AGLI Recortes de Prensa   Martes 2  Diciembre  2014

Los simpatizantes
Vicente A. C. M. Periodista Digital  2 Diciembre 2014

El suicidio siempre es un acto de cobardía y de rendición ante los problemas. En el caso de Izquierda Unida de Madrid, la forma elegida de suicidarse ha sido mediante un proceso de primarias en el que se ha admitido la participación de algo muy novedoso, los simpatizantes. ¿Y qué figura es esa? Pues la de aquellos que se declaran partidarios de los valores e ideología de la formación pero que ni están afiliados ni contribuyen con cuotas de ningún tipo. ¿Y hay forma de demostrar esa simpatía? Realmente no. Así que no es de extrañar el profundo enfado de los afiliados con derecho a voto que ven que se les equipara con estos advenedizos que al fin y al cabo han sido determinantes para que triunfe la candidatura de Tania Sánchez Melero partidaria de la integración de IU con el nuevo partido PODEMOS del que su pareja sentimental es el actual Secretario General. Pero el objetivo está conseguido, el asalto al poder de Tania Sánchez y la fractura de IU.

Y muchos dirán que allá los de IU con sus alianzas o su estrategia de absorción por PODEMOS. Lo cierto es que ya dijeron los de PODEMOS que lo que iban a hacer era una OPA hostil hacia IU y evidentemente lo han conseguido, por ahora en Madrid y pronto en todo el Estado. Lo malo de esto es que con este movimiento IU va a pasar de ser una izquierda plural a extrema izquierda radical y que PODEMOS va a usar su infraestructura para potenciarse y garantizarse una implantación a nivel nacional de la que carecía. Es bastante probable que se den los pasos necesarios de forma que concurran con candidaturas unitarias a las próximas elecciones autonómicas y municipales.

La verdad es que en esto el nuevo PSOE de Pedro Sánchez (parece una saga familiar) tiene mucho que ver por su actitud de acercamiento a las posturas demagógicas y populistas de PODEMOS, con un escoramiento hacia la radicalidad y abandono de un centro moderado del que parece renegar. Una actitud que los militantes del PSOE y bastantes de sus dirigentes ven con mucha preocupación y algunos comienzan a lanzar mensajes de rechazo y de crítica por la deriva de este partido que es el que más tiempo ha gobernado España desde la transición.

Su apuesta por apuntarse en el nuevo Frente Popular solo tendrá como consecuencia la fuga de más de sus votantes hacia quien se presenta como abanderado de las esencias de izquierda y como regenerador de la vida política española. Un mensaje que aunque falso, convence a muchos ciudadanos desesperados por el paro, la corrupción, el empobrecimiento y la falta de futuro. Solo esa razón es la que explica el gran auge de PODEMOS que con menos de un año de presentación pública global en los medios de comunicación y en las elecciones al Parlamento de la UE ha obtenido un éxito sin precedentes, ganando casi dos millones de “simpatizantes” y más de 200.000 afiliados, eso sí gratis y con la nueva técnica del “crowdfunding” para su financiación, amén de otras ayudas y subvenciones de regímenes totalitarios.

En fin, como a todo suicida a IU se le practicará la autopsia para certificar la causa de su óbito y se le dará piadosa sepultura fuera del terreno sagrado de la Izquierda para que su espíritu vague eternamente en el infierno de los desesperados. Yo me aventuro a pronosticar que la causa ha sido el uso abusivo de simpatizantes.

La vida sigue igual en el oasis catalán
EDITORIAL Libertad Digital  2 Diciembre 2014

El discurso de Artur Mas en el acto de entrega de premios del Día de la Justicia, en presencia de las máximas autoridades judiciales en la comunidad autónoma, pone de manifiesto una vez más el nivel de delirio e impunidad al que ha llegado el nacionalismo catalán. Haciendo gala de una ignorancia y una mala fe política asombrosas, el presidente regional se ha atrevido a decir frente al fiscal que lo ha denunciado y el magistrado que ha de juzgarle que es necesario "unir y soldar" la legitimidad democrática y la legalidad del Estado de Derecho, como si fuera víctima de un régimen dictatorial y no el principal culpable de haber puesto voluntariamente a su Gobierno fuera de la ley.

Desde su perspectiva tramposa e interesada, la legitimidad y la legalidad son dos principios que las autoridades del Estado han puesto en crisis con su negativa a autorizar la operación secesionista orquestada desde la Generalidad. El déficit de legitimidad al que alude Mas se produce precisamente cuando una autoridad del Estado como él propicia una intentona golpista en toda regla y no se le pone freno.

La debilidad de la respuesta del Gobierno central no es el único elemento que caracteriza la anormalidad democrática en que vive Cataluña. A la visita casi clandestina que el presidente Rajoy realizó el pasado sábado a Barcelona hay que sumar el esperpento que ayer perpetró el Parlamento regional catalán al aprobar un listado de comparecientes en la comisión que va a investigar el portentoso enriquecimiento de Pujol y familia, en el que no aparece Artur Mas, delfín y testaferro (al menos político) del líder del clan.

El verdadero problema de Cataluña no es la querella presentada por la Fiscalía –que será dirimida por una Justicia entregada al poder político–, sino la desfachatez del discurso de Artur Mas frente a la cúpula judicial catalana, la inacción del Gobierno de España ante el separatismo y el magma mefítico de corruptelas y favores mutuos del oasis nacionalista. Esa es la verdadera disociación conceptual entre legalidad y legitimidad que menoscaba el Estado de Derecho, el auténtico déficit democrático del régimen constitucional y el ultraje jurídico-político que deslegitima no a la democracia española, sino a la Generalidad de Cataluña y, con ella, a la mayor parte de la clase política catalana, con honrosísimas por escasas excepciones.

Reforma constitucional
¿Encajar o terminar de desgajar?
Guillermo Dupuy Libertad Digital  2 Diciembre 2014

Naturalmente que Cataluña –y no sólo Cataluña– está mal encajada en España. ¿Cómo no va a estar desencajada una región que ha sido gobernada casi cuarenta años por quienes quieren verla abiertamente desgajada del resto de España? Si, al menos, estos mandatarios autonómicos tuvieran unos recursos y unas competencias similares a los que tienen los gobernantes regionales en cualquier país jurídicamente bien vertebrado, la cosa se podría conllevar. Sin embargo, en España, y al amparo de la Constitución, el Gobierno central no ha hecho más que aumentar paulatinamente sus competencias y recursos económicos, lo que ha favorecido que el secesionismo haya pasado de ser prácticamente inexistente en 1978 a ser respaldado por una parte, todavía no mayoritaria pero sí muy nutrida, de los catalanes.

