AGLI Recortes de Prensa   Sábado 22  Noviembre  2014

Las verdades del general
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 22 Noviembre 2014

"A todos nos duele España, Cataluña y la corrupción". Esta fue una de las frases –y no la única acertada– del general Jaime Domínguez Buj, Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), uno de los militares con un cargo de máxima responsabilidad en las Fuerzas Armadas. El general, además, y en una exposición con coloquio posterior en el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior el pasado martes, resultó políticamente incorrecto pero muy gráfico. Según Domínguez Buj, cuando el "poder central es débil" se producen movimientos centrífugos. Cierto.

Acudió el militar a la experiencia histórica de España cuando era "metrópoli" y perdió las colonias, tras las guerras napoleónicas. Algún desavisado ha querido confundir las cosas: el general no estaba considerando a Cataluña como una colonia ni al Estado como metrópoli colonial, sino estableciendo simetrías o paralelismo entre dos épocas aciagas para España: la que se produjo en el gozne entre el siglo XIX y el XX y el que se está produciendo ahora, en los primeros años del siglo XXI.
El JEME dijo también que las Fuerzas Armadas no son 'garantes de nada' sino 'instrumentos del Gobierno y del Parlamento para hacer cumplir la ley y la Constitución'

El general dijo alguna cosa más que encerraba verdades como puños. Por ejemplo, que el auge secesionista no se detiene con el "uso de la fuerza" sino ganando "la mente y los corazones" de los separatistas, parafraseando al general McChrystal, cesado por Obama del mando de las tropas en Afganistán después de que apareciera un artículo suyo criticando al vicepresidente Biden y a otros cargos de la administración demócrata. Y dijo también que las Fuerzas Armadas no son "garantes de nada" sino "instrumentos del Gobierno y del Parlamento para hacer cumplir la ley y la Constitución".

La contundencia del sentido común, de la sobriedad, llevó a Domínguez Buj a una descripción muy certera de lo que ocurre. El Estado es tan débil que ante la inacción de sus gestores –el Gobierno– ha de volcar su acción sobre el Tribunal Constitucional y sobre los Tribunales ordinarios, incapaz de aplicar terapias políticas a la crisis territorial más grave sucedida en España desde 1934.

No han sido los aciertos de Mas y de los independentistas los que han provocado una crisis de credibilidad en el Tribunal Constitucional –ya veremos si desacatado delictivamente por él, su vicepresidenta Ortega y su consejera Rigau– y convulsionado al Ministerio Fiscal, fisurando su unidad de acción. Ha sido la incapacidad del gobierno, sus autogoles, los que han desatado una crisis de Estado que el general Domínguez Buj, a preguntas del público asistente al acto, contestó con sobriedad y dentro del espacio conceptual y semántico al que un alto militar en un sistema democrático ha de atenerse.

La expresión de ese poder débil –Estado débil– lo ha descrito muy bien el catedrático Andrés Betancor en el diario Expansión del pasado lunes: "La lógica más elemental nos dice que el castigo penal es la última ratio, el último instrumento de poder del Estado. Si para que éste pueda reaccionar hubiese que esperar a la consumación de los delitos, ya nos podemos imaginar qué es lo que sucedería. Por de pronto no sería necesaria la prevención, ni policial ni administrativa. El papel del Estado y del Derecho quedaría reducido a la espera de la consumación de los delitos y, una vez producidos, a la búsqueda de los responsables y su eventual castigo. El sentido común rechaza esta interpretación. Claro que hay medios dirigidos a prevenir que las ilegalidades se puedan producir. El Derecho modula su respuesta y la reacción penal es el último mecanismo para que la amenaza funcione. Es el último. No el primero".

Mientras el general dice verdades como puños el Gobierno de Rajoy, para salvar los muebles, se refugia en los Tribunales –el Constitucional y los ordinarios– afirmándose, como última ratio, en un poder ajeno al propio

El primer mecanismo del Estado consiste en el ejercicio de la política, de su propia comparecencia en las crisis y conflictos mediantes la persuasión y la disuasión, a través de la transacción en el marco de la ley, o en la alteración de ésta por las vías constitucionalmente previstas. Si el Estado se reduce a volcar sobre los tribunales y la fiscalía la resolución –que nunca la solución– de los aspectos más críticos de la convivencia sin haber intentado manejarlos desde una perspectiva política, el "poder central" al que se refirió Domínguez Buj, se fragiliza.

