AGLI Recortes de Prensa   Sábado 20  Diciembre  2014

Suicidio democrático.
Vicente A. C. M. Periodista Digital  20 Diciembre 2014

Una cosa es terminar con el bipartidismo vergonzante y otra cosa es suicidarse democráticamente de vuelta hacia la dictadura, pero esta vez de un proletariado casposo, decimonónico, populista y afectado de los mismos males que queremos desechar de la vida política española. Una cosa es hacer pagar por sus fechorías y latrocinio de décadas a quienes han dominado esa vida política de España en una alternancia de poder beligerante y destructiva donde prevalecía el interés partidista y el sectarismo sobre el interés general, y otra cosa es echarse en brazos de unos individuos que propugnan la dictadura del proletariado y tienen su modelo en regímenes totalitarios de ultra izquierda como los de Cuba y de Venezuela.

Las encuestas son lo que son y la mayoría de las veces no reflejan una realidad, pero sí una tendencia. Y la tendencia que se observa es el triunfo de esa formación de ultra izquierda que siendo lobo se disfraza de cordero para engañar a aquellos incautos que crean en sus promesas. Porque lo fácil es prometer y luego, como hizo el PP, con cualquier excusa o sin ellas incumplir las promesas. Hay quien dice que los integrantes de esa formación política emergente carecen de experiencia y de preparación para la gestión de cualquier cosa por no haberse sentado nunca en un despacho con verdaderas responsabilidades de gobierno. Y es verdad, pero quizás la experiencia ha demostrado también que estar mucho tiempo en esas funciones lleva ineludiblemente a la corrupción y a la auto complacencia en la gestión.

La dura realidad es que España se encuentra en la mayor encrucijada identitaria que pone en serio riesgo su futuro como nación y también su pertenencia a la UE. Un país que se ve amenazado por el auge de los nacionalismos, de la insolidaridad y de la cobardía de un ejecutivo dispuesto a apaciguar el chantaje mediante el pago de un rescate en forma de condonación de deuda, de provisiones de fondos ilimitados y de componendas de aumento de las competencias en detrimento del Gobierno de la nación. Una encrucijada que es aprovechada por las fuerzas de ultraizquierda que con dominio absoluto de los medios de propaganda y apoyados por lobbys de la información insensatos, están canalizando el desencanto de los ciudadanos para auparse al poder y acabar con la escasa e imperfecta democracia que tenemos, pero democracia al fin y al cabo.

Y la verdad es que los españoles hemos dado muestras suficientes durante estos años de no haber alcanzado la madurez política y dejarnos influir por las vísceras y no por la razón. Bastó un golpe de Estado para que triunfara la izquierda y se produjera el ascenso al poder del PSOE con una derrota aplastante del partido de centro UCD. Bastó otro atentado para que se produjera otro vuelco electoral eligiendo al que sería el más incompetente y sectario de los presidentes de Gobierno de España que negó y ahondó la crisis económica hasta hacerla crónica y llevarnos al borde de la bancarrota. Bastó esa debacle económica para que el PP obtuviera la mayoría absoluta más impresionante desde la transición, mayoría desaprovechada en una gestión asfixiante con los ciudadanos en la mayor subida de impuestos de la democracia, la bajada de salarios y el empobrecimiento de las clases medias, mientras la casta política preservaba sus prebendas elitistas.

Esa falta de madurez y el desencanto es lo que está haciendo posible que en las encuestas las perspectivas sean frustrantes y dejen un horizonte de dudas y de temores ante la posibilidad de que una formación de ultraizquierda pueda llegar a gobernar sola o en coalición con otros partidos de izquierda, incluido un PSOE siempre dispuesto a pisar moqueta. Y la verdad es que una vez dejado el monstruo en libertad y bien alimentado, parce una misión imposible abatirlo.

Yo no quiero estar en una España en la que la libertad sea secuestrada como en Venezuela o en Cuba. Yo no quiero estar en un país donde la nueva casta política sea aún peor que la que estanos sufriendo. Pero para eso al menos debería haber un partido político que consiguiera convencer a la mayoría de que ofrece una solución real de regeneración, de transparencia en la gestión y de optimización de los recursos. Una formación que antepusiera la solidaridad y tuviera un proyecto común de desarrollo de convivencia en paz e igualdad. Desgraciadamente ese partido aún no existe.

Lo único que pido a mis conciudadanos es que no se dejen engañar por los falsos profetas que prometen asaltar el paraíso y lo que pretenden es ponerse ellos en lo más alto del Olimpo en el que los ciudadanos seremos sus siervos y sus juguetes de diversión. Por mi parte haré todo lo que esté en mi mano para que eso no ocurra.

La aberrante 'doctrina Montoro' con las CCAA
EDITORIAL Libertad Digital  20 Diciembre 2014

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no sólo ha aplicado una nefasta y abusiva política fiscal durante la presente legislatura, disparando los impuestos a las familias y empresas que sostienen este país en pie, sino que, no satisfecho con ello, también ha protagonizado una aberrante estrategia de financiación territorial, consistente en rescatar de forma indiscriminada a todas las Administraciones Públicas, al tiempo que premia a los políticos más despilfarradores e irresponsables.

El corolario de este particular sistema de incentivos perversos, diseñado a conciencia por Montoro, tendrá lugar el próximo martes, cuando el ministro presente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera su nuevo mecanismo estrella para auxiliar a las comunidades autónomas con mayor déficit público. En concreto, el Gobierno condonará el pago de los intereses de la deuda a las nueve regiones que se acogieron al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), dotándolas así de mayor margen presupuestario para seguir gastando a placer, pese a que la mayoría ha incumplido de forma reiterada los objetivos de estabilidad fiscal. Además, por si fuera poco, mutualizará toda la deuda territorial, de modo que, a partir de ahora, tanto los gobiernos regionales como los ayuntamientos se financiarán de forma directa a través del Tesoro Público. Es decir, la deuda de una región o localidad concreta recaerá sobre los hombros de todos los contribuyentes de España y no sólo de sus residentes, diluyendo por completo la responsabilidad de cada cual bajo la maniquea excusa del "interés general".

Se trata de un nuevo error gravísimo por múltiples motivos. En primer lugar, porque el rescate estatal de autonomías y ayuntamientos quebrados fue, desde el principio, un absoluto despropósito. El Gobierno central pagó, con el dinero de todos, los desmanes y excesos de algunas administraciones, impidiendo así su necesaria reestructuración mediante recortes de gasto y eliminación de organismos inútiles con el fin de volver a equilibrar sus cuentas. Montoro, por el contrario, acudió en su auxilio, evitando ese imprescindible saneamiento administrativo y manteniendo casi intacta la insostenible y elefantiásica estructura territorial. Y ello, a cambio de unos supuestos planes de ajuste que, en la mayoría de casos, no se han cumplido. De hecho, en lugar de exigir la aplicación de las medidas comprometidas, Montoro premia ahora a las regiones más incumplidoras con quitas y nuevas facilidades de financiación.


Esta forma de actuar supone una profunda inmoralidad, ya que pagan justos (los contribuyentes de las regiones más austeras y responsables) por pecadores (los políticos manirrotos), al tiempo que se incentiva la gestión más despilfarradora y contraproducente. El paradigma de este desaguisado es, sin duda, Cataluña, puesto que ha recibido más de 32.000 millones de euros del FLA y no ha cumplido ni uno solo de sus compromisos de déficit. Normal. No en vano, para qué recortar y equilibrar las cuentas, con el consiguiente coste político que ello supone, si, al final, Montoro acude raudo y veloz a pagar las facturas con el dinero de todos. Con la Ley de Estabilidad Presupuestaria en la mano, las finanzas de Cataluña y otras regiones hace tiempo que deberían haber sido intervenidas, pero el Gobierno, muy al contrario, ha preferido recompensarlas.

El modelo de financiación autonómica vigente es un desastre sin paliativos, tal y como se ha encargado de demostrar esta crisis, pero Montoro ostenta el increíble mérito de haber extendido sus perversos efectos hasta límites insospechados. Así pues, el ministro de Hacienda se ha vuelto a superar a sí mismo, ya que va de récord (impuestos) en récord (perjudicial rescate regional) y, por tanto, de mal en peor.

AUTONOMÍAS
Déficit, financiación, deuda y quita
José T. Raga Libertad Digital  20 Diciembre 2014

Los tres primeros términos del título de hoy muestran, en pocas palabras, el itinerario hacia el caos, hacia ese punto oscuro, sin retorno, en el que la lógica de los hechos nos pronosticaría un camino de dependencia, de servidumbre.

Cualquier escenario económico se enfrenta ante un conflicto que le es propio y que debe resolver; la familia como unidad de consumo –entre necesidades y rentas–, la empresa como unidad de producción –entre ingresos producto de las ventas y gastos por la compra de recursos– o las administraciones públicas –necesidades públicas frente a ingresos, fundamentalmente coactivos (impuestos)–. En cualquiera de los tres escenarios hay una restricción ineludible: los gastos, por importantes que sean sus razones, no pueden ser superiores a los ingresos porque, de serlo, se incurre irremisiblemente en déficit, que hay que financiar mediante el endeudamiento con terceros. Acreedores que confían en quienes precisan de créditos.

