AGLI Recortes de Prensa  Miércoles 18  Marzo 2015

EL CACAREO POLÍTICO EN EL GALLINERO NACIONAL
Antonio García Fuentes Periodista Digital 18 Marzo 2015

Da grima, asco, repulsión; tratar de escuchar las necedades, absurdos, vaciedades, que lanzan una mayoría de adversarios políticos, que con grandilocuentes gestos y caras de un contento y satisfacciones inexplicables, clamaron y claman por conseguir que el votante se fije en ellos y los vote; no a ellos puesto que no se presentan en solitario y arriesgando su personalidad, sino en grupos o lotes como se presentan ciertos productos en las lonjas donde se venden en los múltiples mercados donde proliferan esta forma de ventas por el sistema simple de la voz humana, o el más moderno de los botones, vía los automatismos cibernéticos que hoy dominan.

En España y como “se apoderaron” de la mayoría de medios de comunicación de masas, nos presentan algunas aglomeraciones de público, que el inteligente imagina no son otros que los afiliados a la cuerda del que “toca el que grite a mandíbula batiente la oferta política que trata de vender”; oferta que casi nadie desmenuza o detalla de forma entendible, sino que muy al contrario disfraza con palabras abstractas y que nada aseguran del cumplimiento de unas reformas y regeneración en general que ya imprescindiblemente necesita la política nacional en España… “también en el extranjero, pero aquí y hoy toca hablar de lo nuestro y lo nuestro es lo nacional de España y lo reitero, nacional de nación, simple y sencilla y sin ningún extremismo, sino con el significado simple y llano que significa la gran palabra, nacional”

Si uno se molesta en sondear al individuo de la calle, en sus círculo de conocidos, no encuentras otras respuestas, que las que significan las varias palabras con que inicio este artículo, a las que siguen otras mucho más duras y que no quiero reproducir aquí, puesto que la violencia no es necesaria, mientras existan otros medios civilizados para eliminar los parásitos que nos han devorado y que mediante el voto, se pueden eliminar totalmente, eligiendo nuevos dirigentes en una selección que se nos ofrece y a la que debemos prestar atención, confiando en que puedan ser mucho mejores y sepan administrar los despojos con que hoy nos encontramos en España.

Otros comentaristas “ahondan mucho más con el bisturí” y nos dicen cosas como las que siguen.

“Una de las peores consecuencias de la estructura del Estado de Partidos ha sido la destrucción del sistema público de enseñanza, el principal motor de la ascensión social en España. La consecuencia más nefasta derivada de la estructura del Estado de Partidos, impuesto a los españoles por los oligarcas de la Transición y de la crisis económica, que para nuestra desgracia ha sido “gestionada” por los dos presidentes de gobierno más desastrosos desde Fernando VII, es lo que ha llevado la desigualdad de la renta y la riqueza al mayor nivel conocido desde que existen series estadísticas, lo que nos sitúa como el segundo país más desigual de Europa después de Letonia. En los años 70 las diferencias salariales en grandes bancos y empresas eran como máximo de 25 a 1, hoy son de 300 a 1. Pero sobre todo han arruinado literalmente el futuro de nuestros hijos, a quienes legaremos una deuda monstruosa que jamás podrán pagar, aparte de un sistema de pensiones y de sanidad pública que están literalmente quebrados: por primera vez, desde la Guerra de la Independencia de hace dos siglos, los hijos vivirán peor que los padres e incluso que sus abuelos.

Han destruido el sistema público de enseñanza, que era uno de los mejores de Europa, lo que lo convirtió en el principal motor del ascenso social. Han creado un modelo de Estado económicamente ruinoso, insolidario y corrupto a todos sus niveles decisorios. La brecha entre ricos y pobres está a la cabeza de Europa. Están creando un mercado laboral tercermundista con salarios medios de 645 euros/mes, y donde más de la mitad de los jóvenes nunca encontrará un empleo digno. Han saqueado el sistema de pensiones hasta hacerlo insostenible, y donde todos los cálculos demuestran que las prestaciones deberán reducirse en un 40% para hacerlo viable. Y han contraído una deuda pública que supera ya el 140% del PIB, lo que arruinará la vida de las generaciones futuras. Esta es la España que legan a nuestros hijos aquellos que hoy pretenden seguir gobernándonos, al parecer hasta nuestra aniquilación”. http://blogs.elconfidencial.com/economia/el-disparate-economico/2015-03-09/la-desesperanzada-espana-de-nuestros-hijos-i_724291/

