AGLI Recortes de Prensa   Lunes 24  Noviembre  2014

Partido Popular
Rajoy, camino de la página más cutre de la historia
Luis Herrero Libertad Digital 24 Noviembre 2014

Nada más doblar el cabo de Hornos del primer trienio en el poder, Rajoy se ha encaramado a lo más alto del palo mayor, ha puesto la palma de su mano a modo de visera, para que el sol cegador que viene del futuro no le impida otear bien el horizonte, y ha voceado a la tripulación y al pasaje del barco que capitanea lo que sus ojos de avezado explorador divisan en la línea de costa de 2015. En resumen, lo que ve es que "la España de 2015 va a ser mucho mejor que la España de 2011". Le da igual que la gente mire en la misma dirección y vea cosas completamente distintas. La gente se equivoca. ¿Que tres de cada cuatro españoles creen que la situación no mejora, sino más bien todo lo contrario? Da igual, los españoles se equivocan. ¿Que el 80% de los ciudadanos piensan que la situación política es mala o muy mala? Da igual, los ciudadanos se equivocan. ¿Que el 82,2 piensa lo mismo de la situación económica? Da igual, también se equivocan. Hay, dice él, una opinión que prevalece: "Las naciones más importantes del mundo nos ponen como caso de éxito". Un éxito, añade, que "no hubiera sido posible sin un elemento de extraordinario valor político: la estabilidad institucional".

Una de dos, o Rajoy ve doble –él sabrá por qué– o confunde el catalejo con unas gafas de realidad virtual programadas por la Disney. ¿Estabilidad institucional? Sí, claro. Por eso hemos tenido que cambiar de Jefe del Estado antes de que la Monarquía tuviera que embarcar en una fragata en Cartagena. Por eso el bipartidismo se va a pudrir malvas a marchas forzadas. Por eso la marea política emergente quiere enviar el legado de la Transición a una vitrina del museo arqueológico. Por eso reclama el PSOE que el cimiento de la arquitectura institucional, la Constitución del 78, sea abierta en canal y cambiada de la cruz a la fecha. Por eso los partidos políticos están más horadados por la corrupción y el descrédito que la legendaria Ciudad Sin Nombre. Por eso las grietas de la unidad nacional se han tragado ya la obediencia de una comunidad autónoma al Tribunal Constitucional y han colocado a la Fiscalía al borde del motín. Por eso el Gobierno que preside tiene la peor valoración ciudadana desde que el CIS escudriña los hígados de las ocas…

Mucho me temo que ese es el verdadero paisaje que se atisba en el horizonte, y no el que relata Rajoy desde lo alto del palo mayor. Y mientras el paisaje sea ese, el número de ciudadanos dispuestos a apoyar la soflama antisistema de Pablo Iglesias no dejará de crecer. Es verdad que la mayoría de ellos comparte la identidad ideológica del ángel exterminador de la casta política. No es extraño: sus rancias recetas bolivarianas prometen un lugar al sol a quienes, sobre todo jóvenes, llevan demasiado tiempo a la sombra del paro o la marginalidad, sin muchas más cosas que hacer en sus largos ratos libres que contemplar con creciente indignación el festín de unos políticos panzudos que o bien se lo llevan crudo a cuentas numeradas en el extranjero o bien contemplan con ayes de plañidera –mucho llanto y poco dolor– la almoneda de un sistema que les puso en el poder para que hicieran algo más que retórica televisada. Sin embargo, Podemos se nutre de algo más que de soñadores de coleta de caballo y ninis que juegan sin resto y que por lo tanto no tienen nada que perder. Hay casi setecientos mil votantes del PP –el 6% de los once millones de votos que apoyaron a Rajoy en 2011– y trescientos mil de UPyD –el 24% de un millón doscientos mil– que confiesan su intención de apoyar a Pablo Iglesias en las próximas elecciones generales. ¿De verdad puede creer alguien en sus cabales que ese millón de personas quiere para España una fotocopia de la Venezuela de Maduro, la Bolivia de Evo Morales o la Argentina de Kirchner? Sería tan absurdo como pensar que el casi veinte por ciento de sorianos capitalinos que votaron a Podemos en las elecciones europeas lo hicieron por entusiasmo radical. Mi tesis es que ese millón de arietes no busca fortalecer a la nueva izquierda –que en realidad es un remedo de la más vieja de todas– sino derribar lo poco que queda de un Régimen fracasado. La Constitución del 78 nació con la vocación de resolver el problema territorial de España, no de agravarlo multiplicándolo por 17. De hacer de la democracia un territorio de igualdad entre todos, no de privilegio de algunos. De instaurar un verdadero equilibrio de poderes, no de subastarlo alternativamente entre las mayorías de turno. De abrir compuertas a la libertad efectiva de los individuos, no de secuestrarla por partidos que esclavizan a sus votantes haciéndolos cautivos del miedo al adversario. Esto ya no da más de sí. La gente quiere algo mejor. O, por lo menos, algo distinto.

La Transición funcionó bien, sobre todo al principio, porque el franquismo se hizo el haraquiri y no impidió el paseo triunfal de la democracia. Lo viejo no le puso grandes trabas a lo nuevo. Pero ahora lo viejo se niega a morir y lo nuevo tiene que emplearse a fondo para barrer el pasado. Para muchos, Pablo Iglesias es el dinamitero perfecto, el único con potencia destructiva suficiente para dejar el solar como su propio nombre indica, listo para que comiencen las obras de algo diferente.

En este momento de metamorfosis entre lo que muere y lo que nace Rajoy se ha colocado en la peor situación posible: ni limpia la porquería que se ha ido acumulando en el patio trasero de la política durante más de tres décadas de astenia democrática, ni está en disposición de liderar un proyecto de cambio. Ni lo está él, que es el más preclaro ejemplar político del mundo que agoniza, ni lo está la derecha tecnocrática y mediocre que ha crecido al calor de su mandato. Esta derecha lleva demasiados años haciendo obscenos cambalaches con los valores que le habían dado, en otro tiempo, consistencia electoral: víctimas del terrorismo, impuestos, gasto público, nasciturus, neutralidad institucional… demasiadas monedas de cambio para comprar un poco más de tiempo de permanencia en el poder. Claro que la culpa no es sólo suya. Esa idea de durar en el Gobierno a cualquier precio fue una de las prioridades que Aznar se impuso cuando las urnas de 1996 le abrieron las puertas del Palacio de la Moncloa. De lo que se trataba, según le oí decir muchas veces, era de impedir a toda costa que su mandato fuera, como auguraban los felipistas de la dulce derrota, un breve paréntesis en la historia de España. Aznar tenía la extraña convicción de que a él y a los suyos les bastaría con soportar estoicamente las tentaciones en las que habían caído sus predecesores cuando vieron que alrededor de las manzanas prohibidas que cuelgan del árbol del poder no había casi vigilancia. ¿Regeneración?¿Fortalecer un sistema independiente de policía institucional que espantara la tentación de hacer lo que no se debe? ¿Para qué? Bastaba con hacer bien las cosas que otros habían hecho mal. Ese fue, me parece a mí, uno de los peores pecados del aznarismo: creer que la naturaleza caída, la lacra del pecado original, era patrimonio exclusivo de la izquierda. A la vista está el resultado de esa estúpida exhibición de superioridad moral. Algún día, el PP descubrirá que no perdió ante Zapatero sólo por culpa del 11-M y que hubiera durado más de haber asumido el riesgo de poner en práctica una política verdaderamente transformadora. Pero ahora ya es demasiado tarde. Por la absurda obsesión de durar, de no correr ningún riesgo, Rajoy se va a convertir en el presidente electo más breve de la democracia. Si no se va voluntariamente, la riada electoral se lo llevará camino de la página más cutre de la historia.

No hay nada que negociar con Mas
EDITORIAL Libertad Digital 24 Noviembre 2014

Según ha informado Pablo Planas desde Barcelona, el empresariado catalán anda presionando para que el Partido Popular de Mariano Rajoy y la Convergència de Artur Mas sigan pergeñando pactos a espaldas de la opinión pública y en pro de una reforma constitucional que ponga solución a la cuestión catalana. Nada bueno puede salir de ahí.

Para empezar, el PP y CiU son formaciones con el crédito por los suelos, que suscitan una más que justificada desconfianza en el grueso de la opinión pública. Sólo por esto ya deberían desechar el oscurantismo, aunque sólo fuera por instinto de supervivencia.

En segundo lugar, el establishment empresarial del Principado tiene una enorme responsabilidad en que la situación haya empeorado de una manera que hubiera sido inimaginable hace sólo unos años. Es un establishment corporativista, mucho menos interesado en competir por el favor del mercado –esto es, de la ciudadanía– que en estar a buenas con el poder político, al que corrompe y del que espera ayudas –económicas y legislativas– sin cuento, que lo blinden contra el mercado –esto es, contra la ciudadanía–.

Cuando el nacionalismo redobló su desafío al Estado, con el infausto Estatuto de 2006, el establishment empresarial no sólo no levantó la voz sino que bendijo el despropósito, y sólo cuando cobró forma el desafío secesionista empezó a emitir, no precisamente de manera estentórea, algún reproche a Mas y compañía.

Antes de proponerse como solucionadores, los empresarios que presionan a Rajoy y Mas tienen que asumir que, como Rajoy y Mas, son parte del problema.

