AGLI Recortes de Prensa  Jueves 4  Diciembre  2014

Crisis nacional
A por una nueva Constitución
Jesús Laínz Libertad Digital 4 Diciembre 2014

Parece que no va uno a la moda si no propone un cambio constitucional, lo que hasta hace poco no se le ocurría a nadie salvo a los eternos plañideros separatistas. Curioso mimetismo que tendría que bastar para hacer reflexionar a ésos que ahora van de ocurrentes. Y de equidistantes entre la existencia y la inexistencia de la nación, como si eso fuese posible.

Curioso afán, por cierto, éste de desguazar una Constitución antes de saber cómo funciona. ¡Menudo desperdicio! Porque cuatro décadas han tenido nuestros gobernantes para aplicarla y no lo han hecho; por ejemplo, el artículo 27.8, que prevé la inspección del sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes y de cuya inaplicación se ha derivado nada menos que el grave riesgo de fractura de la nación, gracias al adoctrinamiento totalitario llevado a cabo en Cataluña mientras todos los gobernantes nacionales miraban hacia otro lado, cuando no colaboraban con ello.

O el inmencionable artículo 155 (si es pecado mencionarlo, ¿por qué se redactó?), ése que dice que, en caso de que una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. ¿Cuánto mediría la lista de los incumplimientos de la Generalidad y de sus atentados al interés general de España?

Aunque podríamos haber comenzado por el artículo 1, ése que proclama que España es un Estado de Derecho, a pesar de que los gobernantes de la Generalidad llevan décadas incumpliendo leyes y sentencias, presumiendo de ello e incluso avisando previamente de su incumplimiento en ruedas de prensa; y a pesar de que los gobernantes de la nación se han reído sistemáticamente de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución. En cuanto al artículo 2, ni lo mencionaremos, porque eso de la indisoluble unidad de la nación española es demasiado hiriente para soportarlo en estos días.

La verdad es que tenemos que dar la razón a los que proponen modificar la Constitución, ésa que iba a resolver definitivamente nuestros males regionales –¡y la que les cayó a los que osaron dudarlo!–. Porque no estaría nada mal que ese nuevo texto garantizara todo lo anterior, quizá teniendo la precaución de prever consecuencias contundentes para los gobernantes que no lo cumplieren. De paso, podría procederse a anular absurdos privilegios fiscales derivados de las guerras carlistas que en el siglo XXI son un insulto a la inteligencia. Y, por supuesto, a atribuir al gobierno de la nación una serie de competencias cuya entrega a las comunidades autónomas ha demostrado ser el suicidio del sistema.

¿O es que acaso nuestros gobernantes serán tan irresponsables como para prestar oídos a quienes, muchos de ellos opinadores influyentes, proponen una modificación constitucional en la dirección centrífuga que desean unos separatistas a los que, por lo visto, encima hay que premiar? ¿De verdad creen que aplicando más dosis del veneno se va a solucionar el problema?

Pero convendría ser prudentes en proponer nuevos textos constitucionales que después no se tenga intención de cumplir y hacer cumplir, ya que si la actual Constitución ha demostrado no ser más que papel mojado en muchos de sus más importantes preceptos, ¿por qué habría que confiar en que con una nueva Constitución la cosa iba a ser diferente? Quizá nuestros gobernantes, aislados de la realidad en sus lujosos despachos y sus imponentes coches oficiales, no se hayan dado cuenta de que hay demasiados españoles que, si ya están suficientemente indignados con una tomadura de pelo, no se sabe cómo reaccionarían ante la posibilidad de una segunda.

Podemos: primero el poder, luego ¿veremos?
Manuel Muela www.vozpopuli.com 4 Diciembre 2014

El dictamen pedido por Podemos a dos profesores de economía sobre la situación económica de España y las medidas para intentar cambiarla entra dentro de la más absoluta normalidad cuando se quiere hacer frente a un problema. Antes se elaboraban Libros Blancos o se diseñaban planes económicos o financieros, como hizo el franquismo en la década de los años 60, y después se ha pasado al expediente de los informes periódicos de grandes organismos internacionales, tipo FMI, e importantes grupos financieros. Prácticamente nadie se aventura a proponer algo, sin contar con el informe de turno. Por supuesto, los hay para todos los gustos, empezando por el gusto del que los encarga – ya se sabe “pagando San Pedro canta”-. O sea, que los jefes de Podemos no han hecho nada que se salga del carril al que estamos acostumbrados, aunque bien es verdad que las circunstancias les han obligado a actuar deprisa y corriendo, visto el grado de descomposición del régimen político y el aumento de sus posibilidades electorales. Por la cuenta que les trae tendrán que elaborar un programa practicable para no quedarse en el veremos o en la pura impotencia si conquistan el gobierno central, porque ni se imaginan lo que se van a encontrar.

Un informe para cavilar y debatir sobre España
Probablemente, los directivos de Podemos, a pesar de ser expertos en comunicación y en ciencias sociales, no pensaban en la primavera pasada el eco que iban a tener con su propuesta de desalojar del poder a lo que denominan la casta. No debieron calcular la dimensión del desvalimiento y del hartazgo de la sociedad española y ahora que partes significativas de esa sociedad parecen apoyarlos para ese objetivo se encuentran necesitados de hilvanar un proyecto compuesto por información veraz de la situación del país y algunas medidas inmediatas para afrontar los primeros meses de gobierno. ¡Casi nada! Con la economía y las finanzas maltrechas y con la sociedad desvertebrada y poco informada, sin contar con la disgregación del poder público en España.

En el ambiente enrarecido de la política nacional toma fuerza la hipótesis gubernamental de Podemos y eso es lo que desata toda clase de especulaciones y de controversias sobre el documento, porque sus contenidos se separan de los dogmas existentes y expresan dudas fundadas sobre la superación de los males nacionales con el mantenimiento de los esquemas vigentes. Se habla en él, y no sin fundamento, de un horizonte largo, 15/20 años de alto paro y pesadas deudas, si no se cambia el rumbo. En realidad, el dictamen supone una advertencia seria y descarnada, que es tan válida para Podemos como para el que se atreva de verdad a sacar a España de su postración.

El enfermo está mal y las medicinas aplicadas, de motu proprio o por indicación exterior, no surten efecto. Bueno, si surten, vamos de mal en peor, por lo menos la gran mayoría de la población, en la que la parte del león se la llevan las clases medias. Y eso significa que, en un sistema basado en el sufragio universal, hay que ofrecer a los votantes un cambio, aunque sea arriesgado, para frenar la descomposición y evitar la revuelta social, ahora contenida en parte por la expectativa de Podemos. Este partido recién creado tiene la necesidad, como todos los demás, de conseguir el poder sin engañar sobre el estado real de la nación española y, a partir de ahí, presentar sus planes de estabilización económica y de reestructuración de deudas a los españoles y a las autoridades europeas, con el fin de pedir los apoyos de unos y otros a los mismos. Para Podemos es vital acertar, los demás verán; mal harán si se conforman con criticar a los recién llegados sin decir qué piensan hacer ellos, porque lo que está fuera de duda es nuestra penosa realidad de la que han sido en gran parte responsables.