Como tengo por costumbre, les dejo la dirección para que lean el resto, por cuanto es merecedor de ello y de un análisis profundo, así como de ser difundido cuanto más mejor, para conocimiento de los que aún pueden votar, que dirijan sus votos de la mejor forma posible para tratar de que, de verdad, “el hoy hundido barco español, pueda ser reflotado y logre navegar como merece su importancia como nación bien dirigida y gobernada por verdaderos administradores y estadistas y no por los inútiles que nos han manejado en las ya muchas décadas, desde que desapareciera el anterior régimen”.
Lo que hay es que salir de la desidia que muchos ya tienen como enfermedad crónica, y pensar que todo tiene solución y aunque esta ha de llevar tiempo y constancia, pero alguna vez hay que empezarla a acometer; y lo primero de ello es eliminar la plaga que tenemos encima. Ya que es verdad la sentencia con la que termino y que cuenta ya con casi dos milenios y medio… “El precio de desentenderse de la política es el de ser gobernado por los peores hombres”: Platón.

Y es que de lo que ocurre, cada uno de nosotros tenemos la parte de culpa que alícuotamente nos corresponde, la asumamos o no.

(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y http://blogs.periodistadigital.com/nomentiras.php

La financiación ilegal hace tiempo que debería ser delito
EDITORIAL El Mundo 18 Marzo 2015

HACE YA casi 24 años que este diario denunció el 'caso Filesa', la financiación ilegal del PSOE. Poco antes se habían descubierto también prácticas irregulares en el Partido Popular que supusieron el encarcelamiento durante unos días de su tesorero, Rosendo Naseiro. Si comportamientos tan rechazables se hubiesen introducido entonces en el Código Penal, como demandaba toda la sociedad española, no pocos escándalos de corrupción se habrían evitado y la discusión actual de si el PP cometió o no delito fiscal cuando ocultó a Hacienda las donaciones ilegales anotadas por Luis Bárcenas sería estéril. La conclusión de la Agencia Tributaria de exonerar a la formación en el Gobierno, además de previsible, se puede sostener conforme a la letra de la ley, aunque es muy cuestionable. Otra reflexión diferente es la de si la norma no estará redactada a la medida de quienes la concibieron.

El juez Pablo Ruz requirió con dureza a la Agencia Tributaria para que enviase un informe con el cálculo de las cuotas que el PP habría defraudado al Impuesto de Sociedades en 2008 según las cantidades detalladas en los 'papeles de Bárcenas', obviando que el organismo que dirige Santiago Menéndez ya había peritado en dos ocasiones anteriores que no había delito. Hacienda, si bien a regañadientes, lo remitió ayer. Y, nuevamente, mantiene que la Ley de Financiación de Partidos Políticos recoge una exención que exime a las formaciones de tributar por aquellas donaciones privadas que se hayan destinado a su actividad política: y así es en este caso, pues se sabe que el PP pagó con ese dinero campañas electorales o la reforma de su sede en la calle de Génova. Por increíble que parezca, la norma no recoge cuál debe ser el régimen de tributación de las entregas irregulares, por lo que el fisco las equipara con las que son legales. El propio informe de la Agencia Tributaria hace un cálculo, aunque dice que no comparte los criterios con los que lo ha llevado a cabo, conforme al cual el PP sí habría cometido delito, lo que abre la puerta a que el juez impute a Luis Bárcenas por ese fraude en el que habría incurrido el partido.

Un argumentario distribuido por Hacienda compara a efectos fiscales, de manera muy desafortunada, a los partidos políticos con organizaciones sin ánimo de lucro como Cáritas. Es cierto que las formaciones son un instrumento fundamental para la participación democrática, y que juegan un papel central en la formación de la voluntad popular, beneficiándose de todo ello el conjunto de la sociedad. Como también lo es que sería una cándida ingenuidad considerar que sus fines son completamente altruistas. Al contrario, los partidos persiguen como su principal objetivo la consecución del poder, con todo el provecho -también de naturaleza patrimonial- que ello conlleva.