Luis Garicano, economista y profesor de la London School of Economics, ha pedido desde el Financial Time la dimisión de Mariano Rajoy porque lo considera incapaz de hacer frente a las dos "amenazas existenciales": el órdago independentista de Cataluña y lo que él denomina la "amenaza revolucionaria" que encarna Podemos. Todo ello ligado a la corrupción. Garicano cree que Rajoy forma parte del problema y no de la solución y los hechos están dándole la razón.

Desde el 9 de noviembre pasado, cuando el Estado a través del Gobierno tomó la insólita decisión de no comparecer políticamente mientras se consumaba un paso más en un proceso que pone en el alero la unidad constitucional de España, el sistema ha entrado en una convulsión con tal ebullición que nos remite –así lo ha dicho el Jefe del Estado Mayor del Ejército– a los escenarios más decrépitos de la historia de España: las felonías de Fernando VII y el desmayo nacional de 1898, episodios ambos que, enlazados en unas décadas, nos adentraron a los españoles en una crisis de identidad colectiva.

Mientras el general dice verdades como puños –entre ellas la unamuniana expresión de "nos duele España"– el Gobierno de Rajoy, para salvar los muebles, se refugia en los Tribunales –el Constitucional y los ordinarios– afirmándose, como última ratio, en un poder ajeno al propio. Pues bien: ni con suspensiones cautelares ni con querellas criminales se logra lo que recuerda debe hacerse para superar el problema de la integridad territorial el general Domínguez Buj: ganarse "el cerebro y el corazón" de todos los catalanes. O al menos, intentarlo con un discurso y una acción políticas sólidas e inteligentes. Como son las palabras y el diagnóstico del general que ha dicho exactamente la verdad de lo que pasa. Y la verdad, dígala Agamenón o su porquero.

Estamos estupefactos
Francisco Rodríguez Adrados La Razon 22 Noviembre 2014

Estamos estupefactos ante la inacción del Gobierno ante la chulería separatista del 9 de noviembre. Y, también, ante la reacción honorable de las dos terceras partes de los catalanes: no se hicieron presentes en aquel contubernio. Pese a presiones y televisiones y tergiversaciones intolerables. Y coacciones, amenazas, chulerías de todas clases....

La incuestionable dependencia judicial.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 22 Noviembre 2014

Suena a broma pesada y de mal gusto con qué seriedad se dice que “el asunto está en manos de la Justicia” y que “es nuestro deber respetar la decisión de los jueces”. Algo que debería ser un axioma incuestionable en una democracia real pero que, dicho por quienes no han tenido ningún reparo en manosear con sus sucias manos todo el estamento judicial, solo es una burla y un desprecio absoluto por los ciudadanos. Porque ninguno de los Altos Tribunales de España se libra de ser el reducto de afortunados elegidos por el dedo poderoso de los dirigentes del partido gobernante de turno en mercadeo infecto con los partidos de la oposición, tanto a nivel estatal como autonómico. El último episodio vergonzoso lo hemos sufrido con el ex Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón fiel ejecutor del fraude electoral de la promesa del PP de regenerar la vida judicial con la despolitización de la Justicia.

Resulta sorprendente el que esta casta política corrupta y corruptora que se ha asegurado con sus inaceptables privilegios del aforamiento el manto de protección judicial del Tribunal Supremo, Tribunales Supremos de Justicia autonómicos y de sus agradecidos integrantes, quiera vender ahora la independencia absoluta de esos estamentos como garantía de impartición de Justicia y de que todos somos iguales ante la Ley. Evidentemente los hechos niegan semejante falacia o como se suele decir, a los hechos me remito. Está por ver de los cientos de casos denunciados por las acusaciones particulares como Manos Limpias y otras similares hayan sido siquiera admitidas a trámite por esos Tribunales, e igualmente el apoyo recibido por parte de los fiscales autonómicos.Basta ver casos como el de Jaume Matas, José Blanco, José Bono o Carlos Fabra para corroborarlo.

Es un hecho que finalmente la Fiscalía de Cataluña ha presentado la querella contra Artur Mas. Joana Ortega e Irene Rigau con la coletilla “por imperativo legal”, que me suena igual que el acto de toma de posesión de algunos diputados abertzales que no admiten el sistema constitucional vigente. O sea, que parten de una posición de prejuicio incompatible con el cargo que juran o prometen desempeñar ya que confiesan públicamente su rechazo a la legalidad y a los deberes inherentes a su cargo. Así que ¿Qué tipo de imparcialidad podemos esperar de quienes parten de una posición de prejuicios a la hora de juzgar?