Sin el Estado centralizado y la banca pública cualquier plan será papel mojado
Aunque el documento, por su naturaleza económica, no lo contempla, no puede obviarse el marco constitucional, porque si se quiere recuperar el Estado para ponerlo al servicio del país habría que explicitar el propósito de acabar con el modelo territorial actual, volviendo al centralismo, ya que con éste Estado de las satrapías, olvídense del cambio tanto si son los de Podemos como otros que se sumen a él. En mi opinión, ese es el candado importante del 78, ya que sin un poder central fuerte el Gobierno más ilustre y los proyectos más beneméritos serían anegados por la realidad. A este propósito, téngase en cuenta que alrededor de un 30% de españoles, según las encuestas, es partidario de esa revisión, y no me cabe duda de que, si se explican sus consecuencias benefactoras, sería fácil conseguir más apoyos. Por eso, me extraña que los hombres de Podemos parezcan inclinados a continuar con las inercias centrífugas, cuyos resultados están a la vista.

El dictamen no habla del derecho al crédito, que es una majadería, se refiere al servicio público del crédito, que es algo muy distinto y que es lo que justifica la hiperregulación de la actividad crediticia en casi todos los países. Son las autoridades las que deciden quién y cómo ha de desarrollar esa actividad, principio que forma parte esencial de la recién creada Unión Bancaria Europea. A partir de ahí, es plausible el propósito de recuperar la banca pública, que en España podría instrumentarse si el Estado se decidiera a ejercer sus derechos de propiedad en las entidades nacionalizadas, estableciendo su gestión profesional al servicio de los planes de recuperación de la economía nacional. Si a ello se uniese la dinamización tanto de la ingente cartera de activos inmobiliarios de la SAREB como de las participaciones industriales de las entidades nacionalizadas, cualquier gobierno, sea o no de Podemos, tendría tareas sobradas para construir el horizonte de crecimiento y estabilidad que tanto se desea. Probablemente, los acreedores de España, serían los primeros en apoyar iniciativas constructivas que alejen el fantasma real del impago de la deuda, porque, si seguimos en el plan actual, llegará y, como siempre, en las peores condiciones.

Fiscalidad realista, inspección de trabajo y ayuda a las familias
En el plano fiscal, que también es objeto del informe, creo que lo más sensato, y a ello apuntan los autores, es conseguir que las normas existentes se cumplan y no queden desnaturalizadas en el ámbito societario con agravio evidente para la inmensa masa de contribuyentes del IRPF. No haría falta mucho más, quizá alguna leva fiscal puntual en sectores de riqueza que se supone conocidos de la hacienda española; y convendría rechazar de plano cualquier carga adicional en las cotizaciones sociales para volcar el esfuerzo en el control y saneamiento de los famosos módulos que, al decir de los expertos de Hacienda, son un verdadero agujero negro de la recaudación. Por otra parte, si la inspección de trabajo se dedicara a perseguir los fraudes notorios en materia de horas extras y de otras irregularidades nacidas de la contratación a tiempo parcial, todos ganaríamos, empezando por las arcas de la Seguridad Social. Subir impuestos a las depauperadas clases medias, sin intentar que se cumpla lo existente, saneando lo irregular, puede convertirse en la tumba de cualquier proyecto de gobierno y en la ruina definitiva de la estabilización económica. Digo esto porque sin contar con las clases medias y las familias españolas, las grandes olvidadas, la desestabilización política y social estaría servida.

Cambiar el euro y el proyecto europeo
Dicen los autores del dictamen que con el diseño actual del euro el cambio es imposible. Yo añado que también con las políticas de la UE. Pero, ¿se trata de cambiar o no?, porque no olvidemos que tanto la Unión Europea como la Unión Monetaria, a causa de sus errores y mistificaciones, se encuentran ante el dilema de cambiar o perecer y que aquellos países que impulsen los cambios con proyectos nuevos y democráticos prestarán un servicio inestimable al proyecto europeo, que es lo que interesa, porque ¿alguien puede creer que la Unión Europea actual puede permanecer inalterada en medio del estancamiento económico y la regresión social?

Se supone que Podemos aprovechará al máximo la información y las advertencias incluidas en el dictamen. También las críticas al mismo. Tienen a su favor que lo de enfrente es conocido, igual que sus resultados. Por eso, si consiguieran estructurar un programa sencillo y ambicioso, de cambio genuino y democrático, podrían levantar grandes apoyos para la reconstrucción de España, porque para seguir en lo conocido, sobra Podemos. Ya tenemos un elenco suficiente de actores “veteranos”. Lo que pasa es que la obra está terminando y queda por saber si lo hará como el rosario de la aurora o con el inicio de un camino apoyado por las mejores energías españolas. Veremos.

2015: pan y circo electoral
EDITORIAL Libertad Digital 4 Diciembre 2014

Salvo raras excepciones, las comunidades autónomas no se han caracterizado en estos años por respetar los límites de déficit señalados por la Ley de Estabilidad. Menos aun parece que lo vayan a hacer el próximo año, en vista de sus previsiones de gasto, que plantean un aumento medio del 1,4%, lo que elevará el monto de los presupuestos regionales hasta los 125.266 millones de euros.

A la cabeza del aumento del gasto estará Extremadura, que plantea para 2015 un crecimiento de sus presupuestos equivalente al 6,7%. A continuación figuran Baleares, donde la Administración Bauzá plantea llevar el gasto hasta los 3.349 millones, un crecimiento del 5,9%. El podio lo completa Murcia, que con 4.078 millones y una subida del 3,7%.

No menos preocupante es el caso de Cataluña. Esta misma semana el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, reclamaba al Estado 2.500 millones de euros adicionales so pena de que el déficit de la Generalidad el año que viene duplique el límite del 0,7% fijado por el Gobierno.

Aunque el momento de celebrarse las próximas elecciones autonómicas en Cataluña siga siendo una incógnita, la mayoría de las comunidades las celebrarán en mayo, junto con las elecciones municipales. Y no olvidemos que la Generalidad está inmersa en un proceso de construcción nacional que le condena a cuantiosos desembolsos. Lo que es innegable es que los gobernantes autonómicos, con la silente condescendencia del Gobierno de Rajoy, están haciendo caso omiso a las reiteradas advertencias de la Comisión Europea de que el grado de incumplimiento español de los límites del déficit va a ser mayor en 2015 que en 2014.

No se trata de culpar en exclusiva a las autonomías –ni a todas por igual– de los desequilibrios presupuestarios que España ha seguido cosechando aun después de que se modificara el artículo 135 de la Constitución en supuesta defensa de la estabilidad presupuestaria. Sin duda, no pocos ayuntamientos y la propia Administración central son corresponsables de ese déficit global que, año tras año, ha venido a desmentir la tan cacareada austeridad y estabilidad presupuestarias. Sólo se trata de ser conscientes de que, si en estos años no ha habido auténtica austeridad ni auténtico equilibrio presupuestario, lo que cabe esperar en 2015 es pan y circo electoral a costa de un todavía mayor endeudamiento público.

Nunca digas de este pacto no beberé
Javier Caraballo El Confidencial 4 Diciembre 2014

El problema fundamental que tiene el PSOE es que se le ha torcido tanto el panorama político que se exploran las posibilidades de futuro y parece que sólo le ofrecen distintas formas de suicidarse. Un variado catálogo de maneras de hacerse el haraquiri, a gusto del consumidor. Cómo lo prefieres, con un pacto con los “populistas” o con un pacto con “la derecha”, que son las dos descalificaciones más habituales que se dirigen desde el PSOE hacia Podemos y hacia el Partido Popular.

