AGLI Recortes de Prensa   Jueves 20  Noviembre  2014

Política de cloacas.
Vicente A. C. M. Periodista Digital  20 Noviembre 2014

Si por el PSOE fuera hace tiempo que España habría seguido el camino de balcanización de la extinta Yugoeslavia. El paralelismo viene de la descomposición de un régimen dictatorial de izquierda, lucha étnica y religiosa y una guerra civil que acabó en la creación de los nuevos estados de Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenergro, Macedonia y Serbia. Y lo que pretende el PSOE con una especie de confederación de estados libres asociados o independientes totalmente con El País Vasco, Cataluña quizás englobando a Baleares y Valencia en los llamados Paysos catalans, Galicia, Andalucia, Canarias y un maremágnum inconexo formado con el resto de comunidades y ciudades autónomas. Porque no otra explicación tiene el que haga una encendida defensa de reforma de la Constitución y hable de afectos, de encajes y de hechos diferenciales y singularidades.

Es una broma el que Mariano Rajoy diga que su traición a los españoles al permitir la celebración del sucedáneo de referéndum en Cataluña era lo que correspondía a su Gobierno dentro de la división de poderes y responsabilidades, delegando cualquier actuación en el tribunal Supremo y en la Fiscalía. Una broma de mal gusto y un vano intento de tomar por imbéciles a los españoles eludiendo su exclusiva responsabilidad en haber dejado que la Ley se violara de forma flagrante dejando que se pisoteara una vez más el Estado de Derecho por parte de nos sediciosos y traidores a España. Habla de responsabilidades políticas y se calla sobre sus responsabilidades de Gobierno, porque se olvida Mariano Rajoy que su cargo es el de Presidente del Gobierno de España y que se debe a todos los españoles con independencia de su raza, religión y afinidades políticas.

La política nunca puede sustituir a la legalidad, ni esta ser acomodaticia en función de los intereses partidistas o de pactos secretos entre formaciones para el reparto del poder. No puede admitirse atajos ni declaraciones del tipo de “mancharse la toga con el polvo del camino”. Tampoco pueden admitirse pactos secretos que atenten contra los derechos de los ciudadanos favoreciendo a unos con el consiguiente perjuicio de otros. La política no puede ser la herramienta de engaño para servirse de lo público en vez del fin último del servicio público. La política que practica esta casta de corruptos y corruptores es la indeseable, la de las cloacas, la que subyuga las libertades comprando voluntades y lealtades.

Mariano Rajoy se enroca en su posición de trinchera sin el valor de salir al campo de batalla no político ni de la demagogia, sino el de la firmeza y contundencia exigibles a un gobernante en su ineludible deber de la defensa de la Constitución que juró acatar, defender y hacer cumplir. No se trata de política mercadear con esa responsabilidad. Mariano Rajoy no ha tenido el valor para hacer lo que debía y ahora su posición de debilidad manifiesta es aprovechada sin escrúpulos por quienes han delinquido. El miedo a la repercusión de sus actos ha bloqueado a Rajoy cuya patética imagen de profundo abatimiento hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, certifica su defunción política y le augura una dolorosa agonía mientras demore el inevitable adelanto de las elecciones generales.

Quien ha renunciado de modo consciente y voluntario a actuar y gobernar con la legitimidad y medios que el estado de Derecho ponía a su disposición no puede seguir ni un minuto más en su cargo. ¡Rajoy dimisión! ¡Elecciones generales ya!

PSOE 1982, ¿Podemos 2015?
Manuel Muela www.vozpopuli.com  20 Noviembre 2014

La mayoría de los sociólogos y algunos politólogos expresan su incredulidad, no exenta de expectación, sobre el fenómeno español de Podemos. Se esparcen dudas sobre su solidez programática -en contraste con qué, me pregunto- y sobre su condición ideológica. Pero, si hicieran un ejercicio de memoria histórica, no haría falta remontarse a los años treinta, con la caída de la monarquía alfonsina, sólo bastaría centrarse en la España de 1981/82, desgobernada y amenazada por asonadas militares, para constatar cómo los españoles de entonces, sin reparos ideológicos y sin miedo escénico, se echaron en brazos de un partido con siglas centenarias, el PSOE, dirigido por un grupo de jóvenes bisoños que, en aquellos tiempos de la Guerra Fría y de la inestabilidad en la Península Ibérica, compensaban su inexperiencia con el apoyo que recibían de las grandes potencias occidentales y de la Internacional Socialista.

Casi nadie se preguntaba por su programa, que era bastante infumable para el establishment de la época, ni sobre sus cuadros e implantación, bastante débiles por razones obvias, porque en realidad representaban el clavo ardiendo al que agarrarse cuando todo parecía derrumbarse a su alrededor. Ahora, con otra situación caótica, la iniciativa constituyente de Podemos debería servir para sustituir el Estado clientelar e ineficaz por un modelo centralizado y democrático que, estoy seguro, contaría con gran apoyo de la población y facilitaría la ardua labor de gobierno de los años próximos.

El PSOE recibió un depósito inmenso de confianza para el cambio

Hoy no hay Guerra Fría, ¿o sí? -lo de Ucrania no es grano de anís-, pero sí son notorias la inestabilidad derivada de la acumulación de errores y la indignación de la sociedad por aquellos y por la corrupción. La marea del descontento va avanzando por Europa sin que se vislumbren diques de contención democráticos a la misma. Tampoco hay internacionales de nada, salvo la de los publicistas del catecismo financiero que amenazan con domeñar a los infieles a sus preceptos. España participa de esas circunstancias y destaca por el paro y por el aumento de la desigualdad, lo que contrasta con la osadía de nuestros dirigentes poniéndonos como ejemplo de las cosas bien hechas sin expresar en beneficio de quiénes. Desde mi punto de vista, en la respuesta a esa pregunta residen las razones profundas de que otro grupo de jóvenes, sin más apoyos que su inteligencia y el dominio de las comunicaciones sociales, hayan sembrado el grano de mostaza con la confianza y la ambición de obtener un mandato claro y contundente cuando se convoquen las urnas.

Hace más de treinta años, en un ambiente de descomposición, el PSOE fue llamado a ejecutar los preceptos de la Constitución otorgada de 1978. El depósito de confianza que obtuvo no tenía parangón en la historia democrática española, superaba con mucho a la eclosión republicana de abril de 1931, y el uso que hizo de él está a disposición de los analistas y, lo que es más importante, en la memoria y en la vida de generaciones sucesivas de españoles. Unos españoles que ahora se sienten contritos e indignados además de anegados por la desconfianza en sus dirigentes. Lógicamente, los males no afectan únicamente al PSOE, también se extienden al partido de las derechas españolas, el PP, que ha resultado incapaz de transformarse en una fuerza templada y modernizadora, optando en cambio por refugiarse en las directrices foráneas y en las viejas inercias del capitalismo castizo.

Como consecuencia principal de ello, la fatiga de los materiales se ha adueñado de todo el entramado institucional y, al igual que la aluminosis en los edificios, ha convertido en imposible su rehabilitación. Esta resulta más cara y complicada que construir de nueva planta, aunque existan materiales aprovechables de lo viejo. Sería demasiado sectario no reconocer los avances en libertad y en tolerancia. Por eso no resulta extraño que quienes se postulan a extramuros para obtener la confianza de los españoles apelen a un proceso constituyente, al que me he referido en ocasiones múltiples (Preparar las elecciones constituyentes), cuya mayor dificultad inicial es despojarlo de las presuntas adherencias de incertidumbres que tratarán de explotar los adversarios del mismo.

Centrifugar más al Estado o centralizarlo
Por supuesto, un período constituyente siempre conlleva incertidumbres, pero su objetivo en éste caso es claro y concreto: terminar con la mayor de ellas que es la de tener a una nación sumida en la ciénaga de la corrupción y gobernada por instituciones que han dejado de servir a los ciudadanos. Es lo que hace inevitable tratar de reconstruir el Estado sobre otros cimientos, ya que los actuales se han convertido en arenisca, porque eran frágiles y contradictorios desde el principio, sin que nadie se haya ocupado de fortalecerlos. Cualquier intento de hacerlo ahora por parte de los que han labrado su ruina se demuestra vano y tardío, como nos recuerdan cada día los portavoces de la reforma constitucional cuando reciben el desdén de sus colegas del pacto del 78 y la indiferencia de los ciudadanos. En resumen, demasiado poco y demasiado tarde.