Si llegado el vencimiento se satisface la deuda, no habrá pasado de ser un hecho anecdótico que en nada ensombrece la fiabilidad de quienes gastaron más de lo que podían. El problema se produce cuando el pródigo ejerce la prodigalidad con contumacia. La habituación al déficit se convierte entonces en el peligro más cierto de quiebra, quedando el quebrado sometido a la voluntad de los acreedores.

En el Derecho Romano, más eficaz que el Derecho Civil moderno, el deudor quedaba a la disposición del acreedor no sólo patrimonialmente, también personalmente. Sin ir tan lejos, lo que era cierto en la Roma antigua y lo es en la actualidad es que la deuda del pródigo tiende a incrementarse, precisamente por su habituación al déficit.

¿En qué acaba el derecho a cobrar del acreedor, sobre todo en los casos de insolvencia? El acreedor puede aceptar una renegociación de plazos e intereses, o en última instancia puede aceptar una reducción del importe, con un aseguramiento de pago y, eso sí, dejando constancia de la insolvencia del acreditado, para general conocimiento en tiempos venideros.

Algo así es lo que está pensando hacer el ministro de Hacienda con las comunidades autónomas con acusada prodigalidad. La señora vicepresidenta nos informó del compromiso del Gobierno de garantizar la suficiencia financiera, pero la suficiencia financiera no existirá mientras no se ponga freno a la necesidad. La necesidad, de suyo, es ilimitada.

Hoy necesito preguntarme: si va a haber quita de la deuda, ¿qué sentido tuvo ajustar el gasto al ingreso por quienes lo hicieron? Además, ¿puede el señor ministro aceptar una quita a la deuda de las autonomías altamente endeudadas? La quita o el perdón de los intereses es decisión del acreedor, y éste no es el señor ministro, tampoco lo es el Estado; el acreedor es el pueblo español, que se sacrificará pagando impuestos para que los pródigos disfruten de su prodigalidad.

Tendremos que asumir que vivir conforme a normas es perder el tiempo y pasar a la historia como un ser falto de imaginación.

Y Montoro cogió la manguera
IGNACIO DEL RÍO www.republica.com 20 Diciembre 2014

Como dicen los Evangelios financieros de Montoro, es más fácil perdonar intereses a las CCAA que cumplir el principio de corresponsabilidad fiscal.

Antes de que llegue el día del sorteo de lotería y las habituales imágenes de alegría que nos reproducen el cuento del milagro navideño que nos devuelve a los sueños de la infancia, tan bien explotado publicitariamente, las Comunidades Autónomas que han acudido al Fondo de liquidez autonómico se verán beneficiadas por la condonación de intereses con efectos retroactivos desde 2012.

Un balón de oxígeno para los Gobiernos autonómicos de Cataluña y Valencia que lideran el ranking de incumplimiento de las cifras de déficit durante el año que se cierra 2014, en un escenario general de ruptura del programa de consolidación fiscal al albur del cierre de la legislatura que tendrá lugar con las elecciones del mes de mayo.

Según los datos publicados, el déficit de las CCAA ha crecido un 32 por ciento en relación con el 2013 y ha supuesto hasta el mes de agosto 10.973 millones de euros ,el 1,03 del PIB, superando ya en el octavo mes el objetivo comprometido para todo el año fijado en el 1%. Y para el año 2015 el objetivo está fijado en el 0,7 del PIB, una cifra que es un objetivo imposible de alcanzar.

Pues bien, para maquillar esta situación, se acude al Fondo de liquidez y se borran contablemente los intereses devengados desde 2012 de las CCAA que han utilizado este sistema. Un buen regalo de navidad que se carga sobre el Estado convertido en buque nodriza de las Autonomías y garante de último recurso de los cumplimientos/incumplimientos de sus cifras de déficit.

Las CCAA tienen una deuda con el Estado de 85.000 millones de euros encabezada por Cataluña con 35.000 millones, Valencia con 22.000 millones y 15.000 millones Andalucía .En total, las tres suman 72.000 millones, consumiendo el 80 por ciento del total.

Una palmaria realidad de incumplimiento del programa de consolidación fiscal que se maquilla fiscalmente con deudas históricas, fondos a recibir del Estado, derechos pendientes de cobro por enajenaciones que no se realizan. En definitiva, con artificios contables que están recibiendo las advertencias de la UE, bajo la red de seguridad del Estado en el que Montoro se ha convertido en el patrocinador de la parábola del hijo pródigo con las CCAA, reflejado en la leyenda de que no se dejará caer a ninguna de ellas.

El ministro de Hacienda, incorporado a la doctrina de la reestructuración mediante quita, es decir, condonación de la deuda en el ámbito autonómico, tesis patrocinada por Pablo Iglesias, no ha superado, afortunadamente, la oposición del ministro de Economía Luis de Guindos apoyado por Rajoy.

Por lo tanto, seguimos igual en el escenario financiero de nuestra organización territorial, atrapados en la falsa dialéctica de que, como no hay nuevo modelo de financiación, se consolida por vía indirecta un sistema pervertido en el que los Gobiernos autonómicos incumplidores salen del problema con el salvavidas financiero del Estado que inyecta nuevos fondos a costa de todos. Un círculo que no se rompe y que presenta una patología estructural en seis CCAA y perjudica a las cumplidoras, como Madrid y Castilla León que no se han incorporado al programa de metadona en vena sin obligación de desintoxicación -déficit excesivo- que en último término soluciona Montoro.

La decisión tiene una repercusión con doble efecto. Si el Estado no cobra intereses por lo que se le debe -sí paga los que debe y la deuda del Estado está en el 96,4 del PIB- se incrementa su déficit que se financia con más deuda que recae sobre todos los ciudadanos y que hay que atender porque los financiadores no son ONGs. Por tanto, los madrileños y los castellano leoneses, con Gobiernos autonómicos del Partido Popular, que no han acudido al Fondo de liquidez y cumplen su programa de déficit, asumen sobre sus espaladas el despilfarro, la incompetencia o las juergas de otros Gobiernos, aunque nos contaran que su déficit es necesario como consecuencia de un modelo de financiación que les perjudica a los incumplidores. Afirmación insostenible si se observa la financiación por habitante de cada Comunidad que refleja asimetrías injustificables, especialmente en el caso de Madrid y se revisan las series anuales publicadas por el Banco de España de déficit excesivo que describen con claridad una bola de nieve que se ha cebado durante años en estas Comunidades.

Los tiempos pre electorales siempre son el momento para recibir regalos y promesas de los gobiernos. Hay que hacer olvidar los malos ratos y no hay como lanzarse a recuperar el favor popular con promesas y medidas electoralistas.

En plena confrontación con el independentismo catalán que ha presentado unos presupuestos maquillados con una deuda histórica del Estado artificial para ocultar la legislatura perdida por el gobierno nacionalista de Artur Mas y con un profundo lío interno en el PP de Valencia -que no sale del marasmo en el que se ha metido solo- se aplican medidas paliativas pagadas por terceros de Madrid, Castilla León…

Malos tiempos para pregonar reformas, racionalización de gastos, disminución de estructuras políticas, corresponsabilidad fiscal y patriotismo cooperativo en nuestro avanzado sistema federal imperfecto en el que las CCAA se dedican a las políticas del gasto y se declaran irresponsables en los ingresos.
No hay nada como ponerse en la frente esa pegatina que hace años se colocaba en los parabrisas traseros de los coches: “To er mundo es güeno”.

Montoro quiere parecer más simpático. Difícil tarea.

Sigue con salud

UNA HISTORIA DE DIMISIONES Y DESTITUCIONES
La mano que mece la Justicia
Los casos de Pablo Ruz y Torres-Dulce son los últimos, pero no lo únicos. Los jueces Baltasar Garzón, Jacobo Pin, Marino Barbero, Miguel Moreiras y Javier Gómez de Liaño y los fiscales generales del Estado, Luis Antonio Burón Barba y Juan Ortiz, también sufrieron en sus carnes la presión política
ELSA S. VEJO Estrella Digital  20 Diciembre 2014

La despolitización de la Justicia sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. El Partido Popular estuvo cerca. Lo llevaba en su último programa electoral. Y de hecho, la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial fue una de las primeras batallas del exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Su primera idea: volver al mandato constitucional que exige que 12 de los 20 vocales fueran elegidos por y entre los jueces y magistrados de la carrera judicial y que los 8 miembros nombrados por el Parlamento dejaran de ser parte de un sistema partidario de reparto de cuotas. Finalmente no logró el consenso necesario y en el último momento se echó para atrás. Al final todo quedó en agua de borrajas, como el Pacto de Estado que PP y PSOE firmaron en junio de 2011 para “despolitizar la justicia y acercarla al ciudadano”.

