AGLI Recortes de Prensa  Sábado 6  Diciembre  2014

Constitución terminal.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 6 Diciembre 2014

Hoy se celebra el día de la Constitución de 1978 que entre muchos millones de españoles votamos y aprobamos en referéndum libre y democrático, con sus luces y sombras desde luego, pero con una inmensa ilusión en un futuro de libertad tras cuarenta años de dictadura. Pero como la vida misma, el paso de los años se nota y pasa factura. Aquella Constitución nacida con algunas deformidades congénitas fruto de un consenso forzado, ha demostrado su desgaste y su debilidad en cuanto sus enemigos la han puesto a prueba. Y entre sus enemigos más insospechados se encuentran aquellos que colaboraron en su redacción y que durante estas más de tres décadas han traicionado su espíritu para ceder a los chantajes separatistas y la amenaza del terrorismo de ETA cuyas víctimas siguen reclamando Justicia.

Hoy, desde la más profunda desunión, el PSOE plantea una reforma de la Constitución populista y demagógica con la meta ambigua de realizar un cambio en el sistema e ir a un Estado Federal para dar “encaje” a las pretensiones de los separatistas catalanes y vascos que aspiran a su total independencia y que no admitirán condiciones que supongan la equiparación con el resto de comunidades o nuevos estados federales. Un chantaje dilatado en el tiempo que se lleva produciendo desde la misma aprobación de la Constitución en una inacabable petición de supuestas reclamaciones históricas, económicas y de derechos inexistentes como pueblo soberano.

Es por eso que lo que pretende el PSOE y otros partidos no es una revisión o reforma de la Constitución, sino su derogación y nueva redacción. No se trata de actualización a los nuevos tiempos de integración en la UE, ni tampoco de una sosegada y sincera revisión del fracaso de modelo autonómico convertido en fuente de insolidaridad y de ineficacia de gestión. Se trata de forzar algo nuevo desde la perspectiva de crear más diferencias entre comunidades y entre los ciudadanos a base de otorgar rango de superioridad a unas sobre otras. Un error que se recogió ya en la edición de 1978 y que es el principal culpable de la deriva actual hacia la desmembración de España.

Porque la primera aberración fue aceptar como normal los privilegios de los Fueros de Navarra y el Concierto Vasco, en una relación Estado-Autonomía en plan de igualdad y sujeta a la discrecionalidad de unos pactos de equilibrios fiscales subjetivos. La segunda fue abandonar las competencias exclusivas en áreas tan básicas como la Sanidad y la Educación, permitiendo el libre albedrío en la impartición de materias lectivas y la relegación del idioma español en la enseñanza en las comunidades autónomas con lengua propia reconocida en la Constitución. Pero corregir estos errores no está en la voluntad de ninguno de los partidos políticos y menos aquellos que ostentan el gobierno de esas comunidades.

Dicen que a los enfermos debilitados por la enfermedad es necesario darles reconstituyentes. Sin embargo, lo que se pretende hacer con la actual Constitución es darle paliativos e inhibidores del dolor que acelerarán el decurso de la enfermedad hasta el “exitus” que contrariamente a lo que puedan pensar no significa éxito, sino óbito, deceso, muerte. Algunos de los llamados “padres de la Constitución” aún sobreviven y se encuentran en plenas condiciones intelectuales. Sé que su influencia política es nula, pero al menos deberían intentar alzar la voz para dar su opinión y denunciar la manipulación indigna y la tropelía que se quiere hacer a espaldas de los ciudadanos.

Los españoles debemos impedir que se consume el pacto entre los miserables que quieren proponernos un cambio radical de sistema presentado en un bloque a referéndum. Ya lo hicimos la primera vez obligados por las circunstancias y como mal menor. Pero ahora debemos luchar por el respeto de nuestra Soberanía Nacional indelegable y no sujeta a mercadeo.

36 años: lo que pudo ser y no ha sido
Pedro Juan Viladrich www.gaceta.es  6 Diciembre 2014

Tiene excepcionales méritos la Constitución de 1978. Por ejemplo. Fue fruto unánime de la voluntad de la nación española de dejar atrás, definitivamente, no sólo un régimen autoritario no democrático, el del General Franco, sino también las convulsiones, discordias e inestabilidad de nuestra historia constitucionalista, desde la Pepa de 1812 hasta la de la II Republica. El pueblo español no quería las dos Españas, aquellas en las que cada una hiela el corazón de la otra. Y el pueblo español quería que esta revolución se hiciera de modo pacífico, empleando el Derecho y el consenso, en vez de la violencia y sus paredones, las exclusiones, purgas y los exilios. En razón de esa vía -el cambio en paz y consenso-, fuimos la sorpresa, la admiración y el ejemplo del mundo. Se le llamó el Espíritu de la Transición. Gracias a ello, la Constitución vigente abrió el período de convivencia democrática y de crecimiento económico- social más dilatado del que hemos disfrutado en nuestra historia.

Uno de sus méritos mayores –no el más conocido- fue ofrecer un proyecto moderno e ilusionante de Nación y de Sociedad a los españoles. Se llamó sociedad democrática avanzada en un Estado social de Derecho, inspirado en realizar los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo. No se trataba, por así decirlo, de recuperar Flandes o las Américas, ni de embarcarnos en ninguna Cruzada. Consistía en un programa de valores democráticos avanzados y de configurarnos como una sociedad que los vive de modo expreso y comprometido ante sí misma y ante el mundo. Nos lo creímos, necesitábamos creérnoslo. Por si tienen dudas, les recomiendo leer el Preámbulo. El proyecto que nos proponíamos ser en el 78 tenía los siguientes cinco pilares:

(1)“Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. (2)Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. (3)Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. (4)Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. (5)Establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz colaboración entre todos los pueblos de la Tierra”.

Cuando se cumple el 36 aniversario, la sociedad española vive momentos muy graves de decepción, divorcio e indignación hacia sus dirigentes, no sólo la clase política, también contra la oligarquía económica. ¿Qué queda de aquellos cinco objetivos, que tanto ilusionaron en el 78, que nos prestigiaron ante el mundo, que respondían al alma popular, a nuestra necesidad de reincorporarnos entre las naciones con una identidad digna e integradora? ¿Quienes los han traicionado? ¿Quiénes son los responsables del enorme vacío de proyecto nacional que padece España, tan ostensible a la hora de explicar en Cataluña y el País Vasco -por ahora- quienes y qué somos juntos, como españoles, y por qué mejor unidos, entre nosotros y ante este mundo globalizado, que separados?

Repasen cada punto del proyecto del 78, y verán como acuden a su memoria los desgraciados hechos y actuaciones desleales, durante estos 36 años, con los que los dirigentes han ido corrompiendo y traicionando la voluntad popular y constitucional del 78. Los menores pero muy significativos como, por ejemplo, las vergüenzas y ataques a los signos nacionales, las despreciativas ausencias en las conmemoraciones, los eufemismos para evitar la mención de España… ¿Para que seguir? Y entre los mayores, la corrupción del Estado de Derecho y su separación de poderes, la colonización depredadora de las Instituciones sociales –desde los órganos de control y entidades financieras, hasta la Universidad y las empresas-, la corrupción y saqueo de las arcas públicas y privadas, la politización separatista de nuestras lenguas, la cultura del enriquecimiento a toda costa, entre otros, al precio del empobrecimiento de las gentes y del desempleo. ¿Para que seguir…?

Y ahora, estos dirigentes me cuentan que la nueva pócima milagrosa, la que en un plis plás nos curará de todos los males, que la misma casta nos ha infringido, es una nueva Constitución. Y, como me acuerdo de lo que han hecho con la del 78, me quedo más perplejo y tonto que Abundio. Para no ser mal interpretado, digo: no estoy en contra de la reforma de la actual, al contrario, creo que sería bueno. Pero ¿dónde está el consenso necesario para ello, si los políticos actuales no saben más que pelearse por cualquier minucia? Y, sobre todo; ¿cuál es el nuevo proyecto nacional? ¿Es que lo hay? ¿De verdad, son capaces de diseñar uno que valga la pena? No es que lo dude, es que no lo veo por ninguna parte. No es la letra de la ley –una nueva-, es el espíritu con que se la interpreta, respeta y cumple. Y ¿qué espíritu tiene esa casta que padecemos, incluida la pícara que pretende representar nuestra indignación? ¿Conoce mi lector algún político capaz de ser padre constituyente? ¿Padre de qué, en concreto y con valor, que no sea la palabrería que usan para sus trifulcas?

Constitución sin régimen
KEPA AULESTIA. EL CORREO.   6  Diciembre 2014

· El Sociómetro vasco aflora un independentismo del ‘todo incluido’ que, como en Cataluña, reclama las ventajas de la autonomía y apura los beneficios de pertenecer a España.

El secretario general socialista, Pedro Sánchez, adelantó al jueves la celebración hoy del 36 aniversario de la Constitución, presentando en el Congreso de los Diputados una iniciativa procedimental: la creación de una subcomisión, dentro de la Comisión Constitucional, para abordar el estudio de su reforma. Lo hizo después de llamar por teléfono al presidente Rajoy para anunciarle su propósito, en un rasgo de lealtad institucional. Hoy, 6 de diciembre de 2014, dos cosas parecen claras. La más inmediata es que esa ‘subcomisión de la Comisión’ no verá la luz en esta legislatura, porque la mayoría absoluta del PP lo impedirá. Lo último que admitiría Rajoy ahora sería un desfile de jurisconsultos deshilachando la Carta Magna, removiéndole aún más la tierra sobre la que desearía descansar en algún momento. La otra evidencia es que la actualización constitucional será inexorable según comience la próxima legislatura y en la propia campaña de las elecciones generales. Las estrategias de contención acaban a menudo anegadas por el desbordamiento.

