AGLI Recortes de Prensa   Martes 6  Enero 2015

Los partidos deben limpiar primero su propia corrupción
EDITORIAL Libertad Digital  6 Enero 2015

El último informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de las finanzas de los partidos no deja lugar a la duda: todos las formaciones con representación parlamentaria, sin excepción, han cometido constantemente irregularidades, algunas de las cuales podrían tener relevancia penal, a tenor de la primera aproximación realizada por la Fiscalía.

El informe más reciente del órgano fiscalizador, correspondiente al ejercicio de 2012, ha detectado conductas expresamente prohibidas por la vigente ley de financiación de partidos, tales como el ingreso de donativos privados en cuentas bancarias no dedicadas exclusivamente para tal fin, la concesión de préstamos irregulares a fundaciones dependientes de las formaciones políticas o la condonación ilegal de deudas por entidades crediticias, todo un clásico en la trayectoria financiera de los partidos españoles.

Hay que destacar que la fiscalización realizada por el Tribunal no entra a analizar el uso que los partidos dan a todos fondos, en su mayor parte procedentes del presupuesto público, sino que únicamente estudia la manera irregular en la que se ha captado ese dinero que luego las distintas formaciones han empleado según su particular criterio. Pues bien, sólo en ese apartado, las arbitrariedades son tan notables y están tan extendidas que desautorizan a los partidos políticos para acusarse mutuamente de corrupción.

Pero es que el propio tribunal encargado de fiscalizar las cuentas de las instituciones públicas no es ajeno a la existencia de comportamientos que, como mínimo, cuestionan la imagen de ejemplaridad que un órgano de esas características debe observar, de manera especialmente escrupulosa. Nos referimos al nombramiento de sus miembros por parte de los mismos partidos a los que ha de investigar y la prodigalidad con la que se han provisto los puestos de dirección con familiares de altos cargos y representantes sindicales, dos elementos que vician de origen la labor trascendental de un organismo público de estas características.

Esta connivencia entre los partidos políticos y las instituciones que tienen que controlarlos, que los numerosos escándalos emergidos al socaire de una terrible crisis económica han hecho salir a la luz, interpelan muy seriamente la sinceridad de los propósitos de PP y PSOE para erradicar las conductas corruptas de la esfera pública. La escasa entidad de las medidas adoptadas por el Gobierno para dignificar la vida política y las acusaciones cruzadas entre los partidos mayoritarios sin reconocer lo que cada uno tiene en su seno son parte de la explicación del surgimiento de movimientos populistas de extrema izquierda. Rajoy y Pedro Sánchez tienen la responsabilidad de hacer creíbles sus propuestas de regeneración pública, empezando por la de acabar con las conductas que el Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto en un informe demoledor.

La igualdad: el Santo Grial del siglo XXI
Javier Benegas www.vozpopuli.com  6 Enero 2015

Según explicaba Francis Fukuyama en su controvertido ensayo El fin de la Historia, en el siglo XX el mundo desarrollado descendió hasta el paroxismo de la violencia ideológica. Y el liberalismo hubo de luchar encarnizadamente, primero, con los restos del absolutismo, después, con el bolchevismo y el fascismo, y, finalmente, con un marxismo puesto al día que a punto estuvo de conducirnos al apocalipsis nuclear. Pero ese siglo, que había comenzado lleno de confianza en el triunfo que finalmente obtendría la democracia liberal occidental, al finalizar, volvió a su punto de partida: “no a un ‘fin de la ideología’ o a una convergencia entre capitalismo y socialismo, como ya antes se predijo, sino a la impertérrita victoria del liberalismo económico y político”.

Innumerables fueron las críticas que Fukuyama recibió desde todos los flancos intelectuales, muchas de ellas feroces, no tanto por la argumentación de su idea como por lo pretencioso de un título que, lejos de abrir el debate, tuvo la inconveniente facultad de incendiarlo prematuramente. Y es que daba la impresión de que quienes con mayor virulencia cargaban contra la tesis de Fukuyama, incluso los más eruditos, se habían sentido tan violentados por el provocativo enunciado que se ahorraron la lectura del texto completo. Hasta Claudio Magris, generalmente sutil y reflexivo, en clara alusión a tan desafortunado título, despacho de un plumazo el ensayo, refiriéndose a éste como “frase que […] bien podía haber encontrado acomodo en el Diccionario de lugares comunes y de idioteces de Flaubert”.

Si algo evidenció la “temeridad” de Fukuyama fue lo numerosos y reactivos que son los enemigos del liberalismo; es decir, de la libertad

Pero más allá de la polémica, si algo evidenció la “temeridad” de Fukuyama fue lo numerosos y reactivos que son los enemigos del liberalismo; es decir, de la libertad. Y también cuan bastos son sus dominios, que se extienden desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pasando por todos y cada uno de los espacios intermedios supuestamente ideológicos que ven en el individuo una amenaza. Y en la uniformidad, un bálsamo.

Los hay también, o especialmente, en esas otras ideologías que son las religiones (quizá porque, como explicaba Fukuyama en su ensayo, el propio liberalismo moderno fue consecuencia de la debilidad de sociedades de base religiosa), cuyos más fervientes seguidores, en no pocas ocasiones, dan por sentado que el creador les ha dado el mandato de hacer feliz a la gente a la fuerza. Y que Dios nos libre de quienes, para salvar al hombre, quieren subsumirlo en la masa, sean estos beatos o marxistas.

Hoy, salta a la vista que la tesis fundamental de Fukuyama, no el título sino la idea de fondo de que la democracia liberal occidental se había impuesto definitivamente al resto de alternativas, ha devenido con el tiempo, más que en una conclusión, en un nuevo punto de partida, si cabe aún más inquietante que el del pasado siglo, a pesar de que, al menos por el momento, tal circunstancia no se ha traducido en cataclismos del calibre de las dos guerras mundiales del XX.

De hecho, si algo nos está enseñando, o debería enseñarnos, la profunda crisis política y social en la que estamos incursos, es que la democracia liberal es más una idea que un absoluto. Y como toda idea, su traslación a la realidad puede contarse por experimentos más o menos afortunados, tantos como sistemas institucionales existen en los llamados países desarrollados. Y también medirse en grados de pureza, según sea el papel de cada Estado, su intervención en la sociedad y los límites impuestos a su planificación, lo que parece estar estrechamente relacionado con la eficiencia o ineficiencia de cualquier modelo político y, por tanto, de las sociedades.

La democracia liberal es de todos los sistemas conocidos el que mejor se adapta a la naturaleza humana y el único que permite a las personas aspirar al reconocimiento

Lo cierto es que, pese a quien pese, Fukuyama tenía razón en una cosa: la democracia liberal es de todos los sistemas conocidos el que mejor se adapta a la naturaleza humana y el único que permite a las personas aspirar al reconocimiento. El problema fue que la caída del régimen soviético, y la creencia de que la Historia, en cuanto a lucha ideológica, de verdad había terminado, dejó el paso franco a ideologías gelatinosas, con su entendimiento utilitarista y facultativo de la democracia a mayor gloria de poderosos grupos de interés, elitistas unos y colectivistas otros, lo que tarde o temprano habría de conducirnos a una nueva encrucijada y al peligro de regresión. Por eso, en lo que llevamos de siglo XXI, la Historia, concluida o infinita, parece convertirse en una goma de glicerina que, a punto de alcanzar su límite de elasticidad, amenaza con devolvernos al punto de partida.

Que esto suceda o no dependerá de romper los tabúes que, como férreas cadenas, nos mantienen atados a un mundo viejo de ideas inservibles. Un buen principio sería reconocer lo evidente: que la Libertad y la Igualdad no son derechos equiparables sino dependientes, y tienen un orden concreto. Porque si bien se ha demostrado que la Libertad reduce las desigualdades, por el contrario la Igualdad no trae la libertad. De hecho, su imposición lo que trae consigo es la dictadura, aunque ésta sea tan gelatinosa como los remedos ideológicos que la convierten en el Santo Grial de la política del siglo XXI.

La quita de la guita.
Vicente A. C. M. Periodista Digital  6 Enero 2015

Parece que no ha gustado nada la franqueza de Ángela Merkel sobre la nada velada amenaza de expulsar a Grecia de la eurozona si el partido ultra izquierdista de Syriza logra alcanzar el poder y realizar su programa de “restructuración de la deuda” consistente en una sustancial quita de la misma de modo unilateral y renegociar el resto. Tan es así que responsables de la Comunidad Europea no han tardado en responder diciendo que la pertenencia de un Estado miembro a la erurozona es “irrevocable” de acuerdo con el párrafo 3 del artículo 140 del Tratado de la UE. Y claro aquí es donde surgen dudas más que razonables sobre esa supuesta irrevocabilidad ante los flagrantes incumplimientos de los deberes de un Estado para con sus socios en los objetivos comunes fijados.

