AGLI Recortes de Prensa    Marte 3 Marzo 2015

La profecía de un visionario
Manuel Cabezas Cronica Global  3 Marzo 2015

• Todavía la ciudadanía española no había empezado a mostrar su hartazgo y su desprecio hacia la casta política corrupta y cleptómana; todavía la ciudadanía no había acampado en los espacios públicos de toda España, dando lugar al Movimiento del 15M (2012), para reivindicar una democracia más participativa y una auténtica división de poderes; todavía el Movimiento del 15M no se había organizado en Podemos, el partido liderado por Pablo Iglesias, que fue presentado en sociedad en 2014. Ahora bien, algunos años antes de todo esto (el 2 de julio de 2008), en una conferencia pronunciada en el Colegio de Abogados de Barcelona, el profesor y ex-magistrado del TC, Manuel Jiménez de Parga, vaticinó con su verbo profético el cataclismo que se va a producir en la vida política española, en los próximos meses, como consecuencia del desprestigio, de la incompetencia y de la prostitución de la casta política española. Por eso, hoy, casi siete años después, voy a sintetizar el contenido de su lúcida conferencia, que versó sobre un tema de rabiosa actualidad y de una trascendencia capital para la higiene, la salud y la regeneración de la vida política española: “El presidencialismo encubierto o la transformación de un régimen político”.

A pesar de los preceptos citados y de las previsiones constitucionales, en la práctica, nuestro régimen político es más bien presidencialista

• El profesor M. Jiménez de Parga empezó su disertación citando varios artículos de la Constitución Española vigente, según los cuales nuestro régimen político es un régimen parlamentario (art. 1.3. “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”; art. 66.2. “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución”; art. 101.1. “El Gobierno cesa tras la celebración de las elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente”). Según estos preceptos, el poder reside en las Cortes Generales, de las que se derivan el Gobierno y las demás instituciones.

• Ahora bien, a pesar de los preceptos citados y de las previsiones constitucionales, en la práctica, nuestro régimen político es más bien presidencialista: el poder tiene su sede en el Presidente del Gobierno, que hace y deshace e impone al Parlamento sus decisiones, y no en la sede parlamentaria. Esta transformación de nuestro régimen político no es un fenómeno exclusivo y característico de España. Se trata, más bien, de una metamorfosis generalizada en muchos países. Para explicar esta transformación (pasar de un “régimen parlamentario” a uno presidencialista), el profesor Jiménez de Parga aportó dos argumentos contundentes y convincentes.

• En primer lugar, citó el “tipo de partidos políticos” que existen en España. A lo largo de la historia ha habido diferentes tipos: partidos de notables, partidos de masas y partidos de electores. Sin embargo, en nuestro país, lo que existen hoy son “partidos de empleados”: partidos formados por afiliados que están a sueldo de la organización o que han conseguido o van a conseguir un puesto de trabajo, fruto de la conquista del poder (local, autonómico o nacional) por parte de los diferentes partidos en liza. Esto hace que los militantes y los elegidos en las diferentes contiendas electorales estén domesticados y sean sumisos a los dictados del jefe del partido o del Gobierno. M. Jiménez de Parga contrapuso los políticos de hace 30 años (personas que se ganaban la vida en actividades profesionales privadas, fuera y alejadas de la política) a la mayor parte de los políticos actuales de España (personas que no tienen oficio reconocido y que nunca se han ganado la vida fuera de la política; es decir, personas cuya biografía profesional se reduce a la vida en el partido). Y fue esta clase o casta política actual la que favoreció y propició el paso del régimen parlamentario al régimen presidencial.

• El otro argumento que milita a favor del presidencialismo es el “sistema electoral” imperante en nuestro país. Según el profesor M. Jiménez de Parga, nuestro sistema electoral se caracteriza por tres rasgos fundamentales.

• Por un lado, el Real Decreto-ley de 1977, que reguló las primeras elecciones, pero que tenía carácter transitorio y que pretendía reducir la “sopa de letras” de los excesivos partidos políticos, favoreció a los “partidos mayoritarios”. Cuando se votó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 19 de Junio de 1985, lo que en un principio se dijo “que sería provisional” (para salir del paso) se consolidó y, por eso, hoy tenemos dos grandes partidos nacionales, que se reparten el uso-disfrute del poder. Este statu quo, que no favorece la representación de las minorías, no ha sido puesto en tela de juicio por ningún de los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP), a pesar de la desafección de una parte cada vez más importante del electorado ante el bipartidismo imperante.

• Otro rasgo definitorio de nuestro sistema electoral son las “listas cerradas y bloqueadas”, elaboradas por la cúpula de los partidos para que los candidatos fieles y sumisos al “jefe”, pero no los más preparados, puedan ganarse la vida. De ahí el nivel de preparación y de formación deficiente de la mayor parte de los componentes de los distintos Parlamentos (tanto del nacional como de los autonómicos). Ante este estado de cosas, el Profesor M. Jiménez de Parga se preguntó si las “listas abiertas” podrían ser la solución. Para él, esta alternativa no siempre ha dado los resultados deseados y esperados. Por eso, él preconizaba la solución adoptada por el sistema electoral alemán, que funciona positivamente: los votantes utilizan dos papeletas (una con una lista cerrada y la otra abierta).

