AGLI Recortes de Prensa    Viernes 13  Marzo 2015

Jurar por Snoopy
LORENZO ABADÍA www.gaceta.es 13 Marzo 2015

El eterno problema de la política no radica en resistirse a la relación mando-obediencia, sino en edificar una óptima relación dialéctica entre ellos.

A menudo los analistas se cuestionan, en relación con un sistema político, quién manda, cómo se puede dirigir un gobierno más eficazmente, qué relaciones existen entre el poder y otras fuerzas, etc. Son preguntas que se plantean dentro del ámbito sociológico pero no corresponden a la esencia de lo político porque no van dirigidas a desentrañar la cuestión fundamental: el origen y la naturaleza del poder.

Resultaría mucho más interesante que sociólogos y politólogos dedicasen parte de su preciado tiempo a estudiar por qué existe el poder en todas las sociedades, por qué millones de personas obedecen los dictados de una sola o de muy pocas, y en qué está basada la fuerza de quien se hace obedecer, pues así se podrían comprender cuáles son, en definitiva, los mecanismos por los que se rige para intentar mejorarlos en beneficio de la sociedad.

Analizar lo político es analizar su fenomenología, es decir, la relación mando/obediencia, de acuerdo al clásico esquema de Julien Freund. Este presupuesto, al igual que el de público/privado y amigo/enemigo, se manifiesta como una relación de contrarios sin síntesis ni reconciliación. Es por eso que su dialéctica no es hegeliana, porque lo político, en el sentido abstracto, es una lucha entre antagonismos en la que resulta imposible suprimirlos sin eliminar al mismo tiempo su propio escenario. Y lo político, que es una esencia, no puede dejar de existir en el mundo humano.

El eterno problema de la política no radica en resistirse a la relación mando-obediencia, pues es imposible pensar en una política sin sus dos factores constitutivos, sino en edificar una óptima relación dialéctica entre ellos. La política, per se, no es democrática, autoritaria, oligárquica u oclocrática, no es liberal, ni nacionalista, ni socialista. Se convierte en ello en función de la relación mando/obediencia.
Aquí radica la cuestión. El poder, que es la base social del mando en tanto que se apoya en el estrato social hegemónico y que tiene como obsesión perpetuarse e incrementarse, nunca se deja dominar del todo. Pero gracias a la dialéctica mando/obediencia en la instauración del orden es posible institucionalizarlo.

La importancia del constitucionalismo se debe a que es a su través como se caracteriza la legitimidad del poder político, se regula su sucesión (elecciones, monarquía, etc.) y se controla su funcionamiento.
Nada de esto suele ser mencionado por los cientos de analistas que se aproximan constantemente a los medios de comunicación. Y sin embargo, es la clave para entender lo que ocurre en un sistema político. Por eso a casi nadie le extraña que la mayoría de las nuevas fuerzas políticas se contenten diciendo que cuando accedan al poder, éste se ejercerá de forma distinta hasta ahora, sin necesidad de transformar la relación mando/obediencia que caracteriza nuestro sistema. Como si su ADN fuera diferente al de quienes llevan gobernando sin control desde hace más de tres décadas. Su actitud es tan miserable, tan poco ambiciosa y tan oportunista que sus mensajes, tan viejos como la política, ofenden a la inteligencia.

Si el sistema actual ha permitido, aun admitiendo que también se hayan hecho cosas correctamente, una crisis política y económica sin precedentes, fruto de la corrupción y del despilfarro, ¿por qué hemos de contrainferir que los nuevos políticos vayan a cambiar las cosas si éstos pretenden actuar bajo el mismo régimen legal de poder? Es como echar vino nuevo en odres viejos.

Si existe algo en la política que se pueda presentar a los ciudadanos españoles como evidente, es el hecho de que sin una transformación del régimen de poder, de la relación de mando/obediencia no se conseguirán cambios sustanciales en los resultados.

Esa modificación del mando ha de producirse a través de una verdadera representación de la sociedad civil en el actual Parlamento de funcionarios de partido y un control mayor de sus representantes (diputados) y mandantes, pues al gobierno no se le elige para que nos represente, para eso están los diputados, sino para que nos mande de acuerdo, en teoría, a una legalidad y legitimidad democráticas.
Y eso sólo responde a la forma en que se eligen los representantes y mandantes y la forma en que se controla su poder. Es decir, depende de la si la ley electoral es representativa (diputado de distrito) o partidocrática (sistema de listas) y de la existencia de una auténtica separación de poderes. El resto es poesía constitucional.

Conviene estar muy atentos a qué fuerzas políticas juran por Snoopy que serán más buenos que sus predecesores, basando de nuevo la promesa en su propia moralidad, y quiénes proponen verdaderas reformas institucionales de modo que la libertad política, aquello que Benjamín Constant sabía que era la base para garantizar el resto de libertades, esté asegurada y pueda ejercer el control necesario al poder. Sólo así distinguiremos los programas honestos de reforma de la demagogia más abyecta.

La corrompida política que soportamos
Antonio García Fuentes Periodista Digital 13 Marzo 2015

Esta es la principal enfermedad que padecemos y que al hacerse crónica, o se cura, o terminarán por someternos a una nueva esclavitud equiparable a la que empleaban los sátrapas de hace milenios; donde ya se escribieron sentencias como la que sigue, pero las que no han logrado cambiar al gobernante y de ahí todo lo demás:
POLÍTICA Y JUSTICIA: "La ley es como una red que atrapa las moscas y deja pasar a los pájaros". La política se creó para "legalizar" la corrupción. (Anacarsis. siglo VII a.C.)

No es que aspiremos a gobernantes “puros y limpios al cien por cien”, puesto que ello es imposible mientras estos sigan teniendo “panza y bolsillo”… y lo que es mucho peor, las ansias de poder y de dinero que les caracteriza a gran cantidad de ellos, que al haber logrado “camarillas internacionales, a la hora de la verdad se tapan los unos a los otros y por ello no nos sirven ni las pomposas organizaciones internacionales, puesto que todo pasó al servicio de esas minorías insaciables”; por ello los pueblos siguen siendo lo que siempre fueron, “carne de cañón y fuerza productiva para que al final sean ellos los que menos se benefician de esos bienes que producen”.

De lo último que he leído y bien documentado, les copio el párrafo siguiente y les dejo la dirección para que lean el resto; pero antes tomen algo para no vomitar.

“Guerra civil en la CNMC o el poder del gran dinero en España: Es casi la pregunta del millón. ¿Cabe imaginar en España una autoridad de defensa de la competencia de verdad independiente? Difícil responder a esta cuestión en un país acostumbrado a la existencia de prácticas monopolísticas desde tiempo inmemorial, un país donde se funde lo público y lo privado, donde banqueros y empresarios de fuste viven acostumbrados a hacer negocios a la sombra del poder político, a mediatizar lo que publica el BOE, a perdonar los créditos no devueltos por los partidos y, en definitiva, a hacer pagar a los consumidores vía tarifas la factura del mal funcionamiento de la economía, de la ausencia de competencia efectiva. Ni PSOE ni PP han querido nunca sacar las manos de los organismos de regulación y control cuando han gobernado, porque ahí está el poder real, el poder del dinero y la posibilidad de la puerta giratoria cuando se deja el cargo. Siempre ha sido así, con distintas variantes. La que el Gobierno Rajoy introdujo en 2013 consistió en unificar los distintos organismos existentes (CNE y CMT, como más importantes) en uno solo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que preside José María Marín Quesada”. http://vozpopuli.com/analisis/58351-guerra-civil-en-la-cnmc-o-el-poder-del-gran-dinero-en-espana

A la vista de todo ello, no nos puede sorprender que y por poner ejemplos destacados. Felipe González Márquez “fundador del nuevo socialismo español”; ocupara asiento en un “riquísimo” consejo de administración, del que ha venido cobrando una paga bochornosa (por lo grande) y la que indudablemente recibe por “servicios prestados” en su época de gobernante político. Al igual ocurre con su homólogo de ideología “contraria” (es un decir) José María Aznar López, que al igual que el anterior, por sentar su culo en otro “gran consejo de administración”, percibe cantidad igualmente bochornosa; sumemos a todo ello, todo lo demás conseguido a lo largo de sus ya muchísimos años “al servicio de España y los españoles”, no sólo por estos despreciables individuos, sino por familia y demás nepotes que lograron enchufar al dinero público; además pretenden reconocimientos y aplausos “eternos”.