Por último pero no en último lugar, no hay nada que negociar con el nefasto presidente autonómico de Cataluña, que no deja de mostrarse indigno del cargo que ostenta. Es una autoridad del Estado que blasona de estar en rebelión contra el Estado. No hay absolutamente nada que negociar con semejante sujeto, sino obligarle a cumplir la ley y trabajar por que él y lo que representa desaparezcan cuanto antes de la escena política. Sólo faltaría que, después de los estragos que está causando en Cataluña y el resto de España, Artur Mas no sólo no recibiera castigo alguno sino que fuera recompensado.

No hay que pensar en reformar la Constitución con quienes quieren dinamitarla y, de paso, destruir España, sino hacer honor a los principios que la informan y defender con la mayor firmeza la soberanía nacional y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Pactos imposibles.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 24 Noviembre 2014

Hoy es noticia la movida interna del PP por la que “barones”, con Feijoo a la cabeza le piden a Mariano Rajoy que contemple la posibilidad de un futuro pacto entre PP con el PSOE tras las elecciones generales. Y es que la última encuesta del CIS les ha hecho ver las orejas al lobo de PODEMOS casi en empate técnico con el PP y muy por encima del PSOE. Lo que parece darse por seguro es que Mariano Rajoy va a repetir como cabeza de cartel en el PP, lo cual es mucho suponer habida cuenta de la debacle electoral que este excelso líder ha llevado al partido con una pérdida de más de 15 puntos en la intención de voto. Desde la mayoría absoluta hacia el despeño en menos de tres años. Eso no es un despilfarro de gestión sino un suicidio.

Pero la verdad no hay que derramar ninguna lágrima por un cadáver político que si lo es ha sido por propia voluntad, por una actitud prepotente, soberbia y de absoluto desprecio por sus votantes y por los ciudadanos en general. Un sujeto que accedió al poder mediante el engaño más ruin que se puede hacer, presentarse como el adalid de la regeneración política y económica para seguidamente hacer una política continuista y radicalmente opuesta a la que había prometido en la campaña electoral y en el programa con el que se presentó ante los ciudadanos.

Hablan de pactos post electorales cuando son incapaces de llegar siquiera a pactos de Estado ante el desafío secesionista de CiU y de toda la patulea separatista de Cataluña. Pactos con un partido carcomido por la corrupción, al igual que ellos mismos, y con un mensaje acomodaticio dependiendo del lugar de España donde se pronuncie. Un partido que propone una España federal cuando él mismo es un ejemplo del fracaso con sus federaciones en franca rebelión a las que son incapaces de imponer una visión nacional única y coherente.

Ya sé que PODEMOS representa el enemigo público número uno a batir y que en la guerra todo vale, incluso pactar con quienes en condiciones normales son los oponentes. Pero otro dicho afirma que la unión hace la fuerza, salvo que en este caso pueden ser insuficientes. Eso se llama mayoría de conveniencia o pacto a la italiana cuyos resultados negativos no hace falta descubrir. Y es que resulta evidente que el agua y el aceite no se mezclan y es más lo que les diferencia que lo que les pueda unir, sobre todo en cuestiones fundamentales como la propia definición de Nación, Patria y España.

Pero sinceramente, creo que llegan demasiado tarde y que los dos partidos han cometido el error de menospreciar el engendro que ellos mismos han alimentado con su torpe visión cortoplacista y de obcecación de destrucción mutua. Nunca ha habido ni el menor intento de llegar a Pactos de Estado en cuestiones fundamentales como la lucha contra la crisis económica, ni la lucha contra la corrupción. Al revés, PP y PSOE se han esforzado en mantener su privilegiado estatus y reparto del poder en un ciclo continuo de alternancia sin dar opción a que otras alternativas interfirieran. Pues bien, las encuestas parecen indicar el final de ciclo.

No hay nada como la necesidad para agudizar el ingenio. Lo malo es que ni PSOE ni PP disponen de él y se manejan en una mediocridad y falta total de imaginación que les ha llevado a no contemplar el desastre al que han llegado por su torpeza política. Lo dicho, no hay que derramar ni una lágrima por unos cadáveres políticos, sino echar una mirada en el mundo de los vivos para ver si encontramos alguien que sepa a donde va y nos convenza de que su camino es el correcto.

Siempre se ha dicho que la mayor fuerza es el amor, lo cual a muchos les puede sonar a cursilada. Yo creo que la mayor fuerza es la esperanza que es lo único a lo que los desesperados se pueden agarran. Los españoles necesitan esperanza y por desgracia PP y PSOE han demostrado ser incapaces de darla y además han traicionado la confianza de los ciudadanos.

Caso Errejón
La casta es el Estado
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 24 Noviembre 2014

El caso de la beca de Íñigo Errejón en la Universidad de Málaga es ciertamente anecdótico en comparación con las toneladas de macrocorrupción presentes en el resto de formaciones políticas dominantes. Resultaría casi sonrojante asimilar un contrato universitario para la ejecución de un proyecto de investigación –por muy cuestionables que hayan sido las circunstancias que han rodeado su concesión– con las tramas de expolio organizado reveladas en los casos Gürtel, ERE y Púnica.

Ahora bien, que la gravedad de los casos sea incomparable no significa que no puedan extraerse ciertas lecciones del asunto. A la postre, la contratación de Errejón ha estado rodeada de un indudable tufillo nepotista: el director del proyecto al que se incorporó Errejón era su amigo, y ahora también dirigente de Podemos, Alberto Montero; y si Montero pudo contratar dedocráticamente a Errejón, así como agraciarle con unas condiciones laborales harto generosas (elevado sueldo y posibilidad de prestar sus servicios desde Madrid), fue debido a que gozaba de un muy elevado margen de discrecionalidad a la hora de gestionar el dinero público asignado al proyecto. Por tanto, como decía, sí es posible sacar ciertas conclusiones.

1) La casta no está únicamente integrada por la alta dirección de la Administración Pública, esto es, por el Gobierno y sus subalternos más inmediatos. Al contrario, la casta impregna todos los niveles de la Administración en los que el empleado público de turno disfruta de ciertas potestades discrecionales: en la medida en que un empleado público pueda arrimar el ascua a su sardina en el ejercicio de su discrecionalidad, tendrá en todo momento la tentación de aprovecharse personalmente de ese poder. El caso de las universidades españolas probablemente sea de los más conocidos, en especial por todos aquellos que hemos caminado por dentro de las tripas del monstruo, pero no es ni mucho menos único: junten poder y naturaleza humana y obtendrán casos reiterados de abuso de poder, esto es, de corrupción (de corrupción no necesariamente ilegal).

2) Dado que una Administración Pública omnicompetente necesita tomar (muchas) decisiones atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, alguna instancia dentro de ella deberá disfrutar, por definición, de un cierto margen discrecional para decidir. Lo mismo sigue sucediendo si la propia Administración crea supervisores internos que controlen el buen o mal uso de ese poder discrecional por parte de los empleados públicos: estos supervisores dispondrán, a su vez, de poder discrecional para sancionar (o no) a sus supervisados, gestándose así nuevas oportunidades de corrupción. De ahí que no sea posible eliminar la discrecionalidad de la genética de la burocracia administrativa y, por tanto, tampoco el germen de la corrupción.

3) La conocida milonga de Podemos de que para acabar con la corrupción basta con reemplazar a la mala casta actual por la buena neocasta emergente es completamente falaz. El problema de la corrupción no se circunscribe al Gobierno de la nación, sino a todos los niveles administrativos con potestades discrecionales: y ni siquiera Podemos aspira a reemplazar a todos los actuales empleados públicos por nuevos e incorruptibles funcionarios. Es más, aunque lo hiciera no queda claro qué conseguiría con ello: los nuevos funcionarios de Podemos se enfrentarían a idénticos incentivos perversos, pudiendo caer en análogas tentaciones. El caso de Errejón, de hecho, ilustra que personas presuntamente honestas e intachables (ni me interesa ni pretendo prejuzgar a las personas) también incurren en comportamientos como poco cuestionables toda vez que palpan algo de poder.

4) En vista de lo anterior, las dos únicas formas de terminar con la corrupción son, por un lado, incrementar los controles exógenos sobre el ejercicio de la potestad discrecional de los empleados públicos y, por otro, reducir los ámbitos competenciales de los empleados públicos. Podemos apuesta radicalmente por la primera vía: ya sea reclamando la independencia judicial o el control democrático (revocatorio) de la función pública. El problema es que es cognitivamente imposible que los jueces o "el pueblo" controlen las decisiones diarias de millones de empleados públicos; en especial si, como propone Podemos, se incrementa todavía más el ámbito competencial del Estado. Por ejemplo, es absurdo pensar que un tribunal independiente o el pueblo soberano en su conjunto serán capaces de controlar si cada uno de los miles de contratos de investigación de las universidades públicas españolas suponen un abuso del poder discrecional de los directores de proyecto o no. De ahí que ningún país del mundo haya conseguido eliminar la corrupción vinculada a una Administración pública gigantesca: como mucho, ha logrado que la corrupción se sofistique y camufle para evitar que su ciudadanía la detecte y la sancione (sí, también en Dinamarca). ¿O es que acaso pensaban que los burócratas no se adaptan estratégicamente a los controles que se les interpongan?

Así pues, la única solución de verdad contra la corrupción pasa por minorar los ámbitos competenciales del Estado, esto es, por reducir su tamaño y el alcance de sus intervenciones: si el Estado no se ocupa de regular un área determinada de la sociedad, carecerá en esa área de poder discrecional susceptible de ser corrompido (por ejemplo, si no se sufragan con dinero del contribuyente proyectos de investigación sobre las "políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda en Andalucía" no habrá margen de corrupción posible al respecto). Es más, un Estado pequeño –con pocos funcionarios y pocas decisiones discrecionales– sí es un Estado mucho más fácil de fiscalizar por tribunales independientes y por la ciudadanía en su conjunto. Pero Podemos propone justo lo opuesto: no reducir el Estado, sino multiplicarlo.