Ésa es precisamente la razón por la que es incomprensible que la financiación ilegal no sea ya un delito con entidad propia. Será por fin la semana que viene cuando se apruebe la reforma con la que se pretende erradicar ese cáncer de la democracia en el que los grandes adjudicatarios de obra pública lubrican su relación con el poder ayudando bajo cuerda a quienes quieren conseguirlo

LA DEUDA DE ESPAÑA
Zapatero, de la marcha verde a la marcha tonta (pero no es el único)
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 18 Marzo 2015

Zapatero ha visitado el que fue Sahara Español aplaudiendo su invasión por Marruecos. Defiende sus negocios, pero empeora aún más la posición de España

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero participó la semana pasada en la ciudad saharaui de Villa Cisneros (Dajla, en árabe) en el foro Crans Montana, patrocinado y pagado por la potencia invasora y ocupante, Marruecos. Ya en noviembre de 2014 viajó a Marrakech para participar en el II Foro Mundial de Derechos Humanos, también de propaganda a favor de Rabat. Antes, en 2009, Miguel Ángel Moratinos gestiononó mal y favoreciendo a Marruecos el problema simbólico de Aminetu Haidar. En la era Zapatero, el ministro marroquí, Taib Fassi Fihri, usó el servicio exterior de España como correa de transmisión de su política. Y con eso se volvió a las peores prácticas del peor franquismo.

"En 1975, con un país perplejo ante el inevitable final de un régimen, Marruecos combinó hábilmente las viejas marrullerías orientales con una sagaz comprensión de la política moderna. El resultado fue la Marcha Verde, un brillante ejercicio de imagen y de diplomacia que gracias a la pasividad española hizo posible lo que jamás habría sido posible por las armas. Y hoy la bandera de Mohamed VI ondea en El Aaiún", y en Villa Cisneros. Algunos ministros franquistas, la mayoría de los líderes socialistas y lamentablemente no pocos populares crearon, mantuvieron y defienden el Gran Marruecos imperialista e invasor.

Hace cuarenta años el Sahara era una provincia de España y El Aaiún y Villa Cisneros ciudades tan españolas como Lugo o Cuenca, hasta con su Parador de Turismo. De hecho, sus diputados habían participado en algo tan importante como la proclamación de don Juan Carlos como príncipe. Y aunque España había previsto conceder la independencia al territorio había prometido hacerlo respetando la voluntad, la libertad y los intereses de los saharauis, que nunca habían sido marroquíes. El 27 de febrero de 1976, el mismo día en el que abandonaban el territorio del Sahara Occidental los últimos funcionarios españoles, en Bir Lehelu el Frente Polisario proclamó la independencia de un nuevo Estado, la República Árabe Saharaui Democrática.

Zapatero actúa al servicio de intereses que no conocemos, pero no es una novedad. Hasta la huida desaprobada por la ONU, promovida por algunos ministros franquistas bien pagados por Rabat y presidida por Juan Carlos I, los saharauis tenían DNI español, iban a la escuela española y cumplían su servicio militar, a la vez que miles de jóvenes del resto de España. Sin embargo, Marruecos siempre tuvo sus partidarios en el seno de la Administración española. Monárquicos convenientemente halagados, jerarcas franquistas bien seducidos, grandes empresarios magníficamente financiados: españoles muy notables como José Solís, "la sonrisa del Régimen", estaban dispuestos a apoyar la tesis anexionista de Rabat, contra la historia del Sahara, contra la voluntad de los saharauis, contra la decisión de la ONU y contra los mismos intereses de España.

Marcha Verde
El 31 de octubre de 1975 Marruecos lanza la "Marcha Verde" para hacerse con el territorio. El Régimen duda y el Príncipe asume de hecho la Jefatura del Estado ante la enfermedad de Franco. El 1 de noviembre don Juan Carlos, en uniforme de general del Ejército de Tierra, visita el Sahara para tranquilizar a los militares –que han sido desplegados con medios suficientes para rechazar cualquier agresión marroquí, y que se consideran en condiciones incluso de lanzar una ofensiva mecanizada en caso de ataque- y para comprometerse a defender los derechos del pueblo saharaui. De nada sirvieron esa potencia ni ese compromiso. El 14 de noviembre de 1975 se firmaron los acuerdos de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania por los que España –la España ya en manos de don Juan Carlos y abocada en su mente y en otras a la Transición- cedía de facto la administración del territorio a los otros dos países firmantes, sin renunciar técnicamente a la soberanía –ya que la ONU había encomendado a España la descolonización- pero sin apoyar al pueblo saharaui.

