AGLI Recortes de Prensa   Lunes 5  Enero 2015

El esclavista y nuevo modelo económico español
Lucio A. Muñoz www.gaceta.es 5 Enero 2015

Los ciudadanos, en su mayoría, consideran que España no está tutelada por una verdadera democracia.

Puesto que la falsa democracia, implantada en España tras la dictadura, se encuentra en la actualidad tan desvirtuada como desfasada. Y por tanto, deja desamparados a los españoles frente a la omnipotencia del Estado y los dos grandes partidos políticos.

Tanto es así que nuestro ordenamiento jurídico, acotado en la Constitución, únicamente se respeta cuando le conviene a los intereses del corrupto bipartidismo.

Y el pseudo Estado de Derecho español, elevado a los altares de forma hipócrita por el PP-PSOE, está en posición de jaque mate debido a que la ausencia de separación de poderes ha derivado en la diferenciación de dos clases de justicia en España.

Una justicia implacable para los ciudadanos. Y otra justicia light para la oligarquía político-sindical, la élite financiera y la Monarquía.

Estas antidemocráticas reglas de juego han provocado un clima de injusticia social y desigualdad económica cuyos damnificados son los parados, las empobrecidas familias de clase media, las quebradas pymes y los arruinados autónomos.

Aunque contradictoriamente, los causantes de la diferenciada y particular crisis que ha asolado a España (la enfermedad de nuestra economía tiene un origen político) se han enriquecido inmoralmente y en virtud de unos privilegios inmerecidos. Por supuesto, me refiero a la casta rancia integrada tanto por políticos bipartidistas como por sindicalistas de clase. Y a sus inseparables socios, los “financieros del BOE y amigos del poder”.

Esta es la nueva lucha de clases en España
Consecuentemente, los españoles de bien que quieren labrarse un futuro se encuentran en la actualidad en una encrucijada. Porque como ha sucedido a lo largo de la historia, el inmovilismo de las clases explotadoras y extractivas choca contra la iniciativa regeneradora de los colectivos tiranizados.

En este sentido, el poder económico y la casta política están utilizando la ínfima y esperada recuperación económica como el caballo de Troya para mantener intacto el corrupto régimen político heredado de la Transición. Y lo peor de todo es que están ganando la partida porque han implementado, a tal efecto y a la medida de sus intereses, un nuevo y esclavista modelo económico en España.

Debido a ello, los españoles debemos poner en cuarentena los datos económicos suministrados por las instituciones públicas. Máxime, tanto en cuanto la tergiversación y manipulación de los mismos, vía ingeniería contable, se instauró en la etapa en la que Mafo era gobernador del Banco de España. Y hasta la fecha...
Se impone el “seiscientoseurismo”

Seiscientos euros mensuales es el salario estándar al que aspiran los privilegiados jóvenes que acceden al mercado laboral privado. Mientras, por ejemplo, los “asesores” de los políticos siguen cobrando salarios insultantes. Y la media salarial en la Administración continuará siendo superior a la del sector privado.
Limosnas económicas del Gobierno para contentar a sus siervos

La futura “Ley de la segunda oportunidad para los autónomos” no aborda los verdaderos problemas de este colectivo, convertido por el PP-PSOE en los nuevos esclavos fiscales y laborales del SXXI.

Igualmente, la insignificante subida de las prestaciones a los pensionistas (para ganarse su voto) es un insulto a nuestros mayores, que representan el sostén de la crisis española. Además, el nivel adquisitivo global de los pensionistas está bajando progresivamente.

El sector público autonómico seguirá devorando a la economía productiva
Las pymes y los autónomos seguirán prestando vasallaje económico para que nuestra Administracíón autonómica y local pueda seguir malversando los caudales públicos. Recordemos que las futuras generaciones de españoles están hipotecadas antes de nacer en virtud de una impagable deuda pública creada por la casta.

La prueba más evidente la tenemos en la condonación, por parte de Montoro, de las deudas fiscales a las comunidades autónomas que han incumplido el objetivo de déficit, todo ello, sin reducir el gasto público-político derivado de sus macro estructuras político-administrativas y las redes político-clientelares. La Taifa de Cataluña es la autonomía más beneficiada en relación a esta injusta política fiscal. Más dinero público para que Artur Mas pueda seguir financiando el independentismo.

Los españoles, utilizados como “paganinis” para mantener el suntuoso nivel de vida de la casta. La mayoría de los españoles pagará, globalmente, más impuestos en 2015 (a pesar de la rebaja del IRPF, “casualmente”, en año electoral) y serán más pobres.

Intervención total de la economía española por parte del poder político. El caso de la “ley Lasalle” (nueva Ley de Propiedad Intelectual) retrata la connivencia entre el Gobierno y determinados lobbys empresariales, en este caso, el de los editores. El parasitismo inherente a nuestro sistema está detrás de la huída de España de Google News.

A nivel político-judicial, nuevos parches gubernamentales para no despolitizar la justicia ni potenciar la transparencia.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que acortará los plazos procesales de instrucción respecto a las “causas complejas” servirá para que los políticos corruptos no puedan ser investigados a fondo. Y nueva la “Ley de Transparencia” es una auténtica cortina de humo.

Ciudadanos cada vez más empobrecidos al objeto de mantener un modelo político-económico corrupto en el que una minoría subvencionada parasita al resto de españoles.

Tenemos que rebelarnos y no aceptar este malvado modelo económico-político.

