AGLI Recortes de Prensa   Domingo 4  Enero 2015

Seis cuestiones imperiosas para 2015
Eduardo Arroyo www.elsemanaldigital.com 4 Enero 2015

No es una exageración decir que el año 2015 será decisivo para nuestro país. ¿Por qué? Todo parece apuntar a que algunos elementos del ciclo de 1978 están agotados y no van a poder continuar presidiendo la escena política.

¿Cuáles? En primer lugar, se ahonda el abismo entre la economía real y la economía teórica, esa que manejan los economistas sin tener en cuenta al español de la calle. Por eso el PP no va a poder seguir vendiendo la especie de la "recuperación". No parecen entender que la "recuperación" de las cifras macroeconómicas es diferente de la "recuperación" de la economía real. Se gana la batalla de los criterios impuestos por Bruselas -en su mayoría arbitrarios-, pero no la batalla del paro ni la de la precariedad.

A este respecto, las opciones planteadas por el PSOE o las de otros partidos políticos no constituyen opción real alguna. Hace falta una alternativa real y, sobre todo, desde dentro de la UE.

Segundo, toda la agenda política del año, especialmente las elecciones municipales de mayo y las posteriores elecciones generales, vienen marcadas por una fuerza heterodoxa como es "Podemos".

Por mucho que se empeñen los partidos al uso en denigrarlo con el calificativo de "populista", la fuerza de "Podemos" es la que le ha conferido el fracaso en conjunto del sistema. Muchos no quieren ver que no se puede condenar a una masa creciente de la población a vivir en el mileurismo permanente sin que esto reviente por algún lado. Cuando la desesperación es el aire que se respira la rabia es la vía de escape. Lo extraño es que no haya surgido antes esta fuerza eminentemente reaccionaria pese a los cientos de comentaristas, analistas y políticos empeñados en explicarnos que "Podemos" no tiene razón. Nadie quiere ver que "Podemos" es el efecto pero que la causa hay que buscarla en sus críticos.

Por todo ello nos atrevemos a aventurar que surgirán otras fuerzas al margen de los partidos tradicionales que fragmentarán más aún el panorama político, algunas en competencia con el voto de protesta del partido de Iglesias.

Tercero, el modelo de Estado de 1978 parece incapaz de contener los embates centrífugos. Es cierto que Europa no quiere balcanización en su territorio y esto puede ser una buena razón para mantener el statu quo un tiempo. Pero si la inestabilidad es creciente es posible que alguien prefiera la balcanización al caos y a la desobediencia.

En este sentido el modelo de nación como "espacio de derechos", como simple aceptación de un orden jurídico es claramente insuficiente para sostener la nación. Alguien, por tanto, deberá preferir la nación real, cultural e históricamente enraizada, a la nación cívica hecha a base de voluntarismo burocrático.

Cuarto, la judicialización de la política no podrá suplantar a la coherencia y la homogeneidad en los principios que toda comunidad necesita. Estos principios deben estar encarnados en el corazón del liderazgo social y no convertirse en una mera apelación retórica. Antes o después el creer que solo lo que es legal es aceptable pasará factura. Ni una sola fuerza política en el presente se ha visto libre de los ya numerosos casos de corrupción que invaden las noticias y la actualidad. El descrédito y la desconfianza de nuestros líderes exige algo completamente distinto.

Quinto, como en la época de Aznar, se piensa que la respetabilidad en el exterior viene por aceptar acríticamente las propuestas de ciertos poderosos -en especial de la desastrosa política exterior norteamericana- y no por el peso intrínseco en el orden económico, militar o político. Esta actitud contrasta poderosamente con la imagen de un país que ni siquiera es capaz de garantizar su frontera sur en Melilla o Ceuta, sin tener que rendir cuentas a Marruecos y a una docena de "oenegés" de la ultraizquierda, que actúan de modo parecido al VIH en el cuerpo humano.

