad o se cierran tramos de autopista o de carretera para dejar pasar la manifestación, nada hay de ilegal en que se permitiera a los votantes usar los colegios públicos en horario extraescolar. Tampoco me parece ilegal que la Generalitat ponga a su disposición los ordenadores públicos para contar el número de votantes y los resultados, como utiliza el helicóptero de la Generalitat para contar el número de participantes en una manifestación.

Otra cosa hubiera sido que se facilitara un censo público a las “mesas” electorales o que se haya infringido la normativa sobre protección de datos por parte de los organizadores; otra cosa hubiera sido que la organización de la votación se haya realizado por funcionarios públicos utilizando los medios públicos y en su horario de trabajo; otra cosa hubiera sido que se imprimieran las papeletas y se costearan las urnas y las “dietas” de los voluntarios con dinero público; otra cosa es que los voluntarios hubieran actuado a las órdenes de funcionarios o cargos públicos…

El Estado constitucional actuó como debía. Y los españoles, en ese punto, podemos estar más orgullosos de lo que puede estarlo el Presidente de la Generalitat. El Estado no restringió indebidamente el derecho de los particulares a expresar su opinión utilizando cualquier tipo de símbolo, en este caso, depositar un voto en una urna. Ahora, sin prisa pero sin calma, el Fiscal debe averiguar si la intervención pública en la votación fue más allá de la involucración permisible de una Administración Pública en el ejercicio de un derecho fundamental por los particulares. Mas lo tiene complicado porque apuntarse en su cuenta política a los dos millones de participantes sin cometer un delito no es nada fácil.

En cuanto al resultado, nada que no supiéramos. Que hay un tercio de los catalanes muy movilizados a favor de la independencia. Y nada que no supiera Mas antes de empezar. No sé de qué se alegra y no sé de qué manera puede mejorar esta manifestación la posición negociadora de Mas con el Estado. Ya está claro: han hecho una “V” más gorda ¿y? Los referéndums, los de verdad, no se celebran para saber lo que piensa la gente. Se celebran cuando ya se sabe lo que piensa la gente, para que lo diga en alto. Y, por ahora, lo que sabemos, es que no hay una mayoría amplia de catalanes que quiera la independencia. Cuando la haya (y nos enteraremos, no se preocupen), no tendremos más remedio que celebrar un referéndum. Hasta entonces, lo del domingo pasado no es más que una nueva forma de ejercer el derecho a la libertad de expresión y manifestación. Pero los que se han inventado esta nueva forma de manifestarse deberían pensárselo dos veces. Tengan cuidado, porque un referéndum como el del pasado domingo, se lo puede organizar una parte de la sociedad civil a los políticos a la primera de cambio. Y no solo sobre la independencia, sino sobre el bilingüismo en la escuela o los billetes de avión gratuitos para los diputados o la pena de muerte o la expulsión de inmigrantes. Semejantes consultas serían tan democráticas y legítimas como lo que se celebró en Cataluña el domingo pasado. Y pueden colocar a los partidos en una posición muy incómoda, sobre todo, si de los referéndums pasamos a las elecciones y se empieza a oponer una legitimidad popular a la legitimidad basada en el Derecho. ¿Se imaginan a Podemos organizando referéndums revocatorios de alcaldes y logrando que la mitad del pueblo participe en el simulacro?

Montesquieu resucitado
http://www.eleconomista.es. Nicolás Redondo 14 Noviembre 2014

A pesar de todo, por suerte, vivimos en un país en el que Montesquieu, maltratado y herido, sigue sin ser enterrado del todo, y cuando las leyes se quiebran y la libertad es amenazada, volvemos la mirada hacia quien dijo: "La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían la misma facultad".

Justamente este principio básico es el que fue quebrado el 9-N y como todo lo importante, una vez roto es imposible que vuelva a su estado original. Ahora es más fácil que los nacionalistas vascos más directamente unidos a la fenecida ETA, impulsen una vía parecida en Euskadi -ante la que no quedaría más remedio que enfrentarse con las mismas limitaciones con las que se ha enfrentado el órdago del independentismo catalán-, que recobrar la fortaleza y legitimidad que el Estado perdió el domingo pasado.

