AGLI Recortes de Prensa   Jueves 18  Diciembre  2014

Francia reduce sus regiones de 22 a 13
MARCELLO www.republica.com 18 Diciembre 2014

A ver si espabilan Rajoy y Sánchez en vez de tirarse los trastos a la cabeza en las inútiles sesiones de control del Congreso de los Diputados. Francia e Italia les están enseñando el camino, mientras Rajoy dice que no hay nada que cambiar en la estructura territorial del Estado con sus 17 Autonomías y Sánchez se declara a favor de la reforma territorial de la Constitución pero solo para primar a Cataluña y empeorar el problema elevando el rango de los ‘taifas’ españoles al rango federal.

La solución es, como acaba de ocurrir en París, exactamente la contraria porque la Asamblea francesa acaba de aprobar la reducción del total de las 22 regiones que tenía para dejarlas en solo 13. Pero claro en Francia lo más importante es el país, la nación, mientras que en España lo importante son los taifas, el amiguismo, el nepotismo y el caos administrativo en medio de un mapa regional que no tiene pies ni cabeza y que se debe cambiar.

Es decir, en España lo que hay que hacer es reducir de manera radical el peso de la Administración regional y provincial del Estado, mediante la eliminación de varias de las autonomías que no tienen sentido histórico, ni económico, ni político, como por ejemplo ocurre y son los casos de La Rioja, Cantabria, Asturias, Castilla León, Castilla La Mancha, Madrid, Murcia, Extremadura y Murcia. Y no digamos lo absurdo de tener a estas alturas las famosas Diputaciones, y cientos de ayuntamientos de tamaño irrelevantes. O incluso habría que eliminar el Senado si carece de la menor incidencia legislativa como ahora ocurre.

Rajoy ha recortado el gasto social y ha subido los impuestos pero no le ha tocado un pelo al enorme gasto territorial de la Administración del Estado que es cuna del despilfarro -televisiones autonómicas, embajadas, etc- y de la corrupción. Y el lugar donde PP y PSOE tienen colocados a muchos de sus dirigentes y militantes.

¿Qué se puede hacer? Pues a ellos, a los políticos, les toca reflexionar y proponer un nuevo mapa territorial donde existan regiones mas amplias, como la del Norte (Galicia, Asturias, Cantabria), Sur (Andalucía junto a Extremadura y Ceuta y Melilla), Levante (Valencia y Murcia), Centro (Castilla, Aragón y La Rioja, La Mancha), Levante (Valencia y Murcia), además de las relativas a fueros históricos Navarra, País Vasco y Cataluña, y las insulares de Baleares y Canarias. Mientras Madrid, quedaría en un régimen de capitalidad. Es decir habría que pasar, como poco, de las 17 Autonomías y de las 2 plazas norteafricanas de Ceuta y Melilla, a solo 11 Autonomías, eliminando ocho grandes estructuras, las 52 Diputaciones y cientos o miles Ayuntamientos pequeños.

¿Alguien cree que los españoles no aceptarían esta reforma si se la somete al preceptivo referéndum? Creemos que los españoles votarían que ‘sí’ al cambio autonómico y regional. El que, desde luego, tendría que ser bien explicado y presentado como mejora de la cohesión nacional y elemento crucial en la lucha contra la crisis y el paro.

Pero, ¿se atreverán PP o PSOE a incluir semejantes propuestas dentro de sus programas electorales de 2015? Ni éstas ni ninguna otra que les pudiera hacer perder votos y apoyos de sus estructuras partidarias desplegadas por todo el mapa territorial español. De ahí que el modelo impuesto por Valls en Francia y por Renzi en Italia, y llevado a cabo en ambos países en cuestión de meses, en España resulte casi una quimera o algo imposible de realizar. Al menos con estos partidos y estos dirigentes. Y ¿qué dice Podemos de todo esto? Pues de momento callan como zorros que son, porque no quieren abrir frentes problemáticos hasta no alcanzar una cuota de poder.

O sea lo ocurrido ayer en la Asamblea de Francia, que es un hecho relevante y ejemplar para España, en nuestro país ni se debate ni interesa. Al menos entre la clase dirigente y gobernantes, aunque cabe esperar que sí entre la ciudadanía y por eso lo queremos destacar.

CATALUÑA
FLA, el nuevo partido separatista
Pablo Planas Libertad Digital 18 Diciembre 2014

El FLA es el verdadero partido de la independencia de Cataluña. Los Fondos de Liquidez Autonómica que el Estado inyecta a la Generalidad sostienen el tejido asociativo separatista, los medios de comunicación del nacionalismo y la normalidad contable de una Administración en quiebra que, eso sí, no ha dejado de pagar ni uno solo de los intereses de los bonos patrióticos que se sacó del magín Montilla cuando la mezcla de crisis, despilfarro y corrupción había esquilmado ya las arcas de la Generalidad. Esos bonos que compraba el pequeño Oleguer mientras la familia Pujol guardaba su fortuna en el extranjero y el patriarca se las daba de modelo de conducta.