Para no sembrar expectativas falsas, importa señalar que el proceso constituyente no es el elixir curalotodo, aunque es necesario para aclarar el horizonte español, siempre que se consiguieran debatir en libertad las propuestas de unos y otros. En tales condiciones es probable que lo que hoy parece un Everest sea una loma suave y practicable para la mayoría. De ésta manera se conseguirá que los españoles decidamos en libertad y en democracia para concluir con dignidad nuestra larga evolución constitucional. La alternativa a eso ya la conocemos. Y no está de más, para despejar dudas y sembrar certezas democráticas, que los hombres y mujeres de Podemos recuerden lo que decía Azaña en las vísperas del advenimiento de la República: “Los republicanos venimos al encuentro del país, no como estériles agitadores, sino como gobernantes; no para subvertir el orden, sino para restaurarlo”.

En fin, tampoco debemos ignorar que uno de los grandes retos de ese plan constituyente sería llegar a tiempo de evitar la ruptura de la unidad territorial de España, hoy claramente amenazada. Todavía no sabemos lo que plantearán sus impulsores ni los que se vayan sumando en los meses venideros, pero me permito insistir en que España está sobrada de elementos centrífugos, cuyo engrandecimiento y sublimación impedirán que el poder central tenga la fortaleza y autoridad suficientes para ordenar la crisis económica y social, teniendo además enfrente a los potentes adversarios de la reconstrucción democrática del país. Por eso, tanto Podemos como cualquiera que apele al cambio debería incluir en sus propuestas una dosis de jacobinismo centralizador, que nada tiene que ver con la opresión centralista, que sería muy apropiado para sustituir al Estado clientelar e ineficaz que han fabricado los del pacto del 78. En mi opinión, ahí se juegan la gobernabilidad de España y la superación de la crisis española.

El reino de la incapacidad manifiesta
Mario Conde www.gaceta.es.  20 Noviembre 2014

Solo sobre el conocimiento puede fermentar la verdadera libertad. Pues si esto es cierto, me da que la abundancia de no libres es pasmosa. Porque la ignorancia parece que comienza a ser contagiosa en determinadas esferas del poder y de la llamada opinión ilustrada. Ahora resulta que la querella que se va a plantear contra Mas es “inconveniente” para la solución del “conflicto de encaje de Cataluña en España”. No se trata sólo de que Cataluña lleva encajada en España desde siempre, con el intervalo breve del XVII en el que quiso encajarse en Francia, sino que, además, ese tipo de planteamientos implican negar la esencia del Estado y del Derecho.

Subordinar el Derecho Penal a la conveniencia política del momento es sencillamente aberrante. Pero pedirlo públicamente desde instancias que se suponían ?estúpidamente, por cierto? ilustradas, es si cabe peor. Y además es que no solo conduce a negar la conquista civilizada de que el Derecho monopolice la fuerza, sino que empeora todos tipo de conflictos. Hablando nos entendemos, debería ser un mantra real, pero claro, para eso es necesario que uno escuche al otro, y en este país de nuestros amores conversar no equivale a escuchar al interlocutor, sino a una agregación de monólogos emitidos en diferentes ondas de frecuencia.

No era conveniente recurrir el Estatuto de Cataluña por inconstitucional, para no empeorar las cosas. Así que habia que dejar que vivieran al margen de los postulados de la Constitución que nos dimos todos los españoles, entre ellos los catalanes. Cuando se declaró inconstitucional en ciertas partes, Zapatero dijo que iba a encargar a la abogacía del Estado ? me sentí avergonzado y hasta ofendido? que “arreglara” el “desperfecto” creado por la sentencia del Constitucional. Es decir, negociar con la Constitución y con la Autoridad del Tribunal. De locos. Pero siguió el ritmo, como dicen los americanos

No era conveniente recurrir el referéndum, para no empeorar. Se recurrió y no se empeoró. No era conveniente recurrir la consulta participativa, o como la llamen, y se recurrió y no empeoró la situación la suspensión judicialmente ordenada. Lo que provocó el desastre es la inacción del Presidente del Gobierno consintiendo de facto lo que negó mil veces de palabra. Lo que empeoró es no tener preparada la querella a tiempo y haber dejado que las cosas llegaran hasta aquí. Lo que empeoró es encargar a los fiscales de Barcelona la querella. Lo que empeoró es la evidencia de politización de la fiscalía. En fin, que vamos de mal en peor. Pero no por hacer lo que se debe hacer, sino exactamente lo contrario: por no haber hecho a tiempo las cosas que tenían que hacer los responsables de este país, unos y otros, ambos inclusive.

No se puede renunciar a una querella por delitos obvios si no queremos disolver el Estado, que es el fondo lo que está ocurriendo. La Ley Penal no debería ser negociable. Ya se que la prostitución de nuestro sistema político-judicial ha provocado usarlo para condenar a inocentes y para absolver a culpables en base a la conveniencia de una espuria razón de Estado, que en realidad es solo razón del gobernante de turno, o, mejor aún, del Sistema.

Ya se que la estrategia del independentismo es posible que sea la movilización ciudadana alegando que es querella contra Cataluña. No es verdad, pero lo dirán. Ya sucedió con la querella del asunto Banca Catalana. Y les salió bien gracias a Felipe González. Pues si por aplicar la Ley interponiendo la querella la respuesta es un desafío al Estado, la respuesta está en la Constitución. Solo hace falta una cosa: tener el valor de aplicar un precepto constitucional. ¿Es mucho pedir? René Guenon escribió un libro: el reino de la cantidad y el signo de los tiempos. Habría que escribir otro : el reino de la incapacidad y el signo del mal gobierno.

UN TÍO "ENROLLAO"
A ti, que votarás a Podemos
Rafael Núñez Huesca www.elsemanaldigital.com  20 Noviembre 2014

Si estás leyendo esto es, probablemente, porque algún amigo, familiar o compañero de trabajo, te lo ha hecho llegar. A él y a ti, gracias.

En primer lugar, baja la guardia. A estas alturas no pretendo convencerte de nada. Podemos te ha devuelto la esperanza y eso es algo absolutamente legítimo. Ese grupo de profesores te parecen un soplo de aire fresco. Nuevas caras y nuevas ideas. Y es cierto, son nuevas caras. Pero, amigo, no son nuevas ideas. Nuevo es el embalaje, el packaging que diría un snob, la presentación. Pero la idea, el cuerpo doctrinal, tiene cien años.

"Yo soy comunista –decía hace unos meses Pablo Iglesias- y hay veces que decirlo te puede ayudar… y otras no". Y tiene razón. Diciéndolo, Izquierda Unida nunca pasó de la marginalidad, ocultándolo, Podemos puede ganar unas elecciones. Lo explica él mejor que yo: "Yo sé que el Pablo que interviene en una fiesta del Partido Comunista puede ser mucho más atractivo para muchos de vosotros, pero el que interviene en el contexto posterior es más útil para el cambio político".

Circula por YouTube un vídeo de Hugo Chávez, unos meses antes de acceder al poder, en el que se sacudía toda etiqueta ideológica y presentaba su proyecto como "integral" llegando incluso a abjurar de Fidel Castro, del comunismo y de las expropiaciones que luego aplicaría masivamente.

El comandante proponía, y quizá esto te suene, "una transformación del sistema político para alcanzar una democracia verdadera, mucho más auténtica". Lo dicho, nada nuevo. A mí, como a ti, Pablo Iglesias me parece un tío enrollao. La antítesis de esos señores encorbatados a los que les escriben los discursos. Con Pablo Iglesias todos nos iríamos a tomar unas cañas. O casi todos.

