AGLI Recortes de Prensa   Martes 25 Noviembre  2014

El problema no está en Podemos
Pablo Sebastián www.republica.com  25 Noviembre 2014

Quienes piensan que los males de España, en lo que al horizonte de la política se refiere, se solucionan recomponiendo los pilares del pacto constitucional de 1978 -que mal soportan el deteriorado Régimen de la transición- con la estrategia de atacar y descalificar lo que llaman la burbuja o el ‘souflé’ de Podemos, sus líderes y sus programas se equivocan. El problema no es en Podemos, que a fin de cuentas es la consecuencia del deterioro político, moral e institucional de España, sino que está dentro del PSOE y del PP y en el agotamiento de los ‘metales’ de la transición.

De igual manera se han equivocado, en el PSOE y el PP, los que creyeron que haciendo concesiones al independentismo catalán (vista gorda en la Consulta del 9N, desistimiento legal frente al desafuero de Mas, y regalos federales y fiscales-, los de CiU iban a regresar como unos corderitos a la senda constitucional que ya han abandonado una vez que se fueron al monte secesionista tras la estela de ERC.

Los problemas están en los gobernantes y dirigentes del PSOE y del PP, y en su ceguera e inmovilismo político, mientras crecen sin cesar los escándalos de la corrupción, las malas noticias sobre la economía, y los problemas internos de los dos partidos que son de gran envergadura y adolecen de liderazgos. Y todo esto, que está a la vista y alcance de los ciudadanos, es mucho más impactante y poderoso que las denuncias de Podemos o las críticas al llamado ‘populismo bolivariano’ o sus programas económicos - Financial Times acaba de dar la razón a Podemos en la reestructuración de la deuda del Estado-, o incluso a denuncias de sus líderes como el llamado caso Errejón.

La autodestrucción del PSOE y del PP, el empeoramiento de la vida económica y social del país -por más que se atisben mejoras en la macro economía- y el espectáculo de la corrupción tienen una fuerza y capacidad de impacto muy superior a las carencias de Podemos. Y ello es, por ejemplo, lo que explica el resultado de la última encuesta electoral de Sigma Dos publicada por el diario El Mundo que sitúa a Podemos como primer partido nacional (con el 28,3 %), seguido del PP (26,3%) y del PSOE (20,1%), mientras reduce a pequeñas minorías a UPyD e IU en poco más del 4%.

Y da la impresión de que ya es tarde para ‘matar al mensajero’ del fin de Régimen que anuncian con trompetería los de Podemos. Y que la única salida a lo que va quedando del bipartidismo está en su propia reconversión y una acción decidida, limpia y coherente. Como la que por ejemplo lideran en Francia e Italia, Vals y Renzi, y ahí incluidas sus respectivas reformas territoriales de regiones y provincias realizadas en cuestión de pocos meses, como palanca para la reducir gasto público, despilfarro, corrupción y nepotismo.

Algo que no quieren hacer ni el PSOE ni el PP. El PSOE porque quiere ampliar el problema con Estados Federales y el PP porque no quiere mover nada que afecte a la Constitución, y ahí incluidas las carencias democráticas esenciales: separación de poderes del Estado y ley electoral entre otras muchas cosas. Como no quiere el PP democracia interna, ni hacer primarias, echar a los corruptos imputados, ni tampoco cambiar el Gobierno agotado ni la cúpula del partido desprestigiada; y como no quiere el PSOE acabar con el disparate del PSC catalán, o la crisis de los EREs y fondos de formación de Andalucía. O como no han querido ninguno de los dos defender en Cataluña el orden constitucional.

Y no decimos que los de Podemos sean ejemplo de democracia interna -que no lo son-, ni defensores de la legalidad y la unidad nacional -tampoco lo son-, ni arcángeles anti corrupción. Pero hoy los de Podemos representan el ímpetu del cambio político, la indignación ciudadana, y la desesperación social frente a la crisis. Y se han convertido en un revulsivo para todos los demás, los que primero se mofaron de este epifenómeno que les parecía pasajero y ahora se ha convertido en una pesadilla -y no solo para el PSOE y el PP- de la que no saben cómo salir o cómo despertar.

Plataformas de pitiminí.
Vicente A. C. M. Periodista Digital  25 Noviembre 2014

La nueva plataforma Societat Civil Catalana surgida como revulsivo de otras de ideología nacionalista catalana, acaba de hacer público el adelanto de un manifiesto con cincuenta puntos de los que su presidente Josep Ramón Bosch ha explicado tres que podrían ser representativos de lo que se pretende, que es “acercar el estado a los ciudadanos” para hacerles sentir a España como algo suyo y cercano. Las medidas contemplan la reforma del Senado para que sea una verdadera cámara territorial y que se trasladase físicamente a Barcelona, ciudad para la que reclama la cocapitalidad de España junto a Madrid. Otra medida sería la celebración itinerante del Consejo de Ministros en diferentes capitales autonómicas o regionales, algo así a lo que ya realizan ciertos medios de comunicación a nivel nacional con alguno de sus programas “estrella”.

Como verán ustedes no deja de ser altamente pretencioso querer la cocapitalidad del Estado, aunque sea a nivel administrativo en un sentimiento altamente provinciano y que desprecia no solo la Historia sino la relevancia de otras metrópolis de España que seguramente estarían encantadas de ser capital del Reino mientras España siga siéndolo y no pase a ser la República Federal que reclama el PSOE. Habría que recordarle que la Constitución reconoce a la villa de Madrid esa capitalidad que de acuerdo con los tratados internacionales corresponde a una sola ciudad. No existe en el mundo ningún Estado que disponga de más de una capital.

En cuanto al Senado estoy plenamente de acuerdo con esa propuesta a la que añadiría la supresión de la designación directa de senadores por parte de los partidos políticos sin haber pasado por las urnas en las elecciones generales. En cuanto a su ubicación geográfica, hoy en día con los medios de comunicación a todos los niveles no se necesita la cercanía física de que estén en la misma ciudad, aunque supongo que además de la propuesta de Sociedad Civil Catalana habrá otros aspirantes a ubicar en sus autonomías esta Institución.

Sobre la itinerancia del Consejo de Ministros es muy posible que despertase cierta expectación pero creo difícil cumplir con los requisitos de seguridad, comunicaciones, informática e infraestructuras mínimas para el correcto desarrollo de las reuniones y de todo lo que conllevan. No es tan simple como montar un set improvisado de televisión con la unidad móvil de transmisión. Eso con independencia del coste económico que representa el traslado de las personas implicadas que como supondrán no se limitan a los Ministros y Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros no es un espectáculo sino una acción de Gobierno del más alto nivel e importancia.

Creo pertinente decir que el victimismo y la “desafección” que parecen regir todas las reclamaciones de esta Sociedad Civil Catalana nunca pueden ser excusas para un planteamiento serio y sosegado de una sociedad altamente influenciada por el nacionalismo radical separatista durante los últimos 30 años. El sentimiento enraizado independentista solo se puede corresponder con la concesión de la independencia y cualquier otra alternativa solo seria, como hasta ahora, una dilación de la solución final. El asunto es que esa independencia solo se puede conceder cuando los españoles, depositarios de la Soberanía Nacional, así lo determinaran vía referéndum. Todo lo demás es “marear la perdiz” y enquistar aún mas el problema del trato discriminatorio entre las autonomías y por ende entre españoles.

Ningún Gobierno de España está legitimado para ceder ante el chantaje de quienes quieren sacar provecho de su posición de desafío al orden constitucional bajo la amenaza de secesión y declaración unilateral de independencia. Basta con que el Gobierno de España mantenga las reuniones “discretas o secretas” para que el conflicto que ahora tiene solo con Cataluña se extienda a otras regiones de España que no van a estar dispuestas a verse perjudicadas en estos apaños infectos.

Menos plataformas y más cumplir con la Ley. Y por favor, dejen de ponerse apellidos y de mirarse el ombligo.

El debate imposible
Cuando el acuerdo es imposible porque nadie quiere hablar, lo que se impone es la cantidad. Votar es renunciar al acuerdo
Victoria Camps. Barcelona. El Pais 25 Noviembre 2014

Hace unas semanas participé en un debate sobre la independencia de Cataluña, organizado por la Universidad de Girona. Al final de cada una de las sesiones (cuatro en total), a los asistentes se les ofrecía la opción de votar una de las tres preguntas siguientes: 1) el debate ha contribuído a enriquecer mis ideas; 2) me ha hecho cambiar de opinión; 3) me ha mantenido en la misma posición en la que me encontraba. Me decía Joan Vergés, el promotor de los debates, que casi por unanimidad la pregunta más votada había sido la tercera. A saber, el debate sobre la independencia es estéril, no mueve a nadie de su posición inicial sobre el tema.

No me extraña, pero es preocupante que sea prácticamente imposible acercar posturas sobre algo que debiera inquietarnos a todos. Más aún cuando el contexto académico incita a una discusión que es pura deliberación, al contrario de lo que debe ser una negociación política, que ha de desembocar en un acuerdo. Aún así, mi experiencia como articulista y conferenciante me enseña que hay cuestiones que se resisten a la discusión razonable, que pertenecen a dos ámbitos: el de la política y el de la religión.

Cuando el debate es estéril es porque está mal planteado, porque discurre desde "ismos" o dogmas intocables. En tal caso, las posiciones que optan por la moderación y las terceras vías, las que rehuyen las opiniones extremas, carecen de atractivo y no son escuchadas. Si entre Rajoy y Mas ha sido hasta ahora inútil el intento de negociar es porque la postura de uno —la Constitución no se toca— y la del otro —la independencia es la única vía— son actos de fe, resistentes a la flexibilidad y a los matices. Cierto que Mas sigue prefiriendo hablar de autogobierno a utilizar el término independencia, una postura sensata, pero que él sabe que no cuenta con la complicidad ni de los partidos ni de las entidades sociales que le han acompañado en el proceso, por lo menos hasta ahora.

De la imposibilidad de acercar posiciones a partir del diálogo, que no es otra cosa que aportar razones a favor o en contra de una cuestión conflictiva (el término catalán enraonar daría perfecta cuenta de tal sentido), deriva el hecho de que la solución democrática tenga que ser la regla de la mayoría. Negociar se vuelve insólito cuando pocos políticos son de verdad estadistas, personajes con visión de Estado y no con perspectivas de alcance corto. La regla de la mayoría como solución a los conflictos es un fracaso de aquello más específicamente humano, que es la razón, el logos, el lenguaje. Cuando los acuerdos son imposibles porque nadie quiere hablar, lo que se impone es la cantidad, el número de opiniones a favor o en contra de lo que se trata de decidir. Votar es renunciar al acuerdo.