A elegir, porque lo que sí parece cierto es que la aspiración de fuerza mayoritaria de la izquierda, que es la realidad con la que ha convivido el PSOE durante los últimos treinta años, no se encuentra ahora en ninguna prospección. De modo que podrá negar el PSOE todos los pactos que se le presentan en el camino, negaciones bíblicas como las de estos días, “no, no y no”, pero en el fondo todo el mundo sabe que, como en el refrán, la política enseña que nunca se puede decir de este pacto no beberé. Porque ese cáliz igual tienen que tomárselo.

Parece evidente que cualquier análisis que se realice o cualquier estrategia política que se diseñe tiene que sustentarse en el momento político que se vive, y ese parece ser ahora el error fundamental del PSOE, que sigue con una inercia discursiva que ya no se corresponde con los tiempos. El dualismo básico y elemental que ha servido durante todos estos años para elaborar todos los discursos en el PSOE, el del ‘miedo a la derecha’, ya no sirve de la misma forma porque los tiempos son otros. Puede ser que, en algunas comunidades autónomas y en algunos municipios, ese discurso primario de confrontación izquierda/derecha tenga aún alguna vigencia para el PSOE, como puede ser el caso de Andalucía, pero de forma general ese argumento ya no le sirve.

Si el PSOE mira a su alrededor, se dará cuenta de que su problema fundamental en este momento es que, para una gran parte del electorado de izquierda, lo que ha calado profundamente es que no existen diferencias entre PSOE y PP en aquello que tanto les irrita, como la corrupción, los recortes y el distanciamiento de la clase política de la calle. En la memoria está todavía la debacle económica de Zapatero, que nos hundió en la crisis económica de la que no hemos salido todavía. La ingenuidad de pensar que esa memoria se borra renegando ahora, varios años después, al artículo 135 de la Constitución, sólo forma parte del empecinamiento del discurso dual de antes.

Lo de la corrupción es aún peor, porque cada vez que se busca la diferencia se acaba profundizando en la identificación. Cada vez que estalla un cruce de declaraciones en las que un dirigente del PSOE le reprocha al PP los casos de corrupción que le afectan, y este le contesta con los casos de corrupción de Gobiernos socialistas, ambos están cavando un poco más la tumba del hartazgo, del desapego político de los partidos tradicionales. Al verlos así, en ese enredo, que se repite de forma constante, lo normal es que el personal haya acabado identificándolos como dos versiones del mismo problema. Una y otra cosa podrían eludirse con un liderazgo sólido, creíble, pero no parece tampoco que los tiempos vayan por ahí en el PSOE actual.

La consecuencia de todo esto, como ya se ha apuntado aquí en alguna ocasión, ha sido que el PSOE ha dejado de ser el ‘voto útil’ para una buena parte de su electorado natural; ya no es la opción política más eficaz, más segura, para derrotar a la derecha. Ese arma electoral que tan buenos resultados le ha dado al PSOE años atrás se la ha arrebatado en un plis el partido de Pablo Iglesias, entre otras cosas porque el discurso de “desalojar” a la derecha se ha ampliado con los tiempos que corren e incluye también al propio Partido Socialista por las razones de antes.

En esas circunstancias, si el PSOE no se ha dado cuenta aún de que su principal rival en el próximo ciclo electoral no es el Partido Popular, sino Podemos, es que no se quiere mirar por la ventana.

La coyuntura política es tan complicada para el PSOE, y el órdago de soberanía de la izquierda que le ha lanzado Podemos es tan potente, que es imposible saber si, en el futuro inmediato, serán peores los pactos con el Partido Popular o con una fuerza política emergente que, de un plumazo, se ha convertido en socialdemócrata, como han expresado ellos mismos tras la presentación de su programa económico.

Directamente, se ha pasado de presentar como programa electoral en marzo “una auditoría ciudadana de la deuda pública y privada para tomar medias contra sus responsables y declarar su impago”, a la propuesta actual de “una reestructuración lo más ordenada posible de la deuda europea y de la española”. Si el PSOE, como parece, ha dado la orden interna de dejar de descalificar a Podemos como “populistas”, para que se le empiece a llamar “extremistas”, va a tener complicado razonar ese cambio con las nuevas propuestas de la formación de Pablo Iglesias mientras, al mismo tiempo, se pide una reforma de la Constitución para acabar con la contención del déficit.

En un tiempo electoral continuado como el que se va a desatar a partir de enero, se entiende que no se realicen compromisos expresos de alianzas con el Partido Popular, pero el PSOE debe saber que el momento político actual no tiene precedentes y que, por descontado, nunca ha estado más cuestionada su hegemonía en la izquierda. Con lo cual, puede llegarse a la tesitura de que el tan renegado pacto con el Partido Popular no sólo no sea desechable, sino que será el clavo ardiendo al que deberá agarrarse para sobrevivir y esperar a que amaine el temporal de Podemos. Y ese mismo planteamiento, en otro sentido, puede aplicársele también al Partido Popular. La ‘gran coalición’ como salvavidas.

Las cuitas del Presidente
Matías Alonso www.lavozlibre.com  1 Diciembre 2014

Secretario general y portavoz de Ciudadanos

España se enfrenta al mayor desafío institucional y democrático desde el 23 de febrero de 1981. Tras casi 36 años de vigencia de la Constitución que nos devolvió la libertad, en una de las comunidades autónomas en que mejor se recibió el vigente ordenamiento democrático se levanta la voz populista y mesiánica de la oligarquía. Una voz que pretende ser hegemónica y que aspira a romper, unilateralmente, el estado social y democrático de Derecho que nos hemos dado y que es de todos. Una oligarquía dominante que ha utilizado las ventajas de la descentralización política y administrativa para tejer una densa red clientelar y que ha institucionalizado la corrupción, oculta bajo cualquier alfombra que los agentes policiales, los fiscales o los jueces quieran o puedan levantar.

El desafío está servido y de nada sirve mirar para otro lado o esperar a que la tormenta amaine. La oligarquía catalana dominante, la que pisa alfombra roja de forma cotidiana, ha decidido que es el momento de romper nuestro ordenamiento constitucional y de acabar con la soberanía nacional, forzándola y fraccionándola a su antojo conforme a su interés particular. Amparándose en el poder que le otorgan las leyes democráticas vigentes caminan la senda de la sedición, despreciando las leyes y erosionando los pilares de la democracia. De forma burda y torticera, proclaman la supuesta preeminencia de la "voluntad popular" que autoproclaman mayoritaria para inocular en el subconsciente colectivo de sus prosélitos un concepto aclamativo de democracia, que están dispuestos a reforzar vehiculándola en una "lista única". En nombre del concepto más corrupto y falso de la democracia, pretenden blindar su continuidad en el poder y forzar la ruptura unilateral de un estado que es miembro de una de las organizaciones de mayor calidad democrática del mundo.

Porque esa es la triste realidad de lo que está pasando en Cataluña. El máximo representante ordinario del Estado -social y democrático de Derecho- en Cataluña, utiliza un concepto farsario y perverso de la democracia proclamando mayorías inexistentes y excluyentes para atacar los pilares de la verdadera democracia. La que otorga la representación en las instituciones democráticas de la voluntad popular, expresada en las urnas de conformidad con las leyes. Artur Mas y cuantos le dan incondicional apoyo pervierten la democracia con un posicionamiento populista y antidemocrático. Lo hacen planteando la falsa dicotomía entre legitimidad democrática, la que definen como ejercer el voto aunque sea en las condiciones bananeras planteadas para el 9N, frente a la legitimidad legal, negando un hecho fundamental e incontestable: la legalidad vigente en España tiene una profunda base democrática, homologable a cualquier ordenamiento democrático de nuestro entorno.