Si bajamos la escala, encontraremos a innumerables “figuras menores”, que al igual que estos, terminado su mandato político, han sido colocados en empresas “privadas” en puestos principescos para que no tengan que pasar fatigas el resto de su vida, ellos y los muchos que han colocado por su cuenta donde han tenido poder para ello. No olvidemos igualmente las leyes del embudo que han ido acoplando para defensa de sus intereses y que llegan hasta las que les permiten jubilarse con pagas, no accesibles a la inmensa mayoría de jubilados, que cobramos mensualidades de limosna, mientras aquí se han derrochado lo inimaginable del dinero que dicen es público.

Pero aquí y por ir al otro extremo, se jubila un rey (que abdica) y lo jubilan (entre otras cosas que ignoremos) como “capitán general de los ejércitos”, lo que indudablemente, conllevará la paga y prebendas anexas a tan altísimo cargo; además eso de que abdicara y se fuera a la vida civil, es incierto, puesto que como estamos viendo, actúa como “un segundo rey”, puesto que protagoniza actos como si estuviera en activo; es más, he leído en estos días, que se ha hecho acondicionar un despacho en el Palacio Real (no en su residencia actual donde viva) y el que ha costado una muy respetable cantidad de millones de pesetas, amén del boato de servidores y anexos que conllevará; y no hablemos de los viajes de placer de que disfruta, que seguro le estamos pagando con los impuestos que nos saca el fisco sin contemplaciones y que ya se califican como confiscatorios, por el saqueo a que somos sometidos llevamos ya muchos años.

Lógico que el español de a pie y más aún el que se decide a pensar un poco, esté hasta la coronilla de esa “casta” (que lo es) y que ha vivido y sigue viviendo opíparamente, mientras el resto de españoles… ¿cómo nos han dejado? Y aún pretenden que votemos a los mismos que nos han arruinado… ¡¡Inaudito!!

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y http://blogs.periodistadigital.com/nomentiras.php

Ciudadanos y el Fisco
F. JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 13 Marzo 2015

EL SISTEMA representativo, esto es el Parlamento o Cortes, que nacen en León años antes que en Inglaterra, tenía por objeto el control del gasto público evitando el despilfarro y la corrupción, frenar la voracidad fiscal del Rey para no ahogar a las familias e impedir el 'bastardeamiento' de la moneda, como llamaban los teólogos-economistas de la Escuela de Salamanca a la devaluación encubierta que consistía en quitar plata u oro añadiendo cobre a la pieza y manteniendo formalmente el mismo valor.

A eso llamaban aquellos curas liberales -qué tiempos- "robar en sus bolsillos a los pobres", porque la subida de precios compensaba a traición la rebaja del valor real de la moneda. Con el liberalismo y su "santo temor al déficit" y la feliz conquista del sufragio universal, los Parlamentos tienen la misma vieja función: vigilar al Gobierno para que no gaste lo que no debe y no robe a los ciudadanos "en sus bolsillos" manipulando la moneda, el déficit o la deuda. Pero, ay, la fatuidad del llamado 'socialismo de cátedra' ha disimulado con conceptos como "redistribución de la riqueza" la vieja voluntad del Poder de esquilmarnos. Por nuestro bien, claro.

Entrevistando ayer al candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid me sorprendió que los que vienen, dicen, a terminar con la corrupción, no renuncien a saquear nuestro bolsillo cuantas veces les apetezca. Aguado quiere acabar con uno de los logros del Partido Popular de Aguirre y González: liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones, enésimo atraco de los gobiernos nacionales, regionales y locales. La Comunidad de Madrid -5% menos de presión fiscal que Andalucía, 10% menos de paro- es el último refugio de los que se niegan, después de haber pagado impuestos por una cosa -deberían bastar los indirectos-, a padecer la cascada de IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, más las infinitas cargas locales, incluida la 'mordida a los políticos'.

Tres años ha peleado Ignacio González -no sé si en el ático o en la calle- contra Montoro, que, con la excusa de un régimen fiscal para toda España, quería acabar con el último refugio del ahorrador español. ¿Y quiere Ciudadanos rematar esa faena de saquear Madrid para evitar la quiebra de Cataluña? ¿Pero qué se han creído estos políticos que, tras freírnos vivos, aún quieren despellejarnos muertos?

La inmundicia moral de Podemos
EDITORIAL Libertad Digital 13 Marzo 2015

Ciertamente, la votación en el Parlamento Europeo sobre la represión del criminal régimen venezolano tiene escasas, por no decir nulas, consecuencias prácticas: la resolución no lleva aparejada ningún tipo de sanción y a estas alturas ni siquiera puede decirse que sirva para informar de algo que la mayoría de los europeos tiene más que claro: la Venezuela chavista no es una democracia sino una tiranía con pretensiones totalitarias.

Precisamente por esa ausencia de consecuencias reales el voto en contra de los diputados de Podemos es más revelador: cuál no será su vinculación ideológica, intelectual o de otro tipo con el régimen de Caracas que ni siquiera pueden abstenerse en una declaración de condena de sus más evidentes desmanes.

Como viene ocurriendo con buena parte de la intelectualidad europea de los últimos doscientos años, los líderes de Podemos disfrutan de todas las ventajas que les procura el sistema que vilipendian mientras otros sufren lo indecible bajo el yugo de los regímenes que aquellos jalean.

Es muy fácil ser chavista o castrista desde la prosperidad y la seguridad de Europa, donde las tiendas están perfectamente surtidas y los Estados de Derecho, con todos sus defectos, son precisamente eso, no sanguinarias y caóticas repúblicas bananeras en manos de criminales de la peor especie. Es muy fácil apoyar a Maduro o a los Castro cuando los que sufren la represión y la miseria son otros y uno, lejos de sufrir las consecuencias de tal infame alineamiento, saca de ello réditos de todo tipo. Y es muy fácil, pero aún más miserable, dar cobertura a un régimen criminal incurso en plena ola de terror represivo desde los confortables escaños de un Parlamento democrático y encima presentarse como luchadores por la libertad y los derechos humanos.

La inmundicia moral de Podemos es especialmente nauseabunda porque, al contrario que IU –que por supuesto también ha votado en contra de la resolución de la Eurocámara–, los de Pablo Iglesias tratan de presentarse ante la opinión pública como un movimiento transversal, más allá del eje derecha-izquierda, o, como mucho, socialdemócrata al estilo escandinavo.

Nadie quiere que España se convierta en Venezuela, un país hundido en la miseria y con unos niveles de violencia e inseguridad intolerables. Nadie salvo Iglesias y sus secuaces, que han vuelto a mostrar este jueves su verdadera cara apoyando al despreciable régimen de Caracas. Nadie lo olvide, nadie se engañe.

La cosa suya
MELCHOR MIRALLES. www.vozpopuli.com 13 Marzo 2015

Rajoy le dijo a Sánchez en el debate del estado de la nación que se fuera y no volviera, y la grosería ha cundido. Porque si los subordinados ven el ejemplo del jefe despreciando a la Cámara, sintiéndose el puto amo de la cosa, confundiendo la sede de la soberanía nacional con su casa genovesa cuyas obras pagan en dinero negro, pues la cosa cunde, y ahora es Morenés, el ministro de Defensa, el que la lía. Pero no pasa nada, porque aquí, hasta que el régimen sea el que se vaya, nunca pasa nada.