Renta básica y sexo básico: la tentación igualitaria
Jessús Cacho www.vozpopuli.com 5 Enero 2015

Entre los nuevos protagonistas que asoman a la política española hay clara mayoría de izquierdas. Casi todos enarbolan la bandera de las políticas públicas según la cual debe ser el Estado, vía incremento del gasto público, quien rescate a la ciudadanía de sus penurias. Las soluciones populistas recorren España. El propio PSOE se vence a la tentación y llega a abjurar de la reforma constitucional que él mismo propuso en su día de la mano de Zapatero. Es el Estado, no la iniciativa privada, quien debe hacerse cargo de nuestras necesidades vitales y, si es posible, también de nuestra felicidad. A la “renta básica” que propone Podemos habría que añadirle un “sexo básico” capaz de cerrar el círculo de la definitiva igualdad de todos en la nave del Estado. Fin de la responsabilidad individual. Muerte a la libertad de elegir.

Ningún rebrote liberal en el páramo español. Hasta el discurso navideño del Felipe VI fue populista: cita obligada a esa gran empresa con la que la elite política comparte poder, pero ni una mención, nunca jamás, a ese pequeño y mediano empresario que crea riqueza y da empleo. Los millones de españoles que comparten una serie de valores que han hecho posible la creación de una sociedad abierta, libre y próspera, decididos partidarios al tiempo de una agenda reformista encaminada a adelgazar el Estado y a aumentar la libertad individual, siguen huérfanos de representación en el Parlamento, prisioneros de una derecha atrozmente conservadora y una izquierda maniquea en su doble versión populista y sectaria. La falta de una alternativa liberal es responsable del gran atasco que a nivel político sufre el país, carente de ese gran movimiento regenerador capaz de hacer realidad las reformas que España necesita para alcanzar de verdad el siglo XXI.

La tentación igualitaria lo impregna todo en el inicio de este vital 2015. Ayer mismo, el inevitable Krugman volvía a insistir en un diario nacional sobre “la creciente desigualdad en los países avanzados en 2014”. El discurso de la igualdad está presente en el frontispicio de todos los partidos, incluido el PP. La igualdad a golpe de decreto se ha impuesto como una especie de nueva religión. No basta con la igualdad en derechos y libertades –igualdad de oportunidades- como punto de partida a partir del cual cada ser humano desarrolla sus potencialidades de acuerdo con su talento y capacidad de esfuerzo en el marco de una ley igual para todos. “Se acepta la realidad de que las personas son muy diferentes, pero se atribuye esta situación a circunstancias ajenas al individuo, cuya corrección corresponde a los poderes públicos”, asegura Lorenzo Bernaldo de Quirós, en un libro de próxima aparición (Por una derecha liberal, Ed. Deusto).

Pensadores y economistas de prestigio como Rawls (su tesis sobre 'la igualdad democrática') y Stiglitz (El precio de la desigualdad) han tratado de conciliar sin éxito libertad individual y papel del Estado como redistribuidor y garante de esa igualdad. El nuevo apóstol del igualitarismo, Thomas Piketty (El Capital en el siglo XXI), sostiene que la acumulación de capital crece a un ritmo mayor que la expansión de la economía, por lo que los ricos se vuelven cada vez más ricos, lo que representa una "amenaza para las sociedades democráticas y para los valores de justicia social sobre las cuales están fundadas". Los pikettys de este mundo, empeñados en ignorar la mejora de las condiciones de vida de millones de personas –en parte gracias al aumento de las clases medias- en todo el mundo gracias al libre mercado, consideran que el logro de la igualdad es un objetivo que compete a los poderes públicos, aunque en el intento se lleven por delante derechos individuales básicos que figuran en el frontispicio liberal desde finales del XVIII, pues ya advirtió Hayek que "nada ha hecho más daño a la libertad individual que la búsqueda de ese espejismo llamado justicia social".

Todos los Gobiernos europeos son socialdemócratas
Sin necesidad de irnos por las ramas de la filosofía política y moral de nuestro tiempo, la igualdad perseguida a golpe de Decreto por los Gobiernos significa, a nivel de calle, freír a impuestos al prójimo, quitar a unos para dar a otros en porcentajes que rebasan cualquier tipo de “contrato social” libremente asumido para entrar en lo simplemente confiscatorio. Lo saben muy bien esos pequeños y medianos empresarios que afrontan cada mes el pago de las cuotas a la Seguridad Social, un coste que opera directamente contra la creación de empleo. Estamos ante una de las cuestiones que amenazan el futuro de Europa, entendida la Unión como el lugar de progreso y de oportunidades para las nuevas generaciones. Todos los Gobiernos, y naturalmente el de Mariano Rajoy, son socialdemócratas en mayor o menor medida. Todos dedican un creciente porcentaje del gasto a mantener los principales rubros del Estado del bienestar, pero cualquier incremento, por importante que sea, es despreciado por las huestes del estatismo a palo seco, las filas del socialismo rampante cuyo leit motiv es el reparto, con olvido de la previa creación de riqueza. El panorama es esa Europa anquilosada y enemiga del riesgo, carente de oportunidades para los más jóvenes, en la que todas las cartas están adjudicadas cuando, cada 1 de enero, los Estados levantan el telón del gasto, porque no queda un céntimo por repartir.

Esto es lo que se va a empezar a dilucidar en España a partir de este 2015, como consecuencia del fracaso del Gobierno de Rajoy a la hora de abordar una reforma integral del Estado. Parece obvio que el sistema político de la Transición está muerto, finiquitado, como evidencian numerosos síntomas cuyo relate es ocioso detallar aquí. Y que, como se apuntaba el pasado jueves, los españoles están llamados, de grado o por fuerza, a abrir un nuevo ciclo histórico capaz de acomodar las aspiraciones de paz y progreso de una mayoría de ciudadanos para los próximos 40 años. Lo que está por ver es si ese nuevo bucle de convivencia va estar presidido por el estatismo más feroz, lo cual implicará seguramente un daño a las libertades y a la creación de riqueza, o se va a regir por los principios de la sociedad abierta y la libertad de mercado, con el Estado como garante de la igual de todos ante la ley ("el Gobierno debe dedicarse a gobernar; nosotros nos ocuparemos de ser felices”), lo que implica su disposición a segar de raíz la corrupción y frenar en seco a los grupos de interés siempre dispuestos a la captura de rentas a la sombra del poder político, una realidad muy española íntimamente relacionada con la pobre calidad de nuestra democracia.

