AGLI Recortes de Prensa   Sábado 17  Enero 2015

Hipócritas y cobardes
Enrique Arias Vega Periodista Digital 17 Enero 2015

No es cierto que el Islam sea ajeno al terrorismo actual.

Lo sería si algunas matanzas fuesen reivindicadas por el luteranismo, el budismo, el catolicismo o el sintoísmo, pongo por caso. Pero no es así. Aunque, claro está, reconocerlo resulta políticamente incorrecto.

Le sucedió a la fallecida periodista Oriana Fallacci, quien mientras no criticaba a la izquierda o fue novia del torturado Alekos Panagulis, era alabada por el sedicente progresismo de la época. En cuanto comenzó a denunciar la decadencia de la civilización occidental, amenazada por el fundamentalismo islámico, se la trató casi como a una apestada.

Pero ya me dirán: más allá de los últimos atentados de París, ¿cuántos miles de personas son asesinadas diariamente por los grupos armados islamistas, llámense Boko Haram, Al Qaeda o Estado Islámico? ¿Y quién ha armado a esos grupos sino los propios países occidentales y democráticos que, por serlo, están en su punto de mira?

No hace muchos años, aún existían en el Próximo Oriente estados laicos. Brutalmente antidemocráticos, pero laicos. Gracias a la intervención occidental en Irak, Libia, Siria,… ahora existen amplias zonas de represión incluso más brutal que antes, con muchos más miles de muertos, pero, eso sí, asesinados en nombre del valor supremo del islamismo. ¡Menudo negocio ha hecho un Occidente inerme que se dedica a dar armas a sus enemigos!

Eso es así aunque resulte políticamente incorrecto el reconocerlo: ¡encima no se nos vayan a cabrear!

De ahí la hipocresía de nuestros políticos y la cobardía de cierta izquierda que prefiere mantenernos en peligro antes que cuestionar los presuntos derechos de los terroristas. Quizá sea porque nosotros no llevamos escolta, como ellos. Quizá sea porque a nosotros no nos importa que se sepa si viajamos a Benidorm o a Mozambique y a ellos les molesta que sepamos si viajan a las Bahamas o a Suiza.

Lo cierto es que marear el peligro terrorista en vez de afrontarlo con sinceridad también acabará por pasar factura a unos políticos más pusilánimes que honestos.

Un atentado de falsa bandera
Luis del Pino Libertad Digital 17 Enero 2015

Los primeros insultos que recibí por investigar el 11-M fueron los que me dirigió en su blog un conocido dirigente ultraderechista. Sabía, cuando comencé a investigar el 11-M, que antes o después me lloverían los palos, pero he de confesar que aquello me cogió de sorpresa. Yo esperaba que los palos me llegaran por la izquierda, procedentes de personas para las que denunciar la grosera falsedad de la versión oficial del 11-M era hacerle el juego al PP. Pero resulta que no: aquellos insultos llegaban desde un lugar insospechado.

Después, fue un excéntrico periodista, también en la órbita de la ultraderecha, el que estuvo dirigiéndome, durante años, todo tipo de insultos. Y lo más sorprendente era la visceralidad que esos insultos destilaban.

Tardé mucho tiempo en comprender qué era lo que estaba pasando, pero al final logré entenderlo: lo que a aquel sector ideológico le molestaba era que yo dijera que el 11-M no había sido un atentado islamista, pero no por las interpretaciones políticas que eso pudiera tener, sino porque aquello arruinaba todo el discurso islamófobo basado en agitar el miedo al yihadismo.

¿Y en el resto del panorama político? Inicialmente, algunos sectores próximos al PP veían con agrado las investigaciones del 11-M... siempre que no pusieran en cuestión la versión oficial. Eran sectores dispuestos a intoxicar con una eventual participación de ETA, siempre y cuando las hipótesis incluyeran también a los islamistas: que si contactos entre presos de ETA e islamistas en las cárceles; que si El Chino era primo del cuñado de una amiga del panadero de Josu Ternera, etc. Pero en cuanto mencioné por primera vez la hipótesis de que el 11-M no había sido ni ETA, ni Al Qaeda, sino una operación de inteligencia, se acabaron las amistades con ese sector del PP y se me cerraron las puertas.

El resto de la clase política, incluyendo al PSOE y a otros sectores del PP, cerró filas en torno a la versión oficial, y se dedicó a bombardear a la opinión pública con una consigna muy burda, pero muy efectiva: "o fue ETA, o fue Al Qaeda; por tanto, todo aquel que no crea que fue Al Qaeda, es un conspiranoico que está tratando de inculpar a ETA".

Como yo sostenía que aquella disyuntiva era falsa, y que a lo mejor no habían sido ni ETA, ni Al Qaeda, la táctica que me aplicaron fue... la del ninguneo. La misma técnica que aplicaron a todas aquellas víctimas del 11-M que se atrevieron a denunciar en sede judicial la falsedad de las pruebas del caso. He publicado centenares de artículos sobre el 11-M, con datos que demuestran cómo se manipularon las pruebas de aquella masacre. Sin embargo, me cabe el dudoso honor de no haber sido mencionado nunca en El País. Lo cual es buena señal: si hubiera metido la pata en algún artículo, habrían dedicado incontables portadas a ridiculizarme. Pero como no pudieron pillarme por ningún lado, optaron por ignorarme y seguir repitiendo la consigna, para que calara bien en los españoles, sobre todo en los de izquierda: "O es ETA, o es Al Qaeda", "O es ETA, o es Al Qaeda",...

¡Y vaya si caló la consigna!
A raíz del atentado contra Charlie Hebdo, el humorista Willy Toledo publicó en las redes sociales un mensaje sosteniendo que el vídeo del asesinato de un policía en las calles de París era un montaje. Aquel mensaje de Willy Toledo fue compartido más de 6.000 veces en Facebook y recibió centenares de comentarios, los cuales me molesté en leer uno por uno. Y aquellos comentarios se dividían aproximadamente en dos mitades: los que entraban para insultar a Willy Toledo o preguntarle que si estaba pirado; y los que entraban para apoyar a Willy Toledo y para denunciar que lo de París era un montaje como (¡tachán, tachán!)...el atentado contra la Torres Gemelas de Nueva York.

Observen ustedes la profunda esquizofrenia de un sector de la izquierda española: está dispuesta a denunciar como un montaje de los servicios secretos el atentado de París y el de Nueva York, pero al 11-M, donde sí que hay datos abrumadores de manipulación de las pruebas, no se atreve ni siquiera a mencionarlo. Ni para bien, ni para mal. El 11-M se ha convertido en un tema tabú para la izquierda española.

Gracias al bombardeo con aquella famosa consigna ("o es ETA, o es Al Qaeda"), la izquierda española ha acabado interiorizando que cuestionar la autoría de Al Qaeda en el 11-M equivale, sí o sí, a achacar la autoría a ETA. Cuando en realidad, el 11-M es el único gran atentado de Al Qaeda del que tenemos pruebas más que suficientes para afirmar que fue un atentado de falsa bandera, una operación de servicios de inteligencia.

¡Pobre izquierda española! Está dispuesta a denunciar como falsos todos los atentados islamistas del mundo mundial... salvo el 11-M, que tuvo que ser Al Qaeda, sí o sí. Es genial. Resulta espectacular hasta qué punto puede llegar la autocensura cuando los medios repiten las consignas un número suficiente de veces.

Venga, chicos, repetid conmigo unas cuantas veces: "No fueron ni ETA, ni Al Qaeda". Veréis cómo no pasa nada. Y cómo el romper los tabúes hace que uno se sienta aliviado.

