AGLI Recortes de Prensa   Sábado 15  Noviembre  2014

Lo que ocurrió en Moncloa el 9-N
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 15 Noviembre 2014

Para el escritor Andres Trapiello lo que ocurrió el 9-N en Cataluña es que “el independentismo logró en 12 horas lo que no consiguió el terrorismo de ETA en treinta años: liquidar el Estado”. No difiere demasiado lo que sobre el particular piensa Nicolás Redondo Terreros: “En el 9-N, el Estado no compareció por cálculo o por temor a las consecuencias de la aplicación de su propia fuerza. Los independentistas hicieron todo lo necesario para conseguir su objetivo: utilizaron toda la fuerza del poder de la Generalitat, manipularon los medios de comunicación públicos y privados catalanes y usaron a una sociedad domesticada con dinero público. De esta manera -sigue Redondo Terreros- pudieron votar en una consulta que para nosotros no deja de ser una expresión antidemocrática de un nacionalismo radicalizado (…) Por el contrario, los que defendemos la Constitución y la ley, como garantía de la libertad de todos, nos hemos visto arrinconados en la defensa de su aplicación que nos hubiera gustado que se hubiera hecho antes del 9-N, porque hacerlo posteriormente originará numerosas contradicciones”.

Estas opiniones se pudieron leer el pasado jueves en El País y, creo, reflejan, un estado de ánimo muy extendido entre los catalanes no secesionistas y entre la inmensa mayoría de los demás españoles. Mariano Rajoy reaccionó el miércoles, después de que el domingo (9-N), nadie del Gobierno compareciera ante la opinión pública. Se improvisó -y era evidente la improvisación- una declaración del ministro de Justicia a las 21:08 horas y ahí acabó la presencia gubernamental en una jornada que ya califiqué de desastrosa y que significó, efectivamente, el arrinconamiento del Estado en Cataluña y la humillación de la autoestima colectiva nacional, además de un desafío sin precedentes a un Tribunal Constitucional con plomo en las alas, próximo a una grave crisis de reputación en su autoridad e, incluso, en su vigencia como órgano de garantías constitucionales.
Mariano Rajoy y su Gobierno contemplaron a lo largo del pasado domingo cómo incurrieron en un error de cálculo. Según dijo urbi et orbi Rosa Díez después de hablar con Rajoy el día 3 de septiembre, ella estaba tranquila porque el Ejecutivo tenía una estrategia. No desveló cuál, pero dijo que la tenía. Rajoy le garantizó que la consulta no se iba a celebrar. Pero se celebró con más o menos precariedad, sin garantías mínimas, y con una escenografía suficiente que le hizo proclamar a Artur Mas que el evento había sido un “éxito total”. El presidente del Gobierno perdió tres días en sostener lo contrario: que había sido un “rotundo fracaso”. Ni lo uno ni lo otro, pero la sensación que quedó es la que reflejan Trapiello y Redondo Terreros.

¿Qué sucedió el domingo 9 de Noviembre en Moncloa? Sucedió que Rajoy pensaba: 1) que Más no traspasaría las líneas rojas de la legalidad, pero lo hizo; 2) que si las traspasaba, una organización de voluntarios no sería capaz de organizar una consulta de cierta envergadura, y sin embargo fue capaz de hacerlo; 3) que si ambas hipótesis anteriores fallaban, la participación sería ridícula, y fallaron, pero la participación -aunque no tengamos medio de comprobarlo fehacientemente- de 2.300.000 catalanes ha tomado carta de naturaleza; y 4) en última instancia, Rajoy y el Gobierno pensaron que el Fiscal General del Estado instaría a los jueces y serían aquel y éstos los que les resolviesen la situación, pero tampoco actuaron, más aún, adujeron la “proporcionalidad” para no hacerlo.
En Moncloa sucedió lo que viene sucediendo desde hace mucho: que macerar los problemas con los ingredientes del mutismo y el trascurso del tiempo, lejos de mejorarlos, los envilecen y pudren. Hay una clase de pasividad que a veces parece una derivada de la molicie porque como escribió Stefan Zweig procede del afán de bienestar. Rajoy ha rehuido el problema o, en el mejor de los casos, lo ha interpretado a su conveniencia de burócrata y, por lo tanto, le ha restado su carácter político encomendándose a una estrategia jurídica y de probabilidades que ha terminado por estallarle en sus mismísimas barbas. Y le estalló el 9-N como le estalló la corrupción de la Operación Púnica a las veinticuatro horas de calificar esa pandemia delictiva como “algunas pocas cosas”. Rajoy es ahora un hombre acosado desde fuera -como lo era antes- pero también desde dentro, lo cual es más novedoso. Ha perdido fiabilidad y su previsibilidad se entiende como tozudez.

Cuando los empresarios del Instituto de Empresa Familiar -hace sólo unos días- puntuaron la situación política con poco más de un 1,08 sobre 9, el presidente del Gobierno debió comprender que ni los colectivos más próximos dejan de expresarle su preocupación mediante el único lenguaje con el que se comunican con él: el de signos. Rajoy padece del síndrome de la Moncloa, como Mas el de la ebriedad del poder. Tenemos en Madrid y en Barcelona a un funcionario y a un temerario, respectivamente. La peor de las combinaciones, la que menos casa, la más incompatible. Y lo que estamos necesitando es política. Eso ocurrió el 9-N: que en San Jaime actuaba el temerario y en Moncloa el funcionario. Y aquel se comportó como tal: con la argucia deslealtad, mientras que éste lo hizo como tal: con las mañas del burócrata.

El envalentonamiento del mal.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 15 Noviembre 2014

No deja de ser curioso, por no decir indignante, ver cómo personajes afectados por la corrupción y lo que se ha venido en llamar eufemísticamente “comportamientos poco ejemplares”, pasan de una primera fase de bloqueo emocional y retraimiento, a otra de encendida defensa de su honorabilidad. Un cambio de actitud que viene motivado principalmente por la sensación de impunidad que les da saber lo endeble de las acusaciones y la dificultad de poder demostrarlas de modo fehaciente. En otros casos, esa “chulería” viene además afianzada en el increíble posicionamiento de la Fiscalía que, como en el caso de la Infanta y del Gobierno de España, vienen actuando como las más entusiastas de las defensas que uno podría desear en esos momentos de desasosiego.

No puede extrañar por tanto el que se filtre de modo intencionado el que la Infanta Dª Cristina “no se plantea en el corto ni en el medio plazo renunciar a sus derechos dinásticos”. Una actitud de prepotencia que parece ir frontalmente contra el deseo de su hermano el Rey D. Felipe, al que dicha renuncia libraría a la Corona del bochorno y la vergüenza de ver cómo alguien imputado por delitos fiscales y enriquecimiento ilícito aprovechando su condición de privilegio, mantiene intactos sus derechos a la sucesión al trono de España para ella misma y para sus hijos. Solo una acusación en firme por el Juez Castro, la renuncia del Fiscal Horrach a seguir actuando como defensa y una condena que incluyera el delito no reconocido de blanqueo de capital, podría forzar un cambio en esa actitud.

Otro caso vergonzoso es el del delincuente Artur Mas, que sigue en su actitud chulesca ante la pasividad del Gobierno de España y de la Fiscalía. El indignante espectáculo ha llegado a que este sujeto le plantee a Mariano Rajoy en una carta su disposición a mantener un diálogo permanente, eso sí sobre la base de que se conceda al Gobierno de la Generalidad la facultad para celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña. Y dice Mariano Rajoy desde las antípodas que contestará a esa carta. Igual así se contenta a esas formaciones como el PSOE o IU que no cesan de reclamar diálogo con los secesionistas y violadores de la Constitución de España. Si ya lo dijo el Rey D. Juan Carlos I refiriéndose a las conversaciones entre el Gobierno de Zapatero con la ETA, “hablando se entiende la gente” y “si sale, sale”.

Y no quiero dejar de mencionar otros asuntos nada ejemplares donde solo la actitud nada imparcial y comprensiva de la Fiscalía, así como de los Tribunales, han rechazado investigar casos descarados de presunta corrupción y enriquecimiento ilegal tan escandalosos como los protagonizados por José Blanco o José Bono. Y por supuesto, el mayor de ellos con el clan Pujol y las décadas de renuncia del Estado de Derecho a realizar una auditoría independiente sobre el tema de la supuesta financiación del nacionalismo con la “mordida” del 3%, o las injerencias y obstáculos para el esclarecimiento del asunto de los falsos ERE’s en Andalucía y los cursos de formación.

La corrupción es algo inherente a la naturaleza humana, pero no por ello se ha de dejar que se apodere de la sociedad. Para erradicarla hay que primeramente tener la voluntad de hacerlo y en segundo lugar no dudar en aplicar las medidas necesarias para minimizar su desarrollo. Los culpables deben ser perseguidos y marcados como la auténtica escoria que son. No es hora de grandes discursos ni de anunciar medidas extremas que no se piensan ejercer. Basta con hacer efectivos los controles y realizarlos de forma exhaustiva. Solo así los ciudadanos podremos sentir que la Administración es digna de nuestra confianza.

Si no queremos que PODEMOS triunfe con su discurso populista y demagógico y se conviertan en la nueva DUMA elitista del partido único que anule todas las libertades y derechos de los españoles deberemos impedirlo confiando en aquellos que no están salpicados por la lacra de la corrupción. Hay partidos políticos que merecen una oportunidad porque nos aseguran la pervivencia de la democracia y no usan el silencio y la ambigüedad para alcanzar el poder e imponer su sistema totalitario y dictatorial. No escuchéis los cantos de sirena de quien solo quiere el poder para pisotear la libertad y la democracia. Basta mirar a Cuba y Venezuela para saber cuáles son sus ideales.