Siempre se ha tratado de un buen eslogan electoral. Todas las formaciones políticas lo han cacareado insistentemente. Pero a la hora de la verdad, todas han sucumbido ante la atractiva posibilidad de controlar el Poder Judicial. La última vez, a finales de 2013. De los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, diez fueron propuestos por el PP (incluido el presidente), siete propuestos por el PSOE, uno por IU, y dos por los nacionalistas (uno de CiU y otro del PNV). El artículo 127 de la Constitución establece que los jueces “no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos”, sin embargo, su relación con la política en algunos casos es tan cercana que no ha estado exenta de polémica.

Lo que acaba de ocurrir con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, o con el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no es más que una práctica que lleva siendo habitual desde el inicio de la democracia. Los jueces Baltasar Garzón, Jacobo Pin, Marino Barbero, Miguel Moreiras y Javier Gómez de Liaño y los fiscales generales del Estado, Luis Antonio Burón Barba y Juan Ortiz, son algunos de los que han sufrido en sus propias carnes las consecuencias de haberse tenido que enfrentar al poder político. La gran mayoría de los casos de corrupción política investigados en los jugados han acabado con algún ‘cadáver’ en los armarios. Algunos han sido expulsados de la carrera judicial, otros han renunciado como consecuencia de las presiones recibidas; y otros han sido apartados del caso después de que su plaza -en comisión de servicio- saliera a concurso. Pero la consecuencia siempre ha sido la misma: cabezas mutiladas cuando la instrucción de los casos deja de gustar a los políticos implicados.

MARINO BARBERO SANTOS. Fue el primer instructor del ‘caso Filesa’ (financiación ilegal del PSOE) y dimitió el 1 de agosto de 1995 como magistrado del Tribunal Supremo tras las presiones y críticas que sufrió por parte del Partido Socialista. Ordenó el registro de las oficinas de la sede federal del PSOE y las del Banco de España. Y tres meses antes de dimitir (el 4 de mayo) dictó un auto de conclusión del sumario en el que imputó a 39 personas. Conclusión: el PSOE le comparó con ETA. “Igual que los terroristas quieren intervenir en política poniendo bombas, el juez Barbero quiere hacerlo con sus sentencias”, llegó a declarar el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial, entonces presidido por el juez progresista Pascual Salas, pero éste se lo negó. Finalmente optó por poner fin a su condición de magistrado tras diez años de ejercicio. Años más tarde quedó acreditada la financiación irregular del PSOE con más de 1.200 millones de pesetas obtenidos de forma ilegal.

MIGUEL MOREIRAS. En octubre de 1995 deja en libertad al exbanquero Mario Conde por el ‘caso Argentia Trust’; y ahí comienza su pesadilla. En concreto, investigaba el traspaso desde el banco Banesto de 600 millones a la sociedad ‘Argentia’. A partir de ahí, varios medios de comunicación, entre los que destacó el Grupo PRISA, le empezaron a pintar como el ‘amigo’ de Conde. Él intentó dar marcha atrás y procesar al exbanquero, pero ya fue imposible. El por entonces presidente de la Audiencia Nacional, el progresista Clemente Auger, abrió una investigación contra el magistrado. No obstante, su condena definitiva se produjo tras la concesión de un entrevista a ABC el 15 de octubre de 1995: “Conde me convenció de que los 600 millones de Argentia Trust fueron al PSOE para pagar exenciones fiscales”. Según Moreiras, Conde aseguraba que el dinero no se lo quedó él, sino que se lo dio a Antonio Navalón, a quien vinculó con los socialistas. El CGPJ le acusó de revelación de secretos y lo suspendió como juez. Finalmente, en el año 2000, unos papeles procedentes de Suiza confirmaron que una de las personas a las que fueron a parar los 600 millones fue al “comisionista” Navalón, intermediario del Grupo Prisa en México y amigo personal de Felipe González. El que consiguió estos papeles fue el juez Coronado, que al igual que Moreiras, también se convertiría en objetivo del Grupo PRISA.

JAVIER GÓMEZ DE LIAÑO. El ‘caso Sogecable’ supone el fin de su carrera en la Audiencia Nacional. En mayo de 1997, Gómez de Liaño asumió una denuncia de Jaime Campany, por entonces director de la revista Época, contra el Consejo de Administración de Sogecable, entre ellos Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián. Se acusó a la empresa de apropiación indebida. En concreto, de utilizar de manera ilegal las fianzas que los abonados de Canal + depositaban a cambio de los receptores que les permitía conectar a la televisión. La instrucción del caso duró ocho meses y la causa se archivó en noviembre de 1997. Durante todo ese tiempo, las teorías conspiratorias no cesaron. El Grupo Prisa señaló a su principal enemigo: José María Aznar. Un año después, Polanco denunció a Gómez de Liaño por prevaricación y esta guerra la ganó: el juez fue condenado a 15 años de inhabilitación. La teoría de que Aznar estuvo detrás de esta supuesta guerra contra PRISA, y de que utilizó al magistrado a su antojo, nunca se demostró, pero algunos interpretaron que el indulto que el presidente le concedió sólo dos años después de ser condenado significó el pago de una deuda.

BALTASAR GARZÓN. No sólo es uno de esos jueces llamados “estrella”, sino que además es de esos jueces a los que les ha gustado coquetear con la política. Aunque se arrepintió. Durante un año (1996-1997) fue diputado por el PSOE en el Congreso y delegado del Gobierno de Felipe González en el Plan Nacional sobre Drogas. Después volvió a la carrera judicial. Instruyó casos tan complejos como el GAL, aunque Gürtel fue con el que cavó su tumba. En febrero de 2012 fue condenado a 11 años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo de forma unánime por las escuchas ilegales durante la investigación del ‘caso Gürtel’, vinculado al Partido Popular. Se le acusó de prevaricar, igual que a Gómez de Liaño –de hecho, Garzón fue el que llevó la recusación en el ‘caso Sogecable’-, aunque él no ha sido indultado.

JACOBO PIN. Instructor de otro de los casos más mediáticos del país, el ‘caso Fabra’. Once años de instrucción y una docena de jueces han hecho falta para concluir la investigación del caso que afectaba directamente al expresidente de la Diputación de Castellón. Hoy ya duerme en prisión. Pero por el medio ha habido denuncias de presiones. En junio de 2012, El juez de Nules que instruía la causa abierta contra el exdirigente ‘popular’, Jacobo Pin, solicitó amparo al Consejo General del Poder judicial frente a la Audiencia de Castellón. En su escrito, el magistrado denunció presiones de este órgano judicial para que archivara el presunto cohecho que también se le imputaba a Fabra. En febrero de 2013, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que dio la razón al juez Pin y le otorgó “absoluta libertad de criterio” para abrir un juicio oral contra el ‘expopular’ por los delitos de tráfico de influencias, contra la hacienda pública y cohecho. El 1 de diciembre de 2014 ingresó en el centro penitenciario de Aranjuez.

PABLO RUZ. Es el último caso conocido. Llegó a la instrucción del ‘caso Gürtel’ en julio de 2013, totalmente arropado por el PP. Y posteriormente se quedó con la instrucción del 'caso Bárcenas', después de disputarse el puesto con el juez Bermúdez Castro, a quien los conservadores no querían ni ver en pintura. Llegó a la Audiencia Nacional como sustituto del juez Miguel Carmona, que es el titular del juzgado número cinco desde que Garzón fue expulsado. No obstante, y para sorpresa del PP, el juez Ruz no ha supuesto el bálsamo de paz que en Génova esperaban. ¿La gota que colmó el vaso? el último auto emitido y en el que señalaba a la exministra de Sanidad, Ana Mato, "beneficiaria" de la 'trama Gürtel'. Un auténtico terremoto que coincidió con la comparecencia un día después del presidente Rajoy en el Congreso para hablar de corrupción. Y que ha tenido dos importantes consecuencias. Por un lado, la dimisión de Mato. Y por otro lado, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidiera sacar a concurso su plaza. Él está en comisión de servicios y no ha podido pedir una prórroga hasta junio. Su instrucción al frente de los casos Gürtel y Bárcenas concluirá en marzo, cuando el nuevo juez titular se incorpore a su puesto.

Aunque las presiones políticas no sólo se ejercen sobre los jueces, sino que los fiscales generales del Estado también las han sufrido en sus carnes. Nombrados y cesados por el Rey, a propuesta del Gobierno, y en concreto del Ministerio de Justicia que es de quien dependen directamente, se supone que actúa con imparcialidad e independencia, pero algunos lo han puesto duda. El último caso ha sido el de Eduardo Torres-Dulce, pero no es el único.

LUIS ANTONIO BURÓN. Fue nombrado Fiscal General del Estado en diciembre de 1982, por el primer gobierno de Felipe González y con Fernando Ledesma como ministro de Justicia. Pero las discrepancias con el Ejecutivo socialista le obligaron a dimitir en 1986. Nunca se dejó dirigir. Es más, nunca necesitó la indicación gubernamental para recurrir en 1983 la primera sentencia contra los golpistas del 23F, así como tampoco para querellarse contra Jordi Pujol, por entonces Presidente del Gobierno catalán, y otros 24 dirigentes de Banca Catalana. Un caso que levantó ampollas en el Gobierno de González puesto que le enfrentó directamente a la Generalitat. Entonces ya se hablaba de agujeros negros en entidades públicas, así como también de cajas B, sociedades instrumentales o créditos ficticios. El archivó se archivó en 1990, cuatro años después de que Burón decidiera apartarse del Gobierno, presionado por su actuación.