¿Cómo se puede considerar que Cataluña esté bien encajada en España cuando los escolares de esta región no pueden estudiar en español? ¿Qué encaje es este que prohíbe rotular los comercios si no es en catalán o exhibir en sus escaparates artículos relacionados con la general cultura española? ¿Qué encaje es este que otorga a los gobernantes autonómicos el atractivo de ofrecer bienes y servicios públicos pero les evita el coste de ser ellos quienes recauden los impuestos que los hacen posible? ¿Qué encaje es este que considera "regiones" a unas comunidades autónomas y "nacionalidades" a otras? ¿Cómo no iba a crecer el movimiento secesionista en Cataluña con una Constitución que tolera que a los niños se les eduque, no en lo que les une al resto de los españoles, sino en lo que les separa?

Ya he reconocido que buena y decisiva parte del deterioro de la unidad de España se debe no tanto a la letra de la Constitución como a la praxis de unos políticos que no la cumplen ni la han hecho cumplir; pero hay que reconocer que muchas concesiones que se hicieron en nuestra Carta Magna a los nacionalistas han sido utilizadas por estos para tratar de dinamitar la soberanía nacional, base de todo el edificio constitucional.

¿Acaso hemos logrado fomentar la unidad de España distinguiendo entre regiones y nacionalidades? El reconocimiento del régimen foral en los conciertos vasco y navarro, ¿ha fortalecido la unidad de España o, por el contrario, ha sido una fuente de disgregadores agravios comparativos? Las transferencias en materia educativa que han resultado tan disgregadoras, ¿han sido, acaso, inconstitucionales?

Que las administraciones regionales en España manejen un porcentaje de los impuestos muchísimo más elevado que cualquier otra administración regional del mundo es un hecho decisivo que no por constitucional ha dejado de perjudicar la unidad de España, tanto como ha beneficiado el desarrollo en su seno de miniestados cada vez mayores, algunos de los cuales ya apuestan por la independencia.

Hay que desandar el mal camino andado. Es mucho lo que se puede y se debe cambiar en la Constitución para mejorar el encaje de Cataluña en España; siempre y cuando la reforma vaya en dirección opuesta –claro está, o debería estarlo– a lo que plantean quienes quieren verla desgajada.

¿Es la federación la panacea en la reforma constitucional?
José Antonio Yturriaga www.vozpopuli.com  2 Diciembre 2014

Con contumaz desatino, el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha trazado su hoja de ruta tras el simulacro del 9-N: celebración anticipada de elecciones autonómicas de carácter plebiscitario –con una lista única de políticos y miembros de la sociedad civil partidarios de la secesión, bajo su liderazgo-, negociación con el Gobierno central para que facilite la autodeterminación de Cataluña, elaboración de una Constitución y creación de las estructuras básicas de un Estado, realización de un referéndum limitado a los catalanes y declaración de la independencia antes de finales de 2016. De la mayor parte del espectro político han surgido voces angustiadas que reclaman la urgente reforma de la Constitución de 1978 (CE) para acomodar a Cataluña en el Estado español y evitar su separación.

Conveniencia de un acuerdo para reformar la Constitución
Mariano Rajoy ha caído también en la trampa y afirmado que la única fórmula legal para resolver el problema catalán es “plantear una reforma de la CE, traerla a las Cortes y que todo el mundo la debata”, si bien se niega a tomar la iniciativa como sería de rigor. Las constituciones se desgastan con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias, y por ello contienen disposiciones para su modificación. Cuan Diógenes, el PSOE ha encontrado la luz y su Secretario General, Pedro Sánchez, repite como una cotorra que hay que reformar la CE para introducir un sistema federal que satisfaga las ansias de los independentistas de Cataluña y de otras Comunidades Autónomas.

Lo que aún no ha especificado es cuál es el contenido de esa Federación, ni qué concesiones habría que hacer a los nacionalistas para que la aceptaran. Rajoy no parece ser consciente de que, tarde o temprano, su Gobierno tendrá que abordar la reforma constitucional, so de pena que se la hagan desde fuera los nacionalistas, los populistas de “Podemos” y la izquierda más radical. Es como el intérprete que sólo sabe tocar el piano con una mano y, mientras usa la económica, guarda en su regazo la política, por lo que es incapaz de tocar adecuadamente la melodía.

Al estar enfrascado en la partitura económica, ha dejado a la oposición la iniciativa política para modificar la Carta Magna -a la que el PP se opone en principio-, en vez de usar dos manos y hasta cuatro, al alimón con el PSOE. Hay que “aggiornar” la CE –que Jorge de Esteban ha calificado de “inacabada”, como la sinfonía nº 8 de Franz Schubert, por no definir suficientemente el Estado de las Autonomías- para acomodar, no sólo a los catalanes, sino a todos los españoles.

Esto va a ser sumamente difícil, si no imposible, ante la radical oposición de las posiciones en presencia -que son antitéticas-, por lo que se bloquea el consenso o un amplio acuerdo. Pese a ello, es imperativo intentarlo, pues el inmovilismo y la táctica del avestruz –tan apreciados por el consejero áulico Pedro Arriola- sólo pueden llevar a la catástrofe. Todos se muestran de acuerdo en la necesidad de completar los derechos fundamentales incluidos en la CE, en adoptar medidas de regeneración democrática que limiten los abusos de la “partitocracia” y -sobre todo- en modificar y hacer más preciso y operativo el Título VIII, considerado “letra muerta” por la Presidenta andaluza Susana Díaz. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato y cómo debe sonar éste?.

¿Debe modificarse la CE para establecer un sistema federal?
El PSOE –a la zaga del PSC- y los nacionalistas menos radicales reclaman un federalismo asimétrico, términos difíciles de conjugar por ser contradictorios: el federalismo requiere la igualdad de todos los Estados federados y la asimetría la desigualdad entre ellos. Si hay igualdad, no puede establecerse una asimetría que satisfaga las reivindicaciones diferenciadoras de los nacionalistas y, si se admite este tipo de asimetría, no habrá igualdad entre los españoles.

La CE instauró un vergonzante régimen cuasi-federal asimétrico, al establecer diferencias entre nacionalidades y regiones, y al incluir la malhadada disposición adicional que reconoce los derechos históricos y los privilegios fiscales del País Vasco y de Navarra. Aunque no sea de forma suficientemente explícita, ya consagra los hechos diferenciales relevantes de las Comunidades históricas, especialmente -como ha señalado el TC en su sentencia de 2010 sobre el Estatuto Catalán- en relación con el derecho civil, la lengua, la cultura y la proyección de éstas en el ámbito de la educación, y el sistema institucional.

Según Díaz, la CE debe reconocer “las singularidades y hechos diferenciales”, manteniendo la igualdad de todos los españoles y la soberanía nacional. ¿Existen acaso otras singularidades que deban ser incluidas en su texto?. En relación con Cataluña, Santiago Muñoz Machado ha subrayado la necesidad de reconocer los hechos diferenciales en lo relativo a sus competencias, instituciones propias y relaciones con el Estado, lo que supondría concederle mayores poderes legislativos y ejecutivos, a costa de reducir las atribuciones del Estado. No obstante –como ha señalado José María Aznar-, la jarra de lo que el Estado puede ceder sin dejar de existir está ya vacía. Por otra parte, la concesión de competencias exclusivas en materia financiera -a la que aspiró Artur Mas al exigir un pacto fiscal semejante al vasco-navarro- carece de base jurídica y va contra el principio de igualdad de las personas -son éstas y no los territorios las que pagan impuestos- y del sentido común, pues no cabe otorgar un régimen fiscal privilegiado a una Comunidad que aporta el 19% del PIB nacional.