5) Es verdad que la reducción del tamaño del Estado no garantiza que la corrupción no se traslade del ámbito estatal al ámbito privado. Por ejemplo, la misma cuestionable concesión de un proyecto de investigación a un amigo podría haber tenido lugar –y tiene lugar diariamente– en el marco de las universidades privadas. La diferencia entre un caso y otro, sin embargo, es clave: la corrupción estatal, a diferencia de la privada, deriva del abuso de un poder que no le ha sido otorgado al Estado de manera unánime por todos los que la sufren. Por ejemplo, un ciudadano andaluz puede ser plenamente consciente del nepotismo y de la endogamia de las universidades públicas, pero carece de la libertad para dejar de financiarlas. En cambio, el accionista, el benefactor o el estudiante de una universidad privada corrupta hasta la médula son perfectamente libres de dejar de darle apoyo financiero y de dejar de relacionarse con ella en cuanto lo deseen. En otras palabras, la corrupción estatal es un asunto público porque los ciudadanos no podemos escoger no interactuar con el Estado: éste nos impone por la fuerza la interacción. Por consiguiente, la corrupción del Estado termina convirtiéndose en una extracción de rentas y de libertades de la mayoría que ignora o tolera la corrupción sobre la minoría que la conoce y la reprueba, sin que ésta minoría pueda defenderse por ninguna vía. En cambio, la corrupción privada es un asunto particular que sólo afecta a las partes voluntariamente implicadas, pudiendo cada cual defenderse de la misma finiquitando cualquier relación con el órgano corrupto (lo que no significa, claro, que cuando sea delictiva no deba ser perseguida por los tribunales).

Por eso, en definitiva, si queremos luchar contra la peor de las corrupciones, la impuesta por la fuerza, debemos luchar contra el Estado gigantesco. Es decir, debemos luchar contra el modelo de Estado que propugnan PP, PSOE y Podemos. El caso Errejón es relevante no por su gravedad intrínseca, sino porque pone de manifiesto las debilidades doctrinales y programáticas de su formación política a la hora de defender una vía de combatir la corrupción –el incremento del tamaño y del poder del Estado– que sólo contribuye a alimentarla.

Pez piloto
ARCADI ESPADA El Mundo 24 Noviembre 2014

DON JOSÉ Montilla, ex presidente de la Generalidad y miembro del Senado de España, se ha puesto a disposición del actual presidente Mas como testigo, dice, de su defensa ante la querella interpuesta por la fiscalía. Es difícil saber en qué puede ayudar, concretamente, don José Montilla. Pero, en cambio, no hay duda alguna de hasta qué punto le asiste la legitimidad para intentarlo. El delito fundamental de que se acusa al presidente Mas es el de incumplir la ley y don José Montilla fue en este punto pionero. Uno de los más escabrosos documentos que ha producido modernamente el nacionalismo gobernante es la declaración institucional que firmó el 28 de junio de 2010, a las pocas horas de que el Tribunal Constitucional declarara que algunos artículos del Estatuto eran incompatibles con la ley. La declaración es una muestra herida e hiriente de hasta qué punto aquel mandato se desarrolló en la indigencia intelectual: sus contradicciones lógicas, sus amaños semánticos y sus pleitos con la épica, siempre sentenciados por la habitual falta de carácter del socialdemócrata, son memorables. Pero la declaración incluye frases asombrosamente insurreccionales: «Un Tribunal Constitucional que, como hemos dicho de forma reiterada, está lamentablemente desacreditado y moralmente deslegitimado para dictar esta sentencia». «No hay tribunal que pueda juzgar ni nuestros sentimientos ni nuestra voluntad. Somos una nación».

A los niños habrá que enseñarles que esta rendición de la ley a los sentimientos, puramente paramilitar, solo tuvo en la devastada Cataluña moderna el antecedente de Banca Catalana. Valga el ejemplo, entre miles de aquellos innobles días, de Josep Rahola d'Espona, otro miembro del Senado de España, que escribió esta frase eucarística: «Digamos no a la dictadura de las leyes». En lo que luego destacaría don José Montilla. No estaba solo en el Partido Socialista. Meses antes de la declaración institucional, Pasqual Maragall, ya ex presidente, había impulsado aquel manifiesto de Juneda donde se instaba a los catalanes a dejar de pagar impuestos si la sentencia del Tribunal Constitucional no les convenía.

Por lo tanto la legitimidad y la instrucción de don José Montilla y de la globalidad de los socialistas catalanes en desacatamientos, desobediencias e ilegalidades más o menos sentimentales está plenamente demostrada y exhibida. Fueron el pez piloto, y ahora yacen justamente deglutidos en el fondo de la sucia barriga.

Ahora son solo independentistas
Jordi Garcia-Petit www.cronicaglobal.com 24 Noviembre 2014

Artur Mas y Oriol Junqueras no coinciden en la estrategia electoral, los dos quieren lo mismo: el gobierno y la presidencia de la Generalidad, y eso excluye forzosamente a uno, pero sí que coinciden en la construcción ideológica (de cartón piedra) del independentismo.

Ahora los dos afirman que no son nacionalistas, que son solo independentistas. No importan las etiquetas ideológicas estatutarias de sus partidos, ni las contradicciones flagrantes, ni el juego de palabras vacías. Los dos han recordado de pronto el desprestigio moral e histórico del nacionalismo en Europa y lo niegan sin pena después de haberlo enaltecido sin pudor. ¿Se puede ser independentista sin ser nacionalista? En la ideología simple y vaporosa del independentismo todo es posible y lo contrario también.

Con los nacionalistas a secas se puede negociar, en la medida que se pueda asegurar que respetarán el acuerdo; últimamente la lealtad no es su fuerte. Como nacionalistas declarados los convergentes han participado en la gobernabilidad del Estado tanto con la izquierda como con la derecha durante más de treinta años, y, además, fueron también “padres” de la Constitución que ahora repudian.

Artur Mas, que tira a veleta como se encuentran pruebas de ello a espuertas en las hemerotecas –para muestra basta un botón, “Es más importante hacer la nación catalana que las estructuras administrativas del Estado” (La Vanguardia, 02.11.2007)-, se acomodaría fácilmente a nuevas circunstancias, siguiendo su propia inclinación a un “stop and go”, “go and stop”. Frenará cuando haya un proyecto de reforma constitucional en marcha, las encuestas de opinión le obligarán. Un Mas “moderado” será el clavo que saque el clavo del Mas radical. Un personaje veleta no es por mucho tiempo ni moderado ni radical, adopta un papel u otro, según de donde sopla el viento.

Con Junqueras, como el mismo muy bien dice desde la evidente inanidad discursiva que le caracteriza, y que inspira todo el movimiento que preside, no hay nada a negociar. Su esquematismo binario –o independencia o nada- le anula como interlocutor. Tarde o temprano, se limitará a la posición residual de una minoría, más o menos importante, de resistentes vueltos de espaldas al mundo real. Cuando la situación se vaya normalizando, reformando pues, Junqueras no tendrá nada que ofrecer fuera de su mítica independencia. Y Artur Mas lo habrá plantado.

Regeneración democrática
Leones, zorros y ratas
Pedro de Tena Libertad Digital 24 Noviembre 2014

Cada vez está más claro para muchos ciudadanos españoles que nuestras élites no están siendo útiles para la libertad, la justicia, el progreso y el equilibrio sociales. Me refiero sobre todo a las élites sociales y políticas, pero no me olvido de las económicas y financieras, gran parte de ellas hereditarias, que controlan las fuentes del Nilo de nuestra forma de vida (dinero, energía, electricidad, teléfono, internet, distribución, etc.) y que por su negativa a aceptar la competencia han contribuido a pervertir las primeras. ¿Cuál es el problema? Que no circulan como quería Pareto, que se han estancado y que en 2014 están en el machito clónicos herederos de las élites que usufructuaron y envilecieron la transición. Incluso en Izquierda Unida, donde han circulado aparentemente demasiado, siempre se han obedecido los principios del comunismo oficial. En el PP y en PSOE hay una tradición continua, casi genética, que procede de Manuel Fraga y de Felipe González. Esto es, nuestras élites políticas cambian, pero no circulan, no ascienden los más capaces, los más atrevidos, los más nobles (dentro de la inmoralidad general que exige el poder), sino que están dominadas por los obedientes, los sumisos, los acríticos que esconden tras su genuflexión sus intereses reales y sus sueños de alcantarilla.

El intuitivo Pareto llegó a hablar de leones y de zorros, pero no reparó en las ratas. El agudo analista, que tenía pocas esperanzas en la bondad natural de nadie, mucho menos de los dirigentes políticos y sociales, sentenció que leones son esos hombres de la élite que son amigos de la conservación, del idealismo, de la fuerza, de la lealtad, de la burocracia ordenada. Los zorros, sin embargo, son imaginativos, sagaces, innovadores y con menos escrúpulos aún que los leones. Una mezcla adecuada de ambos tipos en las élites nacionales es conveniente siempre que esté acompañada de una fecunda circulación de élites. Si las élites no circulan la pirámide político-social se estanca por inanición y es entonces cuando, encharcadas en sí mismas, aparecen las ratas entre las élites dominantes. ¿Qué es una rata? El que ha obedecido sin rechistar a zorros y leones escondiendo sus mediocres ambiciones, el que sin tener cualidad alguna para formar parte de las élites logra irrumpir en ellas por el dominio que tiene de las cloacas. Leones y zorros tienen algo de magnánimos, pero las ratas son siempre pusilánimes, como diría Ortega.