JUAN ORTIZ. Apodado el ‘breve’. Fue el primer fiscal general del Estado víctima del Partido Popular. Lo nombró José María Aznar cuando llegó al Gobierno y no duró en su cargo más de ocho meses. Su llegada al cargo supuso un terremoto: abrió una investigación en la Fiscalía de la Audiencia para detectar y tratar de solucionar los problemas surgidos entre un grupo de fiscales llamados “indomables” y su jefe José Aranda. Una guerra que Aranda atribuyó a su decisión de presentar la querella contra el exbanquero Mario Conde sin el conocimiento de sus subordinados. Finalmente, Ortiz Urculo apartó a José Aranda por su “falta de autoridad” y fue incapaz de encontrar a un sustituto. La por entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal, le pidió en varias ocasiones la dimisión, pero en vista de que no lo aceptaba, el 9 de mayo de 1997 el Consejo de Ministros lo destituyó.

Lucio Muñoz: “Las nuevas generaciones tienen derecho a conocer la farsa de la Transición”
 www.vozpopuli.com  20 Diciembre 2014

Lucio A. Muñoz aborda en 'El sistema está podrido' el modelo político-económico de España en la actualidad. ¿Qué males sufre? ¿Cuál de tantos es el que la ha traído hasta aquí? Muñoz lo tiene muy claro: “Un sistema parasitario”.

España es, en opinión de Lucio A. Muñoz, un caso de estudio. Algo así como el producto de un entramado de actores que chuparon, hasta los huesos, de una estructura económica y de gobierno. "Las nuevas generaciones tienen derecho a conocer la farsa que ha supuesto la Transición", asegura el escritor en su ensayo El sistema está podrido, publicado por Círculo Rojo.

Muñoz es autor de los libros El nuevo emprendedor socialmente responsable (EUNSA-Editorial Universidad de Navarra. Marzo de 2012) y Apuntes sobre gestión de la Responsabilidad Social Empresarial en la pyme. Cómo gestionar una pyme rentable y socialmente responsable. En las páginas de este ensayo, Muñoz apunta una clave con la que pretende explicar por qué España es un sistema parasitario: “El sector privado y, por tanto, la economía productiva está al servicio, fundamentalmente, de los dos partidos políticos más importantes y de los dos sindicatos de clase”.

“Casi todos los españoles piensan que más de la mitad de nuestra casta político-sindical es absolutamente prescindible”, asegura el autor, quien, en clave financiera y política, expone determinadas ideas que reflejan que el problema económico de España es de origen político y, por ende, la recuperación económica de nuestro país dependerá, sobre todo, “de una radical regeneración de nuestro corrupto sistema político”.

“La economía española está intervenida por el poder dictatorial y la corrupción de los dos partidos políticos que, de momento, siguen siendo mayoritarios. Las autonomías han enriquecido a la casta política y a sus clientes y, por el contrario, han empobrecido a los españoles. El sistema en España es una cleptocracia disfrazada de democracia estrafalaria”, asegura Muñoz."La crisis es un engaño a los españoles: corrupción política, malversación de caudales públicos y politización de la Justicia. Las nuevas generaciones tienen derecho a conocer la farsa que ha supuesto la Transición. Se ha formado en España una nueva lucha de clases: la oligarquía político-sindical y la élite financiera contra los ciudadanos", apostilla.

“LOS ESTADOS-NACIÓN NO SABEN LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD”
Jürgen Habermas: “Los nacionalismos desempeñan una función similar a la del Frente Nacional de Marine Le Pen”
www.latribunadelpaisvasco.com   20 Diciembre 2014

En 1956, Habermas creó la Escuela de Frankfurt, junto con otros autores entre los que destaca Theodor Adorno. Lo que le ha otorgado fama más allá de ese círculo es su Teoría de la Acción Comunicativa, que intenta basar la ética sobre el discurso.

Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, Jürgen Habermas acaba de conceder una entrevista al semanario francés “L’Express”, en la que el autor de “La Constitución de Europa” asegura que hay una “asimetría” entre el Estado y el mercado, y que ésta sólamente puede resolverse con “el proyecto de una democracia supranacional”.

En opinión de Habermas, actualmente uno de los más conocidos referentes intelectuales de la izquierda europea, el hecho de que las personas puedan producir y contratar con libertad, y redirigir su trabajo y el capital de los países que los penalizan a otros que lo hacen en menor medida, lleva a que los Estados se reduzcan más y más, y se produce una “impotencia de los Estados-Nación”.

La solución, en opinión de este filósofo, pasaría por la puesta en marcha de un gobierno mundial de carácter democrático. O, al menos, de grandes gobiernos supranacionales, como podría ser un gran gobierno macroeuropeo.

Preguntado por “L’Express” por el auge de tendencias opuestas, disgregadoras y localistas, como los intentos del gobierno de Escocia y del gobierno regional de Cataluña de obtener la secesión, Habermas observa que hay una “creciente desigualdad social, una ansiedad y un aumento de la inseguridad dentro de la población”. Y a causa de ello, “existe la tentación de recaer en los lazos familiares en los que creemos que podemos confiar”. En su opinión, muchos ciudadanos “se aferran a entidades ‘nativas’, ya sean naturalizadas o que pueden haber sido heredadas, como la nación, la lengua y la historia”. En este sentido, “la reactivación de la llamada regionalista en Escocia, Cataluña o Flandes es, creo, casi un equivalente funcional al éxito del Frente Nacional en Francia”.

El también autor de “El occidente escindido” reconoce que el problema general al que nos enfrentamos es el siguiente: se trata de saber si nos resignamos a la asimetría que afecta a las relaciones entre la política y los mercados. Si aceptamos esta asimetría, y si abandonamos entonces el proyecto de una democracia supranacional, “también sacrificaremos el modelo social que todavía pretendemos defender. La liberación mundial de los mercados financieros ha supuesto que los gobiernos nacionales hayan visto reducida su capacidad de acción, con lo que la presión económica se ha hecho tan fuerte que es imposible mantener los sistemas de seguridad social con coberturas suficientes”.

Por todo esto, añade Habermas, es necesario acelerar la integración europea. La izquierda que no se resigna ha de interesarse por esta cuestión. “La impotencia actual de los Estados-Nación para luchar contra la desigualdades sociales crecientes explica la triste situación en la que se encuentran los partidos socialdemócratas en Europa”.

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NACIONALISMO
Contra la Historia
Jesús Laínz Libertad Digital  20 Diciembre 2014

Entre las mil iniciativas desplegadas en 2014 por el separatismo catalán para acompañar su embestida política, merece ser recordado el eslogan del Centro de Cultura del Born para la celebración de la Diada: "Este septiembre, venzamos a la historia".

Efectivamente, el separatismo catalán está en perpetua guerra contra la historia, interesante característica de un movimiento político cuya ideología pretende fundamentarse precisamente en la historia. Esta aparente paradoja tiene fácil explicación, pues si de historia verdadera se tratara no cabría conflicto alguno. Pero como la historia que los separatistas quisieran emplear para probar sus argumentos y santificar sus fines no hace otra cosa que desmentir los primeros y deslegitimar los segundos, no les queda más remedio que luchar contra ella hasta vencerla, aunque sea por aburrimiento. Acaban de confesarlo con su eslogan.

El fenómeno, sin embargo, no es exclusivo del separatismo catalán. A Sabino Arana, cuyo primer libro fue precisamente una disparatada interpretación de cuatro batallas medievales para convertirlas en acontecimientos fundacionales del enfrentamiento entre vascos y españoles, no le quedó más remedio que confesar: "Tiemblo cada vez que me siento inclinado a tratar la historia de mi patria". Por eso, para evitar que sus seguidores advirtieran que su argumentación histórica era una riada de fábulas, les recomendó que no leyeran las obras de los historiadores serios. En concreto, desaconsejó la lectura de los libros del erudito vizcaíno Estanislao J. de Labayru con el argumento de que no le guiaba el patriotismo; "guíale el amor a los estudios históricos. Entonces no es su obra una ofrenda a la Patria; es meramente un material que aporta al edificio de la historia universal". Medio siglo después, Manuel de Irujo insistiría:  Esta suprema determinación [de persistir] la mantenemos con la historia en la mano, sin ella, o contra ella si fuere preciso.

Con el nacionalismo catalán, ése que se ha considerado intelectualmente más sólido que el vasco, pasó –y sigue pasando– lo mismo.

Célebre fue la polémica entre la principal figura de la historiografía nacionalista de la primera mitad del siglo XX, el esquerrista Antoni Rovira i Virgili, y la estrella ascendente de la nueva generación, Jaume Vicens Vives. Rovira tenía una larga experiencia como autor de libros de historia concebidos como instrumentos de propaganda política, en los que hacer encajar los hechos pasados con sus deseos presentes. Por ejemplo, lamentó la participación de los catalanes en las guerras de la Convención y de la Independencia y, retroactivamente avergonzado, los acusó de haber caído en un estado de degeneración nacional:  ¡Vergüenza, vergüenza! Los catalanes del fin del siglo XVIII habían olvidado la causa catalana.

