AGLI Recortes de Prensa   Martes 23  Diciembre  2014

Otra Navidad sin cuento
Javier Benegas www.vozpopuli.com 23 Diciembre 2014

Esta semana aquellos más afortunados celebrarán en familia la tradicional cena de Noche Buena, día en el que, por primera vez, el rey Felipe VI pronunciará el correspondiente discurso, a buen seguro lleno frases a medio camino entre lo obvio y lo sensato, y en el que no se esperan sorpresas más allá de los habituales guiños al “pueblo” y a la cada vez más denostada clase política.

Desde hace tiempo, más del que muchos imaginan, las alocuciones del rey solo interesan a los españoles más entrados en años, aquellos que vivieron el franquismo y vieron en la Transición un cambio, que, aunque imperfecto, les permitió disfrutar al menos de una pequeña parcela de libertad. El resto, exceptuando a quienes se viven al socaire del Estado, de los partidos tradicionales o de los negocios protegidos, no ven ya en el discurso del rey más empeño que mantener el viejo orden. Y en esta ocasión, si acaso, cambian los protagonistas, pero no la obra representada.

En general, más allá del cada vez más visible deterioro de un statu quo que pronto cumplirá 40 años, nada ha cambiado, gracias, sobre todo, a unos partidos políticos que, sometidos a los designios de sus líderes y en perfecta sincronía con las élites extractivas, se han convertido en el tapón que mantiene embotellada la historia de España. Así, la frase de que “la crisis ya es historia… del pasado” es la mayor estupidez pronunciada en los últimos cien años, en tanto que solo hace referencia a lo económico y olvida a conveniencia que nuestra crisis es fundamentalmente política. La otra, la económica, es consecuencia de un desquiciamiento institucional propio de estados camino de ser fallidos. Y por más que los grandes números mejoren, la prosperidad llegará al común con cuenta gotas.

Los males de fondo siguen siendo exactamente los mismos hoy que hace diez años. Lo resumía lúcidamente John Müller en el párrafo final de su artículo titulado La deflación en España, donde, tras apuntar que la espectacular caída del precio del petróleo se traducirá en una inyección de 10.000 millones de euros en las rentas de empresas y familias, a lo que se sumará “la renta disponible que se genere con la reducción de las retenciones del IRPF en enero”, ponía el dedo en la llaga: “Todo ello impulsará la demanda interna, que sigue siendo el principal motor del crecimiento español. Incluso la construcción está volviendo a hacer aportaciones positivas. No hay un nuevo modelo económico español. Hemos vuelto al viejo modelo, un 30% por debajo.”

En efecto, seguimos donde solíamos, en la España vieja y destartalada. Entretanto, sigue su avance imparable el Estado corporativo, ese híbrido a medio camino entre el poder financiero y los grandes negocios, y el cuarto Estado de lo público, donde parasitan infinidad de colectivos, entre los cuales figuran en lugar destacado miles de políticos y decenas de miles de asimilados, quién sabe si cientos de miles. En consecuencia, no solo no desaparecen las trabas a la iniciativa privada, sino que hemos superado con creces las 100.000 leyes y reglamentos. Y aumentando.

Cierto es que se simplifican sobre el papel los trámites para crear un negocio o darse de alta como autónomo. Pero de ahí en adelante el infierno regulador se vuelve casi insuperable. El resultado, tal y como certifica el informe de la Fundación BBVA: solo la mitad de quienes se dan de alta como autónomo consigue mantenerse como tal más de tres años. Y otro tanto sucede con las pequeñas empresas de menos de 10 empleados, que, por lo general, son aquellas que recién empiezan su andadura.

Necesitamos poder crear empresas más grandes, capaces de generar puestos de trabajo cualificados y sueldos mejor remunerados, amén de proporcionar una mayor estabilidad en el empleo. Pero tal cosa parece imposible en esta España de los partidos, de las élites, de los grupos organizados y de los oligarcas, donde manda el pelotazo concertado, y todo aquel que va por libre termina casi siempre en la cuneta.

Recientemente, a propósito de la crisis, se preguntaba el Papa Francisco Bergoglio "Qué dignidad podrá encontrar quien no tiene qué comer o el mínimo necesario para vivir o el trabajo que le otorga dignidad". Sin embargo, la dignidad no está en un plato caliente, un trabajo decente o en la mera subsistencia. Está en la libertad de hacer, de emprender, de crecer: de poder ser uno mismo, sin depender de la falsa caridad del Estado. En definitiva, la libertad es el fundamento de todas las cosas, que diría John Locke.

No, la nuestra no es la historia de una crisis económica, sino el correlato de un modelo institucional desquiciado, analizado desde estas páginas en numerosas ocasiones, cuyo inexorable decaimiento se manifiesta en forma de Zapateros, Rajoyes y Sorayas. Y ya en sus estertores finales, en Nicolases y Corinnas. Pronto, como efecto de última ronda, nos regalará un nuevo franquito, esta vez con coleta. Dirán entonces que la verdadera democracia ha llegado. Pero esa oportunidad la perdimos hace tiempo. Exactamente hace 39 años. Lo que despunta en el horizonte es otra cosa.

No habrá pues Cuento de Navidad de Charles Dickens, ni este año ni el que viene, porque, por más que la emoción pueda parecer la fuerza que mueve el mundo, al final lo que mandan son los números. Y las sociedades herméticas y maniatadas, incapacitadas para generar riqueza, no tienen escapatoria.

Sea como fuere, no hay que desesperar por más que el desencanto abunde entre las personas cabales. Al fin y al cabo, como decía el filósofo, “desencanto” es a la vez decepción y esperanza, abatimiento y rebeldía.

Tengan ustedes una la Feliz Navidad.
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Aprovecho la ocasión para recomendarles una lectura tan breve como imprescindible: “La sencillez de las cosas. La razón de la República Constitucional” (Ed. El Viejo Topo), de Javier Torrox y prólogo de Antonio García-Trevijano.