¿Cómo se ha producido la circulación de las élites en los grandes partidos españoles? Realmente no se ha producido. Alfredo Pérez Rubalcaba, el último secretario general del PSOE, era un ente de Suresnes y del nuevo socialismo vasco-sevillano, en cuyo seno, por cierto, defendió la autodeterminación de los pueblos y regiones de España. Mariano Rajoy pertenece al linaje de Manuel Fraga, como lo fue asimismo José María Aznar. En realidad, no ha tenido lugar una real circulación de las élites y el tapón de las viejas aristocracias ha impedido una reflexión sobre la necesidad de una nueva izquierda nacional, abierta y socialdemócrata y una nueva derecha española en mayor medida liberal y autocrítica. Por ello, ambas organizaciones pueden ser devoradas por sus ratas. Eliminada de su seno la luz que proporcionan la inteligencia y el debate racional, han terminado en manos de quienes son incapaces de grandeza alguna y no tienen el más mínimo deseo de desalojar las galerías que han conseguido horadar en la democracia. Leones y zorros siempre creyeron en la Nación y el Estado. Las ratas no creen en nada salvo en los aparatos que controlan y en su supervivencia.

¿Tiene arreglo este entuerto? Pues no sabemos si en los dos grandes partidos hay energías éticas para proceder a una reconversión radical. Recordaba hace unos días mi viejo profesor Alfonso Lazo, partidario del gran pacto PP-PSOE para reformar España sin renunciar a la democracia, que la Iglesia católica corrompida del siglo XVI reaccionó tarde, pero bien, a la ofensiva protestante con la contrarreforma de un fecundo Concilio de Trento.

Hay quien cree que Podemos es la reforma o revolución que necesitamos sin reparar en que no es más que la reacción interna de la izquierda populista y comunista ante las viejas élites del comunismo patrio, al que se están comiendo. Nada nuevo. Lo nuevo sería que PP y PSOE abrieran sus puertas y ventanas y representaran realmente a la inmensa mayoría social y política que sigue fiel al espíritu libre y reconciliador de aquella España grande del 78. Pero eso....

Encrucijada terrorista, islamista y política
José Javaloyes www.republica.com 24 Noviembre 2014

Fuerzas kenyanas mataban ayer en territorio somalí a un centenar de milicianos que horas antes habían asesinado a 28 de los pasajeros de un autobús con destino a Nairobi tras comprobar que no eran musulmanes. Era el desenlace de la última de las atrocidades del Estado islamista (EI) a las que se acaba de apuntar el mismo grupo somalí que meses atrás llevó a cabo una matanza en la capital del mismo país dentro de un centro de consumo con normal concurrencia de público extranjero.

Ambos sucesos han ocurrido cuando este lunes se cumple un plazo crítico en las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica de Irán de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania con el polo islámico del chiísmo, en el otro extremo del legado doctrinal de Mahoma.

Acaece la atrocidad del islamismo somalí cuando a la respuesta internacional en forma de alianza político – militar, con los bombardeos de las posiciones en Iraq y Siria de sus combatientes, alcanzan resultados significativos – incluidos en ellos la eliminación parcial de su grupo dirigente -. Sobreviene esta posible respuesta del Estado Islámico dentro del espacio más tempranamente islamizado al aire del tráfico esclavista, muy cerca de la frontera del Estado fallido de Somalia y dentro del territorio keniano, esta matanza a manos de la milicia somalí de Al Shabaab.

Las hazañas de este fanatismo terrorista tienen desarrollo paralelo por la vertiente atlántica de África, donde Boko Haram, en Nigeria, se aplica a la muerte de escolares, o al secuestro de los mismos cuando son del género femenino. El terror militante se aplica allí contra la enseñanza en los patrones culturales de Occidente, desde el lema de que esta cultura es pecado… Pero las brotaciones de este ébola islamista, que cunde por el mundo africano en términos de metástasis galopante, se ha venido a reproducir en Europa por vía de “vocaciones” para enrolarse y militar en los cuadros del Estado Islámico (EI) que operan en Iraq y Siria. Aunque es en el conjunto de franjas hemisféricas del Continente Negro –norteafricana, sahariana, saheliana y tropical – donde se advierte un ritmo expansivo de las militancias en el activismo islámico dentro de dos líneas convergentes: las del yihadismo originario de la primitiva Al queda, ahora dirigida el egipcio que sucedió a Ben Laden, y los grupos de nueva planta surgidos en Siria, Iraq y el Egipto posterior al derrocamiento del presidente Morsi, cuyo referente es el proyecto del Estado Islámico del “califa” Al Bagdadi, empeñado en la restauración política de la Umma o comunidad global de los seguidores de Mahoma.

Este tramo de convergencia organizativa de todos los yihadismos en los escenarios extraeuropeos se suma a su vez en la brotación -principalmente de europeos – del referido voluntariado, procedente en su mayor parte de individuos surgidos de las comunidades musulmanas asentadas en la Unión Europea. Y resulta probable el incremento de las aportaciones asiáticas, como la de China, en la medida que pueda aumentar la libertad de movimientos para poder llegar a los puntos de recluta en Oriente Medio.

Desde esta perspectiva es de la mayor importancia el papel que pueda jugar esa República Islámica de Irán, involucrada en las negociaciones de los Cinco más Alemania y que este lunes llegan a un punto crítico que ha de superarse para que los persas, desde su hegemonía en el mundo del chiísmo, puedan cooperar a la desactivación de los aberrantes sueños imperiales del terrorismo suní. No cabe la indiferencia analítica ante la encrucijada, islámica, terrorista y armamentista, de estas horas.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Mariano Rajoy consentiría la independencia de facto a Cataluña
Roberto Centeno El Confidencial 24 Noviembre 2014

Artur mas califica como un éxito la consulta y pide un "referendum real".

El trío consentidor del delito separatista de sedición Rajoy / Sánchez / Santamaría (la nueva 'directora' de opinión de El País) parece estar negociando la rendición de España ante el millón y medio de separatistas catalanes, encabezados por el Mussolini de opereta Artur Mas. Rendición que en lo político consistiría en conceder la independencia de facto a Cataluña, es decir, la independencia real, en la que Cataluña tendría todas las atribuciones propias de un Estado independiente, dotado de Fuerzas Armadas propias (Mossos d'Esquadra militarizados con armamento pesado), Justicia, Hacienda, Educación, Seguridad Social, etc., también propias y completamente separadas de las correspondientes instituciones españolas. Esta separación de hecho se disimularía con la no separación de derecho. Cataluña constituiría una nación independiente sin un Estado independiente.

En lo económico, el resto de España se convertiría en una colonia de Cataluña. Las empresas catalanas seguirían vendiendo sus productos y sus servicios en el resto de España, donde realizan los dos tercios de su cifra de negocios. El IVA y el Impuesto de Sociedades, al igual que en el caso vasco-navarro, se ingresarían en la Hacienda catalana y, en el caso de las grandes empresas, regiría el principio de que los impuestos generados fuera de Cataluña se devolvieran a la Hacienda española, aunque no en su totalidad. En el caso de las empresas medianas y pequeñas, la mayor parte se los quedaría la Hacienda catalana, miles de millones de euros robados literalmente a la española, algo que ya sucede con el País Vasco y Navarra, gracias a lo cual tienen la mayor renta per cápita de España.

En esta negación radical de la patria común, España, estaría colaborando activamente todo el gran empresariado catalán, así como El País, El Mundo y la mayoría de medios bajo el control de Sáenz de Santamaría, una fémina amoral en lo político y un peligro letal para España que procura su poder personal con desprecio de los valores patrióticos que ha jurado defender. Muchos signos la señalan como la autora intelectual de esta infamia sin nombre, algo que jamás ha sucedido en Europa desde la Revolución Francesa. A la antigua clasificación de Estados con nación, naciones sin Estado, y pueblos sin nación ni Estado (colonias), la jurisperita Santamaría ha inventado la nueva categoría de país sin Estado pero con nación estatal.

El resto de España deberá garantizar el mantenimiento de su renta

En lo económico, con Cataluña como Estado de facto independiente, la Generalitat tendría capacidad normativa sobre todos los impuestos. Su Agencia Tributaria se encargaría de la gestión, recaudación e inspección de los impuestos propios, es decir, de los generados dentro de Cataluña por catalanes y no catalanes, y de los generados fuera de Cataluña por parte de las empresas catalanas. Esto significa que, como ya he señalado, el IVA de las ventas de productos y servicios catalanes fuera de Cataluña o el Impuesto de Sociedades de empresas catalanas por sus beneficios obtenidos en el resto de España los recaudaría, gestionaría e inspeccionaría la Agencia Tributaria Catalana. Este sistema corresponde a las atribuciones de una metrópoli respecto de sus colonias.
Aparte de las corruptelas antes mencionadas de apropiarse de lo que no es suyo –que ya ocurren con el sistema fiscal en el País Vasco y Navarra–, en este caso sería mucho peor, ya que la parte de los rendimientos que corresponden al 'Estado' se transferirían siempre que no alterasen “en ningún caso la posición de Cataluña en el ordenamiento de las rentas per cápita entre CCAA”, es decir, que, si por la incompetencia, el despilfarro y la corrupción probadas de la Generalitat, Cataluña perdiera renta relativa, primero no devolvería un euro, y después, si eso no bastara, “la Generalitat recibirá recursos de los mecanismos de nivelación y solidaridad”.