A pesar de los efectos indeseables del funcionamiento y del papel de los partidos políticos, Jiménez de Parga no estaba contra los partidos políticos sino contra los que gobiernan en beneficio propio

• Finalmente, el último rasgo distintivo de nuestro sistema electoral se refiere a los “gastos excesivos” de las numerosas campañas en España. A los partidos les faltan medios económicos y estos gastos hay que pagarlos y alguien tiene que hacerlo. Y los que los han sufragado (los poderes económicos: bancos y empresas varias) pasan después religiosamente la factura, lo que distorsiona y perjudica el funcionamiento democrático tanto de los partidos como de los Parlamentos y de los Gobiernos. El profesor M. Jiménez de Parga ilustró esta dependencia de los poderes económicos con una anécdota de su etapa de ministro de uno de los Gobiernos de UCD (se tomaron ciertas medidas a favor de las compañías eléctricas para resarcirlas por las ayudas recibidas para financiar la campaña electoral de UCD).

• A pesar de los efectos indeseables del funcionamiento y del papel de los partidos políticos, el profesor Jiménez de Parga no estaba contra los partidos políticos sino contra estos partidos políticos, que gobiernan en beneficio propio y en beneficio de la casta política (“Hoy, por mí; mañana por ti”, reza el refrán). Ahora bien, para el visionario M. Jiménez de Parga, un mundo nuevo estaba surgiendo gracias al desarrollo tecnológico: teléfonos móviles, Internet, periódicos digitales, medios de desplazamiento espacial cada vez más rápidos, más cómodos y más baratos. Y, según él, los problemas políticos, consecuencia de un “presidencialismo encubierto” y de un “bipartidismo autista”, podrían tener solución si se hace un buen uso de estos nuevos medios modernos.

• Este mundo nuevo está ya aquí. Y Podemos, despacio pero sin pausa, y en muy poco tiempo, ha sabido utilizarlos y ha conseguido crear la “masa crítica” (cf. la “teoría del mono número cien”), que va a poner patas arriba el panorama político español. De nada servirán las campañas de desprestigio de sus líderes por parte de ciertos medios de comunicación “apesebrados” y de los “todólogos” de servicio. La ciudadanía está harta, no aguanta más y lo que ha hecho desbordar el vaso de la paciencia no es una última gota de agua sino una lágrima más. “Alea iacta est” para la casta política.

Cinco deditos: fábula de la corrupción andaluza
El máximo empeño de los dirigentes políticos ha consistido en intentar presentar todo lo ocurrido como episodios esporádicos de corrupción
Javier Caraballo El Confidencial  3 Marzo 2015

Un divertimento infantil para explicar la corrupción andaluza. La simpleza de aquella historieta de las abuelas, cuando nos sentaban en el regazo e iban contando, dedo a dedo, la fugaz aventura de un huevo. La historia empezaba en el dedo meñique y acababa siempre en el pulgar. ¿Que no se acuerda? Sí, verá… “Este puso un huevo, este lo cogió, este fue a por pan, este lo frio y este picarillo gordo se lo comió”. Desde que surgió el escándalo de los ERE y, a raíz de aquella investigación policial, todos los demás casos de corrupción que afectan en la actualidad a la Junta de Andalucía, el máximo empeño de los dirigentes políticos ha consistido en intentar presentar todo lo ocurrido como episodios esporádicos. No se dan cuenta de que, simplemente por el número de personas y de ayudas implicadas, no es posible pensar en actos aislados.

Aunque no se haya constituido como tal, la corrupción andaluza conforma una trama en la que cada cual juega un papel. Y para que haya un picarillo gordo que se coma el huevo, tiene que haber antes otros que participen del mismo sistema viciado. Es el esquema clásico del cuentecillo de la abuela. Este ideó el plan, este lo puso en marcha, este lo financió, este buscó a las empresas y este picarillo gordo se lo llevó. Y cada cual tiene su responsabilidad.

Si la corrupción andaluza no hubiera alcanzado ese nivel de penetración en la Administración y en la sociedad, la investigación que lleva a cabo la Policía en los cursos de formación, que es el escándalo más reciente, jamás se extendería, como se sospecha, a miles de ayudas. Y no afectaría a todas y cada una de las ocho provincias andaluzas, como está ocurriendo. Ni habría decenas y decenas de detenidos en cada batida, desde funcionarios a empresarios, pasando por responsables políticos o técnicos y representantes de asociaciones o fundaciones que se beneficiaban de esos fondos.

La Policía sólo ha analizado una pequeña muestra de los varios miles de millones que se han repartido de Fondos Europeos contra el desempleo, y acotado al periodo 2007-2013, y, por lo que se está viendo, la mayor parte de todo ese dinero, de todas esas ayudas, se repartía de un modo fraudulento. Por cierto, que no conviene pasar por alto este último detalle: reparto fraudulento de miles de millones destinados por la Unión Europea para combatir el desempleo. ¿Se explica mejor desde esa perspectiva fraudulenta la pertinacia del paro andaluz, que jamás ha bajado de los dos dígitos?

Evidentemente, por tanto, no se trata de un empresario desalmado o de una asociación de sinvergüenzas que se dedican a enriquecerse con el dinero de los parados; es todo un sistema político podrido desde la raíz a las ramas. Un modelo de gobierno clientelar, que es el que ha instaurado el PSOE en Andalucía, en el que la principal atención estaba en quién recibía esos fondos, no en cómo se gestionaban. De la misma forma que existía una clara directriz sobre quién podía beneficiarse de esos fondos y quién no, no había ninguna intención de controlar ese dinero, porque el objetivo último no era combatir el desempleo, sino garantizar la hegemonía política.

Por eso habla la Policía de una red clientelar. Por eso entre los detenidos se incluyen también a aquellos dentro de la Administración cuya misión era controlar esos fondos, y determinar si de verdad se destinaban a cursos de formación de parados. Por encima de ellos, también estarán los responsables que ordenaban la distribución del dinero de acuerdo a unos intereses políticos.