El mal triunfa porque los hombres buenos no hacen nada. Las mayorías silenciosas solo merecen soportar su esclavitud.¡No dejes que tu silencio sea quien abra la puerta al mal!

La semana del 9N
Entre la nada y el 155
Javier Somalo Libertad Digital 15 Noviembre 2014

La semana posterior al 9-N ha estado marcada por la espera. Primero, a que el presidente del Gobierno dijera algo. No tenía intención alguna pero finalmente quiso demostrar públicamente que no hacer nada es la mejor forma de gobernar. Lo clavó.

Pero aún había otra cosa que se esperaba gracias al preludio de Alicia Sánchez Camacho: la querella. Se habló de ella incluso antes del 9-N pero fue la popular catalana la que quiso dar detalles el mismo lunes: será hoy, mañana, al tercer día, está al caer... Y como el día no llegaba, pues sería por las presiones. ¿De quién a quién y para qué? Hagan toda la combinatoria posible entre las tres partes: fiscales de Cataluña, Fiscalía General y Gobierno, porque todo se ha oído. Pero la clave del asunto estribaba en la calificación de delito: si es desobediencia se queda en jurisdicción catalana; si es sedición llega a la Audiencia Nacional. En el primer caso, la partida está ganada para Mas, en el segundo debería resultar más difícil. Se dijo, o se dedujo, que Eduardo Torres Dulce apostaba por un delito de sedición.

Según parece, hemos llegado al fin de la historia. Se acabó la espera: la Constitución la defenderán los ciudadanos que denunciaron el 9-N. Y lo de las querellas de oficio ya lo decidirán los fiscales de Barcelona, que oficio tienen. Lo ha dicho Eduardo Torres Dulce en una charla ofrecida en Burgos, con motivo del 25 aniversario de los Tribunales Superiores de Justicia, objetos de deseo de los separatistas.

Sin embargo, lo más grave de todo es que, en cualquier caso, Mas lo tenía todo previsto y Pablo Planas nos lo ha contado en estas páginas. Carles Viver Pi i Sunyer fue vicepresidente del Tribunal Constitucional antes de ponerse al servicio del "Consell Assesor per a la Transició Nacional". Cuando Mariano Rajoy ni siquiera arrugaba la nariz ante el desafío secesionista, él ya tenía valorados los escenarios de rebeldía, sedición, desobediencia, suspensión de autonomía y hasta la eventual declaración del estado de alarma, excepción y sitio amén del posible catálogo de respuestas del Constitucional en el que habitó. Tarde se dan cuenta algunos de lo que pasa cuando políticos y magistrados merodean. El Constitucional no es Poder Judicial, vela por la Constitución, por su cumplimiento, es su guardián. Y tenemos que creernos que los magistrados que se la quieren cargar sólo se empeñan en ello cuando son salientes, como Carles Viver Pi i Sunyer, ya de reconocido prestigio separatista.

El plan urdido descendía al más mínimo detalle y tenía en cuenta cada posible movimiento del contrario y sus consecuencias, como en el ajedrez. Cada derivada queda contestada en los informes de Carles Viver y comporta una nueva acción –ay, esa palabra– para ganar la partida. Por tanto, añado ingenuamente a la posible calificación del delito las agravantes –más bien, características– de premeditación, alevosía y publicidad. Y traslado esas mismas circunstancias agravantes a la omisión del gobierno de Rajoy porque, además, el Gobierno puede instar al fiscal a actuar, que parecemos tontos.

Artículo octavo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal:
El Gobierno podrá interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público.

Pero ni la espera, ni las querellas, ni las divagaciones, ni los guardianes, ni los vericuetos, ni Alicia, ni Eduardo serían necesarios si dejáramos que la Constitución se (nos) defendiera con sus herramientas. ¿Qué es "desproporcionado", lo hecho por Artur Mas y su gobierno o esto?:

Artículo 155
Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Al final, para defender a la Constitución española de la agresión sufrida se la mandará al reformatorio. O sea, detendrán a la víctima y dejarán escapar al agresor porque habrá que pactar con él o porque ya se ha hecho.

¿De verdad es desproporcionada nuestra Constitución, esa que se jura o promete guardar y hacer guardar? ¿Es desproporcionado cumplir la Ley? Lo desproporcionado es vivir en La Moncloa para no hacer nada. Y en el Prtd Sclst –no el de ZP o Rbcb sino el de Pdro Snchz– estarán la mar de contentos porque se ha seguido su consejo: no a las querellas; la Constitución, al reformatorio aunque él no logre explicar para qué. ¡Hay que jdrs!

Crisis nacional
España en revolución
Xavier Reyes Matheus Libertad Digital 15 Noviembre 2014

La estrategia del Gobierno ha demostrado una notable miopía al despreciar el alcance de la ofensiva de Artur Mas por el mero hecho de asentarse en una oficiliadad de pega, sin ninguna validez legal. Y ello no sólo porque, consumado su espectáculo, el líder separatista y los que lo siguen pueden jactarse de haber cruzado la línea roja con absoluta impunidad, sino porque queda claro que Moncloa mira las cosas con el mismo simplismo de Luis XVI cuando, enterado de la toma de La Bastilla, comentó ingenuo: "¡Pero esto es un motín!", a lo que apostilló sabiamente el duque de La Rochefoucauld: "No, Sire. ¡Es una revolución!".

El ejercicio del poder político depende fundamentalmente de que quienes lo ostentan hayan sido capaces de consagrar para ello una fuente de legitimidad. En un sistema consolidado, donde la obediencia se da por garantizada, aquella fuente no se cuestiona y los gobernados se limitan a renovar los cuadros del mando en elecciones periódicas. Por el contrario, lo propio de la revolución es que ya no se reconoce el principio en el que arraigaba el orden establecido, y en su lugar se invoca alguna otra razón que es necesario imponer con toda la autoridad de lo que aspira a convertirse, precisamente, en sustento de la autoridad. Lo esperable, por tanto, es que esos actos que reclaman para sí la fuerza de una ley nueva no tengan asiento alguno en la constitución política previa, y luzcan como auténticas invenciones sin más base ni investidura que las que se atribuyen sus mismos autores. Los señores que el 17 de junio de 1789 decidieron en Francia autoproclamarse "Asamblea Nacional" no habían sido elegidos para tal cosa, sino para participar en los Estados Generales; igual que, durante nuestra guerra de independencia, los miembros de las Juntas y de las Cortes de Cádiz que se decían depositarios de la soberanía nacional no contaban para eso con más títulos que los sancionados por ellos mismos, y así fue como legislaron en nombre de un Fernando VII imaginariamente liberal.

En nuestra edad democrática, por otra parte, cuando lo propio de la acción revolucionaria es que se presente siempre como la auténtica valedora de la voluntad del pueblo, basta con invocar este último y difuso nombre para arrogarse el derecho a la representación política. Para la revolución nacionalista el pueblo era más o menos una raza; para la socialista, en cambio, se trataba de una clase. Hoy en día, cuando la globalización y las investigaciones sobre el ADN han debilitado bastante la idea de raza, y cuando la extensión del bienestar y la disolución del proletariado han hecho lo propio con la de clase, el pueblo es un vacuo expediente retórico al servicio del voluntarismo: quien está dispuesto a echar mano de él no necesita, para delimitar el concepto, otro criterio que su intolerancia. Pueblo será todo el que le apetezca que lo sea, y los que no, simplemente quedarán fuera de tal consideración. Serán entonces otra cosa; por ejemplo, "fascistas".

El trabajo deslegitimador de la propaganda revolucionaria se dirige a que el Estado de Derecho deje de considerarse tal y se transforme en "el régimen". Tanto los secesionistas catalanes como Podemos cifran ahora sus esfuerzos en lograr este objetivo, invocando el espíritu –o más bien los fantasmas– de la España de 1934. Algo comprensible si se tiene en cuenta que, en el último decenio, un ánimo de revancha implacablemente cultivado desde la izquierda se ha encargado de convencer a las nuevas generaciones de que la democracia actual había de tomarse por una estafa si pretendía ser otra cosa que una restauración de los proyectos de la Segunda República. Se empeñan estos nostálgicos en que el orden acordado en 1978 debe juzgarse según los propósitos del Pacto de San Sebastián o de la formación del Frente Popular, y en cambio le escamotean precisamente el mérito que más apreciable lo hace: el de que sus artífices, partiendo de la evidencia histórica de un statu quo, lograsen sin embargo superar éste mediante un prudente trabajo de revascularización democrática del tejido institucional, con el que alumbraron pacíficamente un sistema nuevo por forma y por fondo, y porque su razón de ser y perdurar no era ya la fuerza sino el consenso ciudadano.