Pero la diatriba pública sobre si la Constitución ha de reformarse cuanto antes, la resistencia a hablar del tema, y la irrupción ‘constituyente’ de Podemos está generando una ilusión equívoca: la creencia de que el origen de los males y la clave de todas las soluciones se encuentra en la Carta Magna. El tabú de Rajoy alimenta el tótem de Sánchez ante el escepticismo general. Los socialistas se aferran a su propuesta porque intuyen que puede ser la tabla de salvación que les permita preservar la cohesión interna y les procure un discurso visual para un año –hasta las generales de noviembre de 2015, pasando por las locales y autonómicas del próximo mayo– que se hará interminable. El argumento de que el texto constitucional refrendado en 1978 debería actualizarse puede ser irrebatible, atendiendo tanto a la caducidad de sus previsiones como al cambio generacional. Pero de ahí a suponer que la reforma constitucional desataría el nudo gordiano en que concurren las carencias del estado del bienestar, la podredumbre de la corrupción y las tensiones territoriales dista un abismo.

La reforma de la Constitución ha de ser resultado de un diagnóstico coincidente en cuanto a su necesidad y de una voluntad convergente en lo que respecta a su nuevo articulado. Entre otras razones porque su redacción definitiva requeriría el previo encauzamiento de los problemas que aquejan a la sociedad y al sistema democrático. La Carta Magna puede preservar de manera más explícita e incontrovertible la división de poderes. Pero sería imposible depositar en su nuevo contenido virtudes que la partitocracia no esté dispuesta a ejercitar de antemano aplicando, para empezar, las propuestas consensuadas esta misma semana por los jueces decanos. Media docena de retoques a la Constitución de 1978 podrían subrayar su carácter social. Incluso el socialismo de Pedro Sánchez puede aspirar al simbólico acotamiento de la reforma del 135 pactada entre Rodríguez Zapatero y Rajoy. Pero de poco serviría enunciar un supuesto «blindaje» de la sanidad, la educación y las pensiones en el plano de los principios constitucionales cuando su situación estará sujeta siempre a dos variables: la disponibilidad financiera según criterios de consolidación fiscal y el cuadro de prioridades que tracen las mayorías políticas de turno.

En cuanto a su dimensión territorial, la reforma propuesta por Pedro Sánchez presenta dos serios inconvenientes. Por una parte, el objetivo de delimitar las competencias respectivas de la Administración central, de las comunidades autónomas y de los municipios constituye un desideratum que se enfrenta a la propia lógica de un Estado compuesto y sometido a tensiones e intereses políticos, y también a la cambiante naturaleza de la capacidad reguladora de las instituciones en un entorno global. Hoy resulta 36 años más difícil delimitar competencias que en 1978. Junto a ello se da la circunstancia de que es creciente el ánimo de aquellos españoles que querrían dejar de serlo. Ánimo que no se sostiene sobre la nada, sino que se eleva sobre la realización y el disfrute de los autogobiernos catalán y vasco. Una reforma federalizante del Estado autonómico no solo es poco atractiva para el empeño soberanista, sino que conlleva un diseño uniformizador que podría acelerar las agendas independentistas anulando las virtudes teóricas del empeño.

Aunque esto no es ninguna tragedia. A veces parece más bien una comedia interpretada por los prejuicios, la identidad y el sentido común. El Sociómetro que el Gobierno vasco hizo público ayer ha defraudado, sin duda, a los entusiastas del soberanismo. Los cuales no entenderán cómo a Urkullu se le ocurre mostrar esa imagen de país. O pensarán que el país descrito en la encuesta se le parece tanto a Urkullu que resulta hasta sospechoso. Pero más allá de la discusión que se produzca entre quienes se consideren herederos de la ‘casa del padre’, el Sociómetro revela la existencia de un ‘independentismo todo incluido’. Quiero más, pero sin arriesgar nada de lo que tengo. No nos vamos a engañar, en este diminuto país nos conocemos todos. Del mismo modo que aciertan a conocerse en ese otro país, tres veces mayor que el nuestro, llamado Cataluña. No es ningún desdoro. En esto del futuro colectivo no hay suicidas en las sociedades abiertas. Siempre quedará algún margen para el entendimiento.

A no ser que se imponga la apertura de un período constituyente, por el que abogan los denunciantes del ‘Régimen del 78’, los de Podemos. Se trata de un hallazgo en términos de comunicación, que ocupa el renglón siguiente a ‘la casta’. Pero no hay ningún Régimen que actúe como custodio de lo establecido. Más bien es un estado de cosas caótico, y sin duda interesado, que intenta pervivir otro año y por ello queda a merced de quien venga de nuevas a cambiarlo todo.

Cierto desorden
Santiago González. El Mundo del País Vasco*  6  Diciembre 2014

Algún día nos preguntaremos si alguna vez existió una banda terrorista que asesinó a un número impreciso de ciudadanos, entre los 829 que tiene contabilizados Interior y los 858 registrados en el estudio que sobre todas y cada una de las víctimas del terrorismo elaboraron Florencio Domínguez, Rogelio Alonso y Marcos García Rey. La Secretaría de Paz y Convivencia que conduce Jonan Fernández, mantiene una posición ecléctica en lo cuantitativo: 849. Es un asunto muy notable que la Secretaría susodicha no haya requerido información de los tres profesionales citados y se haya bastado con un equipo encabezado por el periodista Carlos Fonseca, auxiliado por el emérito Martín Pallín, una profesora de Derecho Penal y un ex director de Apoyo a las Víctimas en la época de Zapatero.

No hay en la lista un orden (alfabético, cronológico) de las víctimas, y sí algunas imprecisiones, la más notable de las cuales es la del superintendente de la Ertzaintza, Carlos Díaz Arcocha, asesinado en Vitoria el 7 de marzo de 1985. Junto a su nombre, en la columna ‘Situación procesal’ puede leerse: ‘Epaia/sentencia’. El asesinato de Díaz Arcocha es uno de los crímenes de ETA sin esclarecer. Lo cuentan Domínguez, Alonso y Gª Rey en el libro citado ‘Vidas rotas’: “El crimen del superintendente de la Ertzaintza no ha sido judicialmente resuelto y los distintos sumarios abiertos en la Audiencia Nacional no han permitido esclarecer quiénes fueron los asesinos”.

La impunidad de este crimen es una vergüenza para el Gobierno vasco y para la Policía que Díaz Arcocha creó. También es desalentadora la impunidad de quienes asesinaron a los servidores de la Ley, como el juez José María Lidón, asesinado en Guecho el 7 de noviembre de 2001, cuando salía de su casa en compañía de su mujer. El equipo de trabajo de Fernández ha dictaminado que hubo Epaia/sentencia y así es si se considera como tal la que condenó en diciembre de 2005 a Orkatz Gallastegi, el chivato de ETA que pasó a la banda información sobre el juez, sus horarios, vehículo, itinerario y medidas de seguridad. Aunque una pistola usada en este asesinato fue encontrada junto a los cadáveres de los terroristas Hodei Galarraga y Egoitz Gurrutxaga, fallecidos en Bilbao al explotarles la bomba que llevaban, en septiembre de 2002, vivían en Francia el año anterior y no pertenecían al comando Bizkaia. Ellos no fueron sus asesinos.

Es rigurosamente incomprensible, por último, que los guardias civiles Diego Salvà Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada, asesinados el 30 de julio de 2009 tengan junto a sus nombres la anotación ‘Causa instruída en Francia’. ¿Por qué habían de instruir en Francia el asesinato de dos guardias civiles cometido en la localidad mallorquina de Calvià? Misterio. ¿Por qué el Gobierno vasco no es partidario de exigir a los terroristas colaboración con la Justicia antes de considerar medidas de gracia? Esto fue hecho público ayer, primer día de libertad de Santi Potros, 35 asesinatos y sin colaborar. ¿Para qué, si se lo pueden arreglar tres jueces de la Audiencia Nacional sin un mísero ‘Señor, pequé’, y en un pispás?
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* En la versión publicada en El Mundo del País Vasco se da como fecha del fallecimiento de Galarraga y Gurrutxaha noviembre de 2001, que fue la del asesinato del juez Lidón. Los dos terroristas citados murieron el 23 de septiembre de 2002.

¿Hay que intervenir las CCAA? La Autoridad Fiscal pone el debate sobre la mesa
Antonio Maqueda www.vozpopuli.com 6 Diciembre 2014

La Autoridad Fiscal presidida por José Luis Escrivá reacciona ante el remoloneo de Hacienda con las Comunidades. Y no le falta razón. Con dos elecciones de por medio y un objetivo de déficit muy exigente, el 2015 se antoja un año harto complicado para rebajar el agujero presupuestario. No podemos perder un tiempo precioso.

“Señor Montoro, una vez conocidos los datos de déficit y después de tantos trimestres de incumplimientos de las Comunidades… ¿cuándo va aplicar el artículo 135 de la Constitución a los gobiernos autonómicos”, ésta es la pregunta que en numerosas ocasiones ha lanzado un conocido periodista económico al titular de Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tras varios años de sucesivos incumplimientos de los déficits por parte de una serie de Autonomías, ¿qué sucede para que no se tome una acción decisiva respecto a las cuentas autonómicas?

Y eso mismo se ha preguntado el presidente de la nueva Autoridad Fiscal Independiente, José Luis Escrivá. Después de haber conseguido reducir el déficit en 2012 y 2013, no hace falta ser un experto para apreciar que el ajuste de las Comunidades ha tocado hueso y no progresa como debería. Entre el horizonte electoral, las amenazas independentistas, la calma de los mercados y el advenimiento del populismo, cuesta mucho más avanzar en el proceso de consolidación fiscal. La presión ha remitido. Casi con un año de retraso, Hacienda ni siquiera ha aprobado todavía los planes de reequilibrio que debían haber adoptado las Comunidades que sobrepasaron las metas de déficit en 2013.

Además, por sus propias estructuras de gastos e ingresos, las Comunidades tienen algo más complicado lograr el ajuste. Muchos de los gastos están vinculados a la educación y la sanidad, unas partidas más difíciles de recortar. Los desembolsos en intereses cada vez son mayores según va aumentando la deuda. Y los ingresos dependen de un ciclo inmobiliario que no retorna y de unas liquidaciones tributarias que sólo traerán la recuperación de los ingresos dos años más tarde.