Los liberales clásicos son partidarios de un Estado mínimo cuyas funciones deben limitarse a garantizar la defensa exterior, suministrar justicia, y proteger los derechos básicos de propiedad, seguridad y libertad. Los socialistas de todos los partidos, incluidos los socialcristianos que militan en el PP, propugnan una intervención estatal mucho más amplia para corregir los “fallos del mercado” y redistribuir la renta. La crisis ha demostrado la futilidad de este debate en el caso español, al poner en evidencia la incapacidad de nuestra economía de financiar su actual nivel de gasto sin caer en un endeudamiento insostenible en el medio y largo plazo. Cumplir anualmente los objetivos de déficit (5,5% del PIB en 2014) cuesta Dios y la ayuda de la ingeniería contable que con tanta destreza maneja Cristóbal Montoro, y ello a costa del aumento de una deuda pública que ha superado ya el billón de euros (1.020.236 millones -96,80% del PIB- a finales del tercer trimestre del 14, con incremento de casi 59.000 millones sobre idéntico periodo de 2013). De modo que aunque la incipiente recuperación alivie el endeudamiento público, la existencia de un déficit primario en el entorno del 4% del PIB y una deuda que rebasará el 100% del PIB a lo largo de 2015, muestran que el ajuste presupuestario aplicado en España ha sido claramente insuficiente. Pretender desde esta perspectiva arreglar los problemas patrios tirando de más gasto público es sencillamente suicida.

No es un problema de ingresos, sino de gasto
La dura realidad es que nuestro Estado tiene unas dimensiones que la economía no es capaz de soportar. La raíz de los problemas presupuestarios patrios no es la insuficiencia de los ingresos tributarios, como machaconamente insisten los “apóstoles de la igualdad”, sino el exceso de gasto, de modo que sin un lifting radical de las Administraciones Públicas no será posible hacer sostenible ese endeudamiento, lo que obligará a mantener una elevada fiscalidad para soportar el gasto estatal que penalizará el crecimiento y la creación de empleo. Es imprescindible, pues, achicar el sector público, condición sine qua non para reducir la deuda y posibilitar el crecimiento económico y la generación de riqueza y puestos de trabajo. Justo lo contrario de lo que haría Podemos si llegara al poder. ¿Salir de Málaga para entrar en Malagón? Esa es la tesitura a la que se enfrenta en este nuevo año una España obligada a optar entre un sistema de corte liberal en lo político, lo social y lo económico o empeñarse en sostener un modelo de tipo colectivista que restringe la libertad y lastra la prosperidad.

Rahm Emanuel, primer jefe de gabinete de Barack Obama, decía que “nunca desperdicies una verdadera crisis; quiero decir con ello que una crisis es una oportunidad de hacer cosas que nunca hubieras pensado hacer antes” (cita tomada de Leones contra dioses, Ed. Península, un interesantísimo ensayo del periodista John Müller de muy reciente aparición). Rajoy ha perdido una oportunidad de oro para haber cambiado España de arriba abajo, abordando con valor y determinación la solución de la doble crisis económica (lo más fácil) y política (lo más difícil). Tenía el apoyo parlamentario para haberlo intentado. Es evidente su fracaso en lo que a la política se refiere, y está por ver en qué queda la recuperación económica. En definitiva, está en cuestión el rumbo que tome España a partir de unas generales de 2015 que se antojan trascendentales: si camina hacia una democracia de plena calidad, con efectiva separación de poderes y exquisito respeto a las libertades individuales –entre ellas una tan importante como la posibilidad de hacerse rico sobre la base del talento, el esfuerzo y el respeto a la ley- o apunta a una sociedad intervenida por unas ideologías y unos Gobiernos dispuestos a hacer realidad la igualdad a golpe de BOE. En suma, está en juego la libertad. Como desde el principio de la historia del hombre.

¿Lo peor del 2014?
Enrique Calvet Chambon www.lavozlibre.com 5 Enero 2015

Economista y Eurodiputado

En este marco, evidentemente, hacemos la pregunta sobre política española. Tenemos que reconocer que muchos conceptos se disputarán la respuesta y que cada cual tendrá su propia opción. Proponemos una respuesta personal para reflexión, sobre un tema estructural que se ha instalado en la política española y que va más allá de escándalos epidérmicos o coyunturales. El año 2014 ha arreciado como nunca la banalización del mal.

Lo centraremos en tres ejemplos. El gran problema de la España de estos años es, a poco que se aleje uno de espectáculos y eslóganes, la pérdida exagerada de democracia y de Estado de Derecho en, al menos, dos regiones españolas, y muy particularmente en la Cataluña hispana. Esta situación, que en Europa deja atónitos a algunos, y a otros con la mirada displicente del que trata con seres primitivos, es gravísima y uno de los mayores atentados contra la convivencia y los valores de la Nación democrática moderna. Y protagonizada y dirigida por representantes del Estado que gestionan dineros de todos los españoles es, sencillamente, delincuencia. Pues ante estos hechos, la actuación de autoridades y medios ha sido de palabrería, muchas veces cómplice, de jugar a lides de leguleyos torticeros, de acompañar y arropar a los delincuentes, de afirmar que era juego político lo que es un atentado a las leyes y valores. Y, para desolación de los que creemos, creíamos, que el Estado de Derecho pleno era recuperable a la vista de una elemental actuación de la justicia, ¡al fin!, nos quedamos de piedra al observar la foto de nuestro jefe de Estado, en el momento crítico, co-pilotando un coche en buena armonía con el mayor incumplidor de leyes básicas en la Cataluña española. La foto del año sin duda, y todo un símbolo de cómo se pueden banalizar, sea intencionado o no, los atentados de altísimo nivel contra el bien común y contra los derechos civiles de muchos españoles.