El dinero autonómico en vísperas electorales
PRIMO GONZÁLEZ www.republica.com  23 Diciembre 2014

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que hoy reúne al Gobierno con los representantes de las Autonomías, tiene una difícil papeleta, como es habitual, la de poner un poco de disciplina en las cuentas de las Administraciones Públicas. El empeño de por sí es complejo pero en vísperas de una campaña electoral que deberá someter a escrutinio la representación real de las fuerzas políticas ve redoblada su importancia. Las posiciones de los diferentes actores de este drama financiero llegan muy distanciadas a la reunión, entre otras cosas porque las Autonomías que han realizado importantes esfuerzos para corregir los desequilibrios fiscales y ajustarse a los objetivos marcados están empezando a ver cómo el Gobierno administra y reparte facilidades y condonaciones que benefician de forma especial a los incumplidores.

Los entes autonómicos se encuentran en vísperas de una probable escalada en el gasto, que ya es perceptible en los presupuestos autonómicos que han sido aprobados en los últimos meses. Los análisis catastrofistas que se realizan en algunos medios, algunos de los cuales con sello oficial, como el de la Autoridad Fiscal Independiente, empiezan a gozar cada vez de mayor credibilidad, en especial en las instituciones europeas.

La reunión del Consejo Fiscal no va a ser, en suma, una ocasión que aproveche el titular de Hacienda para tratar de recuperar el control de la situación en las finanzas públicas autonómicas ni mucho menos para lanzar una reprimenda a los incumplidores, que son mayoría (hasta nueve de los 17 entes autonómicos, como ha recomendado la Autoridad Fiscal Independiente hace apenas unos días), sino la probable escenificación de un acto de conciliación en el que Hacienda confirmará sus planes de condonación de intereses a todas las Autonomías (independientemente de que hayan cumplido o no los compromisos de control del déficit) a cambio de poco más que buenas palabras. El coste de la operación rondará los 2.000 millones de euros.

En unos momentos de efervescencia electoral, en los que algunas Autonomías pueden cambiar de partido gobernante, hay pocas posibilidades de esperar cordura en el manejo del gasto público. Y menos aún si no la han practicado en los años anteriores. Los entes autonómicos son los únicos que en estos últimos años han sido incapaces de controlar el desequilibrio entre ingresos y gastos. La drástica caída de los ingresos fiscales autonómicos, a causa de la crisis económica, no ha estado acompañada ni de lejos por un esfuerzo paralelo en la maquinaria del gasto, a pesar incluso de las inyecciones, en ocasiones masivas, que el Estado ha instrumentado en favor de unos entes que han perdido toda posibilidad (salvo contadas excepciones) de recibir financiación ajena ya que las agencias de calificación hace tiempo que han rebajado al mínimo sus ratings.

El déficit autonómico está, por lo tanto, en peligro de desbordamiento. El 1% de límite sobre el PIB que se había fijado para el año 2014 no parece probable que se pueda respetar y el algo más exigente para el año 2015 parece fuera de toda lógica, ya que pocos creen que en un año electoral vayan a aumentar las capacidades financieras para buscar el mayor grado de equilibrio fiscal. Ya han proliferado las ofertas, no ya de subidas de impuestos, que sería lo lógico en unas Haciendas al borde del quebranto, sino las ofertas de recortes de tipos impositivos en algunos tributos de especial incidencia en los bolsillos de los votantes.

La deuda acumulada por los entes autonómicos se sitúa en torno al 22% del PIB español, unos 230.000 millones de euros. Es decir, una cuarta parte del déficit público del conjunto de la economía del país. Un déficit que resulta difícilmente sostenible. El Gobierno de Rajoy ha dejado escapar una ocasión histórica de poner orden en la financiación autonómica. El horizonte a medio plazo para corregir este problema no ofrece garantías mejores.

Podéis de Podemos
ARCADI ESPADA El Mundo 23 Diciembre 2014

NO COMPARTO el criterio de los que acusan al líder de Podéis de haberse mostrado ambiguo sobre el capricho catalán en su patrocinado mitin de Barcelona. Todo lo contrario. Se mostró, como ya lo ha hecho otras veces, perfectamente favorable al llamado derecho a decidir y perfectamente contrario a la independencia. Es decir perfectamente identificado con la abrumadora mayoría de la izquierda catalana, que persigue la fragmentación del sujeto político constitucional y la renuncia del conjunto de los españoles a sus derechos políticos fundamentales; y que al mismo tiempo, y en eso coincide con la abrumadora mayoría de la derecha, se mostraría contrario a la independencia en el instante de la decisión verdadera. Por lo tanto, no hay en la posición de Iglesias ni ambigüedad ni novedad: su lengua en Barcelona fue sumamente ortodoxa, antigua y mate. No cabría confundirse, en este punto, y hacer de la ambigüedad, que es una delicada cualidad del espíritu, sinónimo mecánico de la vacuidad. Cuando Iglesias dice que «España es un país de países» el ex presidente Zapatero parece un hombre sofisticado. Por lo demás, cuando eso dice, Iglesias ni siquiera sabe lo que dice, porque pura y simplemente es imposible saberlo.

Por ser claro, inequívoco y gregario Iglesias se apuntó incluso a la retórica eufemística del derecho a decidir, como hacen todos los nacionalistas. Es decir que su lengua ni siquiera tuvo el honor de probar el fruto veraz del derecho de autodeterminación como sí lo hizo Hitler, aquel disfémico, cuando el 30 de enero de 1939 se quejaba en el Reichstag de que los aliados hubieran concedido «el derecho de autodeterminación a los negros primitivos» y no «a una nación sumamente civilizada como Alemania». Un punto de vista que hacen sumamente suyo los nacionalistas catalanes y el gran número de españoles que le dan el aliento de su beocia indiferencia. Será interesante observar las consecuencias electorales que en el conjunto de España tendrá la catalana claridad de Iglesias. Y cómo responderá el electorado ante ese drástico recorte de derechos... sociales que Podéis les propone y que tanto contraría el núcleo de su propaganda. En este sentido es puramente extraordinario que en su rutilante catálogo de demagogias Podéis no haya incluido su rechazo de la autodeterminación de los ricos. Puramente extraordinario y revelador de la confusión que el nacionalismo ha proyectado sobre la vieja y esclerótica izquierda de España.