El desfase presupuestario de las Comunidades Autónomas es un riesgo muy importante de cara al exigente objetivo de déficit de 2015

Así las cosas, el riesgo evidente consiste en que este año el desfase acabe en unos niveles similares a los del año pasado. Quizás en 2014 eso no sea un problema porque el Estado está arañando de otras rúbricas y beneficiándose de la recuperación de los ingresos de forma que podría compensar el agujero de las Comunidades. Pero eso no va a pasar el año que viene teniendo que recortar el déficit del conjunto de las Administraciones en unos 12.000 millones de euros. 12.000 millones es muchísimo dinero. Y todavía lo será más con dos procesos electorales de por medio, tal y como alerta la Autoridad Fiscal Independiente.

Ahora mismo los mercados están calmados. Pero las vulnerabilidades de la economía española teniendo que acudir fuera a refinanciarse todos los meses son grandes. España todavía acumula un cien por cien de deuda con el exterior entre lo público y lo privado. Si vence el populismo en las urnas, la eurozona se estanca y el BCE no consigue convencer a los mercados, las turbulencias podrían reproducirse. Y Escrivá no es nada ajeno a estas cuestiones. Así que ha empezado a hacer campaña cual Pepito Grillo recordándole al Gobierno sus debilidades presupuestarias:

“Conviene recordar, en este sentido, que el desbordamiento de los objetivos presupuestarios de las Comunidades Autónomas en el entorno de sus procesos electorales afectó negativamente en el pasado a la credibilidad de las cuentas públicas españolas con consecuencias graves para las condiciones de financiación del país”, sostiene Escrivá en una carta dirigida al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

“Conviene recordar que el desbordamiento de los objetivos presupuestarios de las Comunidades en el entorno de sus procesos electorales afectó negativamente a la credibilidad de las cuentas", afirma Escrivá.

La misiva del presidente de la Autoridad Fiscal concluye que ante el manifiesto riesgo de incumplimiento Hacienda debe activar las medidas preventivas previstas en el artículo 19 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es decir, el primer paso del largo y arduo proceso hacia la intervención de una Comunidad.

Dicho mecanismo resulta lento y plagado de formalidades. En primer lugar, Hacienda debe presentar una amonestación razonada al Consejo de Ministros para que éste haga oficial la advertencia al ejecutivo regional, precisamente la iniciativa que recomienda Escrivá. A partir de ahí, el gobierno autonómico tiene un mes de plazo para atenerse a las exigencias de Hacienda. Transcurrido ese periodo, siempre y cuando siga instalada en la contumacia, la Comunidad cuestionada verá como le suspenden las operaciones de endeudamiento, las subvenciones y los convenios.

Y si incluso así el gabinete autonómico continúa sin acatar las normas, entonces se le dará un ultimátum de 15 días para aprobar un decreto de no disponibilidad de créditos, es decir, recortes del gasto. Al mismo tiempo, tendrá que depositar el 0,2 por ciento de su PIB regional en una cuenta del Banco de España que le generará intereses. A los tres meses de rebeldía, la cuenta dejará de devengar los intereses y, tres meses más tarde, Hacienda se quedará con todo el dinero en concepto de multa.

En ese mismo instante, se enviará a los hombres de la Intervención General del Estado a la Autonomía, con el fin de que la inspeccionen y determinen un paquete de medidas que deberán obedecer los funcionarios de la Comunidad. Es decir, el primer peldaño de la intervención efectiva tarda al menos unos siete meses en alcanzarse.

Digamos que a pesar de todo esto la Comunidad se resiste, el siguiente y definitivo escalón consistiría en el emplazamiento al Senado, donde se votaría por mayoría absoluta la ejecución forzosa de las medidas y la Moncloa adquiriría la capacidad de ordeno y mando sobre todas las autoridades de la Comunidad Autónoma.

Se trata pues de un proceso harto largo y complicado, y en el que además hay mucho margen para la negociación. Sólo que la propia Hacienda reconoce que no quiere pasar por el mal trago que conlleva intervenir una Autonomía.

De modo que Hacienda simplemente ha ideado otro método de control por debajo de la mesa: la liquidez. Montoro se sirve del Fondo de Liquidez Autonómico para atar en corto a las regiones. A cambio de los fondos necesarios para pagar sueldos y gastos varios, el ministro exige ver las facturas y desnudarse. Y cuando lo considera oportuno, incluso impone mayores ajustes.

Montoro se sirve del FLA para atar en corto a las Autonomías. Pero este año parece que el sistema no está funcionando y no hay tiempo que perder para tomar medidas de cara a 2015

Todo lo cual permite a Montoro hacer política y modular las medidas según le convenga y de acuerdo con las características particulares de cada Comunidad Autónoma. A veces, con una clamorosa ausencia de transparencia. Por ejemplo, ¿qué hacer con una Cataluña a la deriva?, ¿o con una Valencia que es un bastión de su propio partido?, ¿y acaso se puede dejar a Monago bajar impuestos cuando en realidad eso afectará muy poco a sus cuentas dado que en una Autonomía pequeña el grueso del león de los ingresos procede del sistema de financiación y no de la recaudación?

Sin embargo, este modus operandi que hasta ahora parecía funcionar empieza a agrietarse. No sin cierta permisividad de Hacienda, la perspectiva de unas elecciones está restando fuerza a los compromisos de austeridad. El actual esquema deja mucho ámbito para la discrecionalidad. No se conoce qué medidas están tomando... o no. Lo que a su vez conduce a plantear qué incentivos tienen las Comunidades que sí que están cumpliendo. En apenas unos meses, podríamos encontrarnos fácilmente con una bola todavía mayor.

El peligro del que en realidad alerta la Autoridad Fiscal estriba en que no se puede perder un tiempo precioso de cara al 2015. Aunque este año se dé por perdido, se antoja fundamental que en el ejercicio que viene se pise el freno desde el principio. Si hay que esperar hasta marzo para constatar que se ha errado el objetivo y empezar a negociar el plan de reequilibrio, entonces corremos el riesgo de perder hasta ocho meses entre las elecciones, el cambio de gobierno y el verano. Si bien no hará falta pasar por todo el alambicado proceso de intervención, la Autoridad Fiscal insiste en que se empiece ahora mismo con tal de poder aplicar cuanto antes las medidas correctoras de cara a un 2015 endiablado. Escrivá ha hecho sonar las alarmas… ¿habrá algún bombero dispuesto en Hacienda?

Reforma de la Constitución, ¿para qué esas prisas?
“Toda reforma, aun cuando sea necesaria, será llevada por los espíritus mediocres hasta un extremo tal que, a su vez necesite ser reformado” S.T.Coleridge.
Miguel Massanet  www.diariosigloxxi.com 6 Diciembre 2014

Es posible que, cuando en 1978 los padres de la patria dieron por concluido su trabajo de redactar una Constitución para la democracia española, pensaran que era la mejor que, en aquellas circunstancias, se podía dar a los españoles. Entonces, seguramente, se seguía pensando que lo que importaba era que la transición de una dictadura a una democracia se llevara a cabo sin que se produjeran importantes discrepancias o enfrentamientos entre, unos, los procedentes del antiguo régimen y, otros, los que habían estado en su contra, principalmente los comunistas que, seguramente, hubiesen deseado que, en España, se produjera una nueva revolución al estilo de la soviética. Se consiguió que la transición se llevara a cabo de una forma ejemplar y todos, azules y rojos, quedaron, si no enteramente satisfechos, al menos con la conciencia de que se había conseguido evitar un cambio de régimen traumático, que no era poco.

Con el tiempo, a pesar de la calidad, preparación, interés y buena fe de todos los que intervinieron en la construcción de la Constitución de 1.978, ha quedado demostrado que hubo algunos aspectos que, fuere por la evolución natural de los tiempos, por los inevitables cambios de perspectivas de los ciudadanos, por las evoluciones generacionales o por acontecimientos posteriores que, difícilmente, se pudieron prever en aquellos tiempos, acaso debieran de estudiarse. Lo que sucede es que, aquel clima de serenidad, aquellos entendimientos entre las fuerzas políticas y aquel espíritu de salvar la transición sin convertir a España en una hoguera de conflictos; en estos momentos no se da y difícilmente se podrían dar unas circunstancias similares para que, los actuales partidos políticos, quisieran encontrar el consenso que por aquellos tiempos se logró.

Entonces, señores, ¿a qué viene este interés repentino por iniciar una reforma constitucional que, en algunas formaciones, como por ejemplo el PSOE del señor Pedro Sánchez, parece que se ha despertado? Lo cierto es que, así como está España, las circunstancias en la que se desenvuelven las formaciones políticas y la absoluta falta de acuerdo entre todas ellas, convertidas en enemigos irreconciliables en lugar de meros adversarios ideológicos; las posibilidades de iniciar un cambio de Constitución con opciones a conseguir los acuerdos precisos para aprobar una nueva Constitución que contentara a todos mutatis mutandis, sin que ello perjudicara a la unidad de España, a la misma democracia y a los auténticos intereses de los ciudadanos se nos antoja poco menos que ilusorio, irreal y ficticio. Entonces, se nos presenta la cuestión de ¿cuáles pueden ser los motivos de separatistas, progres y partidos de izquierdas para que hayan hecho cuestión prioritaria el abordar un cambio de la Carta Magna? Aquí debemos buscar el quid prodest? Y no es difícil encontrar la adecuada explicación.

Partiendo de la base de que los cambios que, los partidos de derechas o los de izquierdas, quisieran proponer para una reforma de la Constitución, con toda seguridad, serían contradictorios y, en muchas ocasiones, objeto de verdaderas batallas campales en las cámaras; no es impropio colegir que, todo ello, podría repercutir gravemente en la gobernación de la nación y, conociéndonos como nos conocemos, objeto de graves disturbios callejeros provocados por todos aquellos antisistemas y agitadores profesionales que intentarían, como lo están haciendo ahora con el legítimo Gobierno de la nación, presionar a la comisión encargada de la redacción de la nueva Carta Magna, mediante algaradas callejeras; manifestaciones y destrozos de mobiliario público o, incluso, con ataques a personas, con el fin de crear una atmósfera revolucionaria propicia a un golpe de izquierdas.