Tocqueville, que fue uno de los grandes teóricos de la democracia moderna, alertó de la paradoja que encierra la regla de la mayoría, una fórmula por la que “la opinión común se convierte en una especie de religión cuyo profeta es la mayoría”. Es cierto que al confiar en la opinión del mayor número, se está renunciando a dictados aristocráticos. El supuesto de que la mayoría tiene razón radica en la creencia ilustrada de que el individuo es capaz de pensar por sí mismo y de que lo que muchos piensan es más susceptible de no ser erróneo que lo que piensan unos pocos. Ahora bien, ello no impide —y ahí está la paradoja— que esa opinión masiva, al manifestarse, acabe arrastrando toda traza de pensamiento autónomo y se imponga como un nuevo despotismo.

¿Y cuál es esa mayoría profética? Hasta ahora, lo que el 9-N ha dejado claro es que la supuesta mayoría de catalanes que apoya la independencia no es tan mayoría como parecía. Muchos de los que no acudieron a la pseudoconsulta no son contrarios a la celebración de un referéndum serio y de verdad, apuestan por una revisión del Estado autonómico, pero se niegan a suscribir ciegamente las bondades de la secesión. Ahora bien, para celebrar un referéndum en toda regla se requieren dos condiciones: pactarlo con el Estado y tener información suficiente para decidir con conocimiento. Ambos deberían ser los objetivos más inmediatos.

Es un aliciente que en el panorama político español y catalán se prevean cambios importantes con la irrupción de Podemos y Guanyem, cambios que romperían las hegemonías y las mayorías absolutas. Aunque la fragmentación parlamentaria dificulte la gobernabilidad, puede ser buena para reorientar el debate hacia una reforma constitucional que permita el referéndum. Sea como sea, hay que evitar lo que temía Tocqueville y que el movimiento supuestamente mayoritario, sólo porque hace más ruido, acalle los intentos de discutir lo que queremos saber sobre el futuro Estado de bienestar, el desempleo, la precariedad, la corrupción, y también la reforma territorial. Un referéndum no merece tal denominación si, además de ser legal, no va precedido de información abundante y diversa.

Victòria Camps es profesora emérita de la UAB.

Del Candado a la letra muerta
Antonio de la Torre. Minuto Digital  25 Noviembre 2014

El pasado fin de semana nos encontrábamos con dos aportaciones “antológicas” por parte de dos líderes de los partidos de la izquierda española que parece que pueden tener algún protagonismo de cara a futuros comicios, el que parece ser nuevo “partido marxista-leninista español” y el supuestamente moderado y progresista, que ya conocemos.

Por un lado, el melifluo Pablo, ‘flamante’ Secretario General de PODEMOS desde el sábado, ese partido en el que, por sorprender, sorprenden hasta los apellidos de algunos de sus líderes, “Iglesias”, “del Cura” o “Monedero”, por citar algunos, se descolgaba pidiendo un “proceso constituyente” para abrir “el candado del 78 y decidir sobre todas las cosas, para romper la concepción agresiva de la España que dice a los ciudadanos qué lengua deben hablar y qué tienen que sentir” y remataba diciendo que “serán la escoba de los corruptos”.

Digo yo que empezará por “barrer” a su amigo Errejón, al que parece que le reclaman cierta cantidad, no menor, desde la Junta de Andalucía, por posibles irregularidades, tanto en la adjudicación, como en la ejecución, de un supuesto proyecto de investigación. Y a su pareja, Tania Sánchez, que también parece que tiene algo de lo que responder, tras ese posible “error administrativo”, que dice su Alcalde, en algunas adjudicaciones en el municipio de Rivas Vaciamadrid. Y lea bien, Sr. Iglesias, lo que dicen los Art. 3.1 y 27.1 sobre la “concepción agresiva” respecto a la lengua y el Art. 16 en cuanto al “qué sentir”.

Por otro, la jaquetona Susana, que no sé “si tiene un ratón”, pero cada vez parece más que sí tiene un “perrillo faldero”, en el primer Consejo Político Federal del ‘avocálico’ Pdr Snchz, nos soltó su perla “Voy a decir algo con crudeza… la letra del título octavo de la Constitución es letra muerta”, o sea, como las vocales para su ‘apoderado’, y lo argumenta sentenciando: “Porque se elaboró para un momento distinto a éste, anterior, en el momento de acceso a la autonomía y hoy necesitamos otra letra, necesitamos darle salida a las necesidades de las comunidades autónomas que tiene que ser ese modelo federal”. Toma del frasco.

Le pregunto yo, inocente de mí, doña Susana: ¿Necesidades de las comunidades autónomas? ¿Esas que, en su mayor parte, se han creado los propios dirigentes (sería mejor decir, reyezuelos) durante los últimos treinta y cuatro años para preservar el “bienestar de su estado” (y el de los próximos, claro. El ‘prójimo’, podríamos decir), que siempre se antepone al Estado del bienestar con el que se les llena la boca? ¿Recordamos los ERE de Andalucía, o a los Pujol, o el caso Gürtel…? Por sólo referirnos a los más gordos, por el momento.

Decía también la presidenta de Andalucía y del PSOE (habría que dejarlo en PS, por eso de la ‘política’ de vocales caídas de Pdr Snchz) que el “gobierno está agotado” (no se refería al suyo, claro) asegurando que “el presidente no ofrece señales de vida inteligente políticamente” (en lo que podríamos estar casi de acuerdo, si quitamos las dos últimas palabras) y sentenció que “esta es la legislatura más mediocre de la democracia”, por lo que le recetaría “rabillo de pasas” ante su falta evidente de memoria, ya que ignora la inmediatamente anterior de los ZP, Pajín, Aído, Calvo, ‘Maleni’, Moratinos, Blanco, Montilla y demás ‘joyas de la corona’.

Dicho esto, volvamos sobre lo que da nombre al artículo “Del candado a la letra muerta”, en referencia a los cambios que los dos quieren para la envejecida Constitución del 78.

No voy a decir que la Constitución no necesite una revisión a fondo, sobre todo en lo que se refiere al famoso Título VIII, el que trata de la “Organización del Estado”, que muchos venimos diciendo en los últimos años que se dejó demasiado abierto. Pero digo yo que no sería mala cosa, antes de pedir un proceso constituyente, reflexionar sobre si no sería importante, para empezar, cumplir con lo que se recoge en la actual.

Sin ánimo de ser exhaustivo en la enumeración de todo lo que no se cumple de nuestra actual Constitución, para lo que necesitaría mucho más que un artículo, me voy a referir solamente a lo más relevante que se pasa por alto desde mi punto de vista.

¿Se cumplió el punto 2 del Art. : “La soberanía nacional reside en el pueblo español…” en lo que hemos visto el pasado 9 de Noviembre en Cataluña?

¿Se tuvo en cuenta el inicio del Art. 2: “La Constitución se fundamenta en la indivisible unidad de la Nación –con mayúscula- española por parte de algunos reyezuelos? Cataluña ya lo evidenció, pero están en camino Vascongadas, Canarias, Andalucía y…

¿Está presente el Art. 8: “Las FFAA, constituidas por…., tienen como misión ‘garantizar la soberanía e independencia’ de España…”?

¿Y el punto 1 del Art. 9: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”? Debe ser que ‘Mas y sus muchachos’ no son ‘ciudadanos’ ni forman parte de los ‘poderes públicos’.

Suena bien el Art. 14: “Los españoles son iguales ante la Ley…” ¿Reza eso con los políticos aforados y con el tratamiento fiscal de las remuneraciones de los diputados y senadores? ¿O con el de los ciudadanos vascos y navarros, al que aspira también Cataluña?

¿Qué pasa con la “Libertad de enseñanza” que se “reconoce” en el Art. 27? Parece que en Cataluña, Vascongadas, Baleares y Galicia no se tiene en cuenta esa “libertad para elegir”.

Podría seguir con el Art. 61: “El Rey…prestará juramento…, guardar y hacer guardar la Constitución”; o el 102.2, ¿no se puso en peligro “la seguridad del Estado”?; el 104; el 118: “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales…” ¿Verdad, Sr. Mas?; el 124; el 139: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”. Algunos parecen tener más que otros –Navarra y Vascongadas en lo fiscal (desigualdad recogida en la Disposición Adicional Primera, por cierto); Cataluña, Vascongadas y Galicia en el acceso a puestos de trabajo; etc.-

Por último, ¿Se ha tenido en cuenta para algo, en relación con el desafío secesionista, casi consumado en Cataluña por la vía de los hechos, el Art. 155.1: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente el interés general de España, el Gobierno…podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso…”.

Por eso, Sr. Iglesias y Sra. Díaz, antes de “proponer un proceso constituyente” o “matar la letra” de lo que no se cumple ni se ha cumplido nunca, hagan una reflexión y propugnen los medios para “cumplir y hacer cumplir la Constitución” como, al menos la segunda, prometió en más de una ocasión al tomar posesión de sus cargos.

Las traiciones del Gobierno llegan a la política exterior
EDITORIAL Libertad Digital  25 Noviembre 2014

El programa del viaje oficial del ministro García Margallo a Cuba pone de manifiesto que el giro radical que Rajoy ha imprimido al Partido Popular ha alcanzado de lleno a su política exterior. Si Aznar edificó una estrategia respecto a la dictadura cubana basada en la defensa de la libertad y el apoyo de los movimientos opositores que exigen reformas democráticas, la primera acción diplomática de relieve del Gobierno de Rajoy ha ido exactamente en la dirección opuesta: defensa de la dictadura y desprecio de los que sufren su opresión.

Durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero fueron constantes las críticas de Rajoy a la deriva tercermundista de la política exterior española, entonces liderada por Miguel Ángel Moratinos. Los esfuerzos del Ejecutivo socialista para que la Unión Europea modificara la Posición Común en beneficio de la tiranía castrista fueron criticados con firmeza por el Partido Popular porque entendía que cualquier concesión diplomática a la dictadura tenía que ir precedida de reformas democráticas verificables. La firmeza de las autoridades europeas y la negativa de las principales cancillerías dieron al traste con las pretensiones de Zapatero y Moratinos. Pues bien, ahora García Margallo las ha recuperado en su integridad, en un giro radical que causaría una sorpresa mayúscula si no fuera porque es sólo la última de las traiciones del PP a su ideario.

García Margallo asegura, con total tranquilidad, que "la situación de Cuba ha cambiado" y que "es obvio que hay que cambiar las relaciones" con La Habana. No concreta qué es lo que ha cambiado en Cuba ni qué aspectos de las relaciones con la tiranía castrista es necesario modificar, pero sus palabras revelan de forma muy clara la voluntad del Gobierno de colaborar con el régimen comunista dejando al margen a la oposición democrática.