Sexto, ni una sola fuerza política al uso, menos aún ningún analista a sueldo de los carteles de poder mediático, se percata de que existen algunos problemas que están operando como constantes letales dentro de la comunidad nacional: así, el invierno demográfico -hecho de baja natalidad e inmigración masiva, suicidas ambas por igual-, el nihilismo social o la desestructuración familiar, son asuntos que las fuerzas que aspiran al liderazgo del país ni siquiera abordan.

Sin embargo todas ellas poseen un potencial destructor terrible o, cuando menos, una capacidad tremenda de transformar a peor el mundo en el que vivimos. Estas seis cuestiones, la mayoría comunes al resto de las naciones de Occidente, necesitarán ser abordadas en España durante 2015 desde una perspectiva radical y positiva. ¿Por qué en 2015? Por la razón bien sencilla de que el país no aguantará otros cuatro años sin siquiera una esperanza de cambio positivo. De seguir así podremos convertirnos en algo demasiado débil para soportar incluso una terapia verdaderamente salvadora.

La crisis y la Constitución
Alejo Vidal-Quadras www.vozpopuli.com 4 Enero 2015

En un reciente y atinado artículo, Joaquín Leguina advierte de los peligros del adanismo constitucional, ese deseo destructivo de poner a cero el contador que empezó a correr en 1978 y de revisarlo todo en el texto de nuestra Carta Magna, incluyendo capítulos tan sensibles como los referidos a derechos y libertades, unidad nacional, soberanía indivisible del pueblo español y forma de Estado. No le falta razón al docto ex-presidente de la Comunidad de Madrid en sus prudentes planteamientos y, desde luego, una mutación completa y radical de nuestro ordenamiento básico inspirado en los postulados separatistas o en el colectivismo totalitario equivaldría a destruir el legado entero de una generación que hace treinta y seis años, tanto desde la derecha como desde la izquierda, acometió el gigantesco y generoso esfuerzo de la reconciliación nacional tras una terrible guerra civil y cuatro décadas de dictadura.

Reconocido pues el acierto de Joaquín Leguina en su crítica a los dinamiteros que pretenden la voladura de la Constitución vigente, hay que reflexionar, sin embargo, sobre algunos aspectos de su argumentación que pecan, en mi opinión, de un exceso de benevolencia sobre nuestra Ley de leyes. Llama la atención su rotundo aserto de que “ni uno solo de los problemas económicos y sociales que hoy golpean a los españoles tiene nada que ver con el texto constitucional y su solución tampoco”. Esta afirmación sin matices se contradice con otras partes de su análisis en las que reconoce por una parte que el Título VIII fue “malparido” y, por otra, admite la conveniencia de realizar “enmiendas” a la Constitución, que él distingue de las “reformas” que rechaza. Si he entendido bien su enfoque, Leguina distingue entre las modificaciones que requerirían la apelación al artículo 167, es decir, la mayoría cualificada -tres quintos- de las dos Cámaras nacionales, y las que implicarían el recurso al artículo 168, o sea, el procedimiento reforzado de mayorías parlamentarias, disolución de las Cortes, nuevas mayorías y referendo popular. A las primeras, que entrarían en la categoría de “enmiendas” según su terminología, Leguina no se opone, mientras que las segundas son las que considera con absoluto fundamento altamente peligrosas.

A partir de aquí, las opciones que se abren en la presente situación que atraviesa España son las siguientes: a) el golpe de Estado, cruento o incruento dependiendo de las circunstancias, a cargo de los independentistas catalanes mediante la declaración unilateral de independencia en el Parlamento autonómico o de la ultraizquierda de Podemos una vez obtenida la mayoría en el Congreso y el dominio de la calle b) la reforma constitucional por los cauces legales para afinar el Título VIII y algunos otros puntos que sustituyan la actual partitocracia por una verdadera democracia gracias a un acuerdo entre PP, PSOE y las demás fuerzas que se quieran sumar y c) no hacer nada.