@ldpsincomplejos

El asalto a la tolerancia
Teresa González Cortés www.vozpopuli.com 17 Enero 2015

Cuando un fundamentalista metió en la cárcel a Miguel Servet y decidió llevarlo a la hoguera por sus pensamientos, Sébastien Castellion, un hombre enclenque y de mala salud pero, en humanidad, de tamaño colosal, se alzó frente a Calvino, autor, al fin y a la postre, de la ruina del aragonés. Y un Castellion firme y contra viento y marea no solo denuncia los errores delirantes del poderosísimo líder religioso suizo, sino que en su libro Contra el libelo de Calvino (c. 1554), tan olvidado como igualmente impresionante, escribiría: “matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre”.

Lapidar al que causa risa
La publicación de las 12 viñetas sobre Mahoma en el diario danés Jyllands-Posten conllevó, junto al boicot comercial a Dinamarca, un sinfín de manifestaciones, orquestadas en el mundo islámico contra las viñetas… y los autores de las mismas. Otros caricaturistas que incorporaron a Mahoma en un capítulo de la serie animada South Park serían amenazados de muerte, también.

Dibujantes políticos, amén de cientos de periodistas y blogueros árabes, son perseguidos por las propias autoridades que reprimen la libertad de expresión, cuando no, golpeados hasta romperles las manos, fue el caso de Ali Ferzat (Siria), o ahogados en gas tras serles destrozados todos sus huesos, fue el caso de Ahmed Bassiouny (Egipto).

Instaurado en Occidente, en señal de apoyo a la libertad de expresión, el Día de dibujar a Mahoma, la publicación semanal Charlie Hebdo buscaba en la ironía de sus dibujos, en la parodia, la carcajada del lector. El lápiz, no las balas, la libertad, no la dictadura de la censura, le han servido al rotativo Charlie Hebdo para oponerse a quienes carecen de sentido del humor y alimentan desde una supuesta superioridad moral toda clase de extremismos políticos. Pese al esfuerzo editorial de los trabajadores de Charlie, unos fanáticos, espoleados por los Calvino de hoy, optaban por aniquilar a quienes tenían ideas que no eran las suyas.

Juicios y prejuicios
En nuestra época la intolerancia viste atuendos fatales que siembran terror y sangre allí por donde pisa. E igual que en tiempos desgraciadamente recientes grupos de irlandeses se liquidaban entre sí y, en el País Vasco, españoles asesinaban a españoles, de la misma manera hemos visto estos días a los hermanos Said y Cherif Kouachi, franceses de nacimiento, disparar a franceses. El cainitismo, por más que se arrogue de factores diferenciales, es una de las características inherentes al radicalismo ideológico.

Otro tanto acontece en Siria cuyas víctimas, civiles, sufren las consecuencias de una guerra que enfrenta a assadistas y contraassadistas. Lo mismo ocurre en Irak cuyos ciudadanos no hacen sino padecer la islamización à la force por parte de sus hermanos (???) árabes de la coalición ISIS. Y, claro está, en Pakistán donde, a tenor del informe Global Terrorism Index (p. 18), los talibanes han logrado el dudoso honor de lograr que Pakistán exhiba uno de los peores récords del mundo con 2.345 personas muertas y más de 5.000 personas heridas en casi un total de 2.000 actos terroristas consumados en 2013.

El terrorismo quita la vida a los demás. Y, como suelo repetir, la población civil, inerme e indefensa, es la que siempre soporta las peores humillaciones de quienes, en nombre de una ideología del absoluto, se erigen en dueños del curso de los acontecimientos, de la Historia y de sus habitantes. Lo sabemos por las personas que murieron en la irrupción al supermercado judío parisino. Lo sabemos por el policía musulmán Ahmed Merabet, abatido por uno de los hermanos Kouachi, también musulmán. Lo sabemos por la tragedia vivida en la ciudad de Baga, en el estado nigeriano de Borno, cuando una niña de 10 años, junto a otras dos mujeres suicidas, explotaba en el interior de un supermercado abarrotado de gente llevándose consigo la vida de al menos 23 personas y provocando otras decenas de heridos más. La autoría de este atentado ha recaído en el grupo islamista nigeriano Boko Haram que, en un segundo ataque, ha masacrado a 2.000 personas, también nigerianas. Y la amenaza yihadista, con sus genocidios, parece extenderse a Libia, Mali, Níger, República Centroafricana…

Democracia
¿Cómo lograr que la protección a las personas sea un valor moral a la vez que un deber político? Pues a través de esa vía pacífica que se llama “democracia”. Por eso, ante la intolerancia, los gobiernos deben fortalecer y profundizar las estructuras del estado de derecho, basadas en el respeto de los derechos humanos.

Se equivoca Marine Le Pen al reclamar la suspensión de la Europa sin fronteras. Y se equivoca, digo, porque detener los avances democráticos no frena las amenazas de terrorismo. Y dado que no tiene relación con dónde ha nacido uno o qué apellidos porta, el terrorismo es un asunto de intolerancia, de falta de respeto a los derechos humanos, problema gravísimo que se agudiza aún más dentro de las naciones que no son democráticas, hasta el punto de que, lo recalcó Gustavo Bueno Sánchez, “los 45 países que formaban parte en 1990 de la Organización de la Conferencia Islámica, adoptaron en El Cairo la “Declaración de Derechos Humanos en el Islam” que […] establece la ley de la sharia como 'la única fuente de referencia para la protección de los derechos humanos en países islámicos'”.

Por tanto, alejarse de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU no es un camino para la convivencia humana. La prueba está en ciertas élites que fomentan el guerracivilismo, dedicadas a suministrar armas, teléfonos satelitales, material de asalto… a organizaciones yihadistas e individuos sin recursos. Y ello con el fin de que perpetren todo tipo de barbaries. Y cuando hablo de élites antidemocráticas no me refiero solo a la retrógrada clase política saudita e iraní jomeinista, entre otras. Me refiero asimismo al papel crucial que juegan ciertos imanes fanáticos que, entre col y sermón, se dedican a alabar las bondades de la guerra delante de los feligreses. Y a radicalizar a los Kouachi de turno que pasan de la abducción metafísica a la muerte física con kalashnikovs.

Los pactos de Mahoma
De Mahoma conocemos su profunda iconofobia, su aversión a que la divinidad fuera simbolizada pictórica y escultóricamente. Pero, ¿por qué entonces se admite pintar con la sangre de las víctimas la voluntad de Alá? En este sentido tiene razón el Rector de la Gran Mezquita de París cuando recalca, entrevistado hace unos días por Christiane Amanpour, la necesidad de abandonar el Islam político e introducir reformas para la instrucción de los imanes.

No sé si el citado Rector quiere rescatar la tesis, audaz, del cordobés Abū l-Walīd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd, más conocido por Averroes (1126-1198). En cualquier caso, la teoría filosófica de Averroes dotó a Occidente de los rudimentos políticos necesarios para proceder a la separación entre Iglesia y Estado. Por supuesto, y hasta que esto llegue a plasmarse en las actuales tiranías teocráticas islámicas, tenemos que insistir en uno de los documentos de la obra de Mahoma, hoy sepultado por abandono u omisión, y que lleva por título El pacto del profeta con los monjes del Monte Sinaí. En dicho texto Mahoma o Mohammed recalcaba el deber de proteger la vida, la fe y las propiedades incluso de los cristianos.

Pues eso, “Assalam alaycum” (la paz sea con todos).