Un segundo aspecto que podemos citar es el de la disciplina presupuestaria y la financiación regional. Es intolerable que, cuando le piden a todo el mundo que se apriete el cinturón, incluso al que ya no le quedan agujeros, el Gobierno de España no controle con rigor el uso de nuestros impuestos. Pues bien, ante la impasibilidad general se vende como normal que quienes no cumplen con la disciplina que a todos se supone nos toca vivir gocen de privilegio, reciban más dinero nuestro para su “identitarismo”, es decir la secesión, y dejen por idiotas a las regiones que se han esmerado en atenerse al rigor. Cuando la Ley apela a una intervención para utilizar propiamente nuestros dineros, la solución de nuestro Gobierno es seguir dando más dinero sin mirar, fomentando a futuro el despilfarro de todos, pero en particular de los incumplidores. Y lo vende como normal en un Estado de Derecho. ¿Y ese Gobierno va a combatir la corrupción?

Porque, créannos, los dos ejemplos citados son mucho más destructivos y corrosivos que la “corrupción de los chorizos”. Y así llegamos al tercer ejemplo. La tan mediática corrupción. ¿Cómo se ha banalizado el mal? Pues transformando el problema estructural en un espectáculo. El problema de la corrupción en España es un problema sistémico y político, no un problema de encarcelar, tarde y mal, a uno o a mil tonadilleros o banqueros. Pero acometer los cambios en el sistema que exige revolución educativa a medio plazo, y reforma urgente profunda de justicia, leyes, órganos de control y reducción brutal de puestos “corrompibles” a través de un vuelco total a de la organización territorial a corto plazo, no interesa a nuestras oligarquías. Y para ello es conveniente distraer con escándalos personales, desviar la atención sobre anécdotas individuales transformar la política en un circo con ocurrencias de cómics. Algún líder “político” de cuyo nombre no quiero acordarme ha dicho que prefiere tener 0 votos y llevar a cien desaprensivos a la cárcel. ¡Menudo disparate! Hágase policía o Torquemada, funde una agencia de detectives o fiche por la CIA, pero deje la política. Yo voto a un Partido para que me transforme España y sus estructuras y haga más imposible la corrupción sistémica y mejor perseguida por quienes tienen ese cometido, no para que hagan de Mortadelo y Filemón.

La banalización del mal es insidiosa, taimada y corruptora. Sus efectos son devastadores. ¿Quién se siente impelido a cumplir la Ley en España? Al contrario, la cultura que se instala es que todo el mundo tolere algo si pilla algo a su nivel. ¿Dónde queda la seguridad jurídica? Podrán imponerme impuestos coercitivamente, pero no me convertirán en un Ciudadano responsable que contribuye a un Proyecto común, porque han perdido toda legitimidad. Y así hasta la verdadera corrupción final: la de la convivencia democrática.

El futuro de una sociedad dónde se pretende tapar los fallos del sistema y a base de minar el estado de Derecho siempre ha sido el mismo en la Historia, y mejor no se lo contamos. Dicen que en 2015 tendremos, los votantes, dos ocasiones de cambiar eso. Pues ¡feliz año!

Rajoy a la UE: los impuestos subirán en 2015, 2016 y 2017
El Confidencial 5 Enero 2015

El grado de mendacidad de Rajoy y su monaguillo Montoro y su desprecio hacia los ciudadanos, a quienes nos consideran un rebaño de borregos ignorantes a los que se puede engañar con total impunidad, adquiere ya cotas jamás alcanzadas. Rajoy es el presidente de Gobierno más falso y mentiroso que ha tenido España en los últimos cien años. Y los medios de comunicación, colaboradores esenciales en su engaño a toda una nación, o están directamente atados al pesebre de la publicidad y de las subvenciones o son unos indocumentados incapaces de hacer un análisis serio de una realidad perfectamente mesurable.

Causa sonrojo ver cada día artículos en los medios que explican el dinero que representará para los ciudadanos la rebaja de tipos del IRPF, sin molestarse siquiera en analizar cuánto dinero les costará la drástica reducción de las deducciones, lo que representará la eliminación de los coeficientes de actualización y abatimiento en el pago de plusvalías por venta de viviendas o el corralito financiero para quienes decidan instalar sus negocios fuera de España. Pero sobre todo silenciando que ocurre con el resto de figuras tributarias estatales, autonómicas y locales, que se acercan ya al centenar. Si alguien escribe o habla sobre fiscalidad, lo menos que debe exigírsele son conocimientos y honestidad. Pero aquí ni lo uno ni lo otro, como nos decían cuando afirmaban que no había ninguna crisis o que teníamos el sistema financiero más sólido de la galaxia.

Si alguien escribe o habla sobre fiscalidad, lo menos que debe exigírsele son conocimientos y honestidad. Pero aquí ni lo uno ni lo otro, como nos decían cuando afirmaban que no había ninguna crisis

Nuestro mendaz Gobierno no ha tenido más remedio que, como se dice coloquialmente, “cantar la gallina” en Bruselas. Al cumplir la obligación de actualizar el Programa de Estabilidad 2014-2017 ante la UE, no han podido eludir decir la verdad, que es exactamente lo opuesto a lo que proclaman en sus discursos y declaraciones en España. Es decir, que los impuestos subirán en 2015, 2016 y 2017, que los gastos sociales se verán recortados, y que los gastos imprescindibles de la nación se verán drásticamente cercenados para mantener el despilfarro de la casta política y los cientos de miles de familiares y amigos que han enchufado. Espero que todos aquellos analistas honestos contribuyan a explicar a los españoles lo que tienen previsto hacer Rajoy y sus secuaces si ganan las elecciones. Las 109 páginas que han enviado a Bruselas lo dicen perfectamente.