Cuando desde el Gobierno se dice que se han enfrentado con moderación y proporcionalidad a la apuesta nacionalista, no tienen en cuenta lo que de verdad han ganado ellos y lo que siendo sinceros hemos perdido los que nos alineamos con Montesquieu. Los nacionalistas han logrado quebrar una legalidad que nos confirmaba a los españoles en la condición de ciudadanos, tantas veces deseada durante la larga noche del franquismo, en la que la arbitrariedad del poder autoritario nos definía como súbditos, hombres y mujeres en una minoría de edad permanente para la cosa pública.

En otras palabras, el supuesto ejercicio de ciudadanía provocado por los nacionalistas catalanes, que han roto la legalidad constitucional que nos hace iguales y con el mismo derecho a decidir el futuro de nuestro país, se ha basado en el menoscabo del derecho del resto de los españoles, de nuestra dignidad como ciudadanos. Ellos cuentan ya con otra fecha histórica que engrosará su diccionario mítico de derrotas y victorias, de humillaciones inventadas y de heroicas resistencias. Por el contrario, el resto estamos viviendo unas jornadas de una melancolía que nos devuelve a épocas pretéritas, en las que consumíamos todas nuestras energías en solucionar problemas domésticos, creados por nuestro ensimismamiento, nuestro orgullo leguleyo, siempre a flor de piel, y nuestro bovarismo, esa contradicción entre lo que nos gustaría ser y lo que somos.

Ellos tienen un plan que llevar adelante, nosotros nos conformamos con exhibir una ley que sabemos que nunca aplicaremos sin complejos y sin venganza? ¡Qué mejor ejemplo de su éxito y de nuestro fracaso! Ahora, después de consumada la amenaza de los nacionalistas, se nos vuelve a plantear la misma cuestión nuclear de siempre: ver la situación catalana exclusivamente desde una óptica jurídica y por lo tanto enfrentarla con la ley en la mano, sabiendo que el hoy Estado no tiene fuerza para llevarla hasta las últimas consecuencias, o convencernos, de una vez por todas, que la cuestión planteada por los independentistas es, sobre todo después del 9-N, una cuestión política que rebasa los límites de Cataluña y nos afecta a todos los españoles.

La primera opción nos llevará a no hacer nada, a parapetarnos en una rutina que nos ofrece una seguridad solo aparente. Esa tranquilidad epidérmica y engañosa oculta unas energías explosivas, que sin un cauce político conveniente, terminarán explotando y obligándonos a volver a empezar.

La segunda opción no debe buscar a mi juicio la exclusiva satisfacción de los independentistas, ni reducirse al ámbito catalán, ni buscarse por la noche en los contubernios palaciegos a los que algunos son tan aficionados. Debe tener en cuenta a toda la sociedad catalana y buscar el acomodo de los que se han movilizado, unos pocos más de los que votaron en Cataluña al PSOE de Zapatero en las últimas elecciones a las que se presentó, sin perjudicar los derechos de los que no se movilizaron a pesar de la violencia ambiental en la que han vivido principalmente estos dos últimos años. Todo ello en un marco nacional en el que los españoles podamos ejercer nuestros derechos ciudadanos, que impiden a cualquier autoridad considerarnos simplemente espectadores.

Es todavía más claro si tenemos en cuenta que la crisis económica ha puesto de manifiesto la necesidad de enfrentarnos a otras de naturaleza institucional y política, probablemente larvadas hasta ahora. El Gobierno no tiene derecho a decir, por meandros inextricables, que esta solo ante estos retos de envergadura desconocida en los últimos treinta años.

Los gobiernos siempre están solos, porque les corresponde la tarea de liderar y ésta se desempeña siempre en solitario; hasta en el caso de requerir acuerdos, el Ejecutivo vive en soledad porque está obligado a convocarlos y darles un contenido, una dirección, un empuje, aunque sean compartidos. En esta situación su lamento es más injustificable porque cuenta con una mayoría absoluta, obtenida en gran parte por la necesidad que tenían los españoles de un liderazgo claro después de un periodo plagado de acuerdos entre el gobierno de turno y los nacionalistas o con los ámbitos ideológicos más extremos del arco parlamentario, siempre marginando al primer partido de la oposición. En conclusión, el Ejecutivo no puede permitirse el lujo de no hacer nada y los españoles no nos podemos permitir que no nos convoquen en la defensa de nuestros derechos.

Nicolás Redondo, presidente de la Fundación para la Libertad.