A mí, obviamente, y creo que en esto coincido con Joaquín Leguina, el camino más adecuado me parece que es el b, porque los otros dos, la ruptura o el inmovilismo, nos condenan al desastre. Ahora bien, la puesta a punto y realización de “enmiendas” sensatas de la Constitución en ningún caso evitarían el enfrentamiento con los nacionalistas y con las huestes de Pablo Iglesias porque su sentido, si queremos de veras salir de la crisis, jamás podría ir en la dirección de confederalizar el Estado o transformarlo en un república popular de corte castrista, sino al contrario, en reforzar la unidad y la cohesión nacionales, en restaurar la separación de poderes y en garantizar al máximo los derechos y libertades de los ciudadanos frente al poder público. Por desgracia, no parece que las cúpulas de los dos grandes partidos nacionales, absortas en sus miopes intereses parciales, estén por la labor de trabajar juntas para salvar la obra de la Transición. Sobre eso, Joaquín Leguina y yo algo sabemos y hemos sufrido y de ahí que, aunque situados en trincheras nominalmente distintas, siempre coincidamos en el diagnóstico y en las propuestas. Queda la esperanza de que un proyecto político incontaminado por el pasado, joven, entusiasta y pujante, haga suya la bandera de la regeneración dentro de los cauces legales y consiga un apoyo suficiente en las urnas. A buen entendedor…

Sobre la inmersión
María Teresa Ginés Orta Cronica Global 4 Enero 2015

La inmersión lingüística suele defenderse como garante de cohesión social, pero la catalana siempre ha sido una sociedad cohesionada aún teniendo dos lenguas y personas de diferentes orígenes geográficos. Hasta hace bien poco una mayoría indiscutible se sentía catalana y española en una flexibilidad identitaria símbolo de pluralidad y cohesión, pero eso no llevaba a la construcción nacional deseada por una minoría y por eso había que extender el sentimiento de querer ser sólo catalán.

Uno de los lugares claves ha sido la escuela. La inmersión ha sido y es necesaria para que varias generaciones, casi sin darse cuenta, interioricen una identidad única aunque eso les limite perdiendo parte de su bagaje personal y cultural. Convirtiendo en "sólo catalanes" a niños y jóvenes se ha conseguido que muchos padres sigan a sus hijos en esa reubicación por evitar un conflicto familiar. Entre la inmersión, la política victimista y la torpeza de gobiernos de aquí y allá, algo ha basculado peligrosamente. Si antes la mayoría de ciudadanos se sentían catalanes y españoles sin que eso les supusiera un conflicto y la convivencia era plural e integradora, en los últimos años ha crecido el número de quienes se sienten sólo catalanes y rechazan cualquier vínculo con España.

Curiosamente ese cambio va paralelo a más crispación y menos cohesión en la sociedad catalana, pero va bien al objetivo independentista. No se podía aspirar a una posible escisión de Cataluña del resto de España sin antes conseguir que un número significativo de personas interiorizara un conflicto de identidades, por eso la lucha por la lengua única en la escuela se ha vuelto tan feroz.

La inmersión lingüística es sólo uno de los elementos que ha producido este giro social, pero ha sido determinante. Por eso los padres que piden una educación con presencia razonable de ambas lenguas cooficiales son tratados como verdaderos enemigos del sistema, y lo son. Si una mayoría social exigiera una escuela bilingüe más justa y acorde con la sociedad catalana, los defensores del independentismo radical tendrían un grave problema, y lo saben.