Morenés, un ministro que merece más escaparate mediático, pero con el que los grandes no se atreven, es un tipo inteligente, taimado, que antes de ser nombrado por Mariano-se-fuerte-te-llamo-mañana merodeaba por el viscoso mundo del business del armamento pesado, que consigue por ahora que la porquería que surge en el Ministerio salga solo con cuentagotas y que en el Congreso se ha permitido el lujo de descalificar gravemente a una diputada que le preguntó por el caso de una militar acosada y acompañar sus palabras del gesto de llevarse el dedo índice de su mano derecha a la boca en reclamación o exigencia de silencio. Vamos, que la mandó callar.

El partido es un descalzaperros, amenaza sangría de votos, la corrupción les acorrala, pero Mariano, Morenés y los que quedan llegan al Congreso y les sale un alma autoritaria, brota la naturalidad del comportamiento, de modo espontáneo muestran la cara real de su día a día. Uno le dice al líder de la oposición que se pire y no vuelva, y el otro le manda callar a su señoría. Y Villalobos jugando con su tableta. Y se quedan tan panchos. Porque así entienden la cosa pública, la política. Como la cosa suya, un asunto privado en el que a ellos, mientras les vaya bien, no les tose ni dios. Mandan. Y no admiten la más leve crítica, ni se someten no ya al control, ni siquiera al debate. No hay poderes, Montesquieu no es que haya muerto, es que para ellos no ha existido, no saben quién es. El Ejecutivo lo puede todo, y les altera que alguien ose colocarles un espejo delante. Porque para ellos la realidad es su realidad. Y el Legislativo y el Judicial están a su servicio, y son un estorbo

Es grave la cosa. Por reiterativa en el corto plazo, y por ilustrativa de un estilo, de un modo de entender el ejercicio del poder. Han disfrutado de la mayoría absoluta más desaprovechada que hemos conocido y ahora que la casa amenaza ruina, están solo a ver como salvan los muebles, y les incomoda la democracia, tienen miedo a la realidad y a la verdad, no les llega la camisa al cuerpo, y les aburre rendir cuentas, porque entienden que se dedican a algo que les pertenece. O sea, que no entienden nada, que no se dan cuenta de cómo está el patio, del nivel de hartazgo del personal. Y las encuestas siguen y siguen, y cada cual les sale peor. Y ellos con los huevos de corbata, pero erre que erre. Sostenella y no enmendalla. No aprenden.

CIUDADANOS
Socialistas hasta en la sopa
Emilio Campmany Libertad Digital 13 Marzo 2015

Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, ha estado este jueves explicando su programa a los oyentes de Federico Jiménez Losantos. Buena parte del tiempo lo ha tenido que dedicar a explicar su propuesta de levantar a herencias superiores a los 700.000 euros la bonificación de la que hoy gozan en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Ha justificado esta flagrante subida de impuestos con los manidos argumentos de la justicia social y la redistribución de la riqueza. También ha dicho que es un impuesto que afecta a personas que no son las que han generado la riqueza gravada. De ser esto lo definitivo, deberían gravarse todas las herencias y no sólo las superiores a 700.000 euros. Y finalmente ha apelado a que sería una medida que no afectaría al 99,9 por ciento de los madrileños. De modo que todos tranquilos, que la subida no va con nosotros, a menos que pertenezcamos a ese 0,1 por ciento que espera heredar más de 700.000 euros.

Esta forma de pensar, basada en que hay margen fiscal para esquilmar a los ricos por lo menos hasta que dejen de serlo, es común a todos nuestros políticos. Donde puede haber debate, de haberlo, es en qué se entiende por rico. No lo hay en que es lícito quedarse con su riqueza. Más allá de las ideologías, la idea parte de la absurda premisa de que la riqueza de una nación es la que es con independencia de cuál sea la política fiscal. Piensan los políticos que al tío que se mata para ganar ciento cincuenta mil euros al año le va a dar igual que le quites cincuenta o cien porque se va a seguir matando igual. No caen en la cuenta de que a lo mejor, si el socialista de turno se pasa rebañando, el sujeto deja de matarse a trabajar o se va a otro sitio donde le traten mejor.

Ese 0,1 por ciento al que a Ignacio Aguado no le importa esquilmar en el Impuesto de Sucesiones incluye a gente que, precisamente con la esperanza de poder dejar a sus hijos una empresa o un negocio del que vivir con cierta holgura, crean puestos de trabajo para otros que, gracias a él, podrán ahorrar un capital que dejar a sus hijos y que, por no llegar al mínimo fijado, no pagará Impuesto de Sucesiones. Pero ¿qué ocurrirá si ese empresario pierde la ilusión de dejar una empresa a sus hijos porque sabe que se va a quedar con buena parte de ella la Comunidad de Madrid, eventualmente presidida por Ignacio Aguado? Pues que se tumbará a la bartola o se irá a montarla a otro lugar y ya no se crearán los puestos de trabajo que de otra manera se habrían creado. Y así, una medida pensada para perjudicar sólo al 0,1 por ciento de la población, será igualmente perjudicial para 99,9 restante.

¿De dónde saldrá tanto socialista?

Quiebra internacional de la dictadura de Maduro
JOSÉ JAVALOYES. www.republica.com 13 Marzo 2015

La Resolución del Parlamento Europeo contra la acelerada deriva totalitaria del régimen chavista venezolano, aprobada por una clara mayoría a propuesta de los Grupos Popular, Socialista, Reformistas y Populares viene precedida en estos últimos días de las sanciones aplicadas por la Administración estadounidense contra los siete componentes principales del aparato represivo del régimen, y por la censura de la Organización Internacional del Trabajo, junto con sus equivalentes del mundo empresarial, por las respectivas violaciones de los derechos humanos en su gravedad más extrema: muerte de siete manifestantes, entre ellos un chico de 14 años; encarcelamiento de 15 empresarios y confiscación de establecimientos y plantas empresariales para incorporarlos a las respectivas cadenas de los ineficientes complejos estatales en los distintos sectores de la economía venezolana.

Y, dentro de las violaciones de toda suerte de fueros políticos y libertades ciudadanas – en paralelo de todo el desmadre bosquejado en las referencias anteriores – el capital asunto de los presos políticos, arbitrariamente encarcelados: sin juicio previo y sin ningún tipo de garantías para su integridad personal, lo mismo en el orden jurídico que en el plano de la seguridad física de los encarcelados: Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, detenido en su despacho oficial, asaltado con mazas y picos por agentes de la policía política del régimen; Leopoldo López, torturado luego ser detenido hace ya un año, sin mandato judicial alguno, tras presentarse en dependencias oficiales del sistema. Y junto a estos dos dirigentes de la Oposición democrática al régimen castro-chavista, el nombre de Daniel Ceballos.

Del opositor H. Capriles, antagonista frente a Nicolás Maduro en las elecciones venezolanas últimas (primeras del heredero político de Hugo Chávez), cuyos polémicos resultados- indemostrables de modo fehaciente – fueron poco menos que fallados en un “acuerdo” regional habido en Perú por presidentes de la zona, presumiblemente “engrasado” alguno con barriles de crudo aun sin devaluar. Del opositor Capriles, digo, no consta que hasta el momento haya sufrido acoso alguno, quizá por el blindaje que supone el hecho de ser adversario amortizado por su convenida derrota.

De todo el conjunto de críticas y acosos internacionales aflorados en los últimos 30 días en torno al fondo material y a la forma política de la quiebra venezolana, quizá haya sido lo más relevante el repaso administrado al respecto por el Parlamento Europeo el último jueves. No sólo porque se hayan tenido que “retratar” genéricamente, por tendencias, los respectivos grupos de la Cámara, sino porque los solidarios con el “madurismo” se han visto constreñidos a comparecer en niveles de identificación, poco menos que en aplausos, con los comportamientos totalitarios del régimen aquél, sin dejar de insistir sin embargo, en que ellos son los apóstoles de la última democracia y los campeones de las más plenarias libertades imaginables en el mundo occidental.