Mariano Rajoy ha visitado Cataluña tras la representación de la parodia participativa del pasado 9 de noviembre. El yerático presidente ha tardado en reaccionar. Una vez más, lo hace tarde y, como mucho, regular. Reconoce que durante demasiado tiempo se ha explicado mal. Y pierde la primera oportunidad asistiendo a un mitin del Partido Popular Catalán en Barcelona. Viene a ejercer de presidente de su partido aunque debería hacerlo estríctamente como presidente del Gobierno de España. Un gobierno que, bajo su presidencia, ha sido incapaz de enderezar el rumbo errático y populista del gobierno autonómico, con el que ha estado intentando contemporizar durante más de dos años. Siguiendo precisamente la estrategia pactista y de pasteleo que permitió al timonel del viaje a Ítaca aprobar, en minoría, los presupuestos de 2011 y 2012.

Tal vez desde La Moncloa se ven las cosas diferentes. O quizás es que la dirección popular está muy pendiente del resultado de encuestas y sondeos que no les son especialmente gratos. Si es esa la cuestión, es para estar preocupados. Porque quien gobierna en España tiene que anteponer siempre el interés general, la unidad, la fortaleza, la libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad, la pluralidad política y el estado del bienestar, al interés partidista y coyuntural. Esas y no otras debieran ser las cuitas del Presidente.

Conclusiones de un contribuyente a los jueces decanos
Xavier Horcajo GCT

Lo suyo, con la venia, es de “mear y no echar gota”. Resulta que han detectado que la justicia tiene un problema con la corrupción porque la resuelve mal y/o tarde. Pero en ninguna de sus conclusiones ustedes vinculan esa disfunción con su dependencia de órganos políticos y con unas asociaciones profesionales que se dedican más a la política que a mejorar la Justicia. No busquen más, el desencuentro de la Justicia con el deseo ciudadano de limpieza proviene de la actitud de muchos de los que llevan toga. Por no ser siempre independientes y por seguir “hojas de ruta” política. Y yo no pago impuestos para que permitan eso.

Por no aburrir con ejemplos, sobrevolaremos dos de estos mismos días. Isabel Pantoja está en la cárcel por lo mismo por lo que la Infanta Cristina no va a ser condenada, como todos sabemos. Incluso lo de Pantoja era de menor importe. Otrosí: Santi Potros está en libertad, gracias al arbitrio de tres jueces de la Audiencia Nacional (Manuela Fernández de Prado, Ramón Sáenz Valcárcel y Javier Martínez Lázaro) que han decidido manchar la toga por una boñiga maloliente antes de que la Ley se lo impida. ¿Alguna asociación de jueces les ha reprochado que hacer favores a los asesinos terroristas no forma parte de sus obligaciones? ¡Qué bochorno! Yo no pago impuesto para que Uds. hagan eso que la AVT sintetiza tan bien: “La ideología de los jueces influye en una u otra decisión”.

En menor grado, me parece muy preocupante que ustedes no exhorten a los de su propia carne por la conveniencia de que se cumpla la ley en las decisiones judiciales. ¿Les preocupa que se acaben los encarcelamientos preventivos de tres años y medio? ¿No es eso contrario a la ley? ¿Por qué a ustedes se les escapan siempre los casos que socavan la moral pública y que dependen de “compañeros” suyos? Yo no pago impuestos para que a Uds. les paguen el sueldo y amparen ferozmente el politiqueo y el corporativismo.

Sobre la dilación de los procesos y la falta de medios. Ustedes saben que a menudo es por culpa suya, de los jueces y de la organización de ustedes que, dicen que depende del politiquismo Consejo General del Poder Judicial, donde había vocales que pasan “pasta” por la frontera andorrana, regalo de sus ilustrísimas madres, residentes en Andorra (caso Pigem); otros se sentaban allí después de cohechos, prevaricaciones, cuentas en Suiza y detenciones ilegales (caso Pascual Estevill) y la judicatura guardó un sepulcral silencio (salvo media docena de “rara avis”).

Me detengo en un caso, Baltasar Garzón tuvo que salir del cinco de la Audiencia Nacional. El CGPJ se lo confió en juzgado a uno de los suyos que no llegó a sentarse en juzgado, le había tocado un destino mejor. Nadie le obligó a renunciar y se nombró a Pablo Ruz como suplente lleva allí desde que separaron a Garzón, a mediados de 2010, (con otro clamoroso silencio de la mayoría de ustedes algunos hicieron con Garzón el paseíllo hasta el Supremo) y no dice el 432 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el sustituto provisional solo será nombrado por un año renovable una sola y única vez más. ¿A ustedes estas cosas no les importan? ¿Cómo va a importarles entonces que le denieguen la libertad condicional a Luis Bárcenas por que puede destruir pruebas en un caso que instruye desde 2009? Tampoco debe importarles que media España piense que ahora mueven del cargo a Ruz por su actitud con la exministra Ana Mato. Son ustedes “pétreos” de cara.

La justicia no solo es lenta, sino que no se preocupa porque la utilicen, ni porque sus desproporciones la desacrediten. Está bien que pidan medidas puerta afuera, pero ¿No deberían ustedes hacerse un chequeo ombligo para adentro? Permitan que plantee una reflexión filosófica, que no pretende faltar al respeto a nadie, esos detalles no esconden aromas de corrupción bajo la impoluta epidermis. Por cierto, ustedes también nos han defraudado.

La ausencia efectiva de control parlamentario de las acciones del gobierno catalán
Artur Mas: El Caudillo de Cataluña
Fermín Bocos. Periodista Digital 4 Diciembre 2014

Cada día que pasa Artur Mas da otro paso en la senda del caudillismo. El impulso de huida hacia adelante en su proyecto secesionista le lleva a actuar más como presidente de un movimiento político que como lo que es: el presidente de la "Generalitat", representante ordinario del Estado en Cataluña.

La transformación de un dirigente que hasta hace unos años ofrecía un perfil político Anodino -su trayectoria y discurso eran las propias de los ejecutivos de las escuelas de negocios- en el personaje caudillista que ahora ocupa el centro del escenario en aquella comunidad se debe, entre otras causas, a una anomalía. Una perversión respecto de los usos y buenas prácticas democráticas.

Me refiero a la ausencia efectiva de control parlamentario de las acciones del gobierno catalán. A la falta de escrutinio por parte del Parlamento de Cataluña dado el escaso peso de PP y Ciudadanos a la ambigüedad del PSC y a la inusual connivencia del primer partido de la oposición (ERC) con CiU, el partido del presidente de la Generalitat.

Solo en un clima de impunidad en orden al control parlamentario se explica que Artur Mas se haya atrevido a advertir acerca de los riesgos de la confrontación entre la "legitimidad de la democracia con la legalidad del Estado de Derecho".

Mensaje lanzado, para más inri, en el transcurso de un acto en el que se conmemoraba el "Día de la Justicia". Es un mensaje que habría que interpretar como la segunda defunción de Montesquieu.

La ley supeditada al resultado de las urnas y, en consecuencia, a la voluntad del jefe político de turno. Semejante desmesura no tuvo réplica pese a la presencia en el acto del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada y de Miguel Angel Gimeno, uno de los tres magistrados que, por cierto, tiene que decidir si admite a trámite la querella de la Fiscalía contra Mas por los presuntos delitos cometidos en ocasión de la convocatoria del 9N.