Un catalán
Nota del Editor 4 Enero 2015

El mes pasado, ya año pasado, asistí a una especie de conferencia de una plataforma de origen catalán que defiende la educación (de momento en las regiones donde el español es lengua impropia) con presencia razonable de la lengua española y de la lengua regional, y como se trataba de un viejo (aún joven) conocido, con numeroso trabajos contra algunas de las ignominiosas actividades del nazionalismo catalán contra el español, antes de la conferencia le hice saber mi postura (radical) razonada en contra de la oficialidad de les lenguas regionales, a ver si conseguía que dejase la postura de lo políticamente correcto, pero no se dejó convencer, así que en el coloquio, para no parecer descortés, no mencioné el tema del español, y le pregunté, con muy mala intención, sobre la condición para ser catalán, a lo que muy hábilmente me contestó que la condición necesaria era estar empadronado en Cataluña (ahí salió su lado jurídico), a la vista de lo cual no quise seguir con el tema, dándolo por perdido, porque realmente, para ser catalán, según todos los que se creen catalanes, la condición necesaria y suficiente es hablar catalán, con lo que ya está todo definido, cualquiera que no hable catalán es un intruso que debe abandonar cuanto antes el idílico ambiente (en otros lugares y casos esto se define claramente como xenofobia).

Estaba yo taciturno y entristecido por mi fracaso cuando otro de los asistentes preguntó directamente si su grupo defendía que cualquier persona pudiera leer las convocatorias y concursos de negocios públicos en lengua española, que los pudiera presentar en lengua española y que cualquier ciudadano que debiera ir a trabajar a Cataluña pudiera conseguir la exención para su familia de la obligatoriedad de estudiar la lengua regional, a lo que el ponente tuvo que echar mano del rodeo para no decir que no lo defendían, que personalmente había presentado un centenar de reclamaciones contra esas situaciones anómalas de los ciudadanos marginados por la lengua regional.

A veces pienso que algunas personas y organizaciones, aparentemente con una buena voluntad, lo único que pretenden es que pensemos que se puede conseguir algo, algunas migajas, mientras los malos de verdad avanzan a toda velocidad la desmembración de España, por eso aviso para que los confiados dejen de hacerlo y vayamos al grano: exijamos la anulación de la cooficialidad de todas las lenguas regionales.

Y que nadie piense que estamos en contra de las lenguas regionales, estamos en contra de quienes están en contra de nuestra dignidad, nuestros derechos y nuestra libertad.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
BENDITA TRANSICIÓN
Una Transición errática, una Constitución incumplida
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 4 Enero 2015

Se jubila la generación que hizo la Transición. Pensiones para Juan Carlos de Borbón y Alfonso Guerra, rico olvido para los Rodolfo Martín Villa. ¿Cumplieron su palabra y su deber?

Si algo nos hará recordar 2014 en 2015 y sucesivos es el final de tres mitos, por lo menos. Un mito humano de perfecciones supuestas y virtudes imaginadas se ha hundido y desaparece, o eso querría: Juan Carlos de Borbón ha tenido que abdicar porque su comportamiento ha puesto al borde del abismo la Monarquía que, instaurada que no restaurada, tuvo en él su primer soberano. Un mito político de habilidad y genio es abiertamente negado y discutido: la Transición de España al actual sistema político, gestionada en los años 70 y 80 del siglo XX, ya no es "santa santísima" y muchos son los que encuentran, con diferentes puntos de vista, defectos, errores, problemas y heridas con o sin curación posible. Y un mito institucional ya es ampliamente negado: la Constitución de 1978 y en especial todo su modelo territorial son objeto de crítica y de propuestas de corrección, enmienda o derogación. Hace muy pocos años quien decía algo así pasaba por ser marginal y casi hereje laico.

En cuanto a la Constitución, hay que atribuir el mérito a la perseverancia de los separatistas (que ganaron mucho con ella y nunca se conformaron con las concesiones que se les hicieron) y la oposición, pequeña pero atrevida, de UPyD, Rosa Díez, VOX y Santiago Abascal. No olvidemos sin embargo a los precursores: en 1979 Jesús Aizpún y unos cuantos navarros fundaron UPN después de pedir el NO a la Constitución, junto a Alianza Foral Navarra, Javier Nagore y otros cuantos navarros más. No pedían mucho, sólo la conservación de los fueros navarros y la derogación de la Transitoria Cuarta regalada por la difunta UCD a los abertzales. Y hubo más peticiones en contra: Manuel Fraga Iribarne anunció que si entraba en vigor su intención era reformarla, por el peligro autonómico para la unidad de España y por cuestiones de fondo como el aborto.