Algunos tertulianos harían mejor en tomarse la Mahou en casa: "Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en televisión". Sí, mejor en casa. Aunque puede que ni siquiera allí estén a salvo sabiendo que "el derecho a portar armas es una de las bases de la democracia" y que, para el bueno de Iglesias, "el enemigo solamente entiende un lenguaje: el lenguaje de la fuerza". Quizá por eso anima a los suyos "a irse de cacería a aplicar la justicia proletaria". El Pablo Iglesias libre de la soga demoscópica, en bruto y sin artificios mercadotécnicos es éste que te describo. No te miento.

Compruébalo. Busca en la red. Investiga. La hemeroteca está ahí, visible, al alcance de todo el que quiera saber. Te encontrarás, por ejemplo, con apelaciones directas a la violencia: "Se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas". Y no son palabras de un adolescente rebelde, son de hace unos meses. Menos de un año.

Ahora, como te decía, todo ha cambiado. Ahora los mensajes son muy otros. No se pueden ganar unas elecciones apelando a la expropiación ("ser demócrata es expropiar") y a la confiscación ("donde hay propiedad privada hay corrupción"). Y no se puede uno sentar en los platós diciendo que "la mera existencia de los medios privados ataca la libertad de expresión".

Por eso, después de leer esto caben, amigo, tres posibilidades: que ya supieras qué es Podemos y vayas a votarles igualmente; que creas que digo verdades a medias e incluso que miento; y por último, que después de esto pienses que hay que buscarse otro partido.

Si eres de los primeros, mis disculpas por el rollo, y a la lucha, camarada. Si eres de los segundos, tómate unos minutos para bucear en la red: comprobarás que hasta las comas son literales. Y si perteneces al tercer grupo, no desistas, existe alternativa al bipartidismo más allá de Podemos. Aunque salgan menos en "los medios privados".

Desafio secesionista
Cataluña no está perdida
José García Domínguez Libertad Digital  20 Noviembre 2014

El Madrid nihilista, siempre ofuscado con sus bizantinismos leguleyos y sus reyertas visigodas de palacio, ya da por perdida Cataluña. Para ellos la secesión solo es una cuestión de tiempo, apenas eso. Y es que el Madrid nihilista habla mucho de España, quizá demasiado, pero la conoce poco, muy poco. De ahí que siempre se deje impresionar en cuanto aparece el Artur Mas de turno marcando paquete ante las escalinatas de La Moncloa. Contra lo que quiere creer el Madrid nihilista, el simulacro del 9-N ha supuesto un fracaso inesperado para el independentismo minoritario que ordena y manda en Cataluña. A fin de cuentas, el muy raquítico tercio del censo que sumaron los figurantes de la calle únicamente habrá servido para refutar el mantra, tan repetido ad nauseam por la domesticada prensa doméstica, de que el ochenta por ciento de los catalanes ansiaba el derecho "a decidir".

Nada menos que el ochenta por ciento. Una trola, ahora se ha demostrado, del tamaño de la catedral de Burgos. Y, sin embargo, esa fallida performance dominguera va camino de convertirse en la versión mediterránea de la célebre Ofensiva del Tet cuando la guerra del Vietnam. Recuérdese, una derrota militar sin paliativos del Vietcom que acabaría por mutarse en su mayor triunfo propagandístico merced a la claudicante candidez de la prensa progre –y no tan progre– de los Estados Unidos. Cataluña está perdida, eso sí, para el Partido Popular. "Ciudadanos nos va a fulminar. Vamos a ser barridos del mapa por la gente de Rivera en las cuatro provincias" (palabras textuales de Arriola ante Rajoy en la penúltima reunión de la Ejecutiva Nacional del PP).

Pero el PP, de momento y hasta nueva orden, todavía no es España. Los micronacionalistas catalanes, sus élites rectoras por lo menos, no están tan locos como intentan simular. Son por entero conscientes de que su ansiada República del País Petit requiere del paraguas protector de un gran Estado, uno de los de verdad, a fin de resultar viable. Porque sin otro gran Estado de verdad que supla al español en tres funciones irrenunciables (un mercado externo garantizado, la estabilidad del sistema financiero-monetario y la seguridad militar) lo suyo no va a ninguna parte. Y lo saben. Mejor que nadie lo saben. Sin un consentimiento tácito de la Unión Europea nunca se atreverán a proclamar unilateralmente la independencia. Van de farol.

Desafio secesionista
Rechifla general en Cataluña
Pablo Planas Libertad Digital  20 Noviembre 2014

El 9 de noviembre continúa. Los catalanes tienen de plazo hasta el próximo martes día 25 para votar en el referéndum que según Rajoy no se ha celebrado pero por el que Torres-Dulce se va a inmolar en la pira de la Ley. La rechifla entre los tácticos de Artur Mas es generalizada. A estas alturas, una querella es un acto de dignidad que en modo alguno puede atajar las vías de agua abiertas por la ineficaz gestión política del expediente. A Mas, acostumbrado a saltarse todas las leyes sin la más mínima consecuencia y que ha convertido el incumplimiento de las sentencias sobre el español en los colegios en hecho cotidiano, le da la risa, se parte y se monda.

Aún hay despistados, voluntariosos y recién llegados que se presentan en las oficinas de la Generalidad para votar y pueden hacerlo sin ningún problema, prodigio que dos semanas después de la jornada electoral (elecciones las llamó el presidente del Gobierno) es peor para las garantías judiciales que para las democráticas. El impagable servicio prestado por nueve fiscales de Cataluña a la secesión, la sedición o el carajo de la vela, que diría Arzallus, demuestra quién manda en realidad sobre el terreno. La conclusión es obvia. Es mucho más fácil y menos arriesgado desobedecer al Tribunal Constitucional que a la Generalidad, cuyo control, uso y abuso de los resortes estatales en Cataluña financia el Gobierno del PP sin límite de crédito, como una tarjeta negra.

Dice Rajoy que su obligación es gobernar para todos los españoles y que no dejará de financiar servicios básicos de los catalanes cuando se le pide que corte el grifo. Tiene toda la razón, pero ni Arriola ni Moragas deben estar al corriente de que lo que paga el Estado en Cataluña no son las prestaciones a los ciudadanos por sus impuestos sino TV3, las urnas, las papeletas, la propaganda y los sueldos de los altos cargos que organizaron el primer referéndum de autodeterminación de la historia de España, incluidas las nóminas de unos fiscales erigidos en junta electoral del infausto 9-N.

La moral de victoria en el frente separatista está por las nubes. La política catalana es una juerga, barra libre, cachondeo general con el fiscal, con el JEME y con el Jaja. Mas corre el riesgo de que se le descoyunte la prognática mandíbula de Habsburgo mientras escribe la carta a los Reyes Magos. Aún se acuerda del primer movimiento de Rajoy: encargar al ministro de Exteriores el caso catalán.

El Tribunal Supremo reitera que debe haber un "equilibrio inexcusable" entre castellano y catalán en el sistema educativo
El Supremo rechaza un recurso de Impulso Ciudadano que pedía anular un decreto que establece el catalán como "la lengua vehicular" utilizada "normalmente". El tribunal argumenta que, aunque no se mencione específicamente al castellano, ambas lenguas deben utilizarse de forma equilibrada, sin que ninguna tenga "superioridad, primacía, predominio o uso prioritario" sobre la otra. Los recurrentes advierten de que la Generalidad no interpreta el texto de esta forma y lo utiliza para justificar la inmersión, que es ilegal.
Redacción www.cronicaglobal.com  20 Noviembre 2014

El Tribunal Supremo ha vuelto a recordar el "equilibrio inexcusable" que debe prevalecer en la educación pública catalana "entre las dos lenguas igualmente oficiales, evitando situaciones de privilegio". Y ha señalado, apelando a la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que "el catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña".

Así se ha pronunciado en una sentencia que se ha conocido este miércoles, en la que rechaza un recurso presentado por Impulso Ciudadano -que pedía anular un artículo de un decreto de 2010 de la Consejería de Educación (ahora Enseñanza)- por considerar que el texto no vulnera el bilingüismo que garantiza la jurisprudencia constitucional.