Por desgracia, el proyecto fraguado en la Transición supo construir todo menos una cosa: España. Para el presidente del Gobierno actual, es un Estado entendido exclusivamente como ejecutor del derecho la ultima ratio que cabe oponer al secesionismo catalán. Pero ese Estado, en el que los escándalos de corrupción han divorciado la aplicación de la ley del servicio a la justicia, ahora está en crisis, y para el empellón revolucionario es muy fácil presentarlo como un simple régimen. Para colmo, se halla también en crisis la otra forma que hasta ahora ha asumido aquí la cosa pública: la del Estado providencia. Y ello remite asimismo a la falta de una empresa común de la nación española, mucho más que a los recortes: en tiempos de la unificación italiana, la política del ministro Quintino Sella para estabilizar las cuentas según su fórmula de economie fino all'osso, economías hasta el hueso, logró sobreponerse a la inevitable impopularidad y demostrar a la gente que todo aquel sacrificio era necesario para levantar el país. A los españoles de hoy, que contaban con apretarse el cinturón cuando eligieron a Rajoy, no se les puede ganar para lo mismo ante el espectáculo indecente de la rapiña política.

Nuestras instituciones democráticas no podrán por menos que verse avasalladas por sus adversarios si se limitan a dar lecciones de derecho, de economía o de simple disciplina partidista. Será necesario, en cambio, que ofrezcan otra más inequívocamente afirmativa de los valores cívicos que ahora están en juego: una lección de elocuente y comprometido patriotismo.

Populismo
El lógico ascenso de Podemos
Jesús Laínz Libertad Digital 15 Noviembre 2014

A los dirigentes de Podemos se les acusa de demagogos. Si, según los diccionarios, la demagogia consiste en el empleo de halagos, falsas promesas difíciles de cumplir y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de la propia ambición política, es probable que Podemos entre en la categoría de partido demagógico. Pero todavía está por demostrar, pues de momento no han tenido responsabilidades de gobierno. En cambio, quienes llevan décadas ejerciendo la demagogia sin freno son el PP y el PSOE. ¿Repasamos sus trayectorias y hacemos una lista de los halagos, las falsas promesas imposibles de cumplir, las promesas cumplibles pero incumplidas y la utilización de los votos para encumbrarse a posiciones desde las que prevaricar, abusar y robar?

Si los locuaces dirigentes de Podemos están siendo hábiles en denunciar la extendida corrupción de nuestro sistema político, desde la familia real hasta el último concejal, no son ellos los culpables de dicha corrupción. ¿Que la denuncia de la corrupción no es patrimonio exclusivo de Podemos? Cierto. ¿Que otros partidos de reciente aparición están igualmente legitimados para denunciarla? Cierto. ¿Que también en los viejos partidos hay gente honrada y se está combatiendo la corrupción desde dentro? Cierto, aunque un poco tarde. Ahora toca bajar de los despachos de caoba a chapotear entre el pueblo si se pretende seguir recogiendo sus votos.

Por otro lado, los dirigentes de Podemos, sabedores de que el filón de la anticorrupción es mucho más abundante que el de los votantes comunistas con quienes comparten ideología, están intentando camuflarla para no limitarse a los votos de izquierdas y aprovechar la creciente indignación contra los partidos establecidos. Para ello Pablo Iglesias insiste en que su partido es transversal –equívoco concepto tan de moda en esta época de pensamiento blando– y recuerda que cada día son más las personas de derechas que le dicen que piensan votarle. Pero, a pesar de esta astuta estrategia dirigida a abrir lo más posible el abanico de votantes, de lo que no cabe duda es de la naturaleza sólidamente izquierdista del proyecto de Podemos. Es más, seamos sinceros: Podemos es eso que muchos izquierdistas siempre habían querido ser pero nunca se atrevieron a confesar. Recuérdese, por ejemplo, a una Beatriz Talegón, alta dirigente de las Juventudes Socialistas, denunciando hace un par de años que los socialistas no pueden "promover la revolución desde un hotel de cinco estrellas llegando en coches de lujo".

Además, el viento sopla a favor de Podemos porque hoy todo es izquierda, sobre todo en España, gobernada desde hace cuarenta años por dos subtipos de la socialdemocracia. El que se dice expresamente de izquierdas se dedica a avanzar en su proyecto de ingeniería social y el que ni siquiera se atreve a llamarse de derechas se limita a conservar lo establecido por el primero, al que ha regalado la presunción de superioridad intelectual y moral. El del aborto es el ejemplo más reciente.

Pero el fenómeno es general en Occidente desde hace medio siglo. Y no proviene exclusivamente del ámbito de la política, pues en ello han influido otros muchos factores: por ejemplo la música pop, esa insuperable fuente de ideología. Uno de los textos clásicos es el celebérrimo "Imagine", ese insuperado himno progre que prevé un mundo paradisíaco para cuando consiga librarse de la religión, las naciones y la propiedad privada. Interesante consejo del multimillonario Lennon.

Aunque el grueso de la riada de canciones aparentemente transgresoras pero en realidad conformadoras del pensamiento dominante ha llegado desde ambas orillas del océano anglosajón, las aportaciones en lengua española no han sido pocas: por ejemplo, aquella muralla de Quilapayún que había que cerrar al sable del coronel, aquella querida presencia del comandante Che Guevara, el Cristo obrero y guerrillero de Carlos Mejía Godoy o, entre otros mil, el Joaquín Sabina de aquellos delincuentes, drogadictos y proxenetas nombrados caballeros mientras que la función de la policía consiste en proteger los chalés de los millonarios.

Junto a la música, la cultura popular de nuestra época se ha construido, sin oposición digna de mención, mediante cómics como los de Martínez el Facha e Historias de la puta mili o películas como las de Torrente, infecto personaje que encarna, ¡qué casualidad!, todas las taras morales e ideológicas atribuidas a una derecha odiosamente caricaturizada. Y, ¡otra casualidad!, lo mismo puede decirse de Mauricio, el repugnante camarero de la serie Aída.

Mención especial merece La Bola de Cristal, programa infantil de la televisión felipegonzalista dirigido por la comunista Lolo Rico que instiló delicadamente en las cabecitas infantiles de su época ideas tan inocentes como la frase insignia de la bruja Avería: "¡Viva el mal, viva el capital". Uno de sus guionistas, Santiago Alba, declaró posteriormente que su propósito había sido "contar Marx a los niños" mediante una serie de "fábulas de marxismo satírico para niños".

Todo este sutil lavado de cerebro no podía dejar de dar sus frutos, pues lo ha impregnado todo y ha creado el sustrato ideológico universal e intocable del mundo actual. A nadie debería extrañar, por lo tanto, que hoy, llegadas por fin las circunstancias adecuadas, de aquellas semillas hayan nacido altísimos tallos que, como en el cuento de las habichuelas mágicas, permitan a la generación Podemos asaltar el cielo.

Podemos, grave amenaza para la democracia
Roberto Augusto www.lavozlibre.com 15 Noviembre 2014

Filósofo y escritor

España vive una crisis sin precedentes en su Historia contemporánea. Esta crisis no es solo económica, sino política y social. Los desafíos nacionalistas a la unidad del Estado no deben hacernos olvidar que el principal problema de los españoles es el paro y la falta de expectativas de futuro para millones de personas, muchas de ellas víctimas de la burbuja inmobiliaria y de la irresponsable gestión de los poderes públicos y de la banca. La corrupción se ha convertido en un mal endémico que lo único que hace es aumentar el malestar de los ciudadanos contra su clase dirigente.

Momentos así son aprovechados por líderes demagógicos y populistas que dicen que van a solucionarlo todo de la noche a la mañana con propuestas mágicas. Esto es lo que está sucediendo actualmente en España con Podemos, un partido que pretende presentarse como nuevo pero que, en realidad, defiende viejas recetas que se han demostrado inútiles en el pasado. Podemos es un síntoma de la descomposición de la vida política española. No es la regeneración que necesitamos, sino un paso más hacia el abismo de la pobreza y de la inestabilidad social.

Podemos es una grave amenaza para la democracia. Si llegara a gobernar sus propuestas nos conducirían a la miseria, al aislamiento internacional, a la fuga masiva de capitales y a la fragmentación del Estado. La mayoría de sus principales propuestas, la jubilación a los 60 años o la jornada laboral de 35 horas, son imposibles de lograr. Podemos promete lo que la mayoría quiere oír. Sin embargo, su programa es irrealizable en gran parte. Sus dirigentes atacan a todos los que no piensan como ellos calificándolos de “casta” como si estuvieran en posesión de la verdad absoluta.

España necesita una profunda regeneración democrática. Pero ésta no puede ser realizada por Podemos, un partido liderado por un aprendiz de mesías bolivariano. No necesitamos caudillos ni propuestas imposibles. Lo que necesitamos es una reforma seria del Estado: mayor transparencia, una lucha más decidida contra la corrupción y medidas que nos ayuden a salir de la crisis económica. Podemos no es la solución, es un síntoma del problema.

Córdoba, en la diana del yihadismo
Santiago Abascal El Confidencial 15 Noviembre 2014

Desde hace unos meses la Catedral de Córdoba es víctima de una agresiva campaña de manipulación ante la opinión pública en la que se insta a la Junta de Andalucía a expropiar este templo, Patrimonio de la Humanidad y toda una joya arquitectónica internacional. Como suele ser habitual, una larga lista de tontos útiles, movidos por su anticlericalismo y su afán de trincar subvenciones públicas, se han sumado a esta campaña, aparentemente inocente y revestida de “ciudadana”, pero cuyas conexiones con diferentes grupos islámicos son cada día más evidentes.