Partiendo de la evidencia de que, la calidad actual de la mayoría de nuestros políticos deja bastante que desear en cuanto a su preparación, formación, honestidad, respeto por la democracia, capacidad de trabajo y dedicación verdadera al servicio de los ciudadanos; lo primero que se nos ocurre es que, poner en sus manos la redacción de un nuevo texto constitucional sería, como menos, un acto de irresponsabilidad. Nuestra actual Constitución lleva 36 años de vigencia gracias a que, a pesar de los defectos que pueda tener (el caso de las autonomías es uno de los más graves) ha sido útil para que España se haya mantenido en paz y unida durante todo este tiempo, una hazaña sólo superada por la dictadura del general Franco. Nos preguntamos sobre las variaciones que algunos quisieran introducir en su texto. Lo primero que se nos ocurre es lo que pretenden los separatistas, que es algo así como establecer un tipo de constitución centrífuga que consintiera la diáspora de todas nuestras autonomías, permitiendo, en un harakiri convenido, el desmembramiento y la desaparición de la nación española.

Curiosamente, el PSOE, que tiene dos almas, la del PSC y la del partido socialista nacional que intentan convivir aunque ambas saben que, tarde o temprano, van a tener que separarse; algo así como los actuales matrimonios que se casan sólo para pasar un tiempo juntos. El señor Sánchez, que parece que el sacar propuestas nuevas e innovadoras no es su fuerte, insiste en seguir el camino emprendido por el señor Rodríguez Zapatero, consistente en vivir de ilusiones y pretender que una nación con sus limitaciones, como era España, disfrutara de unos beneficios sociales que no se podía permitir y... así nos fue. Ahora esgrime, con una rara y enfermiza insistencia, el tema de la federalización de España, creyéndose que, con esta memez, conseguiría solucionar el tema catalán, sin tener en cuenta, en su desconocimiento de lo que sucede en esta autonomía, que en las actuales circunstancias esta solución no es tenida en cuenta ya que, los separatistas, son plenamente conscientes de que el sistema autonómico en España es mucho mejor que un utópico cambio federal. Lo que los separatistas buscan es, pura y llanamente, un autogobierno fuera de España pero manteniendo buenas relaciones con la metrópoli y permaneciendo dentro de la CE. Otra cosa es que eso sea posible.

Mucho nos tememos que, algunos partidos extremistas, están viendo con buenos ojos un inicio de conversaciones para reformar la Constitución de 1.978; sabiendo que ello les daría la oportunidad de intentar hacer propaganda de sus propuestas populistas, conscientes de que son insostenibles y del rechazo de Europa hacia ellas, pero que serían eficaces como un medio de crear un ambiente social enrarecido que les pudiera ser favorable, sabedores de que la popularidad que han adquirido hasta ahora se la deben a que, lo que ofrecen, le resulta sumamente sugerente a una parte de los ciudadanos, que están pasando por una situación insostenible, que prefieren pensar que nada tienen que perder apostando por quienes les ofrecen algo mejor que permanecer en el paro, quedarse sin subsidio o verse obligados a recibir la caridad de las organizaciones benéficas. Lo terrible es que sólo es el cuento de La Lechera.

¿Una reforma de la Constitución, sabiendo que no existe posibilidad alguna de llegar a acuerdos? ¿Una negociación de una Constitución, prolongada excesivamente en el tiempo, que permitiera que se pusieran en cuestión los mandatos de aquella vigente provisionalmente? ¡Qué clase de locura es esta! Empezar a discutir la reforma de la Constitución al final de una legislatura, cuando hay previstas dos consultas electorales Algunos están locos o actúan como tales. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos espantados como, unos insensatos, pretenden engañar al país.

Regeneración institucional
¿Una Constitución zombi?
Ignacio Gomá Libertad Digital 6 Diciembre 2014

Una vez más llega el 6 de diciembre, trigésimo sexto aniversario de la Constitución, y hemos de disponernos a oír los tópicos característicos de la ocasión. Aunque, en realidad, este año tenemos algunas novedades: resulta que ahora Pedro Sánchez considera oportuno negociar sobre la Constitución, mientras que el presidente del Gobierno entiende que no es el momento porque hemos de centrarnos en la economía, que es la prioridad.

Desde luego, esta efemérides no debería ser ocasión para vacuas generalidades sino para reflexionar sobre si realmente ha llegado el momento de plantearse una reforma constitucional, a la vista de la crisis no sólo económica sino institucional que nos atenaza. Vaya por delante que para mí el origen del problema no es jurídico. No debemos caer en el vicio de nuestros dirigentes, que identifican hacer política con rellenar unas cuantas páginas más del BOE, aunque esas páginas sean verdadero papel mojado hecho sin pensar y para no ser aplicado, pero que, eso sí, sirven para que ellos se pongan la medalla. Por eso las proposiciones de Sánchez son simples acciones para la galería: sólo pretenden una salida airosa a sus propias contradicciones internas. La cuestión no es reformar la Constitución, sino saber en qué sentido debe reformarse el sistema político. Lo contrario es tanto como decir que como un edificio tiene goteras hay que reformar los estatutos de la comunidad.

Claro que la posición de Rajoy tampoco es muy consistente. Sin duda, como dice Michel Ignatieff, la cualidad principal de un político es saber cuándo ha llegado el momento de una idea; y el presidente entiende que todavía no ha llegado el de tocar el sistema político. Claro que si se refiere al tema territorial quizá tenga razón, porque para entrar en ese tema es preciso que se haya rebajado en muchos grados la temperatura emocional y que prevalezcan los datos objetivos y los hechos sobre las consignas. Pero, lamentablemente, la actitud excesivamente pasiva del Gobierno en el 9-N y su incapacidad para defender lo que ya está escrito hoy en la ley no hace pronosticar que en una futura fuera a prevalecer el bien común sobre el oportunismo político.

Pero es que nuestro problema político no puede quedar limitado a Cataluña o, en general, al indudable mal diseño del Título VIII, que no ha favorecido, con su incoherencia y poca claridad, la convivencia regional. No, el problema es que incluso lo que está bien diseñado y sobre el papel responde a una democracia avanzada, en la realidad languidece porque modificaciones posteriores o la simple práctica partitocrática han conducido a que pilares esenciales de la democracia se conviertan en papel mojado. Esta es la verdadera cuestión: el mandato representativo ha fenecido a manos de los partidos, que son los que ostentan el verdadero poder de decisión, sustituyendo la voluntad del representante; el Parlamento, en teoría depositario de la soberanía nacional, pierde su primacía a favor del Poder Ejecutivo y a través de él de los partidos. Se sabe de antemano y con total precisión qué proyectos van a salir y cuáles no, por lo que los debates parlamentarios son hueros, simples comparsas de lo inevitable. La voluntad del Parlamento no es ya la voluntad general, sino simplemente la voluntad de la mayoría, con lo que se degrada la esencia de la misma democracia e impide un adecuado control del Poder Ejecutivo; el dogma de la separación de poderes es una simple indicación vacía, cuando el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se encuentran politizados en sus órganos rectores, como ocurre en otras agencias de control del poder público.

El Leviatán que se consiguió trocear con la modernidad vuelve ahora recompuesto bajo otra apariencia, representada en la oligarquización de los intermediarios del poder. Cabría decir, pues, que la Constitución, forjada al fuego de El espíritu de las leyes de Montesquieu es más bien hoy un personaje de la serie televisiva Walking Dead, un zombi, más muerto que vivo, en metáfora ya utilizada por el conocido sociólogo Ulrich Beck a propósito de la familia moderna y que viene aquí muy a cuento debido a que formalmente los textos legales siguen respondiendo a un paradigma liberal que ya no existe porque la realidad política ha destrozado ese sistema de contrapesos, aunque a la cúpula dominante interese mantener la apariencia de que todo sigue igual, exacerbando el ritual parlamentario vacuo y escenificando artificiales contiendas ideológicas que en realidad responden a puras tácticas electorales enfocadas simplemente al reparto del pastel y nunca al interés general, que, por la propia dinámica del sistema, queda apartado.

Por eso, volviendo al principio, decir que no es el momento de plantearnos una reforma constitucional engloba dos engaños: primero, porque se pone en la mira la cuestión territorial, cuando el verdadero problema es el institucional, sin cuya resolución difícilmente se va a poder encarar aquel; segundo, porque ampararse en la economía para no cambiar nada es ignorar que un verdadero desarrollo económico a medio o largo plazo no se da sin unas instituciones que funcionen debidamente y que permitan que prevalezcan la verdadera justicia, la competencia, la meritocracia, la eficiencia y el sentido común. Sin ellas continuará el amiguismo, la corrupción, la ineficacia, el dispendio de recursos públicos y la mediocridad que tenemos ahora, aunque circunstancias coyunturales nos permitan respirar económicamente en un futuro.

No se puede uno escudar en la coyuntura para no hacer cosas que son imprescindibles. Al contrario, es el momento de hacerlas porque, de mejorar la economía, se perderá el impulso reformador. Pero, cuidado, es difícil que quienes manden lo hagan voluntariamente, porque ello significará que pierdan parte de su poder. Ha de ser la sociedad civil la que lo exija presionando sin desmayo para que se introduzcan las reformas necesarias para que el poder gire su mirada de las cúpulas de los partidos hacia el ciudadano, al menos en la parte necesaria para lograr el deseado equilibrio. Para eso puede que no sea imprescindible una gran reforma constitucional, y mucho menos destrozar el sistema desde fuera, como nuevos cantos de sirena que se nos ofrecen. Quizá baste con liberar al zombi de su maldición.

Ignacio Gomá, editor de ¿Hay Derecho?

La Cataluña escindida
xavier pericay ABC Cataluña 6 Diciembre 2014

En los últimos diez días hemos asistido en Cataluña a la escenificación de una sociedad escindida. El martes 25 de noviembre Artur Mas hacía públicos sus planes de ruptura en presencia de Oriol Junqueras y una legión de conmilitones, lisonjeros y estómagos agradecidos. Una semana más tarde Junqueras hacía lo propio en presencia de Mas y otra cohorte de semejante condición. Por supuesto, uno y otro habrían podido reunirse en privado, decirse lo que tuvieran que decirse y extraer de esa confrontación de pareceres algo más que unos cuantos titulares. Pero no habría sido lo mismo, claro.

El soberanismo catalán se mueve en gran medida en el terreno de lo simbólico y esos actos, aparte de acarrear casi siempre una retransmisión televisiva y una cobertura mediática desaforada, suponen un chute sentimental de primer orden, por lo que dos mejor que uno. Mientras tanto, al otro lado de la zanja cavada por el soberanismo, unas cuantas fuerzas políticas escenificaban el pasado jueves su apoyo a la Constitución y, en último término, al Estado de derecho y a la democracia que de él emana.