Sostiene Rajoy que el Estado continuará financiando a la Generalidad porque los catalanes no tienen la culpa de los desvaríos de sus gobernantes. Nada que objetar si no fuera porque los delirios no son baratos. Puede que de buena fe el presidente del Gobierno y sus asesores crean que el dinero que regularmente pasan a la Generalidad se destina a pagar atenciones sociales, que tiene el benéfico fin de aliviar las dificultades a los ciudadanos en apuros o de prestar unos servicios que merezcan tal nombre. Pero no es el caso. El FLA del que tiran los autores, impulsores y responsables del proceso separatista cada vez que se quedan sin guita, lo que sucede con suma frecuencia, sirve para machacar a quienes no comulgan con la república catalana, ni con su fase constituyente ni con la excluyente, verdadera sustancia de una Cataluña nación que tendría entre sus efectos inmediatos la depuración radical de los catalanes que aún se considerasen españoles y el blanqueo judicial de más de tres décadas de saqueo, adoctrinamiento y erradicación de cualquier rasgo de españolidad entre los habitantes de Cataluña.

Ese dinero que Rajoy pretende convertir en zanahorias es el palo cotidiano que reciben los cientos de miles de catalanes que todavía no son independentistas, esa mayoría silenciosa de la que hablan los populares en Cataluña y que es, en realidad, una mayoría silenciada por la agitación del bloque separatista y por el Gobierno (de España) que paga la propaganda de que España nos roba.

El problema de Mas, Junqueras y la señora Forcadell ya está descontado por muchos catalanes. Con lo que no contaban es con que Rajoy, en vez de cerrar el grifo, decretara barra libre y coste cero para la Administración catalana, lo que en la práctica supone más corrupción, más nacionalismo y menos libertad. En apariencia, CiU y el PP no están de acuerdo en nada. Tras rascar, las vinculaciones entre ambos partidos son más que pura casualidad, como lo de coincidir en que los políticos ganan poco o poner el FLA al servicio de Mas.

Pujol, en el Reino de la Impunidad
Vicente Torres Periodista Digital 18 Diciembre 2014

O acaso no sea reino, sino condado; o quizá quepa hablar de los Paises Impunes, en los que se habla una lengua que alaban todos los científicos del mundo.

El caso es que ya dijo él hace tiempo que si tiramos de la manta nos haremos daño todos, y lo cierto es que la manta, años después, sigue en su sitio. Una de esas frases que no son ciertas, pero sí muy llamativas, dice que hay tres cosas que no se pueden esconder. No es cierta porque no son sólo tres cosas, sino bastantes más, pero una de las tres es el dinero y los Pujol tienen mucho, de modo que tenía que llegar un momento en que habría que verlo; no se puede estar disimulando toda la vida.

Una vez que ha aflorado la fortuna y ya está a la vista de todos queda la segunda parte, la judicial, y ahí está el atasco; planea la impunidad. Ya se dio cuando lo de la Banca Catalana. Imperaba, más que mandaba, entonces Felipe González, el mejor estadista español del siglo XX según Luis María Anson, casi un prodigio de la naturaleza para los gobernantes colombianos, cuya vista guarde Dios muchos años.

La justicia española no insistirá ante Suiza, tampoco consigue la colaboración de las autoridades andorranas. Cualquiera puede pensar que la culpa es de esos países, o de sus gobiernos, y por ello el juez español no puede hacer su trabajo. Pero es que lo que dicen los suizos es que la justicia española les ha hecho la petición de un modo un tanto cutre: ha utilizado el método copiar y pegar.
¿Habrá desgana en todo ello por parte de los jueces españoles? ¿Se limitan a cubrir el expediente ante la opinión pública?

ORIENTE MEDIO
El Estado Islámico ‘enseña’ cómo tratar a las esclavas sexuales
Pablo Molina Libertad Digital  18 Diciembre 2014

Desde que el grupo terrorista islamista surgido de la rama iraquí de Al Qaeda iniciara su expansión por amplias zonas de Irak y Siria, han sido documentados numerosos secuestros de mujeres de minorías religiosas para su venta o explotación sexual. Organizaciones humanitarias dedicadas a la lucha por los derechos humanos estiman que unas 2.500 mujeres yazidíes podrían estar en manos del EI, que las destina al disfrute de sus combatientes.

La organización del califa Bagdadi incluso ha elaborado un manual con 27 normas de uso, que sus militantes deben observar con toda mujer infiel que caiga en su poder. El documento, titulado "Preguntas y respuestas sobre la toma de cautivos y esclavos", ha sido elaborado por el Departamento de Investigación y Fetuas e impreso por la editora Al Himma.