Zapatero, bien pagado en Villa Cisneros, ha actuado contra los intereses de España. Exactamente como antes Solís, Cortina Mauri, Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado. Marruecos tiene sus leales agentes y sus sumisos servidores, por múltiples razones, a uno y otro lado del espectro político. El problema no está esencialmente ni en Rabat ni El Aaiún ni en Villa Cisneros, sino en Madrid. En un sistema político que recibe sonriente y sumiso las humillaciones de una dictadura confesional vecina. Y donde se tiende a olvidar dónde están las respuestas al problema. No en la izquierda ni en la derecha, ni en las ONG, ni en la sombra improbable de los Tercios Saharianos de la Legión. Es en España, cuyo interés y sobre todo cuyas obligaciones internacionales son los que son, y en los saharauis, que merecen una España mejor que la de Zapatero.

Y marcha tonta
Zapatero ha hecho el tonto, ha arrastrado por el fango el nombre de España a cambio de una limosna. Se ha retratado ante un mapa marroquí del Sahara. Pero se le ha dejado hacer, y hay personajes dispuestos a hacer lo mismo en casi todos los partidos. Para las Naciones Unidas, España es aún la administradora legítima del Sahara, ya que la ocupación y la anexión posteriores no han modificado la soberanía que España prometió a aquellos ciudadanos suyos. Nuestra transición, y por ende nuestra actual democracia, están basados en una doble mentira que nos convierte a todos en poco menos que tontos. Don Juan Carlos de Borbón, Jefe del Estado ya entonces en ejercicio, dijo en El Aaiún el 2 de noviembre de 1975 que "España cumplirá sus compromisos" y que "deseamos proteger los legítimos derechos de la población civil saharaui". Hemos incumplido las dos promesas, lo que hace de Zapatero sólo un portavoz de un problema y una deuda nacionales que deben ser solucionados.

19 años por 10 asesinatos: ley frente a justicia
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 18 Marzo 2015

El ex miembro de ETA Valentín Lasarte salió este lunes de prisión, tras cumplir 19 de los casi 400 años a los que había sido condenado por haber participado en la comisión de 10 asesinatos (dos de ellos como autor material) cuando era miembro de la banda terrorista. Como no podía resultar de otra manera, su excarcelación ha sido consecuencia de la aplicación de la ley y de la forma en que los tribunales competentes (incluido el de Estrasburgo) han determinado que aquella debe ser interpretada. Por tanto no seré yo quien levante la voz contra algo en lo que, como jurista y como ciudadano, creo firmemente: que, mientras no se cambien, las leyes deben cumplirse incluso cuando su aplicación produce una injusticia.

¿Lo es que alguien responsable, en un grado u otro, de 10 horribles crímenes salga de la cárcel tras haber permanecido 19 años en ella? La respuesta cabal (es decir, razonada y no demagógica) a esa pregunta tiene que partir de constatar cuál es la función de las penas en un sistema justo de lucha contra el crimen. Y ello porque aquellas, que tienen sin duda una finalidad reeducadora dirigida a la reinserción social de los reclusos, persiguen también otra evidente: castigar (retribuir, según el lenguaje técnico-jurídico) el crimen de una forma proporcional a su diferente gravedad: así, cuando los crímenes son más graves (¿cómo comparar un robo de vehículo de motor con una violación con resultado de muerte?) y cuando su número se incrementa, la pena aumenta, en busca de un cierta proporcionalidad entre el daño que causa el delincuente y el castigo legal que debe soportar.

Sentado tal principio civilizatorio (que lo es tanto para las víctimas como para sus verdugos) parece ofrecer pocas dudas que un criminal que ha participado directamente en la comisión de 10 asesinatos no debería salir a la calle tras haber cumplido 19 años de prisión. No diré «tan solo» 19 años, porque ese tiempo es en prisión interminable. Pero no más que la muerte, asesinadas, de diez personas y el dolor inmenso que el criminal ha causado a sus familias y sus amigos. «Matar a un hombre es algo que no olvidas, le quitas todo lo que tiene y todo lo que puede llegar a tener», decía Clint Eastwood-William Munny en una escena inolvidable de la maravillosa Sin perdón.