No resulta demasiado lógico el que unos dirigentes cuestionen la legalidad internacional en algo tan serio como es la deuda nacional de un Estado. Porque lo que es evidente es que en su momento no hicieron ascos a recibir los préstamos para sufragar y financiar su opulento sistema administrativo y de gasto. Es algo natural el que los prestamistas se sientan amparados por los acuerdos internacionales y la mutua confianza en que los prestatarios cumplirán las condiciones pactadas. No es de recibo el que de forma unilateral un prestatario decida no reconocer parte de la deuda contraída como chantaje para abonar el resto de la deuda bajo otras condiciones diferentes. Pues eso es lo que pretenden hacer los populistas de Syriza en Grecia y lo que Alemania y otros países financiadores netos en la UE como Dinamarca, no estarían dispuestos a consentir.

Y eso es un aviso a navegantes para otros partidos populistas que como PODEMOS han lanzado la misma idea y que hablan de restructuración de la deuda y de quitas. Aquí lo único que se quita es la confianza en un país que pasaría a ser un apestado mundial como Argentina al que ninguna organización o entidad financiera se atrevería a seguir financiando ante la certeza de que esos fondos nunca serían devueltos. Así que resulta vergonzoso el que además de PODEMOS aparezcan personajillos como Miquel Iceta del PSC sumándose a esta demagogia populista de la quita y de la restructuración, cuando lo único que deben restructurar es su propio partido y aclararse en un discurso veleta que desconcierta a sus propios militantes.

Ni Grecia ni España pueden permitirse el aislamiento a nivel internacional por la actitud sectaria de unos políticos asamblearios de barriada y de dogmatismos de tertulias de bar que jamás han gestionado más allá de sus variopintos fondos de financiación y modestas subvenciones. Los españoles deben de ser conscientes del alcance de las propuestas de estos sectarios que cuestionan la legalidad internacional y están dispuestos a que España sufra el aislamiento internacional, el empobrecimiento general y la entrada en un periodo irrevocable, este sí, de travesía por el desierto.

El voto de castigo hacia una casta política corrupta y corruptora no puede llevar al absurdo de castigar a los propios ciudadanos con otra casta aún más radical, sectaria y demagoga cuyo único objetivo es alcanzar el poder para instalarse. Existe un abanico de otras posibilidades que fuercen un cambio en los comportamientos pero que no produzca el efecto indeseado de una pérdida del “estado del bienestar” que hemos alcanzado entre todos con tanto esfuerzo. Lo que es seguro es que con el acceso al poder de esos ultras, la ´perdida será irrevocable.

En Busca de una idea de España
Ortega ante el estatuto de Cataluña
fernando garcía de cortázar. madrid. ABC 6 Enero 2015

Cuando intervino en el debate sobre el proyecto, el filósofo llevaba varios meses denunciando el peligro de la desmovilización ciudadana

El debate que ha generado en Cataluña la propuesta independentista del Gobierno de Artur Mas ha permitido que se recordaran, con tanta frecuencia como intencionada deformación, las palabras de Ortega acerca de la necesaria «conllevancia» del problema catalán. Sin respeto alguno a un debate surgido en las circunstancias políticas de hace más de ochenta años, nuestros independentistas de ahora se refugian en las palabras del pensador madrileño para hacer creer que los defensores de la unidad de España afirmaban el carácter insoluble del problema y, por consiguiente, proponían una perspectiva tan desalentadora y resignada como la de aprender a soportarnos. Nuestra convivencia -quieren estos personajes hacer decir a Ortega- solo había de basarse en el sometimiento de los catalanes a una nación cuyo destino no deseaban compartir; a la aceptación de un Estado cuya autoridad no querían reconocer. Con su siniestra capacidad para maniobrar en un pasado construido a la medida de su fantasía, el nacionalismo catalán ha visto en la intervención de Ortega la más acabada demostración de la legitimidad de sus actuales aspiraciones separatistas.

Por ello es conveniente afrontar en esta serie el profundo sentido de unas palabras, pronunciadas en el momento en que se hacían públicas las primeras decepciones y las advertencias más tempranas a la República por su sesgo sectario. Cuando intervino en el debate sobre el proyecto de Estatuto de Cataluña, el 13 de mayo de 1932, Ortega llevaba algunos meses denunciando el peligro de la desmovilización ciudadana, la amenaza de la pérdida de entusiasmo y del desprestigio irreparable del nuevo régimen. Recordemos que sus llamamientos a la formación de un gran partido nacional fueron desoídos, y que en octubre de 1932 habría de proponer la disolución de la Agrupación al Servicio de la República, en compañía de Pérez de Ayala y Marañón, firmantes del documento fundacional de esta plataforma de intelectuales.

El desánimo había prendido en él, pero aún no le había conducido a un pesimismo definitivo sobre la suerte de la República. Fue precisamente esa esperanza en la posibilidad de una nación liberal, de un Estado integrador y de una ciudadanía consciente, la que le llevó a poner su empeño en definir el problema que mejor podía expresar el grave riesgo que corrían estas aspiraciones. Y lo hizo, desde luego, diciendo cosas muy distintas a esa caricatura que la propaganda nacionalista actual ha querido hacer de su vigorosa defensa de un Estado autonomista.
Agravio profundo

Porque Ortega se refirió al carácter insoluble de un aspecto concreto del «problema catalán»: las aspiraciones del independentismo a la disolución de España. Algo que no podía perpetrarse sin agravio profundo al conjunto de los españoles, incluyendo a aquella parte amplísima de catalanes cuyos sentimientos y cuya voluntad política no coincidían con las propuestas del nacionalismo. Actualidad tienen, por supuesto, pero con una literalidad que pocas veces se asoma a las evocaciones del separatismo de hoy, las reflexiones brillantes y certeras sobre la soberanía nacional y el proyecto de un Estado integrador y sobre las constantes injurias lanzadas contra quienes, siendo firmes autonomistas, se apartaban -entonces y ahora- de las propuestas del nacionalismo.

Pocos intelectuales habían planteado tan firmemente como Ortega la necesidad de estimular el regionalismo. Pero él siempre lo hizo para garantizar que todos los españoles pudieran tener una visión tangible de ese perseverante proceso de incorporación sobre el que debía construirse la conciencia nacional. Con lo que no podía jugarse era con el concepto ni con la realidad de la soberanía: «Soberanía significa, pues, la voluntad última de una colectividad. Convivir en soberanía implica la voluntad radical y sin reservas de formar una comunidad de destino histórico. Y si hay algunos en Cataluña, o hay muchos, que quieren desjuntarse de España, que quieren desagarrar esa raíz de nuestro añejo convivir, es mucho más numeroso el bloque de los españoles resueltos a continuar reunidos con los catalanes en todas las horas sagradas de la esencial decisión».

Convivir, pues, no conllevarse era lo que reclamaba Ortega frente a quienes defendían, entonces y ahora, que los españoles nos limitemos a aguantarnos. Convivir en torno a una ilusionada empresa nacional, claro está; no en la palidez histórica de una inercia sin alma, ni en la postración indolente de una comunidad acostumbrada a su vecindario. Lo que debía proporcionar la República eran cotas de autonomía que incitaran a los catalanes a emplazar sus sentimientos regionales en un destino común. Que reforzaran con ellos la empresa de España y que sintieran que solo a través de esa integración podría alcanzarse la plenitud histórica, cultural, política e incluso emocional de Cataluña. Con este fin debía invitarse a todos los españoles a construir un Estado en el que germinara su ciudadanía común, su conciencia soberana, su confianza en el porvenir de un régimen que resolviera esa necesidad de conversión de un pueblo en nación verdadera, la que había inspirado a los regeneracionistas del 98 y a los modernizadores del 14. Una exaltación patriótica en la que Ortega aún deseaba ver la sustancia creativa de la República, como punto de llegada de aquellas dos grandes inquietudes españolas.

Para entonces y para nuestros problemas de hoy, las palabras de Ortega trazaron el perfecto diagnóstico que rehuía el oportunismo y las medias verdades. Frente al nacionalismo catalán no cabía solución negociada, sino altura de miras, capacidad de visión histórica. A la transacción de coyuntura, al debate ensuciado por la mutua incomprensión y el oportunismo de separatistas y separadores, Ortega respondía con la defensa de lo esencial: «Los nacionalismos solo pueden deprimirse cuando se envuelven en un gran movimiento ascensional de todo un país, cuando se crea un gran Estado, en el que van bien las cosas, en el que ilusiona embarcarse, porque la fortuna sopla en sus velas».