Visto como están las cosas habría que recordar que salvo en períodos revolucionarios -que no es el caso-, las leyes solo se pueden cambiar con arreglo a los procedimientos establecidos por las propias leyes.

Cualquier otro procedimiento o intento de búsqueda de atajos violentaría los cimientos del Estado de Derecho y el marco constitucional. Ningún político está por encima de la ley.

No debería. Aunque, hablando de lo que hablamos, la verdad es que a veces lo parece. Lo digo a juzgar por la lenidad con la que el Fisco y la Fiscalía contemplan el caso de Jordi Pujol, un ciudadano que se acusó de haber cometido fraude fiscal durante más de 30 años seguidos y todavía nadie le ha visto entrar por la puerta de un juzgado.

A lo mejor es que Artur Mas también está en el secreto y por eso se permite desafiar al Estado.

No necesitamos más consenso, sólo libertad
Santiago Abascal El Confidencial 4 Diciembre 2014

Con vocación compartida de bomberos y pirómanos, los mismos que han desmantelado y corroído el régimen –convirtiendo la Constitución en papel mojado– ahora pretenden revendernos el mantra del consenso.

En estos últimos días, editoriales de algunos periódicos, empresarios del Ibex y políticos de toda la vida insisten en que el mejor remedio contra la corrupción, el separatismo y el populismo es más consenso del que padecemos, como si los españoles no hubiéramos aprendido en qué acaban los apaños de la oligarquía.

No necesitamos más consenso. Ni del político ni del económico. Ya sabemos que son siempre los mismos los que consensúan, de espaldas a los españoles, y que llaman estabilidad política a la defensa de sus privilegios. No queremos que sigan decidiendo entre unos pocos el futuro de muchos. Somos ya mayores para regir nuestro futuro, y para entender que la partitocracia ya es cosa del pasado. No es consenso lo que necesitamos, sino más libertad para elegir verdaderos representantes, más libertad para nuestras familias, más libertad para poder gestionar nuestros recursos.

El Estado gigantesco, y su maraña de leyes, supone uno de los principales obstáculos a nuestro desarrollo económico a la vez que facilita la proliferación de los corruptos. Para todos es evidente que la falta de libertad política tiene una íntima relación con la ausencia de libertad económica, y que ni los corruptos ni los comunistas tienen en su programa devolvérnosla.

Recientemente, en el encuentro de pequeños y medianos empresarios, de esas empresas familiares que constituyen el alma económica de España en la que trabajan la mayoría de los ciudadanos, se hacía una observación interesante comentando unas declaraciones pretenciosas de un lobby del Ibex, que intentaba convencernos de que las cosas no estaban tan mal y de que la recuperación de la economía era cosa evidente... Los pequeños y medianos empresarios advertían a las grandes corporaciones de lo mucho que perjudicaba a la economía nacional el atraso de los pagos de las cotizadas y de la Administración: hasta casi 190 días después de suministrar el producto o servicio. Fue tan dura su denuncia que sentenciaron: pagarnos tan abusivamente tarde también es corrupción.

He ahí la cuestión: hay un sector empresarial que vive a la sombra del BOE, cerca del poder, pagando oportunas comisiones a los partidos para llevarse grandes contratos que suelen subcontratar a pequeños empresarios a los que asfixian. Curiosamente, según recientes datos, mientras las grandes corporaciones cotizadas siguen destruyendo empleo, la pequeña y mediana empresa lleva meses contratando. Estas empresas, acostumbradas a competir en condiciones muy duras, son el motor económico de España y necesitan una gran reforma legal y fiscal, es decir, más libertad asegurada en un régimen legal razonable, sencillo y eficaz, para poder crecer y competir.

No extraña que a estas alturas los responsables que tan bien viven del consenso de la corrupción a nivel político, económico y mediático pidan que se mantenga el sistema que nos perjudica al resto. Pero no, no necesitamos más consenso, ni político ni económico. Necesitamos un sistema abierto con normas sencillas y claras para que la libertad sea por sí misma la que permita destruir la burocracia al servicio del poder y que cada agente de la economía y cada alternativa política puedan desarrollarse y competir en igualdad de condiciones.

*Santiago Abascal es presidente de VOX

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El esperpento
GABRIEL TORTELLA. El Mundo.  4  Diciembre 2014

Según el Diccionario de la Academia, un esperpento es un «hecho grotesco o desatinado», o también un género literario creado por Ramón del Valle-Inclán, consistente en deformar la realidad resaltando sus rasgos grotescos. La palabra «esperpento», de etimología incierta, era casi un neologismo cuando Valle-Inclán la incorporó al vocabulario literario al caracterizar una serie de obras suyas como esperpentos, en varias entrevistas y, sobre todo, en su obra teatral Luces de Bohemia, que es el primer esperpento y además el texto donde se define el género. «La tragedia nuestra no es tragedia/ Pues algo será/ El Esperpento [...] El esperpentismo lo ha inventado Goya. [...] Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada». Esto lo escribía Valle-Inclán hace aproximadamente un siglo y cuadraba perfectamente con la España de entonces.

En Luces de Bohemia Valle-Inclán retrata el Madrid de la Primera postGuerra Mundial con ese método tan suyo de las viñetas sucesivas, goyescas, pero también emparentadas con los carboncillos de Daumier y con la paleta del expresionismo alemán de su tiempo: Beckmann, Kirschner, Grosz, Macke y tantos otros, que pintaban la sociedad de post guerra como una serie de descarnados claroscuros, grotescos y a la vez patéticos y trágicos. Los esperpentos tragicómicos de Valle-Inclán tienen una cegadora calidad visual, caricaturesca, con unos personajes desgarrados que hablan y se mueven como marionetas de guiñol. Yo diría que Valle-Inclán es el más visual de nuestros grandes escritores.

Además de muy visual, Valle era, a su manera, muy político. Como digo, en Luces de Bohemia se refleja el Madrid de la época, desde la buhardilla donde vive el protagonista, el poeta ciego Max Estrella, y su antro habitual, la taberna de Pica-Lagartos, hasta los calabozos del Ministerio de Gobernación y el despacho del ministro, que trata al poeta con fraternal y superior benevolencia, como el dictador Primo de Rivera trató a Valle, definiéndole como «eximio escritor y extravagante ciudadano»; desde un café donde el poeta conversa con Rubén Darío hasta un parque donde fraterniza con unas hetairas; desde una costanilla con «una iglesia barroca por fondo», donde Estrella agoniza y muere, hasta el cementerio donde le dan sepultura en presencia de Rubén y el Marqués de Bradomín. La política aparece encarnada, además de en el ministro y sus subalternos y sicarios, en un obrero catalán a quien se aplica la ley de fugas, en las cargas y tiroteos entre guardias y huelguistas, en los «muera Maura» proferidos por Max Estrella y coreados por varios jóvenes poetas, en las repetidas alusiones derisorias al entonces primer ministro, el marqués de Alhucemas, apodado el Enano de la Venta. Todo ello hilvanado con una sórdida historia de billetes de lotería y fondos de reptiles digna de la mejor picaresca, del Lazarillo y del Buscón, porque al poeta ciego le birla la cartera, el billete y hasta el precio de un lote de libros vendido, su mejor amigo y acólito, Don Latino de Hispalis, que contempla con indiferencia cómo la esposa y la hija del difunto se suicidan con el tufo de un brasero ante la miseria en que les dejaron el improvidente poeta y su rapaz corifeo.