El referido manual incluye aberraciones como la autorización para la violación de menores. Así, el punto número 13 establece que

es permisible tener relaciones sexuales con las mujeres esclavas que no han alcanzado la pubertad si son aptas para ello (sic); sin embargo, si no son aptas entonces es suficiente con disfrutar de ellas sin llegar a tener relaciones.

La aptitud de la niña yazidí o cristiana para ser objeto de una violación es algo que, a tenor de la vaguedad del enunciado, queda a juicio del terrorista.

En el punto número 5 de este horripilante catálogo de infamias se autoriza a los terroristas a violar inmediatamente a las mujeres infieles siempre que sean vírgenes. Si la prisionera no lo es, entonces se le deberá purificar el útero antes del asalto.

Los miembros del Estado Islámico están autorizados a vender esclavas, así como a comprarlas en grupo, si bien en este último caso sólo el dueño que adquiera finalmente su parte a los demás o las reciba como regalo podrá violarlas. En caso de muerte de un terrorista, sus esclavas sexuales podrán ser vendidas o traspasadas junto con el resto de la herencia, como cualquier otro objeto de su propiedad.

Una vez ha quedado fijado que la mujer infiel es propiedad del miembro del EI que la ha capturado o adquirido y que puede utilizarla a su antojo, lo que procede es determinar los límites de ese derecho de propiedad y las reglas a las que se debe sujetar su comercio. Así pues, el manual prohíbe a un terrorista, por ejemplo, asaltar sexualmente a la esclava de su esposa, puesto que, como se dice en el punto número 11, "la esclava es propiedad de otra persona". De hecho, ni siquiera puede besarla, porque se trata de un acto placentero y el Corán, según la interpretación del grupo terrorista, prohíbe esas efusiones con esclavos de los que no se es propietario.

El documento autoriza a los terroristas a golpear a sus esclavas sexuales siempre que lo consideren necesario, como castigo o escarmiento, pero sin excesos y sobre todo sin dañar el rostro.

Este tratado espantoso ha sido desvelado por el Instituto para la Investigación de Medios de Oriente Medio (Memri, por sus siglas en inglés), que ha dado a conocer los extractos publicados en Twitter por un simpatizante del EI.     © elmed.io

El FLA y plan de pago a proveedores
Mariano Rajoy lanza a Artur Mas un balón de oxígeno de 1.700 millones
El Gobierno de España reducirá al 0% los intereses de los fondos prestados a las CCAA y facilitará su refinanciación
Periodista Digital 18 Diciembre 2014

Nuevo balón de oxígeno a las maltrechas finanzas autonómicas. El Gobierno dejará de cobrar intereses a las CCAA por la deuda contraída con este a través de los diferentes mecanismos habilitados para su financiación, principalmente el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el plan de pago a proveedores.

Esta medida -que se planteará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la próxima semana- ha sido promovida por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y se aplicará tanto a la deuda viva actualmente como a la que se genere en el futuro.

Además, el Gobierno facilitará la refinanciación de la deuda procedente del FLA y del plan de pago a proveedores -que supera los 80.000 millones de euros-. Y, en todo caso, se descarta la aplicación de una quita (una condonación parcial de la deuda), aunque era una posibilidad que se había barajado.

Un ahorro de 1.700 millones para la Generalidad
Esta eliminación del coste de la deuda de las CCAA con el Gobierno les permitirá un ahorro total de unos 5.300 millones de euros (y que se suma a los 4.000 millones que supuso la rebaja del interés al 1% y la ampliación en un año del plazo de carencia que se aprobó en julio pasado).

En el caso de la Generalidad de Cataluña, la medida le supondrá un ahorro de unos 1.700 millones de euros, habida cuenta que su deuda con el Gobierno ascende a unos 32.000 millones de euros a través del FLA y del plan de pago a proveedores.

DENUNCIA QUE SE HA CELEBRADO "A ESCONDIDAS"
El PP veta a la AVT en el Estatuto de la Víctima
Gaceta.es 18 Diciembre 2014

El Congreso aprueba en la Comisión de Justicia un texto sin invitar a la AVT a pesar de haber llamado a otras asociaciones de víctimas.

El enfado es grande en la principal asociación de víctimas del terrorismo. El Congreso aprobaba este miércoles en la Comisión de Justicia el Estatuto de la Víctima, un texto que les otorga entre otros aspectos la posibilidad de recurrir la libertad condicional y permisos penitenciarios de su agresores, pero lo hacía sin haber invitado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y sin haber llevado las alegaciones que su presidenta, Ángeles Pedraza, había presentado desde hacía meses al exministro Alberto Ruiz-Gallardón y al actual titular de Justicia, Rafael Catalá.