NACIONALISMO
Racismo en Cataluña
Pablo Planas Libertad Digital  6 Enero 2015

La política catalana es un insulto a la inteligencia al que Rajoy responde con una flema que es un insulto a los catalanes. Si el presidente del Gobierno hubiera querido, el proceso separatista, que entra ya en su quinto año, habría durado como mucho tres. Desde noviembre de 2012, la Generalidad, ERC, la ANC, la AMI, TV3, el CAC, el CATN y la madre de todos las siglas que nos asuelan en Cataluña viven de la munificencia del Estado, de la aplicación de una singular teoría mediante la cual Rajoy sostiene que no dejará de insuflar recursos a la Generalidad porque los administrados no tienen la culpa de que los administrados estén chalados.

Con esa benéfica intención, que es grava de primera en el camino del infierno, las arcas públicas financian la extensión de los mensajes del odio, la exclusión y una cada vez menos indisimulada xenofobia, de la que un tuit convergente con la expresión "los de casa" no es más que una anécdota menor. El futbolista Sergio García y Ada Colau, la activista antidesahucios que opta a la alcaldía de Barcelona, han sufrido en los últimos días el acoso de los chacales de las redes sociales por utilizar el idioma español, lo que demuestra hasta qué punto pueden ser despreciadas y excluidas en los ambientes del poder, la empresa, el deporte o la cultura las personas del común que no paguen, por las razones que sea, el peaje del catalán.

El polémico texto en Twitter con el que CDC empezó el año era esto: El reto que ahora tenemos por delante es que los de casa vayamos juntos.

En el partido todavía no entienden a qué tanto revuelo, a pesar de que a las pocas horas eliminaron el mensaje. Es comprensible. Antes del polémico "los de casa", los principales dirigentes de CiU habían superado en indignidad, racismo, clasismo y mendacidad a su gran gurú Pujol, que en 1976 publicaba lo siguiente:

El hombre andaluz no es un hombre coherente. Es un hombre anárquico. Es un hombre destruido. Es, generalmente, un hombre poco hecho, un hombre que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de comunidad. De entrada, constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Ya lo he dicho antes. Es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza del número llegase a dominar sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña.

Pujol puede respirar tranquilo porque ese peligro ya está conjurado.Valga en defensa del gran defraudor que pidió disculpas públicas por semejante sentencia, lo que no quiere decir que se retractase del párrafo. Sus herederos le han superado y el patriarca ya dejó el terreno despejado para que sus chicos no se vieran obligados a pedir perdón por decir cosas como las siguientes, según una recopilación del diario digital Crónica Global:

- Artur Mas: "Estos niños y niñas sacrificados bajo el durísimo yugo de la inmersión lingüística en catalán sacan las mismas notas de castellano que los niños y niñas de Salamanca, de Valladolid, de Burgos y de Soria; y no le hablo ya de Sevilla, de Málaga, de Coruña, etcétera, porque allí hablan el castellano, efectivamente, pero a veces a algunos no se les entiende. A veces no se les acaba de entender del todo pero hablan castellano, efectivamente. ¿Dónde está el problema?" (septiembre de 2011).

- Josep Duran Lleida, líder de Unió: "No hay derecho a que mientras nuestros campesinos tienen que dejar alguna fruta en el árbol porque no la pueden coger, porque no le sale a cuenta cogerla por el precio que le pagan, otros lugares de España, con lo que aportamos nosotros al conjunto del Estado, reciban un PER para pasar la mañana, o toda la jornada, en el bar de su pueblo, por mucho que se enfaden. (...) Eso se tiene que acabar" (octubre de 2011).

- Francesc Homs, portavoz de la Generalidad: "Aquí [en Cataluña] hubo una gente en el siglo XIX que decidió hacer la revolución industrial, mientras pastoreaban cabras en otros lugares del Estado español y ni se lo plantearon. (...) Otros países, los que van bien en Europa, sí que han tomado decisiones hace tiempo. Es decir, o miramos a Andalucía, o miramos a los alemanes" (noviembre de 2011).

Esta es la gente que gobierna en Cataluña gracias al dinero de todos los españoles, a las teorías de Rajoy y a través del Fondo de Liquidez Autonómica: crédito ilimitado a interés cero

ANDALUCÍA
El PP andaluz y 2015
Pedro de Tena Libertad Digital  6 Enero 2015

Sé que el PP andaluz, en los medios nacionales, tanto empresariales, como políticos como supuestamente intelectuales, es considerado paradigma de la estulticia o de la ineptitud. Tal calificación es deducible de los 33 años de gobierno del régimen socialista en la tierra de María Santísima que, desde otra perspectiva igualmente iluminadora, aparecen como 33 años de esfuerzos inútiles de la oposición popular para impedir su erección en buena medida autoritaria y desde luego, para dar a la luz a una sociedad abierta a valores liberales democráticos basada en la fortaleza de una sociedad civil poderosa. Desde los tiempos de Hernández Mancha, que dejó Andalucía por Madrid hasta la forzada e inexplicada espantá de un Javier Arenas -que no se olvide, ganó las elecciones de 2012-, se cree que el PP andaluz ha sido incapaz, incluso, de explicar en qué se diferenciaría una Andalucía gobernada por sus ideas y sus responsables de la Andalucía triturada por el régimen de Susana Díaz. Maldita ambigüedad dictada por el cálculo y la ausencia de valor.

Sin embargo, discrepo esencialmente de esa posición. Lo he dicho muchas veces. La base humana del PP andaluz es probablemente la mejor base política que jamás haya tenido partido alguno en Andalucía y probablemente en España, salvo la del ya casi desaparecido PP vasco. Si el PP de Gregorio Ordóñez, Mayor Oreja, Iturgáiz, San Gil, Otaola y todos sus mártires se caracterizó por su heroicidad y su valentía en defensa de la democracia contra un puñado de asesinos, el PP andaluz se ha identificado durante años con la resistencia democrática ante la radicalidad y sectarismo de un régimen excluyente al que han apoyado sucesivamente andalucistas y comunistas, con la honrosa excepción de aquella Izquierda Unida de Julio Anguita y Luis Carlos Rejón, sañudamente perseguidos por ello.

El Partido Popular de Andalucía, con una persistente base electoral de millón y medio de votantes desde 1994, ha sido un enclave regional honroso de la democracia española que ha perdido elecciones durante más de 30 años sin levantar la voz ni atacar las sedes de los partidos adversarios sufriendo en sus carnes cotidianas en pueblos, barrios y ciudades todo tipo de descalificaciones en una estrategia deliberada para deslegitimarlo a ojos de los ciudadanos y ciudadanas andaluces. Se trató por muchos medios, la mayoría inmorales e ilícitos, de privarlo de los medios suficientes para hacer posible la alternancia democrática. En román paladino, se le negó la igualdad electoral de oportunidades necesaria para lograr un cambio político higiénico, saludable y bueno para una Andalucía dominada por la tela de araña tejida por un partido incapaz y corrupto desde hace casi dos generaciones.

Sería injusto atribuir al nuevo presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, el desencanto que asuela hoy a la militancia andaluza del PP. A punto de lograr una victoria electoral sin precedentes en 2012, fue sometido por su dirección nacional al desconcierto derivado de políticas inesperadas por antipopulares y luego, a una crisis interna anómala y absurda. Ello le ha supuesto un grave retroceso electoral que parece permitir la eternidad del régimen social-comunista. Lo más trágico, sobre todo, es que a los ojos de los andaluces ha dejado de ser el partido del cambio y la regeneración democrática. La inminencia de las elecciones municipales no permitirá un cambio de tendencia, salvo milagro, sobre todo contando con la presencia del incierto factor Podemos que, en todo caso, apuntalará el régimen.

¿Qué harán los millones de buenos vasallos andaluces que llevan 33 años esperando el cambio? 2015 despejará la incógnita.

Los ‘paraísos fiscales’ pujolistas
El ‘caso Pretoria’ y otros evidencian que ex altos cargos de los Gobiernos de CiU evadieron capitales sistemáticamente
Carlos Jiménez Villarejo El Pais 6 Enero 2015

Esta vez no se libran. El pasado 18 de diciembre el juez Ruz acordó abrir la fase procesal hacia el juicio oral de los implicados en el caso Pretoria, abierto por Garzón hace cinco años. Contra 11 imputados, entre los que se encuentran el exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y los que fueron destacados dirigentes de CiU y consejeros de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Todos, en diverso grado de responsabilidad, por los delitos propios de corrupción, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Durante el ejercicio de sus cargos públicos, gracias al apoyo de los fiscales generales del Estado, del PSOE, la fiscalía no pudo emprender acciones penales contra ellos. Fue particularmente grave el manto de impunidad que cubrió la presunta malversación de los fondos públicos de la CARIC (Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña) que justificaba la persecución penal de Alavedra y 11 consejeros más. La realidad era más que evidente. Una parte de los fondos de dicha entidad—los llamados avales— se destinó, en condiciones muy ventajosas, a sociedades vinculadas a consejeros o altos cargos de la Generalitat, fondos que finalmente no fueron reintegrados causando un grave perjuicio al erario público autonómico.