Fiarse de un trilero
Isabel San Sebastián ABC  14 Noviembre 2014

Artur Mas nos ha metido un gol por la escuadra, hay que reconocerlo. Lo sucedido el domingo en Cataluña es una quiebra en toda regla del Estado de Derecho, que constituye un duro golpe para cualquier ciudadano español convencido del valor impagable de nuestra democracia, carente de viabilidad o de sentido si se rompe la Nación a la que sirve y enmarca.

El líder convergente a quien todos daban por muerto ha resucitado, pletórico de fuerza, como suele suceder cuando, en vez de rematar políticamente a un enemigo peligroso que ha caído en su propia trampa, se le tiende la mano por cobardía o debilidad. Digo «enemigo» y subrayo «peligroso» porque en eso exactamente se ha convertido Artur Mas: en un renegado al país que le confirió el rango de presidente de la Generalitat, España, y en un traidor a la Constitución de la que emana el cargo y él que juró cumplir con lealtad. Mas ha abrazado el separatismo con una determinación idéntica a la de Junqueras, cuya posición dominante en las filas del radicalismo ha quedado laminada por el éxito del «president» en su desafío a la legalidad. La inacción del Gobierno de España, eso que Rajoy denomina «reacción proporcionada», ha dado alas al secesionismo promovido desde el corazón mismo del Palau de la Generalitat, lo cual otorga un punto más de gravedad a lo sucedido. Los catalanes han votado, desobedeciendo dos sentencias del Constitucional, y lo han hecho en colegios públicos. Es irrelevante el número de personas participantes en la consulta o las irregularidades que pudieran cometerse en el transcurso de la jornada. Lo importante es que el líder secesionista de una comunidad autónoma, utilizando todo su poder institucional, ha doblado el brazo del Estado ante los ojos del mundo. Lo lamentable es que el mismo Estado que ha rescatado a esa comunidad con más de 31.000 millones de euros procedentes de nuestros bolsillos, sin controlar el destino al que iban a parar los fondos, no ha sabido ganar ese pulso y ha consentido que mi dinero se invirtiera en su «construcción nacional». Haga lo que haga ahora la Fiscalía, llega tarde. El daño está hecho y el independentismo ha conquistado un terreno imposible de recuperar.

La tranquilidad de Rajoy en vísperas del 9-N resulta tan improcedente como la «proporcionalidad» con la que trató de justificar ayer su falta de reacción el domingo y probablemente responda a un mismo error de partida: fiarse de un trilero. Confiar en el compromiso de un hombre que desconoce lo que significa «lealtad» y jamás ha honrado su palabra, como es costumbre arraigada de cualquier nacionalista en su relación con España. A través de Pedro Arriola, comodín de toda negociación en la sombra, Mas envió al presidente el recado de que ambos podrían «saltar» del 8 al 10 de noviembre sin llegar al choque de trenes, porque la votación se llevaría a cabo al margen de la Generalitat y evitando humillar al Estado. El jefe del Ejecutivo cumplió con su obligación de recurrir al Alto Tribunal, aunque no fue más allá. No previó medidas de fuerza legal destinadas a impedir lo sucedido, porque no se lo esperaba. Le engañaron o se dejó engañar. Y al burlarse de su Gobierno nos ofendieron a todos los que creemos en la dignidad irrenunciable de esta Nación escarnecida, hoy huérfana de liderazgo.

Artur Mas ha triunfado en este lance, diga lo que diga ahora la Justicia, por incomparecencia del contrario. Solo cabe confiar en que esta derrota sirva de lección para mañana y no se lleve por delante la Carta Magna aprobada por amplísimo consenso hace solo 36 años, como pide con insistencia el líder socialista Pedro Sánchez. Cabe aprender del error, acertar con el diagnóstico de la grave enfermedad que padecemos y abandonar definitivamente la política de la zanahoria, no solo porque sea inútil, no solo porque sea injusta, sino porque resulta prohibitiva en esta en España que, tal como dice el PP, no puede seguir viviendo por encima de sus posibilidades.

Solé Tura y el derecho a decidir
La autodeterminación sólo está justificada para combatir sistemas antidemocráticos. Como explicó el fallecido ponente constitucional, la independencia sería una catástrofe económica y social para los independizados
Francesc de Carreras. El Pais 14 Noviembre 2014

Jordi Solé Tura fue ampliamente conocido por su condición de político durante los años de la Transición. Entonces tuvo un papel de primera fila como diputado comunista y, muy especialmente, como ponente constitucional, fue uno de los siete “padres de la Constitución”. Pero Solé tenía ya una larga historia detrás como activo luchador por la democracia, como universitario y como intelectual. Un bagaje nada común entre los políticos de hoy.