La Comisión de Justicia, en la que han estado presentes como asesora la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, los afectados por el accidente de Spanair, las víctimas de trata de seres humanos o asociaciones para la defensa de los derechos del menor, trataba la aprobación de un texto que ha reconocido el derecho de las víctimas de los delitos más graves a ser escuchadas por el juez de Vigilancia Penitenciaria antes de que decida sobre la libertad condicional, el cambio de grado o los beneficios penitenciarios de sus agresores, entre otros aspectos. El Estatuto ha salido adelante con los votos a favor del PP y UPyD y la oposición de PSOE e IU, que han llegado a tachar el artículo 13 de "aberrante" porque consideran que dar la posibilidad de recurrir la libertad condicional y permisos penitenciarios de su agresores "dificulta la reinserción del preso y potencia el afán de venganza".

Si bien una buena parte del debate ha estado centrada en las víctimas del terrorismo, la AVT no ha estado representada y su presidenta, Ángeles Pedraza, confiesa que se siente "indignada" por considerar que se ha tratado de una comisión "a escondidas". "Nos ha llamado la atención que Carmen Quintanilla (PP) haya llamado a las asociaciones y a nosotros no nos han invitado", explica. "Queremos saber por qué", exige, e informa su asociación se pondrá en contacto con el ministro de Justicia para conocer las razones. Fuentes asistentes a la comisión corroboran su extrañeza ante la ausencia de la AVT y consideran que recibieron la convocatoria a la reunión la tarde del día anterior de forma "apresurada".

Otros grupos representados, como la Asociación de Afectados del vuelo JK5022 de Spanair, se han mostrado satisfechos por haber conseguido incluir sus reivindicaciones en el Estatuto de la Víctima, aunque han criticado el "desinterés" que mostraban algunos parlamentarios y los votos en contra que ha recibido el Eseatuto por parte del PSOE e IU.

Según explica a Gaceta.es la presidenta de los afectados por el accidente del avión de Spanair, Pilar Vera, el texto por fin ha recogido una enmienda que prohíbe a los abogados y procuradores dirigirse en los primeros 30 a 45 días a las víctimas de catástrofes o sucesos que hayan provocado un número elevado de perjudicados para ofrecerles sus servicios. "Tratan a las víctimas como fuentes de ingresos", asegura, y recuerda que tan solo tres horas después del accidente del avión ya había un grupo de abogados de un despacho norteamericano ofreciéndoles firmar unos contratos en inglés. Además, Vera ha pedido que se prohiba el sobreseimiento libre en grandes accidentes aéreos y ha informado que se propondrá también que se incluya la figura del desaparecido de accidente aéreo.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

El Gobierno beneficia a Cataluña con la deuda a cambio de nada
EDITORIAL El Mundo 18 Diciembre 2014

LA MEDIDA que ha elegido el Gobierno para rebajar la deuda de las comunidades autónomas con el Estado y que aprobará en Consejo de Ministros consiste en suprimir los intereses que aquéllas deben satisfacer por el dinero que reciben del Fondo de Liquidez Autonómica y del Fondo de Proveedores. Se trata de una decisión polémica que favorecerá particularmente a Cataluña, la que más se ha beneficiado de estos fondos.

El Ministerio de Hacienda había barajado diferentes alternativas para permitir un desahogo a las comunidades más asfixiadas, sin descartar siquiera la condonación de parte de su deuda. Sin embargo, una medida así era inviable, porque obligaba al Estado a computar las cantidades perdonadas como déficit y porque supondría un agravio a las autonomías que menos han requerido de la ayuda oficial o que incluso la han rechazado, optando por financiarse en los mercados.

Sin embargo, la decisión final del Gobierno tiene una evidente lectura política. Camuflado como café para todos, lo que subyace es un nuevo rescate, entre otras, a la Generalitat, incapaz hasta ahora de equilibrar sus cuentas. En total, serán más de 1.700 millones de euros los que las arcas catalanas podrán ahorrarse, ya que la medida tiene carácter retroactivo: no habrá que pagar intereses por el dinero ya prestado y aún no devuelto.

Las otras Administraciones más beneficiadas serán la valenciana y la andaluza. Ahora bien, son casos muy distintos al de Cataluña. Para empezar, ninguna ha planteado un desafío al Estado. La Comunidad Valenciana ha hecho un esfuerzo de ajuste enorme -incluido el cierre de su televisión autonómica- y los informes de los técnicos la confirman como la región más perjudicada por el actual sistema de financiación. Enfrente, la Generalitat que dirige Artur Mas sigue invirtiendo a manos llenas en el proceso soberanista y, pese a sus gravísimos problemas financieros, continúa desatendiendo las necesidades de los ciudadanos para, entre otras cosas, ampliar el presupuesto de sus embajadas.

El mensaje que envía el Gobierno con su decisión de eliminar el cobro de intereses a las autonomías es que los dirigentes manirrotos tienen premio y que incluso sale gratis tratar de romper España. En las actuales circunstancias, las ayudas a Cataluña deberían estar supeditadas, como mínimo, a la lealtad institucional.