De hecho, el que la profundamente injusta excarcelación de Lasarte haya pasado casi desapercibida para el gran público en España tiene que ver únicamente con la no menos injusta insensibilidad social que se ha apoderado de todo lo relacionado con la historia trágica de ETA.

Si el excarcelado, tras cumplir 19 años de prisión, fuera, por ejemplo, un hombre que hubiera participado en el asesinato de 10 mujeres en otros tantos casos de violencia de género, no se hablaría ¡con toda la razón! en España de otra cosa. Es estremecedor que sea así, pero así es.

JUSTICIA Y CORRUPCIÓN
Adiós a los imputados
Carlos Domínguez Luis. El Mundo  18 Marzo 2015

EL GOBIERNO acaba de aprobar un proyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que, entre otras medidas, se sustituye la figura del 'imputado' por la del 'investigado' en las primeras fases de la causa penal.

No puede discutirse el acierto de la medida, dada la completa desnaturalización que el concepto de imputado había experimentado en los últimos años en nuestro país, hasta el punto de que el término en cuestión era utilizado con frecuencia en sentido peyorativo o como arma arrojadiza hacia el adversario, más que con el alcance jurídico que le era propio.

Hemos llegado a un punto en el que, si la imputación recaía sobre una persona con cierta relevancia pública, la situación era extrema. Reconozcámoslo: en esos supuestos, en España había dejado de haber imputados propiamente dichos. Sólo había 'condenados'. Condenados profesionalmente, socialmente, políticamente. En suma, lo más parecido a la muerte civil.

Ahora bien, ¿cómo, en un Estado de Derecho, que proclama como derecho fundamental la presunción de inocencia, hemos podido llegar a esta situación? Máxime si, como es sabido, estar 'imputado', desde una perspectiva netamente procesal, no es algo malo: implica una garantía para el inculpado, que permite ejercer su derecho de defensa con total plenitud.

Quizá sea interesante analizar algunas de las razones -probablemente habrá muchas más- que han conducido al contexto sobre el que se ha decidido aplicar el bisturí, fundamentalmente para evitar que, en el futuro, el nuevo término acuñado, 'investigado', no corra la misma suerte que aquél al que ha venido a sustituir.

Desde un punto de vista un tanto simplista, podría sostenerse que la proliferación actual de medios de comunicación, la profusa judicialización de la vida pública y el contrastado interés del público en general por los procesos penales -sobre todo cuando en ellos están involucrados personajes públicos- son circunstancias que, por sí mismas, explicarían el efecto estigmatizador que en una persona genera su simple citación para declarar como imputado ante un Tribunal: sea finalmente condenada o absuelta, siempre será vista -y recordada- como una persona que se ha visto inmersa en un proceso penal 'por algo'.

Sin embargo, las razones por las que se ha llegado a este estado de situación, a esta tergiversación del concepto de imputado, van más allá.

La incesante instrumentalización del proceso penal como mecanismo de combate hacia el adversario ha contribuido a ello. Para muchos, la vía penal sigue siendo un arma poderosa y ágil para destruir al contrincante. Comoquiera que la rectitud judicial es proclive a dotar cuanto antes a toda persona de la posibilidad de defenderse en el proceso -con la consiguiente atribución de la condición de imputado-, es claro que, para que esta lacerada tendencia halle frutos inmediatos, ha de "anticiparse la condena", convirtiendo al simple' imputado' en un claro 'sospechoso' que, con el paso de los días, pasará a ser condenado definitivamente por la opinión pública. Las filtraciones interesadas de actuaciones procesales y la retransmisión casi en directo del desarrollo de las investigaciones -a modo de juicio paralelo en muchos casos- contribuirán, desde luego, al éxito de la estrategia. Y, aunque luego todo quede en nada, la mayor de las veces, el efecto estigmatizador perseguido se habrá logrado.