Impulso Ciudadano recurrió el texto porque se utiliza para justificar la inmersión
Concretamente, la entidad recurrente solicitó la anulación del artículo 6.d del Decreto 155/2010, que ordenaba a la dirección de las escuelas "garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la educación, administrativa y de comunicación utilizada normalmente en las actividades del centro".

Según Impulso Ciudadano, el hecho de que no se contemple igual previsión para el castellano podría suponer un aval al sistema de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que, de facto, se aplica en toda la educación pública en Cataluña, por lo que pidió su anulación. Esta anulación ya fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en octubre de 2012, por lo que la entidad había recurrido al Supremo.

El Supremo no ve necesario anularlo porque el TC garantiza el bilingüismo
Sin embargo, el Supremo ha vuelto a rechazar su anulación porque -según indica- el uso del adverbio "normalmente" para el catalán "no señala ninguna exclusión del uso del castellano en el ámbito educativo en el territorio de Cataluña, no establece ninguna preferencia del catalán imponiendo una superioridad, primacía, predominio o uso prioritario sobre el castellano, ni, en fin, regula un régimen de privilegio".

La sentencia insiste en que "el silencio que denuncia la recurrente no comporta ningún desequilibrio en el régimen de cooficialidad que establece la Constitución" y que "pretende evitar desequilibrios indeseados entre las dos lenguas oficiales". E insiste en que el Tribunal Constitucional ya estableció que "ha de evitarse que quiebre el 'equilibrio inexcusable' entre las dos lenguas igualmente oficiales, evitando situaciones de privilegio que, como hemos señalado, no se crean en la norma reglamentaria impugnada en la instancia".

Denuncian que "no se haya atrevido" a anularlo pese a concluir lo contrario
Desde Impulso Ciudadano, en cambio, han criticado la sentencia, y han advertido de que, en base a este redactado y "visto el grado de deslealtad institucional", la Generalidad hace "una lectura excluyente" que es "discriminatoria" para los alumnos castellanohablantes y "contraria a la Constitución".

La entidad ha calificado la sentencia del Supremo de "muy pobre jurídicamente" y ha lamentado que -pese a avalar el bilingüismo- "no se haya atrevido a anular el citado precepto". Especialmente cuando sí lo hizo en otra sentencia de junio de 2012, "en la que se anularon varios artículos del Decreto de Educación infantil que no contemplaban la presencia del castellano en la literalidad de la norma".

Impulso Ciudadano "tiene la impresión de que el contexto político catalán lo contamina todo y es este contexto el que, con toda seguridad, ha inclinado al Tribunal Supremo a confirmar el Decreto en su literalidad, más cuando los razonamientos que se contienen en la propia sentencia llevan a la conclusión contraria". Por ello, han anunciado que presentarán un recurso de amparo contra esta sentencia por considerar "imprescindible una mayor claridad en las resoluciones judiciales".

******************* Sección "bilingüe" ***********************
El cascabel y el gato del federalismo

Roger Senserrich www.vozpopuli.com  20 Noviembre 2014

La palabra más repetida por las mentes bienpensantes de la izquierda durante las últimas semanas es federalismo. Una reforma federal de la constitución, para ser más precisos; la idea es una reforma más o menos vaga del sistema político español para encontrar un encaje a los eternamente desafectos catalanes.

Como todas las palabras en política, la idea de “federalismo” no es demasiado útil si no se llena de contenido. El mundo está lleno de estados nominalmente federales pero bastante menos descentralizados que nuestro estado autonómico, al fin y al cabo. La ciencia política no tiene una definición concreta sobre qué es un estado federal por buenos motivos: sencillamente, no hay un modelo claro, sólo países con principios de gobierno razonables. Uno puede cambiar el nombre de las comunidades autónomas por estados y seríamos una federación, pero nuestros problemas serían exactamente los mismos.

Antes que hablar sobre federaciones y reformas constitucionales, por lo tanto, no sería mala idea abrir el debate replanteándonos por qué la descentralización política es deseable. Si desde el gobierno central alguien piensa hacer una oferta al gobierno de la Generalitat sobre un nuevo marco institucional que haga que un porcentaje significativo (no sabemos si mayoritario) de catalanes vuelvan a estar a gusto con la idea de permanecer en España, debemos responder primero qué problema estamos intentando solucionar.

El principio que se repite más a menudo al hablar sobre descentralización es la subsidariedad, un concepto político un tanto vago que tiene su origen en la Iglesia Católica (en Rerum Novarum, extrañamente). La idea básica es que cualquier acción de gobierno debe hacerse en la unidad política más próxima al ciudadano que pueda ser efectiva. Las administraciones superiores actuarán sólo en aquellos casos en que las autoridades o gobiernos locales no puedan afrontar un servicio o responder a un problema, y los gobiernos nacionales lo harán cuando no puedan hacerlo las regiones. En esencia, la subsidariedad otorga una primacía democrática a las administraciones cercanas sobre aquellas de mayor tamaño. Las regiones y gobiernos nacionales están al servicio de las autoridades locales, apoyando a la comunidad ahí donde sus esfuerzos por separado no son suficientes.

La idea de subsidariedad está implícita en ordenamientos jurídicos anteriores, y más concretamente en los debates legales sobre la redacción de la constitución de Estados Unidos. La descentralización, el mantenimiento de la home rule, es la base del sistema federal americano. En la constitución todos los poderes que no están específicamente atribuidos al gobierno federal o sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones se atribuyen explícitamente a los estados. El gobierno local es la prioridad, el gobierno central es una necesidad a tolerar. Esta idea de la Unión como un mal necesario se repite en los tratados de la Unión Europea, hasta el punto que el principio de subsidariedad es el núcleo central del ordenamiento jurídico nacido del Tratado de Maastricht.

Esta desconfianza hacia el centro es la idea implícita detrás de la inmensa mayoría de gobiernos descentralizados, y debería ser el primer paso al hablar sobre una federación. Queremos que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los individuos, y queremos que cuando esto no suceda así sea por motivos muy claros y explícitos: eficiencia, capacidad, economías de escala, justicia social, o lo que prefiramos, pero no de forma arbitraria.

Que hablemos de subsidariedad, sin embargo, no implica que un sistema descentralizado esté basado en la desconfianza. Al contrario, el principio central de dar poder político a las regiones y municipios es la idea de que los votantes pueden tener principios, preferencias y valores distintos en cada pueblo o territorio, y queremos darles la autoridad y capacidad de decisión para poder gobernarse como quieren. Un país que se toma la descentralización en serio es un país que está dispuesto a aceptar que las políticas públicas, programas de gasto, impuestos y programas sociales de cada región pueden ser y van a ser muy distintos entre sí, y que esas diferencias son perfectamente aceptables.

En Estados Unidos los estados son a menudo definidos como “laboratorios de democracia” por este motivo. Los ciudadanos de cada estado pueden tener ideas tremendamente distintas sobre la cantidad de ayuda que debemos dar a los pobres, quién debe pagar impuestos o el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, y deben poden llevar esas ideas a la práctica. El gobierno federal puede establecer unos estándares mínimos en algunos servicios y preservar la capacidad de ejercer sus atribuciones velando por los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, pero no puede imponer políticas públicas. Si los estados no quieren aceptar dinero federal expandiendo un programa de asistencia sanitaria a los más pobres, no tienen por qué hacerlo. El gobierno federal actúa para ayudar a los estados, no da órdenes.

Esto no quiere decir, por cierto, que las relaciones entre niveles de gobierno sean necesariamente armoniosas, con unos y otros saliéndose del medio cuando los principios constitucionales así lo piden. En Estados Unidos el gobierno federal y los estados se dedican a llevarse a juicio unos a otros constantemente, sea para quejarse de que alguien está haciendo lo que no debe, defendiendo que el otro no puede justificar constitucionalmente la regulación de un mercado para defender una cláusula constitucional o incluso exigiendo a veces que el gobierno federal se implique en un problema ya que las acciones de un estado están perjudicando al resto, como sucede a menudo en temas medioambientales. Un sistema federal no elimina los conflictos, sino que simplemente clarifica su naturaleza.