Una primera consideración sobre la resolución del juez Ruz: por sí sola descalifica la pretendida reforma del proceso penal del Partido Popular, que trata de abreviar, mediante un sistema de plazos, la investigación judicial, especialmente ante esta clase de delitos. Por ejemplo, el auto judicial que comentamos no podía haberse dictado antes, pues las dos últimas respuestas de las comisiones rogatorias a Andorra y Suiza se produjeron en octubre del año pasado. Lo que pretende el PP es, sobre todo, la impunidad de los corruptos.

Asimismo, cuando estamos pendientes de que declaren como imputados Jordi Pujol, su esposa y tres de sus hijos por fraude fiscal y blanqueo de capitales, el auto del Juzgado Central número 5 describe el funcionamiento presuntamente delictivo del clan pujolista, el de la familia propiamente dicha y la otra e inseparable “familia”, sin la que es imposible entender el pujolismo y su funcionamiento, como ha dicho un autor, en clave de “hampa barcelonesa”.

El auto del juez Ruz describe los hechos, situándolos en la pasada década, como “una trama dirigida a la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a operaciones urbanísticas (…) a cambio de la percepción de cuantiosas comisiones, que se procedería ulteriormente a ocultar tanto su titularidad como el origen presuntamente delictivo de las referidas ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento posterior desvinculándolas de su origen mediante la utilización de complejos entramados societarios y financieros”.

Éstos eran los objetivos y modos de proceder de los miembros de la trama, como hicieron en la Operación Niesma, en la que Prenafeta y Alavedra consiguieron, por su mediación, sustanciosos beneficios económicos gracias “al ascendiente (….) que ejercían sobre cargos públicos derivado de los altos cargos que ocuparon en el Gobierno catalán durante los años ochenta a noventa”.

Tan grave o más que lo anterior fueron las ganancias obtenidas, a veces de procedencia desconocida o de otras labores de intermediación, que ocultaron a la Hacienda pública mediante la canalización de las mismas a través de entidades fiduciarias domiciliadas en paraísos fiscales.

El juzgado del caso Pretoria ha dirigido 13 comisiones rogatorias, cinco a Suiza y otras tantas a Andorra y una a Portugal, Reino Unido, Costa Rica y EE UU. La colaboración de estos Estados ha resultado indispensable para conocer el patrimonio oculto y el alcance de lo defraudado por ambos exdirigentes de CiU. El Gobierno del PP, por contra, no hace absolutamente nada para dar cumplimiento a un acuerdo del Congreso de los Diputados, de 12 de julio de 2011, que instaba al Gobierno a la “supresión de los paraísos fiscales”.

Gracias a la colaboración de otros países, ha podido saberse que la cantidad defraudada por Alavedra en los ejercicios 1997, 1998, 2000 y 2006 fue de 2.605.000 euros. Para eso dispuso, como ya venía haciendo su jefe de Gobierno desde 1980, de sociedades domiciliadas en Andorra y las islas Caimán. Lo mismo hizo el ex secretario de Presidencia, Lluís Prenafeta. Quien, según la resolución judicial, durante los ejercicios 2000 a 2007 obtuvo 14.984.000 euros de ganancias “procedentes de labores de intermediación en adjudicaciones públicas”, cuyo origen no siempre ha podido determinarse, sirviéndose de la sociedad BUIC y de otros mecanismos para ocultar y defraudar a la Hacienda pública una cantidad superior a los cinco millones entre los años 2000 a 2003, también a través de cuentas abiertas en Suiza y Andorra.

Los hechos descritos no solo merecen un reproche penal, sino que, asociados al gran fraude de la familia Pujol, expresan la total ausencia de ética pública de una parte importante de quienes han gobernado Cataluña durante 23 años y de quienes, aquí y en España, han sido sus cómplices o encubridores, penales y políticos.

Carlos Jiménez Villarejo es jurista y exeurodiputado de Podemos

ORIENTE MEDIO
Los túneles comerciales de Hamás
Julián Schvindlerman Libertad Digital  6 Enero 2015

La última guerra entre Hamás e Israel ha puesto sobre el tapete los túneles que cruzan desde Gaza hacia el Estado judío, utilizados con fines terroristas. Pero existen además otros, desde el desierto del Sinaí hasta la Franja, empleados principalmente para contrabandear personas, armas y productos. En el año 2012 el periodista Nicolas Pelham escribió un importante ensayo para la publicación The Journal of Palestine Studies, titulado "El fenómeno de los túneles de Gaza: las dinámicas no intencionales del bloqueo israelí", en el cual analizaba el origen y desarrollo de los mismos, así como su impacto en la economía gazatí, en la estructura social local y en el liderazgo islamista. La información aquí presentada está basada en ese texto.

El primer caso registrado por Israel de un túnel entre la Franja de Gaza y Egipto data de 1983; la población palestina de la Franja y la beduina del Sinaí ya buscaban la forma de eludir los controles de Israel y Egipto. Con el comienzo de la Intifada de Al Aqsa, en el 2000, el Gobierno de Yaser Arafat colaboró con clanes beduinos en el contrabando subterráneo de armas a los territorios palestinos. Pero fue a partir del repliegue unilateral israelí de Gaza, en 2005, y del ascenso de Hamás al poder allí, al año siguiente, que el armado de túneles en la frontera entre Gaza y Egipto se convirtió en una industria de alto impacto político, económico y social en la Franja.

Tras el secuestro del soldado Guilad Shalit (llevado a Gaza a través de un túnel) y de la violenta purga de miembros de Fatah llevada a cabo por Hamás en 2007, las autoridades israelíes designaron la Franja como entidad hostil. Los continuos ataques con cohetes llevaron a Israel a incrementar las restricciones fronterizas y a limitar el acceso de materiales al territorio. La comunidad internacional tenía sus reparos para continuar apoyando económicamente a un territorio gobernado por un movimiento fundamentalista. La posibilidad de una crisis económica en Gaza era real –en cierto momento, la falta de combustible empujó a muchos gazatíes a reemplazar sus autos por camellos– y amenazaba la viabilidad de Hamás como poder gobernante.

En ese contexto surgió una sociedad entre inversores privados, oficiales de Hamás y familias residentes en el límite egipcio dedicada a construir túneles con finalidades de contrabando. Con entre cuatro y quince socios capitalistas, abogados que redactaban contratos legales, jeques que recaudaban aportes, obreros que construían, comerciantes que compraban y vendían mercancías y administradores de todo el emprendimiento, fue surgiendo una verdadera industria que con los años llegó a contar con 1.500 túneles solamente entre Egipto y Gaza. Un túnel en funcionamiento regular requería de entre veinte y treinta operarios. Una vez activo, un túnel podía amortizar el costo de su construcción en un mes. En 2005 el negocio de los túneles generaba en promedio 30 millones de dólares al año; para 2008 producía ese ingreso por mes. Tan congestionada estaba la frontera con estos túneles, que pasaron a ser edificados verticalmente, uno arriba de otro, y tal era su productividad que fueron equipados con iluminación interna, intercomunicadores, generadores de energía, elevadores eléctricos y carros de transporte que se movían sobre rieles. Se convirtieron en un eficaz vehículo para el contrabando de armas, drogas, personas, juguetes, medicinas, cigarrillos, autos y ganado.

El negocio era tan lucrativo y la proliferación de túneles tan extraordinaria que el Gobierno de Hamás se hizo cargo. Se apropió de los excavados por la Autoridad Palestina, prohibió a Fatah la construcción de ningún otro y controló aquellos administrados por otros grupos terroristas de la Franja. Los túneles empleados con finalidades militares quedaron bajo exclusiva supervisión de Hamás, eventualmente los túneles con propósitos comerciales también. El Ministerio de Interior de Hamás estableció la Comisión para los Asuntos de los Túneles (CAT), para que regulara su actividad. Trescientos hombres armados y vestidos de negro oficiaron de agentes aduaneros, policías en motocicleta patrullaron la zona, se crearon licencias de construcción y áreas consideradas sensibles a la seguridad de la Franja fueron vedadas. Quien quisiera construir un túnel debía presentar un título de propiedad sobre la tierra o una autorización notarial para explotarla. Las autoridades de Hamás impusieron tarifas aduaneras a los productos contrabandeados, tarifas administrativas al otorgamiento de licencias de explotación y tasas de conexión a la grilla eléctrica. Los violadores de la ley eran castigados. Para regular el paso de personas, Hamás introdujo un sistema que expeditaba la acreditación a dos días, frente a los dos meses que podía llevar obtener el permiso israelí para cruzar por los pasos legales. Los pasos fronterizos cumplían horarios de apertura y cierre; los túneles permanecían abiertos las 24 horas.