El evento de lo que es más quiebra pura y dura que concurso de acreedores sobrevenido en el tramo final de la metamorfosis totalitaria de esta Venezuela, no podrá menos que tener algún impacto en la dinámica deflacionaria de las encuestas demoscópicas en nuestra Piel de Toro. Algo que se podría llamar algo así como “el ocaso de las albricias”.

DENUNCIA EN SUS OBRAS LA DECADENCIA FRANCESA
Éric Zemmour, en busca de la identidad francófona
Arancha Moreno www.gaceta.es 13 Marzo 2015

Su libro 'El suicidio francés' genera debates en la sociedad francesa, por su acérrima defensa de la identidad francófona frente a la igualdad republicana.

¿Existe el multiculturalismo? Para intelectuales como Fernando Sánchez Dragó, no, porque defiende que "jamás ha habido una convivencia pacífica" entre las culturas. Un pensamiento que va en sintonía con uno de los escritores e intelectuales más importantes del momento en Francia, Éric Zemmour, defensor de un mayor control de la inmigración y de que los inmigrantes adquieran las costumbres del país en el que se instalan. Para él, el islamismo está rompiendo los valores de su país, por lo que incide en la necesidad de recuperarlos.

Hijo de judíos argelinos, el periodista y escritor ha generado un gran debate en Francia debido a sus posiciones contra la inmigración, las élites políticas, económicas, mediáticas e intelectuales, a las cuales acusa de haber "vendido" los valoresdel país. Ideas que recoge en su último libro, "El suicidio francés", publicado el pasado mes de octubre y un gran éxito de ventas en apenas un trimestre, superando los 500.000 ejemplares. En él vaticina un futuro apocalíptico para la sociedad francesa y critica la supuesta decadencia en la que está inmersa la sociedad francesa, e incide en defender la identidad francófona frente a la igualdad republicana. En su opinión, el país va camino del suicidio cultural y económico por culpa de la inmigración y las políticas europeas. Y señala a los tres grandes enemigos de Francia: la islamización de Eurabia, el vuelco de los valores de la inmigración y la militancia europeísta.

Entre sus tesis más discutidas, está su reivindicación del colaboracionismo del régimen de Vichy, un "mal necesario" que asegura que libró a miles de judíos franceses de las represalias de los nazis. Esta defensa le ha valido un aluvión de críticas, entre ellas la del exministro de Interior Charles Paqua y el historiador americano Robert Paxton, quienes le han recordado que su condición de judío argelino le habría valido, por lo menos, la deportación.

Pero no sólo eso; analiza el feminicidio realizado por las feministas, como hizo en su libro "Le premier sexe", donde defiende que hay corrientes feministas que quieren castrar a los hombres. Denuncia también la masculinidad de la mujer y la feminización del varón, y cómo ese intercambio afecta en la educación de los hijos y al futuro de la sociedad. Y se postula contra la homosexualidad, como demostró al posicionarse en contra del proyecto de ley que aprobaba las bodas homosexuales en 2012.
Reacciones en contra

El revuelo ideológico que sacude Francia no sólo provoca que crezca el número de simpatizantes de esa idea de recuperar la identidad francesa; también origina corrientes contrarias a sus ideas. Sin ir más lejos, el primer secretario del Partido Socialista francés, Jean Christophe Cambadélis, le considera un reaccionario preocupante. El pasado enero, una librería de Bruselas tuvo que cancelar una firma de Zemmour por miedo a los grupos radicales, ya que bandas de extrema derecha y extrema izquierda amenazaron el acto.

En su país, le acusan de la derechización de la sociedad francesa, que está motivando el crecimiento de Marine Le Pen. Pero hay quien plantea si lo que abandera Zemmour es sólo el reflejo de una sociedad confusa y a la deriva deseosa de aferrarse a un bote salvavidas.

CATALUÑA
'El Ministerio del Tiempo'
Antonio Robles Libertad Digital 13 Marzo 2015

Francesc-Marc Álvaro es un periodista orgánico, uno de tantos profesionales del catalanismo que vive del negocio nacional a base de crear ficciones o apuntalarlas. Como tantos de su generación, pura emanación del pujolismo.

Acaba de publicar un artículo resentido con pluma de seda. No puede ocultar la envidia. Bajo el título "Una teleserie nacionalista", intenta deslegitimar la recién estrenada serie de TVE El Ministerio del Tiempo. Desde la primera palabra hasta la última, sus juicios de intenciones son un lamento inconsciente y rabioso por no habérseles ocurrido a ellos. A los de casa nostra, ya saben, TV3, "la nostra", dicen ellos; "la suya", apostillamos nosotros.

Su argumento es acusarla de apuesta nacionalista. Española, claro. ¡Mira quién fue a hablar! Pero no le voy a desmentir, aunque sea desvarío. Ya era hora que España sacara a relucir la fuerza de la creación cultural para contrastar su historia con las historias nacionalistas que la niegan. Con imaginación, ingenio, ternura, desenfado, y crítica a sus mitos, sin intentar cambiar lo que fuimos ni ocultar lo que hoy nos parece vergonzoso. La historia, para bien o para mal, ya no se puede cambiar, intentar hacerlo siempre fue afán de todos los que quisieron rendir el presente a sus intereses. Como hacen ahora los nacionalistas. A falta de hechos relevantes donde fundar una nación a la medida, convierten cuatro piedras del mercado del Borne en un recordatorio del odio debido al enemigo. 74 millones de euros ha costado la broma. Levantan con el dinero de sanidad un simposio de "España contra Cataluña" para completar el relato y hacen del tricentenario de 1714 una afrenta colectiva eternamente recordada para mantener vivo el odio y abiertas las heridas. TV3 sirve de telonera. Durante 24 horas, los 365 días del año, da cuenta del delirio colectivo. Entre la morralla sin fin, ahí están, para vergüenza de nuestros nietos, Adéu Espanya o L’endemà.

Al contrario de esta bazofia, El Ministerio del Tiempo es una serie original, fresca, documentada, con una dosis equilibrada entre ficción y hechos históricos. La mezcla de los tres protagonistas llegados al presente de siglos distintos relativiza la identidad de lo que fuimos, haciendo de nuestro presente un lugar de encuentro. La elección es generosa. La inteligencia, la preparación intelectual y la emancipación de la mujer la representan una catalana del siglo XIX, el honor, la lealtad y el nacionalismo, un soldado de los Tercios de Flandes del XVI, el pragmatismo y la postmodernidad, un sanitario del Madrid actual. Hay tantos recovecos, posibilidades y matices que harán de la serie una joya para repasar nuestra historia sin maltratarla. El aliño para lograrlo promete: a nuestros clásicos se les baja del pedestal de la historia para convertirlos en mortales a través de la crítica y el desenfado. Las pujas del guionista a Lope de Vega o a Velázquez son originalísimas, los golpes de ingenio para romper un trance histórico a través de cualquier ocurrencia de la vida cotidiana actual, acertadísimos. En una palabra, la serie destila inteligencia y buen humor. También dialéctica. Barrunto que el personaje de Lola Mendieta, funcionaria del ministerio del tiempo, supuestamente vendida al enemigo, acaba de introducir en el tercer capítulo el enfrentamiento entre progresistas y conservadores. Quiere trasladar a la historia, para cambiarla, las mejores ideas, que fueron combatidas por las mentes más retrógradas. ¿Pero tiene derecho a hacerlo? El Ministerio del Tiempo está para preservar la historia tal como ha sido, no para cambiarla. Una buena cuestión que me enlaza de nuevo con la crítica de Marc-Álvaro a la serie. El catalanismo actual también quiere cambiar la historia. Y ya vemos mediante qué tretas y con qué fines.