Hay quien ya se ha molestado en averiguar la composición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña encargado de admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía de Cataluña por imperativo legal tras la orden expresa del Fiscal General Torres Dulce, previa consulta a la Junta de Fiscales de Sala. Si están interesados podrán leer el magnífico análisis en profundidad realizado en la edición digital de la Gaceta por el periodista Xabier Horcajo en un artículo cuyo enlace no puedo incluir debido a las limitaciones de la nueva Ley de propiedad intelectual.

¿Y ahora qué? Pues nada, a esperar que se consume la burla y ver cómo el Gobierno, tras el seguro portazo de ese Tribunal, tiene la excusa perfecta para mantener esas reuniones discretas o no con Artur Mas y sus secuaces para derramar el cuerno de la abundancia de financiaciones adicionales y garantizar el blindaje de competencias en un salto cualitativo hacia la futura independencia o asociación federal según propugna el PSOE con la reforma de la Constitución. Un final que no por esperado deja de ser un acto de traición a España a los españoles y que merecerá una respuesta contundente por parte de todos.

Todo es una farsa para intentar colarnos un cambio de régimen a la carta donde determinadas comunidades autónomas, las llamadas históricas y otras como Cataluña, mantengan una posición de absoluto privilegio en el conjunto de España y por ende en la UE con la vista en un futuro próximo donde poder alcanzar su completa independencia. Si eso es lo que ustedes quieren para España, no hagan nada y callen. Si no lo quieren, exprésenlo en todos los foros y en todas las formas que esta limitada y corrupta democracia nos concede. Por supuesto, la primera con su voto. Personalmente me opondré con todas mis fuerzas a que logren su objetivo de destruir España.

EI: “creciente fértil” del terrorismo islámico
José Javaloyes www.republica.com 22 Noviembre 2014

Que el autodenominado Estado Islámico (EI) es la última levadura nueva del terrorismo brotado en la levadura musulmana, es algo de casi todos sabido. Pero somos menos los que conocíamos que las aportaciones exteriores de combatientes a la causa de los degolladores en nombre del Profeta llegan del mundo occidental, especialmente de Francia. Los términos de estas afluencias a la penúltima barbarie terrorista van siendo conocidos por los datos que aportan los servicios de seguridad de nuestros vecinos transpirenaicos, y también desde los partidos. No digo que sea para echarse a temblar, pero casi…

Oficialmente, conforme el Gobierno francés, el número de voluntarios franceses partícipes en las degollinas está en el rango del millar, pasando todos previamente por la mayoritaria apostasía de la cultura cristiana en que se criaron. Pero desde la oposición de la derecha francesa más dura, la de los lepenianos, el caudal franco-islámico es cuatro veces mayor que el referido desde el gobierno del Estado. Cuatro mil franceses instalados en el Oriente Próximo como tropa del Estado Islámico es cosa merecedora de la mayor atención de las autoridades vecinas. También en las propias.

Tanto más cuanto que esa novísima legión extranjera, establecida en Siria y en Iraq primordialmente, ha pasado de aplicarse al combate resuelto en degollina de los prisioneros (normalmente soldados sirios e iraquíes, aparte de combatientes del estatalmente fraccionado Kurdistán) han pasado a la guerra propagandística por medio de los muy concurridos foros en las redes sociales, desde donde convocan a los musulmanes radicados en Francia para que se incorporen a la lucha terrorista dentro del escenario metropolitano. Todo ello, conforme argumentan, en respuesta a la participación francesa, con su aviación, en la alianza internacional actuante en Oriente Próximo y Medio contra el “califato”.

Como cabe advertir, conforme se dispone de más información sobre las implicaciones exteriores y sobre el desarrollo expansivo del guión terrorista del Estado Islámico (EI), este proceso rivaliza en sustantividad con las otras líneas yihadistas que operan actualmente, incluida Al Qaeda entre ellas, y, de muy concreta manera, introduce un reto nuevo a las estrategias de seguridad en el mundo occidental. Lo cual quiere decir, más allá de la curiosidad de los públicos, que el terrorismo islámico demanda una revisión urgente de los mecanismos de previsión y defensa en el mundo enrolado en la alianza internacional contra esta metástasis islamista del EI, surgida del cáncer político de Siria y del conjunto de errores políticos derivados del descabalamiento del régimen, nacionalista y laico, que imperaba en el Iraq de Sadam Hussein.