El reparto justo y equitativo de los recursos financieros del Estado concierne a todas las Comunidades, por lo que debería ser acordado por todas ellas y no ser establecido de forma unilateral o bilateral. Antes de insistir en la mágica fórmula federal como solución del delicado problema territorial, el PSOE tendría que comprobar si los nacionalistas la aceptan, lo que parece harto improbable. Que abandonen cualquier esperanza –ha advertido Victoria Prego- quienes piensan que convertir a España en una Federación acabaría con las reivindicaciones secesionistas, por lo que carece de sentido esforzarse en una reforma constitucional que no resulte aceptable para los nacionalistas.

Requisitos indispensables para la negociación de la reforma constitucional
El Gobierno ha de iniciar sin demora consultas con todos los partidos con miras a una eventual modificación de la CE, que sería bastante más problemática en las Cortes del futuro, según pronostican los sondeos. Las dos grandes fuerzas políticas actuales, PP y PSOE, deberían actuar con altura de miras y sentido de Estado, lo que hasta ahora no han hecho. Hay varios temas sobre lo que se podría llegar a un acuerdo, tales como la unidad e indisolubilidad de España, el reconocimiento de las singularidades relevantes, la fijación del mapa autonómico, la vinculación con la Unión Europea, la igualdad de sexos en la sucesión a la corona, la conversión del Senado en cámara territorial, el fortalecimiento de algunos derechos fundamentales y la inclusión de otros, o la regeneración democrática.

Mucho más difícil sería alcanzarlo en las cuestiones de la organización territorial y de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En teoría, la fórmula federal sería la solución ideal, siempre que sea aceptada por todos con lealtad y sin reservas, y consagre la igualdad de todos los españoles. Partir de planteamientos apriorísticos sobre los efectos taumatúrgicos del federalismo -como hace el PSOE- o exigir competencias exclusivas no justificadas por la singularidad de ciertas Comunidades –como hacen los nacionalistas- carece de sentido y equivale a perder el tiempo. Aunque sean renuentes, el PP y el Gobierno deben negociar de buena fe para lograr una reforma de la CE que resulte aceptable para una amplia mayoría, sea mediante el perfeccionamiento del régimen autonómico vigente o mediante la instauración de un sistema federal auténtico. Ello permitiría además identificar a los responsables del posible fracaso de la negociación. Los partidos no deben obsesionarse con panaceas milagrosas, ni presentar exigencias inaceptables para la mayoría por ser contrarias al bien común, sino afrontar este delicadísimo problema con pragmatismo, espíritu abierto y -¿por qué no?- patriotismo constitucional.

Ética
ARCADI ESPADA. El Mundo. 2 Diciembre 2014

EL penúltimo miembro del Consejo del Poder Judicial propuesto por Convergència que acabó mal fue Pascual Estevill. Era juez y lo echaron del Consejo porque metía gente en la cárcel si no le pagaban. Ahora han echado a la abogada Pigem. Sin embargo, y para desgracia de los que siempre queremos lo peor para el nacionalismo, el caso de la abogada no puede insertarse en una tradición. Ella pasaba dinero legalmente desde Andorra. Si la cuestión ha llegado al público es porque su hermana llevaba 360 euros de más y el aduanero levantó acta. A pesar de todo, el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, le exigió su dimisión. Por estética. Quedaba, sin duda, más estético que decir por ética.

Los ceses por estética son la última novedad de la alianza entre el pueblo y la pusilanimidad dirigente. Y metaforizan el probable punto de no retorno a donde ha llegado en España el desprecio de la ley, sustituida por incumplimiento rudo o por el posado más zafio y demagógico. España es hoy el lugar donde el presidente de un Gobierno autonómico, el mismo que vota la abogada Pigem, se salta la ley y alardea de que se la salta; y donde el máximo representante del Estado dice que le permitió saltársela porque temía una operación de propaganda nada menos que internacional. Al lado de este rigor mortis está la práctica desaparición de la presunción de inocencia (por lo del presidente Mas se ve que para llevar una vida de reyes aquí hay que declararse culpable) o esta creativa jurisprudencia de las razones estéticas.

A mí, que me da asco llevar dinero encima, me cuesta comprender las razones de que las hermanas Pigem llevaran 20.360 euros. Y ya no digamos el supremo misterio que se me antojan esos 360 de más, que sólo se explican acudiendo a la catalanísima institución de la torna, aquella que le dio garrote a un polaco que pasaba. La abogada ha dado unas razones entrañables y navideñas como motivo de su conducta que me traen sin cuidado. Su grave error es haber accedido a la demanda estética del magistrado Lesmes. Una actitud que supone la sustitución de la ley por la trampa, porque nada hay más tramposo que la estética.

Hacer leyes cuesta mucho. Conlleva riesgos. Se puede perder el poder y hasta los amigos. Las leyes siempre se hacen contra la mujer del César. Es decir, contra el cesarismo. Y contra la estética: sabemos que ni la circunstancialidad ni el subjetivismo ni la jauría deben impartir justicia. Si al magistrado Lesmes le parece mal que un miembro del Consejo, o su mamá, tenga dinero fuera, que lo ponga por escrito. Aprenda de mí que no soy nadie y lo pongo.

¿CUÁNDO QUEMAMOS LIBROS?
HERMANN TERTSCH. ABC.  2 Diciembre 2014

LA Generalidad de Cataluña ha ordenado retirar la estatua de Isabel II del Palacio de Pedralbes. No se ha anunciado dónde la van a esconder. Sí sabemos dónde van a esconder los comerciantes de Tarragona sus «souvenirs» españoles clásicos, como la bailaora, el toro o el caballo de Jerez. En la trastienda y siempre lejos de la mirada de los turistas. Así lo dispone la orden municipal que firmó hace unos días el alcalde del Partido Socialista (PSC). Ha llegado la hora de esconder la realidad que contradiga al discurso. Ha llegado la hora de destruir el testimonio de la realidad pasada para evitarle fisuras a la verdad oficial inventada. Se empezó hace mucho a esconder y enterrar vestigios de España. Se comenzó por la simbología, la toponimia, el callejero. Desde los retratos oficiales y la bandera nacional a los nombres de calles y lugares. Como en el País Vasco. Se inventaron nombres absurdos para hacer olvidar otros milenarios. Se fabularon hechos, personajes, gestas y anécdotas, para nuevos trípticos y libros turísticos cuya única verdad impresa es casi el precio. Lo más importante por supuesto se hizo en las escuelas, donde desde hace treinta años se educa en la mentira y el odio a España.