Los cambios positivos en la política cubana es algo que sólo nuestro ministro de Exteriores ha sido capaz de ver. De hecho, al margen de una relajación testimonial en las trabas del partido comunista a los emprendedores para mitigar el colapso de la economía, todo sigue funcionando igual en la Isla Cárcel y los niveles de miseria y opresión siguen siendo los de siempre. Ya ni siquiera es posible apelar al recambio en la presidencia de los órganos de la dictadura como un motivo de esperanza , pues Raúl Castro lleva ya seis años al frente de la tiranía, tiempo más que suficiente para haber introducido alguna reforma real si esa hubiera sido alguna vez su intención.

Ajeno a estos razonamientos elementales y dispuesto a dejar su impronta en las relaciones exteriores del Reino, García Margallo ha decidido que su viaje a Cuba sea una decepción para los defensores de la libertad y la democracia en la Isla y un motivo añadido para que los que confiaron en el PP y en Rajoy a este lado del Atlántico vean hasta qué extremos llega su capacidad de traición.

Desafío secesionista
¿Reforma constitucional? La que teman los nacionalistas
Guillermo Dupuy Libertad Digital  25 Noviembre 2014

Me parece evidente que el principal problema de la Constitución del 78 es que no se cumple ni se hace cumplir en buena parte de España. Por otra parte, no creo que la reforma de nuestra Ley de Leyes sea la cura milagrosa que logre borrar de un plumazo la crisis nacional que nos aqueja.

Sin embargo, y habida cuenta también de la ostentosa y radical deslealtad que los nacionalistas han mostrado al consenso del 78, me parece simplemente de pardillos que no valoremos siquiera como posibilidad propuestas de reforma destinadas a retirar de nuestra Carta Magna las muchas concesiones que en ella se hicieron a estas formaciones minoritarias que lo que han perseguido y siguen persiguiendo es la quiebra misma de la soberanía nacional, sobre la que se asienta el entero edificio de nuestro Estado de Derecho.

Porque, reconozcámoslo, el Estado autonómico surgido de nuestra Carta Magna –uno de los más y, al mismo tiempo, peor descentralizados del mundo–, o la aceptación del vocablo nacionalidad para referirse a una región, o el reconocimiento del régimen foral en los conciertos vasco y navarro, han sido concesiones que, lejos de ganar el apoyo de las minorías nacionalistas a nuestra Ley de Leyes, han servido, por el contrario, para que los separatistas avancen, propaguen y financien sus proyectos de ruptura.

Es cierto, tal y como apunta Cristina Losada, que cuando uno descubre que hay un incendio en su casa no llama a una empresa de prevención para que diseñe una nueva instalación, sino que lo primero que hace es llamar a los bomberos. Es verdad también que muchas de las disfunciones que nos aquejan proceden del comportamiento de los políticos y no del texto constitucional.

Sin embargo, reconozcámoslo, buena parte de la praxis indeseable de los políticos se nutre de la insuficiente claridad de la letra de nuestra Ley de Leyes. Tal es el caso de nuestro disfuncional y despilfarrador Estado autonómico, de la poco clara separación de poderes que consagra o la nada perfilada separación de competencias entre los distintos ámbitos de la Administración pública.

El oxigeno otorgado a los nacionalistas ha resultado en sus manos gas, con el que pretenden quemar el entero edificio constitucional. Llamemos a los bomberos, sí, pero reivindiquemos una reforma de las instalaciones que tapone fugas y haga nuestro hogar menos inflamable.

Lo que me parece absurdo es colgarnos a nosotros mismos el sambenito del inmovilismo y dejar el atractivo del reformismo a quienes tratan de hacer nuevas concesiones a los nacionalistas en un no tanto estéril como contraproducente intento de contentar a los que no se van a contentar. Más aún cuando lo cierto es que hay muchas formaciones regeneracionistas, tan combativas con el nacionalismo disgregador como leales a la Constitución, que sí han detallado sus propuestas de reforma. Paradójicamente, sin embargo, la atractiva etiqueta del reformismo se las adjudican quienes, como los socialistas o el frívolo de Anson, no se atreven a detallar su propuesta de reforma.

Cataluña no va a tener mejor encaje en España por el hecho de que se busque un mejor acomodo a los nacionalistas. Es más, difícilmente lograremos que los traidores a la Constitución del 78 pasen a aferrarse a ella sin que los leales a nuestra Carta Magna muestren al menos su disposición a reformarla como penalización a su incumplimiento.

Tras el 9-N
Cataluña por la independencia
Mikel Buesa Libertad Digital  25 Noviembre 2014

Transcurridas dos semanas desde la jornada del 9 de Noviembre, es el momento de establecer un balance, necesariamente provisional, de los acontecimientos que han tenido Cataluña por escenario y su secesión por objetivo. Ese balance tiene que empezar, sin duda, por la consideración de que desde aquel momento Cataluña es, de hecho, una entidad política independiente, toda vez que, como ha señalado la Fiscalía General en su querella contra Artur Mas, tales sucesos "han producido como efecto material la completa ineficacia de los mandatos (…) del Tribunal Constitucional", de tal manera que "lo que está en juego, realmente, es la vigencia de [sus] decisiones (…) en el territorio de Cataluña". Que esa entidad política acabe siendo un Estado separado de España es una posibilidad no descartable.

¿Cómo se ha llegado a ese resultado? Sin duda no ha sido flor de un día, sino más bien el producto reposado de una dilatada trayectoria de gestos simbólicos de soberanía impulsados desde la Generalitat y de renuncias por parte de un Estado que ha sido incapaz de hacer valer en todo momento el Derecho. Una trayectoria, además, marcada por los frutos del tráfico político, del intercambio de los votos e influencias nacionalistas, tantas veces necesarios para dar viabilidad a los proyectos del Gobierno nacional, y a la vez caracterizada por la aceptación en Madrid de la idea de que a los nacionalistas hay que hablarles con suavidad para no herir sus sentimientos, lo que nos remite a la aberración política de que éstos pueden acabar siendo una fuente de derechos. El discurso nacionalista se ha configurado así como un referente para los demás partidos políticos, en especial para el PP y el PSOE, que han acabado asumiendo, más el segundo que el primero, una parte nada desdeñable de sus planteamientos.

Es en esa trayectoria en la que se inscribe el fracaso de la estrategia adoptada por el Gobierno de Rajoy frente al último embate del nacionalismo catalán. Una estrategia que lo ha confiado todo a la actuación del Tribunal Constitucional y, también, cuando éste se ha visto ninguneado por la Generalitat, a la de los tribunales ordinarios de justicia. Rajoy ha renunciado así, de hecho, a los resortes que la Constitución pone a su disposición para hacer valer la razón del Estado -desde su artículo 155, establecido para afrontar situaciones extremas de incumplimiento de las leyes que ponen en cuestión los intereses generales de España, hasta el 116, regulador de los estados excepcionales- cuando la acción política ordinaria se muestra insuficiente, así como al empleo de su fuerza coercitiva. Una renuncia, por otra parte, avalada desde una izquierda muy proclive a dar todo tipo de satisfacciones a las exigencias nacionalistas. Y una renuncia, también, que constituye una baza de singular importancia para los independentistas catalanes si éstos, finalmente, son capaces de llevar adelante su proyecto separatista.

Aun así, por el momento no es descartable que, a través de la querella del fiscal general contra los dirigentes gubernativos catalanes, pueda restablecerse la integridad territorial del Estado. Para ello no basta que prospere en los tribunales; será necesario también que éstos operen con celeridad, pues el tiempo de hacer justicia puede agotarse. Ello dependerá de la capacidad que tengan los partidos nacionalistas catalanes de resolver su pugna por la hegemonía independentista, a la vez que de arrastrar tras de sí a una mayoría suficiente de los electores catalanes.

Este último aspecto me parece, en este momento, el más relevante por varios motivos. El primero, porque el principal freno que ahora encuentra la secesión está en el desacuerdo entre los nacionalistas acerca de los procedimientos a seguir para lograrla; y también, lógicamente, acerca de quién va a ejercer el liderazgo en el futuro Estado. El segundo, porque es esa pugna uno de los principales elementos que impiden la adhesión de la mayoría de los catalanes al proyecto independentista. Y el tercero, porque tal disidencia ofrece una oportunidad relevante a las fuerzas políticas catalanas contrarias a la separación de España.

¿Qué ocurrirá finalmente en este decorado tan incierto? No lo sabemos. El futuro no está escrito en ninguna parte, aunque cuando llegue, seguramente, encontraremos cincelados en él nuestros aciertos y errores, nuestras nostalgias y ambiciones, y todo un sinfín de elementos inesperados que dibujarán un escenario casi irreconocible. Entonces evocaremos los versos que Shakespeare puso en boca del general Banquo al dirigirse a Macbeth:

Si puedes ver en las semillas del tiempo
y decir qué grano germinará y cuál no,
entonces háblame.

Hecatombe en el PP, estallido social encubierto y auge de Podemos
Un PP en plena descomposición, con focos de protesta en todas las comunidades
Miguel Massanet  www.diariosigloxxi.com  25 Noviembre 2014

Parece que nuestra nación ha sido víctima, desde hace unos años, de una especie de encantamiento, sortilegio o hechicerismo vudú que la conduce inexorablemente a perpetrar su propia auto inmolación. Somos muchos los españoles que nos sentimos incapaces de entender como, en unas pocas legislaturas ( dos del PSOE del señor Zapatero y una del PP del señor Rajoy), un país que había conseguido superar sus dificultades, que había conseguido prestigiarse en Europa y que era capaz de tratar de tu a tu a países de la categoría del RU, Francia, Italia e incluso la misma Alemania; haya podido sufrir una degradación tan grande a causa de cuestiones de tanto calado, como la honradez de sus políticos, la politización de sus instituciones, la moral y la ética de sus ciudadanos, la categoría y capacidad de sus dirigentes y la incapacidad de sus partidos políticos de anteponer a sus particulares intereses partidistas, los objetivos y perentorias necesidades del pueblo español.

En muchas ocasiones nos hemos preguntado ¿cómo era posible que, con la que se nos ha caído encima a causa de la crisis y la recesión; con la cantidad de personas en desempleo que continúan sin encontrar un puesto de trabajo; con los recortes generalizados que ha tenido que soportar la ciudadanía española y con los graves errores cometidos por nuestros políticos, (entre los cuales han destacado los innumerables casos de corrupción que han ido apareciendo en España, fruto de la incesante y fructífera labor de nuestra policía y Guardia Civil, indagando en las oscuras cloacas de sindicatos, partidos políticos y en entidades crediticias, en los que han sido capaces de descubrir cómo algunos personajes de nuestro país han sido capaces de enriquecerse a costa de los impuestos de los españoles utilizando los más variados métodos para esquivar la acción de la Justicia). Tampoco la realeza ha salido impoluta de tales prácticas, cuando el señor Urdangarín y, no se sabe si también la infanta Cristina, aparecen involucrados en un feo caso de blanqueo de dineros y de presiones, manipulaciones y engaños ofreciendo unos servicios que, al parecer, no se llegaba a realizar.