Y respecto al intenso apoyo del pueblo catalán al carlismo, proclamó:  Las guerras civiles carlistas que tuvieron lugar en el siglo pasado en Cataluña fueron una vergüenza nacional que había que borrar de la memoria de la gente, y que hay que dar por no existentes, como si nunca hubiesen existido.

Puro Orwell.
El 7 de agosto de 1935 Rovira publicó un artículo en La Humanitat lamentando que hubiese "demasiados casos de insensibilidad nacional" entre unos jóvenes intelectuales que mostraban "prevención contra el punto de vista nacional en la historia" y que pensaban que, "para trabajar en la investigación y la crítica históricas, la llama del catalanismo es un estorbo". Es decir, que escribían historia sin partir de premisas ideológicas previas. En concreto, Rovira alabó el trabajo de Manuel Cruells, militante de Estat Català, por su "afinadísima sensibilidad nacional" y deploró el de Vicens por osar pintar a Fernando el Católico con unos colores no tan oscuros como los exigidos por la ortodoxia nacionalista, lo que evidenciaba su escasa "sensibilitat catalanesca". La existencia de intelectuales como Vicens, todavía no rendidos al nacionalismo, demostraba al dirigente esquerrista que era necesario "un gran esfuerzo para avanzar más deprisa".

Vicens replicó con contundencia. Comenzó reprochando a Rovira su obsesión con la "conciencia nacional, que veo que usted utiliza con una frecuencia que me hace sospechar que tiene usted la exclusiva y es el único con atribuciones para otorgarla". Consideraba Vicens a los historiadores nacionalistas una reliquia de la manera romántica de hacer historia, obsesionados con interpretaciones anacrónicas y de espaldas a los documentos, y les reprochaba que

la síntesis histórica que elaboraron fuese en extremo simplista –todo lo bueno debido a los esfuerzos catalanes, todo lo malo debido a los malévolos manejos de los enemigos nacionales– y en su mayor parte falsa, muchas veces por olvido, descuido o falta de tiempo y muchas otras veces, y esto es lo más grave, por falsedad clara y manifiesta.

Cuatro años antes, el 14 de noviembre de 1931, el periódico Nosaltres sols!, del cual era colaborador el mencionado Cruells, había sostenido que una de las causas del "aniquilamiento nacional" de los catalanes era la ignorancia, que les impedía darse cuenta de que no eran españoles, lo que tenía que ser combatido mediante el adoctrinamiento, especialmente el de los niños:

La única solución sería la de instruirlos, algo casi imposible si pasan de la treintena: árbol que creció torcido, difícilmente se endereza. Pero si de las generaciones de ahora no podemos esperar gran cosa, ¿cabe pensar lo mismo de las que llegan y las que vienen? Los niños y los jóvenes son dúctiles como la cera, y adoptan la forma que se les quiera dar.

Para conseguirlo, "los padres enseñarán o harán enseñar Historia catalana a sus hijos, por maestros catalanes", y deberían adquirir "obras apropiadas y de autores dignos de crédito". Encabezaba la lista Rovira i Virgili.

El hecho, por cierto, de que un sectario fanático como Rovira sea considerado hoy figura nacional y hasta tenga una universidad a su nombre explica muchas cosas de la triste Cataluña actual.

Pasaron los años, pero no la ingeniería social, y así, el 28 de octubre de 1990 El Periódico de Cataluña publicó un documento interno de CiU en el que se desarrollaba minuciosamente el programa de nacionalización impulsado por el Gobierno de Pujol para conseguir el control de las aulas y los medios de comunicación. Entre otras muchas medidas dignas del más depurado de los Estados totalitarios, se encontraba la de "editar y emplear libros de texto adecuados acerca de la Historia, Geografía, etc. de Cataluña y de los Países Catalanes. Establecer acuerdos con editoriales para su elaboración y difusión, con subvenciones si es necesario". Subrayamos los dos conceptos claves: adecuados y subvenciones.

Nada ha cambiado, lamentablemente, desde las urgencias adoctrinadoras de los nacionalistas de los años 30 hasta la guerra contra la historia de los actuales.

¿Conseguirá España extirparse esta excrecencia totalitaria que tanto le afea? Porque no se trata de un problema historiográfico sino, lo que es muchísimo más importante, político. De lo que España ha de sanar es del lavado de cerebro y el envenenamiento de los corazones de millones de españoles, enfermedad que, una vez arraigada, tiene muy mal remedio. Como resumió magistralmente El Roto en una viñeta publicada hace un par de meses con el dibujo de un jinete enarbolando una señera:

¿Qué importa que la historia sea falsa, si el sentimiento que provoca es verdadero?

El trauma y el pretexto
José Antonio Zarzalejos El Confidencial  20 Diciembre 2014

La imputación judicial a Jordi Pujol y a su familia de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales ha reactivado el trauma que, de modo transversal pero especialmente los sectores independentistas y nacionalistas, experimentaron cuando el 25 de julio pasado el expresidente de la Generalitat confesó haber evadido los impuestos de una herencia familiar depositada en Andorra. Con jactancia tanto CDC como ERC y organizaciones sociales secesionistas descartaron que el caso Pujol pudiera incidir para mal en el proceso soberanista. Desposeído de sus títulos honoríficos, de oficina y ayudantes y de su pensión, el establishment catalán creyó cerrar un capítulo de la reciente historia del Principado que, según las encuestas, había producido, por este orden, tristeza, indignación y decepción entre la ciudadanía de Cataluña.

Pero como todos los traumas (“sentimiento emocional que deja una impresión duradera en el subconsciente, generalmente a causa de una experiencia negativa”) la protagonizada por la conducta de Pujol se cernía como una alargada sombra sobre una sociedad parte de la cual había pasado de la “paciencia a la independencia” conforme al manual que durante casi cinco lustros elaboró el confeso evasor fiscal. Ese choque emocional se reactivó el 26 de septiembre pasado, cuando el ex presidente de la Generalitat compareció en el Parlamento de Cataluña dando la entera impresión de que era la Cámara la que comparecía ante él. La auctoritas pujolista quedó de manifiesto en una representación, entre histriónica y autoritaria, de un presunto delincuente que se convirtió en fiscal del legislativo catalán.

Arrogancias recíprocas aparte, el desaguisado que Pujol hizo al proceso soberanista y a la autoestima de la sociedad catalana -y, en parte, también del conjunto de España- fue grande. Pulverizó su propia obra -CDC ya estaba debilitada desde las elecciones de 2012- en compañía de otros como Macià Alavedra y Lluís Prenafeta (a los que Ruz sienta en el banquillo por corruptos) y situó en un terreno incómodo a Artur Mas, al fin y a la postre, estrecho colaborador del expresidente y su delfín después del fiasco de Oriol Pujol. Estas dos consecuencias del caso Pujol están teniendo peso en la coyuntura crítica por la que atraviesa el proceso soberanista, zarandeado por sus propias contradicciones internas no siendo la menor la insuficiencia de catalanes independentistas como ayer acreditó a encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña.

Mas sabe que Pujol remató a su partido en julio pasado y que la lista única es la forma de no hundirlo de manera definitiva en unas elecciones que se quieren plebiscitarias. Junqueras, por su parte, pretende una independencia catalana “limpia” y se niega a juntar peras en una lista con Mas, temeroso, no sólo de que los votos de ERC le salven al presidente y a CDC de un debacle como la que ayer preveía el CEO (los convergentes pasarían de 50 escaños a 35-36) sino de que también rediman al propio Pujol de sus pecados políticos y éticos y den la impresión de un agrupamiento nacional bajo el liderazgo de la burguesía catalana.

Aunque parezca paradójico, el caso Pujol podría venir muy bien para justificar la inviabilidad del proceso soberanista al que el expresidente ha dañado, sin duda alguna, pero al que le van horadando sus insuficiencias y carencias, su voluntarismo y la pelea interna por la hegemonía nacionalista. Pujol y su conducta han influido, pero no hasta el punto de convertirle en la clave de bóveda de un fracaso independentista, fracaso que está en el germen del propio proceso que Artur Mas puso en marcha temerariamente. Pujol no es la causa del fiasco, sino una concausa, un precipitante, un síntoma y una realidad antiestética que hace precario y escaso el proyecto de tratar de hacer de Cataluña un “nuevo Estado”. El problema está en el proceso, no en Pujol, aunque éste retroalimente las patologías de aquel y de las que ha terminado por formar parte.