Un apuesta de alto riesgo
VICENTE BAQUERO www.gaceta.es 23 Diciembre 2014

No resulta fácil hacer conjeturas sobre todo cuando no se dispone de todos los datos, por tanto lo que voy a decir está sujeto a todas las críticas merecidas que reciba y además admito que se trata de una interpretación maquiavélica en el sentido literal. ¿Por qué de un tiempo a esta parte a “Podemos” y sus representantes se le ha dado tanto protagonismo en los medios de comunicación? Es evidente que para que a un partido le voten la primera condición ha de ser que sea conocido y esa condición no es ni fácil ni barato conseguirla, no puede ser una casualidad que esté presente en todos los canales de radio, prensa y televisión, continuamente objeto de comentarios mayoritariamente críticos pero comentarios y publicidad al fin y al cabo, con un mensaje revolucionario que aprovecha el resentimiento y el disgusto de la sociedad hacia los partidos políticos, escandalizando al personal.

En primer lugar podríamos decir aquello de que al periodista y a los medios en general todo lo que sea conseguir audiencia les resulta interesante, por tanto un mensaje estrambótico, escandaloso, original o provocador que atraiga público les resulta atractivo económica y mediáticamente desde una Belén Esteban a un tsunami pasando por asesinatos o “Podemos”. Por tanto el protagonismo de un Pablo Iglesias resulta mediáticamente interesante.

Es posible que en un primer momento este partido comunista, que es lo que es al fin y al cabo, resultara chocante en estos tiempos en una Europa liberal y socialista conservadora, que resultara comercial el resaltar sus propuestas revolucionarias, que por cierto no tienen nada de originales si las comparamos con cualquiera de las propuestas comunistas radicales o anarquistas del siglo pasado. Como en los años sesenta estaba de moda el hablar de la revolución cubana y del “Che”, entre la juventud “progre” de aquel momento. Por supuesto ni pensar seriamente en establecer dicho régimen en Europa: Era una actitud a la moda, provocadora y contestaría por parte de una juventud que precisamente no tenía que sufrir tales regímenes dictatoriales. Era una pose. No hay más que recordar el fenómeno “mayo del 68”.

Pero los medios son a su vez dependientes, en España sobre todo, del beneplácito del poder político ya que en su mayoría son deficitarios y dependen de licencias y permisos para realizar su labor, por tanto sin el consentimiento explicito o tácito de los respectivos gobiernos, es muy difícil existir y desde luego imposible de tener protagonismo, lo que me lleva a pensar que si “Podemos” ha conseguido el protagonismo que tiene es porque directa o indirectamente este protagonismo ha sido no solo tolerado sino fomentado por los poderes fácticos. ¿Por qué? Esa es la pregunta ¿A quién beneficia la aparición de un movimiento radical de izquierda revolucionaria?

Podremos alegar mil argumentos sobre corrupción política y rechazo colectivo al sistema político bipartidista, pero esa crítica también ha sido predicada y con anterioridad por parte de partidos como UPD, Ciudadanos o Vox… ¿Por qué a estos partidos se les ha negado el pan y la sal de los medios de comunicación y se le ha dado protagonismo a “Podemos”? ¿Es que se está buscando el enfrentamiento radical como mecanismo de presión sobre el votante conservador? Si este fuera el caso, la apuesta es muy arriesgada. Nos jugamos el futuro de este país, si llegara a gobernar un frente popular, por culpa de un “cabreo” colectivo irracional, sería un desastre de consecuencias incalculables.

DESAFIO SECESIONISTA
¿Pero hubo un referéndum el 9N en Cataluña?
Pablo Planas Libertad Digital 23 Diciembre 2014

El "TSJCat", que es como llaman al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sus propios componentes, no ha tenido más remedio que empurar al president Mas por un presunto delito de desobediencia a causa de la celebración del referéndum de autodeterminación del pasado 9 de noviembre. Le ha costado tanto al TSJC reaccionar como al ex fiscal general Torres-Dulce que sus subordinados en Cataluña se pusieran de acuerdo y vencieran el miedo a querellarse contra Artur Mas.

La Justicia es lenta, pausada y morosa hasta el punto de que cinco horas de reunión entre seis magistrados sólo han dado de sí una nota de un folio en catalán, sin traducción al español, como es costumbre y "ley de hecho" en la región. La conclusión es que pasadas las fiestas navideñas, el 8 de enero, se comunicará a Artur Mas, a Joana Ortega, a la sazón vicepresidenta de la Generalidad, y a Irene Rigau, consejera de Enseñanza, su condición de citados por un supuesto, presunto y teórico delito de desobediencia cometido al organizar, celebrar y festejar una votación ilegal. Están que tiemblan mientras compran el pollo y el champán.

A buen seguro habrán pesado en el ánimo de los atribulados jueces las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien aseguró que en Cataluña no hubo referéndum el 9N. De ahí, probablemente, que sólo imputen a los mentados por desobediencia y descarten la usurpación, la malversación y la prevaricación. De hecho, los magistrados deberán aclarar primero si el 9N pasó algo fuera de lo normal en Cataluña.