En el acto, promovido por SCC, estaban representados PP, Ciutadans, UPyD y ese PSC que nunca se sabe si se sube o se baja del carro. Por supuesto, nada que ver con las conferencias de Mas y Junqueras, ni en el fondo, ni en la forma, ni en la atención recibida por parte de los medios locales. Cataluña es una comunidad autónoma en la que el partido en el Gobierno y la principal fuerza de la oposición ponen todo su esmero en destruir el sistema que les da de comer —con el apoyo, más o menos condicionado, de CUP e ICV-EUiA—, mientras que el resto de las formaciones políticas presentes en el Parlamento regional, más UPyD, se afanan por defenderlo, sin que ello comporte renunciar a futuras reformas. Y todo indica que en los próximos meses, con elecciones anticipadas o sin ellas, con varias «listas de país» o una sola, esa zanja entre los antisistema y los constitucionalistas no hará sino crecer. Y, con ella, las tensiones, las rencillas, los enfrentamientos y, en definitiva, la devastación de la sociedad.

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Se aceleran las hojas de ruta

Luis del Pino Libertad Digital 6 Diciembre 2014

¿Cuántas veces les he dicho que Rajoy había llegado a La Moncloa con la condición expresa de respetar todas las hojas de ruta puestas en marcha durante la etapa Zapatero?

Esta semana hemos podido ver dos nuevos ejemplos.

El martes, la Audiencia Nacional decidía poner en la calle anticipadamente a cuatro de los más sanguinarios etarras, entre ellos dos implicados en la matanza de Hipercor, que costó la vida a 21 personas, entre ellos 4 niños. El gobierno de Mariano Rajoy, cómo no, se ha escudado tras un embrollo jurídico, ha descargado la responsabilidad en los jueces y ha dicho que se muestra muy indignado. Pero los cuatro etarras están ya en la calle, mientras que sus víctimas no podrán salir jamás del cementerio. Y de esa forma continúa, de un modo u otro, el proceso de puesta en libertad de los asesinos de casi mil españoles.

El jueves, el gobierno de Mariano Rajoy ordenaba sacar de madrugada, para evitar protestas, otras 230 cajas de documentación del Archivo de Salamanca y entregárselas al gobierno separatista de Artur Mas. Culmina con ello el proceso de desmembramiento del archivo de la guerra civil. No sabemos aún cuánta documentación ha desaparecido ya para siempre.

No les voy a insistir en la monumental estafa perpetrada por el Partido Popular a sus electores. La mayoría de ustedes ya son conscientes de ella. Y quienes no sean conscientes a estas alturas, no lo van a ser nunca, aunque Rajoy nombrara a Bolinaga ministro de Interior.

Lo que sí voy a analizar son las consecuencias electorales de estos últimos movimientos, porque nos aportan alguna clave interesante acerca de lo que puede ocurrir a medio plazo.

Que ese tipo de humillaciones a los españoles en general, y a sus votantes en particular, perjudican electoralmente al PP, está claro: no sabemos cuántos votos más perderá el PP por la liberación de los asesinos de Hipercor, pero lo que está claro es que no va a ganar ninguno. Por tanto, esos movimientos (que van contra los propios intereses del Partido Popular) están dictados por los pactos previos que Rajoy suscribió antes de llegar a la Moncloa. No sabemos qué tipo de chantaje es el que opera, pero Rajoy hace lo que hace porque no puede hacer otra cosa. Aunque el partido se hunda por el camino.

Pero, aun partiendo de la hipótesis de que el PP tiene que cumplir las hojas de rutas acordadas con el PSOE, las cosas se puede hacer bien (tratando de minimizar los daños) o se pueden hacer mal, y en este caso se están haciendo muy mal, porque el daño de imagen para el Partido Popular es enorme. Recordemos que, según la última encuesta del CIS, el PP es ya el tercer partido en intención directa de voto, por detrás de Podemos y del PSOE. Y recordemos también que esa encuesta se realizó a principios de octubre, antes de conocerse la catarata de últimos casos de corrupción.

Por tanto, lo que el más puro instinto de autoconservación aconsejaría es que las nuevas traiciones a sus electores se dosificaran, tratando de espaciarlas en el tiempo, tratando de extremar la discreción y tratando de compensarlas con verdaderas buenas noticias en el terreno económico o con algunas otras medidas que aplacaran a sus votantes.

Y, sin embargo, lejos de intentar minimizar los daños, lo que vemos es una aceleración de las hojas de ruta, una huida hacia adelante que parece sugerir un desprecio total por las consecuencias.

Solo se me ocurren dos posibles explicaciones a esas repentinas prisas:

La primera es que las previsiones a medio plazo en el terreno económico no son buenas. O, por decirlo más claramente: que en 2015 la economía va a ir a peor, no a mejor. Si fuera a ir a mejor, las hojas de ruta no se acelerarían, sino todo lo contrario, porque lo lógico sería efectuar este tipo de traiciones ideológicas cuando la recuperación económica hubiera hecho subir de nuevo el nivel de voto del PP.

La segunda posible explicación es que las hojas de ruta se aceleran porque el tiempo se acaba, es decir, porque se está pensando ya en adelanto electoral, o porque hay miedo a que el gobierno caiga después de las municipales de mayo, para las que se prevé una pérdida de la mayor parte del poder territorial que el PP acumula.

Sea cual sea la explicación, lo que está claro es que quienes impusieron a Rajoy las hojas de ruta ya dan por amortizado al PP. Y, con tal de que esas hojas de ruta se cumplan, no les importa ni poco ni mucho si el Partido Popular desaparece por el camino.

Prepárense, por tanto, los militantes del PP para el hundimiento del partido, porque las hojas de ruta tienen que continuar su curso, sí o sí. Y se van a llevar por delante al partido de la derecha.

Un desafío al sentido común
EDITORIAL El Mundo 6 Diciembre 2014

LAS EXCARCELACIONES de los terroristas Santiago Arróspide y Alberto Plazaola han provocado la lógica indignación de las víctimas del terrorismo y la de millones de españoles. El primero ha cumplido 18 años en España de los cerca de 3.000 a los que fue condenado por participar en alguno de los atentados más sangrientos de la banda; el segundo, 18 años de un total de 46. Es cierto que, con la legislación con la que fueron juzgados, ninguno habría permanecido en prisión más de 30 años, pero la circunstancia de que se hayan visto beneficiados por la aplicación de una discutible interpretación del cómputo de la condena ha generado un enorme malestar social.

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional que ha ordenado la puesta en libertad de ambos etarras basa su resolución en una sentencia del Supremo de marzo de este año y en una instrucción europea de 2008 que no ha sido incorporada por España a su cuerpo legislativo hasta el mes pasado. El Tribunal Supremo se pronunciaba en su fallo a favor de la reclamación de otro terrorista, Urrusolo Sistiaga, que solicitó que se incluyeran como parte del cumplimiento de su condena en España los años que había permanecido encarcelado en Francia, en atención al criterio de acumulación de las penas. La disposición europea, por su parte, insta a los Estados de la UE a considerar las sentencias pronunciadas por el resto de socios, en aras a ir construyendo un espacio único en el ámbito de la Justicia. Ahora bien, los magistrados de la Audiencia Nacional no han tenido en cuenta el contenido de la ley que traslada la decisión marco de la UE a la normativa española. Esa ley impide expresamente que se acojan al descuento de las penas quienes fueron condenados con anterioridad a agosto de 2010, y éstos eran los casos. Pero esos jueces han considerado que esa norma no es aplicable a quienes presentaron su reclamación antes de la publicación de la ley en el BOE.

La Fiscalía ya ha presentado recurso con sólidos argumentos. El Ministerio Público recuerda, entre otras cuestiones, que las decisiones marco de la UE no son vinculantes, contrariamente a lo que sucede con sus directivas. Por tanto, prevalece la normativa nacional: en este caso, la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pero que la lectura que hace una parte de la Sección Primera de la Audiencia Nacional es más que polémica, lo demuestra el hecho de que la Sección Segunda haya denegado la reclamación de otro preso de ETA que está en idéntica situación que Arróspide y Plazaola. Las discrepancias entre ambas Secciones en un asunto de tanta trascendencia crea una sensación de desconcierto y de falta de unidad de criterio que daña gravemente la credibilidad de la Justicia. El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo ya ha convocado a los 15 magistrados que la componen para resolver cuanto antes la controversia, toda vez que la Audiencia fue incapaz de unificar una posición en el Pleno.

El Gobierno se pronunció ayer en contra de las excarcelaciones y mostró su apoyo a la tesis de la Fiscalía. «Los ciudadanos no lo entienden y claramente nosotros tampoco», dijo Sáenz de Santamaría visiblemente disgustada. La situación creada por la Audiencia Nacional es muy incómoda para el Ejecutivo de Rajoy, que ya ha tolerado la puesta en libertad de Bolinaga y las excarcelaciones masivas de terroristas como consecuencia de la derogación de la doctrina Parot. Por si fuera poco, a la vía abierta ahora por la Sección Primera ya pretenden acogerse medio centenar de etarras.

Al margen de cuestiones técnicas y argumentos jurídicos, es evidente que esa resolución choca frontalmente con la idea que tienen de la justicia una gran mayoría de los ciudadanos. Por eso resulta escandalosa. Pero más aún si tenemos en cuenta que fue esta misma Sección de la Audiencia Nacional la que confirmó la injustificada excarcelación de Bolinaga. Porque surge la duda, comprensible, acerca de dónde acaba el criterio profesional de algunos magistrados y dónde empiezan en realidad sus planteamientos ideológicos.

Iguales ante la ley pero no ante los jueces
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 6 Diciembre 2014

Lo que nos empieza a parecer a muchos españoles es que en efecto podemos ser iguales ante la ley pero no ante los jueces y que, dependiendo de quienes toquen, la justicia impartida puede ser diametralmente opuesta.. Cuando esto además sucede en la Audiencia Nacional y afecta a los más graves y estremecedores casos y asesinos múltiples, que la alarma social creada por sus señorías togadas nos estremezca a todos resulta la más lógica pero perturbadora de las situaciones.