Cuando hablamos sobre mover España hacia un sistema federal, por lo tanto, debemos preocuparnos menos por los nombres y las listas de competencias, y más por los principios que deben regir el nuevo sistema. Una reforma decidida del sistema autonómico debería basarse en la idea que los nuevos estados federados surgidos de ella deben ser capaces de tomar sus propias decisiones, y que el gobierno central no está por encima de ellos, sino que actúa como un multiplicador de sus esfuerzos. Esta capacidad de decisión debe incluir atribuciones y responsabilidades fiscales, ya que aquel que quiere gastar dinero debe ser el que lo recaude, y reglas claras sobre estabilidad presupuestaria y los componentes básicos para que funcione el gobierno federal de forma efectiva. El nuevo modelo seguirá estando lleno de conflictos, dado que el debate sobre qué derechos que consideramos básicos está en el centro de todo debate político, pero deberemos acostumbrarnos a ello.

¿Bastaría una reforma en este sentido para contentar a los separatistas? La verdad, no lo sé. La reforma del sistema autonómico es imprescindible, no para Cataluña, sino para mejorar su funcionamiento en todo el estado. Las demandas y quejas de los nacionalistas catalanes no son descabelladas; España nunca se ha tomado en serio la descentralización política. Ya va siendo hora de que empecemos a hacerlo.

Los que deben admitir, o no, la querella contra Mas

Xavier Horcajo www.gaceta.es  20 Noviembre 2014

Después de la “fumata blanca” de los fiscales, que incluye el insólito episodio de que los fiscales catalanes presenten el escrito “por imperativo legal”, cosa que espero inspire innumerables tesis doctorales sobre el compromiso del ministerio fiscal no con su ideología, sino con la ley y lo que ordena el Constitucional, nos encaminamos a la siguiente estación del calvario catalán: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El drama lleva por título: ¿Debe juzgarse un presunto delito contra Mas, presidente de la Generalitat, en Cataluña?

El “cuarteamiento” judicial en taifas Superiores de Justicia, ha servido para blindar a los señores feudales autonómicos, no se le pida ahora ir contra ellos. Porque no quieren y porque no saben. Ellos están donde están por méritos políticos. El PSOE se preocupó de colocar progresía togada, de los que nadie habla. El PP bobalicón sólo propuso algunos magistrados pintorescos que protagonizaron diversos escándalos. Nadie duda que el presidente de Andalucía sea afín al PSOE o que el de Galicia sea pro-PP. Así las cosas, con Pujol-Roca-Mas y Duran actuando de “césares imperatores” --con el pulgar hacia arriba o hacia abajo—han escogido uno a uno los nombres. Pueden imaginar que el TSJ de Cataluña es una “llave de paso” muy codiciada por el poder político nacionalista desde hace 30 años.

La querella dE Torres Dulce llega a los muros del TSJ de Cataluña y la pregunta es si lo inadmitirán o si lo admitirán le darán sordina y decidirán el archivo dentro de unos años, cuando la República Catalana Independiente les obligue a trasladarse a Zaragoza. Quién compone la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, esa donde se tiene que instruir los presuntos delitos que podrían inhabilitar a Artur Mas, su segunda y la consejera que prestó las escuelas públicas para conspirar contra el orden constitucional y el Estado de Derecho.

A groso modo podríamos decir que el TSJC está bajo control de magistrados progresistas. Cuando Artur Mas llegó a la presidencia de la Generalitat, como buen César eligió caballo. Le pareció “peligrosa” la magistrada conservadora (de la APM) María Eugenia Alegret Burgués, una acreditada magistrado con fama de prudente, que fue relevada en la presidencia del TSJ y apoyó que el CGPJ decidiera sustituirla por un progresista, Miguel Ángel Gimeno, natural de Binefar (Huesca) pero con carrera judicial en Cataluña. Un clásico de Jueces para la Democracia con fama de conciliador.

Su toma de posesión en el salón de los pasos perdidos del palacio de justicia fue muy explícito “no solo hay que cumplir la ley, sino también mejorar la cotidianeidad” o defender que es un error “sobredimensionar el principio de independencia judicial aplicándolo a ámbitos que no le son propios”. Artur Mas asentía con la cabeza, aún era presidente de la Generalitat “in pectore” y lo mismo pensaba el náufrago del Tripartito, José Montilla. Luego Gimeno cuestionó públicamente la unidad de España que dijo puede ser interpretada”, al más puro estilo Zapatero.

El resto de los magistrados de la sala son la barcelonesa, conservadora y prudente María Eugenia Alegret, el Premio Justicia de Cataluña en 2010, otorgado por la Generalitat de Catalunya; También figura el antiguo fiscal anticorrupción de Cataluña, Carlos Ramos, fiscal que actuó contra el garbanzo negro de la justicia española Luis Pascual Estevill o en el “caso Grand Tibidabo” que afectó a Javier de la Rosa. Su fuerte es el derecho penal

Ramos es progresista, creció profesionalmente con el fiscal José María Mena y con Carlos Jiménez Villarejo gran fiscal anti-corrupción que reveló jubilado que Felipe González (presidente del Gobierno del PSOE) le ordenó que no siguiera investigando a Jordi Pujol por el caso Banca Catalana), un gran servicio a la causa de la Justicia.

También componen la sala del TSJ de Cataluña, los exdirectores de la Escuela Judicial Núria Bassols, muy amiga de Alegret, archivo una causa contra un diputado de CiU tres meses después, la Generalitat la nombró directora del programa de transparencia de la Administración autonómica. Está casada con un ex alcalde CiU de un municipio gerundense Antes el CGPJ la había destituido por pérdida de confianza como directora de la Escuela Judicial

José Francisco Valls Gombau, es conservador, de la APM. En los noventa hizo un libro con Joan Piqué Vidal y otros (“El proceso penal práctico”). Valls y Alegret inadmitieron la querella de Manos Limpias contra Mas por prevaricación desobediencia, rebelión o sedición., siguiendo el criterio de la fiscalía de Cataluña.

El expresidente de la sala 18 de la Audiencia de Barcelona Enric Anglada , milita en el Foro Judicial Independiente y fue instructor del “caso ITV”, cuando Oriol Pujol Ferrusola era diputado (uno de esos procesos demasiados largos). Es también magistrado en Andorra y un personaje poliédrico difícil de predecir. Y cierra, el profesor de Derecho Civil, Josep Manel Abril, nombrado por el Parlamento catalán e identificable con la opinión de su mayoría (que comparte: el derecho a la autodeterminación, el referéndum, el “soberanismo” y la separación de España).

Elecciones autonómicas o guerra de trincheras (Post 9N)
Clemente Polo www.cronicaglobal.com  20 Noviembre 2014

Conseguidos los principales objetivos de la consulta-farsa del 9N –restablecer su maltrecho prestigio, retomar la iniciativa política y dejar fuera de juego a Junqueras y ERC, e internacionalizar el conflicto poniendo en ridículo al gobierno español–, Mas, el presidente de los independentistas catalanes, pide ahora negociar lo que llama engañosamente “referéndum definitivo” –engañoso, digo, porque a buen seguro que si el referéndum lo realizaran y perdieran, los independentistas volverían exigir celebrar otro al poco tiempo– “para que el pueblo catalán determine su futuro. El president de los independentistas catalanes sabe perfectamente que está pidiendo algo que Rajoy ni puede ni va a concederle, por la simple razón de que un referéndum sobre la independencia de Cataluña interesa y compete tanto a los catalanes como al resto de los españoles.

No creo que este asunto le quite el sueño a Mas, ocupado como está ahora en recabar apoyos para crear una plataforma electoral personalista, a la que viciosamente se refiere como lista unitaria o de ‘país’, antes de convocar elecciones autonómicas para completar el trabajo iniciado con la consulta-farsa, poniendo distancia con los casos de corrupción que planean sobre CDC (casos Palau-CDC y Pujol) y desactivando el ascenso electoral de ERC. Además de la dificultad de sumar a los líderes de la ANC a este proyecto, la principal dificultad de Mas será convencerlos de que al gobierno catalán que surgiría de esas elecciones no le interesa declarar unilateralmente la independencia. De ahí que Mas se haya dado un mes de plazo para explorar también la posibilidad de aceptar la mano que Iceta le ha tendido desde que se puso al frente del PSC, rechazada hasta ahora con displicencia, para agotar la legislatura. En este caso, Mas se distanciaría claramente de las organizaciones independentistas cuyos líderes se sentirían probablemente traicionados.