Lo que ahora propone para Francia esa legión de franceses que se bajaron al moro viajando al Oriente Próximo, está en línea con lo que se hizo en España el 11 de Marzo de 2004, aunque entonces no fueron españoles que se bajaron al moro, sino moros del Magreb que se subieron hasta aquí por los peldaños de nuestro terrorismo doméstico. La Historia, como advierten los historiadores, no se repite simplemente: se reitera cambiando en sus niveles de complejidad.

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El 9-N, la rebelión de los ricos

Juan Fco. Martín Seco www.republica.com  22 Noviembre 2014

Es habitual que después de unas elecciones todas las formaciones políticas hagan enormes esfuerzos para autoproclamarse, por un motivo u otro, ganadores. No es de extrañar por tanto que los secesionistas, tras el simulacro de referéndum, apareciesen exultantes proclamando su victoria. Era algo que se daba por descontado, fuese cual fuese el resultado. Lo que no parecía tan previsible era que en el resto de fuerzas políticas y entre los comentaristas y tertulianos fuesen tantos los que se tragaran la milonga y diesen por buenos los planteamientos de los independentistas.

Los resultados de la jornada son categóricos. El simulacro se realizó sin el menor control (ni junta electoral, ni interventores… ellos se lo guisaron, ellos se lo comieron). Usaron partidariamente toda la fuerza del aparato estatal (conviene no olvidar que la Generalitat no es más pero nada menos que una parte del Estado). Emplearon todo tipo de recursos públicos. Movilizaron clientelarmente al sector privado, con el que, unos por convencimiento, otros por gratitud, y otros por miedo de ser señalados como antipatriotas, se prestaron a colaborar. Presionaron a los funcionarios. Utilizaron despóticamente los medios de comunicación públicos y pretendieron chantajear a los privados. Rebajaron la edad de votación a los 16 años y autorizaron el voto de los emigrantes, en la creencia de que estos colectivos, mortificados por la crisis, se mostrarían más favorables a castigar al Estado, al que se hace responsable de todos los males, y votarían por la independencia, ínsula paradisiaca de bienestar y justicia. Se permite votar a los residentes en el extranjero, pero no a los domiciliados en el resto de España. Mantienen las urnas abiertas indefinidamente, con la esperanza de que se produzca un goteo constante de votos, conseguido por un apostolado militante, parecido al del Opus Dei de otras épocas, de tanto voluntario que en la familia, en el trabajo, en los ámbitos de ocio y en cualquier sitio, con un fervor más que religioso recuerda “amablemente” que aún pueden votar e incita a hacerlo “por Cataluña”. Pues bien, después de todo ello, y según sus mismos datos que pueden estar manipulados y cocinados de múltiples formas, tan solo una tercera parte de los posibles votantes acudieron a las urnas y únicamente un millón ochocientos mil se inclinaron por la independencia. Todo un éxito.

Con estos resultados ¿pueden los señores Mas y Junquera pretender hablar en nombre de Cataluña en sus proclamas independentistas? ¿Acaso con ese porcentaje de votos se puede imponer la secesión de Cataluña trastocando el statu quo, primero a la gran mayoría de los catalanes y después al resto de los ciudadanos de España? Mas, en su campaña propagandista internacional que tan pocos éxitos cosecha, compara los resultados del otro día con la participación en las elecciones europeas y con el referéndum por el Estatuto. Churras con merinas. Nada tiene que ver una cosa con otra. En todo caso, lo único que demuestra es el escaso interés que suscita en la sociedad catalana, al igual que en la española, y en cierta forma en la europea, el Parlamento europeo, conscientes de su escasa eficacia y de que el Estatuto era más una pretensión y un capricho de las oligarquías catalanas que de la propia ciudadanía.

Los resultados han sido desfavorables para los soberanistas. El único triunfo de Artur Mas ha sido el de poder sacar pecho en una suerte de bufonada, en la que un presidente de Comunidad Autónoma se burlaba del Estado de derecho. Pero ello tan solo es indicativo de la vulnerabilidad del Estado que hemos creado con las Autonomías y de la mediocridad de la clase política española, más pendiente de sus equilibrios internos y de sus resultados electorales que de los problemas del Estado.