Sobreponerse al hundimiento de la reputación de Pujol no es un esfuerzo que pueda hacerse en poco tiempo porque la decepción de su conducta constituye un trauma que sigue erosionando la conciencia colectiva de los catalanes, especialmente de los independentistas. Pujol forma parte, pero sólo parte, del disenso actual entre CDC y ERC que podría dar al traste definitivamente con el intento soberanista si, como parece, Junqueras no cede a la lista del presidente o no lo hace Mas con la propuesta republicana de listas separadas.
El efecto del trauma de Pujol para los catalanes secesionistas no consiste sólo en el choque emocional de observar cómo un referente del catalanismo convertido a la causa independentista -si alguna vez dejó de profesar fe en ella- se desvanece, sino, sobre todo, en la comprobación de que lo que ocurre más allá del Ebro es lo que sucede también en Cataluña, incluso de manera cualitativamente más grave.

Si la legislatura continúa -y así sucederá si Mas se empeña en su lista única- la comisión de investigación en el Parlamento catalán no será sólo el ámbito parlamentario para ajustar cuentas sobre Pujol, sus manejos y sus colaboradores como Prefaneta y Alavedra, sino también para echar unos sobre otros -CDC sobre ERC y a la inversa- la responsabilidad histórica de que la intentona secesionista se haya frustrado. Pujol, epítome de la catalanidad, sería así el causante de un trauma colectivo catalán y, a la vez, el oportunísimo pretexto político para justificar el fracaso secesionista.

SUPREMA INJUSTICIA
POR TERESA JIMÉNEZ BECERRIL ABC  20 Diciembre 2014

«Me rebelo viendo cómo, por culpa de tanta premura y voluntad de favorecer a estos bestias asesinos de niños, los ciudadanos están dejando de confiar en la Justicia»
¿POR qué será que en la mayoría de los casos donde hay que interpretar condenas de los presos de ETA se hace de espaldas a las víctimas? Es una pregunta que no solo me hago yo, en mi laberinto de tristeza, sino que se hacen miles de españoles que no han sido tocados por el terror etarra. ¿Acaso no saben algunos de los señores togados de la Audiencia Nacional que no se debería juzgar de espaldas al pueblo? Por supuesto que la justicia no puede ser subjetiva, pero ¿qué hay más objetivo que el hecho de que terroristas como Santi Potros, responsables de los atentados más sangrientos de ETA, no sean premiados con la lotería de una libertad inmerecida? Ya no esperamos que cumplan íntegras sus condenas, de tan desconfiados que estamos de que esto ocurra; solo miramos al cielo o al Supremo, aguardando que quienes tienen en sus manos la posibilidad de decidir sobre el futuro, no solo de los terroristas, sino de sus víctimas, tengan la sensibilidad y el sentido de la justicia suficientes para hacerles cumplir condenas y que al menos no sean humillantes para sus víctimas. Porque, a pesar de que la alarma social respecto al terrorismo esté dormida por el veneno de esa falta de muertos y esa pedagogía a favor de pasar página, esta nueva afrenta de los jueces, que han puesto en la calle a quienes la mayoría queremos ver en la cárcel, ha despertado las conciencias durmientes de muchos españoles, que han exclamado ¡qué injusticia y qué indignación!

Ver a Potros pasear por su pueblo con la comodidad de quien sabe que juega en casa, porque en Lasarte gobiernan ellos, es como una bofetada a la dignidad de las víctimas. Porque ni a Potros ni a los muchos que esperan ser liberados tras esta decisión inexplicable les tocaba salir de prisión. A mí no me engañan, yo trabajo en el Parlamento Europeo, legislando para defender esos derechos de las víctimas que tan olvidados están; y sé que una Decisión Marco no es vinculante. Y precisamente la que han aplicado ha sido interpretada de una manera expansiva y muy lejos del espíritu que la inspiró. Y me rebelo viendo cómo, por culpa de tanta premura y voluntad de favorecer a estos bestias asesinos de niños, los ciudadanos están dejando de confiar en la justicia, sobre todo en la que viene de Europa.

Me dirijo a ellos para decirles que esta Decisión Marco no obliga a los estados, sino que les aconseja, no es una Directiva ni un Reglamento, que esos sí serían de obligado cumplimiento. Esa normativa de reconocimiento de sentencias penales no estuvo pensada para aligerar las condenas a terroristas, y así lo entendieron en España quienes redactaron la ley que interpreta la Decisión Marco, impidiendo la reducción de penas por condenas cumplidas en otro estado y que rechaza beneficios penitenciarios para fallos dictados antes de 2010 dentro de la UE. Y lo hicieron para evitar interpretaciones peligrosas, como la de una parte de esa Audiencia Nacional dividida. De nada ha servido la ley, de nada la opinión contraria de la Fiscalía y del Gobierno, porque nuevamente los terroristas, de la mano de una justicia tuerta, se han beneficiado de la ceguera de unos jueces que no han querido ver lo que vería un niño. ¿Por qué y mil veces por qué?

Si hay alguien en España que merece cumplir íntegra su condena, son Santi Potros y los demás terroristas injustamente agraciados en este sorteo judicial, donde unos dicen que sí, otros que no, y el pueblo español, que apoya firmemente a sus víctimas, contempla indignado la falta de unidad entre los jueces y la dudosa legalidad de algunas de sus decisiones, como por ejemplo esta. Bueno, siempre nos quedará el Supremo. Pocos días faltan para que este máximo tribunal del Estado nos saque de esta indignante duda. Pronto sabremos si Santi Potros seguirá libre y se iniciará el camino de muchas otras injustas excarcelaciones, con una normativa europea como excusa barata, o desde arriba se hará justicia con una decisión que no repugne a la razón y en consecuencia los terroristas vuelvan al lugar de donde nunca debieron salir.

Creo que ya toca, porque las víctimas de ETA, que jamás se tomaron la justicia por su mano, piden que esta no le tiemble al Supremo a la hora de deshacer este entuerto. No solo ante quienes lloran a sus seres queridos han de rendir cuenta los jueces, sino también ante la sociedad española, que no comprende que la balanza siempre haga saltar a los más débiles, las víctimas. Si la decisión es la que nadie cabal desea, ellos serán los responsables de explicar esa suprema injusticia que a muchos nos será difícil superar. La suerte está echada.

TERESA JIMÉNEZ BECERRIL ES EURODIPUTADA

“¿... y quiere ser catalán?”
En una sociedad abierta, laica, plural, diversa y mestiza es inconcebible que las personas se relacionen de una única manera
Manuel Cruz Barcelona. El Pais 20 Diciembre 2014

De un tiempo a esta parte, una de las afirmaciones que más reiteran los independentistas es que lo que está pasando en Cataluña no tiene nada de identitario, que el procés hacia la plena soberanía del pueblo catalán ha conseguido reunir a gentes de diversos orígenes, con los más variados sentimientos hacia sus lugares de procedencia, e incluso que el propio nacionalismo parece haberse convertido en una posición política crecientemente irrelevante, todavía demasiado cargada de adhesiones emotivas y sentimientos nacionales, que finalmente se habría disuelto en un independentismo explícito y cargado de contenido netamente político.

Sin embargo, a algunas tan rotundas afirmaciones nos desconciertan un tanto. Muchas de las cosas que leemos y escuchamos, a veces en las mismas plumas que acaban de rechazar lo identitario, parecen persistir a continuación en lo rechazado. Créanme que no es un ejemplo malintencionado, ni con segundas intenciones, pero todavía el 5 de junio del presente año —esto es, cuando abiertamente ya se había declarado independentista—, Jordi Pujol escribía un artículo en diario El Punt Avui titulado Diners o identitat?, en el que, entre otras cosas, afirmaba:

“La base de la nostra nació és identitària. Són la llengua, la cultura, la nostra memòria històrica, el nostre relat. Que inclou la nostra vocació d'integració de la gent que viu a Catalunya. O sia que la llengua, la cultura i la capacitat d'integració —i per tant, també un bon funcionament de l'ascensor social— són elements bàsics i principals del nacionalisme català”. Por si, llegados a estas alturas, algún lector echa en falta una definición de identidad colectivo diré que, a mi juicio, no existe tal tipo de identidad (una de cuyas variantes vendría a ser la identidad nacional) si por ella entendemos una identidad que tenga su propia realidad y existencia autónomas, distinta y al margen de la identidad personal de los individuos. La llamada identidad colectiva no es en el fondo otra cosa que una dimensión de la identidad individual, la que hace referencia al sentido de pertenencia a una comunidad que posee cada persona. Desde esta perspectiva, los rasgos de dicha identidad colectiva estarán directamente relacionados con los de la comunidad a la que pertenece.

En una sociedad abierta, plural, laica, heterogénea, diversa y mestiza resulta inconcebible pensar que los individuos se relacionen de una única manera —esto es, que puedan compartir una sola y misma identidad— con una realidad tan compleja. Por el contrario, en una sociedad fuertemente empastada por unas creencias religiosas compartidas por todos, o que ha hecho de la lengua su bandera emotiva unificadora, esto es, con un imaginario colectivo que no admite las diferencias, el vínculo identitario puede acabar resultando intensamente cohesionador. De ahí la necesidad que todos los nacionalismos han tenido de un poderoso enemigo exterior. Porque cuanto más exterior —cuando menos tenga que ver con los nuestros— y más poderoso, más aboca a los individuos a relacionarse con su comunidad presuntamente en peligro de una sola y misma manera.