Yo me conformaría con que nuestras escuelas y medios de comunicación enseñaran a nuestros hijos los hechos de la forma más neutral posible. Es el presente el que tenemos que cambiar para mejorarlo, no la historia para utilizarla en nuestro beneficio.

Enhorabuena, la serie es una fuente de inspiración. Capítulo I: el tiempo es el que es. Capítulo 2: tiempo de Gloria. Capítulo 3: Himmler en España. Así se recupera la hegemonía cultural perdida.

España: infierno fiscal para la riqueza
Juan Ramón Rallo www.vozpopuli.com 13 Marzo 2015

La podemización de la vida política española avanza imparable. El discurso de que España es un paraíso fiscal para los ricos ha calado ampliamente en nuestra sociedad y todos los partidos se apresuran en prometer nuevos impuestos sobre la riqueza para que las grandes fortunas “contribuyan equitativamente” al mantenimiento de nuestro Estado sobredimensionado. UPyD se ha mostrado favorable a la generalización del Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones, incluso en aquellas comunidades que, como la de Madrid, carecen de ambos; el PSOE ha prometido recientemente nuevos impuestos sobre la riqueza (eliminación de exenciones y del límite conjunto en Patrimonio e IRPF o aumento del gravamen en sicavs y fondos de inversión) para que las grandes fortunas paguen más; e incluso Ciudadanos se ha desmarcado de su discurso habitual pidiendo el restablecimiento de Sucesiones en Madrid.

Pero, ¿es verdad que España es un paraíso fiscal para los ricos? ¿Es verdad que otros Estados europeos pueden desarrollar una redistribución de la renta mucho más intensa porque gravan de un modo más decidido la riqueza? Pues no, no es verdad. Si acudimos a Eurostat, descubriremos que en 2012 España fue el sexto país de la Unión Europea que más recaudó por impuestos sobre la riqueza: en concreto, el equivalente al 2,8% del PIBel doble que países a los que supuestamente muchos quieren emular como Finlandia o Suecia.

Otra métrica que podríamos emplear para comparar la importancia de los impuestos sobre la riqueza en España frente al resto de países europeos es el peso de su recaudación sobre el conjunto de ingresos fiscales del Estado. Al cabo, un Estado puede recaudar mucho de la riqueza en términos absolutos pero poco en términos relativos: por ejemplo, un país donde la presión fiscal sea del 50% del PIB y el 5% del PIB provenga de impuestos sobre la riqueza trata relativamente mejor a sus ricos que uno donde la presión fiscal sea del 4% del PIB y la mitad de esa recaudación (el 2% del PIB) procede de gravar la riqueza.

Así pues, ¿cambia el ranking anterior cuando medimos la recaudación por impuestos sobre la riqueza con respecto a la recaudación total? Sí, sí cambia y para peor: según esta métrica, España es el cuarto país de Europa con una mayor fiscalidad sobre la riqueza. En concreto, el 8,6% de todos los impuestos proceden de ahí… casi tres veces más que en Suecia o Finlandia.

En otras palabras, dada la sobrerrepresentación de los impuestos sobre la riqueza dentro de la recaudación global de la Hacienda española, incluso aquellos partidos que desean incrementar los ingresos del Estado deberían optar por subir otros impuestos distintos a los que gravan la riqueza. ¿Cuáles? Pues aquellos en los que recaudamos más poco comparado con el resto de la Unión Europea, por ejemplo en los impuestos sobre el consumo: España es el país de toda la Unión Europea que menos recaudó en 2012 por tributos sobre el consumo.

Evidentemente no estoy abogando por una subida de los impuestos sobre el consumo porque, en esencia, no estoy abogando por ningún tipo de subida de impuestos y sí por enérgicas reducciones del gasto público. Ahora bien, aquellas personas que promuevan un Estado mayor deberían, en coherencia, impulsar subidas de los gravámenes sobre el consumo. Si ello no sucede, si a pesar de que todos los partidos ambicionan más gasto público y todos reclaman renovadas subidas de impuestos, ninguno se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato de la tributación sobre el consumo, es básicamente porque la competición electoral se ha convertido en un modo de aunar el apoyo de las mayorías para explotar y laminar a las minorías. Dado que la mayoría de la gente no quiere pagar más impuestos pero egoístamente sí quiere que los demás los paguen, resulta electoralmente suicida proponer impuestos que afecten al grueso de la población: los impuestos han de concentrarse en las minorías irrelevantes desde un punto del recuento de votos.

Pero si, al final, todo pasa por defender redistribuciones de la renta que me beneficien a mí personalmente (“no quiero pagar ningún impuesto y quiero recibir el mayor gasto público posible”), si la fundamentación última de la razón pública de los tributos es mi interés personal camuflado bajo el manto de la falsa autoridad estatal para el ejercicio de la violencia, entonces digámoslo sin ambages: “nos da igual que España sea uno de los países europeos que más maltrata la acumulación de capital; lo que de verdad nos importa es quedarnos con  riqueza”. Sin más. Así, al menos, iremos siendo cada vez más conscientes de la verdadera naturaleza del Estado.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

¡Otro pájaro escapó de la jaula!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 13 Marzo 2015

Vamos a ver si no nos desviamos del fondo de la cuestión: “El problema no está en que el etarra Plazaola se haya fugado, sino en que se legislara a toda velocidad para aplicar una Ley que beneficiaba a los etarras condenados y que unos jueces se dieran una prisa extraordinaria en aplicarla y en que la sentencia del Tribunal Supremo tuviera una demora inexplicable en cumplirse”. Desde luego que nadie podrá pensar que el etarra iba a esperar docilmente en su casa conociendo esa sentencia con suficiente antelación, gracias a la filtración a los medios y al interesado de alguien de la propia Administración de Justicia en el Tribunal Supremo y en la tardanza en su ejecución (más de cinco horas). Al fin y al cabo, era un hombre libre con todas las garantías civiles y con su pasaporte en regla en su poder.

Así que si hay que culpar a alguien hagámoslo sobre quiénes son los verdaderos responsables de haberse pasado de frenada en la excarcelación de terroristas, cosa que no es nueva y que se repite tras la liberación de terroristas, asesinos y violadores con la sorprendente aplicación de una disposición no vinculante del Tribunal de Derechos Humanos de La Haya. Pero ni siquiera hay que acudir al exterior para llegar a la conclusión de que este miserable Gobierno de España del PP ha tenido una política de seguidismo con la estrategia del anterior Gobierno del PSOE de Zapatero en su rendición ante la ETA con actuaciones tan escandalosas como la liberación del etarra Bolinaga que tardó más de dos años en sucumbir a su enfermedad que decían que era “terminal” y lo que acabó fue con la paciencia de los ciudadanos.

Menos mal que a este Gobierno le quedan “dos telediarios”, aunque lo malo es que durante ese tiempo aún pude darnos algunas sorpresas desagradables e inventarse la aplicación de otra amnistía general y el acercamiento definitivo de todos los presos etarras a las cárceles del País Vasco y Navarra como broche final al proceso de paz que tan entusiásticamente están culminando en esta legislatura. Solo por este suceso de Plazaola y el antecedente del de Bolinaga ya sería más que suficiente para exigir la inmediata dimisión del Ministro de Interior, salpicado además por otros casos directamente relacionados con las llamadas “cloacas del Estado” como los casos del “Pequeño Nicolás” y ahora el del Comisario Villarejo.

Lo realmente irritante es comprobar que la falta de transparencia es algo que afecta a todas las Instituciones del Estado. Todos se empeñan en seguir tapando sus vergüenzas y sus actuaciones intentando desviar la atención con excusas nada creíbles y con justificaciones peregrinas que además revelan falta de profesionalidad o pensando mal, intencionalidad consciente en delinquir. ¿Cómo creen que pueden reaccionar los ciudadanos? Lo peor no es la falta de credibilidad y la pérdida total de confianza en nuestros dirigentes sino llegar a la conclusión de que esto hay que pararlo como sea y a costa de lo que sea. Ir a votar con tanta rabia y sin pensar en las consecuencias puede ser terrible para España.