Prohibido eludir a Carl Schmitt
Hay que mostrar de forma clara las propuestas que tienen conexión con el nazismo para advertir de su peligro
Mas gana el pulso a ERC y convoca elecciones para el 27 de septiembre
Manuel Cruz. El Pais 17 Enero 2015

Señalaba hace algunas semanas Enrique Gil Calvo en un artículo publicado en este mismo diario, Plebiscitos, el error que había cometido el nuevo ministro de Justicia en una intervención reciente al comparar la disyuntiva entre legalidad y legitimidad que plantea el president Mas con el debate entre Kelsen, el filósofo del Estado de derecho, y Schmitt, el jurista del nazismo. Aunque a Rafael Catalá le asistiera en teoría la razón, argumentaba nuestro analista, la habría perdido al incumplir la célebre ley de Godwin que reza: "Una discusión caduca cuando uno de los participantes menciona a Hitler o a los nazis".

Si se interpreta de manera restrictiva la supuesta ley —cosa que no hacía Gil Calvo pero que sí hacen muchos desde hace un tiempo en Cataluña— nos podríamos encontrar con la situación, tan paradójica como poco deseable, de que ningún participante en una discusión política mencionara ni a Hitler, ni a los nazis ni, por extensión, a ningún teórico del nazismo para no correr el riesgo de que el debate en cuestión finalizara de mala manera. Examinada con un poco de atención, la ocurrencia (hablar de "ley" suena un poco excesivo) de Godwin tiene un aroma a conversación ingeniosa y relajada entre aristócratas británicos a la hora del té. En cierto sentido, se diría el reverso de la frase pronunciada por Stephen Daedalus en el Ulises, de Joyce: "Ya que no podemos cambiar el país, cambiemos de conversación".

Pero vale la pena preguntarse si el valor supremo de la discusión teórica ha de ser mantener las formas en el sentido de que ningún participante en el mismo pueda sentirse incómodo o, por el contrario, se considera mucho más importante alcanzar objetivos como la clarificación de los argumentos o incluso una correcta descripción de los hechos. Facilitará la respuesta imaginarse lo que el día de mañana podrían pensar aquellos que reconstruyeran los debates actuales y constataran que hubo quien en su momento percibió peligros tan severos como el del deterioro de la democracia o el deslizamiento hacia actitudes poco respetuosas con el Estado de derecho, pero se abstuvo de denunciar su gravedad con el argumento de que... no quería que la discusión terminara abruptamente.

Por si hace falta explicitarlo, diré que estoy absolutamente en contra de la banalización del nazismo, del fascismo e incluso del franquismo, actitud en la que, por cierto, no estoy seguro de poder contar con un absoluto respaldo a mi alrededor. (De hecho, en Cataluña por menos de nada se denomina facha al discrepante: tanto Josep Rull como López Tena han tildado ¡de joseantoniano! a Pablo Iglesias por no entusiasmarse con el secesionismo, de la misma manera que se ha convertido en moneda corriente por parte de los guardianes de las esencias patrióticas denunciar como "nostálgico de la España una, grande y libre" a todo aquel que no abrace sin reservas la propuesta independentista, por más acreditada trayectoria antifranquista que pueda presentar). Pero no creo que de ello se desprenda la consecuencia de que lo mejor sea ni mentar tales ideologías. Por semejante vía, acabaríamos considerando afín a ellas únicamente a quienes se acogen a su simbología más inequívoca (cruces gamadas, yugos y flechas, banderas preconstitucionales, etc.), lo que resultaría a todas luces exageradamente restrictivo.

Más razonable parece, en vez de utilizar tales etiquetas como armas arrojadizas, mostrar de manera argumentada y clara en qué medida determinadas propuestas, actitudes, iniciativas o valores tienen alguna conexión con aquellas nefastas ideologías y, por ello, deben ser criticados en la plaza pública precisamente para advertir a la ciudadanía del serio peligro que constituiría el retorno, por maquillado que fuera, de las mismas.

En ese sentido, tiene mucho de farisaica la actitud escandalizada con la que reaccionan muchos soberanistas cuando se les señala la proximidad de algunos de sus planteamientos a los de Carl Schmitt. Si su genérico decisionismo siempre pareció inspirado en este autor, el comportamiento concreto de Artur Mas en determinados momentos se diría que lo ha tomado como modelo en algún aspecto que merece la pena destacar. Así, para Schmitt el soberano es aquel que impone el estado de excepción, quien deja en suspenso las leyes, porque, en el fondo, no está sujeto a ellas. Artur Mas, al que no le supongo lector de Schmitt (ni de pensador alguno, puestos a decirlo todo), parece estar llevando a cabo lo que bien pudiéramos llamar una lectura postmoderna de las tesis del teórico del nazismo.

Dicha lectura, paradigmáticamente ejemplificada por el filósofo italiano Giorgio Agamben, entiende que el estado de excepción, más que representar el puñetazo en la mesa que hace saltar por los aires el entramado legal dado, lo que hace es definir y, sobre todo, mostrar la zona de indiferencia, los umbrales de indeterminación existentes en todo orden jurídico, para luego maniobrar sin limitación alguna en esa zona de grisura y sombra. Pues bien, ¿acaso hizo otra cosa Artur Mas con ocasión del 9-N al intentar aparecer ante los suyos como aquel que era capaz, con su proclamada astucia, de burlar todas las leyes y engañar al mismísimo Estado?

Manuel Cruz es catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona

HISTORIA DEL PRESENTE
Guerra, creador y enterrador del PSOE
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital 17 Enero 2015

Comienza 2015 con otra baja en el club de rentistas de la transición. Alfonso Guerra, después de 37 años en el Congreso, ha decidido dejar ser el único ciudadano español que ha gozado de los privilegios del cargo de diputado desde 1977.

Los presidentes del Gobierno Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero dejaron de ser diputados en algún momento u otro; también abandonaron el Congreso Manuel Fraga, Miquel Roca, Miguel Boyer… Como un cacique de la Restauración, un Moret o un Romanones, Guerra ha pasado en el Congreso la mitad de su vida; eso sí, por deseo de su partido y por voluntad de cientos de miles de sevillanos, que le han votado desde las primeras elecciones democráticas.

Los cargos del Partido Popular, partido al que votan las derechas, aunque no sea de derechas, le han despedido con elogios y aplausos, al igual que hicieron unos meses antes con Rubalcaba, el que agitó las protestas ilegales contra el PP en los penosos días posteriores al 11-M con la frase de "Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta".

Como la derecha sólo parece ejercer la memoria para cantar los temas de las oposiciones, hay que recordar varios de los hechos y las palabras de Guerra. Si se hubiera limitado a hablar, se le colocaría en el grupo de los jabalíes, que es como calificó Miguel Unamuno a los diputados de izquierdas de las Cortes Constituyentes de la II República caracterizados por interrumpir los debates con sus gritos y pateos y por sus discursos demagógicos; pero como fue vicesecretario general del PSOE y vicepresidente del Gobierno (1982-1991), hay que recordar sus obras y sus dichos.

En el Congreso de Suresnes de 1974, que Guerra organizó, según recuerda Pablo Castellano (Yo sí me acuerdo), al representante del Partido Laborista israelí se le recibió "con una sonora pitada proveniente de las huestes del futuro número uno" y también con pintadas contra Israel.

El PSOE fue reconstruido con fondos y técnicos aportados por el SPD alemán a través de la Fundación Ebert. A los miembros de ésta les ha sacado de quicio que Guerra y otros fontaneros como Julio Feo se atribuyesen todos los méritos en organización, propaganda y demoscopia, ocultando o disminuyendo aposta su aportación (El amigo alemán, de Antonio Muñoz Sánchez).

Guerra, con el beneplácito de Felipe González, se hizo con el poder en el nuevo PSOE y estableció la consigna de "el que se mueve, no sale en la foto": eliminó a los disidentes y aplastó todo debate interno. El PSOE se convirtió en un partido sin más ideología que el progresismo y sin más debate que los eslóganes (aborto sí; OTAN no; por el cambio; socialismo es libertad…); su eje era la adhesión al secretario general y su finalidad, la conquista del poder cuanto más pronto mejor. Este modelo luego lo copió el PP.