El Gobierno ha estado tardo en actuar y ha confiado en exceso en una Fiscalía que se ha mantenido increíblemente pasiva frente a lo que se ha conformado como un órdago de considerables dimensiones, solo comparable al del 23-F, al orden constituido. El argumento de la proporcionalidad quizá fuese aceptable en el propio día de la votación, como modo de evitar males mayores (aunque todo depende de lo que se entienda por mayores). Pero lo que resulta inexplicable son las dudas posteriores a la hora de querellarse y que el fiscal general dejase la decisión en manos de los fiscales de Cataluña, prescindiendo del principio jerárquico, y sobre todo ignorando las presiones de todo tipo a las que deben estar sometidos esos fiscales. No se precisa demasiada suspicacia para percatarse de que en este momento será Cataluña el lugar en el que todas las instituciones están más condicionadas y sujetas a toda clase de chantajes. Basta citar el cuasi linchamiento al que estuvo sometida Encarnació Roca, a la que la Universidad de Gerona estuvo a punto de despojar del título de doctora honoris causa por el único motivo de pertenecer al Tribunal Constitucional y no haber hecho reserva de voto en la admisión a trámite del recurso del Gobierno en contra de la ley de consultas.

Los titubeos jurídicos no parecen tener demasiado fundamento. Si algo está claro es que hubo fraude de ley, desobediencia clara al Tribunal Constitucional y que se emplearon múltiples e ingentes recursos públicos en una finalidad netamente partidista. Juristas del ámbito secesionista recurren a la utilidad pública (dos millones de votantes) para desechar el delito de malversación, pero malamente se puede emplear dicha calificación cuando se trataba de financiar un acto a todas luces ilegal. Si el asalto al Estado de derecho del 9-N, con la consiguiente utilización masiva de recursos públicos al servicio de un acto ilícito, queda impune, difícilmente se podrá acusar a alguien en este país de desobediencia, prevaricación o malversación de fondos públicos.

La postura de aquellos que como los dirigentes del PSOE piensan que es mejor dejar correr el tema para no crear complicaciones no resulta asumible en un Estado de derecho, dada la gravedad del desafío -desafío que se mantiene- y la chulería del presidente de la Generalitat. Enric Juliana, periodista aparentemente moderado pero al que se ve el plumero cada vez que habla de Cataluña, el pasado 11 de noviembre escribía en La Vanguardia: “La última vez que la Fiscalía General del Estado se querelló contra un presidente de la Generalitat –en 1984– este consiguió abrir un ciclo político con cuatro victorias electorales consecutivas”.

La comparación no deja de ser adecuada porque ahora se constata la razón que amparaba a Jiménez Villarejo al pretender procesar al honorable Pujol y de cuán disparatado y grotesco fue el acto patriótico convocado por él en la plaza de Sant Jaume escudándose en la señera y atribuyendo todo a una ofensiva orquestada contra Cataluña. Entonces sí que hubo injerencia del Gobierno (Felipe González) en la Fiscalía ordenando retirar la querella. La historia se repite, pero las segundas partes tienen siempre mucho de parodia, aun cuando la semejanza sea inevitable. Al contemplar al actual presidente, sacando pecho, desafiante y chulesco, retar al Estado resulta imposible no acordarse de aquella otra farsa que protagonizó su padre político hace tres décadas. ¿Cometeremos de nuevo el mismo error?

El único éxito de Mas se fundamenta también en la ambigüedad de los partidos teóricamente de izquierdas: PSOE, IU y el último en llegar, Podemos, que anteponen sus intereses electorales en Cataluña y su deseo de debilitar al PP a la defensa del Estado, olvidando que en los momentos actuales de globalización el único apoyo con que cuentan las clases bajas frente al poder económico es el Estado.

A menudo se suele confrontar la Constitución a la política, asegurando que el problema catalán no se puede resolver exclusivamente con la primera, y que es imprescindible aplicar la segunda. No se entiende bien la distinción. Nada pertenece más a la esfera política que la propia Constitución y el mantenimiento del Estado de derecho. Me temo que cuando hablan de política se refieran más bien al politiqueo, pero de eso ya hemos tenido bastante en los últimos treinta años. Han sido los muchos compadreos del PSOE y del PP con los partidos nacionalistas los que nos han llevado a esta situación. Concretamente, la postura infantil y electoralista de Zapatero en el Estatuto de Cataluña ha tenido efectos devastadores. La culpa no se encuentra en la sentencia del Tribunal Constitucional, sino en los que pretendieron modificar la Constitución por la puerta de atrás, en un proceso fraudulento y torticero. El nacionalismo es insaciable y poco o nada se consigue con concesiones.