Llevamos ya algún tiempo quedándonos perplejos ante algunas de las situaciones y resoluciones que están emanando de estos magistrados y en especial de un grupo de ello instalados en la sala primera de lo Penal. La ultima ha supuesto la libertad a un dirigente máximo de ETA Santi Arrospide “Potros” responsable de atentados tan atroces como el de Hipercor en Barcelona y el de la Plaza de la republica Dominicana en Madrid. El argumento al que se han agarrado estos jueces es que una directiva de la UE de 2008 recomendaba que se descontaran las penas cumplidas en otros países al global de lo que hubiera de cumplirse en el propio. Al hacerlo resultaba que debería haber sido puesto en libertad ya el año pasado. En situación similar se encontraba otro preso etarra, Plazaola que también reclamó, y como Arrospide consiguió su excarcelación y ahora siguiendo esa estela hay ya unos cincuenta más.

Pero lo inaudito es que según la sala segunda de esa misma Audiencia no tenía en absoluto porque ser así. Ellos dictaminaron exactamente lo contrario para otro etarra, Iñaki Bilbao. Y según la fiscalía que se oponía a la excarcelación de los primeros, tampoco. Hay más: cuando se debatió la cuestión resultó que entre los jueces de la sala hubo empate a nueve votosentre las posturas enfrentadas. Pero lejos de elevar la cuestión o al menos, por una mínima prudencia, repensarlo intentando llegar a algún punto común cada uno, y sobre todo esta sala, tiro por donde se le ocurrio. Vamos que literalmente voló para excarcelar a estos dos terroristas. Y ¿por que tal prisa?. Pues porque precisamente hoy entraba en vigor una ley española aprobada para resolver el asunto y que impedía tal cosa, pues determina con total claridad y sin que medien interpretaciones que esto no se podía hacer. Por ello, antes, un minuto antes, sus señorias decidieron la “inmediata puesta en libertad”. Sabedores de que la fiscalía no estaba de acuerdo, iba a recurrir , que decidirá finalmente el Supremo y que sus propios compañeros resolvieron exactamente lo contrario en el caso de otro etarra, al que en vez de la sala primera, le toco la segunda y que sigue en prisión.

Como pueden imaginarse, el estupor, el dolor de las victimas y la desolación de muchas gentes era total cuando veían como a Santi Potros se le condonaba de golpe y porrazos los diez años largos que aún le quedaban por cumplir. Comparto su indignación, comparto su frustración y señalo a esos jueces, porque hay que señalarlos, comos responsables de lo ocurrido. Porque esto, excepto en lo del apresuramiento, no es como aquello de la derogación de la doctrina Parot por Estrasburgo que nos obligaba a dejar en libertad a asesinos y violadores. No hubo más remedio si no se quería salir de la legalidad europea. Pero ahora si. ¿A que viene entonces esa prisa, esa decisión , esa negativa esperar la decisión del Supremo?. ¿Que intención, que voluntad, que idea la mueve?. Quizás que estos jueces pretendan trazar una hoja de ruta, aquella que dio lugar también a la triste sentencia del Constitucional legalizando a Bildu, y que tiene muchos más que ver con la ideología y la política que con la aplicación de la ley.

No es nuevo y por desgracia es continuo motivo de escándalo. Esta en la linea de aquella barbaridad jurídica perpetrada con motivo del asalto al Parlament Catalán donde una resolución delirante pero trufada de conceptos ideológicos absolvió a los acusados y poco menos que les ponía medalla de defensores de la libertad de expresión. Repugna a lo que vieron nuestros ojos y al sentido común pero es lo que se dictamino. Y habrá que esperar a que una instancia superior,esperemos, restablezca la justicia y la razón.

Pero ¿podemos esperar que el Tribunal Supremo devuelva a Santi Potros a su celda?. Mucho me temo que no. Mucho me temo incluso que puede que se haya abierto una nueva espita para ir liberando etarras con el pretexto o el subterfugio legal que sea. Y eso no es cuestión en este caso de nadie excepto de los jueces, de esos grupos de jueces que por encima de todo están decididos parece a aplicar su particular doctrina, visión, modo de ver y política que ejecutar. No es ahora el Gobierno quien recorre esa senda, son ellos y es contra la voluntad de la propia ley española, la que acelerando consiguieron ayer burlar.

Pero a quienes están burlando, quienes nos sentimos hoy ofendidos e indefensos somos muchos españoles que sentimos que la ley es igual para todos pero diferente según sea quien nos toque en suerte para que nos la aplique. Como tambien ha quedado demostrado por esa juez que tras los vomitivos incidentes de la ribera del Manzanares, donde ultras de uno y otro signo llevaron su guerra y su muerte, que los dejos a todos y en especial a nueve cuyos actos y antecedentes, según los informes policiales y de la fiscalía, daban lugar para medidas mucho más expeditivas y para haberlos mantenido en prisión, se les pusiera en libertad con mínimos cargos y con apenas ninguna medida cautelar. Flaco favor ha hecho esa togada a le ley, a su prestigio y al de los jueces mientras que ha hecho un lacerante daño a la seguridad ciudadana y a las gentes pacificas . Que parece que en la mente de algunos jueces son los únicos que no merece la pena defender ni proteger.

Así se hizo la Constitución
La autodeterminación y el retrete

Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital 6 Diciembre 2014

El 15 de junio de 1977 los españoles votaron para elegir Cortes mediante sufragio universal y sin ninguna limitación, ya que hubo incluso comunistas, nacionalistas a favor del desmantelamiento del Estado y partidarios de otra monarquía.

El 22 de julio el rey Juan Carlos I convirtió las Cortes ordinarias en constituyentes en su mensaje de apertura de la legislatura al confiarles la redacción de una Constitución que sustituyese a las Leyes Fundamentales del franquismo. De este modo, España siguió siendo diferente, al tener una asamblea constituyente bicameral (Congreso y Senado), cuando en todos los demás procesos similares celebrados en Europa esa asamblea era unicameral.

Entre los asuntos más discutidos en el largo proceso (casi año y medio de duración) estuvieron la unidad de España y la Monarquía. Entonces hubo una pequeña corriente partidaria de convertir España en un Estado confederal asentado sobre la libre autodeterminación de los pueblos que la formaban.
Los modelos de la URSS y Yugoslavia

Entonces, sólo dos Constituciones europeas reconocían el derecho de autodeterminación. La primera, la de la Unión Soviética, que mantenía una tradición de la época de la toma del poder por los bolcheviques, en 1918. Éstos abanderaron el derecho de autodeterminación de los pueblos que componían el inmenso imperio de los Romanov para engrosar sus filas, pero en cuanto dispusieron del Ejército Rojo aplastaron a quienes lo reclamaban, como las breves república nacional ucraniana (1917-1921) y república democrática georgiana (1918-1921).

En 1974 la Constitución de la República Socialista Federativa de Yugoslavia (de más de 400 artículos) incorporó en su título preliminar el derecho de autodeterminación:

Partiendo del derecho de cada pueblo a la autodeterminación, comprendido el derecho de secesión sobre la base de la voluntad de todos los pueblos y las nacionalidades, expresada libremente (…), los pueblos de Yugoslavia, junto a las nacionalidades con las que viven, se han unido en una República.

En realidad esas proclamas constitucionales se trataban de brindis al sol, de actos de propaganda contra los Estados capitalistas: los socialistas eran tan buenos y sinceros, tan verdaderamente demócratas, que los pueblos empleaban la autodeterminación para unirse en paradisiacas repúblicas socialistas. El Occidente decadente negaba el derecho de autodeterminación a los pueblos porque los atontaba con la democracia formal.

En los años 80 y 90 se produjo lo insospechado: el derrumbe del bloque socialista. La fragmentación de la URSS y de Yugoslavia tuvo una legitimidad legal debido a sus Constituciones. Y el proceso no ha concluido, como demuestran la autodeterminación este año de Crimea, territorio de Ucrania, y su posterior unión a Rusia.

Lo que queda claro es que, en Europa, donde la única situación colonial se da en Gibraltar, el derecho de autodeterminación causa de violencia y muerte cuando un grupo pretende ejercerlo.
El diputado Letamendía

En las Cortes constituyentes españolas sólo se debatió la inclusión de la autodeterminación una vez, en junio de 1978. El diputado Francisco Letamendía, de Euskadiko Ezkerra (y luego de Herri Batasuna, en la siguiente legislatura), presentó una enmienda para introducir un nuevo título en la Constitución para reconocer y regular el derecho de autodeterminación.

En el debate sobre el artículo 2, en mayo de 1978, Letamendía propuso la siguiente redacción, que se rechazó:

La Constitución se fundamenta en la plurinacionalidad del Estado español, la solidaridad entre sus pueblos, el derecho a la autonomía de las regiones y naciones que lo integran y el derecho a la autodeterminación de estas ultimas.

Al respecto, Javier Arzallus (luego Xavier Arzalluz) dijo que la autodeterminación era "una virguería troskista".

Letamendía insistió posteriormente en imponer sus ideas a los diputados restantes. El 16 de junio, una vez concluida la discusión del Título VIII de la Constitución, propuso que, transcurrido un plazo de dos años desde la entrada en vigor de un estatuto de autonomía, la asamblea legislativa de la comunidad en cuestión, a propuesta de la cuarta parte de sus miembros, podría tomar la iniciativa de ejercer el derecho de autodeterminación para separarse del resto de España y constituirse en Estado independiente.
Roca no puede aguantarse el pis

El diputado del PSUC y catedrático de Derecho Constitucional Jordi Solé Tura cuenta en su libro Nacionalidades y nacionalismos en España, editado en 1985, cómo se comportaron varios diputados catalanes en la votación de la enmienda en la Comisión Constitucional, llamada de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas.

El representante de Convergència Democrática de Catalunya, señor Miquel Roca Junyet, y los representantes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), experimentaron súbitamente unas grandes urgencias fisiológicas que les obligaron a ausentarse y les impidieron tomar parte en la votación.

Pero es que además instaron a Solé Tura a que fuese al retrete con ellos, para no quedar en ridículo.