Hasta el 2009, los autos requerían ser desmantelados en Egipto y rearmados en Gaza; a partir de ese año pasaron a ser transportados enteros por estos túneles, manejados de un extremo al otro. Para fines de 2010 la red de túneles transportaba 170 toneladas métricas de materiales básicos por día. Para mediados del 2011 ingresaban a diariamente a Gaza por medio de estos túneles tres toneladas de grava, quinientas toneladas de varillas de acero y tres toneladas de cemento. Los túneles especializados en trasladar ganado vivo se multiplicaron por diez en un período de dos años, pasando de tres a treinta entre 2008 y 2010. "Gaza se transformó en un sitio en construcción", escribió Pelham. En 2008 los trabajadores en los túneles estaban mejor pagos que los de otros sectores de la economía palestina, alcanzando un pico de cinco veces más que un salario medio en Gaza y superando lo que ganaba un palestino empleado en la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania. Para 2010 se estimaba que los túneles de Gaza tenían 5.000 dueños y daban trabajo a 25.000 personas, que proveían a hogares en los que vivían alrededor de 150.000 gazatíes, casi el 10% de la población.

El impacto económico de la red de túneles en Gaza se cristalizó en la aparición de nuevos hoteles, restaurantes y cafés sobre la playa, que atrajeron a los nuevos ricos de la Franja, a palestinos exiliados y a turistas egipcios. Conforme Pelham señaló, empresarios palestinos de Cisjordania se quejaban de que autos último modelo se veían en las calles de Gaza antes que en las de Cisjordania. Los mercados de Gaza se colmaron de consumidores, y se podían conseguir billetes de alta denominación en los cajeros automáticos. Gaza pasó a exportar ilegalmente a Egipto chatarra, caballos de carreras, melones, manzanas, huevos y municiones, así como productos obtenidos en Israel tales como zapatos, celulares y gel para el cabello. Empresarios palestinos lavaron sus ingresos clandestinos en inversiones inmobiliarias en la zona egipcia de El Arish a un ritmo que provocó una suba en los precios de los terrenos. La propia plaza gazatí presenció un aumento en el valor de las propiedades. Tal era el clima de optimismo que un ministro de Hamás, Mahmud al Agha, pronosticó en 2012: "Dentro de dos años uno podrá tomar un ómnibus y recorrer todo el camino desde Gaza hasta Marruecos".

En sus mejores tiempos, la Comisión para los Asuntos de los Túneles recaudó cerca de 200 millones de dólares al año, lo que le permitió consolidar su poder y limitar el impacto negativo de las restricciones financieras internacionales sobre Gaza. Por otra parte, Hamás pagó un precio político en imagen por sus abusos en la administración de los túneles. El grupo fue criticado por colocar a su gente en las juntas directivas de las sociedades que administraban los túneles, por imponer tarifas a un negocio privado rentable y por los casos de corrupción. Se atribuyó a Hamás responsabilidad por la confección de un esquema financiero piramidal en el que inversores palestinos fueron estafados al realizar aportes para la creación de los túneles. Hubo alegatos contra miembros de Hamás por tener luz en sus hogares en épocas de cortes de energía y por hacer uso preferencial de estaciones de servicio en tiempos de escasez de nafta. Comandantes de Hamás fueron acusados de utilizar la red subterránea para evadirse de las represalias aéreas de Israel. Y se culpó a sus líderes de ocasionar la muerte de 160 niños palestinos empleados en los túneles, "donde, como en las minas de carbón victorianas", relataba Pelham, eran estimados por "sus pequeños cuerpos".

Pelham ofrece una mirada crítica de la política israelí hacia la Franja, a pesar de lo cual mantiene la objetividad para asegurar en el párrafo final: "En suma, mientras que los túneles han servido como motor de la reconexión de Gaza con la región, la realización última de este objetivo puede ser mejor asistida con su colapso". Al provenir de un periodista propalestino y de un texto aparecido en The Journal of Palestine Studies, nadie podrá descartar la apreciación por partidista.
 

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El nacionalismo es fascismo en potencia

Ernesto Ladrón de Guevara www.latribunadelpaisvasco.com  6 Enero 2015

El término “fascismo” se usa habitualmente como insulto, para descalificar sin razón científica alguna a un contrincante, cuando se carece de argumentos. No es este el caso. Cuando yo digo que el nacionalismo es el caldo de cultivo del fascismo lo digo desde la doctrina creada por la teoría política y por la historia de las ideologías del siglo XX.

Los nacionalismos tienden a crear un cuerpo doctrinal y un sistema que tienda a un totalitarismo que elimine de raíz cualquier fórmula de pluralismo político. La dinámica creada en Cataluña, donde los medios de comunicación carecen de la libertad para ser independientes, donde se trata de amordazar al poder judicial, donde se crea un ambiente cultural y social que persiga de una u otra forma a quien no comulgue con sus postulados, es característico de los preámbulos a un régimen que tenga como resultado un poder omnímodo y pocos controles democráticos. Y cuando digo nacionalismo me refiero a todas las opciones políticas que modulan esa supuesta ideología y que poco a poco van convergiendo en una solución que acabe con la libertad política. Lo vimos en tiempos del “Pacto de Lizarra” cuando ETA y los partidos nacionalistas firmaron un acuerdo para segregar e incluso eliminar toda formulación que no pasara por los postulados y estrategias para llegar a la gran Euskal Herria. Es decir la conjunción bajo el mismo signo político de Navarra y el actual País Vasco como paso previo para lograr la “nación étnica” que de forma tan elocuente describía Krutwig en su “Baskonia” que engarzaba con el proyecto del nazismo para crear la Europa de los pueblos que era lo mismo que la Europa de las etnias, aunque fueran de ingeniería social.

¿Cuál es el mecanismo psicológico que lleva a esta aberración y a que una masa social apoye estas ideas tan poco humanitarias? El miedo.

Miedo a la libertad. Miedo provocado por la sensación de falta de seguridad que dirige a las voluntades hacia modelos políticos cerrados y sin garantías constitucionales. Miedo a estar en un mundo global en el que las fronteras se disipan. Miedo al emprendimiento, a la búsqueda de horizontes nuevos, a la asunción de las diferencias interpersonales. Miedo a asumir que la vida es un tránsito en el que hay que adoptar decisiones y elegir caminos. Miedo a perder una identidad, aunque esta sea fracasada y creada en laboratorio.

Eso hace que se cometan atropellos sin que la gente mueva un dedo para solidarizarse con las víctimas de las conculcaciones de derechos fundamentales.

Mi amigo Jesús Laínz en "Libertad Digital" ha escrito uno de sus brillantes artículos titulado “Contra la Historia”. Extraigo uno de los párrafos que dice lo que sigue:

“Cuatro años antes, el 14 de noviembre de 1931, el periódico Nosaltres sols!, del cual era colaborador el mencionado Cruells, había sostenido que una de las causas del "aniquilamiento nacional" de los catalanes era la ignorancia, que les impedía darse cuenta de que no eran españoles, lo que tenía que ser combatido mediante el adoctrinamiento, especialmente el de los niños: [El subrayado es mío]

La única solución sería la de instruirlos, algo casi imposible si pasan de la treintena: árbol que creció torcido, difícilmente se endereza. Pero si de las generaciones de ahora no podemos esperar gran cosa, ¿cabe pensar lo mismo de las que llegan y las que vienen? Los niños y los jóvenes son dúctiles como la cera, y adoptan la forma que se les quiera dar.

Para conseguirlo, "los padres enseñarán o harán enseñar Historia catalana a sus hijos, por maestros catalanes", y deberían adquirir "obras apropiadas y de autores dignos de crédito". Encabezaba la lista Rovira i Virgili.”

Voy a poner un ejemplo más, como siempre hago en mis artículos.

Esta semana pasada el diario "El Mundo" denunciaba el caso de una joven de 16 años de Albacete que intentó escolarizarse en el modelo A en Éibar. Evidentemente, la apisonadora nacionalista, con la siempre inestimable ayuda de los socialistas que han pasado por el Gobierno vascongado, ha liquidado el modelo A, como si el euskera fuera la lengua hablada con carácter universal en la sociedad vasca. Pues esta chica, con un empeño digno de una buena causa, ha persistido en su empeño de matricularse en 4º de la ESO en su lengua materna, pues al haberse trasladado desde su ciudad de origen desconoce totalmente la lengua de inmersión –el euskera-. En un principio su petición se denegó por parte del Gobierno Vasco, hasta que, por fin, ha logrado a base de moverse mucho y denunciar el caso al Defensor del Pueblo, una plaza en un Instituto de Bilbao al que la joven aceptaba ir a pesar de tener que desplazarse todos los días. Este hecho que en cualquier lugar parecería absurdo, se viene produciendo en muchos más casos. Conozco bastantes ejemplos de tenerse que matricular en Miranda de Ebro para esquivar la losa del euskera en Álava.