Todo con la ayuda y empatía de una izquierda española que asumió ideología y literatura que pretenden que España es poco menos que un invento de Franco y el franquismo un régimen de curas, militares y marqueses que aplastaban ellos solos a un bravío pueblo antifranquista. ¡Cuánta mentira! Y con cuánta cobardía se acató por parte de todos lo que sabían que todo era una inmensa fabricación interesada. Cuánta complicidad de los españoles aterrorizados a ser estigmatizados como franquistas o derechistas por una izquierda y unos nacionalismos separatistas que se adueñaron del discurso oficial tolerado, de la corrección política vigente. Quien levantó la voz para denunciar los atropellos de cambios de nombres, la desaparición de una toponimia castellana milenaria en las regiones afectadas, la sustracción sistemática de la verdad histórica, la inundación de consignas y prejuicios contra España en los libros de texto, fue tachado de fascista, casposo y reaccionario. La intimidación fue vergonzosamente eficaz. La inmensa mayoría de los españoles adultos que debían haber levantado la voz callaron. Los difamados como fascistas quedaron marginados y olvidados.

Hoy estamos en una nueva fase. La indolencia y desidia, la ceguera, la cobardía y la pereza facilitan hoy como ayer al nacionalismo su tarea de ir haciendo desaparecer España también físicamente de gran parte de su territorio. Lo que en el nuevo paisaje no pueda ser despojado de su identidad española, habrá de ser escondido y destruido. Sean placas históricas o estatuas, sean testimonios del arte o documentos. Ya se ofrecen lápidas nuevas con nombres catalanizados. Cuando sea preceptivo como la rotulación en comercios, las lápidas «españolas» serán retiradas y molidas para áridos. Los libros con verdades sobre la historia de Cataluña ya son ignorados. Se vetará exhibirlos. Como a las bailaoras de Tarragona. Después se prohibirá venderlos. Hasta que sean destruidos. ¿Alguien duda de que esas huestes de nacionalistas fanatizados sean capaces de destruir aquello que, sobre piedra, metal, papel o pergamino consideren perjudicial para su sagrada causa nacional? Y los archivos de España. Y llegará el turno a la literatura. Sería peligroso para la historia inventada que las bibliotecas albergasen libros que hablen de la historia real de Cataluña, siempre española. Y así se harán hogueras para quemar la historia propia convertida en enemiga. Y la sociedad estará cada vez más enferma. Y sin embargo, todavía les irrita a algunos que se les compare con aquellos a quienes no dejan de emular.

Contra el pesimismo estéril
Entre el inmovilismo y las aventuras inciertas hay amplio margen para reformas útiles
BENIGNO PENDÁS. El Pais.  2 Diciembre 2014

La desilusión política es un fenómeno palpable, en las encuestas y en la calle. Sucede en España y en otras democracias maduras y estables. El malestar está ahí. Gentes (en otro tiempo) sensatas muestran su indignación con palabras gruesas que convendría evitar, porque unas veces se traducen en propuestas de regeneración, pero otras muchas sirven de sustento al populismo antipolítico. Si los partidos sólidos no ofrecen respuestas, el peligro acecha por todas partes. Vivimos en sociedades emotivas que buscan y encuentran culpables, casi siempre por méritos propios. Es fácil predicar el apocalipsis y anunciar el colapso del sistema, incertus quando.Pero los profetas siempre se equivocan en materia social y política.

En todo caso, algún elogio merece la sociedad española, capaz de rechazar el populismo de derechas, a diferencia de nuestros ilustres socios en la Unión Europea. En cambio, es muy preocupante la puesta en escena de un populismo de izquierdas, impropio de un país fiable, en el marco de una operación que apunta maneras al estilo de Gramsci. La reacción frente a ciertos despropósitos será un buen índice de la capacidad real para consolidar nuestra modernización. O si se prefiere, en términos orteguianos, para medir “la altura de los tiempos” en esta encrucijada histórica, tal vez un genuino umbral de épocas.

La afición de los españoles por hacer borrón y cuenta nueva parece un “invariante castizo” (como decía Fernando Chueca respecto a la arquitectura) del carácter nacional. Menos mal que tal carácter no existe, como demostró el recordado Caro Baroja, y por tanto está en nuestras manos hacer bien las cosas. Por eso, el pesimismo es estéril: en el fondo, una manera de eludir responsabilidades por medio de desahogos personales que a estas alturas no engañan a nadie. Hay que superar una minoría de edad culpable, en términos kantianos, imposible de justificar para una sociedad desarrollada en pleno siglo XXI. Es hora de actuar con madurez, al margen de sueños cargados de buenos propósitos. La adolescencia perpetua es una herencia de la posmodernidad que no nos podemos permitir en tiempos de crisis. No hay que pasar de la euforia a la impotencia sin buscar un acomodo razonable en alguna de las estaciones intermedias en los estados de ánimo colectivos. Como siempre, la moderación es mejor que la intransigencia. O, si se admite el oxímoron, la gravedad de la situación nos invita a ser radicalmente moderados.

“La historia no termina en el futuro, sino en el presente”, dice con razón Collingwood. Por eso, construir desde el pasado reciente es la mejor respuesta al desafío. Los españoles conseguimos saldar en la Transición una vieja deuda con la libertad política. Frente a los tópicos, a veces bien ganados, España pasó a ser arquetipo del cambio (sustancialmente pacífico) de la dictadura a la democracia. Esta sociedad supo ser generosa y valiente. Nos quedan un orgullo legítimo y una lección, sin embargo, mal aprendida.

Sabemos hacer las cosas razonablemente bien, como es propio de la política, espejo de la vida. La reforma fue un acierto y la ruptura hubiera sido un error de alcance histórico. Aquí y ahora: las señas de identidad de la Constitución siguen siendo válidas, pero hay instituciones que rinden mejor y otras que (notoriamente) precisan una revisión. Hay un amplio margen de mejora por la vía del sentido común y la ejemplaridad personal. Para practicar las virtudes de la sensatez, conviene ser conscientes de que falta el proyecto sugestivo que animó la Transición: ser como los demás europeos. Ya lo hemos conseguido.

Vamos a lo práctico. ¿Reforma de la Constitución? Todos aceptamos con naturalidad el argumento de Thomas Jefferson: no society can make a pepetual constitucion… Pero el asunto es muy serio y no nos podemos equivocar. Así pues, sosiego y prudencia, también paciencia, para generar un consenso social que produzca acuerdos eficaces. Entre el inmovilismo y las aventuras sin final conocido hay un amplio terreno para avanzar en reformas útiles. Es hora de trabajar para lograrlo. No podemos salir de viaje sin saber cuál es el destino. Aquí no juegan las aventuras románticas ni las emociones vitales, sino una suerte de razón instrumental. Si se permite la ironía: prefiero aburrirme con Rawls antes que disfrutar con Nietzsche. Me refiero, claro, a la vida política, al margen de preferencias subjetivas.