¿La paz sucia de ETA sigue manchando togas?
EDITORIAL Libertad Digital 18 Diciembre 2014

Ignoramos si Ramón Sáez, Manuela Fernández de Prado y Javier Martínez Lázaro –magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Nacional– perpetraron el pasado 4 de diciembre un delito de prevaricación, tal y como sostiene la querella que está ultimando contra ellos la Asociación Dignidad y Justicia, al decretar la puesta en libertad del histórico dirigente etarra Santiago Arróspide Sarasola, alias Santi Potros, y de otro miembro de la banda, Alberto Plazaola Anduaga. Lo que sí parece evidente es que dichos magistrados cometieron – fuera a sabiendas o no– una clamorosa injusticia, que ya ha sido recurrida por la Fiscalía, al basar dichas excarcelaciones en una decisión marco que el Consejo de Europa aprobó en 2008 pero que todavía no había sido traspuesta ni era, por tanto, vinculante para el ordenamiento jurídico español, por el que se debían acumular las condenas cumplidas en países de la Unión Europea.

Lo más grave del asunto es que estos tres magistrados decretaron la inmediata puesta en libertad de estos etarras justo un día antes de que entrara en vigor la ley 7/2014, por la que dicha decisión marco del Consejo de Europa se traspone a nuestro ordenamiento jurídico. Dicha ley contiene una disposición adicional única que señala claramente que "en ningún caso serán tenidas en cuenta" para su aplicación "las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010", tal y como era el caso de las condenas de los dos etarras injustamente excarcelados.

Resulta sorprendente que estos magistrados no fuesen plenamente conscientes de esta legislación que cercenaba de raíz las pretensiones de estos etarras de adelantar su salida de prisión, puesto que ya había sido publicada veinte días antes de su entrada en vigor; es decir, diez y nueve días antes de que los magistrados decretasen la inmediata excarcelación de los dos etarras. Por otra parte, lo que estaba vigente un día antes de la entrada en vigor de la Ley/2014 no era la decisión marco del Consejo de Europa, sino el Derecho estatal, que en ese momento todavía no había sido armonizado por la directriz europea.

Casi tan lamentable como el proceder de estos tres magistrados ha resultado el comportamiento de los miembros de la Sala de lo Penal Tribunal Supremo que, reunidos con carácter de urgencia este martes para fijar un criterio general sobre cómo debe aplicarse la normativa europea, han decidido volver a reunirse el 13 de enero para consensuar la decisión. Este aplazamiento resulta escandaloso por un doble motivo: por el hecho de que los magistrados necesiten tanto tiempo para ponerse de acuerdo en algo tan obvio como que, a falta de una ley que dé traslado a una decisión marco europea, rige el Derecho estatal, por lo que dichas excarcelaciones serían igualmente contrarias a Derecho, y porque este escandaloso aplazamiento brinda una clara oportunidad de fuga a los dos etarras injustamente excarcelados, tal y como ya ocurrió con De Juana Chaos, Troitiño y otros.

Es comprensible la indignación que suscita entre las víctimas del terrorismo este nuevo varapalo a la dignidad, a la memoria y a la justicia que todas ellas merecen. Llueve sobre mojado. Por mucho que el Gobierno de Rajoy haya criticado, pública y abiertamente, el proceder de estos tres magistrados y haya hecho suyos los argumentos de la Fiscalía, son más de un centenar los etarras que, bajo el Gobierno del PP, han sido excarcelados, bien por concesión de terceros grados, bien por la indebida derogación de la Doctrina Parot por una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que estrictamente sólo concernía a la etarra Inés del Río. Este mismo miercoles Josefa Mercedes Ernaga, condenada a más de 2.000 años de prisión por la matanza de Hipercor, ha sido excarcelada tras cumplir sólo 27 años de prisión. Mientras tanto, hay 326 asesinatos de ETA que siguen sin resolverse.

Todos recordamos los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno con ETA, en torno a la legalización de sus terminales políticas y a la progresiva excarcelación anticipada de sus presos, como para no sospechar de tanta condescendencia por parte del actual Gobierno a la hora de ver cómo esos compromisos se hacen realidad.

El ‘caso Pujol’ huele a bluf
Javier Caraballo El Confidencial 18 Diciembre 2014

Es probable que todo el mundo se haya hecho la misma pregunta: “¿Y cómo es posible que no haya ningún Pujol en la cárcel, si en la mayoría de las ocasiones acaban desfilando por la trena en cuanto se destapa la corrupción?”. Pues esa es la cuestión, la perplejidad que resulta de la sencilla ecuación de que en una familia de nueve personas haya ocho imputados y ninguno ha tenido el más leve riesgo de pasar por la cárcel, como tantos otros acusados de corrupción. ¿Tantos miles de millones blanqueados, según informes de la Policía que se han publicado, y nada de nada? Esto huele mal, definitivamente. Algo está pasando y no habría que descartar que todo acabe en un estruendoso bluf. Veamos.