Valle-Inclán escribió más esperpentos, uno de los cuales, La hija del capitán, es su versión del pronunciamiento de Primo de Rivera, con un retrato mordaz del propio Alfonso XIII, de toda la clase política y del estamento militar. Pero es que gran parte de la obra de Valle es esperpéntica: todo el Ruedo Ibérico, es un gran fresco esperpéntico -histórico de la España de 1868; Tirano Banderas es un esperpento latinoamericano, y las Comedias Bárbaras son esperpentos rurales galaicos.

El genial escritor murió en 1936 y podríamos pensar que su obra describe la España de su tiempo como las de Quevedo y Cervantes describieron la España de Felipe III y el Lazarillo la de Carlos V; que son geniales pinturas de sociedades pasadas. Hoy España ha progresado mucho, somos más ricos y civilizados; la picaresca y el esperpento son cosas del pasado, dignas de estudio en las escuelas pero muy alejadas de la España de hoy. Estamos de acuerdo ¿no? Pues no, francamente: la picaresca y el esperpento han sobrevivido siglos y decenios de progreso económico y social y son tan actuales como las obras de Quevedo, Goya y Valle-Inclán. Solo que el esperpento hoy se nos ha trasladado mayormente a Barcelona en ese día inmarcesible que unos llamaban el nou nou (nuevo nueve) y otros llamaban «proceso participativo»; y allí se nos ha instalado por el momento.

Primero fue un referéndum que no era referéndum, organizado por el Gobierno catalán, que a veces desmentía su protagonismo y otras lo asumía orgullosamente, según soplara el viento político-judicial; mientras tanto, el Gobierno español se pertrechaba de prohibiciones del Tribunal Constitucional para después no hacer uso de ellas «por prudencia». El éxito del «no referéndum participativo» se anunció el día antes de su celebración, advirtiendo sus organizadores subrogados (la llamada Assemblea per Catalunya y el Ómnium Cultural) que seguramente no habría mucha afluencia -como así fue-, pero que se proclamaría el éxito en todo caso -como así fue también-. En efecto, al parecer acudieron a las urnas unos 2.250.000 ciudadanos, aproximadamente el 37 % del censo electoral (ambas cifras, la de votantes y la del censo, son al parecer estimativas, ya que no se pudo construir un verdadero censo electoral -máxime cuando se permitió votar a adolescentes y a inmigrantes no correctamente registrados). De los votantes, el 80,7 % (que viene a ser un 30 % del censo electoral) votó por la independencia. Como estaba anunciado, estas cifras fueron definidas como gran triunfo por los organizadores y los pseudo organizadores, ninguno de los cuales era neutral, ni pretendía serlo, lo cual no otorga mucho valor a los resultados. Tanto menos valor cuanto que, a tenor con todo lo demás, los resultados se hicieron públicos antes del recuento, es decir la misma noche de la votación, habiéndose anunciado el recuento para el día siguiente. Esa misma noche, envalentonado por la «prudencia» del Gobierno español, el presidente catalán, lanzó su anterior precaución por la borda y se proclamó responsable máximo, solidariamente con su Gobierno, de la organización del «proceso participativo.» Según las encuestas, esto le produjo réditos electorales inmediatos.

El siguiente episodio esperpéntico también sucedió en la ciudad condal. Ni el Gobierno español ni el Constitucional, «por prudencia» una vez más, se habían atrevido a especificar las consecuencias que acarrearía la desobediencia a sus prohibiciones. Pero a la vista del triunfalismo de los nacionalistas, ya a toro pasado, el Gobierno empezó a pensar que quizá se había excedido en la prudencia e instó a la Fiscalía a incoar procedimiento contra los intermitentes organizadores del proceso o nou nou. La incoación se anunció como inminente, pero resultó menos inminente de lo proclamado. Resultó que había una especie de rebelión en las filas de los fiscales barceloneses: contagiados sin duda por la prudencia del Gobierno español y la euforia del catalán, no veían delito en la reiterada desobediencia (sí «deslealtad», distinción realmente sutil) al Constitucional, ni en el uso de fondos y bienes públicos para colaborar en la deslealtad. Siguieron unos días de confusión judicial, que parece que se va a resolver con la incoación de procedimiento por parte del fiscal general, saltándose a los díscolos fiscales locales. Nueva ceremonia de la confusión, cuyo fin no se ve totalmente claro todavía.

Es evidente que la política de los gobiernos españoles (no sólo el actual) hacia la persistente deslealtad de los nacionalistas catalanes iba a producir los actuales niveles de esperpento. Pero se ha pasado de la vista gorda ante propaganda, hechos, déficits, deslealtades, violaciones de la Constitución, y un largo etcétera, a una defensa numantina de esta misma Constitución cuya rigidez férrea (es casi imposible de modificar en cuestiones sustanciales) constituye ya una amenaza a todo el sistema político actual. Hace unas semanas (18-11-14), en estas mismas páginas, Rodrigo Tena proponía reformas constitucionales muy necesarias, pero dificilísimas de llevar a cabo. Lo que le faltaba era proponer una simplificación del sistema de enmiendas. Ojalá pudieran introducirse las que proponía.

Entretanto, Max Estrella, como Don Quijote, se ha trasladado de la Meseta a Barcelona y, como colofón de todo lo anterior, el Rey Arturo Mas ha trazado el camino de baldosas amarillas hacia el Santo Grial de la Independencia; por desgracia, no todos los caballeros de la Tabla Redonda están dispuestos a seguirle. El esperpento continúa.

Gabriel Tortella es economista e historiador.

Emplazamiento ante las Cortes
ALEJANDRO NIETO.  ABC. 4 Diciembre 2014

· Hoy no es admisible que dos partidos cocinen desde la Generalitat el pasado, presente y futuro de Cataluña ni que dos o tres políticos troceen por su cuenta la Península Ibérica. Siguiendo los conocidos argumentos de Rajoy, la soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2 de la Constitución). Pero ¿quién puede hablar en nombre del pueblo español?

Mariano Rajoy no quiere dialogar porque la soberanía nacional es irrenunciable. Oriol Junqueras tampoco quiere negociar porque la independencia de Cataluña es irreversible. Artur Mas pone condiciones a los posibles contactos. Pero si no se habla nos quedamos como estamos, aunque con una fuerte deriva hacia la violencia civil. Un laberinto, cada día más agobiante, que parece no tener más que dos salidas: o la intervención del Ejército o la declaración unilateral de independencia, o las dos cosas juntas.

Algunos, quizá la mayoría, instan al diálogo pensando que hablando se entiende la gente. Una operación, sin embargo, nada fácil cuando los protagonistas no quieren. La verdadera dificultad estriba, con todo, en que no sabemos de qué se puede hablar, hasta dónde se puede llegar ni a quiénes corresponde hacerlo. ¿Hay, en efecto, una alternativa que pueda ofrecerse a la independencia? Y, sobre todo, ¿cuáles serían las contrapartidas a una renuncia a la independencia inmediata? Porque detrás del problema catalán está el problema de todas y cada una de las demás comunidades y la amenaza de la desigualdad comparativa, que nadie perdona.