Difícil encomienda porque el incumplimiento de las sentencias y de las leyes es lo habitual, corriente y tradicional en ese paraíso del oasis. Al parecer, la consecución y validación de las pruebas sobre esa votación implica innumerables dificultades. Para empezar habrá que saber si Mas existe o es una fabulación de TV3 para despistar a los jueces. En dogma garzonita, lo que deberían hacer los magistrados para demostrar que van en serio es pedir la partida de nacimiento de Arturo Mas i Gavarró, de la misma forma que el exjuez Garzón pidió la de defunción de Franco. Lo segundo, determinar en qué día de la semana cayó el dicho 9 de noviembre. Lo tercero, indagar en torno a las coartadas de los citados. Después, si hubo papeletas, urnas y el montaje propio de una jornada electoral. Y por último, quién organizó la cosa si es que tal cosa pasó.

Demasiadas complicaciones para el "TSJCat" como para amargar las fiestas a Mas, a Joana Ortega e Irene Rigau, los tres encausados. Y parranda redonda para Junqueras, que presidió una mesa; para el consejero Homs, que se desgañitó llamando al voto e insertando propaganda en los medios propios y los afines. O para Espadaler, el consejero de los Mossos que se ocupó de que los mossos no hicieran nada para impedir el referéndum. O para Gordó, consejero de Justicia catalán y esposo de una vocal del CGPJ a propuesta del PSOE, que encargó la impresión las papeletas y la confección de las urnas. Todos ellos han quedado exonerados. Una juerga o, como escribió Jardiel Poncela, "¿pero hubo alguna vez once mil vírgenes?". Y luego se extrañan de lo de Podemos.

ENTRE 2010 Y 2013, Y A PESAR DE QUE CONSIDERA QUE ES UN IDIOMA "NORMALIZADO"
La Generalidad dilapida 463 millones de euros en fomentar el catalán
www.latribunadelpaisvasco.com 23 Diciembre 2014

]Según se recoge en el Informe de Política Lingüística de 2013, la Generalidad de Cataluña se gastó ese año 93.518.304,94 euros en "actuaciones de fomento del uso de la lengua catalana" -o el aranés- a través de sus diferentes consejerías. Tal y como informa el periódico “Crónica Global”, esta cifra supone cinco millones de euros más que los 88.164.541,03 euros que el Ejecutivo autonómico destinó en 2012 a promocionar el catalán en todos los ámbitos. En el período 2010-2013, la Generalidad ha gastado 463 millones de euros en fomentar la lengua catalana.

Este incremento del gasto para promocionar el catalán -principalmente en Cataluña- contrasta con el hecho de que, según los propios datos que publica la Generalidad, esta lengua ya está "normalizada".

En este sentido, la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población publicada el pasado mes de junio refleja que el grado de conocimiento del catalán se mantiene en torno al 95%. Si bien la mayoría de catalanes escoge utilizar el castellano como lengua habitual (50,7%) frente a los que optan por el catalán (36,3%) y los que prefieren utilizar ambas habitualmente (6,8%).

En 2013, la Consejería de Cultura fue la que más dinero desinó a promover el catalán, en concreto 59.273.946,10 euros, de los que la mayor parte corresponden a subvenciones. La partida de doblaje de películas al catalán ascendió a 1.288.186,25 euros.

Ese mismo año, la Consejería de la Presidencia gastó 7.048.514,53 euros en esta cuestión, de los que 6.163.658 euros se destinaron a "subvenciones para proyectos y actuaciones relacionados con el apoyo a los medios de comunicación en catalán o aranés y al fomento y la consolidación del espacio catalán de comunicación".

Otros dispendios de 2013. La Consejería de Enseñanza ha destinado 20.562.724,66 euros a fomentar el catalán; la de Economía y Conocimiento, 3.511.104,16 euros; la de Bienestar Social y Familia, 1.308.174,40 euros; la de Empresa y Empleo, 462.471,44 euros; y la de Justicia, 1.351.369,34 euros.

EN PALMA
Intentan quemar la sede de Círculo Balear
R. Moreno www.gaceta.es 23 Diciembre 2014

La fundación contra el adoctrinamiento pancatalanista ha amanecido con los cristales reventados y un panel de la fachada quemado, “en un nuevo ataque de los sectores radicales de Baleares”.

La sede central de la Fundación Círculo Balear (FNCB), situada en pleno centro de Palma, ha aparecido este lunes con ventanas rotas y con el cartel quemado “en un nuevo ataque de los sectores radicales de Baleares contra la entidad constitucionalista”, según han informado desde la entidad, que ya ha presentado una denuncia de los actos vandálicos ante la Policía.

Al menos tres impactos de piedra han alcanzado una de las ventanas de las oficinas de la fundación, y una de ellas la ha atravesado, alcanzando el interior. Además, ha aparecido quemado uno de los paneles provisionales de la entidad por las obras que se están realizando.

“Los radicales han aprovechado los andamios instalados por las mejoras que se están llevando a cabo en la fachada para cometer este nuevo atentado, cuyas consecuencias podrían haber sido muchos mayores si el incendio se hubiera extendido al resto del inmueble o de la fachada a través del material de obra”, han indicado desde la entidad constitucionalista.

Su presidente, Jorge Campos, ha mostrado su preocupación por los hechos, y ha informado de que "desde hace más de cuatro años” prácticamente son víctimas de estos ataques cada diciembre, “coincidiendo con las actividades que el pancatalanismo radical lleva a cabo en Mallorca”.

“Los hechos se repiten ante la impunidad de los autores de estos ataques”, ha subrayado Campos, que ha informado de que "incluso cuando se identifican y se inician acciones legales, éstas se archivan o se condenan levemente".

El presidente de Círculo Balear ha dicho que ya están “cansados de recibir todo tipo de amenazas, intentos de agresión, insultos y atentados, reconocidos incluso por el catalanismo radical, sin que tengan consecuencias desde las instancias gubernativas y judiciales".