Córdoba y su Mezquita, convertida en Catedral católica hace 775 años, son una constante reivindicación para el yihadismo. Así lo pude comprobar en primera persona en el viaje que hace unos días realicé a Irak para conocer in situ la amenaza del islamismo radical y el horror que está provocando en forma de asesinatos, torturas y decapitaciones. Allí, durante esos intensos días en los que pude visitar campos de refugiados y reunirme con varios ministros del Gobierno, comprobé que el nombre de Al Andalus y el de Córdoba en particular están más vigentes que nunca en el discurso islamista.
Esta campaña de propaganda ha conseguido movilizar a una larga lista de medios de comunicación internacionales como Al Jazeera, la cadena qatarí, así como otros canales de países árabes. En los últimos meses, han visitado la ciudad de Córdoba convocados y aleccionados por alguien. Sorprende que un pequeño grupo ciudadano sea capaz de movilizar de esta manera a la prensa internacional. ¿Quién financia todo este despliegue?, ¿a quién beneficia que se cuestione que la Catedral de Córdoba es de la Iglesia? ¿por qué se reivindica de manera constante el carácter islámico del templo?

El pasado mes de mayo el senador de Izquierda Unida José María Mariscal despejó la hoja de ruta. En una rueda de prensa defendió que sería favorable a que la Junta de Andalucía expropiara la Catedral de Córdoba y que, posteriormente, se permitiera en su interior el rezo islámico. En este sentido, son muchas las voces que en los últimos meses están mandando mensajes a la opinión pública diciendo que, si los musulmanes pudieran rezar dentro de la Catedral de Córdoba, toda la polémica desaparecería.
Me niego a pensar que todo esto es fruto de las casualidades. Por desgracia, ante la ceguera de muchos, Córdoba está en la diana del yihadismo. Por ello, toda esta polémica artificial supone un gran balón de oxígeno para los que anhelan que los territorios de Al Andalus vuelvan a ser parte del Califato. En Occidente, en Europa y en España millones de personas no quieren ser conscientes de que el avance del yihadismo crece cada día y su amenaza se cierne contra nosotros, en nuestras calles, en nuestras plazas y en nuestras ciudades. Nueva York, Londres, Madrid, Boston, Toulouse u Ottawa son solo algunos de los escenarios en los que ha golpeado el zarpazo del yihadismo, ejecutado por terroristas que normalmente viven en nuestras sociedades como uno más, pero atraídos por el radicalismo y conectados con el horror a golpe de ratón.

Occidente lleva muchos años odiando a Occidente, renegando de su esencia y de su pasado. En los momentos de la Historia como los que vivimos, en los que nuestra cultura, nuestra forma de vida y nuestra civilización son cuestionados y atacados, es cuando más se necesita reafirmar y defender nuestros valores. Muchos ya hemos dado el paso.

*Santiago Abascal es presidente de Vox.

Un billón de pesetas al mes no es austeridad
Rubén Manso www.vozpopuli.com 15 Noviembre 2014

Mientras discutimos qué hacemos con España, la deuda de las Administraciones Públicas sigue creciendo. El Banco de España acaba de publicar los datos a septiembre de 2014: 54 mil millones de euros más que a diciembre de 2013, lo que representa un crecimiento del 5,6%. Otra manera de entenderlo: 6 mil millones de euros, un billón de pesetas más al mes. Es posible que a algunos les sorprenda el incremento cuando el Gobierno no para de contarnos las excelencias de su gestión económica.

Algunas cosas han mejorado…
No cabe duda de que algunas cosas han mejorado. El déficit primario (ya saben: la diferencia entre los ingresos y pagos públicos antes del pago de los intereses de la deuda) se ha reducido, y mucho, en 2014. En los tres primeros trimestres de 2014 ha disminuido en 12 mil millones de euros respecto al mismo periodo de 2013, pasando así de 19 mil millones de euros a 7 mil millones de euros Lo mismo ocurre en el resto de las Administraciones tomadas como conjunto, su déficit primario se reduce… pero sigue habiendo dicho déficit. Mientras subsista el mismo, la caída en los tipos de interés no soluciona el problema. Habrá que endeudarse para cubrir dicha diferencia negativa y para pagar, además, los intereses que podrán, incluso, descender a pesar del crecimiento de la deuda, pero la deuda no parará de crecer. En todo caso lo hará a ritmos más lentos.

Pero no todos gestionan igual de bien
Mientras tanto, los hogares han reducido su deuda en 25 mil millones de euros para el mismo periodo, es decir un 3,3%; y las sociedades no financieras en 23 mil millones de euros, o lo que es lo mismo un 2,3%. Así, el conjunto de los residentes en España (particulares, empresas y Administraciones) han visto crecer su endeudamiento en 6 mil millones de euros, de nuevo el billón de pesetas, en los nueve primeros meses de 2014, un 0,2% más.

Está claro que la gestión que de sus cuentas hacen los particulares y las empresas se compadece más con los tiempos que corren, que la que hacen las Administraciones Públicas; y está claro también que la deuda que unos amortizan (48 mil millones de euros), no llega para financiar las necesidades de nueva financiación que tiene la otra (54 mil millones de euros). No es cierto, por tanto, que las Administraciones estén en la austeridad. Salvo que llamen austeridad sólo a gastar menos que antes, aunque sea más de lo que pueden y, lo que es más importante, de lo que podrán, porque todos comprendemos, las empresas y los particulares también, que en un momento dado se puede gastar más de lo que se ingresa si luego se invierte la tendencia con la finalidad de poder pagar a los acreedores. Lo contrario es el camino directo a la suspensión de pagos.

Un billón de pesetas mensual de crecimiento de la deuda pública, cuando las empresas y las familias vienen reduciendo en casi 900 mil millones de pesetas su endeudamiento muestra no sólo dos estilos de gestión: el del que tiene respeto al futuro y el del que no lo tiene, sino también por qué no hay crédito para el sector privado.

LA RUINA DE SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICO
Las tres catástrofes del sistema financiero de las CCAA
Pedro Ruiz Estrella Digital 15 Noviembre 2014

El sistema autonómico español es un compendio de errores, algunos conscientes, junto a estructuras hipertrofiadas e ineficaces y que no sólo favorecen la corrupción sino la colocación de recomendados. Además de que cuestan 86.000 millones de euros al año

La financiación de las comunidades autónomas ha sufrido tres catástrofes consecutivas, consecuencia de un sistema de reparto desigual, con dos comunidades conscientemente favorecidas (País Vasco y Navarra), unas instituciones hipertrofiadas con un gasto desmesurado, un régimen tributario injusto y unos mecanismos en los que se ha infiltrado la corrupción. Un entramado donde el gasto populista y las colocaciones “a dedo” con el dinero del contribuyente han marcado el eje común. Primero quebraron las cajas, el brazo financiero de los políticos autonómicos. Más tarde, se estafó a cientos de ciudadanos para salvaguardar esas mismas cajas, que después se obligó a todos los españoles a rescatar por la negligencia e incompetencia de unos pocos puestos a dedo. La tercera catástrofe, las mismas comunidades han quebrado sus propias cuentas, para lo que se puso a su disposición el FLA (Fondo de Liquidez autonómico) con un gasto de más de 40.000 millones.

El sistema de funcionamiento de las Comunidades Autónomas en España ni es eficaz, ni deja contento a nadie, pero tampoco se quiere renunciar a nada y el único acicate para moverse es sacar más dinero a la Administración Central, dícese a todos los españoles. Con ese pretexto se presentó Artur Mas frente a Rajoy, en busca del concierto económico, que de haberse concedido la historia hoy sería distinta. Obviamente, Rajoy no podía otorgarle tal privilegio por dos razones: Cataluña contribuye netamente al sistema, lo cual desequilibraría la situación económica de las demás Comunidades Autónomas. La segunda es que si concede ese privilegio a Cataluña, no tardarían en pedirlo otras como Madrid, quebrando el sistema de financiación.

La filosofía del café para todos, al que alguno se le ha indigestado, comenzó a urdirse en la castiza provincia de Segovia. La visita del general Franco al pequeño pueblo segoviano de Turrubuelo, en 1968, dio lugar a un encuentro con el gobernador Civil de la provincia, Adolfo Suárez González. La anécdota de aquel día y las posteriores reuniones están extraídas del libro ‘Adolfo Suárez, ambición y destino’ escrito por Gregorio Morán. Los encuentros entre Franco y Suárez se repitieron bajo la misma premisa, que el gobernador había descrito en aquel pequeño pueblo de la pintoresca sierra segoviana: ¡No vamos a ser menos!

Mientras se cerraban los últimos flecos de la transición ya recorría por toda España la famosa frase segoviana del ¡No vamos a ser menos! Preludio del café para todos. La frase se la apropiaron con especial consideración en Navarra y el País Vasco, bajo la premisa de obtener un suculento privilegio frente al resto. Con ello la constitución de 1979 estableció que según el artículo 41.1 "Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco (sic) vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenios". En su artículo 41.2: "d) La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma". Así nació el concierto económico, que tanta polémica y recelo ha traído.

Una financiación complicada
El concierto económico se remonta a 1876 a través de la Ley de Abolición de los Fueros, que tras varias modificaciones en la etapa franquista se materializó en 1981. Desde ese momento, se da potestad normativa para regular los impuestos y autonomía para recaudarlos. Al Estado sólo le rinden cuentas a través del llamado “cupo”, una pequeña parte que pagan por servicios como el de Defensa. Estas ventajas han repercutido sobre el ciudadano y sobretodo en las empresas vascas y navarras. Para dar cuenta de ello, existe un ejemplo paradigmático, las llamadas “Vacaciones Fiscales” que trataban de una serie de ayudas e incentivos a las empresas que se ubicaran en el País Vasco en 1993. Fue duramente criticada por Castilla y León y otras comunidades colindantes porque supuso un traslado de compañías. Aquel viejo grito que había nacido en Segovia ¡No vamos a ser menos! No sirvió de nada, obviamente el resto de CC.AA a partir de 1981 eran menos (económicamente) que Navarra y el País Vasco.