Este dato apunta a otra consideración que resulta aquí de alguna relevancia: en los sistemas democráticos como el nuestro, la reputación tiene importancia. La condición básica de una democracia liberal es, precisamente, la existencia de un proceso de elección institucionalizado al que los líderes políticos deben someterse a intervalos regulares. En la pugna por la obtención del éxito electoral, una buena reputación se erige en un recurso vital. De ahí que los dirigentes políticos deban tratar de evitar por todos los medios el riesgo de ver su reputación mancillada como consecuencia de un escándalo -no digamos nada si éste se torna en una imputación penal-.

Estas estrategias, además, se ven a menudo aderezadas con presiones hacia los propios jueces, muchas de ellas provenientes de grupos de presión, con descaradas indicaciones de lo que tienen que hacer, cuando no con comentarios que inciden directamente en lo personal.

El objetivo no parece otro que la creación de un clima de opinión favorable a la descalificación de lo que un juez o tribunal decide cuando no concuerda con el parecer de quien opina, unido a la presión psicológica sobre la persona en sí, con el fin de propiciar su parcialidad.

Estas tendencias se basan en algo en lo que muchos erróneamente consideran que es una realidad: el supuesto carácter impresionable de algunos miembros de la carrera judicial. Quienes lo defienden suelen aducir dos datos, ya antiguos:

1.- El 9º Barómetro externo del Consejo General del Poder Judicial del año 2005, en el que se reflejaba que a un 51% de los españoles les parecía que los tribunales, al dictar sentencia, se dejan influir por lo que dicen los medios de comunicación. Para algunos, este dato demuestra la existencia de una opinión bastante generalizada acerca de que el juez está condicionado por los medios y más pendiente de lograr la aprobación social que de administrar justicia con libertad.

2.- El segundo dato: la encuesta realizada en 2006, también por el CGPJ, a todos los jueces y magistrados. En ella se constata que a un 75% de la carrera judicial le importa algo o mucho que los medios de comunicación se fijen en un asunto de su competencia, frente a un 22%, que no le preocupa nada.

Pero la realidad de los hechos evidencia que esta línea de opinión, por más que pueda seguir creando tendencia en parte del tejido social, resulta equivocada. Y prueba de ello es la frecuencia con que las 'condenas de imprenta' quedan inanes por posteriores sentencias absolutorias, muchas de ellas, por cierto, alejadas de la notoriedad que se brindó a las imputaciones iniciales.

Existe otro motivo por el que se ha desnaturalizado el concepto de imputado. Vivimos muy deprisa. En la sociedad actual -bautizada hace unos lustros como sociedad de la información-, los acontecimientos se suceden a un ritmo vertiginoso y, gracias a los avances técnicos, pueden ser conocidos por todos casi de un modo inmediato. Evidentemente, los tiempos de la Justicia -más aún de las investigaciones penales- no son los tiempos de las redes sociales actuales. En una instrucción penal, se escruta, en última instancia, la vida de una persona y las decisiones judiciales pueden afectar a algo tan preciado como la libertad o el patrimonio personales. Un mínimo sentido de la prudencia impone que esas decisiones -como sucede casi siempre- sean consecuencia de la reflexión y de la valoración de todos los elementos de juicio disponibles, sin merma del derecho de defensa de las partes. Y ello exige tiempo.

UN TIEMPO que, a veces -sobre todo en casos especialmente execrables-, la opinión pública y la sociedad en general no concedemos. En estos supuestos, se hace urgente la localización del 'culpable'. De ahí que no sea infrecuente que el simple imputado se presente a la luz pública como un verdadero condenado, cuyas opciones de 'defensa social' quedan prácticamente anuladas.

Hay, por último, una tercera razón que ha contribuido al cambio semántico experimentado por el concepto de imputado. Se trata de la banalización de las técnicas jurídicas -y, sobre todo, del proceso de juzgar- a la que, lamentablemente, hemos asistido en los últimos años. Y es que aquí de Justicia entiende todo el mundo. Parece que cualquiera -al margen de sus estudios o profesión- se encuentra dotado de los conocimientos técnicos suficientes para opinar fundadamente sobre cualquier asunto judicial -al margen de su complejidad-, al punto, incluso, de crear opinión en la sociedad.

La valoración de la prueba, por ejemplo, es, que sepamos, una actividad puramente técnica, como lo es la construcción de un edificio, la ejecución de una cirugía cardiovascular o la fabricación de un coche. Y su desarrollo está reservado, en exclusiva, a los tribunales de Justicia. Sin embargo, todos hemos presenciado 'valoraciones de pruebas' hechas por 'expertos' en platós de televisión.