Insultos a Suárez
Cuando la ponencia que elaboró la Constitución se atascó, Guerra y Fernando Abril-Martorell (vicepresidente del Gobierno y hombre de confianza de Suárez), dos indocumentados en historia de España y derecho constitucional, zanjaron el asunto en una cena cambiando y podando artículos como quien cambia cromos.

Después de la segunda derrota electoral del PSOE, en marzo de 1979, Guerra fue de los que propuso como medio para ganar unas elecciones destrozar a UCD destrozando a Adolfo Suárez. Comenzó así la crispación y Guerra participó en ella con su lengua viperina. En septiembre de 1979 Guerra dijo del hombre que se plantaría ante el teniente coronel Tejero el 23-F, mientras él se escondía en el suelo de su escaño:

Si el caballo de Pavía entrara en el Parlamento, Suárez se subiría a su grupa.

Una vez pasado el 23-F, que su partido había contribuido a montar, Guerra dio muestras de su humildad franciscana revelando que él no había temido por su vida, sino por la democracia.

He vivido una experiencia extraordinaria (…) Mi instinto de conservación debe ser bastante pequeño porque me preocupaba fundamentalmente de los otros seres, de los que estaban en la Cámara, de los que estaban y de cómo sabría este país resolver el problema.

Cuando por fin el PSOE formó Gobierno, después de las elecciones de 1982, Guerra fue nombrado vicepresidente, y como tal participó en las decisiones del Gobierno que apadrinó los GAL, que pasó de exigir "OTAN, de entrada no" a pedir el voto afirmativo en el referéndum y que saqueó España como nunca se había visto.

Amando de Miguel y José Luis Gutiérrez publicaron en una biografía de Felipe González (La ambición del César) que Guerra quería hacerse miembro de la Real Academia Española mediante la jubilación de los académicos más ancianos y la elección de un cupo de nuevos miembros elegido por las Cortes, del que él formaría parte. Para democratizar tan añejas instituciones.

Curar a la gente de su avaricia y lujo
Cuando estaba en la cima de gloria, hubo quien dijo que Guerra recordaba a un fraile regañando a su parroquia por su empecinamiento en preocuparse sólo de las cosas materiales, y que de haber nacido en el siglo XVI habría sido inquisidor, pero como había nacido en el XX se hizo socialista.

Comportamientos caricaturescos de cura los tuvo. Por ejemplo, en una frase a la que se le podría aplicar el adjetivo de jesuita, Guerra empieza hablando del secuestro de José Luis Oriol y del general Villaescusa en 1976 para acabar con Pío Moa y Aznar.

Fue un extraño secuestro repleto de detalles aún sin explicar, aunque ya entonces se rumoreó que el raro desenlace se debió a un grapo llamado Pío Moa, que años después dedicaría su esfuerzo a ofrecer una versión dulcificada de Franco y su régimen con el apoyo político del entorno del Gobierno del Partido Popular.

Como esas señoras gordas que retrataba Antonio Mingote, a Guerra le encantaba murmurar y dar pellizquitos de monja.

En la última entrevista que le han hecho (El País, 10-1-2015), se le pregunta a Guerra qué quedó por hacer en su tiempo político y el cura progre contesta desolado que la maldad sigue imperando en la Tierra:

Alentar una cultura del esfuerzo y no una cultura del dinero. Una cultura del ser más que del tener. Echo de menos haber logrado que la gente, al compás de lo que hacía con su libertad, tuviera más deseos de una vida austera.

Sólo falta Juan Salvador Gaviota. Y esto lo dice alguien que empleó su poder para hacer que en 1988 un avión Mystere del Ejército del Aire volase de Madrid a Faro para recogerles a él y su familia, que no querían aguardar una cola en la frontera con Ayamonte, o que permitió que su hermano Juan se enriqueciese gracias a su relación con él.

El PSOE ha muerto de éxito
La mayor responsabilidad que cabe achacar a Guerra es que su escuela de debate, en la que se sustituye el argumento o el dato por el insulto y la caricatura, su aportación al embrutecimiento del pueblo español, la instauración de un sistema de funcionamiento de modo leninista en los partidos, su eliminación de los medios de comunicación no adictos al discurso y su difusión de la memoria histórica del poder han contribuido a inflar a Podemos. Como tantos socialistas, desde Zapatero a Beatriz Talegón, Guerra ha alimentado a los tigres que están a punto de devorar al PSOE.

Ahora se dispone a contemplar la corrida desde el tendido.
A comienzos de los años de González, Guerra pronunció otra frase célebre que da idea de sus modales: "A este país no lo va a reconocer la madre que lo parió". Y es cierto que los socialistas han dado la vuelta a España como a un calcetín, desde la corrupción a la moral. El consuelo es que el PSOE ha muerto de éxito: ya sólo cuenta con la ayuda del PP para sobrevivir.

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El 'caso Bolinaga' o los errores del Gobierno en la lucha antiterrorista

Editorial El Mundo 17 Enero 2015

LA MUERTE del despiadado y sanguinario terrorista Josu Uribetxeberria Bolinaga cierra una de las páginas más negras de ETA si es que hubiese alguna digna de distinta mención en la criminal historia de la banda. Orgulloso de su heroica trayectoria, nunca se arrepintió de sus crímenes ni renegó de su militancia. Y aunque su historial esté manchado por el asesinato de tres guardia civiles y por la terrible responsabilidad de haber sido el carcelero durante 532 día de Ortega Lara, al que abandonó en el zulo dispuesto a dejarlo morir de hambre, en agosto de 2012 se le concedió la libertad condicional por «razones humanitarias». Aquel error del Gobierno, que decidió inexplicablemente seguir la hoja de ruta que le marcó Zapatero con la excarcelación de De Juana Chaos, provocó el lógico distanciamiento de las asociaciones de víctimas con el Partido Popular. El próximo día 24, la AVT recordará a Rajoy sus incumplimientos electorales en la lucha contra ETA y mostrará su radical disconformidad con la masiva y continuada salida de presos de las cárceles.

El propio Ortega Lara, que abandonó el PP por esa misma razón, reconoció en estas páginas que se sintió traicionado e indefenso cuando Bolinaga abandonó la prisión con el argumento de padecer un cáncer terminal. Aquella indignación, compartida con una parte importante de la sociedad, se ha demostrado justificada por los casi dos años y medio de libertad de la que injustamente ha disfrutado y presumido el etarra.

Para volver a contar con el apoyo de las víctimas y de otros muchos de sus votantes, el Gobierno tiene la obligación, tanto política como moral, de explicar claramente cuáles son las líneas rojas en su programa antiterrorista. Porque aunque el terrorismo, según la última encuesta del CIS, ha dejado de ser una preocupación para los españoles, no puede cerrarse esta tremenda página de nuestra Historia con la sensación de que no ha habido ni vencedores ni vencidos y que los asesinos han salido más fortalecidos que las víctimas.

En este sentido, la Fiscalía debe actuar contra las declaraciones de Barrena achacando la muerte de Bolinaga a la «política penitenciaria de dispersión» y a la «deplorable atención médica». E impedir que Sortu rinda homenaje al etarra, como lleva planificando durante meses junto a la familia del terrorista.

Bolinaga, al infierno de las ratas
Xavier Horcajo www.gaceta.es 17 Enero 2015

Un juez que, para toda la eternidad, diga: “Iuosu Uribetxebarría Bolinaga, te considero culpable” y envíe a Bolinaga lejos de los seres humanos.