En uno de sus últimos libros (Nacionalidades y nacionalismo en España. Autonomías, federalismo y autodeterminación, Alianza, Madrid, 1985) dedica un capítulo a estudiar el contenido del llamado derecho de autodeterminación, hoy tan de moda bajo el nombre de derecho a decidir. En realidad, leído hoy, casi 30 años después de su publicación, todo el libro, y no sólo este capítulo, tiene un gran interés, no ha envejecido con el tiempo, quizás al contrario: la perspectiva actual nos permite valorar mejor muchos de sus enfoques y juicios, algunos premonitorios.

La reflexión de Solé sobre el derecho de autodeterminación está provocada por una anécdota parlamentaria. En la Comisión Constitucional del Congreso, durante el proceso de redacción de la Constitución, el diputado Letamendía, entonces de Euskadiko Ezquerra, propuso una enmienda para introducir el derecho de autodeterminación. La propuesta, como era de esperar, fue rechazada con el voto en contra de todos los diputados asistentes, a excepción de Marcos Vizcaya, representante del PNV, que se abstuvo. Pero lo que sorprendió a Solé —que por supuesto votó en contra— fue que Miquel Roca Junyent y Rudolf Guerra, representantes de Convergència y del PSC, respectivamente, se ausentaron de la sala unos minutos antes de la votación alegando repentinas y nada creíbles “urgencias fisiológicas”, llegando incluso a enviarle una nota mediante un ujier del Congreso, en la que le instaban a que también él experimentara tan repentinas “urgencias”.

¿Por qué los nacionalistas y los socialistas catalanes se sintieron tan incómodos ante la enmienda Letamendía y decidieron ausentarse en el momento de la votación? ¿Por qué este comportamiento tan ambiguo precisamente en esa cuestión? En el fondo, todo el capítulo es una indagación para intentar responder a estas preguntas.

Solé Tura parte de un concepto de derecho de autodeterminación semejante al de la ONU, en especial el contenido en la Resolución 2625 (1970) de su Asamblea General, cuando trata del derecho a la libre determinación de los pueblos. Solé considera este derecho como “un principio democrático indiscutible, pues significa que todo pueblo sometido contra su voluntad a una dominación exterior u obligado a aceptar por métodos no democráticos un sistema de Gobierno rechazado por la mayoría tiene derecho a su independencia y a la forma de Gobierno que libremente desee”. Desde esta perspectiva, afecta a la soberanía externa y a la interna, es decir, tanto a la independencia, a que un Estado no esté sometido a la voluntad de otro Estado (soberanía externa), como también a la democracia, a que ciudadanos libres e iguales puedan elegir a sus gobernantes (soberanía interna).

Debe subrayarse que esta concepción del derecho de autodeterminación se expresa exclusivamente en términos de democracia, de libertad y de igualdad, sin mezcla alguna con el principio de las nacionalidades, defendido desde las ideologías nacionalistas, según el cual toda nación, entendida en sentido cultural o identitario, tiene derecho a un Estado propio.

Muestra Solé como este derecho solo está justificado, en determinados contextos políticos, para combatir a sistemas absolutistas y antidemocráticos en los que no se respetan los derechos fundamentales. Por ejemplo, en el pasado, además de los precedentes de Estados Unidos y de las colonias españolas en América, se invocó el derecho de autodeterminación en las luchas contra los grandes imperios ruso, austrohúngaro y otomano, que desaparecieron tras la guerra europea. Más tarde, lo invocaron también los movimientos anticoloniales tercermundistas de mediados de siglo pasado. En todos estos supuestos se trataba de independizarse de la metrópolis no por cuestiones de identidad nacional sino porque las leyes eran discriminatorias e impedían a los colonizados estar en situación de igualdad de derechos respecto de los ciudadanos de la metrópolis.

El carácter instrumental del derecho de autodeterminación se ve claro en la disputa entre Lenin y Rosa Luxemburgo. El primero estaba a favor del derecho de autodeterminación porque la Rusia de los zares era un gran imperio absolutista y su desmembración podía ser aprovechada para llevar a cabo reformas democráticas. Por el contrario, Rosa Luxemburgo, que era polaca, estaba en contra del derecho de autodeterminación porque ello supondría en su país el triunfo de la aristocracia nacionalista más reaccionaria. “No se trataba de una discusión genérica, abstracta y dogmática —dice Solé Tura— sino de una discusión política en función de unos problemas muy concretos (…) El derecho de autodeterminación no puede verse nunca al margen del contexto político en que se proclama y se ejerce”.