Hay una divergencia estratégica importante entre Mas, por una parte, y Junqueras (ERC) y Forcadell (ANC) por otra, sobre el futuro postelectoral. Mientras los últimos pretenden que una mayoría en el Parlament surgido de las elecciones redacte y apruebe una nueva constitución y proclame unilateralmente la independencia de Cataluña, Mas apuesta por continuar la guerra de baja intensidad que ha mantenido con el gobierno español durante los dos últimos años. La hoja de ruta de ERC y la ANC constituiría una flagrante violación de la Constitución a la que se verían obligadas a responder con contundencia las instituciones centrales del Estado (ICE): el gobierno español, las Cortes y el Tribunal Constitucional. El plan de Mas, sin embargo, ya sea encabezando una lista de ‘país’ con un programa difuso de construcción nacional para realizar un referéndum ‘definitivo’ sin fecha, o aliándose con Iceta para pactar una consulta con el gobierno español, dejaría intactas sus principales armas: la autonomía y el gobierno de la Generalitat. Ya veremos que hacen finalmente la Fiscalía y los tribunales, pero si el caso abierto por la consulta-farsa del 9-N se archivara –¡Dios no lo quiera!–, Mas podría convencer a bastantes independentistas de las ventajas de evitar un enfrentamiento abierto con las ICE.

Los resultados de la consulta-farsa del 9N han dejado claro el limitado respaldo social con que cuenta todavía la independencia en Cataluña, probablemente no mucho más allá de un millón de personas, si descontamos de los 1,86 millones de ciudadanos que votaron a favor de la independencia los votos fraudulentos, una fracción sustancial de los 134.960 jóvenes entre 16 y 18 años y los 950.478 residentes extranjeros que votaron y no podrían hacerlo en un referéndum vinculante, y, sobre todo, los independentistas de salón, ciudadanos dispuestos a votar a favor de la independencia cuando las urnas son de cartón pero que rechazarían la independencia en un referéndum vinculante que dejara a Cataluña fuera de España y la UE, sus dos principales mercados. Incluso aceptando las cifras publicadas por los convocantes, los partidarios de la independencia sólo lograron superar el listón del 50 por ciento del censo en 8 comarcas y no precisamente las más pobladas de Cataluña. Mas necesita siendo muy optimista al menos esta legislatura y otra más para intentar convencer a la mitad de los catalanes, especialmente a los barceloneses, de las bondades de la independencia.

El show de Tru-Mas

Antonio Robles www.cronicaglobal.com  20 Noviembre 2014

Ahora lo sabemos con toda seguridad. La Cataluña de los nacionalistas, esa de TV3, es un fraude, un camelo, pura ficción, no existe. O para ser más exactos, no representa nada más que al 29,8% del censo electoral, aunque cada día durante 24 horas nos quieran hacer creer que su escaso porcentaje es Cataluña. Y sus fogoneros, falsos periodistas, mercenarios a sueldo, políticos nacionalistas camuflados, apóstoles de la construcción nacional. Ellos y sus homólogos políticos han logrado crear la ficción de que Cataluña es una nación de ciudadanos hastiados de España y dispuestos a cualquier cosa por lograr la libertad. Al menos ese es el relato que han logrado colar al resto de España, con el que nos narcotizan cada día en Cataluña, y el que quieren vender al resto de países del mundo.

Nada más falso. Los resultados del 9N desenmascaran la ficción con la mayor de las crudezas, la de los números, la de los hechos. De un censo de 6.228.531, sólo votaron 2.305.290, un 37% de participación; de los que únicamente 1.861.752 lo hicieron por la secesión; o sea, un 29,8%. No llega siquiera a un tercio. Respetable, pero un tercio.

Lo sorprendente no es el escaso apoyo al independentismo, sino el contraste entre la realidad virtual que el nacionalismo impone a diario y la realidad a secas, o si quieren, el contraste entre la realidad mediática, y la Cataluña real. Lo inaudito, y por lo mismo inaceptable, es que vivamos en una colosal mentira, en un plató de televisión donde a diario alimentan la ficción con absoluto desprecio a la verdad. Salgamos del parque temático, del Show de Truman, de la aplastante plasticidad de esteladas y gentío en vías y uves, que utilizan para convencernos de que todos somos secesionistas; o si quieren, de que quienes no son secesionistas, son unos inadaptados o catalanes vendidos.

Hay muchos, son muchos separatistas, casi dos millones, pero solo son una parte de ella, no la totalidad. Controlan todo el poder, dominan la escuela, la sociedad civil, los medios, la calle, son los amos de Cataluña, pero no son Cataluña, como no es España la casta que la dirige aunque viva a nuestra costa.

Los amos de la masía nos están haciendo bulliyng, infectan la mente de nuestros hijos, distorsionan nuestros intereses, satanizan nuestra mirada y ensucian nuestras emociones. Las culturales, las nacionales, las lingüísticas, las deportivas, incluso las personales. Es tiempo de despertar. Hasta ahora las cifras de asistentes a manifestaciones eran a conveniencia; al fin y al cabo, ellos ponían el número y lo replicaban en mil espejos mediáticos y políticos hasta cubrir el marco mental de toda Cataluña. De ellos son los medios, de la gente común, soportarlos. Estos falsos redentores son los señoritos de siempre, las élites dominantes, la casta; suyos son los presupuestos, los micrófonos y las imágenes, al resto nos han convertido en claca o en gentuza. Pertenecer a una u otra solo depende del grado de sumisión.

Su despotismo y su poder es tan obsceno, que a pesar de la evidencia de los números, han seguido actuando al día siguiente del 9N como si su resultado no los hubiera delatado, como si no hubiera más Cataluña que la suya, como si en realidad hubieran alcanzado una victoria incontestable sobre el Estado opresor. ¿Qué iban a hacer sino? De ello viven.

Hay explicación: No existe correlación representativa entre la población real de Cataluña y la élite catalanista que la monopoliza. En buena medida es causa y consecuencia, donde la causa puede ser a la vez consecuencia. Extraña paradoja, el nacionalismo ha logrado imponer esa ficción incluso en la mente de buena parte de aquellos que la detestan. Es tema que siempre me ha fascinado intelectualmente y detestado vitalmente. ¿Por qué esa alienación?

Las causas exógenas tienen que ver con el dominio del poder, de la escuela y de los medios. Hoy es una evidencia. Después de más de tres década de poder absoluto nacionalista, todo se ha forzado a su imagen y semejanza, y la administración de la Generalidad se ha adoquinado de adeptos y paniaguados. Pero las causas endógenas se han de buscar en constantes repetidas a lo largo de la historia: en el abuso de las élites, de las castas, o si quieren, de los grupos dominantes, sobre las gentes desamparadas por el destino y reducidas mentalmente a súbditos. Pueden parecer conceptos superados. Puede, no así sus consecuencias. Desde la izquierda, K. Marx dejó escrito que la cultura dominante era la cultura de la clase social dominante. Su contemporáneo J.Stuart Mill, desde el liberalismo, llegaba a las mismas conclusiones: “Dondequiera que existe una clase dominante, la moral pública derivará de los intereses de esa clase”. En Cataluña, el catalanismo como élite económica y cultural ha impuesto su hegemonía al resto de ciudadanos catalanes y a la masa de trabajadores llegados del resto de España. De ahí, que siendo un tercio de la población, sin embargo son mayoría absoluta en el Parlamento. Los apellidos dejan rastro empírico y nos ayudan a visualizar las jerarquías. A pesar de que los 20 apellidos más numerosos en Cataluña no sean catalanes, sin embargo en el Parlamento, son prácticamente inexistentes. El contraste es brutal. Lo mismo pasa en los responsables de todas las asociaciones civiles, revistas, diarios digitales, medios públicos catalanes y direcciones de los centros educativos. Una casta catalanista ocupa y monopoliza direcciones de partidos y sindicatos. Son los amos de la masía, y sus señas de identidad no son el color de la piel o la ideología, sino su adhesión al catalanismo y a la lengua que usan. Ahora también, y a las claras, su adhesión al secesionismo.