Con los ERE ocurrió exactamente igual. Primero se planificó un fondo de dinero que, burlando la legalidad, se destinó a subvencionar expedientes de regulación de empleo sin ningún control público. Una vez ideado el fondo, hubo dos exconsejeros de Empleo que lo aplicaron durante diez años; pusieron en marcha aquella maquinaria y hubo un tercero, el consejero de Economía y Hacienda de la época, que después sería presidente, que lo financió, también con opacidad, con los presupuestos generales de la Junta de Andalucía.

Luego, más protagonistas, los cuartos, los intermediarios que buscaron a las empresas adecuadas para que se acogieran a esos expedientes de regulación de empleo que escapaban de la legalidad. Como en la fábula de antes, al final aparecía pícaro, el trabajador intruso, el empresario del partido, el sindicalista metido a bróker o el alto cargo que compraba cocaína.

Susana Díaz, que se muestra siempre como abanderada contra la corrupción, ha presentado su programa electoral para las próximas elecciones andaluzas, del 22 de marzo, y, como suele ser habitual, de nuevo ha dibujado el fenómeno de forma distorsionada. Fue ayer. Se refirió a la corrupción andaluza como casos “bochornosos e inexplicables” y luego prometió crear una ‘Oficina de prevención del fraude y la corrupción’, de la que de momento sólo se conoce el nombre, nada sobre su futuro funcionamiento.

La cuestión es que esa oficina, según la presidenta, servirá para que “quien pretenda acercarse a lo público para aprovecharse de lo que es de todos se lo piense porque no sólo se le va a perseguir si comete algún tipo de irregularidad, sino que se le va a poner muy difícil para que se acerque a los recursos que son de todos los andaluces”. El error, como se puede apreciar, es el de volver a considerar que la corrupción andaluza es episódica, en vez de admitir que se trata de algo estructural. Por eso, la fábula. Cinco pasos. Cada cual tiene una responsabilidad, unas serán penales y otras políticas. Pero ni uno sólo de esos actores se puede explicar sin el anterior. No existiría el ‘picarillo gordo’ si alguien no hubiera puesto el huevo.

La casta y los populistas
Syriza y la frustración de los votantes del PP
Guillermo Dupuy Libertad Digital  3 Marzo 2015

Bien está que Rajoy haya negado la responsabilidad del gobierno español en lo que ha denominado la "frustración creada por la izquierda radical" en Grecia. Ahora bien. Una cosa es que la poca o mucha frustración de los votantes de Syriza se deba exclusivamente a un partido que había hecho recaer la financiación de su disparatado programa de gobierno en el resto de contribuyentes europeos, y otra muy distinta que Rajoy esté legitimado para hablar de frustración.

Sin minimizar la decepción que puedan ya sentir los votantes de Syriza, convendremos en que la de los votantes del PP tampoco es precisamente poca, tal y como señalan todas las encuestas. Y eso, con una diferencia: Alexis Tsipras habrá frustrado a sus votantes por falta de acreedores, mientras que Rajoy ha frustrado a los suyos por falta de principios.

En lugar de afrontar el desbocado déficit y endeudamiento público únicamente por la vía de la reducción del gasto público -tal y como hubiera sido previsible en quien se había opuesto a las subidas de impuestos como forma de atajar déficits aun superiores que los que había registrado España en 2011- Rajoy prefirió, nada más llegar al gobierno, incrementar la presión fiscal y el nivel de endeudamiento dejado por Zapatero, dejando prácticamente intacto el gasto público. En lugar de llevar a cabo un drástico programa de adelgazamiento del sector público, Rajoy prefirió mantener –tal y como ya hizo el Zapatero de los últimos años- una impostada "política de austeridad" que, en realidad, ha elevado el peso del sector publico del 38% del PIB en 2007 al 42% a finales de 2014.
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Otro tanto podríamos decir del resto de su programa, tan ambiciosamente reformista, que luego se ha limitado, básicamente, a una reforma a medias de nuestro encorsetado mercado laboral. O de otras muchas frustraciones ajenas al ámbito propiamente económico que ha causado su irreconocible gobierno, ya sea política hídrica, separación de poderes, lucha antiterrorista, modelo energético o modelo autonómico.

Lo cierto es que el peso de la acción de gobierno de Syriza va a recaer en los sufridos contribuyentes –presentes y futuros- no en mayor medida que lo que lo ha hecho el gobierno de Rajoy. Y si esto resulta frustrante para los votantes de Syriza, imagínese como lo será para los votantes liberal/conservadores de este país. Ciertamente, bien pueden ya buscarse otro partido.

LES MARCA LA AGENDA
Iglesias y los tenores de Podemos pagan caro sus periplos venezolanos
El Semanal Digital  3 Marzo 2015

Las vinculaciones de varios dirigentes del partido con el Gobierno de Caracas siguen pasando factura después de que la formación atravesara su primera gran crisis a consecuencia de ello.

Venezuela, una vez más, marca la agenda política de Podemos. Las vinculaciones de algunos de los principales dirigentes de la formación con el Gobierno venezolano en calidad de asesores en el pasado vuelven a azotarles como consecuencia de la situación interna del país hispanoamericano.

Para la oposición venezolana, Podemos es hijo del Ejecutivo bolivariano y, como tal, sirve como ariete contra Nicolás Maduro. A su vez, el tremendo clima político y económico que se respira en Venezuela ejerce un desgaste contra la cúpula de Podemos, a la que algunos reprochan ya no sólo los supuestos pagos a través de la Fundación CEPS, sino dicha labor de asesoría a la vista de cómo se encuentra el país.

Sin embargo, el embate, esta vez, puede ir más lejos, ya que la oposición venezolana asegura contar con documentación que prueba pagos de varios millones a dirigentes de Podemos por sus tareas.