Es precisamente en las páginas finales donde Jordi Solé hace unas consideraciones sobre el contexto político español del momento en que se publica el libro. “En un país como el nuestro a estas alturas del siglo XX —dice— creo que no se puede seguir hablando del derecho de autodeterminación como mero principio ideológico, es decir, sin explicar claramente sus implicaciones políticas y, por tanto, sin ponerlo en relación con nuestro proceso histórico, con el modelo de Estado que hemos heredado y con el que se define en la Constitución (…)”. Y añade que la izquierda no puede ser ambigua en este tema ya que tal ambigüedad solo puede beneficiar a los partidos nacionalistas “en la medida que estos tienen en la ambigüedad su razón de ser”, pero “la izquierda no puede ser ambigua so pena de dejar de ser izquierda”.

Llegados a este punto, Solé analiza las consecuencias de la independencia de una parte de España y la creación de un nuevo Estado. Sostiene que un proceso que condujera a este objetivo significaría una grave conmoción para el conjunto y, en especial para el nuevo territorio formalmente independiente, supondría una “auténtica catástrofe económica y social”.

Y agrega: “Aun suponiendo que el derecho de autodeterminación se entendiese como una consulta electoral en el territorio que aspirase a la independencia, es indudable que a esta consulta electoral sólo se podría llegar, o bien a través de un proceso insurreccional, o bien a través de una gran batalla política, con elementos insurreccionales por medio (…) Un conflicto de estas características no sería un choque entre la izquierda y la derecha, ni entre el progresismo y la reacción, sino un conflicto que atravesaría todas las clases sociales de España y que escindiría profundamente la sociedad (…)”. Siguiendo con la lógica de estos razonamientos, Solé Tura se pregunta si todo ello no “significaría también la ruptura de todos los partidos, sindicatos y grupos de la propia izquierda”, para concluir diciendo que “la izquierda no puede jugar con el derecho de autodeterminación”.

En los últimos años, muchos partidos de izquierda catalanes, en concreto el PSC e IC, están jugando con el derecho de autodeterminación, al que ahora denominan derecho a decidir. En este mes se cumplen cinco años de la muerte de Jordi Solé Tura. Uno siente nostalgia de ciertos viejos políticos, de su forma analítica y racional de enfocar los problemas, de sus vastos conocimientos, de su coherencia con unos principios, de emitir opiniones sin estar obsesionados por la repercusión de las mismas en las encuestas en los sondeos y en las próximas elecciones.

La corrupción económica hace mucho daño al sistema democrático. Pero también hace daño, quizás más, la ignorancia y el relativismo moral: juguemos al derecho a decidir, parece que una mayoría lo quiere, no vaya a ser que perdamos votos. Solé Tura era de una madera distinta.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.

Pontificar con tópicos
Rafael Arenas www.cronicaglobal.com 14 Noviembre 2014

Hay días especialmente propicios para pontificar. El 10 de noviembre fue, sin duda, uno de ellos.

La víspera se había vivido una jornada excepcional por diversas razones: varias administraciones públicas (Generalidad de Cataluña) y administraciones locales) completaron su expresa desobediencia a la legalidad y colaboraron en una denominada jornada de participación ciudadana que en realidad era un referéndum de autodeterminación encubierto y carente de garantías democráticas. De acuerdo con los organizadores, algo más de dos millones de personas participaron en dicha jornada, alcanzando la opción independentista un 80% de los votos emitidos; aproximadamente 1.800.000.

Tan solo la mera descripción de lo sucedido impresiona; por lo que no es extraño que los periodistas, tertulianos y hasta los políticos se vieran compelidos a poner de manifiesto su valoración de la jornada; y así con aire solemne nos regalaron sus reflexiones sobre el día 9 y sus consecuencias. Escuchando o leyendo algunas de estas reflexiones me invadió una gran desazón.

La sensación que tenía (y de ahí el título de estas líneas) es que el periodista o tertuliano se había limitado a desempolvar los argumentos que tenía guardados de Diadas o manifestaciones anteriores y los había proyectado sobre la jornada del día 9 como si todos los tópicos resultaran intercambiables. Así se habló de necesidad de escuchar la voz de los dos millones de catalanes que habían salido a la calle, que era preciso sentarse a negociar, que era la hora de la política, etc. O sea, lo mismo que se podía oír o leer tras la Diada o cualquier otra concentración multitudinaria. En definitiva, una superficialidad enervante.