Dicho de otra manera, una mayoría de la población ni está representada en esa élite catalanista ni es beligerante en elecciones autonómicas. Sólo cuando son elecciones generales participan masivamente. Ese es el problema y la explicación. No pregunten por las izquierdas, han sido y son los mamporreros del nacionalismo; de las clases burguesas catalanistas han salido buena parte de sus dirigentes, y como tales han vivido estas últimas décadas. Los hermanos Maragall, Ribó, Nadal, Reventós, Josep Benet, los hermanos Font, la familia Dalmau y Obiols, Francesc Vallverdu, Mascarell o Comín, allegados como Vázquez Montalbán… han detentado poder político, económico y cultural, han vivido como élites, exactamente como las élites burguesas que ejercieron en la derecha del catalanismo y con cuyas familias están entrelazados. “Desde hace 150 años hacen y deshacen a su antojo en Catalunya. Son 300 familias ligadas por lazos de parentesco endogámicos que acumulan patrimonio, lo fusionan, a través de matrimonios de sus hijos e hijas y controlan los negocios, la sociedad, la cultura y la política catalana. Ellos construyeron el catalanismo político y ellos lo han gestionado en exclusiva”, sentencia Ernesto Milá. Lo que no dice Milá es que un nouvingut como Pujol, ha desbordado el perímetro de esas 300 familias que Vicens Vives nos advirtió por escrito que “ya figuraban en el censo de fabricantes de 1829”, hasta atraer a su causa nacional a las clases medias y a una casta de funcionarios de la administración autonómica absolutamente identificada con la identidad nacional. Va en el cargo.

Ante esta perversión del reparto de cargos, bienes y medios tan desiguales, la izquierda siempre ha escogido la identidad a la igualdad, la nación a la justicia social, Cataluña, al socialismo. Mientras las clases bajas sigan embalsadas por los partidos de esa izquierda nacionalista que siempre prioriza la nación a la defensa de los derechos sociales y laborales, la ficción seguirá vigente.

Los resultados de este 9N dejan patente dos verdades: Los secesionistas son una minoría, pero les basta y les sobra para ganar elecciones por falta de comparecencia de los dos tercios restantes. Ya sabemos cuál es el problema, ahora sólo hace falta ponerse a trabajar en la solución. No es tarea imposible. C’s debe acentuar su perfil social, pisar el terreno socialdemócrata del PSC, barrerlo del mapa. El Gobierno de la nación debe poner al servicio de los ciudadanos los mismos medios que la Generalidad derrocha en su proceso secesionista. Qué menos.

P.D. El objetivo no es ganar o perder un referéndum secesionista, el objetivo es ganar la presidencia de la Generalidad. Es una cuestión de votos. Y tenemos más. Sólo hace falta recuperar la hegemonía moral sobre el nacionalismo. También es la única solución.

O España o la democracia
Francesc-Marc Álvaro. La Vanguardia   20 Noviembre 2014

Estamos llegando al cabo de la calle, a una velocidad que no estaba prevista. La decisión de la Junta de Fiscales de Sala de avalar la querella del fiscal general del Estado contra el president Mas, la vicepresidenta Ortega y la consellera Rigau a raíz de la consulta del 9-N ilumina de manera descarnada que la separación de poderes en España es una pura ficción y que, en el corazón del Estado, hay una lucha abierta entre los ejecutantes de la vieja política y algunos servidores públicos que intentan actuar de acuerdo con las reglas de juego propias de una democracia homologada. El proceso soberanista catalán ha trastocado la profecía de Aznar: no es Catalunya lo que se está rompiendo sino la credibilidad, la autoridad y la legitimidad de los poderes españoles y del Madrid oficial, empezando por Rajoy y su Gabinete. Nada volverá a ser como antes.

La rebelión de los fiscales de Catalunya contra la acción punitiva que exige el PP y la derecha mediática es un factor que nadie previó, que tendrá consecuencias graves y que debilita terriblemente el argumentario del Gobierno contra la revuelta catalana, basado -como sabemos- en presentar la Constitución y las leyes como escrituras intocables y sagradas que sólo se pueden interpretar de una manera, la que dicta la Moncloa. En este sentido, y en el margen de invocar reformas constitucionales vagas, el PSOE ha actuado como dócil y eficaz monaguillo del inmovilismo, lo cual ha acabado pagando un PSC extraviado en medio de un cambio histórico que muchos han despreciado y ridiculizado hasta hace pocos días. Que los socialistas se desmarquen de la querella es irrelevante.

El impacto doloroso del éxito del 9-N en la maquinaria del Estado y el desconcierto agónico que provoca en las élites que gestionan el artefacto son proporcionales a la falta de diagnósticos fiables del Madrid oficial sobre la realidad catalana desde el año 2010 para acá. Perdonen que me repita: me fascina que tantos políticos y periodistas españoles hayan consumido como material de análisis la propaganda de guerra contra el soberanismo que ellos mismos fabrican. Sorprende tanta frivolidad en un asunto tan delicado.

Hay que suponer que estaban tan seguros de su fuerza y superioridad que no sometieron sus prejuicios al más mínimo contraste de los hechos. Y, lo que es más alucinante, todavía hoy persisten en el error a pesar de haber quedado en fuera de juego al ver que más de dos millones de ciudadanos asumían su empoderamiento sin miedo. Es el caso de Floriano, vicesecretario general de organización del PP, cuando afirma que “los fiscales de Catalunya no han hecho lo que tenían que hacer por el ambiente nacionalista radical” y añade que “están contaminados”. Es la misma tesis que ofrecía ayer Victoria Prego, tenida antes por periodista seria: “Los nacionalismos han impregnado todas las instituciones de tal manera que han conseguido penetrar y contagiar incluso al Poder Judicial, lo cual es la más grande desgracia a la que podamos enfrentarnos los españoles”. Más allá, en la conclusión, Prego retorna un instante a los hechos para escribir que “esto se cae. El Estado se tambalea en sus fundamentos”, una observación muy parecida a la del jefe del Ejército de Tierra, el general Domínguez Buj, que ofrece una lección de historia al declarar que “cuando la metrópoli se hace débil, se produce la caída”. Siguen sin querer comprender las causas reales del proceso soberanista pero, en cambio, sí se dan cuenta de lo que decíamos antes: el Estado español vive una crisis de autoridad y de legitimidad como nunca se había visto desde los últimos días de Franco. La marca España, en manos de Torres-Dulce: es mala, todavía será peor. Un Gobierno miembro de la UE lleva a los tribunales un presidente autonómico por hacer posible que la gente exprese su opinión.

Retorna el sentido trágico de la vida al Madrid oficial. Los catalanes sufren una enfermedad grave mientras Rajoy ha resultado ser un doctor poco fiable. Él y la enfermera Soraya pensaban que la Constitución curaba el mal pero han fracasado y ahora piden al fiscal general que aplique cirugía de guerra. Espada, como otros promotores de la mano dura, ha preguntado al líder del PP por qué motivo no obligó al Govern a obedecer. En estos momentos, en determinados despachos, recuerdan lo que dijo, el 6 de febrero del año pasado, el general de División en la reserva Juan Antonio Chicharro: “La patria es anterior y más importante que la democracia”. Antiguamente, esta idea se resumía con más color: “Antes roja que rota”.

Así las cosas, Rajoy está atrapado. Para salvar su idea de España y dar satisfacción a los duros, el Gobierno retuerce la democracia y el Estado de derecho sin disimular, la querella contra Mas avanza como un enorme bumerán. La patria es más importante que la democracia, decía el de la gorra. Si el inquilino de la Moncloa hubiera imitado al británico Cameron, habría hecho compatible España y la democracia, y quizás hubiera ganado. Ahora llega tarde: la democracia española ha sido herida de gravedad por los que más dicen defenderla. Por cierto, tengamos memoria: la primera víctima de esta historia fue Martín Rodríguez Sol, ex fiscal superior de Catalunya, a quien obligaron a renunciar por decir que hay que escuchar a la gente.