Al margen de las dos mencionadas, el sistema de financiación vuelve a romperse en dos partes (también objeto de crítica). Por un lado se encuentran las CCAA que contribuyen positivamente, es decir, que pagan al Estado más de lo que reciben como: Madrid, Valencia, Cataluña y Baleares. Por el otro, aquellas que reciben más de lo que aportan que son el resto, salvo Canarias que tiene también un régimen especial, encabezadas por Andalucía.

La financiación de la autonomías tiene varios aspectos, por un lado tienen una parte de los impuestos cedidos cómo el del IRPF, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Transmisiones patrimoniales… A su vez, poseen impuestos únicos que se pueden encontrar en una, o en varias CCAA como: “Impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito”, “Impuesto del bingo” o el “Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales”. Aunque es el Estado el que reparte el dinero entre ellas.

A vueltas con el déficit
Un año más la mayoría de las CCAA volverán a incumplir con el compromiso de estabilidad que se le imponen. El objetivo de déficit lo fija la Comisión Europea junto con el Gobierno. Desde 2009 se han fijado 15 objetivos de estabilidad distintos, tres por año. El primero se fija entre los meses de junio y julio del año anterior, según lo establece la Ley de Estabilidad vigente. La segunda ocasión para el cambio es a lo largo del mismo año cuando se conocen las primeras estimaciones. Por último, una tercera variación se produce por culpa de la coyuntura económica, la excusa siempre es válida, que relaja ese objetivo. Aunque las CCAA deben asumir sus propias culpas en el tema, tienen dos argumentos frente a la Administración Central.

El primero es que la financiación que reciben para equilibrar sus presupuestos es irregular y estimada. El 75% de los ingresos de la CCAA de régimen común provienen de transferencias del Estado junto a participaciones territoriales en impuestos. Ya que los impuestos propios de la CCAA suponen tan sólo el 2% de la recaudación, el resto lo recauda el Estado que posteriormente lo liquida a las CCAA. El problema es que la partida de ingresos de las comunidades es estimada, ya que la liquidación se realiza a los dos años, lo que no ayuda a equilibrar los presupuestos al ser una partida ficticia.

El segundo, es que el déficit al que les obliga la Administración Central está alejado del real que pueden alcanzar. El déficit cíclico, el que viene afectado por el ciclo económico, afecta más a la Administración Central que junto con el estructural marcan su tope de gastos. Una vez que el Gobierno ha marcado ese límite impone a las CCAA la parte restante, aunque sea consciente de que las comunidades autónomas no puedan lograrlo.

Gastos injustificables
Mantener un sistema como el de las CCAA cuesta cerca de 86.000 millones de euros, divididos en tres partidas principalmente: gastos de personal, gastos corrientes y gastos financieros. Las comunidades se han convertido en unos entes de dimensiones desproporcionadas, que sólo en personal consumen 53.000 millones de euros.

Una característica peculiar de la política española es la colocación a dedo de gente afín al partido en las estructuras de las CCAA. Además, éstas tienen afán por extenderse por el mundo, no con oficinas o embajadas de España, sino de la propia comunidad. En 2012, en plena recesión y con la sociedad padeciendo recortes en educación o sanidad, las CCAA se gastaban 402 millones en oficinas en el exterior o mantenían 115 embajadas con un valor aproximado de entre 150 y 200 millones.

A pesar de los datos que existen, es muy complicado saber con exactitud el coste de mantener el sistema autonómico. No es posible conocer por ejemplo las duplicidades existentes, los organismos superfluos que se mantienen sólo para colocar recomendados, el coste de las empresas públicas que tienen ese mismo objetivo. Aún así, uno de los últimos informes de UPyD en su estudio económico “El coste del Estado autonómico” lo cifraba en 40.000 millones. El coste real es y será muy superior, porque la política de comprar voto con cheque en blanco, políticas de gasto público en infraestructuras inútiles, los aeropuertos o las magnas construcciones siempre sale muy caro al contribuyente.

'Derecho al olvido'
El dedo en el gatillo de la memoria
Mikel Buesa Libertad Digital 15 Noviembre 2014

La nuestra es, sin duda, una época revisionista. Uno tras otro vemos desvanecerse los viejos valores y se marchitan las instituciones como si el otoño también determinara su inevitable final. Lo hemos comprobado este pasado domingo en Cataluña, donde el Estado se ha evaporado y ha dejado así de existir España en aquel territorio mientras la calle celebraba su aquelarre nacionalista y el Gobierno dejaba hacer, ante la indiferencia de jueces, fiscales y el Tribunal Constitucional. Tiempo habrá de analizar con sosiego esta evanescencia que alumbra un Estado fracasado, el Reino fallido de España, y de repartir a quienes toca las responsabilidades. Por el momento, a mí me basta evocar la singular proximidad con la que hace un cuarto de siglo pude vivir, porque estaba allí, al pie del Muro de Berlín, el momento en el que se diluía otro Estado, éste al parecer mucho más poderoso, y con él todo un sistema político. Porque, como ha recordado Norman Davies en sus Reinos desaparecidos, "tarde o temprano acaba cayendo el golpe final". El poeta Thomas Gray, a quien Davies cita oportunamente, lo escribió así, allá por 1751, en su Elegía sobre un cementerio de aldea:

El orgullo de la heráldica, la pompa del poder
y toda la belleza que hubiera producido aquella riqueza
aguardan por igual la hora ineluctable:
las sendas de gloria no llevan más que a la tumba.

Pero nos queda la memoria, ese enorme recipiente al que acuden los historiadores para enseñarnos el pasado y extraer de él las lecciones que tal vez nunca debimos olvidar. La memoria y los documentos en los que cristaliza constituyen la materia prima esencial sobre la que construir el porvenir. Lo recordó hace ya muchos años Américo Castro en Sobre el nombre y el quién de los españoles, una obra que tal vez hoy conviniera releer: "Saber quién se ha sido equivale a saber con qué se cuenta al ir a poner la proa hacia el futuro". Por eso me parece preocupante la noticia que hace unos días encontraba hueco en la prensa digital, según la cual Google ha empezado a eliminar de su buscador las noticias sobre ETA invocando el derecho al olvido. Este derecho, derivado de la legislación europea de protección de datos, está a punto de causar estragos en nuestro conocimiento sobre el terrorismo mientras, una vez más, esta vez desde el Ministerio del Interior, se contempla el acontecimiento sin el menor pestañeo. Uno hubiera esperado del ministro Fernández Díaz algún tipo de reacción, más aún cuando ahora se encuentra empeñado en la construcción de un memorial de las víctimas del terrorismo dentro de la sede, abandonada y ruinosa, del Banco de España en Vitoria.

Ese memorial, para el que se prevé una inversión de seis millones de euros, constituye un arcano, aunque algo se nos va filtrando a las víctimas del terrorismo acerca de su contenido, lo que nos hace temer que se convierta en una cueva de los horrores, en un artificio de feria destinado a contentar, precisamente, a quienes más interesados están en diluir la memoria de ETA. Al ministro Fernández Díaz se le podría haber ocurrido dedicar una pequeña parte de aquella cifra a reunir la hemeroteca electrónica de cuantas noticias ha publicado la prensa española acerca de esta organización terrorista. Pero no; no es tal la preocupación del ministro. Y la verdad es que no me sorprende porque basta pasearse por la página web de su Ministerio para darse cuenta de que, como ya ocurriera en las dos legislaturas anteriores con sus predecesores, el tema que nos ocupa carece para esos políticos del menor interés. Uno añora en esto la labor que realizó Cayetano González en los tiempos en los que Jaime Mayor Oreja dirigía la política antiterrorista. Pero son tiempos pasados, desvanecidos de la memoria colectiva.

Esto de borrar la memoria a instancia de quienes han pertenecido a ETA o se han posado sobre sus aledaños, incluso para realizar suculentos negocios, las más de las veces fraudulentos, viene de lejos. Allá por marzo de 2011, sólo dos meses después de que la editorial Planeta publicara mi libro ETA, S.A., en el que, entre otras cosas, se hablaba de esos negocios y sus protagonistas, recibí un mensaje de mi editora en el que me comunicaba la existencia de una amenaza de querella por parte de algunos de éstos por considerarse agraviados por una información que, por otra parte, era pública y notoria para quien estuviera al tanto de los asuntos de ETA a través de la prensa. Por aquel entonces no existía el derecho al olvido, pero daba igual. Mi editora me decía que habían llegado a un acuerdo con los reclamantes para destruir la edición. Y así fue: 3.400 ejemplares fueron condenados a la guillotina sin que nadie se inmutara.