"Si estos ataques siguen sin condenarse y sancionarse, año tras año se repetirá la violencia de los intolerantes contra los que defendemos las libertades constitucionales, la identidad cultural de Baleares, y la unidad de una España en la que cabemos todos, menos los violentos”, ha advertido Campos.

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Montoro rescata a Cataluña

Javier Fernández. Periodista. www.lavozlibre.com 23 Diciembre 2014

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prepara una salida para el problema catalán. Se trata de la mutualización de la deuda autonómica. La operación consiste en una posible condonación, quita o reducción de los más de 80.000 millones de la deuda que las comunidades autónomas tienen con el Estado a través de los diferentes vehículos creados desde 2012, en especial el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Fondo para el pago de proveedores. Esta solución forma parte de una negociación a más amplia escala y consiste en un compromiso firme e irrenunciable por parte del Gobierno de la Generalitat y de las fuerzas políticas de su Oposición de que no se va a producir la independencia de la autonomía.

Es importante recordar que Cataluña es la comunidad que más dinero debe en cifras absolutas a los fondos del Estado, unos 32.600 millones, y Valencia, la que encabeza el ranking en proporción al tamaño de su economía, cerca de 20.000 millones. Estas dos comunidades, junto con Andalucía, que suma otros 15.000 millones, concentran más del 80% de los recursos del FLA. Además de estas tres, se han acogido al Fondo de Liquidez Autonómica Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia. Extremadura se ha adherido recientemente y Galicia podría hacerlo próximamente.

La estrategia diseñada por el Ejecutivo consiste en aprovechar el margen de ingresos que proporciona la recuperación de la economía para asumir la deuda autonómica. Se trata, en concreto, de la deuda ya asumida, el stock, y la futura que se pueda emitir. Respecto a la primera, el planteamiento de Administraciones Públicas implica una amplia reestructuración de esa deuda, con cambios en su calendario de vencimientos y rebajas de su volumen, en porcentajes y formas.

Los fondos del Estado están asumiendo una deuda autonómica que crece a gran velocidad y ya no sólo cubren los vencimientos con los acreedores extranjeros, también están suministrándoles liquidez para sus pagos más apremiantes, incluso cuando ya han superado los límites de déficit fijados. El objetivo es lograr la paz con todas las autonomías y en la medida de lo posible capitalizar electoralmente este nuevo rescate autonómico.

GOBIERNO DEL PP
La injusticia politizada
Santiago Abascal Libertad Digital 23 Diciembre 2014

Cuando hace ya más de un año escribí a Mariano Rajoy para comunicarle los motivos por los que abandonaba el Partido Popular, quise recurrir al símil de la lluvia que había utilizado nuestro presidente del Gobierno para despreciar a las víctimas del terrorismo... Su "llueve mucho" en respuesta a las preguntas sobre las excarcelaciones de etarras me pareció un desprecio radicalmente injusto, terriblemente inmoral; un clarísimo reflejo de sus intereses de poder por encima de los principios que causó muchísimo dolor a los que tanto han dado a España. En aquella carta quise decirle a Rajoy que sí, que llovía, y que llovía sobre mojado.

Meses después, sigue diluviando. No pretendo que muchos me den la razón, ni aprovecho para repasarles ahora mis motivos. Tampoco pretendo hoy hablar de la politización de la Justicia, precisamente cuando acaba de dimitir el Fiscal General del Estado por las presiones del Ejecutivo. Pero sí es necesario reiterar que parece que el gobierno, -en su ansia por desarrollar hasta el final esta tercera legislatura del zapaterismo, ha hecho de la injusticia su único programa electoral. Dos noticias recientes bastan para ilustrarlo por enésima vez.

El pasado jueves, el ministro Montoro -después de sacarnos los últimos céntimos que quedaban en nuestros bolsillos- ha perdonado los intereses de los préstamos concedidos a las autonomías. Esta medida injusta beneficia claramente a quienes han gestionado peor sus recursos, y perjudica a los gobiernos regionales que han ajustado sus presupuestos. Así, se premia no sólo a quien despilfarra, sino también, por encima de todos, a quienes invierten los recursos en fomentar la división de la nación.

Por si fuera poco, en la misma semana, el Gobierno aprueba una nueva legislación para las víctimas en las que se incluye a todo tipo de colectivos que sufren y en el que se ha ignorado por completo los intereses concretos de las Víctimas del terrorismo. Así, María Angeles Pedraza, Presidenta de la AVT, declaraba indignada: "este Gobierno permite que haya vencedores y son los terroristas. Me arrepiento de haber confiado en Rajoy porque este Presidente no apoya a las Víctimas del terrorismo". Y todo ello en los mismos días en que la única lluvia que no cesa es la del goteo de las excarcelaciones de terribles asesinos.

En España, porque mandan unas oligarquías corrompidas, se ha politizado la injusticia. Este Gobierno, ignorando todos los sufrimientos de los españoles, desprecia las peticiones más razonables de una sociedad harta y, en cambio, solo escucha, y responde presto, a las exigencias de quienes vulneran las leyes y nos perjudican a todos. Va a resultar que el PP sí tiene un programa: no se trata solamente de politizar a los jueces y fiscales sino, sobretodo, de incentivar el mal imponiendo cruelmente la injusticia.

PAZ SUCIA
El Supremo y las excarcelaciones de etarras
Guillermo Dupuy Libertad Digital 23 Diciembre 2014

No parece que tengan tiempo para fijar un criterio respecto de cómo afecta a nuestro ordenamiento jurídico y a la excarcelación de etarras las decisones marco del Consejo de Europa; pero a trece de los dieciocho magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo parece que les ha sobrado para redactar una insólita carta en la que protestan por las encomiables críticas que algunos miembros del Gobierno han hecho contra las recientes y, ciertamente, "lamentables", excarcelaciones de etarras decretadas por tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Nacional.