La formación de Iglesias, por su parte, se defiende argumentando que Caracas no ha financiado al partido y que, en todo caso, los pagos se realizaron a CEPS, que no tiene vinculación orgánica con Podemos, aunque sí personal a través de varios de sus líderes.

Con esta situación, fuentes oficiosas de Podemos apuntan a que quien acusa es el responsable de probar las acusaciones y recuerdan que CEPS no es el partido.

Pero algunos puntos sí están claros. Por ejemplo, el interés que Pablo Iglesias y los suyos han despertado en Venezuela. El principal diario opositor, El Nacional, ha descrito las relaciones forjadas a través de CEPS con la dirigencia chavista por parte de Iñigo Errejón e Iglesias así como de Juan Carlos Monedero.

Precisamente los problemas de Monedero con el fisco tienen que ver con sus trabajos para el Banco del ALBA. La crisis más fuerte que ha soportado el joven partido ha tenido su inicio en Venezuela.

Y no hay que olvidar acusaciones como la formulada por el periodista Enrique Riobóo de que el número tres de Podemos hizo gestiones en Caracas para conseguir dinero con objeto de comprar Canal 33.

Un callejón de difícil salida
Es así como se comprende que Venezuela sea una migraña para Podemos. El propio Iglesias ha mantenido una postura ambigua sobre la situación actual del país durante mucho tiempo, esbozando una tímida crítica por la detención del alcalde de Caracas. Tan tímida que hasta el cantante Joaquín Sabina, que no pasa por ser un peligroso derechista, le exigió una condena firme de Maduro.

Incluso ciertos elogios de la actual dirigencia de Venezuela han sentado como un tiro entre algunos responsables de Podemos. Es poco conocido, por ejemplo, que Monedero, asesor del propio Hugo Chávez y miembro del elitista Centro Internacional Miranda destinado a la formación ideológica del funcionariado, cayó en desgracia durante meses cuando osó mencionar que el personalismo del chavismo haría que éste se tambalease cuando faltase su creador.

El problema es que la realidad es tozuda. Mientras que a Podemos le interesa más el fenómeno Syriza -guardando ciertas precauciones por si acaso-, las imágenes de Monedero con brazalete venezolano o de Iglesias posando con uniformados en el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia, son difíciles de ocultar.

Para colmo, la situación venezolana no contribuye a olvidar aquellos tiempos, sino todo lo contrario: vuelve a traerlos una y otra vez. Y, a diferencia de Camilo José Cela, retribuido por el mandatario venezolano Marcos Pérez Jiménez con tres millones de pesetas de las de 1955 por su novela propagandística La catira, Podemos no es un escritor, sino un partido político que aspira al Gobierno.

Los dueños del relato
María Blanco www.vozpopuli.com  3 Marzo 2015

Este fin de semana nos visitó en el Instituto Juan de Mariana el abogado e investigador rosarino Garret Edwards. En su charla acerca de los problemas de Argentina desde una perspectiva institucional y de la disciplina denominada Law&Economics, hubo una palabra que se repitió varias veces: el relato.

El relato se refiere a ese discurso acerca de la realidad que los políticos en el poder se empeñan en repetir hasta el punto que la gente acaba por defenderlo aunque lo que vive sea otra cosa. En el caso que explicaba Garret se trata de un relato peronista, contrario al respeto por las bases de la democracia, tomada ésta como algo más que un sistema de elección.

El análisis de este concepto de “relato político” es extrapolaba sin problema a otros países, como el nuestro.

La realidad y los relatos
En España no hay un único relato sino que cada facción política defiende uno distinto. La culpa del sufrimiento del pobre pueblo griego es de Luis de Guindos y Merkel, y simultáneamente, la culpa de que el resto de los europeos miremos con reticencia los planes populistas de los políticos griegos es la chulería y las amenazas de incumplir lo pactado de esos mismos políticos.

La recuperación está llegando y a la vez no está llegando. Los dos partidos que se han turnado en el poder y a quienes se les han descubierto escándalos de corrupción sea en el ámbito nacional o regional, lideran estudios sobre transparencia y se les llena la boca defendiendo la regeneración política. Los salvadores del pueblo del horror de la casta política se inspiran y reciben financiación de los caciques que sangran a sus pueblos en Venezuela y Cuba.

Los trabajadores españoles, empobrecidos más de un 30% desde el comienzo de la crisis, azotados por el desempleo, se lanzan a la calle para protestar por las mínimas restricciones y consecuencias de los trabajadores privilegiados de nuestro tiempo: los funcionarios. Cada vez que se pospone el cobro de una paga extraordinaria de los funcionarios o que se ven afectadas las condiciones de su empleo, incluso si tienen el enorme privilegio de que su continuidad laboral es intocable, las protestas son continuas, multitudinarias, y atraen a los políticos más populistas que tratan de sumarse a toda costa a sus actos y estigmatizan a quien ose defender a los otros trabajadores. Eso sí, los millones de parados no protestan cuando se anuncian medidas que perjudican a los autónomos o a los empresarios, que son los que tienen la clave del empleo.

La ficción y los relatos
Lo más sorprendente del relato es que aunque haya medios de comunicación que saquen a la luz datos o hechos que desmientan la historia oficial, no importa, la voz de los políticos se mantiene imperturbable y potente defendiendo que por el mar corren las liebres y por el monte, las sardinas. Y si en Argentina se trata del asesinato del fiscal que iba a imputar a la Presidenta, en España se trata de la situación económica, de las intenciones futuras, de subir los impuestos o tocar las pensiones, por fortuna para nosotros. Pero todo se andará. Una vez que ya existe esa estructura, esa fractura que separa la realidad de cada cual de lo que se ve en la televisión, el relato aparece como un continente presto a ser rellenado con el contenido que en cada caso sea necesario.