“Boli”, ¡Se te acabaron los potes! Ahí vas con tu chulería camino del cementerio. No puedo decir que lo sienta; aunque la muerte debería ser el punto y final a partir del cual el insulto no cabe, entre seres humanos. El problema es cuando hablamos de animales, de ratas, como Bolinaga uno de lo personajes más crueles que hemos conocido en este país. Jose Antonio Ortega Lara sabe de que pasta estaba hecho este Bolinaga, al que la justicia politizada de España regaló más de dos años y medio de libertad –desde agosto de 2012- por motivos humanitarios a alguien que demostró no ser un ser humano y que presumía de no arrepentirse de nada, como supimos por un excelente trabajo de Intereconomía TV.

Bolinaga es una de las peores estampas del país en nuestro imaginario queda la cadavérica imagen de José Antonio Ortega apenas capaz de sostener las gafas como saliendo de un campo de exterminio nazi de aquella tumba a la que le sometía el etarra durante 532 días a un verdadero entierro en vida. Incluso se negó ya detenido a decir a la Guardia Civil donde estaba el zulo-tumba de Ortega Lara…

¡Que bien le viene al Gobierno esta muerte! El cáncer zanja una de sus diferencias programáticas y problemáticas insalvable del Gobierno con la parte decente de la sociedad española. Justo ahora que volvían a pedir un montón de años por el esclarecido asesinado de su cuarto guardia civil y que Bolinaga nos producía vómito de nuevo.

Hoy más que nunca espero que la muerte no sea el final, para que a Bolinaga le llegue un juez que no tenga miedo, que no regale “terceros grados”; que no componga con Zapatero; que no haga trampas con los forenses. O que no sea cobarde como Rajoy y su “no brain” Fernández Díaz. Un juez que, para toda la eternidad, diga: “Iuosu Uribetxebarría Bolinaga, te considero culpable” y envie a Bolinaga lejos de los seres humanos; al infierno de las ratas por lo menos los 532 días que mantuvo en un zulo al ex funcionario de prisiones Ortega Lara y otros tantos por cada uno de los cuatro guardias civiles a los que asesinó.

¿SE AVERGÜENZAN DE SÍ MISMOS?
¿A quién interesa una eutanasia del PP vasco y navarro?
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 17 Enero 2015

El PP era una gran fuerza emergente en el País Vasco y Navarra. Su discurso político cambió, y las encuestas lo sitúan en decadencia. ¿Tendrá que ver una cosa con la otra?

Se ha hablado y escrito bastante, y no sólo en los últimos días, sobre la agonía del PP vasco y del PP navarro. El PP en general espera ganar o chalanear las elecciones generales y no desangrarse del todo en las regionales, porque como opina Pedro Arriola y sostiene Narciso Michavila, "juega con la ventaja de que sus potenciales votantes no se han ido a ningún lado sino que están ahí, debatiéndose entre quedarse en casa como en las elecciones europeas o volver a votar al PP". No tienen dónde ir, porque ya se ha ocupado el PP centradito, incumplidor, florido y perjuro de estos años de que nazca una derecha de principios competitiva. Pero eso mismo no vale en las provincias vascas ni en Navarra, porque ahí sí tienen dónde ir. Y porque al PP de Génova no le importa mucho, mientras que sí le importaría un Vox potente en Burgos, Madrid o Valencia.

A lo largo del último año, todas las encuestas colocan al PP del Parlamento de Vitoria por debajo del 10% y al PP del Parlamento de Navarra al filo del 3% en las siguientes elecciones. En un caso supondría su marginalidad total, quedando como quinta o sexta fuerza política, y en el otro podría significar su desaparición de las instituciones forales. El votante popular, reiteradamente desilusionado, o se queda en casa o busca otras opciones, que van del PNV al PSOE en un lado y directamente a UPN en el otro.

Esto no siempre ha sido así. No hace tanto que el PP ocupaba la vanguardia del mapa electoral del País Vasco. En 2001, liderados por Jaime Mayor Oreja, enfrentados a los abertzales y en buenas relaciones con un PSOE antinacionalista, los populares fueron la segunda fuerza autonómica, con 19 diputados y casi una cuarta parte de los votos. No hizo falta ninguna concesión ni ninguna negociación para llegar ahí, no hizo falta tener más etarras en la calle, treguas, negociaciones, chalaneos, ni una Batasuna legal. El PP tuvo así éxitos sorprendentes, como el 20% en Rentería o el 30% en Irún, y todo parecía posible.

En 2015, tras la marginación de Carlos Iturgaiz, la salida de María San Gil, el castellano José Antonio Ortega Lara y Santiago Abascal y la nada deslumbrante gestión de Antonio Basagoiti, el PP vasco se ha reducido a menos de la mitad de apoyos, y bajando. El PP de Vitoria está ahora en manos de su presidenta Arantza Quiroga, acompañada sucesivamente por el ministro de Sanidad Alfonso Alonso y por directivos renovadores como Iñaki Oyarzábal o Borja Semper. El discurso político del PP vasco antes se centraba en la defensa de España y de la libertad en una comunidad amenazada por el nacionalismo independentista, incluyendo su parte más asesina en ETA-Batasuna; era admirado fuera de allí y votado aunque fuese en secreto por mucha gente allí. Querían cambiar las cosas, cambiar el Estatuto, cambiar la escuela y la política lingüística, quería resistir a planes como el de Ibarreche y a chantajes terroristas sin pagar ningún precio. Ahora el mismo PP quiere ser como los demás, dejar la resistencia y aceptar la comunidad diseñada por los abertzales.

Se avergüenzan de haber sido lo que eran, como dice la misma Quiroga: "La situación política ha cambiado, el futuro va a ser diferente y el PP tiene que adaptarse para ser útil a la sociedad". Es decir, que aceptan la victoria ideológica de los enemigos de sus mayores. Si por lo menos les fuese bien en las urnas… pero es que ni eso: cuanto más se someten al discurso abertzale, más votos pierden. Y es lógico, porque se les votaba porque ofrecían algo diferente, defendían España y unos principios. Si van a ser como los otros, ¿para qué votarles? se preguntarán muchos.

En Navarra, todo parece señalar, en medio de problemas internos mayores aún que los vascos, que el presidente de la junta gestora del PP Pablo Zalba intentará evitar enfrentarse a las urnas, dejando que la portavoz parlamentaria de los populares, Ana Beltrán Villalba, sea la candidata a la presidencia del Gobierno en las elecciones de mayo. En julio de 2014 Enrique Martín de Marcos dimitió de la presidencia del PP navarro (lo que demostró que en 2009 Génova y José Cruz Pérez Lapazarán, Pablo Zalba, Santiago Cervera, Eloy Villanueva, Calixto Ayesa y Jaime Ignacio del Burgo se equivocaron frente al presidente saliente José Ignacio Palacios), y Mariano Rajoy optó de nuevo por Zalba, esta vez en la gestora. Pero una cosa es ejercer el poder interno y otra muy distinta sacrificarse siendo candidato cuando las encuestas colocan al PP al borde de no tener parlamentarios en Navarra en 2015.

Si los votos (y previsiones) sirven en democracia para valorar una gestión política, lo que en el País Vasco va mal en Navarra apunta a ser peor. El camino 2009-2015, aunque el ministro García-Margallo piense por afecto otra cosa, no ha servido para defender mejor España y ni siquiera para construir un PP más fuerte. Puede que no se quisiese hacer ni lo uno ni lo otro, en según qué foros, en qué cortes y en qué séquitos.