En definitiva: es tiempo de plantear alternativas sensatas, pero conviene esperar al momento apropiado para mover las piezas sin caer en riesgos inútiles. Entre otras cosas, no nos engañemos, porque cuando se habla de reforma todos pensamos en el modelo territorial, en clave autonómica, federal o confederal; o, ya puestos, con intención centralista o independentista, dos opciones indeseables. Otros asuntos tan relevantes como la sucesión a la Corona, la Unión Europea o la propia regeneración democrática apenas sirven de complemento circunstancial. En política, el bálsamo de Fierabrás no existe. Sobre todo —para acabar también con Don Quijote— en estos tiempos de encrucijadas y no de ínsulas.

"El régimen del 78 está destrozado"
Stanley Payne: "No descartaría una crisis total del sistema" en España
Stanley G. Payne y Jesús Palacios presentan Franco. Una biografía personal y política en Espasa.
Agencias Libertad Digital  2 Diciembre 2014

El historiador e hispanista estadounidense Stanley G. Payne ha manifestado que "no descartaría" que la actual situación en España degenere en "una crisis total del sistema" surgido de la Transición y materializado en la Constitución de 1978. En entrevista con Efe, Payne, quien junto con el periodista e historiador español Jesús Palacios es autor de Franco. Una biografía personal y política (Espasa), afirma que "actualmente, la crisis política es peor que la económica. Se ve algún progreso en la economía pero la situación política empeora cada vez más".

"Ojalá que no desemboque en una crisis total del sistema, pero no lo descartaría", destaca el hispanista estadounidense, catedrático emérito de la Universidad de Wisconsin y académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de Ciencias Morales y Políticas.

Payne y Palacios, cuya biografía sobre Francisco Franco, de reciente publicación, ha sido calificada de "definitiva" por historiadores como Walter Laqueur (uno de los mayores especialistas mundiales en los fascismos, los totalitarismos y el periodo de entreguerras), se muestran bastante pesimistas sobre el porvenir del actual sistema.

Así, en la misma entrevista, Palacios apunta que "el régimen constitucional del 78 está destrozado". En este sentido, señala que los partidos que han conformado "este bipartidismo imperfecto", en alusión al PP y el PSOE, se han apoyado en fuerzas nacionalistas, "que han contribuido a deshacer el concepto no solo de nación sino de estado", pues, argumenta, "de nación queda muy poco, y de estado una estructura".

"Hay un agotamiento dentro de la enorme crisis del sistema", recalca Palacios. Payne y Palacios se muestran contrarios a la revisión crítica de la Transición que se está haciendo en España en los últimos tiempos. A juicio de Payne, la principal crítica que se formula en esos juicios revisionistas se centra "en el hecho de que no hubiera una ruptura total con el franquismo pero esa es una crítica superficial y engañosa".

"El éxito de la Transición -subraya el hispanista estadounidense- dependió de su legalidad, de haber mantenido el orden, de no haber asustado a nadie, de crear espacios para todo el mundo". La Transición "no fue la salida buscada por Franco en ningún modo", como una hipótesis de lo que sucedería a su muerte, "pero sí fue la consecuencia", afirma Payne.

Según el historiador estadounidense, Franco "tenía claro" que a su muerte "habría una evolución del régimen pero dentro de las estructuras" del mismo, cosa que no se produjo, pues "ya en los últimos meses" de su vida "se da cuenta" de que ese cambio que se avecina "puede ser más drástico" de lo que él deseaba.

En este sentido, señala, "el rechazo de la Transición por la izquierda actual, en el sentido de querer cambiar una situación de una sociedad sin vencedores ni vencidos" parece propiciar "otra vez una sociedad con vencedores en contra de los vencidos, lo que es una contradicción en los términos". Respecto a la vehemencia con que sigue abordándose el análisis del personaje, Palacios afirma que "no hay serenidad para estudiar la figura de Franco como fue, con sus vicios, sus errores, sus éxitos y fracasos".

A su juicio, "Franco no se estudia en la historia, sino que la historia se trae a la política, y lo que no se puede hacer nunca es traer la historia a la política porque entonces se está en el vaivén de la propaganda y de la tergiversación". "Aquí se emplea la figura de Franco para arrojarla al contrario, al opositor, y calificarlo de franquista", lo cual "es un grave error político y cultural", subraya Palacios, autor también de obras como Los papeles secretos de Franco o La España totalitaria.

Palacios también se muestra muy crítico con la decisión de la jueza argentina María Servini de Cubría de ordenar la detención de 20 destacados dirigentes franquistas, entre quienes figuran José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa, por crímenes cometidos entre el 18 de julio de 1936 (fecha del comienzo de la Guerra Civil) y el 15 de junio de 1977, día de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura.

Según el historiador español, esa decisión denota "la influencia del exjuez (Baltasar) Garzón en algunos jueces y el régimen argentino", pero "es un auténtico disparate y un error, que no tiene ningún sostén jurídico ni posibilidades de que se lleve a cabo, más allá de una revancha política".

«El nacionalismo es una neurosis tóxica que se transmite con facilidad»
maría jesús cañizares / barcelona ABC  2 Diciembre 2014

El sociólogo Javier Barraycoa aborda con humor una virtual Cataluña independiente en su novela «El último catalán»

Javier Barraycoa (Barcelona, 1963) da el salto a la novela. Conocido por sus ensayos sobre el nacionalismo, este sociólogo recrea en «El último catalán» (Editorial Stella Maris) una Cataluña independiente en el año 2083. Por ella transitan personajes delirantes porque, según el autor, ahora más que nunca es necesario abordar el proceso secesionista que tiene lugar en Cataluña con humor.

Sobre su cambio de registro, explica que «el nacionalismo catalán ha abandonado el campo de la racionalidad y el debate académico. La novela, especialmente si es satírica, es un reto para cambiar de registro y proponerse abordar el mismo tema desde una perspectiva muy diferente», explica el escrito. En su opinión, «es un reto intelectual del mismo calibre que el ensayo político. Pero tiene unas ventajas indudables: tratar el tema con humor e ironía. Tras dos ensayos sobre la mitología nacionalista, un editor me propuso una auténtica revolución: plantear desde la Distopía satírica lo que sería una Cataluña independiente».

La novela de Barraycoa
Pero ¿realmente hay cabida para la sátira en el contexto político actual? Barraycoa lo tiene claro: «Hoy más que nunca. Cuando la lógica deja de imperar en las propuestas polìticas y el empecinamiento impide querer oír argumentos de tus oponentes, entonces el humor es la última arma política. Siempre he dicho que hubo un tiempo en que los catalanes supimos reírnos de nosotros mismos. Incluso entre los catalanistas surgían literatos y periodistas capaces de parodiarse».