Los ciudadanos se dejan llevar por la mentira y la impostura. Y, como me explicaba Garret en el turno de preguntas, han superado la barrera de la memoria política, que suele ser de tres meses. Cada semana surgen nuevos escándalos, reales o ficticios, para distraer a la gente y, de la misma forma que dicen que sucede en cuestiones de desamor, un clavo saca otro clavo, en política, un escándalo difumina otro escándalo y los ciudadanos ya no recuerdan porque no pueden, porque no quieren, o por la razón que sea, el vía crucis de barbaridades que los políticos que manejan nuestros impuestos, que diseñan la educación de nuestros hijos, que designan a quienes administran la justicia, perpetran un día sí y otro también.

En esta democracia occidental en decadencia, solamente la regeneración institucional, especialmente aquellas instituciones medulares de justicia que sirvan de contrapeso del poder, puede mostrarnos la luz al final del túnel. Pero está tan bien diseñado el sistema, se enrosca sobre sí mismo cerrando el circuito con tal perfección, que no se me ocurre qué partido político con intención de ganar se atrevería a llevar algo parecido en su programa electoral. Hasta entonces sólo queda el estudio y la difusión de las ideas. Pero no las elecciones, al menos para mí.

Terrorismo yihadista Cataluña es la comunidad con mayor riesgo de radicalización de musulmanes
pablo muñoz / javier pagola abcespana / Madrid  3 Marzo 2015

Con un millón de habitantes menos que en Andalucía, duplica la probabilidad de que se produzca ese fenómeno

Cataluña es la comunidad autónoma de España con más riesgo de radicalización de musulmanes, por encima de Andalucía, que tiene un millón más de habitantes, y de Valencia y Madrid. La afirmación no es resultado de análisis de los servicios de información e inteligencia españoles, sino de la aplicación de una herramienta diseñada por el Ministerio del Interior, pionera en el mundo, capaz de determinar el nivel de peligro de que se produzcan este tipo de fenómenos en las comunidades estudiadas. El objetivo de este proyecto, según fuentes de la lucha contra el terrorismo islamista consultadas por ABC, no es detectar y detener a terroristas -de eso se encargan las Fuerzas de Seguridad-, sino identificar los colectivos con mayor riesgo de sufrir una radicalización violenta para poder actuar sobre ellos e intentar evitar que haya quien opte por esa opción.

El modelo está diseñado para lo que se conoce como «secciones censales» -un estándar geográfico que incluye entre 1.000 y 2.500 residentes-, sobre las que se aplica una serie de factores socioeconómicos y grupales identificados previamente como determinantes en los procesos de radicalización. Los datos son tratados a través de un algoritmo matemático que finalmente detecta el nivel de riesgo de cada «sección censal». La suma de los resultados de cada una de estas unidades mínimas permite conocer la situación en municipios, provincias y comunidades autónomas, dependiendo de qué sea lo que interesa analizar en cada momento.

Según las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por ABC, en el ámbito de las comunidades autónomas se observa que el nivel de riesgo de radicalización violenta en Cataluña duplica a la segunda, Andalucía, y ello a pesar de que esta supera en un millón de habitantes a la anterior. En tercer lugar se situaría la Comunidad Valenciana, mientras que Madrid quedaría en el cuarto puesto, con un peligro tres veces menor que el que se detecta en el primero de los territorios citados.

Cuando la herramienta se aplica sobre las provincias los resultados son también muy llamativos. Lo primero que llama la atención, siempre según las fuentes consultadas, es que el nivel de amenaza en Cataluña es el más homogéneo de toda España, si bien es Barcelona donde hay mayor riesgo de radicalización. Sin embargo, en Andalucía son solo Málaga y Almería los terrirorios donde se concentran los valores altos.

Si se reduce aún más la unidad de estudio se observa que de las mil «secciones censales» con más riesgo de radicalización violenta la mitad de ellas están en Cataluña, que triplica a la segunda comunidad, que en este caso es Murcia. «Es importante destacar que en Andalucía hay pocas, pero son de alto riesgo y están localizadas en un par de provincias, Almería y Málaga concretamente», señalan las fuentes.
Intervención de urgencia

La herramienta diseñada señala a cien «secciones censales» como aquellas en la que es urgente intervenir porque son las de mayor riesgo. De nuevo es Cataluña la que acumula la mayoría de ellas, casi la mitad, seguida de Murcia y Andalucía, que prácticamente están al mismo nivel, aunque la segunda tenga mucha más población. En términos relativos, es la comunidad murciana la que tiene una mayor concentración de estas «secciones censales» más sensibles.

Los datos a los que ha tenido acceso ABC son coherentes con el hecho de que Cataluña concentre el mayor volumen de población musulmana de todas las comunidades, en torno a 400.000 personas, lo que supone más de un 20 por ciento del total de España. Es también la que tiene un mayor número de oratorios islámicos o mezquitas, con 268, casi el 20 por ciento de los que hay en todo el territorio nacional. Hay cifras que son muy elocuentes: en Barcelona hay 28 lugares de culto significativos, y le siguen Santa Coloma de Gramanet, en la misma provincia, con 8; Tarrasa y Tarragona, con 7; Sabadell, con 6, y Badalona, Hospitalet de Llobregat y Figueras (Gerona), con 5.

La Comunidad Musulmana en Cataluña, por su nacionalidad de origen, presenta dos grandes bloques: los marroquíes y los españoles nacionalizados, junto con los paquistaníes en Barcelona. La mayor parte del resto procede de Gambia, Argelia y Senegal, entre otros países.