Hay analistas calculadores que proponen, y esto no es novedad, que el PP pacte en Cataluña con CiU, en Navarra con UPN (propuesta de Carlos Floriano ya desdeñada por Esparza desde UPN) y en el País Vasco con el PNV en términos de inferioridad reconocida. Ya se ha hecho antes, con enormes concesiones a cambio del apoyo de unos y otros para gobernar en Madrid. La única batalla que está perdida con seguridad es aquella que se renuncia a combatir. Pues bien, quizá haya más de un brillante ingeniero o profesional de la política dispuesto a no combatir de verdad esas batallas, por cálculos personales y de partido. ¿Sabrán contárselo a los que creyeron en ellos y les votaron y arriesgaron vidas y haciendas en nombre de España? Y si lo hacen, ¿quién les perdonará su miseria humana?

Abre y haz abrir los ojos
Robert Hernando Minuto Digital 17 Enero 2015

Secretario General de Plataforma per Catalunya

Los últimos atentados perpetrados en Francia han puesto la atención y el foco de la sociedad occidental en un problema que ni es nuevo, ni es menor, Plataforma per Catalunya y otros partidos europeos como el Front National de Marine Le Pen hace años que venimos denunciando lo peligrosa que resulta la colonización islamista que está sufriendo Europa. Ya no solo para nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra forma de vida tal y como la hemos conocido sino para algo tan sagrado como nuestra seguridad e integridad física y lo que es peor la de nuestros hijos o nietos, es decir, la superviviencia de las próximas generaciones venideras.

Hace pocos meses un delegado de Marruecos en Cataluña que no es Ángel Colom, explicaba públicamente que en menos de dos décadas tendríamos afincados, incrustados, a más de tres millones de musulmanes en nuestra sociedad. No en vano, Cataluña ya cuenta con más de 300 mezquitas declaradas, o lo que es lo mismo centros de adoctrinamiento al islamismo y unas cuantas decenas de madrasas, escuelas coránicas en las que a los niños se les obliga durante horas a recitar el Corán una y otra vez arrodillados con la cabeza gacha y sin poder ni tan siquiera preguntar o cuestionarse sobre una sola frase del libro al que los musulmanes llaman sagrado. Ese mismo libro que contiene sentencias tales como “cuando encuentres a los infieles mátalos con gran derramamiento de sangre”. Los infieles por si aún no se ha enterado, somos por ejemplo usted y yo…

La foto de los “lideres” mundiales en Paris entre innumerables medidas de seguridad y alejados por completo del pueblo llano no hace más que reafirmar que el ciudadano no puede confiar ya nunca más en que nos puedan solucionar el problema justamente los que nos han metido en él, volver a votar en próximas elecciones a cualquier partido de la derecha liberal que representa el PP o CIU en España y que han abogado por abrir el flujo migratorio sin importarles las nefastas consecuencias que eso iba a suponer con el único motivo egoísta de conseguir mano de obra barata y degradar a la clase trabajadora autóctona, es darse un nuevo tiro en el pie y subir un peldaño más hacia la destrucción de occidente.

Ya no digamos, el desastre absoluto que puede suponer apostar por partidos de la izquierda mundialista, autodenominados multiculturales y que quieren hacernos creer que la multicultura es positiva para vivir en paz y en libertad. Podemos, ICV, PSC, ERC, C’S o la CUP, cada uno con sus matices en el eje nacional o social en el fondo son los mismos perros con distintos collares en cuanto ponemos en el ojo en el tema de la inmigración, acomplejados y retraídos algunos, inconscientes los otros todos nos quieren hacer entender que vivir rodeado de badulaques, mezquitas, bazares chinos y latin kings es poco menos que el paraíso. Que debemos estar agradecidos por salir a la calle y contemplar cada día como algunos de nuestros barrios han convertido su paisaje en el de Rabat o Kabul y otros en una especie de Bronx de Nueva York o el barrio Lucero de Bogotá.

Otro activo en el balance de servicio ofrecido por Jordi Pujol a Cataluña aparte de ser un chorizo y un sinvergüenza es haber dado el pistoletazo de salida a su islamización. Pujol pactó con Aznar cuando se abrieron las puertas de par en par que sería mejor que a tierras catalanas vinieran inmigrantes de la zona del Magreb porque así supuestamente harían más esfuerzo para aprender catalán, ya que el iluminado entendía que la inmigración latinoamericana al ya tener como idioma madre el castellano no lo haría de igual forma.

Para tal labor envío durante varios años a Ángel Colom amante de Marruecos y sobre todo de los marroquís y así fue, los que tanto defienden la identidad catalana empezaron a saquearla insertando una cultura que ni se integra ni pretende hacerlo jamás porque su razón de ser es conquistar, en el caso de España reconquistar.

Las concesiones que se han hecho y se hacen, tales como consentir escuelas coránicas, ofrecer menús escolares especiales para niños musulmanes, permitir que niñas con velo no vayan a clases de piscina, no prohibir el burka tajantemente, o mirar hacia otro lado y no querer saber nada de que lo se adoctrina en las mezquitas asentadas en nuestra tierra, traerá unas consecuencias que por desgracia ya estamos pagando pero que pagaremos mucho más caro.

Desde Plataforma tenemos claro que tal despropósito debe acabar, debemos saber hacer ver y alentar a nuestro pueblo para que confíe también en nuestra tierra en movimientos social-indentiarios como ya está sucediendo hace años en otros países Europeos que tienen muchos menos problemas de inmigración que nosotros. Identidad y justicia social, esos son los dos ejes principales de nuestro ideario político. Ni izquierda, ni derecha, sentido común y grandes dosis de valentía y coraje para afrontar la situación de decadencia que estamos sufriendo. Es imprescindible recuperar la soberanía de las patrias, concibiendo como nosotros concebimos la patria como pueblo emancipado de la casta política y libre en pensamientos, alejado por tanto, de contaminadores y de contaminaciones.

Tuve la oportunidad de viajar a Dresden en Alemania, donde cada lunes desde hace unos meses se concentran miles de personas bajo las siglas 0de Pegida para protestar contra la islamización de Europa. Nos contaban promotores de la iniciativa que el primer día no llegaron a 300 concentrados, el segundo lejos de desfallecer lo volvieron a intentar aumentando considerablemente y así paulatinamente en pocos meses hasta alcanzar los 40.000 de la manifestación en la que participé.

Dresden es una bonita ciudad sajona de la Alemania del este que sabe perfectamente lo que es sufrir en sus carnes un fundamentalismo opresor, en su caso el comunista, con un índice de inmigración que no alcanza el 4% de la población, para que se hagan una idea, en Cataluña hay poblaciones como Salt que superan el 40%.

Lunes, repito lunes, 9 grados bajo cero, la ciudad tomada por la Policía para controlar la violencia de los protestadores antisociales y 40 .000 personas a la calle, de todas las edades y condición social, ordenados y en silencio, un mutismo que únicamente se rompía convertido en aplausos cada vez que la manifestación pasaba delante de un grupo marginal de pijoflautas violentos con la cara tapada estratégicamente repartidos por todo el recorrido que increpaban e insultaban a la comitiva a su firme paso. Porque su odio es nuestra alegría.

Y un detalle a resaltar, siempre con la cabeza alta, erguida, con el orgullo del que ha tomado conciencia de que su pueblo está en serio peligro de supervivencia y está dispuesto a defenderlo caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Que quieren que les diga, siento envidia, muy sana pero verdadera envidia.

Igualdad y diversidad en el problema catalán
La gran injusticia con los ciudadanos de Cataluña viene del lado del gasto público
Josep Lluís Sureda. El Pais 17 Enero 2015

Un jurista tan eminente, lúcido y experimentado como Francisco Rubio Llorente, que entre otros desempeños fue presidente del Consejo de Estado, advertía no hace mucho en La Vanguardia (29/09/2014) que “sería injusto hablar solo de los despropósitos del Govern de la Generalitat, porque despropósito es también la reacción del Gobierno de España". No cometeré la osadía de glosar los despropósitos jurídicos de unos y otros, que buenos glosadores tienen, pero subrayo que Rubio Llorente, en esa ocasión y en artículos posteriores, sostiene que el problema catalán no es un problema jurídico, ni puede solucionarse —sino más bien complicarse— por la vía de su judicialización, en la que gasta energías el Gobierno español. El problema catalán es un problema político cuya solución, inexorablemente, solo puede llegar por la vía de la reforma del engarce de Cataluña con el resto de España plasmado en la Constitución de 1978, engarce que ya ha dado de sí todo lo que podía dar tras la progresiva recentralización de algunos de sus eslabones.