Por mucho que los magistrados del Supremo sientan "desazón" por la críticas que merecen las escandalosa excarcelación del histórico dirigente etarra Santiago Arróspide Sarasola, alias Santi Potros, y de otro miembro de la banda, Alberto Plazaola Anduaga, lo que ha causado algo más que desazón a las víctimas del terrorismo y a cualquier español con un sentido elemental de la justicia, es ver como unos magistrados de la Audiencia Nacional aplicaban a favor de unos sanguinarios terroristas una decisión marco del Consejo de Europa que todavía no había sido traspuesta al ordenamiento jurídico español. La injusticia perpetrada por estos tres magistrados todavía es mayor si tenemos en cuenta que dictaron la excarcelación de los dos etarras un día antes de que entrara en vigor la ley 7/2014; una ley que, si bien tiene por objeto el dar trasposición a esa normativa marco europea, contiene una disposición adicional única que la matiza al señalar claramente que "en ningún caso serán tenidas en cuenta" para su aplicación "las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010". Es evidente, por tanto, que dichas excarcelaciones son, en cualquier caso, prematuras y no conformes a derecho, tal y como ha sostenido la fiscalía.

Es más. El vergonzoso criterio sostenido por estos magistrados de la Sección Primera es contrario al mantenido por la Sección Segunda de la propia Audiencia Nacional que paralelamente rechazaba la petición que igualmente había hecho la defensa de otro etarra -Iñaqui Bilbao- de computarle los periodos de reclusión en Francia.

En lugar se "poner coto" a esta bochornosa y clamorosa contradicción en el seno de la propia Audiencia Nacional, estos magistrados del Supremo han decidido poner coto a las declaraciones de un ministro del Interior que, por una vez, son respetuosas – o así parecen serlo- tanto con nuestro Estado de Derecho como con el sentir de las víctimas del terrorismo.

Mientras tanto los magistrados del Supremo han decidido posponer su decisión sobre el criterio a seguir, que no debería ser otro que el que imperaba y sigue imperando en nuestro ordenamiento juridico, a una nueva reunión el próximo 13 de enero. Y digo "nueva" reunión porque, por lo visto, no tuvieron suficiente tiempo con las más de tres horas que estuvieron reunidos

Ignoro si, para entonces, Santi Potros y Plazaola ya se han dado a la fuga; pero no me extrañaría en absoluto. Lo que parece claro es que estos trece magistrados del Supremo parecen más preocupados por el hecho de que las sentencias judiciales puedan ser objeto de críticas a que puedan ser vehiculo de injusticias.

Qué es una constitución
El autor plantea hasta dónde podría llegar una reformade la Carta Magna. Sostiene que asuntos como el de la crisis no deberían de resolverse modificando el articulado.
JOSEBA ARREGI El Mundo  23 Diciembre 2014

El PSOE ha cumplido su palabra de intentar abrir un debate sobre la reforma de la Constitución proponiendo crear una subcomisión parlamentaria a tal efecto. El Gobierno central y el PP ya han dicho que no. Pero una vez que el debate se ha oficializado introduciéndolo en el Parlamento, es difícil que desaparezca del espacio público. Y es probablemente bueno que sea así.

Pero si bien está que se debata, no viene mal hacer un esfuerzo en contestar la pregunta del título: ¿qué es una constitución? Una constitución es el momento y el acto por el que una sociedad se constituye como comunidad política. ¿Quiere esto decir que antes no había tal sujeto político, que la sociedad española no era una comunidad política? Sí, y no. España como Estado, como sujeto histórico, precede a la Constitución de 1978. Pero si se aplica al calificativo de político a sujeto y comunidad no como simple ejercicio de poder, sino en condiciones de libertad y justicia, ese calificativo sólo puede corresponder a un Estado democrático. España como Estado democrático y de derecho en pleno sentido del término lo es a partir de la Constitución del 78.

Lo que sucede en el acto constituyente es de gran importancia: algo que existe debido y gracias a circunstancias históricas, un sujeto constituyente histórico y por lo tanto accidental, se somete al imperio del derecho y se constituye como voluntad constituida precisamente en esa sumisión al derecho. El derecho es potencialmente universal, desborda la geografía del sujeto constituyente histórico, y limita el poder soberano del sujeto constituyente: éste puede lo que es posible en derecho, pero no puede todo, no puede nada contra derecho. En ese acto de transformar la voluntad constituyente en voluntad constituida por sumisión al imperio del derecho se abre la vía de superar la contradicción inherente al Estado nacional (Jürgen Habermas): el derecho y la ley, es decir, el Estado de Derecho, son potencialmente universales, mientras que la nación, en su acepción étnicolingüística, es particular.

La Constitución española del 78 afirma que España se constituye como Estado de Derecho obligándose a ser democrática, social y autonómica. ¿Es el sujeto político así constituido en 1978 el que debe ser reformado, el que debe ser sometido a cambio? Es evidente que los nacionalismos periféricos contestan afirmativamente a la pregunta: quisieran reducir el ámbito geográfico del sujeto constituyente del 78 para dejar paso a otros. Este cambio es casi imposible llevarlo a la práctica: es muy difícil visualizar que el sujeto político conjunto dé el visto bueno a la constitución de sujetos políticos alternativos. Tienen razón los que dicen que no es posible solucionar el problema por las vías legales y constitucionales previstas. El Parlamento federal de Canadá, en base a una sentencia del Tribunal Supremo, aprobó la llamada Ley de Claridad para tratar de conciliar la democracia como Estado de Derecho, preservando el principio de respeto a la legalidad vigente, y la democracia como resultado de la voluntad de los votantes, aunque sean de una parte del sujeto político, dejando la tutela y la gestión del proceso siempre en manos de la representación del conjunto, parlamento y gobierno federal.