«Precisamente esta diversidad favorece la aparición de focos y grupos de personas que simpatizan, e incluso prestan su apoyo, a diferentes organizaciones islamistas radicales, partidarias de interpreraciones extremistas del islam, y que en ocasiones muestran posturas contrarias a nuestros valores constitucionales», sostienen las fuentes de la lucha antiterrorista. «A veces, incluso, son partidarias de la yihad», añaden. En Cataluña se siguen los movimientos de cinco de estas organizaciones que podrían ser caldo de cultivo para la radicalización de musulmanes.

Viaje a la yihad
Los servicios de inteligencia han detectado algunos factores que explican el auge de las doctrinas radicales no solo en Cataluña -en esta comunidad con más fuerza, si cabe-, sino en toda España. Como es lógico, eso provoca un aumento del riesgo de radicalización de la población musulmana de esa comunidad autónoma, «con el consiguiente aumento del número de voluntarios que optan por desplazarse a los escenarios de la yihad o zonas de conflicto abierto, y las posibles consecuencias y los riesgos para la seguridad que conlleva su posible regreso a España», concluyen las fuentes.

Con directivos de Google y Youtube
Víctimas vascas del terrorismo se forman para frenar la propaganda terrorista en Internet
www.latribunadelpaisvasco.com  3 Marzo 2015

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), invitado por la Red contra la Radicalización de la Violencia (Radicalisation Awareness Network) de la Comisión Europea, ha asistido a un curso intensivo de especialización en estrategias para frenar los mensajes a favor de la radicalización violenta en redes sociales. El curso ha tenido lugar en la sede del “thin tank” Institute for Strategic Dialogue, y ha sido impartido por directivos de Google y YouTube. COVITE es una de las veinte organizaciones europeas invitadas.

Durante el curso, los responsables de Google y YouTube han formado a los asistentes en estrategias para producir y difundir contenidos que contrarresten los mensajes distribuidos a través de las redes sociales que persiguen que jóvenes de todo el mundo caigan en las redes de organizaciones que utilizan la violencia o fomentan su uso.

Para ello, los representantes de dos de las grandes compañías de Internet expusieron casos prácticos de éxito y explicaron técnicas para optimizar su uso.

Con esta formación, COVITE se coloca a la vanguardia de la lucha contra la radicalización violenta en las redes sociales.

El trabajo del Colectivo en este ámbito ya ha sido reconocido internacionalmente.
En abril de 2014, la Comisión Europea instó a COVITE a exponer su herramienta www.mapadelterror.com en París como ejemplo de buenas prácticas.

Y ya en diciembre de 2015, el Colectivo fue la única asociación española invitada a exponer su trabajo en la primera Exposición Mundial de Narrativa contra el Extremismo, celebrada en Abu Dhabi y en la que participaron cerca de 200 expertos y más de 300 delegaciones.

Un fracaso llamado Rajoy
Javier Benegas www.vozpopuli.com   3 Marzo 2015

Hace pocos meses se disparaban todas las alarmas cuando España consolidaba su caída en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI). Y no era para menos, sobre todo si tenemos en cuenta que un año antes, concretamente en noviembre de 2013, había sido aprobada la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Que, pese a “todos los desvelos del Gobierno”, España apareciera por debajo de Botsuana en dicho informe, y cada vez más alejada de países como Alemania (gráficos adjuntos) era algo bastante más que preocupante. Y sigue siéndolo, porque lo cierto es que a este respecto nada ha cambiado.

Pese a todo, el tiempo que Mariano Rajoy dedicó en el pasado debate sobre el estado de la nación a la gravísima lacra de la corrupción no llegó siquiera a sumar los dos minutos. En ese tiempo tan escaso, Mariano, si bien reconoció que la corrupción ha sido el problema que “más descontento” ha generado entre los españoles "y con razón”, no tuvo el menor reparo en envolverse en la bandera de la Ley de transparencia y sentenciar, poco más o menos, que todo lo que se podía hacer ya estaba hecho. Y una vez cumplido el trámite de forma tan cicatera, como el más entusiasta de los tenderos, se dispuso a vender esa otra mercancía en aparente mejor estado que es la recuperación económica.

Pero las cosas no son tal como el presidente las cuenta. Se podría haber hecho mucho más o, mejor dicho, se podría haber hecho mucho mejor, infinitamente mejor. Porque lo cierto es que la Ley de transparencia nació con calculadas ineficiencias que limitan en la práctica su cumplimiento y mantienen en cuarentena el derecho de los ciudadanos a saber de los asuntos públicos, especialmente de aquellos que tienen que ver con las contrataciones y los dineros.

Pero por si todas esas ineficiencias no fueran suficiente garantía para evitar disgustos a quienes tienen mando en plaza, Mariano retrasó dos años la entrada en vigor de la ley para la gran mayoría de las instituciones públicas, cuando, con ley o sin ley, deberían estar preparadas para proporcionar de oficio la información que en adelante se les iba a exigir.

Lamentablemente, es tal el grado de opacidad al que están acostumbrados los partidos políticos y sus caciques que haber abierto sus feudos súbitamente al escrutinio público quién sabe si no habría terminado en la toma de la Bastilla o en cualquier otra catástrofe. Y para que usted, querido lector, pueda comprobar de un solo vistazo en qué grado de opacidad se encuentran algunos chiringuitos, añado tres gráficos que son bastante elocuentes:

Que en esta ley no se contemplara ningún régimen de infracciones y, por tanto, tampoco de sanciones, a políticos y funcionarios públicos en caso de incumplir las normas de transparencia es algo que solo podía ocurrir en España. Anomalía marca de la casa que ha quedado pendiente de la elaboración a posteriori de un reglamento, del que hasta la fecha, como era de prever, no hay noticia, ni parece que vaya a haberla con este gobierno.