Se ve que el tiempo hace posible lo imposible, y así en sólo 40 años el Príncipe, elegido por Franco y heredero del Estado de Franco, ha pasado a ser el Rey fundador de la libertad democrática y constitucional (junto a la generación a la que Adolfo Suárez dará nombre), el salvador de la democracia (en un 23F del que ni sabemos ni sabremos la verdad), el hombre prudente y sosegado (por ejemplo en un 11M en el que había medios constitucionales disponibles que no se aplicaron) y ahora el abuelo libidinoso, viajero, abdicado y peligrosamente cercano a los corruptos. Todo en uno.

Tampoco nada sorprendente, en una España en la que el franquista, católico, conservador, anticomunista y centralista Manuel Fraga pasó en el tramo final de su vida a presidir una Comunidad Autónoma, a haber fundado un partido que pudiendo no ha derogado el aborto, a abrazarse con enemigos manifiestos de la unidad y de la libertad de España y a generar un sistema bipartidista sustancialmente anclado a los valores "progresistas", con grandes espacios económicos y de poder para todos los de la casta.

Tampoco sabemos si esta Constitución era o es suficiente para que España quede bien gobernada. En momentos de crisis autonómica, nadie ha pensado en aplicar el artículo 155 de la Constitución en el País Vasco ni en Cataluña. Dicho por un notable profesor de Derecho Público (notable ciertamente en esta tribuna), "el artículo 155 de la Constitución no es extraño, raro ni puede dar miedo a nadie más que a los que pretenden romper la Constitución y la unidad nacional de manera antidemocrática. Otra cosa es que para que se pueda aplicar tengan que darse las condiciones que el propio artículo prevé, pero, si éstas llegan… es posible que el Gobierno no tenga otra salida para parar la ofensiva separatista". O el artículo 116, por supuesto: "entre las misiones constitucionales de la Fuerzas Armadas, están las de la mantener el orden constitucional y la integridad territorial de España". Pero mientras que los enemigos declarados de la Constitución quieren suprimir esas opciones, sus supuestos defensores se niegan a aplicarla. Porque iría contra sus intereses de poder y de dinero, claro.

Lo bueno de la Casta de los tres Mitos es que tiene muchos posibles símbolos. Quizá el más luminoso sea el presidente de Endesa Rodolfo Martín Villa, nutrido por todos los regímenes, universitario falangista con camisa azul, gobernador franquista brazo en alto, centrista democratizador suarista y a la vez ministro del Interior fracasado contra ETA y utilizador de medios sucios y sórdidos. Impune, amigo del PSOE, amigo del PP, siempre opulento, siempre triunfal, siempre dispuesto a jurar lo que al día siguiente por interés incumpliría. Hombres como él han hecho de España la miseria material, política y moral que es hoy. ¿Vamos a llorar si la historia se los lleva por delante?

La voz de las víctimas en las aulas, un deber democrático
EDITORIAL El Mundo 4 Enero 2015

LA INCLUSIÓN del papel de las víctimas del terrorismo en el desarrollo curricular de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato es una medida acertada y necesaria, cuya concreción requiere el compromiso de todos los partidos. Sería bochornoso, además de una afrenta imperdonable a las víctimas, que una iniciativa consecuente con el hecho de que el rechazo al terrorismo y la consideración de las víctimas ya forma parte de los valores trasversales contemplados en el currículo de Educación Primaria, pueda convertirse en arma arrojadiza en un año eminentemente electoral.

El Gobierno ha decidido aprobar una iniciativa presentada por el PP hace poco en el Congreso sin esperar su tramitación ordinaria, lo que puede levantar suspicacias sobre si un proyecto que merece máximo respaldo responde en realidad a una estrategia de Mariano Rajoy para asegurarse el favor de un colectivo que ha podido sentirse olvidado durante el mal llamado proceso de paz, o incluso defraudado con las recientes excarcelaciones masivas de etarras sanguinarios. Así que al Gobierno y al PP corresponderá la responsabilidad de despejar cualquier duda sobre sus intenciones. Este asunto debe abordarse con absoluto cuidado y rigor para sumar el mayor consenso posible entre partidos y evitar que las víctimas puedan sentirse utilizadas.