Lo cierto es que, tanto en el PP como en el PSOE ( ninguno de los dos pueden echarse en cara los casos de corrupción porque, en ambos partidos han tenido ejemplos suficientes para avergonzarse de ellos y, en algunos de los casos más destacados, todavía no se sabe como van a concluir por encontrase sub júdice), los casos de corruptelas parece que no cesan de aflorar y, las personalidades implicadas en ellos, no son meros funcionarios o personajes de segunda fila de la política, sino que los que figuran empapelados en los casos descubiertos son, casi todos, personas de gran resonancia dentro de las directivas de ambos partidos; lo que ha contribuido a que, el escándalo, entre los ciudadanos españoles, haya sido demoledor.

Tanto el número, como la cuantía, como los métodos utilizados y la notoriedad de los imputados ha contribuido a que, en especial dentro del PP, se haya producido una verdadera deserción de muchos de sus mandos, a lo que ha contribuido en gran manera la sensación que se tiene, en una gran parte de los antiguos votantes del partido, de que ni Rajoy ni su gobierno han cumplido sus promesas; no se sabe si por cobardía a enfrentarse al previsible rechazo de gran parte de la oposición, por ejemplo en la modificación de la Ley del Aborto o porque, dentro del mismo partido, existe una quinta columna que no desea que se lleve a cabo una reforma con la que parece que no están de acuerdo.

Lo mismo se puede decir del caso catalán, donde es evidente que ha existido un contubernio secreto entre representantes desgobierno y de los separatistas de CIU, lo que ha desembocado en esta especie de folletín por entregas en que ha consistido el proceso de convocatoria del Referendo por el derecho a decidir, por parte de Mas y su equipo, y las medidas palabras de condena del señor Rajoy y su ejecutivo, de modo que unos han hecho lo que les ha parecido, impunemente, y los otros se han limitado a enseñar la vara pero sin utilizarla. Ahora, a toro pasado, una tímida reacción de la fiscalía parece que quiere poner un punto final de largo recorrido, con una imputación que todavía no se sabe si será aceptada por el TSJC. Una simple representación teatral con visos de acabar en agua de borrajas y, mientras tanto, el proceso soberanista sigue impasible sus recorrido hacia la declaración unilateral de la independencia.

Las consecuencias: un partido Popular en plena descomposición, con focos de protesta en todas las comunidades; con sus máximos dirigentes desacreditados y que, no obstante, siguen empeñados en querer demostrar que no ha pasado nada, que todo va bien y que, el descomunal descalabro en votantes que está experimentando, es un simple espejismo que, cuando lleguen las votaciones, se esfumará. Poco más se puede decir del PSOE, renovado, eso sí, pero con un dirigente que parece que tiene más entusiasmo que ases en sus mangas; cuya política se parece más a las de sus antecesores cuando de la sensación de que sigue el camino del señor Rubalcaba de insistir en atacar al PP cuando, al menos en los últimos tiempos, en los aspectos económicos, financieros y de relaciones con la UE, parece que van por buen camino. Las encuestas siguen emperradas en ir bajando las expectativas de voto de los dos partidos que han gobernado España en los últimos años y no parece que, la irrupción del señor Pedro Sánchez, con todo su optimismo y carisma haya logrado que se haya avanzado en llevar a su partido a cotas de recuperación sensibles.

Aquí tenemos el milagro. El milagro de que, el hastío de los españoles, el enfado de que sigamos con 5 millones de parados; la rabia al observar que, aquellos de los que nos fiábamos nos han defraudado, demostrando ser unos sinvergüenzas que se han aprovechado de sus cargos para enriquecerse, olvidándose de sus deberes hacia quienes los eligieron para sus cargos. El señor Pablo Iglesias y sus amigos de Podemos, descendientes de aquellos famosos del 15M y aglutinadores del descontento generalizado de los ciudadanos españoles; sin tener que esforzarse y utilizando el procedimiento archiconocido de atacar a los ricos y prometer grandes mejoras para los pobres; lanzando proclamas que ellos saben perfectamente que no tienen la menor posibilidad de poderse llevar a cabo y vendiéndose como los únicos honrados y capacitados para sacar al país del barrizal de la corrupción y el desempleo; han conseguido la “hombrada” de encabezar las encuestas a poco tiempo de las elecciones municipales y a un año de las legislativas.

Vienen adornados con el hecho de ser universitarios y la experiencia de haber trabajado para los caudillos de Sudamérica, especialmente para el señor Maduro de Venezuela de quien recibieron dinero por su asesoramiento. ¿Les bastará para destronar a los eternos competidores desde que se inició la democracia, el PP y el PSOE? Desde luego que para cualquiera que se haya molestado en leer su programa ( un programa que, por cierto, a medida que se acercan los comicios vienen rectificando, conscientes de que, de mantenerlo, se iban a quedar haciendo compañía a los de ERC con un porcentaje mínimo a nivel nacional. Ya no queda nadie que pueda creerse que, sin pagar la renovación de la Deuda Pública o los intereses de los créditos que tenemos con los que nos financian, a través de la Bolsa, o aumentado el déficit público o pagando 750 euros mensuales a cada español, el país sería capaz de resistir sin caer en quiebra. O así es como, desde la óptica de un ciudadano de a pie, se observa el panorama electoral que se nos presenta.¡Da miedo!

Goytisolo o el odio a España
José Javier Esparza www.gaceta.es  25 Noviembre 2014

Goytisolo encarna como nadie ese odio visceral a la España histórica que tanto daño ha hecho a la cultura de nuestro país.

Hubo un momento en el que la izquierda española decidió que su enemigo no era sólo Franco, ni los ricos, ni la Corona, ni siquiera Dios. Hubo un momento –pongamos 1970- en el que la izquierda española decidió que su enemigo era, simplemente, España; una España idealizada –vale decir diabolizada- como encarnación histórica de todos los males, a saber, el oscurantismo, la cerrilidad, el analfabetismo, la arrogancia, la prepotencia, la violencia, el fanatismo, la injusticia. De repente toda la vieja literatura del “malestar de España”, que antaño tuvo un afán regeneracionista (incluso en un odiador como Azaña), se condensaba ahora en una execración sumaria y sin paliativos, una condena global que iba más allá del tiempo y del espacio. Ese día la izquierda empezó a pensar que romper España era un acto revolucionario. En semejante operación tuvo un cierto peso el autor al que ahora el Gobierno del PP ha concedido el premio Cervantes: Juan Goytisolo.

No debieron ganar los cristianos, sino los musulmanes. No debió ganar Roma, sino los protestantes. No debieron ganar los “blancos”, sino los moros o los gitanos. Cada rezo es una mueca grotesca, cada batalla ganada es una miserable carnicería, cada verso encierra un insulto, cada palabra de amor enmascara un complejo sexual. Caín era el bueno y Abel, el malo. Isabel la Católica era una atroz madrastra de cuento y más nos valdría habernos quedado con los Omeyas. La “Reivindicación del conde Don Julián” de Goytisolo es la mayor obra de odio a España –a la España real- jamás escrita. Y esa sensibilidad –más que la obra en sí- terminó permeando a una, dos, tres generaciones de progresistas españoles. Sus efectos perduran en la cultura española, sobre todo en la educación. Nada más lógico que verla ahora premiada por el acomplejadísimo Gobierno Rajoy.

El Cervantes suele darse a un autor por el conjunto de su obra. Pero lo de Goytisolo no es una obra; lo de Goytisolo es un complejo o, más precisamente, un montón de complejos puestos uno encima de otro y revueltos en sórdida mezcolanza. Complejo del niño que se queda sin madre en un bombardeo y que crece junto a un padre franquista al que detesta (porque le falta la madre). Complejo de niño bien que, por acomodado, siente una especie de simpatía reactiva hacia el pobre, al que desea redimir por el narcisista procedimiento de hacerse pasar por pobre también. Complejo de una sexualidad culpable e indefinida –siempre la falta de la madre-, de una homosexualidad vergonzante, de una heterosexualidad ocasional que se desmiente para volver a la pederastia. Complejo de blanco malo frente al moro bueno, complejo de español que no quiere serlo porque en España ve al padre que le sobra y a la madre que le falta. Complejo de burgués que se hace comunista para lavar su conciencia y que después, descubierto el podrido pastel estalinista, abraza una existencia de turista universal para predicar nihilismo desde una bonita casa en Marrakech. Juan Goytisolo es todo eso. Como no podía ser de otro modo, recaló en El País, depósito inagotable de ese plúmbeo izquierdismo que desde hace largos años descarga sobre España su despotismo intelectual. También por esto le han premiado los chicos de Rajoy.

Hace tres años, para Goytisolo fue precisamente el último premio importante que otorgó el Gobierno Zapatero: el de las Letras Españolas. Ahora el de Rajoy le concede el galardón más relevante de la literatura en español. Todo cobra sentido.

P.S.: Ya sé que el Cervantes, nominalmente, no lo concede el Gobierno, sino un docto sanedrín. Pero, créame, conozco el paño: los jurados de designación gubernamental (o de órganos satélites) tienen suficiente peso como para determinar el fallo. Este ha sido un premio gubernamental. Y eso es precisamente lo más preocupante.

Internacional
Reino Unido obliga a universidades y escuelas a tomar medidas ante la amenaza terrorista
Efe. Londres. La Razon  25 Noviembre 2014

El Gobierno británico obligará a escuelas y universidades a tomar medidas para impedir que los jóvenes caigan bajo la influencia de los yihadistas, como la prohibición de entrada en las altas casas de estudios de quienes fomenten el radicalismo. La ministra de Interior, Theresa May, informó hoy de que las nuevas medidas estarán contenidas en un proyecto de ley denominado Seguridad y Anti-terrorismo que será presentado esta semana en el Parlamento y cuyo objetivo es reforzar la seguridad del Reino Unido, donde muchos jóvenes musulmanes han viajado a Siria e Irak para unirse al grupo extremista Ejército Islámico (EI).

Según los detalles del proyecto divulgados hoy, las universidades deberán demostrar que cuentan con medidas para impedir el ingreso a sus campus de radicales que fomenten el terrorismo.