Es tal el camelo, la tomadura de pelo, que si para algo está sirviendo la Ley de Transparencia es para legitimar un régimen de silencio administrativo negativo y vulnerar el derecho de los ciudadanos a recibir una respuesta explícita por parte de la Administración a sus requerimientos. Subterfugio que podrá ser usado a discreción por la administración de turno al no definirse –de nuevo la casualidad, supongo– situaciones muy concretas que pudieran justificarlo.

Hay otras muchas carencias en esta ley que, según el Partido Popular, estaba llamada ni más ni menos que a “cambiar las actitudes políticas en España, a prevenir la corrupción y a abrir el camino de la regeneración democrática”, aunque por ahora para lo que ha servido es para colocarnos por detrás de Botsuana. Pero lo que definitivamente la ha convertido en otro trasto legislativo inútil al servicio de la propaganda es que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como todos los organismos reguladores de esta España política de la francachela, no es independiente. Y no lo es porque el Presidente del Consejo es propuesto por el Gobierno (es decir, por el jefecillo del partido de turno) y basta una mayoría simple para ratificar su nombramiento.

En definitiva, lejos de convertir la transparencia en la norma fundamental que ha de regir las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos, a quienes éstas han de servir, Rajoy prefirió enterrarla en una ley, dotando así de un halo de legalidad tanto a la mala política como a la mala práctica, tal y como han venido haciendo todos los tiranos que en el mundo han sido. Y así está siendo casi todo en esta triste legislatura.

Así, cuando un Mariano ya metido en campaña intentaba hace unos días vendernos la recuperación económica, atribuyéndose con ese desparpajo tan suyo el mérito de haber resucitado a doña confianza de entre los cadáveres de esta crisis, lo que estaba haciendo realmente era obviar a conveniencia que, más allá del búnker al que se debe, está la política con mayúsculas, la de verdad: la que quema. Obviaba, en definitiva, que esta pobre España solo se desprenderá de la losa del fatalismo el día que los ciudadanos tengan la certeza –es decir, la confianza– de que las instituciones están a su servicio y no al de oscuros intereses.

Entretanto llega o no ese momento, así es como lo ven los españoles. Tomen nota los Arriolas de turno, por si la economía no tira:  


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El cambio de la historia a través de la modificación del nombre de los topónimos
Ernesto Ladrón de Guevara www.latribunadelpaisvasco.com  3 Marzo 2015
 
Con la mostrenca participación de todos los partidos del arco parlamentario se ha modificado la toponimia hasta causar hilaridad.

La toponimia encierra en sí misma la historia de los pueblos, su devenir a lo largo del tiempo, y todos tienen un acta fundacional. Esos nombres que dan santo y seña a cada enclave, definiendo su singularidad, es el fruto del paso del tiempo y la sustancia fundacional de su creación está contenida en esas denominaciones. La modificación gratuita y caprichosa en función de intereses políticos de grupos que quieren borrar el pasado para reformularlo a su capricho es como una amputación de nuestro pasado, una transgresión de parecido calibre al destrozo que están haciendo los talibanes del ISIS en restos arqueológicos que son el testimonio milenario de un pueblo.

Hace unos años traté de encontrar en el listín telefónico el teléfono de mis tíos en mi pueblo natal, San Román de San Millán, y me encontré con que había desaparecido del listado. No satisfecho con el fracaso de mis averiguaciones recorrí todo el directorio de localidades, hasta encontrarme con Durruma. Entonces me apercibí que se había modificado sin razón histórica o epigráfica el nombre del pueblo que me vio nacer. Nunca, ni en la memoria de mis abuelos ni en la archivística ese nombre fue utilizado para citar a esa localidad.

La intención era obvia, quitar una denominación en castellano para transformarla en el apócope de la expresión Done Urruma en versión eusquérica. ¿Es legítimo modificar así un topónimo con origen romano? ¿Es correcto cambiar el nombre a la vecina localidad de Albéniz, cuyo origen es el importante enclave Alba lugar relevante en la vía que unía Astorga con Burdeos en época de los romanos y que pasaba por este lugar? Lo han cambiado por Albeiz que ni es latino ni vascón, pues el sufijo “iz” se refiere a tendencia o cualidad, es decir, la pertenencia al antiguo lugar de parada y fonda de los romanos en sus viajes transfronterizos, llamado Alba. Y así un largo etcétera.

Han querido borrar del mapa todo vestigio medieval, con sus fundaciones de poblaciones con cartas pueblas, con villas protegidas por los reyes para fortalecer su posición ante las fuerzas banderizas y señoríos que trataban de menoscabar la autoridad del rey para hacer prevalecer sus privilegios. Así, se han cambiado nombres de tal importancia como Fuenterrabía, Salvatierra, Villafranca de Ordicia, Villarreal de Alava, Laguardia, Labastida, y un largo elenco de ejemplos, intentando hacer tabla rasa de cualquier conexión de nuestros pueblos y ciudades con los reinos de Castilla, como si con esa actuación fueran capaces de eliminar lo que fue y nadie puede cambiar. Pero en el subconsciente colectivo algo queda, una sensación de que nuestros pueblos y ciudades nacen de Túbal, y, como insistentemente se decía hace no mucho, los romanos no hubieran pasado por aquí y nada fue como realmente sucedió. Si a eso acompañamos unas buenas dosis de adoctrinamiento político, modificación del currículo educativo para crear mitos y una falsa información sobre la realidad histórica, tenemos completado el panorama en la dirección de los intereses nacionalistas.