Para empezar, establezcamos que ‘bluf’ sería todo aquello que no vincule a la familia Pujol con la corrupción política en Cataluña. Dicho de otra forma, estaremos ante un bluf si al final lo único que se puede demostrar es aquello de lo que ya se inculpó Jordi Pujol padre, un delito fiscal sostenido durante treinta años y que afecta a casi toda la familia. Es, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la pieza que vincula a más miembros de ese clan familiar. Esta semana hemos conocido que, después de meses de investigación, no hay nada que sostenga las denuncias de corrupción.

Esa es la relevancia mayor del auto judicial: “Que ese dinero tiene un origen delictivo, y más concretamente, que procede del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios por parte de la Generalitat de Cataluña, supone, a falta de otros indicios inequívocos o informaciones objetivas, una presunción o un salto cualitativo que no se puede hacer por el momento", sostiene la titular del Juzgado número 31 de Barcelona. Es decir, lo único que hay es lo que ya declaró Pujol, que tenía dinero oculto en el extranjero.

Desde luego que no le resta gravedad alguna a lo sucedido, pero de una forma u otra, inducidos o jaleados, todos hemos deducido estos meses atrás que el origen de la fortuna de los Pujol en el extranjero procedía de las comisiones ilegales, y de eso, como señala la jueza, no hay más que presunciones que carecen de prueba.

Otro caso, el de las ITV, quizá el primero que se investiga y que también parece varado. Tampoco está exento de dudas sobre el futuro judicial porque, como se ha reconocido, la investigación se frustró cuando el nombre de Oriol Pujol apareció tangencialmente en otra trama, la del ‘caso Campeón’; se publicó el nombre de Oriol y se chafaron los seguimientos y los pinchazos telefónicos que se estaban realizando. Si el tráfico de influencias ya es, por sí mismo, muy complicado de demostrar en los tribunales de Justicia, cuando en la propia instrucción se admiten dificultades probatorias, podemos esperarnos lo peor. ¿Cuántos casos de tráfico de influencias se derrumban en segunda instancia o en el Supremo? Tan seguro está Oriol Pujol de que al final no se podrá demostrar nada que cuando dejó sus cargos políticos no dijo que dimitiera, sino que los ‘delegaba’ temporalmente.

Es lo mismo que ocurrió con el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, que fue a declarar en noviembre pasado y, para sorpresa de todos en el juzgados, no sólo no rechazó ninguna pregunta, sino que demostró una memoria envidiable sobre operaciones urbanísticas de hace diez años. Casi todos los imputados por corrupción hacen lo contrario, se niegan a declarar toda pregunta que no venga de su abogado defensor y suelen tener una mala memoria persistente.

No ocultó siquiera la naturaleza de las relaciones con la mujer que lo ha acusado de viajar a Andorra con mochilas llenas de billetes de quinientos euros. De su relación con ella dijo que había sido estrictamente sexual y de los billetes, pues eso, que nadie va por el mundo con mochilas llenas de billetes. Lo dijo con el mismo desparpajo con el que se definió como un “dinamizador económico”. “¿Usted de qué trabaja? “Soy dinamizador económico…” ¿Se lo imaginan?

En cualquier caso, chulerías al margen, el problema fundamental de este caso, la duda principal sobre su viabilidad, radica en que todos los empresarios que han pasado por el juzgado han confirmado que efectivamente pagaron a Jordi Pujol y que los trabajos que le solicitaron los realizó a plena satisfacción de sus sociedades. Si hasta once empresarios dicen lo mismo, ¿cómo se va a demostrar el supuesto delito?

No es como en algunos casos que conocemos de la Gürtel, o de la trama de Urdangarin, o del ‘caso Malaya’, que se puede demostrar que se pagaba por trabajos nunca realizados; aquí todos ratifican el contrato y el trabajo realizado. Aunque todo sea tan raro, tan raro, como que dicen algunos de esos empresarios que le pagaron a Jordi Pujol Ferrusola hasta nueve millones de euros y ni siquiera firmaron antes un papel para formalizar el trabajo.

Al menor de los Pujol Ferrusola, al llamado Oleguer, lo detuvo la policía durante un día, en octubre pasado, y tal como entraron en las oficinas y en las casas y se llevaron ordenadores y papeles, el menor del clan salió por la puerta en libertad y sin fianza alguna. Para un tipo al que se le han colgado titulares que hablaban de negocios irregulares para blanquear miles de millones de euros, es extraño, ¿no les parece? ¿Cuántos casos de corrupción hemos visto, como la reciente ‘operación Púnica’, en los que la secuencia de los registros acaba con una docena de tipos en los calabozos de la Policía, y luego en la cárcel?

A lo mejor tiene algo que ver la auditoría de Deloitte que presentaron sus abogados y en la que se aclaraba que Oleguer Pujol sólo tenía el 0,04 por ciento de los 3.000 millones de fondos de inversión que se le adjudicaban en los titulares como si fueran suyos. De 3.000 millones a 1 millón de euros va un trecho importante, sí… La propia Deloitte concluía en esa auditoría que no habían detectado “ninguna irregularidad” pero, bueno, entenderán los de Deloitte, con todos los respetos, que no se les conceda demasiado crédito a las auditorías en España, después de lo que llevamos visto. La anotación sirve sólo a efectos de lo de antes: ¿dónde están las pruebas?