La pérdida de la memoria colectiva apenas altera a quienes la experimentan. Todo ocurre como si nada hubiera pasado. Más aún, como si el pasado desfigurara el apacible presente, en el que no tenemos que preguntarnos cómo hemos llegado a él. A veces hay algún Zavalita que, como en la Conversación en La Catedral, la magistral novela de Mario Vargas Llosa, se pregunta en qué momento se jodió esto o lo otro y acaba concluyendo "frente al Hotel Crillón (o en cualquier otra parte): todos jodidos … no hay solución". Y no es que el mundo conspire contra nosotros o que los que ostentan el poder se vean impelidos a engañarnos más allá de lo habitual. Lo que ocurre es que tenemos que vivir y para vivir no son necesarias, al parecer de muchos, de casi todos, las convicciones, los principios, los valores, la historia. Más bien, todo lo contrario. Por ello, el lector me disculpará que concluya con una nueva cita, esta vez de otra soberbia novela, la de Juan Marsé Un día volveré, cuyas páginas se cierran con ella:

Hoy ya no creemos en nada, nos están cocinando a todos en la olla podrida del olvido, porque el olvido es una estrategia del vivir –si bien algunos por si acaso, aún mantenemos el dedo en el gatillo de la memoria…

Premio a Convivencia Cívica Catalana por defender los derechos de los padres
info@convivenciacivica.org  15 Noviembre 2014

Apreciado/a amigo/a
El Club Liberal Español, organización que defiende desde el año 2006 la dignidad de la persona y los valores de la justicia y la libertad individual en España, ha decidido premiar este año a Convivencia Cívica Catalana por su labor de defensa de los derechos de los padres en Cataluña con la entrega del Premio Club Liberal Español 2014.

Queremos compartir este premio contigo, con todos los que nos siguen, apoyan y hacen posible que nuestra asociación exista: socios, voluntarios, simpatizantes y los padres que depositan su confianza en nosotros para que defendamos sus derechos.

Convivencia Cívica Catalana es una asociación nacida de la sociedad civil catalana, independiente de partidos políticos e instituciones, que se sustenta en tres principios: el respeto a la legalidad, la defensa del bilingüismo y el entendimiento con el resto de españoles. Todos aquellos ciudadanos que compartan estos principios y quieran ayudarnos a seguir defendiéndolos son bienvenidos.

El acto de entrega del premio, al que te invitamos si tienes posibilidad de asistir, será en Madrid este martes 18 de noviembre a las 19:30 horas, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en la Plaza de la Marina Española, junto al Senado. Más información aquí

El día anterior, el lunes 17 de noviembre a las 19:30 horas el Presidente de la asociación, Francisco Caja, participará en la Mesa redonda «España después del 9 N», en el Ateneo de Madrid, en la calle Prado, 21, junto al periodista Luis del Pino, el escritor Luis Pérez Novelle y el vicepresidente del ateneo, Pedro López Arriba, en un acto abierto al público al que, por supuesto, también estás invitado si te encuentras en Madrid o puedes desplazarte.

Recibe un cordial saludo y gracias por seguirnos

CONVIVENCIA CIVICA CATALANA
www.convivenciacivica.org
http://facebook.com/ ConvivenciaCivicaCatalana
http://twitter.com/ ccivicacatalana
Apartado de Correos 6142
08080 BARCELONA
Teléfonos 626 377 683 / 659 055 939

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Le pudo la soberbia (y el tacticismo)
Manuel Cruz El Confidencial 15 Noviembre 2014

Me permitirán que repita algo que ya manifesté con ocasión del acto "Una España federal en una Europa federal", celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el pasado 9 de octubre. En realidad, lo que dije entonces reiteraba una afirmación que ya me había atrevido a enunciar en público en Barcelona -no precisamente el lugar más cómodo para hacerlo- un año antes, en un diálogo mantenido con Francisco Rubio Llorente a instancias de la Fundación Diario Madrid y la Asociación de Periodistas Europeos. Recordé en ambas ocasiones que José Mª Aznar -un político por el que reconozco abiertamente que nunca he sentido la menor simpatía pero respecto del cual estoy convencido de que no da puntada sin hilo- había afirmado, nada más empezar todo este proceso que estamos viviendo, que antes se rompería Cataluña que España. Añadía a continuación que no me importaba en lo más mínimo admitir que no le faltaba algo de razón al expresidente (aunque su acierto tuviera una parte de profecía autocumplida, esforzadamente perseguida por sus correligionarios, a menudo entregados al hooliganismo más feroz, también en Cataluña). Qué le vamos a hacer: es imposible que alguien, por más adversario nuestro que sea, se equivoque absolutamente en todo, y en esto me temo que Aznar acertó. Terminé mi argumentación concluyendo que si bien mantenía alguna reserva a la hora de afirmar que la convivencia en Cataluña estaba rota, no albergaba ninguna respecto a que se encontraba severamente dañada.

Cuando se plantean afirmaciones así, los soberanistas suelen reaccionar poco menos que airados, negando tal hecho (o, de aceptarlo, imputándoselo a España). Sin embargo, ellos son los primeros que gustan de repetir que Cataluña ha desconectado de España. Y no les falta razón, ciertamente: hay mucha gente en Cataluña que ya vive como si fuera independiente, que ha roto todos los vínculos simbólicos, imaginarios (además de los de otro tipo, desaparecidos por razones varias) con el resto de España. También se podría decir así: hay mucha gente en Cataluña que, en su cabeza, ya se ha ido de España. Como asimismo la hay, por supuesto, y no es poca, que se siente completamente ajena al proceso soberanista. Pero esto, lejos de neutralizar el primer problema, lo que en realidad hace es multiplicarlo por dos.

Porque, aunque los sectores soberanistas se obstinen en hablar de Cataluña como una unidad, que se relaciona de tú a tú con esa otra presunta unidad que llaman "España" sin más matices, lo cierto es que la ciudadanía catalana es tan plural y heterogénea como la española, y constituiría un gravísimo error desde fuera de Cataluña no conceder la importancia que se merece a ese importante sector de ciudadanos que no solo discrepa políticamente del soberanismo, sino que, siguiendo con el lenguaje de hace un momento, también se está yendo mentalmente... de la Cataluña que el soberanismo está diseñando. Proponer una solución que no los tuviera en cuenta sería lo más parecido a hacer un pan con unas tortas.

De momento, lo que sabemos seguro es que a Mas le han podido la soberbia y el tacticismo. A mitad de la semana que culminaba el 9-N, tanto el PP catalán, como Ciutadans y el PSC no ponían reparos a que la consulta tuviera un carácter meramente civil, y que la ANC o el Pacte Nacional pel Dret a Decidir se hiciera cargo de la organización, logística y recuento, lo que hubiera permitido a su presidente, Joan Rigol, hacer públicos los resultados. Pero, lejos de aceptar la solución, Mas, que anduvo declarando las semanas anteriores que la astucia consistía en no dar la cara, en no firmar un solo papel que le comprometiera, en hacer un algo que en realidad "no era nada" (el portavoz Homs dixit), no resistió la tentación más vulgar y previsible del político, la vanidad, y en gesto más próximo a la chulería que a la dignidad institucional (muy baqueteada por él mismo hasta ese momento), se arrogó el protagonismo y la responsabilidad de cuanto estaba sucediendo. Debió de pensar que jugaba sobre seguro. Que el Estado, paralizado por la desmesura del envite, no haría nada y que, en caso de hacer algo, cualquier actuación le beneficiaría a él porque reforzaría el proverbial victimismo nacionalista.

Por añadidura, su papel estelar en la jornada le reforzaba ante Oriol Junqueras -un líder probablemente sobrevalorado que en un primer momento le hizo ascos a la ocurrencia participativa del president-, al tiempo que le permitía recuperar la iniciativa política y pasarle la mano por la cara a todos los que le habían menospreciado (lo del menystenir parece escocerle particularmente), considerándolo poco menos que como un cadáver político.

Tal vez resulte exagerado afirmar que Mas ha derrotado a Rajoy y a Junqueras (en política las partidas nunca duran un solo día), pero lo que es seguro es que ha ganado tiempo. Y lo que también es seguro es que no le ha importado el precio que costaba esa prórroga, por la sencilla razón de que no pagaba él. Mas cohesiona a los suyos a base de ahondar en la fractura de la convivencia en la sociedad catalana. Así, quien es presentado por algunos como el gran triunfador tras la jornada del 9-N no ha dejado de referirse a los catalanes, cuando no al pueblo de Cataluña, para nombrar exclusivamente a ese tercio que acudió a su convocatoria participativa, ignorando por completo (y, por tanto, declarando inexistentes desde un punto de vista civil) a los otros dos tercios que objetivamente dieron la espalda tanto a su convocatoria como a la opción independentista. Poco parece haberle importado que en Santa Coloma de Gramanet solo apoyara la opción SÍ-Sí el 10,76%; en Hospitalet (la segunda ciudad de Cataluña, por si a alguien se le había olvidado), el 13,82%; o en Cornellá, el 14,30%. Ni que, como señalaba Ignacio Urkizu, haciendo números sobre el hipotético censo del domingo, en sólo ocho de las 42 comarcas de Cataluña hay una clara mayoría proindependencia.

El filósofo francés Jacques Rancière, muy de moda en ambientes intelectuales de izquierda de un tiempo a esta parte, ha afirmado en diversas ocasiones, hablando del conjunto de la sociedad, que la parte sin atributos de parte es la única que puede reclamar para sí ser el todo. El motivo resulta fácil de entender: es la única que para su definición no excluye otro conjunto. Cosa que sí hacen, inequívocamente, los demás sectores (las partes con atributos de parte, por seguir con la abstrusa terminología filosófica). La afirmación de Rancière bien podría ser reformulada en términos algo menos especulativos, y equivaldría a decir que los únicos que pueden garantizarnos no incurrir en sectarismo alguno son precisamente aquellos que no se consideran depositarios de ninguna esencia, ni buscan el confortable calor de las multitudes, ni se emocionan ante las banderas, ni se les quiebra la voz al hablar del futuro de su país. Es decir, justo todos aquellos cuya voz apenas se deja oír, en medio del griterío de los patriotas.