Ensayo
En torno a la nueva izquierda radical en España
Pedro Carlos González Cuevas www.latribunadelpaisvasco.com  20 Noviembre 2014

(Profesor Titular de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas en la UNED)

Nadie duda ya que el régimen político nacido en 1978 padece un grave proceso de deslegitimación. El resultado de las elecciones al Parlamento europeo ha mostrado la capacidad de la izquierda radical para capitalizar dicho proceso. El aumento del porcentaje de votos de la coalición Izquierda Unida y, sobre todo, la arrolladora salida a la luz de Podemos, con un millón doscientos mil votos y cinco diputados, es una clara muestra de ello. Por tanto, un fantasma recorre España: la izquierda radical. Sin embargo, este fantasma no se ha visto obstaculizado, en su desarrollo, por ninguna “santa jauría”, sino que ha disfrutado de un increíble apoyo mediático. Y es que una de las características de la política española que más llama mi atención –y no sólo la mía, desde luego- es el plus de legitimidad que disfruta, en nuestro país, la extrema izquierda en todas sus variantes y facetas. No debemos olvidar que Izquierda Unida aplaudió la legalización de Bildu, Sortu y Amaiur. Y que ha celebrado con entusiasmo la abolición de la denominada “doctrina Parot” por parte del Tribunal de Estrasburgo.

A ese respecto, el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón calificó la sentencia de “buena noticia”, argumentando que “las leyes se han de redactar procurando basarse en la razón y en los derechos humanos; no en el odio, como se acostumbra en este país”. En similar línea, el también diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares pidió al gobierno que acate un fallo que está “ajustado a Derecho”. La sentencia, dijo, avergüenza al gobierno e instituciones como el Supremo y el Tribunal Constitucional, que, a juicio del político comunista, han sufrido un gran “varapalo”. Tampoco debemos olvidar las simpatías de los miembros de Izquierda Unida y ahora Podemos por los regímenes de Fidel Castro Ruz y de Hugo Chávez Frías. Sublime fue, en ese sentido, el contenido de la carta de felicitación por su cumpleaños que José Luis Centella, secretario general del PCE, envió, en nombre de todo su grupo, a Castro Ruz, deseando que “siga presente en la lucha contra el imperialismo”.

Lo cual no impide, más bien al contrario, a los comunistas y al conjunto de la extrema izquierda dictar normas de obligado cumplimiento al resto de la sociedad española. Mientras nuestra prácticamente inexistente extrema derecha es objeto de universal condena, la izquierda comunista y radical, portavoz de una tradición política y de un proyecto político genocida, que ha propiciado el exterminio de varios millones de personas y la permanente ruina social, económica y moral de las sociedades donde ha ejercido su dominio, se permite dar lecciones de tolerancia y de defensa de los derechos humanos. Increíble, pero cierto. Sin duda, España sigue siendo diferente. Y es que, en nuestro país, la propia condena sumaria del régimen de Franco, ha favorecido la hegemonía ideológica e incluso moral no sólo de la izquierda socialista, sino de la comunista. La “imagen” monstruosa que del “franquismo” se ha ofrecido sobre todo a la juventud ha contribuido a legitimar cualquier opción antifranquista por monstruoso que sea su contenido. Por ello, no hay duda de que la extrema izquierda, representada sobre todo por la coalición Izquierda Unida y por Podemos, ha conseguido, a diferencia de los restos del franquismo, articular una especie de hipermoral, una nueva moral acorde con su proyecto político, que le ha permitido atentar contra los principios morales más elementales de la vida en sociedad y, además, con la conciencia tranquila. Sólo desde este contexto, puede entenderse el contenido de las declaraciones de la conocida novelista Almudena Grandes: “He tenido que estar seis años leyendo libros de Historia contemporánea, al preparar mi última novela, para darme cuenta de que de verdad hay gente a la que le pesa la caída del Muro, que se pone frenética por desmarcarse de los países del socialismo real, cuando nuestra tradición es absolutamente distinta, Aquí el PCE no fue un partido que tuviera nada que ver con las purgas de Stalin, ni con el socialismo real. Fue un partido de oposición, el partido que mantuvo encendida la luz de la democracia durante treinta y siete años de dictadura, y es esa es la verdad. Hay una tradición de unidad, disciplina, generosidad, deseos de ser útiles y responsabilidad que merece la pena reivindicar”.

¿Habían leído usted en alguna ocasión embustes de tal envergadura? Por poner algunos ejemplos palmarios, ¿no tuvo nada que ver el PCE, durante la guerra civil, con el asesinato de Andrés Nin? ¿Tampoco tuvo nada que ver en el desarrollo de las masacres de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz? ¿Y en el genocidio eclesiástico? A ese respecto, me resulta difícil discernir qué resulta más pornográfico en la obra de la señora Grandes, si su libro "Las edades de Lulú", sus novelas pseudohistóricas o sus opiniones políticas.

No resulta tampoco extraño, en este contexto, que el inevitable Gaspar Llamazares se sienta orgulloso del papel de Izquierda Unida en la elaboración de la tristemente célebre Ley de Memoria Histórica, que, según él, ha significado, “un paso de gigante en la recuperación de la memoria democrática, eso sí, si sabemos mantener la iniciativa y el pensamiento crítico”. “Por primera vez por Ley, y después de treinta años de democracia, se condena el franquismo. Por primera vez, se reconoce solemnemente a todos aquellos que lucharon frente al fascismo y por la libertad y por primera vez también se deslegitima todo el andamiaje pseudojurídico de los juicios inquisitoriales de los tribunales franquistas”.

No debemos olvidar que, si hemos de creer a Enrique Silva, los primeros intentos de articular un movimiento en pro de la memoria histórica, mediante la creación de un Tribunal Internacional contra los Crímenes del Franquismo, fue promovido por el PCE (marxista-leninista) en octubre de 1978.

Sin embargo, en el PCE, y en el conjunto de las izquierdas españolas, la autocrítica brilla por su ausencia. En la clausura de su XVIII Congreso, José Luis Centella, el ferviente admirador de Fidel Castro Ruz, manifestó su inquebrantable voluntad de defensa de las señas de identidad de su organización política, de cuya trayectoria histórica se mostraba orgulloso: “El Partido Comunista reivindica su pasado heroico y no tenemos que avergonzarnos ni pedir perdón por nada, sino que hay que luchar para que no nos quiten la memoria”.

En realidad, nada de esto resulta novedoso. Este tipo de hipermoral se encuentra ya presente en los primeros escritos marxistas del filósofo György Lukács, quien, a la altura de 1920, hacía referencia a la “misión moral” del Partido Comunista, basada en “una fe”, “que nunca puede ser conmovida ni por la lentitud de su realización, ni por las circunstancias a menudo más que adversas a las que debe enfrentarse; el verdadero revolucionario asume todo esto, y nunca permite que todas estas perturbaciones y obstáculos le hagan perder de vista su meta y los indicios de aproximación”. “La transición de la sociedad vieja a la nueva no significa, sin embargo, una transformación puramente económica e institucional, sino también una transformación moral”.

A diferencia de la extrema derecha, la izquierda radical española, incluso la proetarra, disfruta de representación parlamentaria y de una cada vez más amplia influencia social, política y cultural. Izquierda Unida, no lo olvidemos, gobierna en coalición con el PSOE en Andalucía. Podemos ha conseguido, con una rapidez y una eficacia inusitadas, un millón doscientos mil votos y cinco escaños en el Parlamento europeo. Su líder, Pablo Iglesias Turrión, se ha convertido en la estrella mediática por excelencia e incluso ha sido fichado como colaborador por un diario como "El Mundo", que pasa por liberal. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Sus referencias internacionales? ¿Sus maestros pensadores? ¿Sus opiniones sobre la más reciente historia de España? Veámoslo.

(Por su larga extensión, y para facilitar su lectura en todos los dispositivos, publicamos íntegramente este artículo del profesor Pedro Carlos González Cuevas en el documento "pdf" adjunto)
http://latribunadelpaisvasco.com/descarga/314


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