Lo que significa el voto al PP

Si todavía hay votantes del PP que no se han percatado de cómo Rajoy les ha mentido, les ha empobrecido y ha alentado con su irresponsabilidad y cobardía el secesionismo catalán; si todavía no se han percatado de cómo habiendo recibido el mayor poder político que ningún otro gobernante –no solo español, sino europeo– en los últimos 40 años, y en lugar de utilizarlo para regenerar España, para acabar con la corrupción y con el despilfarro, para implantar una democracia real en lugar de la farsa impuesta en la Transición, y un modelo de Estado viable, lo ha utilizado justo en sentido contrario, incrementando la corrupción y el despilfarro a límites jamás conocidos, y de lo que él ha sido beneficiario directo o indirecto, gastando infinitamente más de lo ingresado, recortando la libertad, implantando un modelo de empleo precario y tercermundista, y destruyendo el futuro de varias generaciones de españoles, a las que ha lastrado con una deuda imposible de pagar, tampoco se percatarán de lo que acaba de informar a la UE que hará si consigue engañar de nuevo al suficiente número de españoles.

El aumento de ingresos impositivos en 2015 provendrá de la imposición medioambiental, impuesto sobre transacciones financieras, que será íntegramente repercutido a los usuarios de estos servicios, y las subidas del IVA camufladas como 'armonización' con la normativa comunitaria

Y esto es exactamente lo que les espera, por lo que aquellos que apoyen este auténtico disparate, este camino hasta nuestra ruina, no solamente estarán destruyendo su futuro y el futuro de sus hijos, también merecerán la reprobación y el desprecio de aquellos cuyas vidas contribuirán a arruinar, porque esto es exactamente lo que Rajoy y sus secuaces piensan hacer con los principales pilares en los que se asienta nuestro bienestar y nuestro futuro, llevando a límites socialmente insostenibles las desigualdades sociales y el enriquecimiento sin límite de unos pocos oligarcas amigos del poder. Y esto no es un juicio de valor, ni siquiera es un análisis de a dónde conduce su disparatada política y su sesgo profundamente antisocial. Es lo que ellos mismos han declarado a la UE que piensan hacer en caso de que siguieran –Dios no lo quiera– gobernando este desgraciado país que tanto han contribuido a empobrecer.

En el Programa de Estabilidad, que en su conjunto es un puro camelo, hay dos partes completamente diferenciadas. Cuando dicen que suben impuestos y que reducen gasto social, sus cifras deben tomarse como un mínimo, es decir, los impuestos subirán lo que dicen que van a subir como mínimo, y el gasto social se reducirá lo que dicen que va a reducirse, también como mínimo. En sentido contrario, los recortes de gasto de personal y de despilfarro generalizado no se cumplirán ni de broma. Un ejemplo sencillo. En el primer año del Plan, 2014, el déficit de las CC.AA. estaba fijado en el 1% del PIB. La realidad es que dicho déficit será casi el doble a pesar de que Rajoy ha decidido perdonarles los intereses de su deuda. El déficit fijado para la Seguridad Social es también del 1%. El Gobierno está escondiendo las previsiones para ocultar la quiebra del sistema, que indican déficits entre el 1,5 y el 2,0% para los próximos años. Pero de lo que sí pueden estar seguros es que la subida de impuestos y el recorte de gasto social serán como mínimo los siguientes.

Procedimiento de Déficit Excesivo - Actualización diciembre 2014:

(En porcentaje del PIB)

 

2014

2015

2016

2017

Total impuestos

22.6 23.1 23.3 23.6

Prestaciones sociales

16.5 16.3 15.9 15.4

El aumento de ingresos impositivos en 2015 provendrá de la imposición medioambiental (una denominación puramente camelista para disfrazar una vulgar subida de impuestos), impuesto sobre transacciones financieras, que será íntegramente repercutido a los usuarios de estos servicios, y las subidas del IVA camufladas como “armonización” con la normativa comunitaria. Todo ello superará con creces la “pérdida neta” de recaudación por IRPF. El recorte de las prestaciones sociales vendrá de la mano de la caída del gasto por prestaciones por desempleo y las pensiones, que perderán poder de compra durante todo el periodo, a lo que se añade que, para aquellas personas con más de 61 años que hayan sido despedidas y quieran jubilarse, Rajoy les ha recortado la pensión un 30% de por vida respecto a lo que tienen derecho. Pues bien, esto es exactamente –más impuestos y menos gasto social– lo que votarán quienes opten por el PP.

Rajoy destruye servicios esenciales para mantener el despilfarro 

El título puede parecer demagógico, pero es exactamente lo que Rajoy ha explicado a la UE que piensa hacer si continúa gobernando. Y es así porque Rajoy ha decidido mantener el incremento de los dos millones de empleados públicos nombrados a dedo o con oposiciones a medida, ha decidido mantener más de 3.000 empresas públicas perfectamente prescindibles e inútiles cuya única justificación es mantener cientos de miles de familiares y amigos y ocultar deuda, ha decidido mantener los miles de coches oficiales, los 20.000 asesores que no asesoran, un Senado absolutamente inútil, diputaciones, o los 34.000 millones de despilfarro en duplicidades entre Administraciones para mantener a las legiones de enchufados.

El recorte de las prestaciones sociales vendrá de la mano de la caída del gasto por prestaciones por desempleo y las pensiones, que perderán poder de compra durante todo el año

En línea con ello, y justo al contrario de lo que afirman en el Programa de Estabilidad, en lugar de elevar los intereses de la deuda de CC.AA. y Ayuntamientos, que es donde se concentra el grueso del despilfarro público, para incentivar el desapalancamiento, acaban de condonárselos, algo para lo que el Gobierno no está legitimado. Pero da igual, porque se fuman un puro con la ley y los procedimientos. Además, les entregan 8.000 millones de euros adicionales para que los tiren literalmente por la fregadera antes de mayo, y así ayudar a frenar el desastre electoral que se les avecina.