Sean cuales sean los despropósitos del Gobierno de la Generalitat, lo inédito a tener en cuenta es que la ciudadanía catalana hizo patente, con una rotundidad cada vez más robusta, su profundo malestar, primero ante la situación creada y luego ante la insensibilidad a este respecto del Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

El 10 de julio de 2010, el malestar se manifestó, de manera pacífica y silenciosa, ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2006, dictada en el mes de junio. Desplazado a la oposición en 2004, el Partido Popular liderado por Mariano Rajoy, que aglutina desde el nacionalismo españolista más rancio hasta la derecha más moderna, desató una campaña contra la reforma del Estatuto catalán, incluyendo la promoción del boicoteo a los productos originarios de Cataluña. Entrado en vigor el Estatuto en agosto de 2006, la campaña se tradujo en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite en el mes de septiembre. En contraste con esta rapidez, años de dilaciones y maniobras internas y externas que afectaban a la composición del tribunal que tenía que resolverlo precedieron a la sentencia, que acogió lo sustancial del recurso. Con ello, probablemente quedará para la historia como el punto final puesto al deterioro progresivo sufrido por el engarce Cataluña/España de la Constitución de 1978. Un Tribunal Constitucional, sacudido por luchas políticas netamente partidistas, pudo corregir en 2010 el Estatuto de 2006, cuya elaboración había obtenido sucesivamente el voto favorable del Parlamento de Cataluña y del Congreso de Diputados (diputados que, según la Constitución, representan al pueblo español en que reside la soberanía nacional) y que, a su vez, había sido refrendado por los ciudadanos catalanes. El solo hecho de que tal aberración fuera posible clamaba por la urgente modificación del procedimiento constitucional de aprobación de los Estatutos de Autonomía.

La ciudadanía ha hecho patente su profundo malestar
A esta poderosa motivación del malestar ciudadano se sumó la indiferencia de que haría gala y virtud el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, tras ganar las elecciones de noviembre de 2011 con mayoría absoluta. La indiferencia prosiguió después de la manifestación de la Diada de 2012, expresión rotunda de la amplitud que iba alcanzando el malestar ciudadano; con tal fuerza que Artur Mas se sintió impelido a ponerse al frente del independentismo, pese a salir elegido en noviembre de 2010 con el programa de CiU que remitía al catalanismo político moderado correspondiente al perfil dominante en su militancia y entre los ciudadanos cuyo voto atrae. Mariano Rajoy siguió sin darse por enterado y, arguyendo que su obligación era respetar las leyes y a su cabeza la Constitución, respondió con la judicialización del problema. Bajo esta amenaza llegó la jornada del 9-N de 2014, en que 2,3 millones de ciudadanos consideraron obligado depositar una papeleta que sabían vana para alcanzar sus aspiraciones, dentro de una urna que también sabían inocua para ello. Esta exhibición de civismo demostró, según Mariano Rajoy, que “sólo” un tercio de los votantes catalanes respaldaba la opción independentista, como si un apoyo de esta magnitud fuera cosa despreciable para quien ejerce la responsabilidad del Gobierno de España. La judicialización ha dejado por el camino la dimisión del Fiscal General del Estado, y sólo resta esperar plácidamente que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, más tarde que pronto, fabrique o no nuevos mártires del independentismo catalán.

Esta perspectiva preocupante no es astucia de gobernante que confía en que el paso del tiempo puede resolver los problemas, pues Mariano Rajoy, en un reciente mensaje, ha recordado que los Gobiernos tienen como misión resolver problemas, no crearlos. Es su propuesta ante el problema catalán, basada tanto en la convicción roqueña de que nada se ha de reformar en la Constitución como en una gobernanza diaria que merece como mínimo el calificativo de poco amable con los ciudadanos catalanes. Dos actuaciones que afectan a Cataluña y a las islas Baleares ilustran este último punto. Una, que afecta al idioma, elemento muy sensible e importante en el pacto constitucional de 1978, alteró el sistema escolar de ambas comunidades con medidas que parecen ideadas para originar un conflicto lingüístico donde nunca había existido. Otra, una propuesta de distribución de la inversión pública entre comunidades autónomas para 2015 que, en inversión pública por habitante, deja a las islas Baleares en el último lugar que ya venían ocupando, pese a un incremento simbólico; y deja a Cataluña en el último lugar de las comunidades peninsulares, maltratada con la cifra más baja en 17 años y con el mayor recorte relativo. Actuaciones que poco contribuirán a apaciguar el malestar de Cataluña, donde conviven catalanes de origen y catalanes de adopción, tan pacíficamente que ha podido verse a José Montilla, de origen andaluz, desempeñar con absoluta normalidad su mandato como presidente de la Generalitat.

El meollo de las campañas del PP, con Mariano Rajoy de líder, primero en la oposición y luego desde el Gobierno, es la difusión de un estado pasional contra la Cataluña victimista e insolidaria, imagen inspirada en el error de los políticos catalanes que esgrimen el expolio sufrido apelando al llamado déficit fiscal. Sobre la naturaleza de este error he escrito años atrás y no es el momento de volver sobre ello. En el lado de los impuestos y tasas fiscales, Cataluña solo tiene que reivindicar una redistribución más equilibrada de su rendimiento entre la Administración Central y el conjunto de las comunidades autónomas, y si ello procede, la corrección de privilegios que supondrían una competencia desleal desde otras comunidades. Es en el lado del gasto público donde se produce la gran injusticia con Cataluña, cuyos ciudadanos, que son los que pagan impuestos y tasas, tienen derecho a servicios públicos de educación, sanidad y asistencia social y a infraestructuras de nivel igual al de los ciudadanos de otras comunidades. La actual discriminación que se traduce, a título de ejemplo, en mayores pagos a colegios concertados, seguros sanitarios o peajes de autopista, perjudica sobre todo a los ciudadanos de rentas más bajas que también existen en Cataluña.

Los catalanes de origen y los de adopción conviven perfectamente
En su mensaje de fin de año, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha insistido en que “el reconocimiento de la diversidad no puede ser excusa ni para privilegios ni para discriminaciones”. Palabras dictadas por el sentido común y constitucionalmente impecables. El reconocimiento de la diversidad, inscrito en el artículo 2 de la Constitución, que distingue entre las nacionalidades y las regiones que integran la unidad de España, no puede amparar privilegios.

La Constitución admite en otro artículo la existencia de “diferencias entre los Estatutos de las diferentes Comunidades Autónomas” y dispone que esas diferencias “no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales” (art. 138). Susana Díaz proclama también en su mensaje que Andalucía es la Comunidad que “con más coraje y determinación está apostando por la igualdad entre todos los ciudadanos de nuestro país, vivan donde vivan”. Sin duda, la igualdad tiene que abarcar a todos los ciudadanos, cualquiera que sea la comunidad en que residan y, además, tiene que respetar la diversidad: tratar igual a dos situaciones diferentes sería tan injusto como tratar distinto a dos situaciones iguales.

Josep Lluís Sureda fue asesor de Josep Tarradellas en su negociación con Adolfo Suárez para el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña.