"Estamos en una lucha que tiene muchos frentes y muchas formas. Es una lucha que seguirá durante muchos años. Y la amenaza que afrontamos ahora mismo es tal vez mayor de lo que nunca lo ha sido. Tenemos que tener los poderes necesarios para defendernos", señaló la ministra en un discurso pronunciado en el "think tank" (grupo de pensamiento) Royal United Services Institute, en Londres.

Al mismo tiempo, May confirmó que en el proyecto se incluirá el plan para prohibir el retorno al país de los ciudadanos británicos que han participado en actividades terroristas en el extranjero.
"Los nuevos poderes nos ayudarán a impedir la radicalización", insistió la ministra.

"Esta legislación es importante" y "el momento es el correcto", dijo May al defender el proyecto, que entrará en el Parlamento cuando faltan solo seis meses para las elecciones generales.
Añadió que se trata de unas propuestas cuidadosamente estudiadas y elaboradas en colaboración con las fuerzas del orden y los servicios secretos del Reino Unido.
"Son medidas prácticas que confiamos funcionarán", insistió.

Según explicó, la Policía ha frustrado 40 ataques terroristas en los últimos diez años, entre ellos uno parecido al de los atentados de Bombay de 2008, otro para hacer estallar un avión, además de un intento de asesinato de un embajador (de un país que no especificó) y el planeado asesinato de miembros de las fuerzas armadas.
En los últimos años, hubo 753 detenciones relacionadas con el terrorismo, de las que 212 fueron acusadas.

La amenaza puede durar años
Antes de la intervención de May, el responsable de la unidad antiterrorista de la Policía de Londres (Met), Mark Rowley, dijo hoy que la amenaza terrorista de los yihadistas puede durar "años", incluso si disminuye la violencia en países como Siria e Irak. En declaraciones a la prensa, Rowley señaló que hay una "alta perspectiva" de que la amenaza del terrorismo islámico continúe porque puede proceder de otros países.

"Incluso si el horror de lo que está pasando en Siria e Irak se soluciona milagrosamente en el próximo año o así, y eso parece algo muy optimista, hay otros países de África y otros lugares del mundo que son peligrosos", dijo.
"Y existe la posibilidad de que este tipo de terrorismo llegue a Europa", puntualizó Rowley.

Las autoridades británicas han aumentado en los últimos meses el nivel de amenaza terrorista contra el Reino Unido de "considerable" a "grave" a raíz de la preocupación por los numerosos casos de jóvenes británicos musulmanes que han viajado a Siria e Irak para sumarse a grupo Ejército Islámico (EI).

Cultura
¿Hablas español o hablas castellano? Conoce cuál es tu verdadero idioma
AITOR SANTOS MOYA. MADRID ABC  25 Noviembre 2014

La Constitución de 1978 establece el castellano como lengua oficial de España, pero ¿que término es más recomendable utilizar?

Nuestro idioma es un decisivo generador de riqueza

Dentro del mapa de preguntas típicas que un turista recibe casi instintivamente no puede faltar aquella que haga referencia a las expresiones que el propio consultado maneja. «Do you speak english?», «parlez-vous français?», «sprechen Sie Deutsch?», «¿habla usted español?»,... aparecen de forma automática en cualquier mínimo contacto que sirva para romper las barreras que el lenguaje coloca. Pero, ¡un momento! ¿Seguro que habla español? ¿O lo que parla es castellano? ¿Existe realmente alguna diferencia entre ambos términos? Un mar de interrogantes flotan en el aire que transporta las palabras del idioma de Cervantes. ¿Se lo han planteado alguna vez? En ABC.es nos hemos propuesto indagar en un enigma que se remonta a épocas pretéritas.

Fernando Carratalá, catedrático de Lengua y Literatura en el centro Universitario Villanueva y en la Universidad para Mayores, explica la importancia de la historia en el embrión de esta cuestión, «la lenta reconquista de los territorios ocupados por los musulmanes originó la fragmentación de la unidad latinovulgar mantenida por el reino hispanogodo y el surgimiento de cinco dialectos románicos diferentes, que fueron, de oeste a este, el gallego, el leonés, el castellano, el navarro-aragonés y el catalán. De estos cinco dialectos, el leonés y el el aragonés no llegaron a constituirse en lenguas y quedaron relegados a reducidos dominios geográficos ante la expansión de la Reconquista castellana». Por su parte, en los territorios meridionales en los que se implantó el castellano, así como en las islas Canarias, surgieron cuatro variedades dialectales: andaluz, extremeño, murciano y canario.

El castellano se expande de forma masiva durante el reinado de los Reyes Católicos

En el reinado de los Reyes Católicos la lengua castellana se convierte en el vehículo de comunicación de todos los territorios de España, «en razón de su mayor prestigio, se adopta como lengua literaria. Los escritores catalanes y gallegos abandonarán sus lenguas vernáculas, relegadas al ámbito regional y familiar hasta que, a mediados del siglo XIX, renace su cultivo literario», señala Carratalá, colocando un importante paréntesis en la fecha que se produce el descubrimiento de América, «en 1942 quedan abiertas las puertas a la colonización de este continente y, con ella, a la expansión del castellano por un dilatado ámbito geográfico. Y también, en ese mismo año, Elio Antonio de Nebrija publica una Gramática de la lengua castellana, cuyo importante influjo dignificó el castellano hasta el extremo de equipararlo con el latín; y, por otra parte, facilitó el que los pueblos que se fueron incorporando a la monarquía española lo aprendieran».

La importancia de la lengua de Castilla queda refrendada durante la época de Carlos I, cuando en 1536 y tras pronunciar un discurso en Roma ante el papa Paulo III, su corte y los embajadores extranjeros, el monarca replicará al obispo de Mâcon, representante de Francia, quien se quejaba de no comprender bien el mensaje: «Señor obispo, entiéndame si quiere, y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana». Carratalá recuerda este hecho y señala que «el papel dominante que desempeña España en la Europa del siglo XVI acrecienta el prestigio de nuestro idioma». Ya en el año 1713 se funda la Real Academia Española de la Lengua, organismo que nace para combatir «los errores con que se halla viciado el idioma español, con la introducción de muchas voces bárbaras e impropias para el uso de la gente discreta».
Sinónimos e igual de válidos

Ahora bien, puesto en conocimiento del lector la conformación y el influjo cultural e histórico de nuestra lengua, la duda sigue estando en el aire: ¿español o castellano? He ahí la cuestión. Fernando Plans, profesor de español por la Université de Rennes 2 y autor del Blog de Filología Clásica, aclara que actualmente ambos vocablos son sinónimos e igual de válidos, «las dudas nacen y sobreviven por una cuestión meramente histórica». Por su parte, Carratalá argumenta que desde que el castellano obtiene la consideración de 'idioma nacional', empieza a denominarse lengua española al castellano extendido por todo el territorio hispánico, pero subraya que aún cuando su base sea la antigua lengua de Castilla, si se ha convertido en una coiné ha sido por la continua contribución de hablantes y escritores de todos los rincones de España y de Hispanoamérica.

Carratalá recuerda que la RAE empieza en 1923 a hablar de 'lengua española' para titular tanto su Gramática como su Ortografía y su Diccionario, a pesar que desde su fundación había utilizado el castellano como denominación. «Entendemos que un cierto sentimiento de rechazo hacia la dependencia de la 'antigua metrópoli' ha llevado a algunos hispanoamericanos a preferir referirse a nuestra lengua común con el término castellano, en lugar de español, en lo cual subyace una intencionalidad política y no una cuestión simplemente lingüística».

No obstante, uno de los puntos más controvertidos guarda relación con el hecho de que la Constitución Española establezca el castellano como lengua oficial de España, obviando cualquier otra designación. «Es una mera diferencia forma e incluso política, de respeto entre las lenguas de España. Decir en la Constitución que el idioma oficial es el español supondría que las otras lenguas no lo serían. Se guarda el vocablo original del dialecto del latín, el castellano, y se respeta a las otras lenguas y dialectos», razona Plans.

En la misma línea se mueve Carratalá al analizar las razones, «es evidente que los legisladores, habida cuenta de que en España hay comunidades y regiones que cuentan con idiomas vernáculos, optaron por una redacción en la que el vocablo castellano alude a un idioma que trasciende los límites de Castilla, y que es el fruto histórico del esfuerzo colectivo de españoles -sean o no castellanos- e hispanoamericanos; lo que, por otra parte, y en términos de 'corrección política', no implica discriminación alguna para otras lengua habladas en la Península y que obviamente son también españolas».

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La batalla ideológica y otras guerras (Post 9N)
Clemente Polo www.cronicaglobal.com  25 Noviembre 2014

Mas y los independentistas que conservan todavía cierto sentido de la realidad, saben que con el magro respaldo a la independencia obtenido en la consulta-farsa del 9N no basta para proclamar unilateralmente la independencia, ni para alcanzarla en una hipotética consulta vinculante celebrada con la aquiescencia del gobierno español. Ya lo sabían antes de que se celebrara la consulta y a Mas le vino como anillo al dedo la suspensión del Tribunal Constitucional que la dejaba en un mero acto folclórico y reivindicativo. El objetivo de Mas a medio plazo es seguir utilizando el gobierno de la Generalitat como baluarte para lanzar sus ataques a las instituciones centrales del Estado (ICE), e intensificar las campañas de propaganda, castellanizándolas cuando haga falta, para convencer a los catalanes que no acudieron a las urnas de que sus parientes en el resto de España les roban y la independencia les traería mejores servicios públicos y pensiones más altas. Ahí es donde van a dirigir el peso de su artillería las organizaciones independentistas (ANC y Omnium Cultural) para seguir con el proceso de desespañolización de Cataluña, y ahí es donde el resto de catalanes y españoles tenemos que hacerles frente en desigual batalla.

El gobierno catalán cuenta con varios aliados formidables para desplegar su estrategia. Están, en primer lugar, la mayoría de los profesionales en los medios de comunicación catalanes, tanto públicos como privados subvencionados, que jalean sus iniciativas y dan pábulo al ‘España nos roba’, ‘España nos humilla’, ‘España se recentraliza’, etc., aceptando sin crítica las burdas e infladas cifras de la balanza fiscal de Cataluña que les suministra puntualmente el consejero de Economía cada año para ‘demostrar’ el expolio de Cataluña, y distorsionando las sentencias de los tribunales que, si bien sólo exigen el cumplimiento de la Constitución y las leyes, los medios adscritos al régimen las presentan ante la opinión pública como intolerables humillaciones a Cataluña. Nada va a cambiar en el futuro mientras la Generalitat siga compensando generosamente a estos profesionales vendidos al mejor postor.