Y lo que es ya la asignación de recursos más disparatada de Europa. Describen el riesgo total asumido por el Estado en concepto de avales concedidos a las oligarquías financieras y monopolistas –que son un auténtico expolio al pueblo español– nada menos que 146.523 millones de euros a marzo 2014, de los cuales nada menos que 87.039 millones al sistema financiero –48.391 al robo de Sareb, 32.853 millones a las emisiones realizadas por las entidades de crédito y 5.795 millones al FROB– y 22.504 millones al déficit del sistema eléctrico. Y todo ello –despilfarro, condonación de intereses, avales, etc.–  a costa de realizar un recorte brutal en las partidas de gasto más esenciales de la nación. Estas son las cifras presentadas ante la UE.

Reducciones funcionales de gasto:

 

% Gasto PIB2012

% Gasto PIB2017

Variación % sobre PIB

Defensa

1

0.8

-15.6

Orden público

2.1

1.8

-15.1

Medio Ambiente

0.8

0.7

-17.7

Vivienda

0.4

0.3

-27.7

Salud

6.2

5.3

-13.3

Educación

4.5

3.9

-13.6

Protección social

17.7

16.4

-7.5

Crisis
Grecia: no son las fragatas alemanas, es el gasto social
Libertad Digital
 5 Enero 2015

Grecia entró en bancarrota no porque pagara intereses usurarios por su deuda, sino porque se hiperendeudó para que sus políticos pudieran gastar a manos llenas: mientras que Alemania mantuvo constante en términos reales su gasto público por habitante entre 1996 y 2008, Grecia lo aumentó en un 80%. La hipertrofia del Estado griego durante los años de la burbuja tiene escaso parangón en Europa, especialmente si atendemos a cómo se financió: Grecia no sólo fue uno de los países que más incrementó su gasto público, sino el que más recurrió con mayor obsesión a la deuda pública para financiarlo (España también fue de los que más aumentaron su gasto público pero lo financió con cargo a los ingresos tributarios insostenibles fruto de la burbuja de endeudamiento privado).

A la luz de esta hipertrofia estatal, era obvio que al gobierno griego no le quedaba otro remedio que recortar muy intensamente el gasto público para acaso aspirar a sobrevivir financieramente. Pero hete aquí que, ante la evidencia de que Grecia está quebrada por demasiado gasto financiado con demasiada deuda, son muchos quienes se siguen enrocando en el negacionismo mutando astutamente de discurso: "sí, es posible que Grecia gastara y se endeudara demasiado, pero lo hizo esencialmente en compra de armamento militar alemán para mayor lucro de Merkel y de los suyos, no del pueblo griego".

Pese a que nadie ha explicado por qué Alemania puede lucrarse más vendiendo fragatas al Ministerio de Defensa griego que vendiendo medicamentos de Bayer al Ministerio de Sanidad griego o software de SAP al Ministerio de Educación griego, conviene en cualquier caso echarle un vistazo a los datos. Si lo hacemos, descubriremos que, en 2012, el gasto en Defensa del Gobierno griego representaba el 2,4% del PIB, un porcentaje prácticamente calcado al de 1996. En cambio, el gasto en educación, sanidad y política social se había disparado desde el 24,6% del PIB al 31,1%: así pues, no sólo el grueso del gasto público griego se concentraba en gasto "social" (éste es ahora mismo trece veces superior al gasto militar), sino que esa partida también es la que más rápidamente ha aumentado en términos relativos desde 1996. Remarco lo de "en términos relativos": desde 2009, que el gasto social suba en términos de PIB no significa que lo haga en términos absolutos, ya que el PIB griego se ha hundido desde entonces; lo que sí significa es que la partida que menos se ha reducido proporcionalmente ha sido la que más había crecido hasta 2009: el gasto social.

Conste que no tengo el más mínimo interés en aplaudir la legitimidad y conveniencia de ninguna de estas partidas de gasto y que ni siquiera pretendo ocultar que, por supuesto, casi siempre son formas de ocultar estrategias de saqueo ciudadano en beneficio de una oligarquía gobernante, ya sea en Atenas, en Bruselas o en Berlín. Lo que sí me interesa es poner de manifiesto la importancia relativa de cada una de ellas.

Y, en este sentido, por mucho que atentemos contra los tabúes del auténtico pensamiento monolítico, la conclusión es flagrante: sí, un país puede quebrar por gastar demasiado en "políticas sociales" y, en consecuencia, puede ser imprescindible que recorte de manera muy intensa el gasto que destina a esas políticas sociales. Es muy sencillo: aquello que no se puede pagar sostenidamente no se puede comprar sostenidamente. Ni en Grecia ni en España.

La Historia contra la termodinámica
La tentación de explicar las cosas recurriendo a entes esenciales a los que se atribuyen intenciones, voluntad, aspiraciones e identidad colectiva tiene consecuencias desastrosas. Entre ellas, la pérdida del sentido común
Félix Ovejero El Pais  5 Enero 2015

Entre artistas, o al menos entre algunos artistas, no es raro escuchar la boutade de que el presente determina el pasado. Algunos, campanudos, apelan, con descuido y apresuramiento, a extravagantes interpretaciones de ciertos resultados de la mecánica cuántica, aunque lo más común es referirse a una particular genealogía de genios, siempre estupenda, que inexorablemente conduce a ellos mismos. Su obra iluminaría a los clásicos que, en una suerte de principio antrópico-estético, habrían venido al mundo para que ellos pudieran llegar a cuajar. Una vanidad adolescente que, en todo caso, nada tiene que ver con el extravío según el cual el presente modifica el pasado. Sin ir más lejos, cuando Borges, que medía con precisión de agrimensor el calibre de sus palabras, sostenía que “todo escritor elige a sus predecesores”, se limitaba a constatar que nuestra mirada nos lleva a seleccionar ciertas trazas del pasado. Nuestra mirada presente, la de hoy. El pasado queda intacto. Cosas de las leyes de la termodinámica, las más firmes entre las firmes. Las que nadie se puede saltar.