Cuatro procesos judiciales, meses y meses de investigación, ocho imputados, y las pruebas por corrupción política son las más endebles. Una vez más: si al final de todo, el caso Pujol se limita a los delitos fiscales, si nada puede demostrarse que relacione a ese clan familiar con la corrupción política, con el famoso “tres por ciento” de las comisiones ilegales de la Generalitat, podremos hablar de un bluf policial y judicial. Y otra vez estaremos frente al espejo más descarnado de una frustración social provocada por múltiples actores. Como dicen ahora, es para hacérselo mirar.

La coca de vidrio, enigma del catalán
oti rodríguez marchante ABC Cataluña 18 Diciembre 2014

Más que proceso, parece procesión, un concurso para ver quién localiza de manera más ridícula el ombligo, y lo único claro es que es una competición cada vez más dura y abierta: la puede ganar cualquiera

Puesto que lo de los Pujol, que podrían tener ya su propio comic como «spin off» de Lucky Luke, al modo de Los Dalton, hace ya tiempo que dejó de tener gracia, y ha de buscarla uno mirando a otro lado de la vida social y «cultural» de esta Barcelona destartalada, trivializada y obsesionada con el verbo ser mientras que demuestra una incompetencia casi sin fisuras para conjugar en presente de indicativo el verbo estar. Más que proceso, parece procesión, un concurso para ver quién localiza de manera más ridícula el ombligo, y lo único claro es que es una competición cada vez más dura y abierta: la puede ganar cualquiera.

Mi voto de hoy se lo doy sin duda a esa entidad con ánimo de lucro llamada Plataforma per la Llengua, compuesta por un consejo consultivo en el que difícilmente cabría un gramo más de talento, por lo que les resulta muy fácil localizar el ombligo incluso en la parte baja de la espalda. Este año, y al parecer no es el primero, ha dedicado todo ese caudal de talento a promover la elección del «enemigo del catalán» y ha propuesto veinte candidatos para el premio.

Como tal iniciativa sólo puede estar movida por las ganas de internacionalizar la risa sobre el estado mental del catalanismo, me referiré sólo a uno de los candidatos al premio de «enemigo del catalán», la Coca Cola, esa bebida tan identitaria y que mezcla igual de bien con el Ron Pujol y con el vino del país para hacer el calimoxo típico catalán.

A mí, en realidad, no se me ocurre el argumento para considerar a la Coca Cola enemigo de nada, salvo del buen whisky y de la buena flora intestinal, pero si los intelectuales de la Plataforma consideran que la bebida no hace bien su trabajo en pro del catalán, he de suponer que habrán hecho antes la pertinente cata del caldo: sorbito, enjuague y escupitajo a la jofaina…, «sí, en efecto…, noto en ella cierta enemistad con el catalán». Pues habrá que obrar en consecuencia, porque la Coca en Cataluña es cultura popular y tradición, las hay dulces y saladas, tapadas y abiertas, y la hay de vidrio, que es un enemigo disfrazado.

Yo tenía oído eso de que hay más tontos que botellines, pero es nuevo esto de que los hay incluso más que botellas de Coca Cola.

Qué le pedimos a la independencia
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 18 Diciembre 2014

Lingüista

Atención al fenómeno, quizá nimio, pero muy significativo. Emblemático, como dicen los grandilocuentes emblemáticos. El domingo pasado una lectora, universitaria de los años sesenta (Montserrat Bové, 'Carta d'una afortunada') decía que lo es por tener trabajo estable (no de mileurista), pagar hipoteca y todos los recibos habidos y por haber, y servir de sostén y refugio a toda su familia, que con la crisis lo pasan fatal. Pero la cara amarga de la cosa es que "cada mes de junio la Agencia Tributaria del Estado español la obsequia con una declaración de renta positiva que la deja temblando meses y meses".

La guinda viene a los postres: "espero que en un futuro la independencia de Cataluña haga que toda esta negra etapa pueda ser recordada como una auténtica pesadilla". La respuesta le llegó el martes (Buenaventura Grau, 'Catalanes ingenuos'): "¿Cómo puede imaginarse que el posible futuro estado catalán no le presentará una declaración positiva de su renta? Solo me queda creer que los independentistas catalanes o viven engañados, o no les han explicado la verdad, o son, como en este caso, muy ingenuos".