Esta situación sería motivo de denuncia si se hubiera producido hace más de treinta años a la inversa, es decir si hubiera sido aplicada a vascohablantes. Y, entonces, como era habitual en aquel tiempo por parte de los nacionalistas, se esgrimiría el derecho a estudiar en la lengua materna. En aquellos tiempos esto era habitual. Los nacionalistas clamaban –con todo derecho- el respeto a la lengua materna cuando ésta era el euskera. ¿Por qué no ahora?

Por ejemplo, el líder del PSUC, Josep Benet, en “Combat per una Catalunya autónoma”, recogía, en su momento, el espíritu de la Conferencia Internacional de Luxemburgo en 1928 con especial dramatismo:

“Se tortura a nuestros niños durante los primeros años de escuela aprendiendo en una lengua que no es la materna”. “Los resultados analizados (desde 1928) mostraron que estos alumnos a los que se aplicaba un programa de cambio de lengua “casa-escuela” presentaban en general peores resultados académicos y niveles más bajos de inteligencia que aquellos niños en los cuales la lengua de instrucción y la familiar coincidían. A partir de estos datos, la Oficina Internacional de Educación manifestó públicamente que la Primera Enseñanza en lengua materna había de ser condición sine qua non para un pleno desarrollo académico y psicológico de los niños.”

Trías Fargas, de CiU y portavoz de “la Minoría catalana”, insistía con el mismo argumento en 1978 en el Congreso de los Diputados:

“Creo que es justo decir también que el derecho a la lengua materna es un derecho del hombre, un requisito pedagógico de la máxima importancia. Cambiar de lengua en la niñez dificulta extraordinariamente la capacidad del niño. Nosotros nunca vamos a obligar a ningún niño de ambiente familiar castellano a estudiar en catalán”. (Ramon Trías Fargas, CiU, Comisión Constitucional, debate sobre el art. 3 CE, 1978).

Pueden comprobar como una de las características de estos personajes nacionalistas es el ser unos mentirosos compulsivos y unos manipuladores maquiavélicos.

Cuando un tipo de política se superpone a los derechos individuales y genera situaciones de atropello a dichos derechos, esa forma de actuar no se puede calificar de democrática. Es todo menos democrática.

Por el contrario, el filósofo Emilio Lledó, galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas en su edición de este año afirma en su libro “Ser quien eres”:

“El descubrimiento, pues, de que la democracia se sustenta en la educación constituyó la esencia del legado democrático. Educación significó fomento y ejercicio de la libertad: libertad para poder pensar. Esa lucha por el pensamiento que nació de una liberación del mito como explicación de las cosas, implicó algo que, bajo el sonido de palabras adormecedoras, trivializadas por el uso, como libertad de expresión, podría desviarnos de ese ejercicio de la libertad. Porque no se trata solo de poder decir, de poder expresarse sino de poder pensar, de aprender a saber pensar para, efectivamente, tener algo que decir. ¿Qué importa la libertad de expresión si lo que expresamos es el discurso estúpido y vacío de las palabras mal sabidas, de los conceptos manipulados, incluso por nosotros mismos, de las ideas estereotipadas, convertidas en pringue ideológica que se recalienta en el rescoldo de nuestros miedos y de nuestros intereses?”.

Desvaríos de la justicia en España

José Antonio Yturriaga www.vozpopuli.com  6 Enero 2015

Los jueces, como cualquier persona, pueden equivocarse –“errare humanum est”-, pero últimamente se están multiplicando los errores judiciales en España, lo que pone de manifiesto que hay algo que no funciona bien en su sistema judicial. Las sentencias controvertidas abundan en los tribunales más politizados, como la Audiencia Nacional (AN) o el Tribunal Constitucional (TC), pero también se producen en el Tribunal Supremo (TS). Sorprende no ya la interpretación que los juzgadores hacen a veces de la ley y el subjetivismo en su apreciación, sino la desnaturalización de los hechos probados para poder deducir de ellos las deseadas consecuencias jurídicas.

Desvaríos del Tribunal Constitucional
Algunos ejemplos. El Estatuto adoptado por el Parlament decía que Cataluña era una nación con derecho al autogobierno, que los poderes de la Generalitat emanaban del pueblo y que la lengua catalana tenía prioridad sobre la española, pero -en su sentencia de 2010- el TC recurrió a interpretaciones forzadas para conformarlo a la Constitución. Como señaló el magistrado Vicente Conde, salvó la constitucionalidad del Estatut negando lo que decía y haciéndole decir lo que no decía, lo cual -además de un error- suponía la abdicación de la estricta función jurisdiccional. En una sentencia de 2011, el TC afirmó que el derecho de huelga prevalecía sobre el derecho al trabajo y que los delitos que se cometieran en su ejercicio no podrían ser sancionados, porque el amparo del derecho fundamental excluiría la antijuridicidad y, si la conducta era objetiva e inequívocamente huelguística, resultaría constitucionalmente reprochable la imposición de una sanción penal. En otra sentencia de 2012, el Tribunal dio valor prioritario al derecho a crear partidos políticos, aunque no se cumpliera lo requerido por la ley y se ejerciera fraudulentamente el derecho de asociación. Rechazó las pruebas admitidas por el TS sobre la ilegalidad de SORTU porque su oposición estatutaria a la violencia constituía un indicio suficiente para contrarrestar o diluir la eficacia probatoria de otros elementos de convicción. Ha adoptado un relativismo “pirandelliano” –“así es, así os parece”- con el que sustituye la realidad objetiva por la impresión subjetiva.

Desvaríos de la Audiencia Nacional
La AN ha dictado numerosas sentencias reprobables, como la exculpación de colaboración con banda armada de los autores del “chivatazo” en el “caso Faisán” o la excarcelación de narcotraficantes por una interpretación inadecuada de la LOPJ. Uno de sus últimos despropósitos ha sido el pronunciamiento contradictorio de sus salas al decidir sobre si se debía deducir a los criminales etarras el tiempo de pena cumplido en cárceles de otros Estados miembros de la UE. Mientras la Sala Primera se pronunció por la afirmativa y ordenó la liberación de Santiago Arróspide y de Alberto Plazaola, la Segunda se la negó a Ignacio Bilbao y la Tercera a Kepa Pikabea. La Fiscalía ha recurrido al TS la decisión de la Sala Primera y Pikabea la de la Tercera.

Los magistrados de la Sala de lo Penal del TS se dividieron 9 contra 9, por lo que se acordó dejar la decisión a las salas de la AN, pero -ante las divergencias producidas- la cuestión ha sido trasladada al Supremo, quien ha decidido aplazar su resolución hasta el 13 de Enero. La Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría expresó su extrañeza por las disparidad de criterios de la AN al apreciar los mismos hechos, y el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, calificó de “lamentable” la excarcelación de etarras, por lo que13 magistrados del TS –hipersensibles a una crítica razonable- han pedido a su Presidente que solicite al Gobierno que ponga coto a este tipo de declaraciones. Las diferencias derivan de la interpretación de la decisión-marco del Consejo Europeo 2008/675/JAI, que establecía una obligación mínima de los Estados miembros de la UE de tener en cuenta –con motivo de un proceso penal contra una persona- las condenas pronunciadas por otros Estados miembros contra dicha persona por hechos diferentes, y de atribuir a tales condenas efectos equivalentes a las dictadas por los órganos judiciales nacionales.

Esta decisión -no excesivamente clara en su formulación- tenía por objeto aumentar la colaboración y facilitar el intercambio de información entre los Estados comunitarios para prevenir infracciones penales, pero ha sido interpretada en el sentido de que obliga a tomar en consideración el tiempo de condena sufrido por el reo en una cárcel extranjera y desquitarlo del que le correspondiera cumplir conforme a la sentencia del juez nacional. La decisión debería haber sido incorporada al ordenamiento español antes del 15 de Agosto de 2010, pero no lo fue hasta el 13 de Noviembre de 2014 mediante la Ley Orgánica 7/2014, cuyo artículo 14-2 prevé que las condenas dictadas en otros Estados no tendrán ningún efecto sobre las sentencias dictadas con anterioridad a aquéllas por jueces españoles, ni sobre las resoluciones adoptadas para la ejecución de las mismas. La Ley establece en una disposición adicional que en ningún caso serán tenidas en cuenta para su aplicación las condenas dictadas en otros Estados con anterioridad al 15 de Agosto de 2010.