Las urnas milagrosas (1)
Gregorio Morán.  La Vanguardia  15 Noviembre 2014

Esa minoría independentista controla de manera casi exclusiva buena parte de la vida social del país

En verdad que ya nada será igual después del simulacro de referéndum del 9 de noviembre. Como una catarsis, ahora sabemos un montón de cosas que estaban sobreentendidas en la sociedad catalana. Hasta tal punto que esas cajas de cartón se convirtieron en urnas generadoras de milagros, algunos sencillos y populares. Otros, sofisticados mecanismos de relojería política que deben mucho a la escolástica, que no por nada este país nuestro, Catalunya, está impregnado de catolicismo hasta en el ateísmo más renuente a reconocerlo.

Primera lección fundamental. El independentismo en Catalunya abarca con precisión una masa ciudadana que no alcanza los dos millones. Ahora bien, esa minoría abundante controla de manera casi exclusiva buena parte de la vida social del país, empezando por los medios de comunicación y terminando con la exhibición pública agobiante de sus consignas y su afán por representar la parte como un todo. Ellos son Catalunya, los demás son adversarios a los que acojonar. Baste decir que el proceso de intimidación durante la campaña por el simulacro de referéndum llegó hasta el borde de lo cómico: las caceroladas.

Las caceroladas nacen en España como protesta contra el poder que no les escucha -la guerra de Iraq, por ejemplo- pero hacerlas en Barcelona donde el único poder real es el de quienes manejan la Generalitat, podría interpretarse como un ejercicio de intimidación hacia el vecindario que no comparte las ideas de los caceroleros. Porque lo más curioso de la situación que estamos viviendo en Catalunya no es que los pretendidos actos de afirmación independentista sirvan para aclarar algo, sino al contrario, lo confunden más. Ahora es más difícil que antes entender qué carajo defiende cada grupo; si es que defiende cosa alguna o se limita a dejarse llevar por la ola del independentismo.

Y si quieren ejemplos vivos, que es lo que la gente desea que le indiquen y se dejen de hablar por alusiones, metáforas y metonimias, las diversas posiciones de la casta política catalana -tan veterana en el juego del bueno y el malo, o del seny y la rauxa- bastaría seguir el curso sinuoso hasta lo imposible de personajes tan diferentes como Duran Lleida y Joan Herrera, cuya versatilidad concluía en la sumisa aceptación de la presión de sus huestes.

El deterioro de los créditos de la clase política catalana observado fríamente, sin la abnegación a que obliga el servirles y recibir sus regalías, es tan llamativo que convendría detenernos un rato antes de seguir. Aunque sólo sea porque no es frecuente hacerlo. La complicidad entre esa casta hegemónica que hace como que gobierna pero que se oculta cuando debe dar cuentas de su tarea, y ese pinyol del millón ochocientos mil voluntariosos independentistas -entre los que cabe incluir a la intelectualidad vicaria y respetuosa con el mando- se exhibe con el desparpajo de quien desdeña al resto, lo marginaliza, lo convierte en extraño a su tierra; cuando en realidad son la mayoría frente a los conversos.

Hay quien se admira de la voluntad popular de los 40.000 voluntarios para la consulta trucada. El voluntariado protegido, alimentado y ensalzado por el poder político no es una fuerza popular sino un recurso de quienes detentan la hegemonía. Y digámoslo claro, el caso Palau demostró la evidente inexistencia de la sociedad civil catalana, a menos que consideráramos como tal el arte de otorgarse bombos mutuos y cubrirse patrimonios y queridas.

Y como la sociedad -no la catalana sólo, sino todas- no soportan los vacíos, nació un sucedáneo de sociedad civil catalana, alimentada de muy diversas formas por las instituciones, algunas tan inquietantes como el partido que dice que nos gobierna, cuya sede sigue embargada por los tribunales de justicia. Así se vigorizó Òmnium Cultural y se inventó la ANC. Por eso creo que no se está forjando el partido del president, sino que Artur Mas ha pasado lista de sus protegidos y les ha llamado para que cumplan; que al fin y a la postre no todo va a ser ayudarles a figurar. Ahora le toca a él salir del atolladero y pasar las facturas. Algunos más reacios a la evidencia se resisten. La perplejidad desarbolada del líder de ERC, el sentimental Oriol Junqueras, ha bajado tantos enteros en el ranking que hasta los medios bajo control le han quitado el derecho a llorar por la independencia en horario de máxima audiencia.

El principio de que los ciudadanos de Catalunya somos inmunes a la corrupción y exquisitamente democráticos es otra de las milagrosas conclusiones de ese remedo de referéndum del 9-N. Un castizo lo llamaría la consulta de Juan Palomo, porque los mismos que convocan, se anuncian hasta el agobio a costa del erario público, barren como si se tratara de residuos de ciudadanía a los oponentes, y para acabar la machada, instalan las urnas de cartón desechable, meten las papeletas y ellos mismos las cuentan. ¡Imaginan que algo similar se hubiera hecho en Extremadura, Andalucía, o Euskadi! Es la primera consulta estilo kosovar que se celebra en España desde aquella de diciembre de 1976, también llamada de la Reforma Política. No es posible en democracia ser al tiempo juez y parte.

La más inquietante de las evidencias provocadas por la parodia de consulta consiste en que la hegemonía de menos de un tercio de la población en edad de responsabilidad política, incluidos los adolescentes, sea la que decide quién es catalán de pro y quién no, quién tiene aval de ciudadanía y quién no. Si la cosa será grave que hasta han pasado por las casas, de una en una, para que cada cual ratifique sus querencias políticas; entendiendo que abstenerse de hacerlo es más grave que reconocerlo. Pero, pregunto: ¿hasta dónde vamos a llegar en este sistema de ciudadanos supuestamente virtuosos desde la cuna, frente a la mayoría de pecadores?

Recuerdo cuando en Euskadi el elogio de la lengua alcanzaba hasta las opiniones de un inefable sacerdote de otro siglo que consideraba al euskera como la lengua hablada entre Adán y Eva. Pero aquello provocaba vergüenza ajena y nadie quería hacerse eco de tales estupideces que no sólo carecían del poder de alimentar la autoestima del pueblo vasco sino que le devolvían al parvulario. Ahora el fenómeno se ha trasladado aquí y resulta que desde Colón a Leonardo da Vinci, pasando por Santa Teresa, Cervantes, y no sé quién más, nacieron o se formaron en Catalunya, y esa generación corrupta e impune que es la mía, taciturna en los desmanes, se suma a la cohorte de perritos falderos de una clase política corrupta pero fecunda en la fabricación de autoestima.

Bastaría la imagen del exhonorable Jordi Pujol haciendo cola para votar acompañado de su esposa en su papel de lady Macbeth de la Floricultura, cuando un indignado autóctono, que los hay en número muy superior aún al de los voluntarios de la camiseta amarilla, le afronta con un “¡vergonya, vergonya!”, como si esa escueta “vergüenza” expresara todo el desprecio hacia el impostor que dispuso durante 23 años del agua en el oasis. Hete aquí que sus compañeros de cola, nunca mejor dicho, probos ciudadanos, salieron en defensa del delincuente, del gran padre Pujol, y exigieron un respeto para quien les había engañado con tanta desfachatez.

Aunque habría que explicarlo más por lo menudo, me atrevo a apuntar un pequeño detalle de gran significación. Estoy seguro que todos los imputados, condenados y presuntos estafadores, todos, sin excepción, votaron sí-sí, porque en definitiva la independencia sería su amnistía, y si no que se lo pregunten al líder de las CUP, ese compadre de Oriol Pujol Ferrusola en el palco del Barça en una instantánea imborrable. Por cierto ¿ningún medio de comunicación detectó dónde votaron los eminentes hombres de empresa apellidados Pujol Ferrusola? ¿O es que mandaron el voto por correo? Igual que estamos fichados los que no votamos, con mayor razón lo estarán los que lo hicieron. Desconozco si había urnas en Ginebra y las Barbados.

Los otros catalanes

KEPA AULESTIA. EL CORREO 15 Noviembre 2014

· Sabido que la cuestión no es jurídico-judicial y que se evitan las soluciones políticas, es el momento de admitir que estamos ante un problema irresoluble

Las informaciones sobre que la Fiscalía estudia presentar querellas contra miembros del gobierno de la Generalitat han generado un torrente de declaraciones advirtiendo de que el problema no es jurídico sino político. En ello han coincidido catedráticos, convergentes, republicanos y socialistas, mientras que la eventualidad de una actuación judicial sería respaldada por populares, UPyD y Ciutadans. Dado el cariz del desencuentro cabe plantearse que quizás el problema no sea tampoco político. Quizá nos encontremos ante un problema pre-político. La notoriedad del caso, que acapara prácticamente toda la vida institucional en Cataluña, está distorsionando la naturaleza del problema en una vorágine de argumentaciones circulares. Dado que no tiene una solución judicial, ha de hallarse una salida política. Pero acto seguido surgen tres imposibles de conciliar: aplicar la Constitución de 1978, permitir una consulta definitiva de autodeterminación en Cataluña o reformar la Constitución para todos.