Tampoco los historiadores. Incluso cuando sostienen, como Josep Fontana en una entrevista reciente, que una manifestación de hace un par de años está en el origen de su reciente libro sobre una identidad colectiva, la catalana, que, según él, se remonta a varios siglos atrás. Una identidad que contrapone a la española. Así, a lo grande. La contraposición la juzga tan rotunda y de principio que, como si hiciera suya la versión más radical de la endeble tesis de Sapir-Wolf, se ha negado a traducir su libro al castellano porque “quería explicar cosas a gente que tiene la misma cultura, que ha tenido las mismas experiencias, que se ha encontrado con los mismos problemas y con la que tenemos una visión del mundo compartida, que es lo que acaba fabricando toda esta identidad”. Para aclarar el sentido de sus palabras precisa: “He escrito este libro pensando en lectores catalanes. Si he de hacer los mismos razonamientos a lectores castellanos, lo tendría que reescribir completamente. Y no sé si vale la pena el esfuerzo”.

No es una rareza la vocación nacionalista de los historiadores, calificados con frecuencia como nation-builders. Está bien documentada la versión turbulenta de ese vínculo, una común genealogía entre romanticismo, nacionalismo étnico-cultural e historicismo. Es seguramente la veta más honda del pensamiento reaccionario, en sentido literal, el que reacciona contra la Ilustración y, al servicio de esa operación, invoca la existencia de un particular espíritu de cada pueblo (Volksgeist), a medio camino entre la biología (la raza) y la cultura (la lengua), como fuente de legitimidad de las comunidades políticas contrapuesta a los principios universales y emancipadores de las revoluciones democráticas.

Aunque tales trazos espesos ya nadie, o casi nadie, los repite, es cierto que, con independencia de los fervores patrióticos de cada cual, hay algo de inevitable en el oficio y la perspectiva que allana el camino a la proliferación de sesgos nacionalistas. La simple idea de biografiar una comunidad conduce con naturalidad a presumir la existencia una entidad esencial que experimenta la historia, una entidad con un origen y un perímetro, unas fronteras. A esa entidad le pasan cosas, pero ella, por así decir, persiste. Le transcurren los acontecimientos, en lugar de ser ella misma un transcurso, o, por mejor decir, una trama de transcursos más o menos deshilachada.

Ese peaje resulta casi inexorable: el acto de elegir el objeto de investigación propicia la disposición a convertirlo en (clase) natural. Viene a ser algo parecido a lo que sucede con quienes investigan asuntos como “el deporte”, “las emociones” o “la enfermedad”, que, si no andan con cautelas, acaban por dar por supuesto que hay una suerte de esencias inmutables compartidas lo bastante relevantes como para justificar teorías generales de deporte (desde la halterofilia al ajedrez), de la emoción (desde el miedo al amor) o la enfermedad (desde la tuberculosis hasta el cáncer).

En todo caso, cuando el investigador se toma en serio su quehacer y se compromete en la búsqueda la verdad, controla ese tributo, se previene frente a las tentaciones esencialistas y matiza el alcance de sus juicios. Desde luego la tarea no es sencilla. Y es que diversas peculiaridades metódicas de la disciplina contribuyen a que se multipliquen las posibilidades de dejarse vencer por las anteojeras y entregarse a unas esencias que facilitan mucho la tarea de levantar “explicaciones”, tan falaces como económicas.

Cualquier acontecimiento es el resultado de un conjunto innumerable de causas. Quien apela al frío para explicar la muerte de unos indigentes omite la pobreza (y mil circunstancias más: estado físico, ignorancia, la termodinámica, etcétera). Normalmente, al explicar destacamos, entre las causas concurrentes, la menos obvia, la que ignora nuestro interlocutor. Pero la mera existencia de la tal diversidad permite que, del saco de las causas, cada uno extraiga la que quiera.

El problema se ahonda cuando se trata de procesos o secuencias de acontecimientos. Entonces el surtido se dispara y cada cual encuentra lo que viene a buscar. No es raro ver cómo se expurgan cuatro informaciones parciales, que pueden ser correctas, para levantar edificios de ficción, sin ponderar si hay otras contrapuestas o su peso real, cualitativo o cuantitativo, porque no es lo mismo una hoja parroquial o un diario personal que una portada de The Economist o el preámbulo de una Constitución.

Caben más posibilidades para cultivar la arbitrariedad, entre ellas la más importante: la identificación del momento cumbre que fija la esencia de la sociedad provista de todas las virtudes que, retrospectivamente, se recrearán. Lo demás, anterior o posterior, sería simple aderezo. Lo hemos visto en este tiempo. La Cataluña de 1700, igualitaria, democrática, cívica, dialogante y pacífica, sería la genuina y, lo que venga después, sobre todo si se juzga mal, aparecerá como resultado de una contaminación “externa”, de España.

La operación se complementa mediante un uso incontrolado de los contrafácticos: lo que no sucedió no se utiliza como la inevitable herramienta para explicar lo que sucedió, sino para conjeturar historias fantásticas que como consecuencia de la contaminación, no llegaron a puerto y que, de no haberse frustrado, habrían conducido al mejor mundo posible. Una secuencia de (falaces) cadenas de plausibilidad (esto habría llevado a lo otro, lo otro a lo de más allá, etcétera) refuerzan un delirio que aumenta con el número de eslabones intermedios entre el recreado pasado glorioso y el fascinante mundo posible que pudo haber sido y no es y que ahora sirve para cultivar un inacabable reproche retrospectivo: ¡con lo que nosotros podríamos haber sido! Está de más decir que, en esta operación, resulta muy conveniente disponer de un arsenal de palabras que hoy designan realidades diferentes de —si no opuestas a— las que designaron en otro tiempo: constituciones, libertades, parlamentos.