Ahora bien, lo que más interesa en este momento es la determinación de los protagonistas del diálogo, dado que no están legitimados los enumerados al principio. Ya no estamos en los tiempos del tratado de Utrecht o de la Santa Alianza. Hoy no es admisible que dos partidos cocinen desde la Generalitat el pasado, presente y futuro de Cataluña ni que dos o tres políticos troceen por su cuenta la Península Ibérica. Siguiendo los conocidos argumentos de Rajoy, «la soberanía nacional reside en el pueblo español» (art. 1.2 de la Constitución). Pero ¿quién puede hablar en nombre del pueblo español? No, desde luego, el presidente del Gobierno, sino las Cortes generales, puesto que son estas las que «representan al pueblo español» (art. 66.1). Lo cual significa que este asunto no puede ser despachado, y menos en secreto, entre Mas y Rajoy (aunque estén asistidos por Junqueras y Arriola), porque afectando a todos los españoles debe debatirse en público y por los representantes de todos. Los ciudadanos tienen, como mínimo, derecho a enterarse de lo que piensan y dicen, y para eso están las Cortes generales.

Otra cosa sería una usurpación de dos presidentes y de dos partidos políticos que se arrogan facultades que no tienen y que encima se permiten cerrar las puertas de salida. En otras palabras: Rajoy y Mas no pueden negociar con valor constitucional y lo que tienen que hacer es pasar el asunto a las Cortes, si es que quieren que de veras se cumpla la Constitución y no bloquearla, que es lo que están haciendo.

Tal es el verdadero mandato constitucional, al que quiero añadir una modesta precisión propia, a saber: la invocación a las Cortes generales no es para pedir de ellas una decisión inmediata sobre Cataluña. Eso sería prematuro, ya que en la actualidad ni los ciudadanos ni los diputados tienen información suficiente para dar un paso definitivo. El ruido que producen los medios, los tertulianos, las manifestaciones callejeras nos impide enterarnos de lo que sucede realmente y de adquirir un juicio fiable.

El primer objetivo ha de ser, por tanto, el conocimiento real de la situación y la postura sincera de los partidos. Y a tal efecto no bastan las declaraciones de unos personajes ante la prensa o ante sus amigos. Hay que dar la oportunidad a todos los políticos en un debate abierto, cara a cara, con posibilidades ilimitadas de ser contestados y rebatidos. Y ese lugar es cabalmente el Parlamento, donde las personas informan y los partidos «se mojan». Hasta que esto suceda, los españoles únicamente están en condiciones de vivir pasivamente, como si no les afectase, o de adoptar una actitud visceral; y es el caso que, si la razón no les ayuda, vivirán cada día más incómodos y al final terminarán chocando.

Luego, después de ese debate, cuando ya estén debidamente ilustrados, vendrá la hora de las decisiones. Mientras tanto, lo único que puedo decir es que, como elector de Madrid, no autorizo a Rajoy para que hable (o se calle) o decida en mi nombre. Y lo mismo a Mas, si fuere elector de Cataluña. Con la Constitución en la mano, a mí no me representan el presidente del Gobierno ni el jefe de un partido al que no he votado. Únicamente acepto la decisión de las Cortes generales. Ante ellas quedan, por tanto, emplazados todos, y cesen ya las cábalas y maniobras. El «pueblo soberano» ya está cansado.

Esta propuesta no ignora, naturalmente, la posibilidad de que sea falseada o, dicho más claramente, de que se hagan trampas, a las que tan acostumbrados están los ciudadanos. Cualquiera que conozca los reglamentos de las Cámaras sabe lo fácil que es provocar el descarrilamiento (o la paralización, que no se sabe lo que es peor) de un proceso legal y razonable. Los partidos políticos pueden, si quieren, falsear el funcionamiento parlamentario de tal manera que la voluntad de los diputados sea sustituida por la de su partido y esta por la de su jefe, de tal manera que el debate se convierta en una farsa y sigamos como hasta aquí.

No hay que descartar que así suceda; pero también se sabe el precio que tienen las trampas: el fullero pierde su legitimación. Los españoles están deseando que se pongan cuanto antes las cartas boca arriba y saber quiénes están jugando y quienes operan honestamente. Ya están hartos de ambigüedades, fanfarronerías y engaños. Ya es hora de que se cuente con ellos y de que las Cortes les ilustren y les saquen del callejón en que se les ha metido.

ALEJANDRO NIETO ES MIEMBRO DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS
 


La culpa la tienen los catalanes

Pedro de Hoyos Periodista Digital 4 Diciembre 2014

…de lo que ocurre en Cataluña, naturalmente. De la misma forma que el resto de los españoles la tenemos de lo que ocurre en el resto de España, obviamente. Les estoy hablando de los nuevos presupuestos para 2015 que presenta la Generalitat. Todos somos responsables de lo que votamos, no ya individualmente sino de aquellas soluciones que colectivamente hemos elegido para gobernarnos.

La Generalitat aumenta un 36% el gasto en embajadas –publicidad para su campaña independentista- mientras apenas eleva un 1’5% el presupuesto en Sanidad. Y Artur Mas se queda tan ancho porque sabe que la sociedad, su sociedad, la que lo vota, lo admite, lo tolera y hasta lo aplaude. Viva la independencia, coño.

En cualquier otro país civilizado, incluso en el resto de España, la oposición pondría el grito en el cielo y armaría la de San Quintín en el Parlamento. ¿Y qué me dicen de la prensa y de los medios en general? ¿Sospechan los titulares al día siguiente? ¡Me imagino a Pablo Iglesias y su chavismo bolivarianismo castrismo asediando las sedes del PP! ¿Qué creen ustedes que harían en la Puerta del Sol aquellos (sus) indignados que estuvieron acampados si Mariano Rajoy hiciera otro tanto en los presupuestos generales de España? El olor a gasolina quemada llegaría de Murcia a La Coruña…

Pero no, en Cataluña esto no parece pasar y Artur Mas se puede permitir estos desmanes porque a un número elevado de catalanes les parece bien, porque la prensa no lo denuncia con suficiente acritud y porque la oposición carece de conocimientos, voluntad o capacidad para hacer llegar su opinión al resignado votante.

¿Y la sociedad civil? La sociedad civil catalana ha estado ausente del panorama ciudadano como lo estuvo Rajoy. El pueblo es manso y humilde. También en la tan europea Cataluña. Sólo en las últimas semanas antes del referéndum chiste una parte de ella se organizó para defender sus intereses… ¿Y ahora?

El 73% de los vascos tiene el español como lengua materna, pero ningún niño puede estudiar íntegramente en esta lengua en la escuela pública
Redacción. Bilbao.www.latribunadelpaisvasco.com 4 Diciembre 2014

Cuatro décadas de imposición idiomática nacionalista y millones de euros invertidos en convertir en esencial una lengua que por su valor instrumental apenas daría para ser asignatura optativa en cualquier plan de estudios con un mínimo de rigor, no han dado el resultado esperado por los apologetas de la patria vasca inventada: el 73% de los niños vascos tiene el castellano como lengua materna y poco más del 20% de los ciudadanos de la comunidad autónoma habla en euskera, cifra que, además, cobra todo su significado si se tienen en cuenta estos otros dos datos: solamente el 27% de los vascoparlantes cree que domina bien el idioma y más del 60% de éstos afirma que apenas pueden leer o escribir en esta lengua. Por si todo esto fuera poco, entre el total de hombres y mujeres bilingües que hay en la comunidad autónoma vasca, el 61% se siente más cómodo hablando en castellano, mientras que solamente un raquítico 17% afirma sentirse más a gusto expresándose en euskera.