Lo que les culpo a todos los responsables, empezando por los jueces que liberaron a este pájaro asesino terrorista y a otros como él, es de haber actuado sin la debida prudencia y sosiego que deben acompañar a decisiones tan trascendentales y que saben que pueden producir "alarma social", o como en este caso, "hartazgo social".

Tergiversa que algo queda
Clemente Polo. Cronica Global 13 Marzo 2015

En el artículo “Un centro cultural lejos del independentismo” que firma A. Piñol en El País el 14 de febrero de 2015, se da cuenta de la presentación del Centro Libre. Arte y Cultura que tuvo lugar el pasado 12 de febrero en Barcelona. Tras mencionar los nombres de algunos intelectuales que apoyan el proyecto, la autora afirma que “uno de los firmantes es el catedrático de la UAB, Clemente Polo, que hizo un estudio en el que recordó que el Ejército está legitimado a intervenir en caso de secesión”. Ése tal Clemente Polo soy yo, y como ésta es la segunda vez que El País tergiversa el contenido de mi ensayo “Panorámica del argumentario economicista a favor de la independencia de Cataluña: mitos y realidad”, decidí enviar a El País un artículo titulado “Por alusiones tendenciosas” que el diario se ha negado a publicar, ofreciéndome la posibilidad de dirigir una carta al director de 300 palabras, un espacio que considero a todas luces insuficiente para establecer la verdad. Que el lector de CRÓNICA GLOBAL juzgue por sí mismo.

El 4 de abril 2014, L. Pellicer publicó otro artículo en El País titulado “El ‘think tank’ de la CEOE legitima la actuación del ejército en caso de secesión” donde se hacía referencia a mi ensayo en términos que sólo puedo calificar como inexactos, tendenciosos e injuriosos. Para que el lector pueda hacerse una idea, transcribo algunos de los párrafos del artículo del Sr. Pellicer:

No hace ni un año el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la patronal CEOE, presentaba en el Círculo Ecuestre de Barcelona un estudio que advertía de las consecuencias de una eventual independencia de Cataluña. Entre ellas estaba la salida del euro, la devaluación de su nueva moneda y la pérdida de bancos y empresas. Ayer jueves el laboratorio de ideas eligió el mismo escenario para presentar un informe en el que se legitima la actuación del ejército en el caso de que el Parlamento catalán declarara de forma unilateral la secesión e incluso se señala que se arrestarían a sus dirigentes políticos y se ilegalizarían los partidos que la apoyaran.

El informe que respalda la intervención del ejército está firmado por el catedrático de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Clemente Polo y lleva el título Panorámica del argumentario economicista a favor de la independencia de Cataluña: mitos y realidad. En ese artículo defiende el "derecho a la integridad territorial del Estado español" y expone el contenido del artículo 2 del Título Preliminar de la Constitución, que "consagra la indisoluble unidad de la Nación Española" y el artículo 8, que determina que "las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España".

"Queda, por tanto, meridianamente claro que la secesión de Cataluña no cabe en la Constitución aunque la apoyen el 33%, el 51% o el 62% de los ciudadanos catalanes", afirma Polo, quien añade que en el caso de que el Gobierno y el Parlamento de Cataluña se nieguen a cumplir la Constitución, el Gobierno central y las Cortes "tendrían que adoptar las medidas oportunas para restablecer el orden constitucional". ¿Cuáles? "Nos adentraríamos así en una situación de conflicto abierto que inevitablemente acarrearía la suspensión del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la destitución del Gobierno catalán y el cierre de su Parlamento y la restricción de algunos derechos constitucionales como es normal en estas situaciones extraordinarias. En caso de insurrección armada, el Gobierno español tendría que adoptar las medidas necesarias para suprimir el levantamiento como ya ocurrió en la Segunda República", argumenta.

Otros diarios como El Periódico o La Vanguardia también expresaron opiniones similares, si bien la proximidad de estos medios al régimen nacional-independentista que gobierna Cataluña desde 1980 hizo que el hecho no me sorprendiera tanto. En un artículo titulado “La mentira es el arma de los mentirosos”, publicado en mi blog el 4 de abril de 2014, ya denuncié el torticero artículo del Sr. Pellicer, pero es obvio que el grado de difusión de mi modesto blog y El País no resulta equiparable. Para empezar, el Sr. Pellicer debería informarse mejor porque “el estudio” al que alude en el primer párrafo, La cuestión catalana, hoy, se presentó en el Circle d’Economia el 14 de marzo de 2013, y no en “el mismo escenario” del Círculo Ecuestre como equivocadamente afirma. Por cierto, que a aquél acto asistió el todavía entonces Molt Honorable (MH) Jordi Pujol i Soley quien, tras hacerse con el micrófono en el turno de preguntas, soltó una interminable perorata para justificar que la única salida digna que le quedaba a Cataluña era la independencia. Pocos meses después comprendimos la urgencia del ya nada honorable (nh) sujeto, por ser quizá la independencia la única escapatoria que le quedaba a él y a varios miembros de su familia para evitar tener que dar cuentas de los presuntos delitos antes, durante y después de que él ostentara el cargo de President de Cataluña desde 1980 hasta 2003.

En segundo lugar, el Sr. Pellicer, afirma tanto en el título del artículo como en el primer y segundo párrafos citados que mi estudio “legitima la actuación del ejército en el caso de que el Parlamento catalán declarara de forma unilateral la secesión e incluso se señala que se arrestarían a sus dirigentes políticos y se ilegalizarían los partidos que la apoyaran”. Vayamos por partes. Para empezar la palabra ‘ejército’ no aparece ni una sola vez en mi ensayo y la expresión “fuerzas armadas” sólo en una ocasión, cuando en el apartado 2.1 El derecho a la integridad territorial del Estado español (p. 34) transcribo parte del artículo 8 de la Constitución donde se asigna a las fuerzas armadas la defensa de la “integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. No es mi ensayo lo que legitima la intervención del ‘ejército’, como afirma torticeramente Pellicer, sino en todo caso la Constitución y algunos tratados internacionales. ¿Tan difícil le resulta comprenderlo? O quizá el Sr. Pellicer está de acuerdo con quienes aducen que la ‘voluntad del pueblo catalán’ –de la que al parecer son depositarios exclusivos– está por encima de las leyes, la Constitución y los tratados internacionales.

Lo que sí hago en mi ensayo es asignar probabilidades a los dos posibles escenarios que podrían presentarse en caso de que el gobierno autónomo y el Parlament declararan unilateralmente la independencia de Cataluña como pretenden algunos líderes políticos catalanes. Como científico social, considero que si esa circunstancia llegara a producirse es mucho más probable que el gobierno español y Las Cortes adopten las “medidas necesarias” a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución “para obligar a una Comunidad Autónoma a cumplir las obligaciones o las leyes”, que no que acepten pasivamente la secesión de Cataluña, Y aunque el artículo no especifica qué medidas podría adoptar el Estado español, me parece perfectamente razonable suponer que llegados a ese punto nos adentraríamos “en una situación de conflicto abierto que inevitablemente acarrearía la suspensión del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la destitución del Gobierno catalán y el cierre de su Parlamento y la restricción de algunos derechos constitucionales como es normal en estas situaciones extraordinarias. En caso de insurrección armada, el Gobierno español tendría que adoptar las medidas necesarias para suprimir el levantamiento como ya ocurrió en la Segunda República”. En esta ocasión mi ensayo tampoco legitima nada, Sr. Pellicer, se limita a anticipar qué podría suceder, de manera análoga a como razonaría si me preguntaran qué puede ocurrirme si se descubre que he cometido una infracción de tráfico o un delito tipificado en el Código Penal.