Muchos lugares adoptan su nombre de linajes que dieron lugar a la historia de Álava en un momento determinado. Tal es el caso de Guevara (no Gebara como está ahora), Gamboa, Alzate, Urtubie (en este caso, tiene raíces eusquéricas), Léniz, Mendoza, etc. Muchos de los topónimos toman su nombre del euskera y es correcta la grafía, pero es un terrible atentado a nuestra memoria histórica lejana cambiar la grafía o hasta el mismo nombre, con el objeto de dar apariencia de vasquidad, como si el castellano –nacido en el Valle de Valdegobía, en el occidente de Alava, como atestiguan los cartularios de Valpuesta- no fuera tan vasco como el euskera.

Se ha llegado a la aberración de cambiar el nombre de Salinas de Añana (cuya explotación fue fundamental en la época romana y medieval), estrechamente ligada a San Millán de la Cogolla como atestigua la Reja de San Millán. Han puesto el nombre de Gesaltza que significa sal en euskera, cuando en ningún documento medieval y posteriores pruebas archivísticas aparece esa denominación.

El estudioso Saturnino Ruíz de Loizaga, que ha cribado el origen del castellano y de la evolución de los pueblos del Valle de Valdegobía y otros canales de conexión desde Santoña con la Castela Vetula en las repoblaciones de la reconquista, como germen de la que sería la Castilla de Fernán González, dice: “Yo cuando regreso a mi tierra, a mi Valdegovía, a mis lares, a mis raíces, me siento como un extranjero al ver en su entorno los cambios que se han realzado, fuera de lo normal: letreros con nombres nuevos de los pueblos, en vasco primero. Igualmente, mapas del territorio con una toponimia nueva y con términos geográficos nuevos, como el nombre de montes, sierras y cordilleras, y estos cambios aparecen también en documentos oficiales, incluso en la Guía Telefónica de las localidades de Álava, nombres nuevos inventados de los pueblos, acaso como si se tratara por parte de algunos que la toponimia vernácula se vaya olvidando con el tiempo. Todo esto ocurre a pocos kilómetros de Valpuesta, en cuyo monasterio se considera que nació el castellano escrito, y donde aparecen también en sus Cartularios los nombres más antiguos de nuestros pueblos, montes, ríos, campos y heredades de Valdegovía y sus alrededores, los cuales tienen un significado revelador y preciso para los investigadores, nombres que no solo los encontramos en esos viejos pergaminos escritos en este antiguo monasterio-diócesis, sino que también en otros documentos medievales de los monasterios del norte de España, donde constan tanto la genuina toponimia menor como la mayor, y que se remontan al menos a más de 1200 años” (Valdegovía –Alava- Historia, Lengua, Arte; 2014)

Constatan la dificultad de hablar aún de la extorsión de ETA a 15.000 vascos
La investigación del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto parte de las reflexiones de la desaparecida organización Bakeaz sobre el fenómeno de la extorsión que ejercieron los terroristas a empresarios, directivos y profesionales
efe | bilbao El Correo  3 Marzo 2015

Investigadores coordinados por el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto estudian la extorsión que ejerció ETA a casi 15.000 vascos, y han comprobado que, a día de hoy, todavía resulta muy difícil hablar de ello porque perdura en parte la amenaza de la banda. La investigación partió de las reflexiones de la desaparecida organización Bakeaz -que profundizó en el proceso de paz, los colectivos de víctimas y los derechos humanos-, sobre el fenómeno de la extorsión que ejercieron los terroristas a empresarios, directivos y profesionales que durante décadas fueron objeto de amenazas y persecución, e incluso secuestros y asesinatos.

Según ha explicado uno de los responsables del proyecto, Josu Ugarte, tres años después del anuncio de ETA del cese de su actividad, los investigadores se han puesto en contacto con alrededor de 210 personas que recibieron cartas en las que se les reclamaban pagos o que fueron extorsionadas por otros sistemas de recaudación del denominado "impuesto revolucionario". De ellas, sólo 60 se han ofrecido a entrevistarse personalmente con los expertos para contar su experiencia y otras 130 han preferido responder a un cuestionario a través de internet. De esa manera, el estudio ha obtenido la primera de las conclusiones y es que las víctimas de la extorsión "sienten aún un miedo difuso" y que "mientras ETA no desaparezca, estaremos todavía algo atenazados" por su amenaza, ha constatado Ugarte.

Este grupo de expertos, formado por historiadores, economistas, sociólogos, politólogos, periodistas y juristas, ha comenzado a analizar los resultados de esas entrevistas realizadas, y han estudiado los datos de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde varias perspectivas, hasta lograr publicar en el primer semestre del año próximo las conclusiones de este trabajo. Según ha señalado, "no hay constancia de que la extorsión haya continuado" después de que ETA anunciara el final de su actividad.

"Falta de libertad personal y política"
El trabajo parte de la premisa de que la violencia terrorista "ha condicionado en gran medida la vida política del País Vasco y ha hecho vivir con miedo e inseguridad a muchos de sus habitantes, que han padecido una grave falta de libertad personal y política". En concreto, las empresas, sus propietarios y directivos, y algunos profesionales han sido objeto de atentados y secuestros. "Pero también han sufrido una forma de violencia con unas características particulares cuya finalidad ha sido someterles a extorsión económica para convertirles en financiadores forzosos de la actividad terrorista", explican.

El proyecto del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto dedicará un capítulo aparte a la "microextorsión" entendida como tal las campañas de captación de fondos que, de una manera mucho menos agresiva, busca fondos en apoyo a los presos. La publicación tratará de concretar también los efectos que ha tenido el terrorismo de ETA en la actividad económica de Euskadi y Navarra.
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