Primera condena a la Generalitat por saltarse las sentencias lingüísticas
ESTHER ARMORA / BARCELONA ABC 17 Enero 2015

El TSJ de Cataluña falla una indemnización de 3.000 euros para una familia que reclamó sin éxito educación en castellano para su hija

Después de pleitear en los tribunales durante siete intensos años, Severo Bueno, uno de los padres que, amparados por la ley, solicitó enseñanza en castellano para sus hijos en Cataluña, ha recibido un espaldarazo judicial sin precedentes. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), con fecha del pasado 15 de diciembre, condena a la Generalitat a pagar en concepto de indemnización un total de 3.000 euros a su hija, a la que, en contra de la voluntad de sus padres, se le aplicó la inmersión lingüística (todas las clases en catalán) en la etapa de Educación Infantil pese a tener derecho a ser escolarizada en castellano.

El fallo allana el camino a todas las familias que llevan años luchando para que sus hijos sean escolarizados también en español, y podría generar un efecto llamada para que otros padres que se encuentran en una situación similar se animen a reclamar judicialmente sus derechos. En esta sentencia pionera, a la que ha tenido acceso ABC, el alto tribunal catalán impone, por primera vez, al gobierno autonómico una sanción por incumplir la ley. En concreto, se le condena a indemnizar a la menor por los dos años en los que estuvo en la segunda etapa de Educación Infantil, en los que recibió, en contra de la voluntad de sus padres, las clases solo en catalán cuando tenía el derecho a recibirlas en castellano.
Indemnización por dañar su aprendizaje

«La indemnización es por perjuicios en concepto de las clases en castellano que tenía derecho a recibir y no recibió, y también por los déficits de aprendizaje en lectoescritura que eso ha podido acarrearle», precisa a ABC Severo Bueno, padre de la menor y funcionario licenciado en Derecho. «Mi hija tiene un año de retraso en el aprendizaje de la lectoescritura», afirma Severo. Los hechos se remontan al curso 2008-2009 cuando la alumna cursaba Educación Infantil en un colegio concertado de Barcelona. Hasta el año 2008, en el centro las clases se impartían en catalán y castellano. «Era un centro exquisitamente bilingüe», afirma el padre demandante. Sin embargo, en 2008 un decreto de la Generalitat forzó a los centros a aplicar la inmersión también en Infantil y las clases pasaron a ser en catalán.

Solo daban natación en castellano
Amparándose en el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística 1/98, que reconoce el derecho de los niños a «recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, Bueno reclamó escolarización en castellano para su hija. El centro hizo caso omiso. «Solo daban en castellano natación y una hora en la que les explicaban cuentos», explica el padre. Su petición de enseñanza en castellano, fue denegada, pese a que varios fallos judiciales reconocían el derecho que él solicitaba. Entonces, la familia decidió recurrir a los tribunales y en julio de 2009 denunció esta situación ante el TSJC.

Fue en mayo de 2012 cuando el alto tribunal catalán dictaminó a favor de la familia. También les garantizó el derecho a recibir en castellano «todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que les sean dirigidas por el centro escolar».

En paralelo a este procedimiento, en junio de ese mismo año el TS anuló todos los artículos de la normativa de 2008 de la Generalitat que aludían al régimen lingüístico «por no prever la enseñanza en castellano». «Esa sentencia afectaba no solo al caso de mi hija sino que obligaba a cambiar la situación en general», aclara el demandante. En noviembre de 2013, el Supremo falló contra el recurso de la Generalidad en relación con la hija de Severo Bueno y reiteró «el derecho de la hija de los demandantes a recibir en castellano la educación infantil».

Pese a lo explícito de los requerimientos judiciales, la consejería de Enseñanza se limitó a dar a la menor atención individualizada en castellano. Solo cuando la niña ya estaba en Primaria, la Administración se pronunció y dijo que «daba por ejecutada» la sentencia del TS.

Indemnización por vía administrativa
Fue ante esta situación cuando la familia optó por pedir una indemnización por la vía administrativa. «Pedimos que se nos compensara por los dos años en los que mi hija no fue escolarizada en castellano», apunta el padre. En concreto, exigió una indemnización anual de 2.129, 40 euros por cada uno de los dos años en los que no se le garantizó el derecho a ser escolarizada en su lengua habitual. «Reclamé dos conceptos de indemnización. Pedí que se compensara, a precio de mercado, el hecho de no recibir la prestación del servicio y también el perjuicio moral que ocasionó en mi hija al sufrir un retraso en el aprendizaje», explica a ABC Severo Bueno.

Subraya la importancia de la sentencia en el sentido de que «es la primera vez que la Generalitat paga por incumplir las sentencias lingüísticas». «Estoy muy satisfecho porque, al fin, los fallos lingüísticos no son papel mojado», dice Bueno y anima al resto de padres en su misma situación a que opten por la vía compensatoria que abre este pronunciamiento.

Se anunciará el sábado 17
Ortega Lara, candidato de Vox a la alcaldía de Madrid
Eurico Campano www.gaceta.es 17 Enero 2015

Este sábado, Vox celebra en el madrileño Teatro La Latina su primer año de vida. Y lo hará con un anuncio de campanillas

Será a partir de las doce. Los dirgentes de Vox, Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, José Antonio Ortega Lara, Ana María Vidal Abarca y Fernando Paz celebrarán el primer aniversario de ésta formación política. Y lo harán con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo. Tras el éxito cosechado en los comicios europeos del pasado mes de mayo, en los que a pesar de no obtener escaño obtuvieron la nada desdeñable cifra de un cuarto de millón de votos, los hombres y mujeres de Vox se preparan para conquistar las mayores cotas de poder en ayuntamientos y comunidades.

Sorpresas, anuncios... y un candidato 'estrella'
En éste acto, con toda probabilidad, habrá sorpresas. Nombres, anuncios... Y el más importante será el del candidato a la alcaldía de Madrid. La portavoz de Vox, Mazaly Aguilar, ha apuntado en el 'streaming' de Intereconomía TV y Gaceta.es, a preguntas del presidente de Intereconomía, Julio Ariza y de José Javier Esparza, que es altamente probable que el exfuncionario de prisiones José Antonio Ortega Lara sea la persoina designada para el reto. Se da la macabra circunstancia de que su carcelero, el etarra Bolinaga, fallecía en la madrugada del viernes, dos años y medio después de ser excarcelado por el cáncer que padecía según el informe forense realizado por el Hospital de San Sebastián y rebatido por la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena, quien aseguro ante las cámaras de Intereconomía haber sido presionada políticamente para cambiar su informe y no entorpecer la excarcelación del etarra.

Una salida, la de Bolinaga, que provocó una tremenda indignación entre las asociaciones de víctimas del terrorismo, que acusaron al Gobierno de Mariano Rajoy y a su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, de practicar la misma política antiterrorista que Rodríguez-Zapatero y Pérez Rubalcaba. Sin duda será interesante escuchar qué tiene que decir Ortega Lara que, independientemente de su candidatura, será uno de los ponentes de éste acto.
Un programa sin complejos

Los dirigentes de Vox aprovecharán como es natural para reafirmar sus principios ideológicos; los pilares con los que aspiran a atraer el voto del electorado desencantado con los incumplimientos programáticos del PP. Que la unidad de España es innegociable. Que la presión fiscal no debe asfixiar a los ciudadanos y sobre todo a la clase media. Que el matrimonio es siempre entre un hombre y una mujer. Que el aborto no debe ser financiado por la sanidad pública en detrimento de otras necesidades más urgentes y acuciantes. Que los padres son los responsables, por supuesto por delante de cualquier directriz estatal, de la educación de sus hijos... y tantos y tantos postulados que no forman parte de una ideología concreta, que no son de izquierdas ni de derechas sino que constituyen piedra angular en el conjunto de derechos fundamentales e inalienables de cualquier ciudadano
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