Porque lo que pasó el día 9 de noviembre no fue una manifestación y, por tanto, la valoración que se haga de la misma no puede apoyarse sin mayor reflexión en los mismos argumentos que se hacen servir para las concentraciones que se convocan en las calles. Para empezar las manifestaciones son legales y lo que sucedió el día 9 no lo es; lo que, como veremos, algún espacio debería tener en las reflexiones sobre el tema; pero prefiero dejar eso para más adelante y detenerme en las que separan una votación, como era materialmente la del día 9, y una manifestación.

En la manifestación no se realiza una convocatoria personalizada, sino que simplemente se hace una llamada general que cada uno puede atender o no sin mayor trámite que presentarse en el lugar de la convocatoria en el momento solicitado. Cierto es que a efectos organizativos puede recomendarse un registro previo, tal como se ha acostumbrado a hacer la ANC; pero este registro previo en ningún caso impide que se participe en la concentración sin más, simplemente acudiendo al lugar y hora fijados.

En una votación, en cambio, la convocatoria es individualizada. En la del día 9 de noviembre los catalanes fuimos llamados a participar nominalmente mediante la llegada de un folleto informativo a los domicilios; y además existieron llamadas dirigidas directamente a los hogares catalanes para fomentar la participación, lo que en el caso de las manifestaciones es infrecuente, aunque puede darse. Finalmente, todos los elementos de convocatoria presentes en las manifestaciones “ordinarias” se dieron: llamadas públicas de los representantes políticos, utilización de publicidad en la calle, en televisión o en los cines, anuncios en prensa, etc. Todo esto, sin embargo, no ha de hacernos olvidar que la convocatoria en las votaciones es individualizada, lo que, como digo, marca una importante diferencia con las manifestaciones.

En el caso de las votaciones, además, no es preciso desplazarse a un lugar determinado en un momento concreto. Se habilitan locales de participación cerca de los domicilios, de tal manera que no sea necesario –en circunstancias normales- ni siquiera utilizar un transporte público para llegar al punto en el que se ha de participar. Además no es preciso acudir a una hora determinada, sino que se disponen de varias horas (11 si no estoy equivocado en el caso de la consulta del día 9) para desplazarse y realizar la tarea de depositar una papeleta en una urna.

Estas diferencias hacen que plantear la jornada del día 9 en los términos de una manifestación puntual y localizada y juzgar a partir de ella la participación carece completamente de sentido. En una manifestación solamente participan quienes están especialmente movilizados y por eso la concentración resulta relevante no por el número de personas que participan, sino porque se asume que tales personas solamente son la punta del iceberg, la parte más activa de un colectivo mucho mayor y cuyo número será el resultado de multiplicar a los concentrados por un determinado factor que siempre resulta difícil de cuantificar, pero que en cualquier caso implica ir más allá del número estricto de manifestados.

El caso de las últimas Diadas convocadas por la ANC es claro al respecto. Más allá de las fantásticas cifras con las que nos regalan los oídos los propagandistas de la secesión lo más probable es que la Diada de 2012 reuniera a medio millón de personas, la de 2013 (la Vía) a unas 800.000 y la de 2014 (la “V”) entre 500.000 y 700.000 personas (tirando para arriba). La imagen de más de medio millón de personas reunidas en un solo lugar es visualmente impresionante; pero realmente las cifras que acabo de dar no resultan determinantes en el contexto político de una región como Cataluña en la que tienen derecho de voto más de cinco millones de personas. Estas cifras se mueven entre el 10 y el 15 por ciento de esa masa de votantes, por lo que consideradas aisladamente tienen un significado relativo. Lo importante es que se asume que tales cifras han de ser multiplicadas por un determinado factor para identificar cuántas personas realmente apoyan las posturas de los manifestantes. Si el factor es simplemente 2 una manifestación como la de la Via de 2013 se convierte en más de millón y medio de votos, lo que resulta ya bastante relevante desde una perspectiva política.