En segundo lugar, está la endogamia y falta de autonomía del sistema educativo catalán. Por una parte, la consejería de Educación y también algunas Universidades exigen a los posibles candidatos tener un certificado de competencia lingüística en catalán para participar en oposiciones y concursos, un mecanismo sumamente eficaz que impide acceder al sistema educativo catalán a la mayoría de los españoles, con independencia de sus cualificaciones y méritos profesionales, hasta convertirlo en una burbuja blindada e impenetrable. Por otra parte, está el sistema de conciertos con los centros privados que constituye un arma poderosísima para que las directrices y consejos del gobierno catalán en materia lingüística se cumplan a rajatabla, incluso cuando existen sentencias firmes desfavorables en contra del gobierno catalán. Un ejemplo de la delicada situación en que se encuentran se vivió los días previos a la consulta del 9N, cuando las distintas asociaciones a las que están adscritos estos centros se dirigieron a sus miembros en nombre de la Consejería de Educación para preguntarles si estaban dispuestos a ceder sus recintos para realizar la consulta, una situación que los dejaba expuestos y señalados si se negaban a ello. Muchos centros aceptaron porque las consecuencias que podía acarrearles no hacerlo.

Finalmente, Mas cuenta con la colaboración indispensable de los Ayuntamientos cuya financiación depende en gran medida de quien todavía tiene la sartén por el mango y reparte el alpiste en Cataluña: el gobierno de la Generalitat. En el caso de la consulta del 9N, su labor ha resultado esencial para preparar la logística de la consulta, incluyendo declaraciones de apoyo de los consistorios a favor de su realización, la colocación de la propaganda de las organizaciones independentistas que la promovían, la ANC y Ominum Cultural, en todos los pueblos y ciudades catalanes, empleando para ello las grúas y los empleados de los consistorios. Una propaganda, todo sea dicho, nada institucional porque incitaba a responder afirmativamente a las dos preguntas formuladas. Por último, los Ayuntamientos hicieron posible que la consulta se realizara entregando las llaves de los Institutos de Enseñanza Secundaria donde se colocaron las urnas a miembros de las organizaciones independentistas que los ocuparon e hicieron uso no sólo de los patios y pasillos sino también de las secretarías y otros despachos anexos, como pude comprobar personalmente.

Para que los mecanismos descritos sigan operativos y aumente el número de catalanes que apoyan la independencia en los próximos años es absolutamente indispensable mantener el gobierno autonómico en manos de los partidos que apoyan el derecho a decidir. Todo el escenario de cartón-piedra construido por el régimen nacional-independentista y el sistema clientelar instaurado se vendrían súbitamente abajo si un enfrentamiento directo con las ICE provocara la suspensión de la autonomía en Cataluña. La consulta-farsa del 9N sólo ha sido un paso más en el largo camino hacia la independencia que le ha permitido a Mas recuperar la iniciativa política, desembarazarse momentáneamente del fardo de la corrupción que arrastra CDC, y, sobre todo, relegar a un segundo plano a ERC. No sabemos exactamente qué hará Mas en los próximos meses aunque todo apunta a que convocará elecciones e intentará mantenerse al frente del gobierno catalán para utilizarlo como atalaya contra el gobierno español y defenderse de la querella que la Fiscalía ha interpuesto contra él y otros miembros de su gobierno por su papel en la organización y realización de la consulta. Lo que es seguro es que se avista otro año más de desgobierno, enfrentamientos estériles y propaganda sectaria.

Rajoy se equivocaría si interpreta este paréntesis como un cambio de estrategia del nacional-independentismo y no adopta con rapidez las medidas necesarias para ganar las próximas batallas que va a plantearle el gobierno catalán. No sólo va a seguir el gobierno catalán creando lo que ellos denominan estructuras de Estado sino que hay voces que piden declarar ya la independencia y tomar por la fuerza el control de las instituciones todavía en poder del Estado (Agencia Tributaria, sistema judicial, infraestructuras, etc.). Si piensa que con un par de visitas a Cataluña para explicarnos todo lo que ha hecho el gobierno español por Cataluña hay suficiente, alguien debería explicarle a Rajoy que comete un grave error. Hace falta un desembarco en toda regla para conseguir que las ICE vuelvan a estar presentes en Cataluña y el gobierno catalán acate la Constitución, las leyes del Estado y las sentencias de los tribunales sin demoras ni excusas. Hoy tenemos la suerte de que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Congreso pero la situación podría devenir crítica si la perdiera en las próximas elecciones generales y España carece de un gobierno cohesionado y estable dispuesto a defender la Constitución que nos ha proporcionado el período más largo de estabilidad democrática y progreso económico de nuestra historia.

Secesión: del proceso eufemístico al constitucional
El objetivo debe ser dialogar y negociar sin astucias y sin negar la realidad
Enric Fossas. El Pais 25 Noviembre 2014

El 9-N cierra el primer capítulo del proceso catalán para dar paso al siguiente, que sin duda no será el último. Ello permite ofrecer un análisis de este periodo, y realizar algunas propuestas para el futuro. A mi juicio, el proceso político catalán ha sido hasta hoy un proceso eufemístico de secesión, para cuya realización no existe en España un marco constitucional, y de ahí que no haya podido llevarse a cabo con normalidad, como sí lo han hecho Quebec y Escocia. Por este motivo, el segundo capítulo debería centrarse en alcanzar un acuerdo político que estableciera las bases de un auténtico proceso constitucional de secesión.

Empecemos con el análisis. Comparto la opinión según la cual el llamado “proceso soberanista” se ha basado desde su inicio en un relato oficial construido con expresiones eufemísticas que designan conceptos deliberadamente ambiguos y confusos a fin de evitar el uso de términos que chocan con la Constitución vigente. De acuerdo con aquél, las fuerzas políticas catalanas mayoritarias, siguiendo la “voluntad del pueblo de Cataluña”, emprendían un proceso de “transición nacional” en el que los ciudadanos catalanes debían ejercen el “derecho a decidir” sobre el “futuro político” mediante una “consulta soberanista”, cuyo resultado permitiría poner en pie unas “estructuras de Estado” que emergerían naturalmente hasta devenir un nuevo miembro de la Unión Europea.

El 9-N ha sido la culminación del lenguaje eufemístico: después de una intensa batalla legal, no se ha celebrado ni un referéndum ni una “consulta no referendaria” sino un ersatz llamado “proceso participativo” para que los catalanes “expresen libremente su opinión sobre el futuro político de Cataluña”, como se leía en el anuncio de la Generalitat en el que aparecía el dibujo de una mano depositando una papeleta en una urna.

Este relato, sin embargo, sí incluía una idea clara: la “consulta” se celebraría el 9 de noviembre de 2014 y en ella se formularían dos preguntas encadenadas, según el acuerdo alcanzado por los partidos catalanes favorables a la misma anunciado por el presidente de la Generalitat el 12 de diciembre de 2013. La decisión de fijar unilateralmente la fecha y la pregunta de un referéndum de autodeterminación, y buscar luego las estrategias políticas y jurídicas para realizarlo, ha marcado el desarrollo de este primer capítulo. El Gobierno catalán y los partidos proconsulta han actuado hasta el final en el límite o al margen de la Constitución, mientras ésta ha sido la principal arma utilizada por el Gobierno central, que la ha esgrimido como su bandera para responder a un conflicto político sin precedentes desde la transición política.

El resultado de tales actitudes ha sido un descrédito de la Constitución de 1978, de la idea misma de Constitución, y por ende, un deterioro de nuestra ya deficiente cultura constitucional, algo que por desgracia no es nuevo en la historia de España. Como señaló en su día el profesor Pedro Cruz Villalón, la expresión “inconstitucional” arraigó en nuestro lenguaje tras 20 años de Constitución para designar un reproche hacia comportamientos políticos y sociales que se consideraban ilegítimos y acarreaban consecuencias jurídicas.

El proceso soberanista ha logrado pervertir esa expresión por el uso que de la misma han hecho las dos partes del conflicto: la Generalitat ha transmitido la idea de que cualquier ocurrencia jurídica puede realizarse al amparo de la Carta Magna pues su interpretación es finalmente una decisión política; y el Gobierno ha pretendido que nada puede llevarse a cabo al margen de su interpretación de la Constitución, inalterable e irreformable. Banalización y apropiación de la ley que fundamenta la comunidad política, proclama sus valores, limita sus poderes y garantiza los derechos de sus ciudadanos. La Constitución democrática es todo eso y mucho más, y de ahí que la secesión deba ser un proceso constitucional, algo que no ha sido el proceso soberanista catalán.

El presidente Artur Mas ha sucumbido a las prisas de sus aliados políticos
En efecto, esa no es solo mi opinión sino la de relevantes personalidades políticas y académicas de los dos países a los que Cataluña mira por su ejemplaridad. El líder del nacionalismo escocés Alex Salmond declaró en la Diada de la V que la gran diferencia entre el caso escocés y el catalán residía en que el primero era un “proceso constitucional y acordado” entre el Gobierno de Reino Unido y el de Escocia en los Acuerdos de Edimburgo. El prestigioso politólogo Michael Keating, director del Scottish Centre on Constitutional Change, corroboró esa opinión en TV3 cuando afirmó que los procesos catalán y escocés no tenían nada que ver porque el proceso escocés era un “proceso constitucional”.

Por su parte, el exministro canadiense Stephan Dion, inspirador de la famosa ley de claridad, declaraba en una entrevista a este periódico (14 de septiembre de 2014) que a su juicio la independencia era “menos improbable en Escocia que en Cataluña. Y el motivo es que en Escocia existe un marco legal previsto para la independencia que no existe en el caso de Cataluña. En Canadá tenemos un marco legal sobre la base de una decisión del Tribunal Supremo y de la ley de la claridad. Artur Mas querría celebrar un referéndum, pero si no existe un marco legal para hacerlo, si el Tribunal Constitucional rechaza la ley de referendos catalana, ¿cómo organizarlo?”. Asimismo, el prestigioso intelectual y exlíder de la oposición canadiense, Michael Ignatief, aconsejaba: “Necesitamos líderes serios y sabios. Defensores de la unidad y la Constitución pero dispuestos a escuchar respetuosamente los problemas de los catalanes y encontrar una solución constitucional”.

Ciertamente, Quebec y Escocia son dos excepciones porque casi ninguna democracia avanzada dispone de un marco constitucional para la secesión, ni tampoco España. Ello no significa que no pueda construirse con el tiempo, como han hecho esas dos naciones, pero no en unos meses como pretendían los partidos catalanes. Quebec lleva más de 30 años y dos referendos, y Escocia necesitó 10 años para celebrar su votación: ninguna de las dos ha alcanzado aún la independencia. Y las dos forman parte de sendos Estados con una larga tradición democrática. ¿Alguien creía seriamente que Cataluña se independizaría de España en dos años?