En su opinión, «el nacionalismo actual es un metarrelato por definición dramático y censura la risa. En Cataluña, necesitábamos abrir una ventana para que entrar aire fresco y desdramatizar el nacionalismo. Esta es una de las intenciones de la novela: una terapia de emergencia que necesitamos todos los catalanes y el resto de españoles. El nacionalismo es una neurosis tóxica que se transmite con facilidad»

Según el escritor, en el proyecto de Artur Mas hay dosis de realidad y de ficción. «En él (tanto el proyecto como el personaje) todo está mezclado. Este es precisamente uno de los problemas del nacionalismo en general y de Artur Mas en particular: ya son incapaces de distinguir la realidad de lo imaginario, lo verdadero de lo falso. Hannah Arendt decía que esta era una de las condiciones de los nuevos totalitarismos. Más en la medida que pretende acercarnos a su sueño utópico, o su pesadilla mental, va alejando a los catalanes de la realidad. Me atrevo a decir que nunca Cataluña ha estado tan descatalanizada e irreconocible. El nacionalismo mata las naciones que pretende redimir».

Advierte al lector de que alguno de los pasajes delirantes de su novela pueden convertirse en realidad. «El lector se reirá a cajas destempladas por las situaciones irónicas y los personajes estrafalarios que van a apreciendo a lo largo de la novela –submarinos nucleares chinos en el puerto de Barcelona, llamados Jordi Pujol I, Rafael de Casanovas o Pau Claris, no se aleja de la propuesta que hizo un analista en televisión para protejer la Cataluña independiente–».

La Cataluña central dominada por banderas separatistas, en la novela se transforma en una marea de banderas verdiblancas «pues la población musulmana ya es mayoría y esos son los colores del islam. Por lo tanto la Cataluña profunda parecerá un semillero de aficionados del Betis, etcétera, etcétera. Aunque la sátira juega con la hipérbole, se sustenta en algo de realidad».

El héroe de esta novela, el entrañable José Claramunt, es un payés de un pueblo perdido en los Pirineos que simboliza la resistencia a un dominante Estado catalán independiente. Barraycoa lamenta que, en la actualidad «hay menos Casademunts de los que quisiéramos» pues «el nacionalismo ha secularizado, desnaturalizado y casi, me atrevería a decir, animalizado a buena parte de la payesía catalana. Conozco una hija de una de las Masías catalanas que se parecen mucho a la familia del protagonista. Un día en una clase de magisterio le preguntaron qué música escuchaba en su Masía; y contestó con toda naturalidad: “marchas militares”». Pero está convencido de que esos catalanes como Casademunt existen y son «catalanes de pura cepa que se encuentran absolutamente descolocadon en una República Catalana Independiente, de la que no pueden sentirse partícipe, porque ya no es la Cataluña que mamamaron de sus padres y abuelos».

La novela será presentada el próximo 3 de diciembre en el hotel Atenea en un acto presentado por Pablo Planas, coautor de «La familia Pujol corporation».

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La mutación de Podemos

Javier Benegas www.vozpopuli.com  2 Diciembre 2014

Por más que algunos analistas políticos se empeñen, en los líderes de Podemos no se aprecia la inflexible y pavorosa virtud revolucionaria de Maximilien Robespierre, y menos aún la sensual y corruptible humanidad de Georges-Jacques Danton. En ellos solo se distingue el perverso oportunismo de Joseph Fouché, que de los tres fue con diferencia el peor.

No en vano Pablo Iglesias y los suyos se han valido de los cuadros de Izquierda Anticapitalista para generar una aguerrida estructura de partido en ciernes. En estos cuadros tuvieron su fiel y obediente guardia de corps, hasta que, cumplida su misión, decidieron reemplazarlos por los más aseados y nebulosos círculos, aplastando cualquier oposición cuando llegó la hora de controlar el partido. Y ahora, con la pantomima del pasado jueves, pretenden envolverse en la piel de cordero de la socialdemocracia para recorrer la zona de peligro que aún les separa del poder.

Así pues, lo de menos es que los profesores Vicenç Navarro (catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universitat Pompeu Fabra) y Juan Torres (catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla) desgranaran el pasado jueves un discurso económico disparatado, cuyas primeras 40 páginas hieden a ideología, o que, incluso, improvisaran sobre la marcha el paradójico “Derecho al crédito”, que al parecer no figuraba en el borrador original.

Tampoco merece mayor reflexión que a tal discurso económico atribuyeran un empirismo tramposo, en el que primero va el dogma y después aquellas supuestas demostraciones que lo hacen verosímil, ignorando convenientemente, claro está, las que irremisiblemente lo hundirían en la miseria. Tal falta de honestidad intelectual es lo que cabe esperar de quienes están imbuidos de ideología.

Lo angustioso, lo alarmante es que más allá de este peligroso y nuevo bluf, de este invento que es Podemos, sigue estando el vacío, la nada. Y el tiempo se nos acaba.

Mucho peor que el sarampión
Hay quienes argumentan que Podemos es como un sarampión que debemos pasar. Que este partido servirá para expulsar del sistema al PP y al PSOE y, con ellos, a las élites extractivas que parasitan en la sociedad española, o que, cuando menos, forzará cambios que de otra forma nunca se producirán. Pero Podemos no es más que una peligrosa bifurcación, la trampa de la carretera cortada sin señalizar que aparece justo al final del recorrido de un régimen sin solución. Camino que no va a ninguna parte o, desde luego, no conduce a un lugar mejor.

Desgraciadamente, ocurre que en esta crisis nadie quiere ser perdedor. No aceptamos que todos debemos pagar un precio, por más que los golfos deban asumir una factura infinitamente mayor. Y es en esta negativa a asumir los costes que a cada cual corresponde donde Podemos encuentra su lugar, prometiendo que todo lo arreglarán sin sufrimiento ni dolor. Que bastará con repartir mejor el pastel.

Pero es falso. Adoptar una política económica u otra no sacará a España de la dinámica perversa en la que se encuentra. Tal cosa solo será posible con un cambio radical en las reglas del juego, por más que a Rajoy se le pongan de corbata. El impulso que necesitamos para recuperar las instituciones y construir un país de verdad democrático, próspero y libre solo podrá venir de la aplicación de un conjunto de reformas profundas y simultáneas. Todo lo demás es ocultar la verdad al ciudadano de a pie y hacerle caer de nuevo en la trampa de la esperanza.

La solución a la decrepitud de España pasa por racionalizar el caótico y oneroso sistema autonómico, garantizando que la distribución de competencias responda a criterios de economía y eficacia. Las Autonomías deben eliminar la montaña de leyes, normas y regulaciones, con las que imponen todo tipo de trabas a los emprendedores, dificultando la innovación, el comercio interior y la creación de empleo. Sí, hay que devolver muchas de sus competencias. Pero no al Estado central, sino directamente a los ciudadanos, para que puedan organizar su vida libres de esa nefasta y asfixiante fiebre intervencionista.