Parece que en España esta salida ni se considera: no es que se deseche tras un debate serio. No es una solución perfecta, porque no hay solución perfecta. Pero podría ser una buena solución. El ex lehendakari Patxi López ha dicho recientemente que es una solución nacionalista. Pero ningún partido nacionalista, catalán o vasco, ha presentado esta vía como proposición de ley en el Congreso, ni a debate público. Nunca. Y en lugar de ello se plantea la reforma de la Constitución, en parte, como respuesta al problema de los nacionalismos periféricos. Pero ninguna propuesta federal seria puede solucionar la cuestión del sujeto político planteado por los nacionalismos periféricos, y además desacredita por completo la propuesta federal, volviendo a confundir federalismo con confederación.

La Constitución debe establecer los límites de lo que el Estado -el ejecutivo, el legislativo, el judicial- no puede y establecer la obligación genérica de lo que el Estado no puede dejar de hacer (Luigi Ferrajoli), pero sin entrar, en este caso, a concretar las medidas que deben ser objeto del debate político y del pacto permanente de los ciudadanos con el Estado, entre ellos mismos y con la representación política, con los partidos políticos.

Para hacer frente a la corrupción harán falta más y/o mejores leyes, pero no hace falta cambiar la Constitución. Para hacer frente a la crisis financiera será necesario esforzarse y poner en práctica políticas para cambiar el modelo productivo, pero no hace falta cambiar la Constitución. Para hacer frente a la crisis social será necesario cambiar la política fiscal, o ampliar las bases fiscales, y sobre todo, crear más empresas, más productivas, de mayor valor añadido, exportar más y generar más riqueza, pero no hace falta cambiar la Constitución.

España consiguió constituirse como sujeto político y como comunidad política con la Constitución de 1978 sometiéndose como voluntad constituyente al imperio del derecho. Este tipo de logros son difíciles -la historia de España es un ejemplo de esta dificultad-, y frágiles en sí mismos. Ello no significa que se pueden someter a cambios con toda facilidad. Al contrario: significa que deben ser cuidados con mucho mimo -evitando la partitocracia, que es la peor corrupción del sistema- precisamente por su fragilidad y por la dificultad de consecución.

Joseba Arregi fue consejero del Gobierno vasco y es ensayista y presidente de Aldaketa.

Ayuntamientos y separatismo
ÁNGEL HERNÁNDEZ GUARDIA ABC Cataluña 23 Diciembre 2014

En unos unos meses, los españoles tendremos una nueva oportunidad para ejercer nuestro derecho soberano a decidir quiénes serán nuestros representantes en el ejercicio del poder más cercano y más conocido como son las elecciones municipales.

La ciudadanía inducida por las políticas partidistas, tendemos a valorar poco la incidencia que tiene en nuestra vida y economía cotidiana el modo y quienes detentan y ejercen el poder municipal; tendemos a ser poco conscientes cuando hablamos de impuestos pagados o de malos servicios recibidos, que la administración responsable de ello es en primera y casi última instancia la que dirige y controla nuestro correspondiente alcalde.

Desde la sociedad civil y los movimientos ciudadanos, debemos alertar que para las clases y barrios más desfavorecidos de Barcelona, para el cosmopolitismo liberal y para el constitucionalismo cívico de la ciudad, las políticas más perjudiciales y cercanas provienen de un ayuntamiento presidido por un alcalde ultra nacionalista, soportado por CiU desde la derecha separatista más extrema y la izquierda igualmente separatista y acomplejada en su carencia de valores y principios morales.

El pasado jueves una ciudadana denunciaba en estas páginas la carencia de libros en español en las bibliotecas municipales de Barcelona y el portavoz del PP Alberto Fernández denunciaba el despilfarro del alcalde Xavier Trias en obras de exaltación nacionalista, poco útiles y sin rentabilidad, con sobrecostes sospechosos y/o condonaciones de deudas a la Generalitat y empeorando las condiciones de vida y bienestar de determinados barrios, como en el caso denunciado, el distrito de San Martín de Provenzal, que sigue pagando religiosamente los mismos impuestos que otros ciudadanos pero con peores servicios. Supongo que no debe tener nada que ver con los resultados electorales que el señor alcalde obtiene en esos distritos.

No es casualidad que la base económica y política del proceso separatista este situada en una asociación de municipios que cobra cuotas ilegales de algunos ayuntamientos y que constituyen el plan B del separatismo para una posible declaración unilateral de independencia, al estilo del empleado en la proclamación de la II república en 1931.

Desde este análisis, creemos que el constitucionalismo cívico catalán debe presentar candidaturas unitarias en los ayuntamientos, tal y como propuso el PP el pasado mes de septiembre, o que si ello no es posible por desacuerdos partidistas, los ciudadanos optemos por dar nuestro apoyo mayoritario al partido que respalda al gobierno de España en la defensa de la ley, la unidad y soberanía nacional y los principios constitucionales.

Ángel Hernández Guardia preside el movimiento cívico 12-O.

PAÍS VASCO
El desarme de ETA, ante la Guardia Civil
Cayetano González Libertad Digital 23 Diciembre 2014

En el colmo de la desfachatez, el lehendakari Urkullu y su mano derecha para todas las cuestiones relacionadas con lo que los nacionalistas llaman "proceso de paz y de convivencia" ­–el exdirigente de Elkarri, Jonan Fernández–, no han tenido otra ocurrencia que proponer la creación de un "comité vasco" para verificar el desarme de la banda terrorista.

Es decir, quienes como el PNV no han hecho nunca nada para combatir a ETA, mejor dicho, sí que han hecho –oponerse a todas las medidas que desde los diferentes ejecutivos y desde la justicia se han tomado para derrotar a la banda terrorista–, ahora quieren apuntarse a caballo ganador y aparecer como los "pacificadores".