Sobran las razones para llevar la voz de las víctimas del terrorismo a las aulas de Secundaria, pero la experiencia vasca demuestra que definir bien la fórmula -sobre todo en un sistema educativo descentralizado- es crucial para impedir que una buena idea acabe convirtiéndose en un motivo de escarnio. Patxi López sacó adelante una iniciativa similar y Urkullu ha acabado equiparando la figura de las víctimas de ETA con las de los abertzales «represaliados» por la Policía. Está claro que en España ha actuado más de una organización terrorista, pero tampoco cabe duda de que 50 años de asesinatos y atentados han convertido a ETA en la principal protagonista de la ignominia.

Es fundamental dejar claro quiénes están legitimados para hablar en nombre de las víctimas y qué mensajes y discursos les representan. Los objetivos unívocos deben ser hacer valer su memoria e impedir que el precio del final de ETA sea el olvido de quienes de forma más directa la padecieron, la equiparación de víctimas y victimarios, o la banalización o justificación del terrorismo etarra.

En definitiva, ésta es una buena iniciativa, clave para resarcir a las víctimas y para evitar la imposición de un relato tergiversado y perverso sobre lo que ha supuesto el terrorismo, y fundamentalmente ETA, frente a la lucha por la democracia y las libertades. Gobierno, PP, y también el resto de partidos democráticos, han de hacer lo posible por impedir que un asunto como éste se convierta en motivo de enfrentamiento.

Lo que nos supone y cuesta un inmigrante en Euskadi
Yolanda Couceiro Morín. Partido por la Libertad Euskal Herria Minuto Digital 4 Enero 2015

Hablar de estas cosas no es políticamente correcto, pero es que lo políticamente correcto nos come los bolsillos. Es la casta política la que no está interesada en airear estos datos que, por conocidos, no dejan de dolernos a quienes pagamos nuestros impuestos o aquellos vecinos autóctonos a los que no se deja acceder a estos beneficios.

Pues bien, entre la ayuda a la integración (Renta Basica) y la ayuda al alquiler, un inmigrante se lleva a su cuenta y sin pegar un palo al agua, un total de 900€. Como contrapartida, el individuo tiene la obligación de hacer NADA. Eso si, si le pagamos un curso de castellano o euskara le facilitamos el bonobús gratis. (ah, se me olvidaba, y el carné de las piscinas, centros cívicos, preferencias para comedores infantiles, guarderías…)

¿Sabéis cuánto cobra un “ilegal” con esposa y un hijo?
1.200€ aproximadamente… y ¿si tiene dos hijos? Pues alrededor de los 1.400€. Y por supuesto, se le exige la misma contrapartida que a su compañero: NADA.

En Euskadi disponemos de varios “salva-patrias” que empadronan en un local o vivienda a un montón de gente que carece de residencia legal en el país. Como consecuencia, a los seis meses disponen de las ayudas referidas anteriormente.

Resultado:
-Un tipo sin oficio ni beneficio, que no ha aportado NADA, ni aportará NADA a la sociedad, gana haciendo absolutamente NADA, más dinero al mes que muchos jubilados con más de cincuenta años de cotización.

-Un tipo sin oficio ni beneficio, sea extranjero o nacional, sea blanco, negro o de color café, (no hablamos de racismo ni xenofobia, sólo de cara-dura) cobra más que muchos funcionarios que se han currado una plaza a base de meses de estudios y sacrificios.

-Un tipo sin oficio ni beneficio, cobra más que muchos mileuristas que se levantan a las cinco de la mañana y deben doblar el lomo a diario para pagar su hipoteca, llegando siempre justos a final de mes.

Ahora vas, y me llamas xenófoba.

 


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