El PSOE presenta la reforma de la Constitución como la solución a lo que llaman el “problema catalán”, que en realidad es el problema del nacionalismo. Constituye una falacia, pero también una estratagema para distanciarse del PP y para contentar al PSC. Muchas son las cosas que sin duda se pueden cambiar de la Constitución, aunque la mayoría de los males que afligen hoy a la sociedad española no tienen su origen en la Carta Magna sino en un desarrollo deficiente de ella, en la actuación de los dos partidos mayoritarios que han gobernado España durante más de tres décadas y en una Unión Europea y monetaria dominada totalmente por el credo neoliberal.

Por otra parte, no parece que este momento sea el más apropiado para conseguir el consenso necesario. ¿Estaría el PSOE dispuesto a que se implantase la República? Somos muchos los que pensamos que la parte más desacertada de la Constitución de 1978 es la que hace referencia al Estado autonómico, pero la corrección debería ir precisamente en sentido contrario al que plantean los nacionalistas. ¿Aceptaría el partido socialista la eliminación del concierto de Euskadi y de Navarra?

En cualquier caso, lo que está claro es que la reforma de la Constitución y el pretendido Estado federal no solucionarían el problema del nacionalismo. Los partidos que la proponen harían bien en preguntar a sus bases del resto de España si estarían de acuerdo con la concesión de la soberanía a Cataluña o con dotarla de una financiación privilegiada, y se encontrarían con la negativa más absoluta. Ahora bien, son únicamente estos dos elementos los que quizá contentasen a los nacionalistas, aunque es más probable que ni siquiera estos lograsen apaciguarles. Cualquier otra concesión sería tan solo un nuevo instrumento para que planteasen más tarde la lucha independentista con fuerza renovada.

A todos los que se sienten de izquierdas les recomiendo sobre este tema el articulo de Francesc de Carreras, profesor de Derecho constitucional, titulado “Solé Tura y el derecho a decidir”, aparecido en la cuarta página del diario El País el 14 de noviembre pasado; creo que no tiene desperdicio, así como el libro que cita de Solé Tura, catalán, también catedrático de Derecho constitucional, padre de la Constitución, que militó en su juventud en el FELIPE, en Bandera Roja y durante la Transición perteneció a la ejecutiva del PSUC y, aunque terminó su carrera política en el PSOE, no creo que se le pueda considerar facha ni afín al PP. Sin duda, ambos ayudan a desmitificar el tópico del derecho a decidir y el de considerar que la defensa del Estado es algo de derechas. Se quiera o no, el movimiento secesionista constituye en el plano regional (al igual que el neoliberalismo económico en el personal) la rebelión de los ricos.   www.martinseco.es

Cataluña
La patología del engañabobos
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 22 Noviembre 2014

Confieso, de entrada, que doy poco crédito a los expertos en el arte, que no ciencia, de curar las llamadas enfermedades mentales. Las escuelas psicoanalíticas nos han hecho el favor de descalificarse las unas a las otras al echarse en cara sus respectivos errores. Freudianos, adlerianos, jungianos, gestálticos, lacanianos y los practicantes de técnicas más esotéricas están de capa caída. Los psiquiatras merecen más respeto, aunque su especialidad también se ha prestado a prácticas perversas: basta recordar los asilos psiquiátricos donde las dictaduras comunistas encerraban a los disidentes. Sin embargo, la sociedad debe asumir la responsabilidad de proporcionar un tratamiento a los estresados y neuróticos, en el extremo más común de la escala, y a los esquizofrénicos y psicópatas, en el otro extremo más excepcional. Y los profesionales mejor equipados desde el punto de vista científico para proporcionar este tratamiento son los psiquiatras.
La negación de la realidad