Es cierto. Hay en todo esto del independentismo catalán un porcentaje considerable de adanismo, ingenuidad, cuento de hadas, color de rosa y qué bonito todo. Como en el chascarrillo de Pujols, repetido con bastate mala uva por Dalí: "Llegará un día en que los catalanes iremos por el mundo con todos los gastos pagados. Entraremos en un restaurante y a la hora de la cuenta nos dirán '¿usted es catalán? Pues nada, hombre, ya está pagado". Este espectáculo de estilo 'Mary Poppins' cuadra mal con el estereotipo del catalán positivo, pragmático y hasta ramplón. En la sofocante campaña del 9N, al ocupar el independentismo toda la pista de propaganda electoral, los mensajes no diré buenistas sino "mejoristas" llegaron al paroxismo del ridículo: la independencia produciría un país digno, limpio, honesto, socialmente justo, equilibrado, cuidadoso del entorno, atractivo para la inversión extranjera, alegre y pacífico. La Arcadia feliz, el mundo mejor de los posibles y bien colocado entre los imposibles. La reostia. A la juventud les explicaron que la independencia haría posible cambiarlo todo desde la raíz, inaugurar una etapa radicalmente nueva, sin las rémoras históricas de España, estado fracasado. ("La independència, per canviar-ho tot"). Reconozco que el golpe de Pujol confesando su estafa millonaria impune durante tantos años fue para muchos como un amargo despertar con resaca, después de tanto chute de utopía.

No le echo la culpa a los soberanistas que han diseñado esta patraña a conciencia, echando mano de un burdo marketing de cómo engañar a las masas. Hay un momento en que el timo es más culpa del que muerde el anzuelo que del timador. Si somos capaces de creernos que Cataluña independiente será justa por naturaleza, entonces la culpa es nuestra, por imbéciles. Como los pobres vecinos del Villar del Río, en la inolvidable 'Bienvenido Míster Marshall' de Berlanga, que hacían cola para apuntar lo que les pedían a los americanos: un tractor, una nevera, un novio... Me da a mí que mucho personal indepe se ha tomado esto como la carta a los Reyes Magos: piensan que la declaración a Hacienda les saldrá negativa. ¡Cómo nos va a salir positiva, si somos catalanes! Ay qué risa, tía Felisa.

SANTI POTROS Y ERNAGA PASAN LA NAVIDAD EN CASA
'El TS no meterá a los etarras a la cárcel'
R.M.R  www.gaceta.es 18 Diciembre 2014

Las víctimas del atentado de Hipercor consideran que el Supremo no rebatirá la decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar a Santi Potros.

Los etarras que perpetraron el sangriento atentado de Hipercor, Santiago Arrospide Sarasola alias "Santi Potros" y Josefa Ernaga, pasarán la Navidad en casa. El primero permanecerá en libertad al menos hasta enero, mes en el que el Tribunal Supremo volverá a reunirse para debatir sobre nuevas excarcelaciones de etarras a raíz de la decisión de la Audiencia Nacional. La segunda, beneficiada de la anulación de la Parot, puso los pies en la calle este miércoles, tres años antes de lo previsto.

Las víctimas del atentado de Hipercor han asistido con estupor al aplazamiento de su decisión al no entrar a resolver el recurso del etarra Kepa Pikabea, que sería extensible al resto de terroristas, entre ellos la de Santi Potros. El presidente de ACVOT, José Vargas, se muestra indignado por la decisión, aunque asegura a Gaceta.es que está dentro de "lo esperado". "El Supremo no va a desdecir a la Audiencia Nacional", valora. "Esperarán a enero para que la presión se haya diluído y que nadie se acuerde de esta humillación a las víctimas del atentado de Hipercor", insiste.

Santi Potros salía de la cárcel el pasado 4 de diciembre después de que la Audiencia Nacional acordara su excarcelación y la del también miembro de la banda Alberto Plazaola al descontar el tiempo que ambos habían pasado en una prisión francesa. Así lo dejaba patente en dos autos en los que se ordenaba la salida de la cárcel de los dos terroristas en aplicación de la decisión marco que el Consejo de Europa aprobó en 2008 para que se acumularan las condenas cumplidas en países de la Unión Europea. La pelota estaba en el tejado de los magistrados del Tribunal Supremo, que debían pronunciarse sobre las excarcelaciones acordadas por la Audiencia Nacional que podrían hacerse extensibles a otros etarras, pero acabaron acordando celebrar otro pleno el 13 de enero tras escuchar antes a la Fiscalía y a la defensa de Pikabea.

"No entendemos las prisas por sacar de la cárcel a estos asesinos", continúa Vargas. "La directiva europea no obliga al Estado español a ponerlos ya en la calle", asegura el presidente de ACVOT, y considera que la justicia no va a tener la "osadía" de meter a los etarras a la cárcel. "Y al final el que muere por inanición es la víctima, no el asesino".

Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha defendido la "independencia, imparcialidad y responsabilidad" de los jueces frente a las críticas. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya había señalado que ni el Ejecutivo ni los ciudadanos "entienden" la excarcelación, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, expuso su criterio de que la aplicación de la normativa europea no implica de forma automática la excarcelación.


Recortes de Prensa   Página Inicial