Estos datos, extraídos del informe "Euskera: Uso, actitudes, políticas" elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco dirigido por el sociólogo Víctor Urrutia, revelan hasta qué punto el vascuence es un idioma artificialmente mantenido y sustentado sobre dos efectivas estrategias impositivas implantadas durante casi cuarenta años años de control nacionalista de las instituciones: la obligatoriedad, en la mayor parte de los casos sin alternativa en la escuela pública, de que los niños vascos desarrollen sus estudios íntegramente en euskera y la conversión de este idioma en el gran filtro que da acceso a los principales ámbitos de poder de la comunidad autónoma. De hecho, así lo entiende también la población vasca que, en su mayor parte, un 85%, es consciente de que, hoy en día, en Euskadi, saber euskera da más oportunidades de progreso y desarrollo, aunque menos de la mitad de los ciudadanos considera que conocer este idioma proporciona “un mayor prestigio social”. Además, un 68% de la ciudadanía considera que “el desarrollo del euskera se solucionará con el tiempo, porque los niños ya lo aprenden en la escuela”.

El informe del Ejecutivo autónomo señala también que, frente a lo que el secesionismo vasco más obtuso da por sentado, solamente la mitad de los ciudadanos de Euskadi considera que el euskera es la lengua de los vascos por excelencia, aunque el 64% de la población opina que es imprescindible gastar dinero público en la promoción de este idioma y un 72% se muestra de acuerdo con que “es imprescindible que los funcionarios que trabajen de cara al público hablen euskera”
Euskera. uso, actitudes, políticas.pdf [1,47 MB] http://latribunadelpaisvasco.com/descarga/42

LA OPRESIÓN NACIONALISTA
Mas intenta endosarle una multa millonaria a Antena 3 para amedrentar
Benjamín López ESD  4 Diciembre 2014

El CAC, como Mas y como los nacionalistas catalanes en general, tiene la mandíbula de cristal. No acepta una crítica que vaya contra el pensamiento oficial de la Generalitat.

La maquinaria opresiva del nacionalismo catalán no tiene barreras, ni vergüenza. El órgano de censura de la Generalitat, el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), ha propuesto una sanción de hasta un millón de euros a Antena 3 TV por unas declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, el pasado 15 de octubre, dentro de la tertulia política del programa Espejo Público.

¿Qué merece tamaño castigo?, se preguntarán. Es fácil intuir que el ex portavoz del Gobierno con Aznar habló del proceso soberanista de Artur Mas y que no lo hizo precisamente en términos amables. "El problema que tiene Mas es que él quiere ser víctima del… de alguien. Y como no le hacen ni caso nadie está desesperado. Lo que le falta es un fusilamiento y entonces estaría estupendo (…). No se puede estar más tiempo ocupando un puesto de responsabilidad, porque ha hecho el ridículo absoluto. Pero él está todavía ahí a ver si… (…) alguien del Gobierno se equivoca… y les manda… él quiere los caño… la Guardia Civil, él quiere ahí la Guardia Civil, que le detengan.", dijo Rodríguez.

Si eso merece una multa de un millón de euros, Mas tiene el problema del déficit resuelto porque se va a hinchar a recaudar millones y millones. Probablemente, aplicando ese baremo, este periodista ya le debe varios a la Generalitat.

Es más, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe ir preparando la cartera porque en su comparecencia en La Moncloa tres días después del 9-N afirmó lo mismo que Rodríguez pero con otras palabras: "algunos de los convocantes querían otro tipo de fotos", dijo entonces para defender la actuación "prudente" de su Gobierno.

El delirio de esta gente les lleva a argumentar su fallo con razonamientos supuestamente jurídicos. Recuerda mucho a los juicios sumarísimos de las dictaduras en los que los tribunales se molestan incluso en emitir una sentencia, como si allí de verdad se hubiera impartido justicia.

En esta ocasión, y en otras tantas, se les ha ido la mano, tanto que tres de los seis consejeros del CAC han votado en contra. Sólo el voto de calidad del presidente ha permitido que el acuerdo saliera adelante.

La nómina de insumisos está encabezada por el ex presidente del PP de Cataluña Daniel Sirera, al que se ha sumado la representante del PSC, Carmen Figueras, -que suele dar una de cal y otra de arena-. Y, lo que es más sorprendente, también ha votado en contra la ex senadora de CiU Eva Parera. ¡Cómo será de descarado el asunto que hasta han tenido deserciones en sus propias filas!

El voto particular de estos tres consejeros asegura que la decisión del CAC equipara al "pueblo de Cataluña" con "una minoría étnica a proteger", como si Miguel Ángel Rodríguez en lugar de haber criticado, con más o menos gusto, al presidente de la Generalitat hubiera atacado a todo el indefenso pueblo catalán, oprimido y vejado por la mayoría del pueblo español.

Suena a chiste pero es lo que piensa esta gente o, al menos, lo que quieren hacer que piensen sus acólitos. El fallo del CAC se permite incluso aludir a la respuesta de la conductora del programa Espejo Público. Susanna Griso, catalana para más inri, reprendió a Miguel Ángel Rodríguez con un "¡qué bruto eres!".

Pues bien, a los censores del CAC les parece poco, consideran que Griso actuó con "pasividad" y que su actuación "no resulta la más apropiada para un profesional de un medio de comunicación".

El CAC, como Mas y como los nacionalistas catalanes en general, tiene la mandíbula de cristal. No acepta una crítica que vaya contra el pensamiento oficial de la Generalitat. Ahora bien, me pregunto dónde estaban estos señores cuando en Canal 33 –uno de los canales públicos de la Generalitat- se simularon unos disparos al Rey y al periodista Salvador Sostres.

Hasta donde sabemos el CAC ni lo ha mirado. Es una vergüenza la decisión de este organismo y, sobre todo, su mera existencia. Parece increíble que un órgano político, controlado por el partido del Gobierno, pueda suplantar a un tribunal de justicia e interpretar las leyes en relación a la libertad de expresión e incluso, llegado el caso, tenga potestad para clausurar medios de comunicación sin necesidad de orden judicial.

Lo dicho, el CAC es un órgano de censura administrativa al servicio de Mas que, en este caso, es como decir al servicio del independentismo. Claro, que si leen esto, igual también proponen para mí una multa de un millón de euros. Les mantendré informados.

Presupuestos 2015
La Generalitat aumenta un 36% el gasto en 'embajadas' frente al 1,5% en Sanidad
La leve mejora en las partidas de Sanidad y Educación palidece al lado de incremento presupuestario a los sectores de acción exterior
Redacción www.lavozlibre.com 4 Diciembre 2014

Barcelona.- El consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, presentó este martes los presupuestos catalanes para 2015, unas cuentas que podrían no llegar ni siquiera a ver la luz. Y es que nacen sin apoyos parlamentarios y su tramitación podría quedar enterrada por un adelanto electoral y porque para cuadrarlos el Gobierno catalán exige 2.500 millones al Ejecutivo central.

En cualquier caso, en estos presupuestos se reducen los intereses que la administración catalana paga por la deuda y se mejoran las partidas de Salud y Sanidad, dos de los sectores más maltratados por la crisis. Sin embargo, este leve mejora, palidece al lado de incremento presupuestario de la Generalitat a los sectores de acción exterior, y más concretamente a las delegaciones en el extranjero.

Así, tal y como publica ‘La Razón’, mientras Salud sube un 1,5 por ciento y Educación un 6,9 por ciento, acción exterior y delegaciones, un 19 y un 36 por ciento, respectivamente. Si bien es cierto que en términos absolutos estos sectores implican inversiones diametralmente opuestas, sitúan como mínimo las prioridades de la Generalitat.

 


Recortes de Prensa   Página Inicial