A sugerencia de ellos, un ujier me comunicó que yo también debía experimentar sin duda las mismas urgencias y que haría bien (sic) en satisfacerlas al instante, pero lo cierto es que yo me encontraba perfectamente bien y no sentía la necesidad de moverme.

Los diputados restantes votaron todos en contra de la propuesta de Letamendía, salvo el diputado del PNV Marcos Vizcaya, porque, según Solé Tura, sólo estaba a favor de su condición teórica, "pero (...) en realidad no deseaban que tal derecho se incluyese en la Constitución".

Gregorio Peces-Barba (PSOE) reconoció que el XXVII Congreso del PSOE había incluido el derecho de autodeterminación, pero limitado a los pueblos colonizados. Aceptar que los vascos estaban colonizados era hacer una "ofensa al pueblo vasco" y añadió que había detectado una "amenaza" en las palabras con que Letamendía defendió su enmienda.

Solé Tura dijo que el derecho de autodeterminación era "de larga trayectoria en el pensamiento marxista", pero que "sólo es aplicable en función de la situación de cada país". En su discurso, añadió que los diputados Miquel Roca y Rodolfo Guerra Fontana habían "escurrido el bulto".

Según la crónica que público ABC al día siguiente, los señores Roca y Guerra Fontana manifestaron, en su turno, que, si hubieran estado en la sala, no habrían votado a favor.

Afirmación que nunca se comprobará, pero de la que se debe dudar, ya que cuando tuvieron la oportunidad de pronunciarse al respecto hicieron mutis por el foro.

En 2013 el pillo de Miquel Roca, convertido ya en prestigioso abogado defensor de la infanta Cristina de Borbón, declaró en una entrevista que el "espíritu constitucional" se había "roto".

Yo hice esta Constitución y voy a seguir siendo fiel a su espíritu. Lo que lamento profundamente es que ese espíritu se haya roto. Es un cierto fracaso.

¿No lo rompió él cuando declaró (mayo del 78) que, por medio de las autonomías, "coincidimos todos en alcanzar, por la vía de la autonomía, un nuevo sentido de la unidad de España", pero luego se escaqueó para no votar en contra de incluir la autodeterminación en la Constitución?

Cuando este fin de semana se cumple el 37º aniversario del único referéndum que se ha permitido a los españoles sobre una Constitución, merece la pena recordar que en esa votación los catalanes se pronunciaron de una manera abrumadora a favor de la nueva norma fundamental. Entonces, la provincia de Barcelona fue la que aportó más síes, por encima de la de Madrid.

También hay que subrayar que, según los propios datos de la Generalitat sediciosa, en la seudoconsulta del 9 de noviembre las papeletas del sí-sí no alcanzaron las 400.000, por debajo de todos los referendos celebrados en Cataluña, desde el franquista de 1966.

Cataluña
Lecturas tóxicas
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 6 Diciembre 2014

La manía de conocer los tortuosos mecanismos políticos que gobiernan nuestras vidas en Cataluña me impulsa a intoxicarme diariamente con la lectura de La Vanguardia, auténtico somatén mediático de la cruzada secesionista. Fui colaborador de sus páginas de opinión entre los años 1982 y 2000, cuando Horacio Sáenz Guerrero, Manuel Ibáñez Escofet, Juan Tapia y Lluís Foix exhibían el rostro civilizado del catalanismo y publicaban mis discrepancias impertinentes con un derroche de tolerancia. De aquel equipo sólo queda, sin haber cedido un ápice de su ecuanimidad y lucidez, Lluís Foix.
Fabulaciones anacrónicas

En el 2000, José Antich llegó a la dirección convertido en un obediente verdugo de herejes, que ahora ha visto recompensados sus servicios con una canonjía en París, desde donde envía todas las semanas, con infumables pretextos, extensas epístolas que llevan su servidumbre al alto mando secesionista hasta extremos que la deontología periodística le impedía manifestar mientras fungía como director.

Sea como fuere, esta intoxicación me permite explorar por la vía más directa las tácticas que se urden en los think tanks del secesionismo para sacar adelante los planes de balcanización. Con el añadido de que basta poner una dosis de perspicacia para descubrir que esas tácticas también dejan traslucir las contradicciones y los antagonismos que existen entre los salvapatrias, que actúan movidos por ambiciones e intereses que nada tienen que ver con lo que prometen a los crédulos. Ambiciones e intereses que, para mayor escarnio, los salvapatrias encubren con coartadas ideológicas arcaizantes, en las que las nostalgias medievales se hibridan con los espejismos totalitarios del siglo XX.

Afortunadamente, el diario tiene que proyectar, por razones comerciales, una apariencia de equidistancia, lo que permite contrastar las fabulaciones anacrónicas de los plumillas sectarios -y las mentiras flagrantes que éstos ocultan- con los argumentos, rigurosamente razonados, de una ínfima minoría de críticos heterodoxos obstinados en apelar a la realidad con cifras y datos concretos. Lo cual es bueno y ayuda a agilizar la mente.
Demagogia proselitista

Es ilustrativo comprobar, por ejemplo, cómo en una misma página (LV, 30/10, pág. 17) Borja de Riquer y Pilar Rahola se empeñan en atrapar al lector desprevenido con dos versiones del secesionismo incompatibles entre sí. Afirma Borja de Riquer, aferrado sin tapujos al rancio dogma endogámico:

Una de las claves del gran apoyo (sic) que ha alcanzado la actual demanda identitaria catalana es haberse presentado básicamente como una cuestión democrática y de dignidad ciudadana de una colectividad.

En la columna vecina, Pilar Rahola, que ha escrito infinidad de alegatos sobre la presunta naturaleza milenaria de la identidad catalana y de la colectividad que la encarna, en perfecta armonía con lo que sostiene Borja de Riquer, cambia de chip y destila emoción cuando narra la presentación de un libro sobre los castellanohablantes del grupúsculo Súmate, que se han incorporado al movimiento secesionista. Se olvida de la identidad milenaria que según ella y Borja de Riquer cohesiona a la colectividad catalana y que la coloca en un mundo aparte de los españoles y de todo quisqui, y concede generosamente carta de ciudadanía a los nouvinguts que no llevan milenios identitarios a cuestas o los llevan de otras raíces. La demagogia proselitista está ahora por encima de la cohesión tribal. Se enternece Rahola:

Esta es la gran valía de Súmate, que su gente no es prefabricada, ni es de ficción. Gente del pueblo en el sentido más puro, de raíces y sentimientos identitarios diversos, pero unidos en la estima a Catalunya y en la voluntad de un país mejor.

La diatriba más feroz
Parte del ejercicio mental que debe hacer el lector de La Vanguardia que no se conforma con la papilla que le dan ya deglutida y que desea investigar en la trastienda del proceso consiste en deducir de la cacofonía estereotipada que le suministran los columnistas de turno en qué bando se sitúa cada uno de ellos ahora que se ha desatado una lucha subterránea por el poder entre los cabecillas de la insurrección. Es curioso observar, incluso, cómo cada uno de ellos da consejos a su favorito para que noquee al rival. Hoy la mayoría, que hasta hace poco tiempo tomaba partido por el macho alfa Junqueras, se encolumna detrás de Artur Mas. El 1/12, Antoni Puigvert, temperamentalmente precavido, define a Mas como un "jugador de póquer" pero advierte:

A los que lo adoran les conviene tener presente que este perfil de político ensimismado puede conducirles, sí, pero también al cementerio de coches.

Francesc-Marc Álvaro, en cambio, se mantiene firme, ese mismo día, en su opción de siempre: Artur Mas es el líder indiscutible:

El Mas independentista tranquilo ha roto todas las previsiones (por eso los propagandistas del sometimiento le tildan de "caudillo" y cosas peores).

La andanada de Álvaro contra "los propagandistas del sometimiento" no puede tener como destinatario a Fernando Vallespín, que escribe, también ese mismo día y en la página siguiente:

En Catalunya se observan actitudes de hiperliderazgo, de caudillismo incluso.

No, Álvaro no apuntó contra Vallespín porque no pudo conocer su texto, sino contra José Antonio Zarzalejos, que el día anterior había lanzado la diatriba más feroz que un moderado, partidario de la quimérica y complaciente tercera vía, podía lanzar contra el presidente de la Generalitat. De "propagandista del sometimiento" nada, a menos que se lo juzgue con una fanática óptica inquisitorial. Eso sí, Zarzalejos fue implacable en su requisitoria contra lo que definió, desde el título, como "Un trágala" de Artur Mas. He aquí una selección de las acusaciones vertidas por Zarzalejos (LV, 30/11):

Autismo político (…) despotismo extremo (…) exigencias exorbitantes (…) se ha deslizado hacia el terreno pantanoso y arriesgado del caudillismo (…) el despotismo del líder independentista (…) saltarse a la torera los controles (…) deslealtad al sistema que reinstauró la Generalitat (…) propósito ventajista.

Para concluir con un diagnóstico severo:
El aislamiento de Mas de la realidad española e internacional es propio de una personalidad que ha interiorizado un populismo adolescente. Sacar de España a Catalunya en un año y medio a partir de unas elecciones que taumatúrgicamente él convierte en una consulta podría resultar ingenuo si, en realidad, no constituyese un aventurerismo irresponsable o, lo que es aun peor, una insensatez. La épica tiene dos límites: primum vivere deinde philosophari, por una parte y, por otra, la realidad del propio país en el que un alto porcentaje de su población no secundaría en ningún caso la hoja de ruta de Mas. La Catalunya del president es una Catalunya demediada, parcial, visionada con un angular estrecho, sin panorámica. Artur Mas ha errado en términos democráticos y ofrece una nueva oportunidad al Estado para resituarse ante el conflicto.

Los Pequeños Nicolás
En mi artículo "La patología del engañabobos" (LD, 21/11) planteé la alternativa de que fuera una junta médica integrada por psiquiatras de reconocida autoridad, y no el Tribunal Constitucional o los fiscales del Estado, la que juzgara el comportamiento de los líderes políticos que niegan la realidad y no aceptan el hecho de que la consulta fraudulenta demostró que la iniciativa secesionista sólo movilizó a un tercio del censo electoral. Ahora descubro, gracias a mi empecinado afán de intoxicarme leyendo La Vanguardia, que el mismo día domingo en que publicó el artículo de Zarzalejos apareció otro con un perfil psicológico del Pequeño Nicolás. Y ese perfil aporta datos sobre la personalidad megalómana que podrían ser útiles para entender el comportamiento de algunos líderes secesionistas y la habilidad que éstos tienen para encandilar con falsas promesas a las personas más vulnerables.