Además, cualquier medida del Estado o de la UE que perjudique a Cataluña deberá ser compensada. En resumen, se trataría de aceptar las medidas más insultantes e inaceptables que figuran en el Estatut, lo que de facto pone fin a la existencia de España como nación y la convierte en una colonia donde Cataluña coloca sus productos y servicios. Algo peor: nos obligaríamos a subvencionar el mantenimiento de su nivel de renta relativa, que desde tiempos de Franco ha pasado del primer al cuarto lugar en España. Y la guinda del pastel, como Cataluña está quebrada, Mas hace ya muchos meses que no se ocupa de gestionar nada y la Generalitat va completamente a la deriva, no les exigirán la devolución de los 35.000 millones de euros prestados desde 2012.

“España nos roba”, afirman nacionalistas y separatistas catalanes, pero veamos quién roba a quién. Para ello hay que considerar obviamente la totalidad de flujos económicos: los fiscales, los comerciales y los de ahorro-inversión. Respecto a los primeros y con los últimos datos publicados (correspondientes a 2011), Madrid es la que más aporta, con 16.723 millones de euros y Cataluña, la segunda, con 8.445 millones. Andalucía es la que más recibe, con 7.421 millones. Aquí, lo primero que hay que decir es que hablar de las balanzas fiscales de una región carece de sentido, ya que las regiones no aportan nada: son las personas físicas y jurídicas, y en cualquier sistema fiscal del mundo quienes más aportan son quienes más tienen.

Pero esto es solo una parte de la historia. Si nos fijamos en las balanzas comerciales, Cataluña mantenía un superávit comercial con el resto de España en 2013 de 18.615 millones, que además le 'sirvió' para compensar su fuerte déficit frente al exterior, que es de 8.269 millones. Esto quiere decir que una Cataluña separada de España perdería la totalidad de su superávit con el resto de la nación, y no podría financiar su déficit comercial frente al resto del mundo, en contra de lo que afirma la chusma separatista de que vivirían mucho mejor con el mercado internacional. Pero no se preocupen, porque el trío de traidores en la infame operación en la que parecen estar trabajando dejará que mantengan un superávit. Finalmente, además, la balanza de ahorro-inversión apunta a que, gracias a la extensa red de sucursales de los bancos catalanes –que además se han expandido enormemente con dinero del FROB– en el resto de España, un 70% de las inversiones en Cataluña se financian con ahorro captado en otras regiones.

El “España nos roba” no sólo es una patraña: es un insulto inaceptable al resto de regiones españolas. Aunque mucho más inaceptables, si cabe, son las campañas institucionales de la Generalitat a favor del boicot a los productos no catalanes, instando a comprar “productos de proximidad” o el vergonzoso “compreu”,“non compreu”, en el que ese "no comprar" se refería a los productos no catalanes. Espero que todos los españoles de bien tengan muy presente este hecho a la hora de adquirir un producto o elegir una entidad financiera. De hecho, dada la deriva que han tomado los acontecimientos y la imposibilidad de destituir y procesar a los traidores que nos gobiernan, el comprar o no comprar es la única arma que tienen los ciudadanos, aparte, por supuesto, de no volver a votarlos jamás para demostrar el rechazo a la traición sin límites que parecen estar pergeñando.

Para esta canallada, que ignora los intereses no solo de España sino de los 4,5 millones de catalanes que no votaron el 9-N, sería infinitamente mejor que se convocara un referéndum con todas las garantías, donde todo el pueblo catalán se pronunciara y no solo el supuesto millón y medio de separatistas. Digo 'supuesto' porque muchos votarían hasta diez veces. Si la mayoría quiere separarse, que lo hagan y que se lleven la deuda que les corresponde, que asciende al 20% (su parte en el PIB), es decir, 290.000 millones de euros, algo que se ha hecho siempre en todos los procesos de secesión. Si no quieren aceptarlo, se les anula la autonomía y se pone un delegado del Gobierno con todos los poderes hasta que la asuman. Y, por supuesto, que todas las empresas y bancos catalanes salgan de España y de la UE, y vayan a vender sus productos y servicios a Kazajistán.

La prueba del 9: ¿por qué no se han querellado contra Junqueras?

“Todos pueden hacer política, pero sin dejar de cumplir la ley”, afirmaba Sáenz de Santamaría el viernes, con una desvergüenza y un cinismo que superan todo lo imaginable. El PP no es un partido ni tiene las características exigibles a este tipo de organizaciones, porque muestra un desprecio absoluto por la legalidad, por la moral y por sus votantes. Se trata de una mafia cuyo único fin es el nepotismo, la corrupción, la extorsión y el enriquecimiento.

Lo que Sáenz de Santamaría llama “hacer política” es intentar mantenerse en el poder como sea, y para ello están dispuestos a traicionar a su patria y a todo lo que la civilización europea ha construido como respetable. Ella y su jefe Rajoy han ignorado la Constitución, se han mofado del imperio de la ley y han humillado la idea de España y a todos los españoles de sentido común. Una ruptura constitucional sin precedentes que no ocurre siquiera en las repúblicas bananeras. A ver, vicepresidenta, ¿acaso es esto “cumplir la ley”?, ¿o es que el título de abogada del Estado te lo dieron en una rifa? Esto no es cumplir la ley, es alta traición a todo lo que habéis jurado cumplir y hacer cumplir.

La prueba del 9 de todo ello radica en una pregunta: ¿por qué no os habéis querellado contra Oriol Junqueras? La respuesta es sencilla. No lo habéis hecho para que el gran enemigo de España y de los españoles, ese Mussolini de vía estrecha llamado Artur Mas, aparezca como héroe de los catalanes separatistas y víctima simbólica de la independencia catalana. Es obvio que hay un pacto tácito para mantener a Mas en el poder, negociar con él la independencia fáctica de Cataluña y la conversión del resto de España en una colonia económica, aplicando los artículos más disparatados que figuran en el Estatut, a cambio de que no exija la independencia. Falta ver si este Mussolini de pacotilla enormemente crecido por la cobardía de Rajoy y su Gobierno están dispuestos a aceptar tal cosa, aunque la presión para que lo hagan por parte de las oligarquías financiera y monopolista de Cataluña va a ser máxima.

El mayor problema de Rajoy, Soraya y Sánchez ( “hay que olvidarse de los tribunales y la Justicia”, dice... ¿Pero de qué escombrera ha salido este espécimen?) es que la querella presentada por Torres-Dulce con el apoyo de la Junta de Fiscales es tan inapelable e indiscutible por lo bien construida y fundamentada que está que en cualquier otro país llevaría al procesamiento y condena de los implicados. Sin embargo, la rebelión de los fiscales catalanes hace más que probable que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña diluya la acusación pública en uno o dos delitos menores que no impedirán la continuación del Mas al frente del secesionismo catalán, algo que sería la apoteosis de Santamaría.

El resumen es este: “Cualquier colaboración con el PP, desde luego con el voto, pero también cualquier condescendencia o benevolencia o comprensión, es un acto inmoral y, por supuesto, antipatriótico, propio de lacayos y traidores, a los que es preciso despreciar con toda la razón y pedir cuentas por todo el sufrimiento provocado en decenas de millones de españoles indefensos” (1).

La desnacionalización del País Vasco
IÑAKI UNZUETA. EL CORREO 24 Noviembre 2014

PROFESOR DE SOCIOLOGÍA

Tomar en serio a las víctimas exige recomponer la pluralidad de la sociedad

Jean Améry no superó el síndrome de Auschwitz y en 1978 se suicidó en Salzburgo. Unos años antes, en la década de los cincuenta, realizó un viaje por la República Federal Alemana y sus reflexiones las recogió en ‘Años de andanzas nada magistrales’, donde señala que «a los alemanes no les estaba permitido mirar hacia atrás, sólo les quedaba la prisa sin descanso. Saltando habían pasado ya no sólo por encima de su horrendo pasado inmediato sino también por encima de la negación de éste personificada en los exiliados». En este mismo tono crítico, Karl Jaspers hacía referencia al estado de urgencia moral de la RFA y decía que, «sin la conciencia de una responsabilidad colectiva no sería posible romper la continuidad fatal con el Estado que introdujo los campos de concentración». A los planteamientos de Améry y Jaspers se les añadió, entre otros, el diagnóstico de Alexander Mitscherlich sobre la incapacidad de duelo y arrepentimiento en los primeros años de la RFA.

La desnazificación de la RFA fue analizada también desde perspectivas más optimistas. En la serie de televisión ‘Hijos del Tercer Reich’, cuando finaliza la contienda uno de los protagonistas vuelve a Berlín y declara a sus amigos: «Fuimos a la guerra como nazis y volvemos como alemanes». En efecto, mientras la alta jerarquía político-militar fue juzgada y condenada en Nuremberg, la mayoría de la población que en diversos grados y modos colaboró con el nazismo se incrustó en las estructuras democráticas como alemanes corrientes que sin nostalgia dejaban atrás el pasado. Quizá por ello, en 1971 Habermas escribía en ‘Perfiles filosófico-políticos’ que, «la RFA ha logrado superar las asincronías de su desarrollo y se ha convertido por primera vez desde hace siglos en un contemporáneo de la Europa Occidental: hoy vivimos en uno de los seis o siete Estados más liberales del mundo y en uno de los seis o siete sistemas sociales con menos conflictos internos». En dos décadas el nazismo en la RFA se encontraba prácticamente extinguido.