Aunque parezca extravagante, esta introducción está relacionada con los medios a los que creo que el Gobierno debería recurrir para impugnar el proceso de desinformación que los secesionistas iniciaron después del fiasco del 9-N. Este proceso de desinformación descansa exclusivamente sobre la negación de la realidad. O sea, precisamente, sobre el síntoma que comparten todos los trastornos que los psiquiatras estudian, diagnostican, medican y, cuando es posible, curan: la negación de la realidad. Por lo tanto, los profesionales en cuyas manos el Gobierno debería poner los antecedentes de la consulta fraudulenta, y sobre todo las conclusiones que sacaron a posteriori sus organizadores, negando enfáticamente la realidad, deberían ser los miembros de una junta médica integrada por psiquiatras de reconocida autoridad, y no los jueces del Tribunal Constitucional o los fiscales del Estado. Seguramente ellos le pondrían nombre a la patología del engañabobos. Según el gurú Enric Juliana, el Gobierno ha encomendado a la hipotética Brigada Aranzadi, compuesta por juristas, la ofensiva contra la operación secesionista. Debería encomendársela a la no menos hipotética Brigada Castilla del Pino, compuesta por psiquiatras.

La negación de la realidad en que incurrieron todos los políticos secesionistas que se vanagloriaron del éxito inexistente del 9-N fue tan flagrante que el diagnóstico de los psiquiatras sería unánime, como lo han sido, hasta ahora, los veredictos de los jueces. Recordemos que, sobre 6.300.000 inscriptos en un censo abultado con menores de edad y extranjeros, sólo acudieron a votar 2.300.000, con un núcleo duro de 1.800.000 secesionistas irreductibles. Únicamente en 8 de las 42 comarcas catalanas superaron el 50 por ciento del censo y los mejores resultados los obtuvieron en las menos pobladas. Sentenció el experto en demoscopia Carles Castro (LV, 11/11):

Los resultados del domingo confirmaron una vez más la existencia de varias Catalunyas que coexisten en universos paralelos y algo herméticos. Por un lado, una Catalunya interior, con menor peso demográfico, donde el apoyo a la independencia se acerca al 50 por ciento del censo; por otro, una Catalunya litoral, donde el secesionismo siempre llegó a congregar a un tercio del censo electoral. Sin olvidar un nutrido cinturón metropolitano donde ese apoyo quedó en muchos casos por debajo del 20 por ciento del electorado.

¡Y que lo diga! En L'Hospitalet, la segunda ciudad de Cataluña, se quedó en el 17,7 por ciento.

Llega al paroxismo
Víctima de la patología del engañabobos, Toni Batllori, propagandista gráfico del secesionismo en las páginas del somatén mediático, insiste en dibujar a Rajoy sepultado bajo una montaña de papeletas, humillado por un ninot que blande la estelada. Mientras Artur Mas corrobora la negación de la realidad cuando proclama en el Parlament (LV, 13/11): "Una mayoría de catalanes ha desconectado del Estado español y ya no tiene miedo". ¿Por qué no confiesa que no habla en nombre de una mayoría sino de 1.800.000 ciudadanos, menores de edad y extranjeros?

La patología del engañabobos llegó al paroxismo cuando la mayoría secesionista del Parlament se burló de la realidad y, ocultando que se refería a solamente 1.800.000 ciudadanos, menores de edad y extranjeros, aprobó un texto en el que "se inculpa por el 9-N" (LV, 14/11) y que

incluye la felicitación del Parlament al "pueblo de Catalunya por la jornada cívica, democrática y pacífica del 9-N", que se reconoce como "una expresión amplia y clara de ejercicio a favor del derecho a decidir". En esta línea el Parlament constata "la voluntad de la mayoría del pueblo de Catalunya de ser reconocido como sujeto político soberano a todos los efectos y con todas las consecuencias" y reconoce "la valentía" de los voluntarios y participantes a la hora de "sobreponerse democráticamente a las impugnaciones y las amenazas del Gobierno y de las instituciones del Estado, en una clara enmienda ciudadana al Estado por su negación persistente del derecho del pueblo de Catalunya a decidir libremente su futuro".

La estratagema totalitaria de reducir a 4.500.000 ciudadanos discrepantes a la condición de no personas para sustituirlos por la minoría leal elevada a la categoría de "el pueblo" bastaría a los expertos para diagnosticar que se trata de un caso agudo de patología del engañabobos. Una de las víctimas de esta patología es el inefable Francesc-Marc Álvaro, quien atribuye a los detractores del secesionismo la negación de la realidad y la deformación del veredicto de las urnas de cartón que practican él mismo y sus cofrades sectarios (LV, 20/11):

Hay que suponer que estaban tan seguros de su fuerza y superioridad que no sometieron sus prejuicios al más mínimo contraste de los hechos. Y, lo que es más alucinante, todavía hoy persisten en el error.