Pero si todo esto nos parece que en efecto está superado, lo que corresponde es actuar en consecuencia. Deberíamos recuperar la vieja definición, evocada no sin cierta nostalgia el pasado miércoles en estas mismas páginas por Francesc de Carreras, según la cual “catalán es todo aquel que vive y trabaja en Cataluña”, añadiéndole, si acaso, nuevas determinaciones, siempre que pertenezcan inequívocamente al ámbito material, como, por ejemplo: “...y está empadronado” o “...y tiene la tarjeta sanitaria”, o cualquier otra que pudiéramos consensuar. Pero lo que sin ningún género de duda debería ser eliminado es ese “...y quiere ser catalán”, de perfume inexcusablemente identitario, que le añadió en su momento Jordi Pujol. Porque ¿acaso hay una manera inequívoca de “ser catalán” de cuya adhesión pueda depender el ser reconocido como tal? Si de verdad nos creemos lo de las identidades múltiples y variopintas, el requisito de “querer ser catalán” está fuera de lugar.

Que alguien pueda mantener un intenso vínculo emotivo con determinadas realidades de su entorno (con el paisaje, la gente, la lengua y la cultura, el pasado compartido, con determinados símbolos, etcétera) casi podríamos decir que es antropológicamente inevitable. Pero el trecho que separa eso del amor a la patria y otros registros identitarios habituales en el discurso político son, con demasiada frecuencia, el territorio de la manipulación. Alguien me comentaba en cierta ocasión que un tanto por cierto enorme —por encima del ochenta— de keniatas ignoran que viven en Kenia, esto es, desconocen que viven dentro de un Estado que lleva dicho nombre. Eso no quita para que probablemente ese mismo porcentaje mantenga un fuerte vínculo sentimental con sus realidades más próximas. El ejemplo pretendía avalar una recomendación: recelen ustedes de quienes, desde el poder, se empeñan en que nuestros sentimientos discurran exclusivamente por los cauces político-administrativos que ellos consideran convenientes, intentando convertir así nuestras emociones en preceptos.

Manuel Cruz es catedrático de filosofía contemporánea en la UB.

El fiscal, en la intimidad
ARCADI ESPADA El Mundo  20 Diciembre 2014

Querido J:

La dimisión del fiscal general del Estado es una consecuencia más, y en modo alguna será la última, del reto que lanzó al Estado el presidente Mas y que se ha materializado, por el momento, en la votación del 9 de noviembre. En la relación entre el fiscal y el Gobierno ha habido divergencias de criterio y malentendidos. Y hasta una degradación en el trato que tampoco habrá sido ajena a la decisión tomada por Eduardo Torres-Dulce: el fiscal es un hombre independiente; y también lo es económicamente, y la independencia económica procura una gran independencia moral, como saben mejor que nadie los pobres. Pero sin el 9 de noviembre, sin el fracaso del Estado constitucional que aquel día supuso, Torres-Dulce seguiría siendo fiscal.

El 9 de noviembre tuvo lugar. Lo que sucedió aquel día y los días anteriores sellaron un absoluto pacto de desconfianza entre las dos instituciones que ha hecho imposible la continuidad. He hablado con unos y con otros, largamente y desde hace tiempo, sobre ese día de la democracia española. No creo que la conclusión provisional la desbarate el tiempo. El gobierno de la Generalidad tenía un plan meticulosamente trazado y el Gobierno del Estado nunca tuvo ninguno. Y el Gobierno del presidente Mas ejecutó un plan y el Gobierno del presidente Rajoy contempló estupefacto su ejecución. Las relaciones entre el fiscal general y el poder ejecutivo explican de modo didáctico esta conclusión. Durante la semana de 2 al 9 de noviembre, el fiscal general fue haciendo acopio de documentación sobre el desarrollo de los planes del Gobierno catalán. No se trató de ninguna investigación sofisticada: le bastó con seguir la evolución de la página web del llamado «proceso participativo», que implicaba al Gobierno de la Generalidad de manera suficiente en actos que habían sido prohibidos por el Tribunal Consitucional. El fiscal estaba convencido de que había motivos como para interponer una querella. Pero, sobre todo, estaba convencido de que el poder ejecutivo tenía que actuar ante la amenaza de ilegalidad. Sobre las formas de esa actuación hay disparidades metodológicas. Pero en síntesis se trataba de que el Gobierno del Estado ordenase al Gobierno de la Generalidad que cesara en su actividad desleal y que se atuviera a las consecuencias si hacía lo contrario. No lo hizo. Ni mediante la promoción de una resolución parlamentaria de urgencia. Ni mediante un decreto del Consejo de Ministros. Ni de cualquier otro modo.

Tampoco el fiscal actuó. El fiscal es un hombre especialmente comprometido con la defensa del Estado constitucional. Y un hombre crítico con la evolución de ese Estado, desde la sentencia de la Loapa. No solo tenía fundamentos para actuar, sino que tenía corazón. No lo hizo. La razón es la asintonía. Él cree que un fiscal no debe estar en sintonía con el Gobierno. Ni en asintonía. Al fin y al cabo el jueves por la mañana el estrenado ministro de Justicia, Rafael Català, declaraba: «Si la Generalitat, que es a quien se ha dirigido el Tribunal Constitucional [ordenándole que suspenda la consulta], no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, si eso no sucede, no parece que sea necesario requerir ni al Constitucional ni a [otros] jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico». Lo que el ministro decía con el habitual lenguaje retorcido de su especie se repetía luego por los pasillos para que el fiscal lo oyese: «No vamos a poner una querella para que se incendie Cataluña». Aun en estas condiciones el fiscal podría haber presentado la querella. Pero habría sido una querella contra dos gobiernos.

El fiscal, además, estaba presionado por el pronóstico. La actitud del Gobierno, su deliberado perfil bajo, se basaba en una certidumbre que provenía de lo más alto. El presidente del Gobierno estaba convencido de que una parte de los catalanes participaría el 9 de noviembre en un simulacro de votación. Y había decidido no impedirlo, porque creía que el remedio sería peor que la enfermedad. Pero estaba seguro de que ese simulacro se atendría a dos condiciones: las votaciones no se celebrarían en lugares públicos y el Gobierno de la Generalidad no se comprometería con el recuento. Cuando la mañana del domingo comprobó que se votaba en lugares públicos y la vicepresidenta Ortega iba dando cuenta de los índices de participación con la cadencia y naturalidad de una jornada electoral, la perplejidad del Gobierno se confundió peligrosamente con la perplejidad de la democracia. Entonces llamaron al fiscal para que interpusiera una querella.

Se negó.

Si durante toda la semana él no había desautorizado al Gobierno, exigía ahora que el Gobierno no lo desautorizara a él. Argumentó ante su ministro sobre las dificultades técnicas, sobre los tiempos de la Justicia, tan distintos (bien lo había comprobado) a los de la política. Etcétera. Pero estoy seguro que de su explicable inhibición de aquel día Torres-Dulce arrastrará durante mucho tiempo una pesada incertidumbre moral. ¿Hizo bien el fiscal general en despreciar la oportunidad de demostrar a los ciudadanos españoles que el Estado constitucional existía y que iba a actuar? A las nueve de la noche, confirmada la deslealtad, es decir, confirmado lo único que en aquel día no fue simulacro, apareció un triste y vacuo ministro, el de Justicia, diciendo: «Ha sido un acto de pura propaganda que solo ha servido para exacerbar las relaciones de los catalanes». Ese fue todo el Estado, aquel domingo, mientras Mariano Rajoy era presidente del Gobierno y Eduardo Torres-Dulce el fiscal general.

Comprenderás, querido amigo, que la historia haya acabado de este modo. No sé si lo dijo Montesquieu, pero debió decirlo. El poder ejecutivo y el judicial deben evitar la intimidad. Cualquier circunstancia que les obligue a mirarse fijamente a los ojos. O a descubrirse debilidades inconfesables. Porque cuando eso sucede uno de los dos está irremisiblemente acabado. O los dos.

SEGÚN PEDRO J. RAMÍREZ
"El problema del país no es Podemos, sino la propia España"
El exdirector critica la labor realizada por los últimos gobiernos, del PSOE y PP y cree que 2015 "será el año más importante de mi carrera"
M. A.Estrella Digital  20 Diciembre 2014

Con la ausencia de políticos, pero respaldado por seguidores y periodistas de renombre como Alfonso Ussía, David Gistau o Manuel Jabois, Pedro J. Ramírez presentó el segundo volumen de sus cartas dominicales en 'El Mundo', en un multitudinario acto celebrado en el Ateneo de Madrid.

El autor reconoció que "durante esta última década de la vida de España he estado contra unos y otros -he sido muy crítico con los gobiernos del PSOE y con los del PP-, porque ni unos ni otros han mejorado ni la calidad de nuestra democracia ni los fundamentos de nuestra economía. Por el contrario han sido años, siguen siéndolo, de decadencia y retroceso».