Sabido es que la siembra en los campos de la Justicia es siempre una siembra de ciclo largo. Sólo el tiempo y la diligencia social en el uso de los términos evidenciarán o no el éxito de la reforma ahora impulsada por el Gobierno.

Carlos Domínguez Luis es abogado del Estado y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

CRISTÓBAL MONTORO
La caza del zorro
Emilio Campmany Libertad Digital 18 Marzo 2015

Con lo de Equipo Económico estamos como aquel capitán Renault que en Casablanca tanto se escandalizó cuando descubrió que en el local de Rick se jugaba. A qué creíamos que se dedicaba el tinglado montado en su día por Montoro. La cosa está bien clara. Ya no es que el Consejo Superior de Cámaras se saltó el concurso público, es que el contrato tenía por objeto la elaboración de un borrador para la nueva Ley de Cámaras de Comercio. O sea, que las Cámaras de Comercio no sabían cómo querían ellas que fuera la nueva ley que las iba a regular y necesitaban contratar a los amigos de Montoro para que se lo explicaran. Una vez que las Cámaras supieron cómo querían ser reguladas, remitieron el documento al Gobierno.

Luego está lo del informe de las donaciones del PP, un asunto en el que Montoro está quedando como un ministro parcial y dando lugar a que la Agencia Tributaria insista por enésima vez en contestar a lo que el juez no le ha preguntado, si es o no fraude fiscal que un partido deje de tributar por el Impuesto de Sociedades cuando recibe donaciones ilegales. Y lo explica insultándonos a todos diciendo que el beneficiario de la exención que disfrutan los partidos es la sociedad española. A otro perro con ese hueso. Una cosa es que una exención exista en consideración al conjunto de la sociedad española y otra muy distinta es que el beneficiario de una exención nunca sea otro que quien se beneficia de elle, en este caso el PP. Además, compara el caso con uno en el que Cáritas recibiera una donación en negro. Son ejemplos diametralmente opuestos, porque en éste la ilegalidad atañe al donante mientras que en el caso del PP concurre en el donatario, puesto que es su condición de partido político lo que hace la donación ilegal y no ninguna otra circunstancia que pudiera darse en el donante.

El caso es que a Montoro se le ha puesto la cara del zorrillo ese que sale en la película de Mary Poppins y que de repente, entre mugidos de cuernos de caza, se ve perseguido por todos. ¿Qué está pasando aquí? Podría suceder que la orden proviniera de esas sentinas del PP que Montoro conoce tan bien. Se trataría de hacer con él lo mismo que han hecho con Bárcenas y la corrupción del partido, esto es, personificar en el ministro de Hacienda todos los incumplimientos del PP por ser la cabeza visible de la violación de la más notable de las promesas que hicieron, la de bajar los impuestos. Pero también podría ser que la gente con posibles esté harta de la política económica de este PP espartaquista y haya decidido que hay que cambiar todo antes de que sea Podemos quien lo haga. La llegada de economistas de la solvencia de Garicano y Conthe a Ciudadanos, la simpar subida en las encuestas de este partido y el respaldo que está recibiendo abundaría en esta interpretación.

¿Más embajadas autonómicas?
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 18 Marzo 2015

La noticia de que Susana Díaz quiere duplicar las oficinas de la Junta de Andalucía en el exterior es un aldabonazo, una señal de la impaciencia autonómica por reanudar la frenética expansión administrativa que interrumpieron por la crisis. Las “embajadas” eran el mástil, la punta del iceberg del despilfarro regional. Pero, últimamente, agobiados por la falta de liquidez, algunos gobiernos autonómicos aceptaron integrar parte de sus delegaciones en la red diplomática española. Una claudicación contra natura, a regañadientes. Ahora que el dinero vuelve a correr con cierta alegría, regresan espontáneamente los impulsos hacia el dispendio. La cabra siempre tira al monte.

Las autonomías abrieron unas ciento cincuenta “embajadas”, delegaciones u oficinas comerciales, absorbiendo ingentes recursos públicos. Duplicaron funciones que ya cubría la diplomacia española, proyectando en el exterior la imagen de una España que hablaba con voces disonantes. Las representaciones sirvieron para colocar amigos en cualquier punto del globo, con estupendos sueldos, complementos y vacaciones pagadas. O para vender favores a algunos empresarios, a mayor gloria de los dirigentes regionales. Unas actividades ya usuales en casa, ahora con un toque exótico.