La Sala Primera de la AN estimó que, en ausencia de normas que regulasen expresamente la materia, la interpretación de las vigentes debería realizarse de la manera más conforme posible con el contenido de la decisión comunitaria. La Sala Segunda, en cambio, consideró que las decisiones no traspuestas al derecho nacional no tenían efecto directo y que los hechos por los que se había condenado a Bilbao en España habían sucedido con anterioridad a los que provocaron la sentencia francesa. En su recurso, la Fiscalía General del Estado ha mantenido que, tras haberse dictado una sentencia condenatoria, cesa la posibilidad de acumular penas impuestas por hechos cometidos con posterioridad. El tema es jurídicamente complejo y habrá que esperar a la decisión que adopte la Sala de lo Penal del TS, mas no parece lógico que una directiva dictada para mejorar la cooperación en la lucha contra el crimen sirva para reducir el tiempo de condena de los criminales.

Desvaríos del Tribunal Supremo
El TS nos ha dejado sendas “perlas” jurídicas en dos resoluciones recientes. De un lado, ha anulado la sentencia dictada por la AN que condenó a dos nacionalistas catalanes a un año de prisión por exaltación del terrorismo, al haber exhibido en una manifestación en 2012 grandes fotos de presos etarras con la leyenda “Amnistía”. El fallo del Tribunal ha señalado que la conducta de los acusados estaba “teñida de ambigüedad” y se encontraba “en el límite exterior de lo punible”, pero no cabía afirmar que describiera conductas inequívocas de enaltecimiento o justificación de crímenes terroristas o de sus autores mediante acto o palabra de elogio, alabanza o mérito (¿?). Concluía que, ante la naturaleza constitucional de los derechos de libertad de expresión, en los supuestos límites debería jugar el principio de “favor libertatis”. De otro, ha revocado la condena a 7 meses de prisión por desobediencia al diputado comunista y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y a otros dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores, por la ocupación durante 18 días de una finca en Osuna.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró probado que un Capitán de la Guardia Civil recordó diariamente a los ocupantes que deberían desalojar la propiedad porque estaban cometiendo un delito de ocupación ilegal, y estimó que éstos habían incurrido en grave desobediencia y contumaz rebeldía, “ignorando –por no decir desafiando- voluntaria y abiertamente los requerimientos de la autoridad”. El TS ha reprochado al TSJA no haber identificado suficientemente el mandato que habrían desobedecido los acusados, ya que, para que hubiera delito, se requería una orden terminante y expresa. El juez de Osuna había dictado una resolución por la que ordenaba el “inmediato desalojo” de la finca, pero el TS ha estimado sorprendentemente que la orden iba dirigida a las fuerzas de seguridad y no a los ocupantes. Sólo le ha faltado condenar a la Guardia Civil por no haber obedecido la orden del juez.

El cinismo de Amaiur
ENRIQUE DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ CAMPOS www.gaceta.es 6 Enero 2015

Este gobierno no ha tenido tiempo de hacer nada de eso porque este Partido Popular no es el partido que Vd esperaba. Y a las pruebas me remito.
Está claro que este gobierno de centroizquierda apoyado por el Partido Popular de Mariano Rajoy sólo ha puesto todos los huevos de su quehacer político en una única cesta, la de Economía, para tratar de ser reelegido por el sabio pueblo español en las próximas elecciones, a pesar de que ese pueblo haya demostrado históricamente equivocarse, influido por una premeditada política de contracultura, en momentos críticos y trascendentales.

No ha habido ningún otro asunto en España que desde noviembre del año 2011 haya preocupado a ese gobierno. Ni la despolitización de la Justicia, politizándola aún más. Ni la reconversión profunda de la enseñanza media y universitaria, buscando sólo una tímida reforma para no enfadar a los únicos y legítimos amos de esta materia en nuestro país: las izquierdas lideradas por el PSOE. Ni romper las ataduras que el anterior gobierno socialista asumió para rendirse ante los asesinos de la ETA y todo su entorno, humillando así a las víctimas del terrorismo –que somos todos los españoles- hasta extremos inimaginables. Ni derogar por decreto –como hizo el anterior gobierno socialista- la aberración de una ley de aborto basada en el “derecho de la mujer” para asesinar al hijo que lleva en su seno. Ni suprimir por decreto una Ley de memoria Histórica que lo que ha conseguido es dividir aún más a los españoles, enfrentados ya en este cantonalismo autonómico que estamos sufriendo y soportando. Ni modificar la Ley Electoral para que sea igualitaria en todo el territorio nacional con el lema único de “un hombre un voto”. Ni… todo lo que usted, amigo lector quiera añadir, incluido el tremendo asunto del nacionalseparatismo y la asquerosa corrupción.

Pues no señor. Este gobierno no ha tenido tiempo de hacer nada de eso porque este Partido Popular no es el partido que Vd esperaba. Y a las pruebas me remito. Ha optado por el continuismo político del gobierno anterior en todos los sentidos, incluso en el económico, habida cuenta que quien lo está sacando del atolladero en el que los políticos metieron a España es la clase media española a base de exprimirla a impuestos. ¿Reestructura el gasto público de este Estado elefantiásico para disminuir gastos? ¡De ninguna manera! ¿Dónde iban a encontrar trabajo y buenos sueldos políticos, afiliados, amigos, familias y cientos de miles de empleados públicos que triplican las funciones que podría hacer el Estado centralizado?

Pues bien, en relación con aquella sectaria, innecesaria, revanchista y manipuladora Ley de Memoria Histórica, que tanto daño ha causado en los últimos años por el enfrentamiento estúpido entre los españoles y que este gobierno la ha mantenido en vigor reiterando, además, su compromiso con el desarrollo de la misma, el Ministerio de Defensa la ha utilizado para justificarse ante un diputado de Amaiur llamado Sabino Cuadra, uno de los que han sido amigos, o colaboradores o admiradores, de los asesinos terroristas de ETA.

Resulta que el tal Cuadra interrogó al gobierno (?) sobre las repatriaciones de los restos mortales de los voluntarios españoles que, encuadrados en la División Azul, lucharon en la Unión Soviética contra los comunistas. Y, al parecer, en la colaboración que el gobierno español estaba prestando en tal repatriación. Injustificable colaboración para todo aquel que, como los proetarras, odian a España. Además, este individuo se atrevía a comparar esa repatriación y sus gastos con la falta de financiación para exhumar a las “víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura en España” que este gobierno de centroizquierda “ha impuesto en los últimos años” por sus conocidos “recortes”.

Ante la pregunta de este individuo, diputado de Amaiur por la gracia de este gobierno que lo ha permitido y de su Justicia que lo respalda, la respuesta del Ministerio de Defensa no puede ser más exhaustiva. Dando toda clase de explicaciones al tal Cuadra, aseguró que “entre 2006 y 2011, se habían destinado más de 25 millones de euros a las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, de los que 8,2 millones (casi el 40%) se habían dedicado a la localización de fosas”.

¿Se darán cuenta los españoles de cómo se gasta su dinero., en qué se gasta su dinero, y quiénes son los beneficiarios de ese gasto? Son conscientes los españoles de la importancia de su voto en el momento de depositarlo en las urnas? Porque me resulta del todo incomprensible que el zapaterismo, después de sus humillantes acuerdos con la ETA desde el año 2002 y de una primera legislatura donde se condimentaron las más disparatadas leyes sociales que hay conocido España, volviera a ser reelegido en el año 2008. O que este Partido Popular, en el que tantos millones de españoles depositaron su confianza, les haya traicionado en tanto temas de carácter político que se esperaba fueran el antídoto de lo aprobado por aquel zapaterismo.

El Ministerio de Defensa aclaraba también al proetarra Cuadra que, además de haber diseñado ya el Mapa de Fosas de la Guerra civil, se ha determinado la existencia “de 2.382 enterramientos y la identificación de 45.134 víctimas”, víctimas, al parecer, de la guerra y la dictadura, según el informe pepero. Y todo ello, vuelvo a insistir, en función de una Ley de Memoria Histórica que es lo más antihistórica que se haya diseñado en el ámbito legislativo.

Sería conveniente recordar a todos –socialistas, comunistas, proetarras, separatistas y demás grupos de esta partitocracia insoportable y dictatorial que lo domina todo- que en la guerra civil española murieron, en total, unas 385.000 personas entre los dos bandos enfrentados (unas 274.000 en combate, por enfermedad y hambruna; 73.000 ejecutados por los rojos y 37.500 ejecutados por los nacionales). No un millón como se decía en la novela de José María Gironella, o 750.000 como se le ocurrió decir a Ramón J. Sender, o los 400.000 ejecutados por el bando nacional, como dijo Jackson en 1965, o los 200.000 de Preston, o los 208.000 que parecía contabilizar el señor Tamames, o… Nadie ha podido rebatir las cifras de los hermanos Salas Larrazábal, que son los de 385.000 muertos que causó aproximadamente aquel desastre, basándose en la relación depositada en el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid.