También es imprescindible cambiar la ley electoral, facilitando la representación directa y el control de los representantes, impulsando distritos unipersonales donde el candidato deba presentarse individualmente, a pecho descubierto, ante sus votantes. Y garantizar así que los partidos funcionen de manera democrática, exigiendo además a los candidatos que se sometan a un proceso adecuado de elecciones primarias.

Por último, debemos impulsar un órgano legislativo que sea de verdad independiente, que cumpla plenamente las funciones que le corresponden: represente a los ciudadanos cabalmente, elabore las leyes de forma clara y concisa y sirva como control y contrapeso al poder ejecutivo, en lugar de ser una mera correa de transmisión de los capos de los partidos.

Desde la imperiosa necesidad de reformas dramáticas, el intento de Pablo Iglesias de colarnos un borrador económico que, aunque delirante, resulte creíble a los ojos del común, se asemeja demasiado al camelo de Mariano Rajoy de legislar sobre lo ya legislado, sobre todo en materia económica, sin entrar nunca en el fondo de la cuestión. Y diríase que, exactamente igual que quien manda en el PP, lo que quieren los líderes de Podemos es ganar las elecciones a toda costa, para luego gobernar de forma discrecional gracias a las trampas de un modelo político convenientemente desprovisto de controles, contrapesos y líneas rojas.

La diferencia es que, mientras Rajoy necesita desesperadamente conservar el poder para que el PP no desaparezca víctima de sus propias fuerzas centrífugas, Pablo Iglesias, además de aspirar a mandar mucho y tener derecho a genuflexión, quiere ajustar cuentas con la Historia. Y es que hay un amargo sentimiento de derrota, de utopía ajusticiada y necesidad de revancha en su discurso. Lo cual, lejos de poner fin a este régimen, asegurará su continuidad en forma aún más perversa.

Tres locuras nacionalistas
Manuel Molares do Val Periodista Digital  2 Diciembre 2014

El nacionalismo catalán es bastante peor que el deseo totalitario al que le prestamos poca atención de controlar un territorio para imponerle a sus habitantes un sistema de vida castizo y patán con sardanas, castellers, caganers y un único idioma.

El nacionalismo catalán es más peligroso aún: está enseñando sus pezuñas negras envueltas en harina por debajo de la puerta y ya no puede ocultar sus instintos absolutistas, previos al liberalismo.

Su frenesí nos ha dado estos últimos días tres casos que nos anuncian una dictadura como la que proponen los neoestalinistas de Podemos contra la libertad de expresión, de conciencia y de comercio.

El primer caso es el de la denuncia de la Generalidad ante el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) para que sancione con 90.000 euros a cada una de las tres cadenas privadas de radio, COPE, Onda Cero y la SER, que se negaron a emitir gratuitamente anuncios del referéndum ilegal del 9N.

El CAC es un instrumento del nacionalismo más cerril contra la libertad de prensa, con funcionarios y periodistas opíparamente pagados para que persigan a los no nacionalistas y apoyen las campañas independentistas contra todo lo español.

El segundo caso es el del boicot ordenado a los nacionalistas contra Freixenet, empresa con miles de trabajadores catalanes, porque su propietario, que se siente catalán “y por tanto español”, rechaza la secesión. Atentado a la libertad de conciencia.

El tercer caso atenta a la libertad de comercio: el ayuntamiento de Tarragona, gobernado por el acomplejado socialnacionalismo del PSC, prohíbe exhibir en los escaparates muñecas de flamencas y figuras de toros.

Además de prohibir los toros –menos los crueles correbous—la Generalidad ya hizo campañas para eliminar estos iconos pseudoespañoles de toda Cataluña, lo que le provocó problemas económicos a los comerciantes comidos por impuestos y menos productos que vender.

Cocapitalidad: una iniciativa anacrónica e ineficaz
Clemente Polo www.cronicaglobal.com  2 Diciembre 2014

La agencia Bloomberg informó hace unos días que el gobierno español está estudiando la posibilidad de trasladar el Senado y el Tribunal Constitucional (TC) a Barcelona para demostrar al gobierno de la Generalidad lo mucho que se aprecia a Cataluña allende el Ebro. No sé a quién se le ha podido ocurrir que los independentistas catalanes quieren recibir una prueba de amor de los ignotos habitantes de los territorios que la televisión pública catalana presenta como un páramo inerte sin accidentes geográficos ni ciudades. ¿Acaso no han caído en la cuenta de que para ellos nada existe ni importa fuera del triángulo ilusorio de los ‘países catalanes’, un sintagma inventado por los independentistas para referirse a las tierras que van desde Salses a Guardamar y desde Fraga a Mahó, tierras que conformaron otrora el Reino de Aragón, el Condado de Barcelona y los Reinos de Valencia y Mallorca, y forman parte de España y Francia desde hace 350 años? Confirman mi diagnóstico la indiferencia y el rechazo teñido de desprecio con que han acogido la propuesta los líderes de los partidos independentistas, a los que supuestamente se pretendía engatusar con la propuesta, y que la hayan hecho suya Collboni, el candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, y Bosch, presidente de Sociedad Civil Catalana, que la considera una iniciativa inteligente con la que “conseguiríamos desde el punto de vista sentimental que los catalanes sintiéramos realmente la presencia del Estado".

Hay varias razones por la que la bienintencionada iniciativa se me antoja anacrónica, ineficiente e inútil. Cuando un joven Estado tiene que decidir la sede de su capital se ha recurrido en ocasiones a elegir una ciudad poco notoria como sucedió cuando Felipe II trasladó a Madrid la Corte allá por 1561, a fin de evitar las suspicacias que habría levantado la elección de Valladolid, Toledo o Sevilla, o incluso a fundar la capital y dotarla de un status propio, como ocurrió con Washington D. C., para evitar tener que decantarse por alguna de las ciudades hegemónicas de las trece colonias recién independizadas. Pero no creo equivocarme si afirmo que se tildaría de insensato a cualquiera que hoy sugiriera trasladar el Congreso o el Senado de los EE. UU. a Nueva York, Chicago, San Francisco o Dallas para demostrar el afecto que sienten los americanos por Nueva York, Illinois, California o Tejas. Y ése mismo argumento aplica también al caso español. Por otra parte, en un sistema parlamentario bicameral como el nuestro, resulta mucho más eficiente que las sedes del Congreso y el Senado estén en la misma ciudad donde está también la sede del Gobierno de todos los españoles. Madrid, salvo para quienes pretenden romper España, es hoy patrimonio común, y así debe seguir siéndolo.

Es verdad que la subsiguiente concentración de instituciones administrativas en Madrid ha levantado con frecuencia recelos, adobados interesadamente con acusaciones de dispendio, e indiferencia y hasta maltrato hacia Cataluña. El mismo tipo de alegatos, por cierto, que se escuchan también contra la burocracia y las interferencias de Washington, París, Londres o Roma, donde se concentran las más altas instancias políticas y administrativas de sus respectivos Estados. Lo curioso del caso español es que las quejas y la desafección de Cataluña han ido en aumento a medida que la Administración Central del Estado cedía más y más competencias a la Generalidad de Cataluña desde la aprobación del Estatut en 1980, convertida ya hoy en un desafiante miniestado, cuyos gobernantes se jactan de incumplir la Constitución y otras leyes del Estado, desacatar las sentencias de los tribunales y apropiarse de competencias del Gobierno español.