La perspectiva alentada por el PP de que la Fiscalía podría imputar a Mas, a la vicepresidenta Ortega y a otros consejeros de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos, para acabar solicitando su inhabilitación como cargos públicos, propició que el presidente de la Generalitat comenzase la semana en el papel de víctima. Sospechoso de poder dejar de lado el compromiso soberanista, renuente a la declaración unilateral de independencia, aparecía como posible encausado tras protagonizar casi en solitario la jornada del 9-N. En esas condiciones dio inicio a la ronda de contactos con las demás formaciones. El sordo pulso entre el Gobierno del PP y la fiscalía general ha pospuesto y enfriado una iniciativa que hoy ya no se sabe si se producirá y que, aun en el caso de materializarse, presenta un recorrido más que incierto. Sencillamente porque la resolución del Tribunal Constitucional admitiendo a trámite el recurso frente al ‘9-N alternativo’ tampoco fue tan taxativa como para que el gobierno de la Generalitat no pueda defenderse en nombre de la participación política, como patrocinador de una gran movilización con urnas que todavía no se han cerrado.

Pero la eventualidad de su procesamiento se convertía en una razón añadida a su distanciamiento respecto a un posible punto de encuentro político. Como si la demostración jurídico-judicial de que las salidas han de buscarse en el ámbito de la política fuese, paradójicamente, el argumento definitivo para eludir la búsqueda de soluciones en ese plano.

En su comparecencia del miércoles, el presidente Rajoy quiso conectar con ‘los otros catalanes’, con los dos tercios de ciudadanos que se abstuvieron de participar en el 9-N, como si su impasibilidad fuese la proyección natural del sentir de los cuatro millones que no acudieron a la cita del domingo. Aunque en su intervención evitó dar a entender que su defensa de la legalidad vigente trataba de preservar los derechos de esos ‘otros catalanes’. Probablemente para sortear la visión de que esos derechos pudieran verse conculcados por el tercio partícipe de la consulta alternativa. Así es como Rajoy se ciñó a su discurso de que un presidente de Gobierno no puede salirse de las pautas establecidas en la ley, a no ser que ésta sea modificada siguiendo los procedimientos previstos en la misma. Su insistencia en que quien desee cambiar la Constitución lo proponga es la negativa a emprender la tarea o a propiciarla a través de la comisión correspondiente del Congreso. Una manera muy personal de anunciar que no será él quien se haga cargo de la tarea. No se atrevió a reducir el problema a una cuestión jurídico-judicial, pero optó por desdeñar lo ocurrido el 9-N guareciéndose tras ‘los otros catalanes’ como recurso para eludir la búsqueda de algún entendimiento explícito.

La situación revela un conflicto que está a punto de pasar al catálogo de los ‘problemas sin solución’. Porque las diferencias entre el soberanismo independentista y todo lo demás se vuelven insalvables. No se trata de una discusión sobre procedimientos, sino que la divergencia ha desbordado de facto las posibilidades que el ordenamiento actual ofrece para serenar los ánimos. Cataluña –como Euskadi– se convirtió en comunidad política con la aprobación del Estatuto de 1979, estatus que debiera preservarse por encima del concepto identitario de nación. Todo proceso plebiscitario –sea una consulta a doble pregunta o sean unas autonómicas con candidaturas de concentración– entraña un propósito reduccionista de la pluralidad, en tanto que electores y elegibles deben obviar sus ‘otras’ convicciones para realzar un ser –un catalán– unidimensional. La manida fábula de recuperar la ‘casa del padre’ para decidir después cómo se distribuyen sus espacios y de qué color habría que pintar su fachada se ha apoderado de la escena catalana. El abrazo que en el recuento del 9-N se dieron Artur Mas y David Fernández fue su impostación más elocuente.

La demostración de que nos encontramos ante un problema prepolítico está en el tacticismo con que cada uno de los actores principales trata de zafarse del entuerto: la política reducida a su versión más pedestre. El 9-N ha aflorado de nuevo los intereses partidarios de convergentes y republicanos. La necesidad que el partido heredado de Pujol tiene de refundarse a través de una candidatura electoral sin siglas, y el vértigo que los de Oriol Junqueras experimentan ante un cambio de ciclo que ellos mismos reivindican como nueva era. ‘Los otros catalanes’ no son únicamente esas dos terceras partes del censo establecido por el 9-N. Hay ‘otro catalán’ en cada habitante de esa comunidad política; un catalán diverso en sí mismo. La agenda soberanista constriñe su destino y trata de encasillarle entre el ‘sí-sí’ y el ‘sí-no’ reduciendo a la nada todo lo demás: tanto el sentir ciudadano de quienes no han ido a votar como las distintas dimensiones en que se debaten los votantes del 9-N.

La gran estafa: ¡Cataluña nos roba!
José Castellano www.cronicaglobal.com 15 Noviembre 2014

Aunque para ser más exacto y más justo, me roba la Cataluña nacionalista. Nos roba a mí y a unos cuantos millones de catalanes más. Pero lo peor es la complicidad del resto de España. Lo que sigue es el triste relato de casi medio siglo, de dos tercios de mi vida. Pero podría ser, de hecho es, el relato de varios millones de catalanes aunque la mayoría de ellos tiraron la toalla sin siquiera empezar el combate que solamente unos cuantos hemos librado denodadamente durante mucho tiempo.

Me han robado la opción política por la que trabajé toda la vida, el socialismo, con un PSC que en su degeneración hacia el nacionalismo es el principal responsable de la orfandad de la izquierda catalana y con la complicidad de un PSOE que no ha sido capaz de defender a la mayoría de los socialistas catalanes, un PSOE que ha dejado hacer a esos hijos de la burguesía de siempre, los que junto con sus bases estabuladas ocuparon la cúpula del PSC convirtiéndose en lacayos del nacionalismo.

Me han robado los sindicatos de clase para convertirlos en esa clase de sindicatos que apoya a los gobiernos nacionalistas del partido único catalán (CiU, PSC, Iniciativa, ERC) que han gobernado ininterrumpidamente desde 1980 y que mandando siguen, siguen y siguen como las pilas del famoso anuncio del conejito.

Me han robado la lengua, pisoteando mis derechos y reduciendo a lengua impropia al idioma castellano que es mayoritario en Cataluña y compartido con otros cuarenta millones de españoles y con más de quinientos millones de personas repartidas por todo el mundo.

Me han robado España, un país milenario al que rebautizan como "Estado español", una España a la que sólo nombran para negarla e insultarla.

Me han robado la ciudadanía, porque esta tribu nacionalista ha hecho posible que solo ellos tengan representación parlamentaria, porque aquí sólo se accede a las listas del cuatripartito y a las cámaras si utilizas la lengua del régimen y participas del consenso nacionalista.

Me han robado una educación de la que expulsaron a miles de maestros dejándose vía libre para poderla utilizar al servicio del monolingüismo obligatorio y para implantar una nueva formación del espíritu nacional tan despreciable como lo era en los tiempos del franquismo.

Me han robado, nos están robando, el derecho a una sanidad pública que continúan recortando y privatizando.

Me han robado el recuerdo, los recuerdos porque me atormenta recordar que desde que llegué hace casi cincuenta años, me consideré tan catalán como andaluz y español, que me creí y trabajé por aquello de "Llibertat, amnistia y Estatut d'Autonomia", por aquello de "Cataluña, un solo pueblo", para, ahora, encontrarme que la libertad es sólo para los nacionalistas titulares y para sus agregados de las antiguas formaciones de izquierdas, o que el Estatuto ha sido una constitucioncilla contra España y al servicio de los nacionalistas que se consideran el pueblo elegido excluyéndonos a los demás.

Me han robado la confianza en el género humano, o más concretamente, la confianza en mis iguales porque, ante la degeneración democrática que en buena parte acabo de definir, ante todas las estafas y expolios de que he sido objeto, me pregunto con vergüenza ajena dónde están esos otros millones de catalanes, los catalanes no nacionalistas, nacidos aquí o llegados de fuera y la mayoría con lazos de sangre en otros lugares de España; dónde están y qué hacen para luchar o al menos para quejarse de una situación que les ha colocado, nos ha colocado, en el anonimato, en la irrelevancia política y prácticamente condenados a la muerte civil.

Nada, no hacen nada, no hacemos nada, no haremos nada mientras los que mandan desde hace siglos sigan mandando y mientras los desposeídos de casi todo no seamos capaces de levantarnos, no solo unos cuantos sino todos, la gran mayoría, para recuperar lo que nos están robando y para eso hay que exigir el control democrático de los medios de comunicación públicos y la neutralización de los privados empezando por retirarles las subvenciones con las que han sido comprados. Hay que exigir de los gobiernos los mismos apoyos y medios como los que han ido facilitando a las organizaciones nacionalistas e independentistas.

Y para empezar, hay que acabar con la degeneración de los sindicatos y de las organizaciones políticas que, en el caso del PSOE significa convencerles de que hay que romper con el irrecuperable PSC sin miedo de ninguna clase porque en poco tiempo, la puesta en marcha de la más que centenaria Federación Socialista Catalana aportaría unos votos de izquierda sin los que el PSOE jamás ganará a las derechas unas elecciones generales.

A todo ello hay que añadirle tiempo, no tanto como el montón de años que han estado creando este nuevo régimen que nos ha estado robando y oprimiendo, pero sí el suficiente tiempo como para que la lucha por recuperar la ciudadanía y la dignidad democrática sea posible hacerla de pie y no de rodillas como pretenden mantenernos Más, Junqueras y toda la camarilla del partido único.
 


Recortes de Prensa   Página Inicial