Según él, "ni los unos ni los otros han sido capaces de impulsar la economía ni de reformar la administración; porque han preferido hacer el ajuste con impuestos; porque se han plegado a los intereses del Gobierno del Consejo de la Competitividad; porque no han tratado con la dignidad que merecían a las víctimas del terrorismo etarra; porque no han esclarecido el 11-M; porque han incubado, fomentado y protegido la corrupción en su seno; porque han destruido la independencia del Poder Judicial, interviniendo en nombramientos y sanciones; porque no han sido capaces de responder al desafío separatista…".

Pedro J. Ramírez señaló que «vivimos tiempos excepcionales», y, en referencia a las próximas convocatorias electorales, destacó que "de cara a este año decisivo conviene no confundir los síntomas con la esencia del problema. El separatismo catalán o la irrupción de una fuerza política como Podemos son síntomas, pero el problema es España". Incluso se atrevió a señalar que "hoy, como hace cien años, España necesita una nueva política que ponga fin a la vieja política que ha noqueado económica y vitalmente a tantos ciudadanos".

Para el periodista, el partido que "esté dispuesto a cambiar la ley electoral, a imponer la democracia interna en los partidos, a devolver la independencia al poder judicial, a renunciar a aforamientos y demás privilegios, a predicar con el ejemplo dando un paso atrás ante la menor sospecha de connivencia con la corrupción, a incluir mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo, ese representará a la nueva política».

Actitud de ZP y de Rajoy
El exdirector de 'El Mundo' considera que casi todos los partidos proponen cambios en la Constitución pero cree que «es conveniente que las próximas elecciones generales sirvan de cauce a esa discusión y que la próxima legislatura tenga un cariz constituyente o para ser más exactos reconstituyente, porque reformar la Constitución, o si se quiere enmendarla, no significa destruirla sino perfeccionarla".

Pedro J. Ramírez defiende la reforma de la Constitución "para blindar las competencias del Estado, cerrar el mapa autonómico y garantizar la lealtad institucional de todos los poderes que emanan de ella, para facilitar el cambio del sistema electoral, para condicionar la financiación pública de los partidos a la elección de sus candidatos por sus afiliados o para blindar al poder judicial frente a las intromisiones de los políticos, o no digamos para garantizar la separación entre el ejecutivo y el legislativo mediante un sistema presidencialista como el norteamericano o el francés".

Sin embargo, está en contra de la reforma "para fragmentar la soberanía nacional y convertir a las comunidades autónomas en imaginarios estados soberanos o no ya para reconocer y regular hechos diferenciales como la lengua propia o la insularidad, sino para dotar de mayores derechos políticos a algunos de esos estados federados en función de su capacidad de coacción separatista, sumando al dislate de la fragmentación el de la desigualdad".

Este segundo volumen de las cartas del director de Pedro J. Ramírez comprende textos de los años de Zapatero y Rajoy (2006-2014). Sobre la reacción personal de ambos frente a las críticas que siempre les lanzó desde su periódico, lamenta la paradoja que dice le ha tocado vivir: "Un líder de izquierdas, al que no respaldé casi nunca y al que critiqué con gran dureza casi siempre, dio un ejemplo de tolerancia y fair play, aceptando las reconvenciones más severas como parte de la normalidad democrática, manteniendo conmigo una buena relación personal, rayana a veces en la intimidad, a sabiendas de que siempre me tendría enfrente en asuntos clave. En cambio un líder de centro-derecha, para el que pedí tres veces el voto y al que acogí con claras muestras de apoyo, rompió todos los puentes, que él mismo había tendido con interesado ahínco durante su larga travesía del desierto, en cuanto llegó al poder y recibió mis primeras críticas; y se lanzó ferozmente a mi yugular, en cuanto vio comprometida su supervivencia política por sus SMS de apoyo a Bárcenas, publicados en la portada del periódico».

De cara al futuro adelantó que "2015 será el año más importante de mi carrera", así como que "en defensa del derecho a la información de los ciudadanos seguiremos estando contra unos y otros, porque ese es el papel de la prensa plural e independiente".

EL CARNICERO DE MONDRAGÓN PARTICIPÓ EN LA MASACRE DE OYARZUN
ETA arrojó en la cuneta a un policía agonizante y lo remató
Eduardo García Serrano www.gaceta.es  20 Diciembre 2014

El policía Antonio Cedillo se desangraba por la masacre de Oyarzun. Un camionero se apiadó de él y quiso trasladarle al hospital. ETA interceptó el vehículo, sacó de la cabina al agente agonizante y lo remató en la cuneta.Hoy, el Carnicero de Mondragón se enorgullece de lo que hizo. El hijo de la víctima se ha querellado contra él.

ETA convirtió la vida de José Miguel Cedillo en un vía crucis de orfandad y terror, de agorafobia y pánico que le mantuvieron durante muchos años encerrado entre las cuatro paredes de su casa. ETA le robó a tiros a su padre y le hurtó la infancia, la adolescencia y la juventud. José Miguel Cedillo tenía sólo 7 años. La mirada de aquel niño tuvo que contemplar, con el espanto cosido a los ojos, en la Capilla Ardiente instalada en el Gobierno Civil de Gupúzcoa, cómo un compañero de su padre se descerrajaba un tiro en la cabeza porque la sangre, el terror y el dolor por sus compañeros muertos le derrotaron la voluntad de seguir viviendo. Jesús María Zabarte Arregui, alias el Carnicero de Mondragón, formaba parte de la partida de asesinos de ETA que en 1982 cosieron a balazos en Oyarzun a tres policías nacionales. A Antonio Cedillo Toscano, padre de José Miguel, lo sacaron del vehículo que le trasladaba a un hospital, como un fardo lo arrojaron sobre la cuneta y lo remataron de dos tiros en la cabeza. El Carnicero de Mondragón, con 17 asesinatos sobre su conciencia, está en libertad y recientemente declaró que "él no había asesinado a nadie, que sólo había ejecutado a enemigos de la patria vasca, y que si ETA se lo volviera a ordenar él volvería a matar".

José Miguel Cedillo, 32 años después, ha vuelto al espanto de su infancia al leer las declaraciones del Carnicero de Mondragón en las que este criminal, al que el Poder Judicial español le abrió la celda de la que nunca debió salir, se envanece y se vanagloria, entre otros muchos, del asesinato de su padre. Por eso le ha presentado una querella, que ya está admitida a trámite, por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, pública humillación a las víctimas y, por prtimera vez en este tipo de querellas, por los delitos de incitación al odio y al enfrentamiento civil.

El asesinato del policía nacional Antonio Cedillo Toscano revistió tintes de especial crueldad. Hay que recordarlo para valorar la magnitud de la traición a las víctimas, explícita en la política de generosidad de Zapatero y de Rajoy para con los terroristas de ETA. Corrían los llamados años de plomo. Estamos en 1982, mediada la mañana del 14 de septiembre un talde etarra, del que formaba parte el carnicero de Mondragón, acribilla a balazos en una emboscada en Oyarzun a los policías nacionales Jesús Ordoñez Pérez, Juan Seronero Sacristán y Alfonso López Fernández. Su compañero Antonio Cedillo Toscano resultó gravísimamente herido al intentar repeler la agresión armada. Un camionero lo encontró arrastrándose por la carretera meintras se desangraba. Era un buen samaritano. Lo subió a su vehículo para llevarlo al hospital más cercano. El coche en el que huían los etarras avizoró el camión, lo interceptaron, encañonaron al buen samaritano que lo conducía, sacarón de la cabina a Antonio Cedillo, lo arrojaron sobre la cuneta y le pegaron dos tiros en la cabeza.

A José Miguel Cedillo aún le quedaba apurar hasta las heces la copa de crueldad que ETA le había servido con el asesinato de su padre. Al día siguiente de la masacre, el sargento de la Policía Nacional Julián Carmona Fernández se suicidaba pegándose un tiro en la sien en la Capilla Ardiente en la que José Miguel Cedillo, un niño de 7 años, lloraba la muerte y velaba el cadáver de su padre. Fue en las dependencias del Gobierno Civil de Guipúzcoa, en presencia del general Félix Alcalá-Galiano y de varios de sus compañeros, cuando el sargento de la Policía Julián Carmona Fernández, casado y padre de tres hijos, que había pasado la noche acompañando a los familiares de sus compañeros asesinados y ocupándose de los trámites de las autopsias, desenfundó su pistola reglamentaria y se pegó un tiro en la sien. Los muertos de la jornada anterior y los de otros muchos atentados de aquellos años de plomo eran todos compañeros y amigos suyos. Además, le habían ordenado acompañar a uno de los cadáveres hasta su lugar de origen y hablar con los familiares del caído. No pudo más. Fue el primer caso que los médicos psiquiatras bautizaron con el terrible diagnóstico conocido como Síndrome del Norte.

El Carnicero de Mondragón se siente muy orgulloso de sus crímenes. José Miguel Cedillo no puede más. Se ha querellado contra él. La querella no se ventilará en la Audiencia Nacional, como procede en los casos de terrorismo. Se hará en un juzgado de la localidad vasca de Vergara, al que el asesino de su padre ni siquiera tendrá que ir a declarar. Su abogado lo hará por él. Y a esto, algunos, le llaman Justicia.
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