Resulta igualmente paradójico que a los líderes del PSC que hoy abogan por la cocapitalidad de Barcelona como fórmula deseable para aliviar agravios reales o imaginarios a Cataluña, no se les haya ocurrido adoptar una iniciativa similar en la Comunidad Autónoma de Cataluña (CAC) cuando gobernaban. Porque si la concentración de instituciones políticas y administrativas en Madrid resulta tan nociva e injusta para el resto del territorio sobre el que tienen competencias, España, sorprende sobremanera que la mayoría de las instituciones políticas y administrativas en Cataluña (gobierno autónomo, consejerías, Parlament, e infinidad de organismos administrativos) tengan su sede en Barcelona, y a ningún gobernante o parlamentario catalán se le haya ocurrido proponer en los últimos 34 años que la sede de la Consejería de Empresa esté en Sabadell, la de Territorio en Gerona, la de Interior en Tarrasa, la de Bienestar en Hospitalet, y la de Agricultura en Lérida, por ejemplo, o que el Parlament de Cataluña se instale en Manresa. Tampoco me consta que el gobierno catalán se haya reunido en consejo una sola vez fuera de Barcelona, o que alguien lo haya propuesto siquiera.

La cocapitalidad de Barcelona es una ocurrencia más que ni está justificada por consideraciones históricas o de eficiencia administrativa, ni serviría tampoco para reconducir la deriva independentista. La voluntad expresada por una fracción minoritaria de los catalanes en la consulta-farsa del 9N, y concretada por Mas, presidente de los independentistas, en la hoja de ruta que presentó hace unos días para conseguir la independencia en 18 meses, no guarda relación alguna con el hecho de que Barcelona y Madrid compartan la capitalidad de España. Quienes de verdad quieran impedir lo que cada día se perfila con mayor claridad como un golpe de Estado en toda regla, harían bien en poner a punto su estrategia para hace frente a la batalla ideológica y otras guerras que se avecinan, e impedir que los independentistas se apropien ilícitamente de una de las Comunidades más prósperas de España, levantada con el esfuerzo de todos los españoles durante los últimos 300 años.

“Todo sea por la patria castiza, sardanera, castellera y caganera”, está diciéndonos el señorito provinciano apellidado Mas.
'Uno de cada cuatro euros escapa al control'
El fraude en Cataluña, la ruina de España
Gaceta.es/EFE  2 Diciembre 2014

El "perfil" del evasor fiscal y del corrupto político, las motivaciones por las que actúa ilícitamente y los mecanismos que emplea abren la comisión de investigación sobre el caso Pujol.

El técnico de Hacienda y coordinador del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda en Cataluña, Miguel Ángel Mayo, ha apuntado este lunes que el fraude fiscal representa casi el 25 % del PIB catalán, y ha asegurado que si existe "voluntad" se puede erradicar, aunque reconoce que "todo falla en cascada".

La comisión de investigación sobre el fraude y la evasión fiscal y el caso Pujol ha arrancado este lunes en el parlamento catalán con la primera de las comparecencias, la de Miguel Ángel Bayo, coordinador del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que ha intervenido en calidad de experto en la materia.

Durante su intervención, el especialista de Hacienda ha recalcado que, de acuerdo con un estudio realizado por la URV (Universitat Rovira i Virigili), el fraude y la evasión fiscal en Cataluña representa el 24,6 % de su PIB, es decir, entre 16.000 y 18.000 millones de euros anuales: "Uno de cada cuatro euros escapa al control fiscal", ha precisado.

Este experto ha destacado el coste que tiene para la obtención de inversiones la negativa "imagen exterior" que se proyecta a causa de la corrupción política.

Miguel Ángel Mayo, que ha detallado el "perfil" del evasor fiscal y del corrupto político, las motivaciones por las que actúa ilícitamente y los mecanismos que emplea, ha asegurado que si existe la "voluntad de acotar y sancionar" la evasión y la corrupción será "posible", pese a reconocer que "evidentemente, algo falla".

Mayo, que no ha concretado medidas para hacer frente a esta problemática, sí ha dicho que no se trata de "controlar" a las instituciones, sino que estas "velen" por los intereses públicos frente a un fraude fiscal que en el 72 % de los casos, ha dicho, "lo cometen los grandes patrimonios y corporaciones" empresariales.

Un ética apoco ejemplar
Con un centenar de Ayuntamientos que alegan insumisión fiscal y una clase política que no ha sido en general ejemplar, que el 25% del Producto Interior Bruto catalán eluda al fisco no sorprende a nadie.

Se veía venir. La enviada de CiU en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Mercè Pigem, acaba de dimitir después de que el 15 de noviembre la detectaron en la frontera española intentando sacar de Andorra 9.500 euros, asunto legal pero feo. Jordi Pujol reconoció haber evadido a Andorra más de 4 millones d euros que repartió entre su mujer e hijos (uno de ellos fue secretario general de Convergència). El “mal andorrano” es una propensión a utilizar el floreciente imperio bancario del principado para evadir capitales y eludir el pago de impuestos. En los últimos años estos bancos de Andorra compran entidades en España como Banco Madrid o Inversis.

El padre de Artur Mas tuvo problemas de evasión en Liechtenstein, después de que el fisco alemán comprara unos disquetes a un funcionario del banco LGT Bank. Era defraudador pero Hacienda no le imputó delito fiscal ya que se hizo con los datos de forma poco ortodoxa.

Todo pertenece al mismo entorno en el que el Delegado Espacial de la Agencia Tributaria para Cataluña, Miguel García Hoffman fue condenado por hacer trampas fiscales para Josep Lluis Núñez, constructor y presidente del Barça que acaba de entrar, junto a su hijo, en prisión. También fue condenado el jefe de inspección de la AEAT Josep María Huguet y media docena de inspectores que recibían de Núñez, chalés, garajes y viviendas.

Otro de los casos graves de corrupción catalana con los curos de formación se llamó “caso Pallerols” porque el andorrano Fidel Pallerols, se quedaba subvenciones muy importantes gracias a que el reparto lo hacía y lo fiscalizaba Unió Democràtica, el partido de Duran Lleida. Luego el andorrano sabía ser “cariñoso” con los gastos del Unió. Dos de los condenados por esto, fueron indultados por el Gobierno Rajoy.

La relación de Cataluña con Andorra siempre fue muy oscura. Hubo en el PSC una pareja de hermanos apellidados Clotas con un pariente en bancos y empresas andorranas del tabaco que llevaron a José María Aznar a diseñar una malla anti tráfico de tabaco. El tabaco de Andorra perjudicaba al fiscal español y… tal vez financiaba a alguna formación española.
 


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