En ese relato el marco conceptual no es un entramado de clases, relaciones económicas o luchas de poder, sino un conflicto entre entes esenciales (España y Cataluña) a los que se atribuyen intenciones, aspiraciones, voluntad y, sobre todo, identidad colectiva. El guión se repite en estos días cuando se utilizan fórmulas como “España odia a Cataluña” o —la mejor intencionada, pero no menos imbécil— “España ha de resultar atractiva para Cataluña”.

En disciplinas con protocolos imprecisos la falta de cautela autocrítica, como de otras virtudes epistémicas, tiene desastrosas consecuencias, incluso entre los mejores. Entre ellas, la pérdida del sentido común. La tesis de la identidad de los pueblos quiere decir, operacionalizada, que yo tengo más que ver con un tipo vestido de sayo de velarte o calzas de velludo, incapaz de entender cosas como el derecho al voto de la mujer, la luz eléctrica, el alcantarillado, el transporte público y hasta la idea misma de identidad cultural, que con otro con el que discuto en Facebook, comparto el miedo al ébola, el cambio climático o el IS y, juntos, hemos visto cambiar hasta tal punto nuestro país que ni siquiera nuestros abuelos entenderían lo que acabo de contar.

Félix Ovejero es profesor de la Universidad de Barcelona. Su último libro publicado es El compromiso del creador (Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores).

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La Policía se merece otro ministro

EDITORIAL Libertad Digital  5 Enero 2015

En el Gobierno parecen empeñados en ponéroslo difícil para determinar quién es el peor ministro. En esta suerte de competición de incompetencia están inmersas algunas de las carteras más sensibles del Ejecutivo, como Hacienda, Justicia o Interior.

Jorge Fernández Díaz comenzó su mandato con una insólita reunión con Rodríguez Zapatero en el Ministerio. Nunca antes en un cambio de Gobierno, el nuevo ministro del Interior había mantenido un encuentro, de varias horas y de cuyo contenido no se quiso informar, con el presidente del Gobierno saliente. Evidentemente la negociación con ETA era una explicación verosímil. No hizo falta mucho tiempo para comprobar que este Gobierno había asumido todos los compromisos del anterior con la banda terrorista.

El ministro Fernández Díaz tenía que haber dejado su cargo hace tiempo. Después de mentir a los españoles en dos asuntos gravísimos: la suelta de Bolinaga en contra del criterio de la forense de la Audiencia Nacional y cuando el mismo día que se conoció la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que tumbaba la doctrina Parot aseguró, junto a Gallardón, que ésta sentencia sólo sería aplicable a Inés del Río. En pocas semanas el Gobierno excarceló a decenas de etarras sin que Fernández Díaz ofreciese explicación alguna.

La indignación de todos los sindicatos policiales, el ministro ha conseguido ponerlos de acuerdo a todos, es más que justificada. ni Fernández Díaz ni ningún cargo de la cúpula del Ministerio ha acudido al funeral y los actos oficiales de despedida del policía asesinado en la estación de Embajadores, en Madrid. Ausencia que, según los sindicatos policiales, comienza a ser habitual y que, con toda la razón, tachan de "irrespetuosa".

A pesar de este ministro y otros anteriores tan nefastos como él, a pesar de las cloacas y de su utilización política, la Policia es, como la Guardia Civil, una de las pocas instituciones que funcionan y mucho menos corrupta que las políticas y judiciales. La ausencia del ministro en el funeral por la muerte de un agente en acto de servicio no tiene justificación alguna. Los policías que se juegan la vida, muchas veces sin chalecos antibalas y con una falta de medios alarmante, no se merecen un ministro así. Una sociedad que se conmueve más por la muerte de un perro que por un policía quizás sí.

El vasco, prioritario en todo
Bildu emprende la persecución del español en la Diputación de Guipúzcoa
La Diputación de Guipúzcoa prepara un plan que significará en la práctica la expulsión del español en sus relaciones con los ciudadanos.
Libertad Digital  5 Enero 2015

La administración presidida por el miembro de Bildu Martin Garitano puso en marcha el pasado mes de diciembre un "plan de normalización de uso del Euskera" que, entre otras medidas, elimina el idioma español de los actos públicos, de las comparecencias ante los medios y de la comunicación institucional de la propia Diputación.

Tal y como informa El Mundo este domingo, el documento prevé que todos los servicios forales de cara a la ciudadanía se puedan realizar en euskera y para ello establece modificaciones en los puestos de trabajo en virtud del perfil lingüístico.

Los funcionarios se dirigirán a los ciudadanos siempre en euskera en primer lugar, y los mensajes verbales que no tengan un destinatario concreto –por ejemplo los que se hacen a través de altavoces en servicios públicos- serán siempre en euskera primero y en español después en ese "estricto orden".
En bases de datos

Uno de los aspectos que puede resultar más preocupante para muchos es que en las bases de datos de la administración junto a cada ciudadano habrá un campo en el que se especificará en qué idioma quiere que la Diputación se dirija a él. Además, desde la administración deberá invitarse a los ciudadanos a usar los servicios públicos en euskera.

También los propios funcionarios verán como en los listados internos de la diputación junto a sus datos de contacto aparecerá un campo con la "capacitación lingüística" de cada uno.

Las empresas también se verán obligadas a utilizar el euskera en todos los documentos que se creen para contratar con la Diputación, y del mismo modo aquellas que reciban subvenciones deberán usarlo en todo el material documental y los actos que se genere con el dinero recibido.


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