Quien lea la opinión de los psiquiatras sobre los delirios contagiosos del Pequeño Nicolás y pocas páginas más adelante la implacable disección que practicó Zarzalejos del aprendiz de Mesías no podrá dejar de repetir la exclamación que profirió Francesc de Carreras en parecidas circunstancias (LV, 12/10/2012):

¡Dios mío! ¿En manos de quién estamos?
Pues sí, amigo Francesc de Carreras: estamos en manos de un Pequeño Nicolás o, peor aun, de dos Pequeños Nicolás, o de un enjambre de Pequeños Nicolás que se ciscan en los derechos, las libertades y el bienestar de la buena gente, o sea de los ciudadanos de a pie, mientras ellos se disputan el poder a cara de perro.

El 6D y sus enemigos
Marcus Pucnik www.cronicaglobal.com 6 Diciembre 2014

Un acto de esta semana me puso contento. Que otros sigan buscando su Ítaca, yo ya había llegado a mi isla: L'Illa Diagonal, donde Sociedad Civil Catalana celebró su acto de homenaje a la Constitución.

Ver a los más altos representantes de todos los partidos que se oponen al nacionalismo (con la excepción de Rivera, mal asunto, tenga la excusa que quiera, y menos mal que estaban Alonso, Arrimadas y otros) unidos para escuchar a unos conferenciantes de lujo, me hizo recordar mi primer artículo para CRÓNICA GLOBAL, que abogaba por una oposición unida. Unida por la necesidad de vencer al nacionalismo. Una unión que seguramente sería efímera, casi de emergencia, y, como no podría ser de otra manera, basada precisamente en la Constitución que SCC celebró el jueves pasado, y que hoy otra vez cumple años.

En Cataluña, la negación de la Constitución no se expresa solamente en su quema simbólica, sino en lo más práctico, ignorando sentencias judiciales, organizando eventos alegres y festivos, eventos participativos incluso

Esa Constitución a la que Artur Mas reprocha que no ha sido votada por la gran mayoría de catalanes de hoy: bobadas de El Frívolo. Esa Constitución que hoy la CUP quemará simbólicamente en Valls. Por supuesto, la quema de un libro es un acto intrínsecamente simbólico, aunque por ejemplo al NSDAP o al gobierno totalitario de Fahrenheit 451 también les hubiera gustado ser totalmente efectivos en la erradicación de las ideas que representan los libros indexados. Esa Constitución que es garante de nuestras libertades, como lo son todas las constituciones de todos los países democráticos, y que por eso sigue viva: porque la necesitamos cada día.

En Cataluña, la negación de la Constitución no se expresa solamente en su quema simbólica, sino en lo más práctico, ignorando sentencias judiciales, organizando eventos alegres y festivos (sí, las hogueras también son expresión de alegría), eventos participativos incluso.

La Constitución sigue viva, y reunió a sus defensores. Esta es mi oposición unida, pensé, la unión que planteé hace poco más de un año, en el artículo antes citado, que acabé en un recuerdo, el de la coalición DEMOS, que tuvo un papel esencial en la democratización de Eslovenia.

Hace dos días tuve que replicar a las descabelladas comparaciones de esta coalición con la lista unitaria de Mas. Como siempre, los nacionalistas entienden todo al revés. Necesitan hacerlo así, sólo su creencia en un universo paralelo les da razón de ser. La realidad, no obstante, es que cuando una ideología gana demasiado poder y se quiere imponer en todos los ámbitos y hasta a la ley, los ciudadanos tenemos la obligación de pararla. En eso, DEMOS en Eslovenia y la oposición unida en Cataluña son la misma cosa.

La esencia del Estado de derecho es que hasta los más bienintencionados movimientos por una mejora de la democracia tienen que tener la paciencia de ver sus propuestas realizadas por la vía legal. De otro modo, se convierten en enemigos de la libertad: o traen la anarquía o se convierten en totalitarios.

Los nacionalistas catalanes no tienen paciencia, sino prisa, como varias veces han avisado. El Frívolo, porque ve la oportunidad de realizar sus sueños de grandeza personal, los otros porque se ven "a un pam" de la realización de todos sus sueños húmedos de las últimas décadas.

Constitución, ¿para qué?
ANTONIO ELORZA.  EL CORREO.  6 Diciembre 2014

· Hay un aspecto del episodio del 9-N que ha pasado desapercibido y reviste cierta importancia. Me lo recordaba hace unos días el veterano historiador Miguel Artola, con quien suelo encontrarme cada cierto tiempo para probar kubak en restaurantes chinos e intercambiar opiniones. Se trata de que las decisiones del Tribunal Constitucional –y entre ellas está lógicamente la de suspender un acto como el del «proceso participativo» o seudo-consulta catalana– se encuentran no solo por encima de la voluntad política del president de la Generalitat, sino también de la capacidad de decisión del presidente del Gobierno.

Lo que éste tiene que hacer es cumplirlas, sin ponerse a pensar si le van a sentar mal a alguien. De haber tenido esto en cuenta, es decir, la posibilidad de que proceder a la suspensión irritase a la Generalitat y ocasionase mayores conflictos, lo más razonable era dejar las cosas como estaban. De la misma manera que una vez sometido a la burla de que Mas no lo organizó todo pero sí asumió la responsabilidad y el triunfo, mejor era no entrar en una batalla menor, con las inculpaciones que en el mejor de los casos convertirán al líder catalán en víctima del feroz centralismo español y en paladín indiscutible del proceso de liberación nacional.

Con toda seguridad la lección ha sido bien aprendida. Rajoy lo confió todo a la defensa de la Constitución, a modo de muralla china contra la cual los bárbaros iban a estrellarse inevitablemente. Y cuando llega el conflicto, con el Tribunal Constitucional en primera línea, la Generalitat hace cuanto se le antoja, ignorando olímpicamente la suspensión. Según cabía esperar, los tratos en la oscuridad, con el señuelo de una Generalitat que estaba dentro y aparentemente fuera, solo sirvieron para ganar tiempo y celebrar toda la representación, cuyo doble objetivo era mostrar la voluntad política del pueblo catalán, superar cualquier barrera que pudiera oponerle, y denunciar el carácter antidemocrático del Gobierno de España al negar el ‘derecho a decidir’. Objetivos plenamente logrados. Solo falló el resultado cuantitativo, del cual cabría deducir que no existía el aplastante dominio del independentismo y que existía un espacio político desde el cual poner en marcha la defensa de la Constitución (y su reforma).

Eso sí, a este efecto, era imprescindible una política de explicación, no necesariamente a cargo del presidente, que incluyese la denuncia de una actuación política, la de la Generalitat, entregada a aplastar cualquier opción que no fuera la suya, culminando en las dos preguntas, verdadero atentado contra la democracia por impedir que en cualquier caso triunfara el rechazo a la independencia. Y había necesidad de expresar algo parecido a una oferta política, no a Mas ni a Junqueras, pero sí a los catalanes. La idea de independencia había progresado enormemente en la sociedad catalana desde septiembre de 2012. Todos los catalanes tenían y tienen derecho a esperar que el presidente del Gobierno español, todavía hoy su gobierno, asuma sus problemas y sus aspiraciones, incluso para corregirlas y en su caso rechazarlas.

La consecuencia es bien dura: Rajoy carece del menor atisbo de pensamiento político sobre el tema. Como apuntaba mi maestro, el historiador José Antonio Maravall, para los conservadores gobernar es resistir, pero en situaciones críticas el enroque no basta. En términos futbolísticos, un equipo está condenado a perder si lo confía todo a encerrarse en la propia área y renuncia totalmente al contraataque. El adversario puede ser torpe, cargarse de faltas, no tener disparo, pero acabará venciendo.

Es lo que bien puede suceder en Cataluña. Más aun cuando llegado el momento en que el rival emprende la ofensiva, como en el 9-N, la defensa se abre y le deja pasar. No hay que cambiar nada, proclama Rajoy, con defender la Constitución se resuelve todo, y luego cuando llega el momento de aplicarla la olvida para jugar a la apuesta perdedora de un falso diálogo. La euforia de Mas estaba justificada, como la del delantero que viene echándolo todo a perder y de repente tropieza con el fallo inesperado del defensa. Aquellos que le criticaron al anunciar su alternativa a la consulta, Junqueras, Iniciativa per Catalunya, se rinden ante su inesperado acierto.

De esta manera, la baza de una apertura a la opinión, aprovechando el carácter reformable de la ley fundamental, queda totalmente anulada. Al lado de la propia convicción independentista, el error estratégico de Rajoy ha puesto a Mas en el disparadero de la carrera hacia la ruptura. No puede ya volver atrás, y el único obstáculo ante su hoja de ruta es la desfavorable actitud de la Unión Europea, con la consiguiente expectativa de un gran precio económico a pagar. Claro que Rajoy puede rectificar, echar mano del artículo 155, apoyarse de nuevo en el Constitucional; solo que ahí queda el precedente de que cuanto hizo la Generalitat se quedó sin respuesta desde un orden normativo, el texto de 1978, base de ambos poderes. Así que adelante, y el único problema parece residir en la fórmula de coalición independentista de cara a las próximas elecciones ‘plebiscitarias’.

Por fin, el PSOE juega a la equidistancia. También sin ideas. La frase de Pedro Sánchez difícil de superar: «Mas fractura políticamente el Estado y Rajoy lo hace con la sociedad española». O algo así. Qué más da lo uno que lo otro. Sánchez se opuso a la consulta y a la pseudoconsulta, mientras el PSC, por decisión de su líder Miquel Iceta, anunció que los suyos la respaldarían en la práctica al proporcionar los locales para su celebración. En realidad, para no romper puentes con el PSC, el PSOE sigue al PSC, del mismo modo que para no enfrentarse a sus soberanistas, la dirección del PSC les deja la iniciativa. Y la alternativa federal, tan necesaria de explicación, en el limbo.


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