Han propuesto un "comité vasco" con ínfulas internacionales –que para eso somos de Bilbao debe de haber pensado Urkullu, aunque él no sea del mismo Bilbao–, en el que habría representantes internacionales tan cualificados como ese señor de Sri Lanka llamado Ram Manikalimgam. Ya se ve que este personaje tiene el sentido del ridículo averiado, porque después de haber aparecido como "verificador" en aquel video difundido por ETA en febrero del pasado año, en el que se podían ver cuatro pistolas y cinco balas que los propios etarras metieron en una bolsa de plástico y se las volvieron a llevar una vez grabado el video, lo que tenía que haber hecho era volver a su país para no salir nunca más.

En la propuesta de Urkullu laten dos cuestiones de fondo. En primer lugar, el PNV huele la descomposición, la crisis política e institucional que afecta a España; huele la debilidad y la manifiesta incapacidad del Gobierno de Rajoy para hacerle frente, como ha quedado meridianamente claro con el proceso soberanista planteado desde Cataluña. En ese contexto, el lehendakari y su partido, el PNV, no quieren quedarse al margen del "proceso" impulsado por Mas y ERC desde Cataluña y han considerado que es el momento de "pasar" olímpicamente del Gobierno central y plantear iniciativas que puedan dejar en ridículo a la democracia española, al mismo tiempo que intentan robar protagonismo a lo que ellos llaman la izquierda abertzale, que no es otra cosa que ese sórdido mundo que siempre ha apoyado a ETA.

Porque el PNV, y esta es la segunda cuestión, no quiere ver amenazada su ajustada hegemonía en el tablero político vasco, ni por Bildu ni por lo que pueda conseguir el nuevo fenómeno de Podemos en la Comunidad Autónoma Vasca. Hundidos en el pPozo electoral por méritos propios el PP vasco y el PSE, los dos rivales del PNV son el brazo político de ETA y los que dicen que los crímenes de la banda terrorista tienen una explicación política, es decir, Bildu y Podemos. En los próximos días se hará pública una nueva entrega del Euskobarómetro que dirige el profesor Francisco Llera con la intención de voto en el País Vasco, donde se pondrá claramente de manifiesto esa tendencia electoral.

Lo triste y lo penoso de esta situación es que el Gobierno de la Nación y el partido que lo apoya han sido colaboradores necesarios para que esta impresión de desmadre y de ofensa a las víctimas del terrorismo que se está produciendo en lo que algunos llaman "el final de ETA", sea una realidad. El Gobierno de Rajoy no ha tenido nunca una política antiterrorista propia, limitándose a heredar y a administrar la "hoja de ruta" pactada por Zapatero con la banda terrorista. La suelta del torturador-secuestrador de Ortega Lara, Josu Bolinaga, hace ya dos años y medio, fue un jalón importante en este camino, al que siguieron otros como la aplicación a toda prisa de la derogación de la doctrina Parot o la salida recientemente a la calle de exjefes de ETA como Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros. Y lo que queda por venir.

Ahora, el Gobierno vasco, con una indudable carga de mofa y desprecio hacia las víctimas del terrorismo, hacia el Estado de Derecho y hacia el Gobierno de España, se permite la patochada de proponer un "comité vasco" para el desarme de ETA integrado por personajes tan avispados y tan conocedores de esa banda terrorista como el citado Ram Manikalimgam o el indio, con perdón, Satish Nambiar.

Deben de saber el lehendakari Urkullu y sus mariachis internacionales que para muchos españoles –incluidos un buen número de vascos– el único verificador que proporciona confianza y seguridad de que tal desarme sea cierto y no la payasada de hace unos meses tiene un nombre: la Guardia Civil que, por otra parte, ha sido el cuerpo de seguridad del Estado que más bajas ha tenido entre sus filas como consecuencia del terrorismo de ETA.

La “nueva Guipúzcoa” de Bildu
 www.latribunadelpaisvasco.com 23 Diciembre 2014

Con el dinero de todos los guipuzcoanos, los bildutarras que han ‘okupado’ el palacio de la Diputación Foral se han lanzado a hacer una campaña publicitaria en la que se informa, prioritariamente en euskera, de que “entre todos estamos haciendo una nueva Guipúzcoa”.

Más allá del paralelismo entre la “nueva Guipúzcoa” de Bildu y la “nueva Alemania” de los nazis –partido que, por cierto, también era nacionalista y socialista-, resulta curioso el concepto de novedad para Garitano y compañía. Según parece, lo nuevo es convertir la gestión de residuos urbanos y ese concepto tan endeble y difuso como es la sostenibilidad en los motores económicos del territorio.

Al margen de los intereses de Garbitania y sus socios en el tema de las basuras, es hilarante que Bildu hable de sostenibilidad cuando, entre sus filas, encontramos a sujetos que, no hace tanto tiempo, afirmaban que su referente político se encontraba en la República Democrática Alemana y el económico en la Albania comunista de Enver Hoxa. Precisamente, dos de los estados más destrozados por el comunismo en lo económico, social y medioambientalmente.

Tirando de hemeroteca, podemos ver cómo en Egin –diario en el que, por cierto, Martín Garitano ocupó un puesto destacado- el simpático tratamiento informativo que se proporcionaba a los chavales de la capucha y la gasolina que se dedicaban a incendiar cada noche medio País Vasco –con la indiferencia y, en ocasiones, complacencia de la otra mitad-. Quemar autobuses, contenedores, locales de partidos, empresas y viviendas no es, precisamente, un modelo de sostenibilidad, salvo que alguno de los admiradores de la chusma que tiranizó a los alemanes del Este y a los albaneses nos explique lo contrario.

Sin embargo, son ahora estos sujetos los que se dedican a bombardear a la sufrida sociedad guipuzcoana con la importancia del “puerta a puerta”, de usar el transporte público y de la protección del medio ambiente. Los mismos, sí, que hasta hace cuatro días organizaban, como los nazis, piras incendiarias en medio de las ciudades y los pueblos vascos.

En el fondo, no sorprende que hablen unos y otros de la “nueva Guipúzcoa” o la “nueva Alemania”. Vienen a ser lo mismo.


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