No alcanzo a comprender como El País, un diario pretendidamente riguroso, mantiene en nómina a periodistas que con reiteración alteran el contenido de un ensayo de 64 páginas en el que se desmenuzan casi todas las ocurrencias y falacias con las que algunos economistas partidarios de la independencia han intentado minimizar las pérdidas que ocasionaría la independencia, e inflar el mal llamado y peor calculado “dividendo fiscal de la independencia” con el que las enjugarían. Al repetir una y otra vez que mi ensayo “legitima la intervención del ejército”, Pellicer demuestra que no tiene ningún interés en comunicar a los lectores de El País los argumentos económicos que presento en mi ensayo sino descalificarlo de la peor manera posible que puede hacer un periodista: tergiversando malintencionadamente su contenido. Parece, en fin, que a algunos periodistas de El País les resulta insoportable que haya académicos dispuestos a no tragarse en silencio los cuentos de hadas con que algunos políticos y economistas quieren vestir el proceso de transición hacia la independencia en el que la mayoría de los catalanes tienen mucho que perder y nada que ganar a cambio.
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1. The union shall respect the equality of Member States before the constitution as well as their national identities, inherent in their fundamental structures, political and constitutional, inclusive of regional and local self-government It shall respect their essential State functions, including ensuring the territorial integrity of the State, maintaining law and order and safeguarding national security. (Subrayado mío)

2. Art. 155: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuara de forma que atente al interés general de España, el Gobierno previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.”

3. El artículo 1, sección 9:2 de la Constitución de los Estados Unidos prevé, por ejemplo, la suspensión del derecho de Habeas Corpus “cuando en casos de rebelión o invasión así lo requiera la seguridad pública”. (The Privilege of the Writ of Habeas Corpus shall not be suspended, unless when in Cases of Rebellion or Invasion the public Safety may require it.”)

LAS DOS PRIMERAS FASES DEL ESTUDIO SOBRE “LA TORTURA” COSTARÁN 130.000 EUROS
El Gobierno de Íñigo Urkullu se gasta más de 200.000 euros en justificar las denuncias de “tortura” que la banda terrorista ETA se inventó
www.latribunadelpaisvasco.com 13 Marzo 2015

Las dos primeras fases del estudio que ha encargado el Gobierno vasco sobre la “tortura” entre 1960 y 2010 costarán un total de 130.000 euros. A esta cifra habrá que añadir el importe de la tercera fase que todavía no se ha presupuestado, aunque los expertos consultados por La Tribuna del País Vasco señalan que el coste de esta última etapa del trabajo no será inferior a los 100.000 euros.

El coste del informe preliminar, presentado hace unas semanas por el secretario de Paz y Convivencia del Ejecutivo autónomo, Jonan Fernández, y el forense Francisco Etxeberria, ascendió a 30.000 euros.

Esta primera fase del estudio consistió en recabar información de 140 actores nacionales e internacionales (Amnistía Internacional, Consejo de Europa, Relatores de la ONU, Tribunal Europeo de DDHH, Defensor del Pueblo, Gobierno vasco, etc.), 20 sentencias firmes por casos de torturas y las aportaciones de personas afectadas, abogados y colectivos que trabajan en la materia. Con ese trabajo se elaboró un censo de 3.587 casos de denuncias de torturas y malos tratos ante los tribunales o la opinión pública.

La siguiente fase del trabajo tiene un coste de 100.000 euros y consistirá en la investigación de “200 casos representativos” para evaluar “la credibilidad” de las denuncias, y “el estudio cualitativo, narrativo y específico de 40 casos” emblemáticos. El coste de esta segunda fase se ha estimado en 100.000 euros.

El Gobierno vasco dilapida este dinero para justificar las múltiples denuncias de tortura que ETA se ha inventado a lo largo de las últimas décadas como parte de una estrategia terrorista que, evidenciada en diferentes documentos incautados por las Fuerzas de Seguridad, busca “desgastar al enemigo militar mediante todo el ‘matxake judicial’ que se pueda. Está comprobado que las denuncias, aunque no acaben en condenas hace mucho daño a los de la trinchera de enfrente. Si se consigue alguna condena, en ellos cunde la desesperación y además retroalimenta nuestra campaña”.

Por su interés, a continuación reproducimos íntegramente uno de estos “manuales” incautados a ETA por la Guardia Civil. Concretamente, este documento fue intervenido por las Fuerzas de Seguridad en el domicilio de los miembros liberados del comando “Araba”, detenido en 1998. Otro documento similar fue incautado por la Guardia Civil al comando “Elurra”: “La denuncia de torturas dentro de la estrategia política de ETA”.
http://latribunadelpaisvasco.com/not/2634/el-gobierno-de-urkullu-se-gasta-mas-de-200-000-euros-en-justificar-las-denuncias-de-ldquo-tortura-rdquo-que-la-banda-terrorista-eta-se-invento/

FUGA DE ETARRAS
Plazaola y las mentiras de Fernández Díaz
Guillermo Dupuy Libertad Digital 13 Marzo 2015

La fuga del etarra Plazaola hubiera supuesto en cualquier país serio la dimisión del ministro del Interior y, cuanto menos, la inhabilitación de los tres magistrados que, de forma clamorosamente contraria a derecho, lo pusieron en libertad.

Aquí, sin embargo, el gobierno logra minimizar el escándalo –ya de por sí reducido en una sociedad adormecida por sus medios de comunicación–, fijando la atención en filtraciones o en algo tan absurdo como el tracto temporal que transcurre entre las 12:40 y las 24 horas del pasado martes. Es cierto que ese es el tiempo que transcurre desde que las agencias de información dan a conocer la sentencia del Tribunal Supremo que anula el auto de excarcelación hasta que los agentes de la Policía y la Guardia Civil concluyen el registro de la casa de Plazaola sin encontrar en ella al etarra.

Sin embargo, y aquí está lo decisivo, Plazaola ya sabía positivamente que le iba a tocar volver a prisión desde el pasado 13 de enero, día en que se supo que el Tribunal Supremo, con ocasión del recurso planteado por la defensa del etarra Kepa Picabea, rechazaba descontar a los etarras las penas cumplidas en Francia. Que "el criterio adoptado por el pleno obligará a Santi Potros y a Plazaola a volver a prisión" es un titular que el etarra ahora fugado podía leer el 13 de enero en este periódico como en cualquier otro de este país. Lo único que hizo por aquel entonces este periódico fue reiterar su condena del entuerto judicial que supuso su excarcelación y advertir, por segunda vez, del riesgo de fuga en un editorial que llevaba por elocuente titulo "¿Volverán a prisión los etarras injustamente excarcelados?".

Era evidente la necesidad de someter a vigilancia policial a unos etarras que, desde el mismo momento de su excarcelación, en diciembre de 2014, ya podían presagiar su reingreso en prisión y que desde enero de este año ya lo podían dar por seguro.

Y es en este asunto, en el de la vigilancia policial, donde nos topamos con la segunda maniobra del ministro para minimizar este jueves el escándalo de la fuga. Nos referimos a su afirmación de que "hubiera sido ilegal" someter a vigilancia policial a Plazaola hasta que el Supremo anulase formalmente su puesta en libertad.

Esta afirmación del ministro no por ser una verdad a medias deja de ser la peor de las mentiras. En primer lugar, porque nadie ha reclamado una vigilancia policial invasiva que pudiera atentar contra su intimidad u obstaculizar la injusta libertad de movimientos que le habían procurado tres lamentables magistrados. Se trataba, por no hablar de los servicios de inteligencia, de una vigilancia no invasiva, perfectamente acorde a la ley y a los protocolos policiales, sobre alguien que, desde hacia meses, se sabía que había sido injustamente excarcelado y que tendría que volver a prisión. Se trataba de una vigilancia únicamente destinada a saber donde se encuentra. Se trataba de la misma vigilancia policial por la que, según han dicho de forma contradictoria los corifeos del ministro, se tenía localizado al etarra en su domicilio hasta el medio día de este mismo martes. ¿Qué pasa, que era legal saber dónde estaba Plazaola hasta las 12:40 del martes y luego dejó de serlo hasta la hora de ir a detenerlo?