El president de la Generalitat ha sucumbido a las prisas de sus aliados políticos, ha cedido a las presiones de las organizaciones independentistas, y ha seguido los extravagantes consejos de sus asesores. Hasta el último momento ha tenido un comportamiento desafiante y constitucionalmente equívoco. Pero no ha caído en la tentación insurreccional y, tras la jornada del 9-N, parece que está dispuesto a negociar la realización de un referéndum “decisivo” con el Gobierno español. Pues bien, éste no puede seguir esgrimiendo la Constitución para ignorar la inequívoca voluntad de una mayoría de catalanes que quieren votar de verdad la posibilidad de que Cataluña sea un Estado independiente.

El Gobierno catalán debe abandonar el uso de los eufemismos y las astucias para sortear la Constitución, y el Gobierno español debe afrontar la realidad sin ampararse en la Constitución para negarla. Los dos Gobiernos deben dialogar, negociar y acordar la conversión del proceso político catalán en un proceso constitucional.

Enric Fossas Espadaler es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona.

El plan sesgado
CARLOS FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANI. EL CORREO  25 Noviembre 2014

CATEDRÁTICO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

· De los crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA nada dice el plan del Gobierno vasco pese a que fueron amnistiados por la misma ley a la que se quiere privar de efectos respecto de la Guerra Civil y la dictadura

Otro error en la misma dirección, lo que revela empecinamiento y obcecación aunque esto a su autor (Jonan Fernández) no parece preocuparle. Lo lamentable e incompresible es que el lehendakari no sólo no lo corrija sino que lo permita como con la inclusión en ese Plan denominado de ‘Paz y Convivencia’ de una referencia expresa a la educación de la Ertzaintza en derechos humanos. Así, por satisfacer a los victimarios que no reconocen el daño causado y que continúan orgullosos del sufrimiento ocasionado a amplios sectores de la sociedad vasca, se incluye a la Policía Autónoma Vasca en un documento que nada tiene que ver con ella puesto que tal exigencia es más propia del programa formativo de la Academia de Arkaute. Transigiendo en ese punto se deja traslucir una realidad inexistente: una hipotética tendencia de la Ertzaintza a la violación de los derechos humanos motivo por el cual hay que educarla en este campo.

Con ese mismo sesgo y con motivo, ahora, de la ‘memoria histórica’ sobre las víctimas de la Guerra Civil y especialmente la Dictadura, el plan del Sr. Fernández presentado recientemente por el lehendakari Urkullu incluye el apoyo a la demanda de «privar de efectos a la Ley de amnistía –aprobada el 15 de octubre 1977 con los votos también del PNV– en aquello que constituya aval de impunidad» para crímenes que son imprescriptibles por ser de lesa humanidad.

La visión sesgada se concreta aquí en el hecho de que el documento sólo menciona los crímenes del franquismo y guarda un silencio clamoroso y vergonzante sobre los de ETA –la oveja negra de la familia nacionalista– cuyos autores, también se beneficiaron de la misma ley de Amnistía.

Convendrá el lector conmigo que la preocupación por los crímenes de lesa humanidad no debe ser parcial o selectiva. Son crímenes muy graves. Se trata de actos que se cometen «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque». Entre ellos, el Estatuto de la Corte Penal Internacional cita muchos de los cometidos por ETA con el apoyo, comprensión y ayuda de su brazo político: asesinato, tortura, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, desaparición forzada de personas, así como «otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física».

De los 75 crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA, ni el Gobierno vasco ni el plan del Sr. Fernández dicen nada a pesar de que fueron amnistiados por la misma ley a la que quieren privar de efectos únicamente respecto de la Guerra Civil y de la dictadura. Aunque también permanecen impunes y sus víctimas directas e indirectas hayan sido privadas de su derecho a la justicia.

Lamentablemente, es un sesgo ideológico que caracteriza un determinado modo público, institucional, de actuar y que es deudor del hecho de que los crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA lo han sido para imponer un proyecto político nacionalista en cuyo objetivo final –la independencia, la estatalidad– coinciden todas las ramas de esa familia. De no ser así, no se entiende la comprensión y cercanía mostradas hacia ese mundo con hechos concretos: la oposición del lehendakari Garaikoetxea a las extradiciones a España de tales criminales; los votos ‘prestados’ al sr. Ibarretxe para ser investido lehendakari; el apoyo a la elección de Josu ‘Ternera’ como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco; la impugnación por el Gobierno vasco de la ley de Partidos Políticos ante el Tribunal Constitucional y ante el Europeo de Derechos Humanos (aun a sabiendas de que no prosperaría). Y así un largo etcétera en el que destaca la denuncia del comisario de Derechos Humanos en su Informe de 2001 por la pasividad del Gobierno vasco de Ibarretxe a la hora de reprimir la ‘kale borroka’.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) presentó en junio de 2014 una demanda ante la Corte Penal Internacional contra miembros destacados o dirigentes de ETA-Batasuna por la comisión de crímenes de lesa humanidad a partir del 1 de julio de 2002 (la fecha de entrada en vigor del Estatuto de la Corte).

Conocida la sensibilidad del Sr. Fernández y del Gobierno vasco respecto de tales crímenes estamos seguros de que, en un ejercicio de coherencia, la apoyarán activamente. En la misma línea, cabe tener la certeza de que incluirán el apoyo a esa misma demanda en alguna de las actuaciones concretas con que adornan tan sesgado plan.

Sedición y federalismo
ángel hernández guardia  ABC Cataluña  25 Noviembre 2014

Ningún estado aceptará pacíficamente su suicidio, por lo que la separación es una propuesta que violenta a la ciudadanía y a las instituciones

El gobierno de Estados Unidos contestó «la Unión ha costado tanta sangre que es imposible plantear su ruptura», a la pretensión de un grupo de ciudadanos que pedían romper la Unión, con la independencia para Tejas. Italia recientemente ha hecho lo propio con la región del Véneto. Ningún estado aceptará pacíficamente su suicidio, por lo que la separación es una propuesta que violenta a la ciudadanía y a las instituciones.

La legitimidad de origen que pudiera tener un parlamento regional o un gobierno democráticamente electo, la pierde cuando permiten que por falta de legitimidad en la gestión o por falta de control al plantear una cuestión ilegal, que de ese modo se convierte en insurreccional o golpista.

El Estado de Derecho es solo aquel cuyo poder está limitado por el principio de «legalidad» que dice que no hay «Pena sin Ley, ni hay Pena sin Crimen» aplicado por la justicia democrática.

El problema político respecto a la actuación del parlamento y del gobierno autonómico de Cataluña surge en el momento en que se pretende ignorar la comisión de dichos delitos, que la justicia no actúe, y quebrar no solo el principio de legalidad, sino también el de igualdad ante la justicia. Otra cuestión es el dialogo entre fuerzas políticas para dar soluciones a las aspiraciones legitimas de los ciudadanos, aspiraciones que como hemos visto no pueden sobrepasar de forma pacífica el principio de legalidad.

Y ahí aparece una vez más de modo oportunista el PSC catalanista y el PSOE irresponsable, oportunista y electoralista, con su propuesta de reforma de la constitución en un fracasado sentido federal. Este debate ya se hizo en el periodo constituyente y fue rechazado en palabras de Don Jordi Solé Tura: «se trata», dijo, de hacer una Constitución «que refleje las aspiraciones de la inmensa mayoría de la población española», dejando de lado aquello que «o no es compartido por la mayoría o puede provocar divisiones o laceraciones tremendas».

Según explicaría años después en Nacionalidades y nacionalismos en España (Alianza Editorial. 1985), porque «lo que la izquierda no puede hacer es defender el Estado de las autonomías, propugnar su desarrollo y su plenitud en sentido federal y mantener al mismo tiempo un concepto, el derecho de autodeterminación, que cambia este modelo político y puede llegar a destruirlo». El PSC sigue en su contradicción acomplejada y esencial. (En homenaje a quien fue mi profesor de Derecho Político, ahora Constitucional).

Ángel Hernández Guardia ES Fundador de Socialistas en Positivo y Presidente de 12-O Moviment Civic de Cataluña.

Es tiempo del Estado de derecho
Isidro Carpio www.cronicaglobal.com  25 Noviembre 2014

A veces cuando oyes determinados argumentos, uno se pregunta si el interviniente es consciente del alcance del significado que pueden tener sus palabras, ya no solo en su literal, si no del alcance de las mismas.

Hoy, ayer y desde la aprobación de la Constitución, allá por 1978, estamos en un Estado de Derecho, que no significa otra cosa que todos estamos sometidos a las leyes y ante las cuales todos somos iguales. Cumpliendo este precepto nadie debería tener impunidad y mucho menos los que nos dedicamos a la vida pública, por ello los pactos, acuerdos políticos, deben de basarse en los principios de legalidad y no de oportunidad como hemos dichos en repetidas ocasiones.

La Democracia posibilita a los políticos que tienen la condición de Diputados o Senadores cambiar las leyes, para eso son la representación de la voluntad popular, en consonancia con sus ideologías y en la capacidad de poder de sus opciones políticas, generando el propio Estado de Derecho, pero lo que no les permite la democracia es saltarse estas en función del momento político y ser impunes sus actos.

Solo cabe en la mente del nacionalismo independentista, que la desobediencia a los tribules y el no cumplimiento de las Leyes, no les afecta, por el mero hecho de no reconocerlos. Es verdad que esta situación provoca situaciones políticas delicadas y maltrata la convivencia social, pero es precisamente por ello cuando más debemos exigir el cumplimiento de las leyes.

Si este tipo de conductas no se reprimen, estaríamos nuevamente ante la Ley de la Jungla, donde el imperio de le Ley se cambia por el Imperio del más fuerte, del que tenga mayores influencias o sencillamente del que más dinero haya amasado y pueda comprar voluntades.

Siempre es tiempo de los Tribunales, siempre es tiempo de querellas, siempre es tiempo de demandas. Decir lo contrario es estar por el pacto sobre lo alegal, por la no transparencia, por la permisibilidad de que cada uno haga lo que quiera, por la corrupción. En definitiva por la práctica antidemocrática.

La política y la justicia forman parte de la democracia cuando una es justa y no permite su utilización por parte del poder político, ni tan siquiera como moneda de cambia para un supuesto de vida mejor.