Por lo que a nosotros respecta, cabe señalar con S. Licht y M. Kaldor que desde hace años la sociedad vasca se encuentra sometida a un proyecto de nacionalización que excluye a determinados segmentos de la población y deseca la práctica cívica. Se trata de un proyecto que se legitima en la incompatibilidad e irreductibilidad de las culturas, pues como dice Martín Alonso, «lo que importa no es la existencia de diferencias sino la voluntad de diferenciar». La nacionalización de la sociedad significa que la identidad reposa en la no-identidad: «Ni españoles ni franceses, somos vascos». Es decir, como acertadamente señala Reyes Mate, «la identidad se construye excluyendo personas sin las cuales los excluyentes no serían lo que dicen ser». Desde esta perspectiva, la historia se basa en una idea de progreso que tiene un happy end: la liberación del pueblo. Los presos de ETA no se encuentran presos por asesinar a personas inocentes sino porque lucharon por la libertad política y social de nuestro pueblo (Documento del 28-12-13) y el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, se afilió al PNV por la liberación de Euzkadi. De ese modo quedaron constituidos el bando de los nacionalistas libertadores y el de los opresores: PP, PSE, Guardia Civil, etcétera.

Estas visiones de la historia que construyen un enemigo a sacrificar en el altar de la patria Walter Benjamin las relacionaba con el fascismo, ya que la producción de víctimas se vuelve inevitable y se naturaliza la historia de sufrimiento. Para el vencedor el pasado es tan sólo lo que fue, sus hechos son inertes y se encuentra clausurado. El vencedor identifica facticidad con verdad. La naturalización de la historia presenta dos momentos de violencia: la lograda en el pasado con la producción de víctimas y la presente en la que los herederos narran el pasado con los esquemas del vencedor. Porque los presos de ETA se encuentran presos porque lucharon por la libertad política y social de nuestro pueblo (Documento del 28-12-13), sus herederos pueden continuar el proyecto de nacionalización por otras vías promoviendo la «ruptura exquisitamente democrática entre Euskadi y España». EH Bildu ha recibido un patrimonio de ETA que ahora trata de incrementar. Como suele comentar mi amigo Víctor Urruela, «nos han robado la dama, una torre, cuatro peones y el alfil, y ahora exigen que con reglas democráticas se inicie una nueva partida».

Las víctimas que hoy recorren nuestros pueblos observan con desolación la argumentación negacionista que establece equivalencias morales, funde en una amalgama distintos tipos de violencia y disuelve en un conflicto las responsabilidades. Las víctimas observan la incapacidad de duelo y las prisas por dejar atrás el pasado. De ahí que sea necesario, como decía Benjamin, «cepillar la historia a contrapelo» y adoptar una perspectiva que incluya lo que pudo ser y se malogró». El pasado, dice el benjaminiano Reyes Mate, «es más de lo que fue, es lo todavía no descubierto y que aún puede llegar a ser». Por ello, las víctimas guardan un mensaje que trastoca el presente. La nacionalización obligatoria de EH Bildu oblitera las víctimas pues tiene prisa por homogeneizar aún más la sociedad y la asimilatoria del PNV las instrumentaliza pues no puede aceptar plenamente su contenido de verdad. Es contradictorio hablar de paz y convivencia y dar por decidido un nuevo estatus político sin hacer previamente una revisión del pasado que problematiza el presente. Tomar las víctimas en serio supone frenar todo proceso de nacionalización que fractura la convivencia y las humilla aún más. Tomar las víctimas en serio significa recomponer la pluralidad de la sociedad.

Los billetes de 5 euros que lleva Mas en la cartera: “Catalunya, nou estat d’Europa”

Nacho Cardero El Confidencial 24 Noviembre 2014

Nos advertía una lectora de que circulan por Barcelona billetes de cinco euros con la siguiente inscripción “Catalunya, nou estat d’Europa”, que no es más que papel de curso legal al que han estampado el sello independentista. Billetes, sellos, numismática… El merchandising secesionista causa más furor que las Monster High. El hueco dejado por la falta de un discurso desde Madrid que se salga de la monótona y poco efectiva coletilla de Rajoy, “como siempre digo…”, es cubierto por los eslóganes ideados para televisión de Mas y Junqueras, por esas monedas acuñadas en China por fanáticos de la ANC que llevan ilustraciones de Sant Jordi lanceando un dragón y que valen lo mismo que las monedas de cobre del Naranjito del Mundial del 82, y por esos billetes de cinco euros toscamente manipulados que cambian de manos en el mercado de la Boquería, con los que compran huevos frescos y especias.

Los independentistas finalmente han tenido que recurrir a los billetes de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, vía Banco de España, porque por sus monedas de juguete made in Pekin no les dan ni un chavo. No valen nada. Ni un céntimo. Cero. Lo mismo que la declaración unilateral de independencia que quieren proclamar los republicanos de ERC. De llevarse a efecto, tendría la misma validez que la consulta del 9-N, esto es, ninguna. Con ese papelito no pasarían de la puerta del complejo de la Primera Avenida de Nueva York, en la orilla del East River, sede de las Naciones Unidas, y menos aún encontrarían cobijo en la Unión Europea por mucho que pinten sus billetes con plastidecor pidiendo la incorporación a la zona euro.

Estos tiempos nuevos, delicados, poliédricos, requieren de políticos de altura, profesionales de la cosa pública que entiendan que de aquí no se sale sin negociación ni cesiones por ambas partes. Tanto Artur Mas como Mariano Rajoy deberían tomar nota y sentarse a negociar sin prejuicios ideológicos igual que Manuel Fraga y la Pasionaria se sentaron a menos de cinco metros de distancia durante la Transición sin que corriera la sangre ni hubiera que avisar a las fuerzas del orden público. El acto de Mas de mañana martes, germen de ‘la lista del president’ con la que dinamitará Convergència y acudirá a las próximas elecciones, y la presencia de Rajoy y de buena parte de sus ‘barones’ este fin de semana en Barcelona deberían servir de punto de arranque para un nuevo comienzo, una fase más flexible y dialogante.

He ahí el quid de la cuestión. El problema no radica en que la crisis catalana sea irresoluble, que no lo es, sino en la altura de nuestra clase política, profundamente devaluada y distanciada de la realidad del país. Como señalaba Ignacio Varela, experto en estrategia electoral, España está jugando la final del Mundial de Fútbol, un partido histórico y trascendental, con la delantera del Alcoyano. Frente a la alineación de 1978, que incluía dorsales tales que Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga, Santiago Carrillo y Jordi Pujol, tenemos para 2015 un equipo que no pasa de panda de barrio y cotiza a la baja en las casas de apuestas, con Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Artur Mas.

Los paralelismos con la Transición resultan evidentes. Igual que los franquistas y antifranquistas se percataron entonces de que carecían de la fuerza necesaria para imponer sus propias tesis y de que ambos debían hacer concesiones –los primeros, reconociendo la necesidad de convertirse en democracia europea y los segundos, normalizando su relación con el aparato de la dictadura, principalmente el ejército–, ahora también se ha de interiorizar esta nueva realidad asumiendo que: uno, Cataluña no va a independizarse de España; dos, la Constitución debe recoger el hecho diferencial de Cataluña, País Vasco y Galicia y blindar su base cultural lingüística, y tres, el actual modelo de financiación debe revisarse.

La principal preocupación de Artur Mas no es la independencia, sino qué hacer para que Junqueras no le pase en las elecciones. Ya sea con la ‘lista el president’, dándose el ‘piquito’ con Forcadell, encamándose con Guardiola o aprovechándose como un tahúr de la ineptitud del Gobierno en la consulta catalana. La indolencia de Rajoy ha convertido a Mas, un gestor pésimo que ha llevado a Cataluña a la bancarrota, en un mártir para la causa.

Los ciudadanos están aburridos de España y de Cataluña. Si por ellos fuera, que perdieran todos. El problema catalán viene de arriba abajo. No lo han creado los ciudadanos, sino los políticos, y en especial los políticos catalanes necesitados de una bandera donde ocultar sus vergüenzas. La sociedad sólo quería vivir sin que la mangonearan. Ahora, el asunto se ha ido de las manos. Entre la manipulación de los nacionalismos y los actuales mandatarios, que dirigen “el Gobierno de la derecha más tonto de toda la historia de la derecha española”, según Jon Juaristi, el panorama se presenta sombrío, por no decir tenebroso. Es lo que sucede por tener jugadores de Segunda B al frente de un país que quería ganar el Mundial.

Mas insiste en desafío a España sin que haya reacciones del Ejecutivo
Miguel Massanet  www.diariosigloxxi.com 24 Noviembre 2014

Si cualquiera de ustedes se molesta en hojear la prensa catalana, se apercibirá de que no ha bajado ni un ápice su apoyo al señor Mas y a toda su camarilla separatista; si bien ahora insisten en lo de la candidatura “única” con ERC y el resto de partidos que siguen apoyando el “derecho a decidir”, hablando de que el “astuto” don Arturo ha conseguido ponerse por encima de su rival, el señor Junqueras, en cuanto a la intención de voto de los catalanes. ¡De algo le tenía que servir haberse puesto al frente de la desobediencia al TC y el haber protagonizado aquel gesto chulesco, mezcla de don Guzmán el Bueno y de Santa Juana de Arco!, mediante el cual se declaró responsable absoluto de aquel simulacro de votación, sin garantía alguna de que se celebrara con las debidas medidas de control y honestidad, que protagonizaron menos de un tercio de los posibles votantes catalanes. Algo se ha conseguido desde el punto de vista de la Justicia cuando, por fin, los fiscales han acordado querellarse contra él y algunos de sus colegas por cuatro presuntos delitos.