Por otra parte, recordemos que, con ocasión de las no menos vergonzosas excarcelaciones de los violadores que se beneficiaron de la sentencia de Estrasburgo, se aseguró que dichos violadores serían sometidos a vigilancia. ¿Nos quiere decir Fernández Díaz que eso era una ilegalidad?

Venga hombre, a otro perro con ese hueso. Lo de la "ilegalidad de la vigilancia" de Plazaola es una engañosa argucia como lo fue aquella de decir que "el gobierno prevaricaría" si no soltaba a Bolinaga; mentira como la decir, como dijo nada más asumir la cartera de Interior, que sus antecesores socialistas en el cargo habían sido "ejemplares" y "respetuosos con el Estado de Derecho".

Lo único que pretende Fernández Díaz es ocultar su incompetencia en el asunto de este etarra fugado, que no deja de ser la misma increíble incompetencia que ha demostrado con otros etarras fugados, como Troitiño, De Juana Chaos o Josu Ternera. Y confiemos en eso, en que sólo se trate de incompetencia.

Ciutadans, ¿de fuera?
Nacho Martín Blanco. Cronica Global 13 Marzo 2015

Recuerdo la indignación que sentí cuando, en el 2008, Marta Ferrusola dijo que le molestaba “mucho que un andaluz que tiene el nombre en castellano” presidiera la Generalidad. Se refería, claro está, a José Montilla, que dos años antes se había convertido en el primer presidente de la Generalidad nacido fuera de Cataluña, concretamente en Iznájar (Córdoba). Por un lado, me pareció una inaceptable exhibición de xenofobia de una mujer intemperante que demostraba una vez más su concepción patrimonialista de Cataluña. Y por otro, despertó en mí un sentimiento de solidaridad con el presidente Montilla que pocas veces iba a volver a experimentar hacia él, y menos aún cuando sólo un año después Montilla se apuntaría al patrimonialismo exclusivista tildando al PP de “enemigo de Cataluña”.

Pues bien, algo parecido sentí ayer al leer las declaraciones del delegado del Gobierno en Andalucía y presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, que dijo que no quiere que “en Andalucía mande un partido que se llama Ciutadans, que tiene un presidente que se llama Albert”. Y añadió: “Con todo el respeto, a mí no me gusta que en Andalucía se mande desde fuera”. ¿Desde fuera? ¿Desde cuándo un partido nacido en Cataluña es un partido de fuera en Andalucía? ¿Lo son también el PP y el PSOE por haberse fundado en Madrid? ¿Hay en Andalucía algún partido “de dentro”? ¿Acaso es el nacionalista Partido Andalucista el único partido auténticamente andaluz? A ver si va a resultar que, para el señor Sanz, los nacionalistas catalanes tienen razón cuando se refieren a los partidos catalanes excluyendo al PP y al PSOE.

Digo que al leer las declaraciones de Sanz sentí algo parecido a lo que había sentido años atrás cuando leí las de la mujer de Pujol, porque el sentimiento de indignación que me invadió ayer fue similar pero no idéntico. Fue peor. De Ferrusola no esperaba menos, pues no era la primera vez que la señora daba muestras de su talante xenófobo, como cuando lamentó que sus hijos, de pequeños, no podían jugar en el parque porque todos los niños eran “castellanos”. (¡A saber lo que entenderá ella por ser castellano! Lo más probable es que confunda ser castellano con hablar castellano, a pesar de que me consta que con alguna de sus amigas, de rancio abolengo catalán, Ferrusola habla la lengua de Cervantes). El caso es que, por muy indignantes que a mí me parezcan, las palabras de Ferrusola sobre Montilla son absolutamente coherentes con su nacionalismo discriminatorio. Está claro que a ella la convivencia entre catalanes, nacionalistas, no nacionalistas, castellanohablantes, catalanohablantes o bilingües, le importa un comino. Por no hablar de lo que le preocupa la convivencia entre estos y el resto de los españoles.

Sin embargo, las palabras de Sanz sobre Rivera y Ciutadans no sólo me parecen indignantes, sino que me irritan sobremanera porque perjudican la labor en pro de la concordia que algunos nos empeñamos a conciencia en llevar a cabo a diario, empezando por los propios representantes del PP catalán. Es más, tengo buena relación con algunos diputados del PP en el Parlamento autonómico, y estoy convencido de que la salida de tono de Sanz no les habrá hecho ninguna gracia. Entre otras cosas porque también tienen, como Rivera, el nombre en catalán.

Entiendo que a Sanz le interese que su partido obtenga un buen resultado en las elecciones andaluzas y que le preocupe la competencia de Ciutadans, pero lo que no puedo entender es que anteponga sus intereses partidistas al interés general de España, que, lógicamente, pasa en primer lugar por preservar el afecto entre sus ciudadanos. Quizá él crea que apelando a la hostilidad anticatalana ganará algunos votos en Andalucía, pero de lo que no hay duda es de que con su ridícula arenga perjudica la unidad de España, en la medida en que aviva el discurso de los nacionalistas catalanes que necesitan de la incontinencia de personajes como Sanz para seguir alimentando su discurso victimista. No hay que ser un lince para prever que en los próximos días esas declaraciones monopolizarán la atención de las tertulias catalanas y serán presentadas como la constatación fehaciente de que “España no nos quiere”, de que con “España no hay nada que hacer”. Poco importa que los principales dirigentes del PP y del PSOE hayan hecho incontables declaraciones de signo radicalmente contrario a las del lenguaraz dirigente gaditano, manifestaciones de afecto a Cataluña y a los catalanes. Si ya normalmente resulta difícil lidiar con la desmedida preponderancia numérica de opinantes partidarios de la secesión que preside el debate público en Cataluña, hacerlo con declaraciones como las de Sanz sobre la mesa se antoja desalentador.

Parece que Sanz no es capaz de ver más allá de las próximas elecciones autonómicas, ni de hacerse cargo de la gravedad de la situación. No en vano en Cataluña la amenaza rupturista sigue presente, a pesar de que el debate parece haberse equilibrado gracias, entre otras cosas, al ímprobo esfuerzo de los partidos constitucionalistas -sobre todo el PP y Ciutadans pero también el PSC, primero con Navarro y ahora con Iceta-, de asociaciones como Sociedad Civil Catalana y de opinantes partidarios de la continuidad de Cataluña en España.

Los partidos políticos representan, a mi modo de ver, algo más que sus legítimos intereses partidistas y electorales. Encarnan unos valores que están por encima de la lucha interpartidista, y entiendo que uno de los valores que las formaciones partidarias de preservar la unidad de España deben defender siempre es, precisamente, el de la concordia y el respeto mutuo entre los ciudadanos de las diferentes nacionalidades y regiones que integran España. Es decir, desde el punto de vista electoral uno puede decir lo que le dé la gana y acertar o no, pero desde el punto de vista axiológico un dirigente de un partido constitucionalista no tiene derecho a despreciar como lo ha hecho Sanz los valores que su partido, entre otros, representa. Es verdad que después se disculpó, pero lo suyo hubiera sido que se lo hubiera pensado un poco, antes de hablar.

Así pues, cuidado con enfangarse más de la cuenta en la batalla electoral, porque a veces los árboles no dejan ver el bosque. Y lo que está en juego no son los árboles, o sea, las próximas elecciones; sino el bosque, esto es, la convivencia y el proyecto sugestivo de vida en común del que hablaba Ortega. No lo perdamos de vista.


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