Y terminada la guerra, los ejecutados durante la década de los años cuarenta por delitos de sangre por parte del “terrorífico régimen franquista” –entre los cuales pudo haber, sin duda, trágicos errores a pesar de ser procesados y juzgados- fueron unos 23.000 los muertos. Terminado este proceso después de la guerra, en el que se incluyeron los comunistas que pretendieron invadir España por el Valle de Arán y los terroristas que quedaron del maquis, las ejecuciones en España fueron mínimas.

Al igual que en el 95% del resto de las naciones, en España se mantenía vigente la pena de muerte. Desde 1948 a 1959 las ejecuciones en nuestro país fueron de una media de cuatro al año por delitos de sangre. Las condenas a muerte posteriores por delitos terroristas fueron 3 en 1963, 2 en 1974 y 5 en 1975. Es decir, diez condenas en 16 años. Estos son datos complementarios para toda la partitocracia española, incluidos los proetarras de Amaiur. Y si alguien tiene curiosidad, que compare estas cifras con las de otras muchas naciones en esos períodos de tiempo.

Después de esta información complementaria me interesaría conocer a qué bando de la Guerra Civil corresponden las 45.134 víctimas identificadas con que el Ministerio de Defensa informaba al proetarra Cuadra. En definitiva: ¿quiénes eran esas víctimas y de quién o quiénes lo habían sido?

Por cierto, ¿por qué el Ministerio de Defensa no pregunta a Amaiur quiénes han sido los asesinos de ETA de los más de 300 muertos cuyos expedientes están aún sin ser resueltos? Porque esos asesinatos tienen nombre y apellidos y las víctimas del terrorismo tienen todo el derecho a saber quiénes fueron sus verdugos. Y seguramente algunos de éstos son muy conocidos por los elementos de Amaiur.

Por último, es lógico que a toda esta partitocracia izquierdista (y de extrema izquierda) y a este gobierno de centroizquierda les resulte molesto eso de repatriar cadáveres de españoles que murieron enfrentándose al comunismo en la mismísima URSS. O que, al menos, este gobierno de centroizquierda no se encuentre cómodo teniendo que dar explicaciones sobre algo que no le reporta ningún beneficio electoral.

Por ello debe quedar constancia de que, a quien verdaderamente hay que agradecer esas repatriaciones, es a la Asociación de Españoles Desaparecidos en Rusia, que es quien se preocupa de repatriar los restos de los que heroicamente dieron su vida por defender en aquellos tiempos la civilización occidental, hoy menospreciada, ridiculizada y olvidada.

ARANTZA QUIROGA
La lenta agonía del PP vasco
Cayetano González Libertad Digital  6 Enero 2015

El último Euskobarómetro del profesor Francisco Llera, hecho público el pasado 26 de diciembre, confirmaba lo que para algunos era ya desde hace tiempo una realidad: la práctica desaparición del PP del mapa electoral del País Vasco. Concretamente, la predicción demoscópica otorgaba a los populares vascos menos de 100.000 votos (8,1%), lo que le supondría obtener 6 diputados en el Parlamento autonómico, de un total de 75. Con estos resultados el PP sería la quinta fuerza política del País Vasco, muy por detrás del PNV, Podemos, EH-Bildu y PSE.

Para que estas nefastas previsiones electorales puedan ser interpretadas mejor, convendría recordar otros resultados electorales alcanzados por el PP vasco en elecciones autonómicas. En 1998, con Carlos Iturgaiz de candidato a lehendakari, los populares sacaron 252.000 votos (20,1%) y 16 diputados. En 2001, con Jaime Mayor Oreja como aspirante al sillón de Ajuria Enea, el PP obtuvo 327.000 votos (23,1%) y 19 diputados, lo que le aupó a la condición de segunda fuerza política; en 2005 fue María San Gil la candidata a lehendakari, y sus resultados fueron 210.000 votos (17,4%) y 15 diputados. En el 2009, con Antonio Basagoiti, el PP vasco obtuvo 146.000 votos (14,1%) y 13 diputados; en el 2012 repitió Basagoiti, que sacó 130.000 votos (11,73%) y 10 diputados. Al cabo de unos meses, Basagoiti dimitió como presidente del PP vasco, abandonó la política y se fue a vivir y a trabajar a México, dejando al frente de los populares vascos a Arantza Quiroga.

La actual presidenta del PP vasco, que fue elegida para ese puesto en un movido Congreso el pasado mes de marzo, en el que tuvo enfrente a los populares alaveses, liderados por el ministro de Sanidad y sorayo de pro, Alfonso Alonso, ha dicho este domingo en una entrevista en el Diario Vasco: "O el PP vasco renueva su proyecto o iremos a una lenta agonía". No parece que la conclusión a la que ha llegado Quiroga le haga merecedora de un premio a la perspicacia en el análisis político. Basta con ver la evolución electoral descendente descrita anteriormente y fijarse en lo que dicen las encuestas para llegar a esa conclusión.

Tampoco muestra Arantza Quiroga en la citada entrevista ningún atisbo de autocrítica que pudiera explicar el "cómo hemos llegado hasta aquí". Algo que debería hacer, ya que ella formó parte del equipo que en el 2008 –tras la marcha de María San Gil– aupó a Basagoiti a la presidencia de los populares vascos. Equipo del que también fueron piezas destacadas el defenestrado por la propia Quiroga Iñaki Oyarzabal, el inefable Borja Semper, el vizcaíno Antón Damborenea o el ya citado Alfonso Alonso. Eran los tiempos del PP vasco "pop" y "guay", términos ridículos utilizados por sus propios dirigentes, que además proclamaban a los cuatro vientos, sin que se les cayera la cara de vergüenza, que había que sacar al PP vasco de las catacumbas, transmitiendo de esa forma una especie de mala conciencia del pasado reciente de los populares vascos, un pasado brillante que estuvo marcado por la resistencia heroica ante el terrorismo de ETA y ante el nacionalismo obligatorio impuesto por el PNV.

Para justificar los cambios de caras que pretende introducir en las candidaturas para las elecciones municipales y forales de mayo, Quiroga argumenta: "La situación política ha cambiado, el futuro va a ser diferente y el PP tiene que adaptarse para ser útil a la sociedad". Dicho de otra manera: como ETA ya no mata, el PP no puede seguir siendo el partido con un discurso "incómodo" y "antipático" para muchos vascos, que denuncie, por ejemplo, que el brazo político de ETA ha vuelto y está en las instituciones. Aunque, bien pensado, me imagino que la presidenta del PP vasco no quiere caer en la esquizofrenia de denunciar eso cuando el presidente del Gobierno y de su partido, Mariano Rajoy, no ha hecho nada para evitarlo.

El problema que tienen Quiroga y, con ella, los demás dirigentes del PP vasco es que, desde hace tiempo –concretamente desde el 2008, cuando María San Gil decidió dimitir e irse a su casa, ante la deriva que vio en la política de Rajoy frente a ETA y a los nacionalismos–, los populares vascos han dejado de ser un referente de nada y de nadie. Han perdido, porque se han empeñado en ello, su razón de ser, que en una parte de España tan castigada por el terrorismo y tan dominada por el nacionalismo como es el País Vasco no puede ser otra que defender la libertad, la democracia y la Constitución.

Eso es lo que durante muchos años hizo grande al PP vasco y lo que provocó que fuera admirado, respetado y querido por muchos españoles y votado por un gran número de vascos. Sin embargo, y eso es lo que Quiroga y el resto de dirigentes del PP vasco no quieren ver, cuando te haces irreconocible, como le ha sucedido al PP vasco en los últimos años, ni te votan, ni te respetan, ni te quieren ya ni los tuyos. En esa situación, todo se reduce a una serie de quitas internas, a personalismos, a mediocridades; en suma, que en el fondo son una ofensa para todos los que a lo largo de estos años dieron literalmente su vida o dejaron los mejores años de ella por defender los valores de la libertad y de la paz.

Por eso, sí, tiene razón Arantza Quiroga: el PP vasco seguirá su lenta agonía, porque ni su actual presidenta ni ninguno de los otros dirigentes han dado muestras de entender nada de por qué han llegado a esa situación y por lo tanto serán incapaces de darle la vuelta a la misma. Añádase a esto que a Rajoy no parece importarle en exceso la debilidad extrema de su partido en comunidades como Cataluña y el País Vasco. Su idea ha sido y seguirá siendo entenderse con el PNV y con CiU desdeñando a su propio partido, por lo que la conclusión es evidente: entre el original y la fotocopia, la gente siempre elige lo primero.

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