Pero seguimos sin ver lo que piensa hacer el señor Rajoy y su gobierno ante la evidencia de que, lo del 9N, nada más ha sido un hito en el camino que se ha propuesto el presidente de la Generalitat catalana, acompañado en esta operación por los mismos que le apoyaron en la convocatoria de la consulta, declarada suspendida por el TC. Y en todo esto no podemos dejar de tener en cuenta el papel que intenta representar el señor Pedro Sánchez del PSOE, que parece empeñado en sacar réditos para su partido de este tema catalán, cuando no hace más que acusar al gobierno de Rajoy de “inmovilismo” pero no, por supuesto, de aquel inmovilismo del que le acusamos quienes quisiéramos la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución española; sino de otro tipo de concepto, distinto, cuando lo que se le exige desde el PSOE y el PSC es que “dialogue” con el gobierno catalán en busca de una solución, que ellos denominan tercera vía, que para el señor Pedro Sánchez tiene una clara solución consistente en un cambio de la Carta Magna por el que se convirtiera a la nación española en un nuevo Estado federal.

Aunque ya lo hemos repetido en distintas ocasiones, nos parece que el señor Sánchez, aparte de las ganas de incordiar al PP; de adquirir protagonismo ante los decepcionados seguidores del PSOE y de buscar hacerse notar como alguien que tiene ideas nuevas que proponer (si bien se guarda, sospechosamente, las que deberían ayudar a sacar a España de sus dificultades de financiación, de endeudamiento o de reducción del déficit fiscal, por ejemplo) para intentar quitarles protagonismo a los de Podemos del señor Pablo Iglesias, su rival más directo, junto a IU, para las elecciones que se avecinan en Mayo y para las legislativas del próximo año. En todo caso, cuando desde tantos ámbitos de la política y del mismo catalanismo se pide, insistentemente, que se produzca un diálogo entre los separatistas y el Estado español, sería conveniente que se aclarara a los españoles ¿de qué, en concreto, se debería dialogar?, ¿existen temas, que ya no se hayan tratado exhaustivamente, de los que se pueda tratar, si se descarta el de la independencia?, ¿acaso se sigue pensando, por algunos, que se debería aflojar la espita en el caso de una financiación especial para Catalunya? Y, para concluir ¿se han valorado las consecuencias, para el resto de autonomías españolas, de un trato específico y exclusivo para la comunidad catalana?

Partiendo de que muchos estamos convencidos de que, en el estado en el que se ha enquistado el problema independentista de la Generalitat y en el enconamiento en el que se han instalado, no sólo los políticos, sino una parte importante del pueblo de Catalunya; ya no se está hablando de un tema económico como primer objetivo de los separatistas si no, más bien, de intentar sacar el mayor provecho económico del Estado español, mientras ellos se dedican a crear un estado paralelo, con sus instituciones propias como preámbulo a lo que ellos ( no sabemos en lo que realmente se basan para ello) tienen proyectado que pueden llegar a conseguir, en un plazo determinado, que, sin duda, consistiría en constituirse en una nación independiente aunque, y en esto parece que confían, manteniendo sus lazos económicos con España, lo que les ayudaría mucho a poder acercarse a las otras naciones europeas, aunque quedaran excluidos de formar parte de la CE. En los sueños caben las mayores fantasías.

Lo verdaderamente lamentable, lo que acaba con las esperanzas de cualquier ciudadano que confiaba en que los malos tiempos de la recesión ya se estaban acabando; es que la evidente ceguera o excesivo miedo a que se cree un conflicto nacional, con motivo de las aspiraciones independentistas de algunos sectores; la pretensión de que todo se solucione por si solo, sin que se produzcan situaciones difíciles que tener que afrontar y, más el deseo que la convicción, de que, mediante política sumergida y acuerdos bajo cuerda, se van a solucionar las diferencias entre catalanes y españoles o entre vascos y españoles. Con este método lo único que está consiguiendo, el actual Gobierno, es prolongar una situación que, a medida que pasa el tiempo, se está agravando y sigue consiguiendo más apoyos del pueblo indeciso de Catalunya, amenazando con que, en un momento determinado, explote el descontento cuando ya, el ponerle remedio, resulte más difícil y, posiblemente, más traumático.

Se insiste, desde muchos ámbitos políticos, en que la solución al problema de los nacionalismos es más política que judicial. Es posible que aquí nos encontremos ante un juego de ajedrez entre las dos partes, Gobierno y Generalitat, en el que, en ocasiones, aparte de la reflexión, la anticipación, el cálculo y la imaginación, se precisa una cierta dosis de osadía y firmeza. En este caso el Gobierno siempre ha ido a remolque de lo que han ido haciendo los nacionalistas; siempre sus reacciones, débiles e insuficientes, han ido precedidas de una jugada planteada desde el Gobern catalán. Nunca el Gobierno nos ha sorprendido con una iniciativa, con una táctica que sirviera para poner en un apuro a quienes han pretendido descolocarlo en múltiples ocasiones. Por ejemplo, en el tema informativo, en lo que hace referencias a la situación a la que conduciría una hipotética independencia de España, de sus consecuencias económicas, financieras, sociales; de su exclusión de la UE, de sus dificultades monetarias y de financiación; de sus problemas arancelarios y de las dificultades en la que cualquier gobierno catalán se encontraría para poder atender los costes de Salud, Seguridad Social, transportes públicos, pago de pensiones, financiación de medicinas, costes estructurales y, por encima de todo, sus problemas en liquidar una deuda que sobrepasa los 62.000 millones de euros.

Durante todo el tiempo que viene durando este tira y afloja del Estado y la comunidad autónoma catalana, el Gobierno ha sido incapaz de contestar con argumentos, con cifras, con ejemplos y con estudios e informaciones generalizadas a través de los medios de comunicación, especialmente desde las TV, dirigidos a los ciudadanos de Catalunya que, curiosamente, no han tenido más información que la demagogia catalanista y separatista, mediante la cual se les ha machacado continuamente la idea de que España vivía a costa de los catalanes; que España los oprimía y que les estaba robando; cuando, hace poco, hemos tenido ocasión de comprobar que, quienes les han venido engañando y robando, los tenían muy cerca, en sus políticos más distinguidos, incluso en un presidente de la Generalitat y su familia. O así es como, señores, desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, vemos como tenemos un Gobierno incapaz de pararles los pies a los que pretenden cuartear al país. .

Cataluña: La fuerza y la oportunidad
José Rosiñol Lorenzo Periodista Digital 24 Noviembre 2014

Parece mentira, pero ha pasado el 9 de noviembre y en muchos de los catalanes que defendemos la libertad, el estado de Derecho y la democracia, ha calado la sensación de estar solos, de haber sido abandonados por el Estado ante las veleidades totalitaristas de los próceres secesionistas, parece que la opción del gobierno de Mariano Rajoy, esa especie de “dejar hacer” ha sido tomada como una renuncia.

Una de las esencias del Estado moderno desde Max Weber es el concepto de “monopolio de la violencia” en la que únicamente el Estado puede ejercer legítimamente la violencia en un territorio determinad, pues bien, que exista la oportunidad y la legitimidad de hacer algo no significa que ello sea oportuno, que dicha acción no sea más desproporcionada de lo que pretende solucionar.

Por ello creo –y por cuestiones que detallaré un poco más adelante- la decisión del Gobierno de no practicar una legitima operación con la que preservar el estado de Derecho en Cataluña, desde un punto de vista estratégico ha sido acertada, y no solo me refiero desde el punto de vista de la imagen de España en el extranjero, ni siquiera el anteponer el principio de libertad para equivocarse por quiénes se han creído las bondades del voto predestinado, ni siquiera para los que tergiversan y pervierten la democracia en pos del dogma.

Veamos algunas cuestiones previas, ¿el Estado ha hecho dejación de sus obligaciones?, eso es algo que, desafortunadamente, ha sucedido habitualmente en Cataluña, fruto de la endiablada ley electoral que hipertrofia electoramente al nacionalismo y debido al cortoplacismo de los grandes partidos nacionales que han permitido llevar adelante el programa de ingeniería social llamado “construcción nacional”, este statu quo de bipartidismo implícito y de dependencia de una minoría hiper-representada, ha hecho que la visibilidad del Estado en Cataluña sea como mucho, digamos, tangencial.

El nacionalismo catalán, aquél que interesadamente se le denominaba “moderado”, no era más que la versión dulcificada (mediáticamente) del secesionismo rampante que ahora defiende sin tapujos, prueba de ello es el llamado Proyecto 2000 de CDC, cuando en 1990 Jordi Pujol estableció la estrategia “nacionalizadora” de su gobierno y de su partido, tal y como publicaba El País ese mismo año “…el documento propugna la infiltración de elementos nacionalistas en puestos clave de los medios de comunicación y de los sistemas financieros y educativo…”.

Una de las perlas de esta obsesión por el control social, educativo y mediático lo encontramos en uno de los párrafos del documento Proyecto 2000: “…hay que introducir gente nacionalista… en todos los puestos clave de los medios de comunicación… e incidir en la formación inicial y permanente de los periodistas y de los técnicos de comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana.”, esto ocurría y ocurre en Cataluña, pero ¿qué hizo el Estado y los gobiernos al respecto?: nada.