Ni más ni menos. Él y sus cofrades, cegados por sus prejuicios, se niegan a reconocer que son sólo 1.800.000 sobre 6.300.000.

Una acotación importante
Y a esta altura hay que hacer una acotación importante. Algunos polemistas subrayan que varios presidentes del Gobierno han sido elegidos en España con una cantidad de votos situada muy por debajo del 50 por ciento del censo. Tienen razón. Lo que sucede es que existe la garantía constitucional de que si esos presidentes desempeñan muy mal sus funciones será posible sustituirlos al cabo de cuatro penosos años. En cambio, la independencia implicaría levantar fronteras definitivas en torno a un nuevo país que, a juzgar por el talante autoritario y mesiánico de quienes probablemente lo gobernarían, se convertiría en una ínsula cerrada, endogámica y marginada de la Unión Europea. Una ínsula, además, que ellos llamarían república pero en la que sería utópico soñar con el derecho a decidir el retorno a la sociedad abierta y normal donde vivimos actualmente. El derecho a decidir es un engañabobos que los amos de la nueva ínsula cancelarían automáticamente apenas monopolizaran el poder.

Afortunadamente, la realidad demuele los pilares sobre los que descansa esta pesadilla. Los números son implacables y prueban que la inmensa mayoría de los catalanes no se ha dejado contaminar por la obscena campaña de propaganda cainita y continúa inmunizada contra la patología del engañabobos. A lo cual se suma el espectáculo desmitificador que brindan los verdaderos portadores de dicha patología cuando exhiben sus ambiciones, nada patrióticas, al disputarse el ya inalcanzable botín mediante un intercambio público de puñaladas traperas.

Cataluña, ¿hacia el conflicto étnico?
Marcus Pucnik www.cronicaglobal.com 22 Noviembre 2014

Desde que el 9N se saldó con una participación del 37% me rondaba una idea por la cabeza a la que finalmente he podido prestar más atención. Y efectivamente, esta vez la memoria no me falló. Es el mismo número que el Idescat da para "lengua de identificación" con el catalán.

Es más, el porcentaje de votos para el doble sí, es decir para la independencia, que es un 30% de los que pudieron votar, está muy cerca del 31,02% que el Idescat da para "lengua inicial" (ese bonito constructo de país que intenta sustituir a lo que conocemos como lengua materna).

Estas relaciones son chocantes por sí solas y merecerían un estudio detallado antes de llegar a conclusiones firmes. Ni soy académico, ni tengo el tiempo de hacer la investigación, razones por las cuales este artículo es de opinión y reconoce sus límites. Pero voy a añadir otra observación, otra comparación: el mapa de participación en el 9N confeccionado por el canal 324 guarda una asombrosa similitud con un mapa lingüístico usado por la filóloga Carme Junyent en 1999, titulado "Població de dos anys o més que saben parlar català (1996)".

Para los que se interesen más por el tema recomiendo el blog del economista David Lizoain, empezando por esta entrada.

La política de Artur Mas tiene dos pilares, el nacionalismo tradicional y el hacer creer que está por unos principios universales, con el objetivo de ganar seguidores fuera del nacionalismo tradicional, para luego llevarlos a su campo; método flautista de Hamelín. En cuanto al procedimiento, se repite la maniobra: se llama a la votación para después, mediante la manipulación del proceso (la falta de imparcialidad de los medios y poderes públicos), llegar al resultado deseado. Así se ha intentado, pero se ve que no ha funcionado: la mayoría se ha quedado sin participar en el 9N, y esta mayoría, me temo, es castellanohablante.

La división étnica que puede haberse hecho evidente el 9N es, si se confirma, solo el comienzo de una espiral hacia un conflicto étnico directo y abierto. Los condicionantes actuales -integración en España y la UE, mentalidad local pacífica y negociadora, etc.- sirven de correctivo, pero si me imagino a Artur Mas en el poder dos años más, o cuatro, o hasta esos diez que él recientemente anunció que se necesita para llegar finalmente a la tierra prometida de la independencia...

Me temo que Artur Mas ha empezado algo que no queremos ver como acaba, y más vale que no le demos más tiempo a El Frívolo y lo botemos del poder cuanto antes.


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