En una votación, sin embargo, ese factor de multiplicación no existe. Los que votan son lo que votan y ya está. Es por ello que me sorprende que se hable en los editoriales y en las tertulias de la jornada del día 9 como si de ella se desprendiera que existe una mayoría social a favor de la independencia cuando tan solo 1.800.000 personas optaron por ella en relación a un censo ampliado por la Generalitat que superaba los seis millones de personas. Me sorprenden las constantes llamadas a tener en cuenta la voluntad de ese millón ochocientos mil votantes y lo escaso en la consideración de los más de cuatro millones de personas que o bien no votaron o votaron en contra de la independencia. Los precipitados análisis de algunos parecen directamente extraídos de sus reflexiones, ya llenas de polvo, de la reciente Diada y han pretendido trasladarlas sin más a un fenómeno que no tiene nada que ver con ello.

Es verdad, por otra parte, que en las votaciones se asume que los únicos que cuentan son los votos emitidos, no los que no se han emitido, de tal forma que los que no han votado deben someterse al criterio de los que sí han acudido a las urnas. He escuchado en la radio hace poco este argumento al señor Alfred Bosch, de ERC. De acuerdo con él deberíamos quedarnos con los votos emitidos (algo más de dos millones) y considerar que la voluntad independentista de los catalanes es amplísima, puesto que de esos votos emitidos el 80% es favorable a la independencia.

El argumento no se sostiene porque esa vinculación de quien no ha votado a lo decidido por quienes han votado es una ficción que se basa en una norma jurídica que así lo establece. Es decir, solamente opera en las votaciones legales, condición de legalidad de la que evidentemente carece la del día 9, por lo que ninguna vinculación se deriva para quienes no han votado de lo decidido por quienes no han votado. Tratándose como era de una votación ilegal lo que se pretendía era conseguir una máxima movilización con el fin de que la participación supliera la falta de legitimidad de la convocatoria. Desde esta perspectiva que la participación se quedará en un 35% de quienes podían votar (siempre de acuerdo con los datos de los organizadores, carentes de contraste neutral y, por tanto, de garantías democráticas) no debería considerarse suficiente como para entender que la voluntad de los ciudadanos que se han movilizado limita de alguna forma el status quo que se pretendía alterar por medio de esta jornada de participación. En definitiva, de que hayan votado algo más de dos millones de personas de las llamadas a acercarse a las urnas, y que de esas un millón ochocientas mil hayan optado por la independencia no permite inferir más que el independentismo es un movimiento significativo pero minoritario en la sociedad catalana.

Y con esto llegamos al último punto: el carácter ilegal de la convocatoria. Es sorprendente cómo muchos pasan de puntillas sobre este extremo que es crucial. La convocatoria suspendida por el Tribunal Constitucional fue llevada a cabo por la administración de la Generalitat y las administraciones locales con total impunidad (hasta ahora) y en una actitud francamente desafiante al Estado de Derecho. Entiendo que esto no es en absoluto irrelevante. Algunos parecen pretender -podría ser que incluso el propio líder del PSOE- que el que dos millones de votantes sobre seis millones hayan acudido a la convocatoria “sana” los vicios de legalidad de la convocatoria.

Tremenda irresponsabilidad seguir esa vía. El Derecho es más importante para la sociedad de lo que algunos parecen creer y en un Estado democrático como es el nuestro las normas jurídicas y las decisiones judiciales gozan del respaldo indirecto de la voluntad popular (ésta sí, ya correctamente formada a partir de procedimientos que establecen las garantías democráticas necesarias). No podemos girar la cabeza cuando se produce una vulneración de la norma, y menos cuando el infractor son autoridades públicas. El que este punto esté prácticamente ausente de muchos de los análisis que he leído me parece de una extraordinaria gravedad.

No pueden trasladarse las demandas de negociación y “hacer política” que suelen seguir a una manifestación legal y multitudinaria a una jornada como la que vivimos el día 9 de noviembre. Ni los que en ella manifestaron su voluntad de independencia son mayoría ni el respeto al Estado de Derecho puede ser considerado como una minucia sin importancia.

Quizás haya llegado el momento de que en Cataluña y en el resto de España sea la mayoría y no la minoría quien se coloque en el centro de la política, y sería exigible que quienes crean opinión tuvieran en cuenta que si los casi dos millones que, parece ser, el domingo optaron por la independencia de Cataluña merecen ser escuchados, el mismo derecho tienen quienes el domingo optaron por no participar en un acto que legalmente no debería haberse producido.

Los tópicos son un veneno mortal para la salud de la sociedad. El rigor un alimento del que estamos muy escasos.

 


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