Pues bien, el 9 de noviembre ha logrado aumentar el nivel de ansiedad de algunos constitucionalistas que creen que la situación ha empeorado, que al no recurrir a la legítima violencia, el Gobierno ha facilitado el camino de la ruptura, sin embargo, quisiera hacer alguna reflexión, con la prohibición efectiva de la esperpento-consulta ¿se hubiese acabado con la deriva secesionista?, ¿los partidos soberanistas hubiesen renunciado al adelanto electoral (plebiscitario o no)?, ¿el comportamiento del cuerpo electoral ante una más que previsible victimización del culpable hubiese derivado en una mayor afinidad hacia los partidos secesionistas?, ¿se habría facilitado, gracias a la fuerza simbólica de la imagen, internacionalizar un conflicto que solo ocurre instrumentalmente en la mente de las élites nacionalistas?

Pues bien, la realidad, desde un punto de vista pragmático, desde un razonamiento estratégico, la Generalitat, que puso en marcha una gran maniobra mediática e institucional para lograr un respaldo masivo al “procès” se ha topado con la realidad de una Cataluña mucho más plural, mucho más desacomplejada con su identidad diversa, mucho más preocupada que la Generalitat con los problema reales, mucho más alejada del discurso y el relato oficial propalado desde los medios de comunicación públicos y subvencionados, de lo que los dirigentes secesionistas esperaban.

Hemos de recordar el uso y el abuso de la televisión y la radio pública catalana apoyando la participación para el 9N, la sumisa complicidad de los medios subvencionados, la aparición de miembros del Govern, encabezados por el President de la Generalitat en spots publicitarios, la más que segura utilización de datos personales de los ciudadanos para hacernos llegar a nuestras casas cartas con el membrete de la Generalitat animándonos a participar o costosas campañas telefónicas de asociaciones de la sociedad civil oficializada que llamaron a cientos de miles de hogares catalanes conminándoles a participar en la consulta.

Después de todo este dispendio, de esta perversa e ilegal utilización de recursos públicos, de esta institucionalización de la ideología secesionista, lo que se esperaba que fuese una participación masiva y abrumadora (el 83,3% del censo según el CEO), la realidad es que esto del “procès”, esto del “derecho a decidir”, solo interesa a los de siempre –más los afectados por la desafección política-, no llega a un 35% de un censo en el que habían inmigrantes y menores de edad… no llegan al 30% los partidarios de la secesión.

Con ello, se desvanece la supuesta legitimidad de los defensores de la secesión, de la supuesta mayoría social a favor de la ruptura, del “derecho a decidir”, con ello se ha acabado esa superioridad moral de quién decía hablar en nombre del “pueblo catalán”, de Cataluña entera, con ello han logrado visualizar esa mayoría silenciosa, esa Cataluña incómoda al nacionalismo, esa mayoría de catalanes que nos sentimos catalanes, españoles y europeos sin ningún tipo de complejos.

Un síntoma inequívoco del fracaso de toda esta maniobra de distracción electoral, la encontramos en el lenguaje hiperbólico del periodismo orgánico y de algunos responsables políticos, cuanto más afirman el “éxito abrumador”, “la participación masiva”, “la decisión del pueblo”, cuanto más practican la negación de la realidad y la inversión de los valores, más claro está que han cometido un error estratégico, error que hemos de aprovechar los defensores de la ley, la libertad y la democracia.

Y, ahora sí, el Estado y los gobiernos (actuales y futuros) deben esforzarse en crear un relato ilusionante de España, deben hacerse presentes en Cataluña, tienen la obligación de empezar a revertir decenios de manipulación política y adoctrinamiento ideológico, ahora ya no hay excusas, ahora ya saben que el nacionalismo solo espera la oportunidad para alcanzar su objetivo: romper España y obligar a renunciar a una mayoría de catalanes a ser lo que somos, españoles y catalanes, y a lo que queremos ser, ciudadanos de pleno de derecho de la Unión Europea.

Historia
1714: Cataluña en España
Jorge Vilches Libertad Digital 24 Noviembre 2014

La presión de las naciones sin Estado siempre se produce en tiempos de crisis. El nacionalismo se convierte así en un tipo de populismo basado en denunciar el vínculo entre las consecuencias sociales de la crisis y la insuficiencia de las instituciones estatales para solucionar los problemas. El nacionalista ofrece una sociedad alternativa, armónica y paradisíaca, toda vez que se construya sobre la ficción de la nación como sujeto con un único interés, propósito e idea, donde la pluralidad, la propia de una sociedad abierta, es vista como una mera cuestión de matices en torno a las esencias nacionales. Ese nacionalismo no solo manipula el presente y construye comunidades imaginarias futuras, también manipula situaciones pretéritas que ahondan la sensación de injusticia histórica propia de los populismos. Todo nacionalismo tiene su mitología; en el caso del catalán tenemos, entre otras, la de 1714.

Antonio Morales Moya, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid, ha reunido en 1714. Cataluña en la España del siglo XVIII, de la que es coordinador, una serie de trabajos que tratan de comprender lo que supuso aquel año para la Monarquía hispánica, desde una visión profesional y plural que separa la propaganda de la Historia.

La primera parte del libro está dedicada al conflicto en el que se integra el episodio de 1714, que no es otro que el de una guerra entre tronos europeos por el dominio del Continente que se inicia en 1701. No se trató de un enfrentamiento entre identidades nacionales, sino entre dinastías por la sucesión en España, tal y como remarca Luis Ribot. La Guerra de Sucesión, prácticamente una conflagración mundial, fue un fenómeno complejo que cobijó guerras civiles y fracturas sociales: no toda Castilla era borbónica, ni toda Cataluña era austracista, como señala Ricardo García Cárcel.

No solo falta una "sociología de la rebelión" en Cataluña en 1714, en opinión de David García Hernán, que ubique social, económica y cuantitativamente a los catalanes austracistas, sino que es preciso contarlo todo. La Generalitat no murió el 11 de septiembre de ese año, sino el 26 de febrero, cuando ilegalmente el Consell de Cent de Barcelona la suprimió para asumir todo el poder en la ciudad.

El centralismo borbónico llevado a cabo por Felipe V es desgranado en el libro con énfasis en los aspectos positivos y modernizadores de una Monarquía en crisis desde un siglo antes. La mitología nacionalista ha distorsionado negativamente la imposición de los decretos de Nueva Planta. De hecho, junto a la represión de los que se opusieron a Felipe V hubo una evidente colaboración de la sociedad catalana con el régimen borbónico, apunta Rosa María Alabrús. El relanzamiento del proteccionismo textil se granjeó el favor de los comerciantes, y se buscó que la principal proveedora del Ejército español fuera la industria catalana.

Clemente Polo hace la historia económica de Cataluña para concluir que la causa principal de su éxito ha sido la política proteccionista del Gobierno de Madrid durante los últimos trescientos años, que tuvo el único interés de que España contara con "una fábrica" propia. A partir de ahí, Polo señala el desastre que supondría para Cataluña su separación de España y la consiguiente salida de la UE y la Eurozona, así como la falsedad del déficit fiscal.

Del mismo modo, aunque hubo una prohibición del uso oficial del catalán, continuó la cultura híbrida castellano-catalana en las bibliotecas de los hombres de la Sucesión, de uno y otro bando. La intensificación popular del uso del castellano no se debió a una imposición, sino a la apertura de los mercados. La cultura catalana continuó hasta el punto de que algunos hablan de "Ilustración catalana" y de "recuperación" identitaria a través de la lengua, según señala Joaquín Álvarez Barrientos.

El juego de las identidades nacionales, precisamente, es abordado por Antonio Morales, quien sostiene desde la teoría perennialista que la nación española es de origen medieval, anterior al nacionalismo del XIX, que se consolida plenamente en el XVIII como comunidad política, cultural, moral e histórica, con una "conciencia de identidad nacional" impulsada por el patriotismo en la Ilustración. De esta manera, habría un vínculo entre los Borbones y la construcción nacional.

Pero, por otro lado, la historiografía nacionalista ha mezclado la historia con aspiraciones políticas presentes, sometiendo los acontecimientos a la idea de la "nación catalana maltratada", que sería más una construcción cultural del XIX que una realidad. Juan Francisco Fuentes llama la atención sobre el empeño de esa historiografía en borrar las huellas de la prosperidad económica y subrayar la condición de comunidad homogénea de los catalanes por encima de diferencias sociales, económicas, culturales o ideológicas. Y pone como ejemplo la respuesta de los catalanes en las guerras de la Convención y de Independencia contra los franceses, donde no hay sello de identidad catalana diferenciada de la española.

En el mismo sentido, Enrique Ucelay-Da Cal denuncia el realismo mágico de los nacionalismos, construidos sobre "suposiciones gratuitas" pretéritas, conectadas casualmente con comunidades presentes que poseen un supuesto destino histórico. Francesc de Carreras habla sin tapujos de la manipulación de la Historia para mostrar el supuesto enfrentamiento entre Cataluña y España, partiendo de un origen distinto –carolingio en el catalán; romano y visigodo en el castellano–, el victimismo como resorte sentimental y el diferencialismo –Castilla y Cataluña, dos mundos opuestos–.

En conclusión: nos encontramos con una gran obra, repleta de estudios profesionales, con ideas interesantes para la reflexión. Ya indica en el prólogo el profesor Morales que no pretende ser un libro de combate, pero tampoco eludir el debate público. No se encuentra entre sus capítulos una exaltación del centralismo ni una denigración del catalanismo, aunque sí una crítica certera a la Historia puesta al servicio de la política.

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