Por otro lado, ahora que se reclama la aparición de la política, de la negociación del saberse entender y no por la actuación de los tribunales. Hay que decir que ese posicionamiento es impropio de Demócratas, estos tuvieron su tiempo de hacer política y lo siguen teniéndolo ¿quién dice que no? Lo que pasa que en ese transcurso del no ponerse de acuerdo, precisamente esta motivado por saltarse el Estado de Derecho y es que hay preceptos legales que es mejor no saltárselos ni tan siquiera plantearlos, si estos se saltan entonces, y no antes, es el tiempo de la justicia.

No se puede venir a Cataluña, o al menos no se debe venir y faltar al respeto a muchos de los que aquí vivimos, que durante más de ocho años desde que se aprobó un nuevo Estatuto para Cataluña, por el famoso tripartido dirigido por Maragall, y posteriormente declarado inconstitucional cuando gobernaba otro tripartito, esta vez dirigido por Montilla, ambos ligados al PSOE, venimos dando la cara ante el nacionalismo independentista. Otros, PSC-PSOE, sin embargo con o sin la complicidad del PSOE, han venido dando una de cal y otra de arena, proponiendo aproximaciones al nacionalismo, la ultima el ofrecimiento para consagrar al Sr. Mas en el poder hasta la finalización de la legislatura, lo que es inconcebible. En lugar de reclamar unas elecciones anticipadas para que la democracia resuelva el problema de los catalanes, ya sean nacionalistas o no.

Ahora nos dice el máximo dirigente del PSOE “ que no es tiempo de tribunales, ni de querellas”, perdón, a ver si nos aclaramos, esto quiere decir ¿que los desleales con el Estado, los presuntos delincuentes, los que se saltan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los que no obedecen al Tribunal Constitucional deben de quedar impunes? ¿O que el pacto político ,si se avienen, les dejará libres de toda responsabilidad penal o civil?

Amigo Secretario General del PSOE, a los independentistas ya se les ofreció el camino constitucional para hacer sus demandas, es más pidieron a la soberanía nacional, Congreso de los Diputados, le cedieran la competencia para realizar un Referéndum Secesionista y se le dijo que no por abrumadora mayoría del Congreso, ¿quiere decirme vd. que parte del 'no', no entendieron?, pues siguieron con su orquestina del secesionismo. Ese fue el tiempo de la Política. Cuando aún no se habían dado las circunstancias de desobediencia, cuando aún no se había prevaricado, cuando aún no se habían usurpado funciones, aunque dudo yo, si por aquel entonces ya se había malversado.

Ahora toca el tiempo de Tribunales y Querellas, pues cuando algunos pedíamos amparo, a las instituciones del Estado, se nos negó o sencillamente no se tuvieron en cuenta.

El tiempo de la Política y de los Tribunas circulan paralelamente, como las vías del tren, así se asegura la independencia de los distintos poderes del Estado, así es la única forma que no haya choques de trenes, ya que todos estamos sometidos al Imperio de la Ley.

Claro que hay que seguir haciendo política, faltaría más, pero cuidado el mundo del nacionalismo catalán al que hemos pagado su integrismo, no está por la reforma de la Constitución tal y como parece que Vd. ahora predica, para un Federalismo simétrico, ya se les quedaba corto, un supuesto Federalismo asimétrico, pues no le son suficientes las competencias que tienen por encima del resto de comunidades autónomas, ellos lo que desearían, como mínimo, será una Confederación de Estados y eso rompe la soberanía del pueblo español. Por eso están por la secesión de Cataluña del resto del Estado.

Ahora toca el tiempo de Tribunales y Querellas, pues cuando algunos pedíamos amparo, a las instituciones del Estado, se nos negó o sencillamente no se tuvieron en cuenta

Pero si es cierto que hay que seguir haciendo política, no es menos cierto que la Administración de la Justicia tiene que seguir trabajando en aras del mantenimiento del Estado de Derecho, por eso hay que defenderse en los tribunales con querellas o demandas por todos aquellos que entiendan que se transgrede la Ley, y con mucho más obligación y derecho, estas han de ser interpuestas por los poderes públicos.

Es de lamentar que aquellos que deben de tener una visión global de España, vengan a Cataluña a generar más controversia y confusión, estos desde hace años, si estas son sus políticas, tienen unos dignos representantes en Cataluña, que son los miembros del PSC-PSOE.

Tanto es así que su última andanza en el Parlament de Catalunya, se han puesto de acuerdo con CiU, para que no comparezcan ante la Comisión de investigación sobre fraude, evasión fiscal y prácticas de corrupción política, determinados personajes afines a dichos partidos.

¿Es este el Pacto que ofrece el Secretario General del PSOE, para solventar el llamado Caso Catalán? ¿Será por aquello de que no es tiempo de las querellas, ni tribunales?

"1980"
Ernesto Ladrón de Guevara www.latribunadelpaisvasco.com  25 Noviembre 2014

A pesar de que en el anterior artículo anunciaba nuevas pruebas del adoctrinamiento, esta semana voy a hacer un inciso. Seguiré en las siguientes ediciones con el tema del lavado de cerebro de nuestros niños y jóvenes, y, por extensión a sus padres, que son llevados así al redil de la borregada nacionalista.

Esta semana no voy a escribir de otra borregada, cual es el balido colectivo de los votantes del 9-N, verdadera representación de la estupidez colectiva cuando la masa se convierte en rebaño, en esa expresión de la más estúpida ausencia del sentimiento del ridículo. Disertar sobre esta cuestión es una ofensa a la inteligencia de mis lectores, a los que con toda seguridad no hay que demostrarles con la prueba del algodón que esta nefanda excusa del “derecho a decidir” es más bien una cortina de humo para esconder una gestión calamitosa de los intereses de los ciudadanos catalanes, y una extensa alfombra para esconder los lagartos, las serpientes y los sapos de una corrupción de los dirigentes del sedicioso partido que les “gobierna” –más bien se dedican a malversar los dineros con los que se resolverían las necesidades básicas de esa Comunidad-.

El pasado viernes estuve en la presentación de la película del admirable Iñaki Arteta, sobre el año en el que los caníbales de ETA asesinaron a más víctimas que en toda su asquerosa trayectoria criminal. “1980” es un documental de más de cien minutos de duración donde se cuenta lo sucedido en aquel año fatídico que abrió una década bajo el signo nacionalista con una población abducida por la congoja del miedo, con imágenes y testimonios que sobrecogen el corazón a las personas que tienen algún valor humano, sobre todo compasión.

Sin compasión el hombre se convierte en el lobo que Hobbes describió para justificar la necesidad del Derecho y los gobiernos, para asegurar la convivencia y escapar de la ley de la selva, del Estado de la naturaleza. Pero los seguidores de la banda asesina y quienes se han aprovechado de ella, eliminando la legitimidad de la ley nacida del pueblo soberano, carecen de esa cualidad por la cual las personas tenemos empatía y nos ponemos en el lugar del otro.

Ese año hubo un promedio de un atentado por cada tres días. Más de doscientos intentos de asesinato y ochenta personas que terminaron su existencia en este mundo por el terrorismo como método para laminar cualquier atisbo de libertades.

A partir de ese año miles de profesores, empresarios y profesionales iniciaron una diáspora, mientras se aseguraba cínicamente que las puertas de la democracia se abrían, cuando en realidad era una tiranía mucho peor que la ejercida por el régimen anterior periclitado. Se llevó a cabo una caza sin cuartel contra el principal partido de Gobierno, la UCD, de tal manera que se produjeron asesinatos de varios de los dirigentes vascos de ese partido, haciendo una auténtica limpieza del centro-derecha y liquidando de facto el pluralismo político.

Fue el año del tiro al pichón contra las fuerzas de seguridad del Estado, que venían a una especie de matadero, con la vil excusa, asumida por la población vasca, de que “algo habrá hecho”.

Yo formaba parte de la masa silenciosa, y no me afectaban en exceso los asesinatos contra los servidores públicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Lo reconozco con vergüenza. Pero yo no era el único. La absoluta mayoría de la población vasca se mostraba impasible cuando caían bajo las balas o las bombas, guardias civiles, policías o militares. Quien lo niegue es un cínico.

En ese sentido, la aceptación, unas veces por miedo y otras por auténtica complicidad con los terroristas, pone al tono moral de la sociedad vasca en una posición bastante comprometida y a la altura del barro. Los terroristas no hubieran triunfado en sus propósitos y hoy no tendríamos unos colectivos políticos que han venido justificando el terrorismo en trance de ser dominantes, si amplias capas de la población no hubieran sido conniventes. Y eso debe ser también motivo de reflexión para realizar un arrepentimiento y una catarsis colectiva que nos haga recuperar valores que son esenciales para una sociedad abierta, democrática y de progreso.

Tenemos la obligación moral de hacer memoria. Porque “La memoria” no debe ceñirse solamente a la Guerra Civil. El País Vasco sufrió un derramamiento de sangre inaudito e inaguantable en los años ochenta. Debemos hacer memoria, sí, pero no para poner en la misma balanza a los asesinados por ETA y las correspondientes acciones policiales, aún siendo extrañas al Estado de Derecho en algunos casos. Ambas cuestiones no son equiparables ni mucho menos están a la misma altura de vileza.

La película tiene una particularidad. Nos deja al descubierto algo que ya sabíamos, por ejemplo que los dirigentes del PNV no querían que desapareciera el terrorismo, y presionaron a ETA político-militar para que continuara atentando, a fin de lograr conquistas en su estrategia de presión en la dirección del secesionismo y arrancar de un gobierno y un Estado débil, que luchaba denodadamente por llevar a buen puerto la transición democrática, logros bajo el principio de que “el fin justifica los medios”.

Y en todo esto tuvo un protagonismo especial, y una colaboración rayana con la complicidad delictiva, un sector nada insignificante del clero que, olvidándose de su misión evangelizadora, sustituyó la casulla por la ikurriña, y la palabra de Cristo por la reivindicación nacionalista.

La película de Iñaki Arteta, es un relato desgarrador y escalofriante, que nos revuelve las tripas, que nos hace revisar nuestro tenebroso pasado y es un testimonio imprescindible para quienes busquen la verdad de los hechos de nuestro frustrado bautismo en la democracia.

Si hubiera gobernantes solventes en España este documental sería adquirido para repartirlo por los Institutos para que las nuevas generaciones conozcan la realidad de nuestra historia próxima, y se emitiría en las televisiones públicas. Pero lejos de ello, Iñaki Arteta se ha tenido que agenciar la manera de financiar esta iniciativa con la ayuda de particulares que han puesto su dinero para que este proyecto viera la luz.

Verán ustedes como no solamente los nacionalistas van a echar un tupido velo y van a ignorar este documental, también quienes dicen que defienden los intereses comunes de todos los españoles, pero, lejos de ello, en realidad se dedican a lo mismo que hacía el perro del hortelano, es decir, ni comer ni dejar comer.


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