Pero no se trataba sólo de embajadas. Las autonomías nacieron con una irresistible inclinación a expandir constantemente estructuras burocráticas, inventando organismos, sacando de la chistera empresas públicas. Y adquirieron una irrefrenable tendencia a multiplicar exponencialmente leyes, normas, regulaciones, amenazando seriamente la unidad de mercado. El sistema autonómico generó pocas ventajas al ciudadano pero muchísimos beneficios a una clase política regional empeñada en reproducir toda la estructura del Estado.

Autonomías: dogma y tabú
No hubo en España un debate racional, serio y riguroso, sobre ventajas y desventajas de la descentralización. Nunca se discutió su diseño, ni se planteó criterio alguno para repartir poder y competencias. En su lugar, el Régimen lanzó un discurso trufado de consignas y dogmas. Una letanía de disparates y majaderías que identificaba autonomía con democracia, convirtiendo cualquier crítica a la descentralización en un terrible tabú. Su violación implicaba descalificación personal y ostracismo. La prensa contribuyó a propagar semejante dislate… y los intelectuales callaron.

Ni siquiera existía un modelo autonómico: los “genios” del 78 lo dejaron completamente abierto, indefinido, al albur de futuros pactos. Un proceso incierto, con destino desconocido, sin mapa brújula ni sextante, que se iría definiendo mediante cambalaches, enjuagues y componendas entre políticos. Los traspasos de competencias no siguieron un criterio racional de eficacia en la prestación de servicios sino una regla de mera conveniencia política. Servían como moneda de cambio o como vía para multiplicar los cargos. Sin crítica alguna, sin diseño consistente, el resultado fue un sistema caótico y disfuncional.

La teoría de la descentralización gira en torno a un postulado básico: que la democracia se perfecciona en ámbitos reducidos pues permite una interacción más cercana entre representante y representado, entre gobernante y gobernado. Es el ideal clásico de la polis griega. Sin embargo, la capacidad de los votantes para vigilar y controlar al poder no siempre se acrecienta en circunscripciones reducidas. A veces ocurre lo contrario.

Todo depende del marco institucional
La descentralización intensifica las virtudes, pero también los vicios del sistema político. Los mecanismos de control de una democracia mejoran en el ámbito regional… cuando existen y son eficaces en la política nacional. Pero si el régimen carece de controles adecuados, de sistemas eficaces de representación, los defectos se reproducen ampliados a escala local. Si los partidos mangonean todos los órganos del Estado e influyen decisivamente sobre la prensa nacional… este poder de manipulación crece en las autonomías.

Surgen así unidades autonómicas basadas en el clientelismo más extremo, en un intenso intercambio de favores. Un río revuelto donde ciertos pescadores se mueven a su antojo. Andalucía, escenario de la próxima contienda electoral, es un ejemplo paradigmático. La democracia puede mejorar en unidades más pequeñas… o acabar de corromperse hasta la médula. Todo depende del marco institucional.

El desbarajuste autonómico es un reflejo más de la podredumbre generalizada de nuestro sistema político. El grave problema no se resuelve con una mera recentralización ni con una mayor descentralización: requiere una profunda reforma política. La puesta en marcha de unos mecanismos que permitan a los ciudadanos controlar a sus gobernantes… y no al revés. La asignación de competencias debe ser resultado de un análisis riguroso, exento de mitos, dogmas o tabúes, capaz de determinar qué servicios se prestan de forma más eficaz y barata en el ámbito nacional y cuáles en el autonómico. Unos cambios dirigidos a que la autonomía comience a favorecer al ciudadano, no a los caciques locales.

La reducción de las hipertrofiadas estructuras administrativas, embajadas autonómicas incluidas, es muy saludable para el bolsillo del contribuyente. Pero bastante dolorosa para esos partidos que necesitan puestos para colocar a legiones de militantes a costa del erario. Es explicable que estas imprescindibles reformas no encuentren hueco en el insustancial debate político actual. ¿Quién se atreverá a coger el toro por los cuernos?

TERRORISMO
Memento 11-M
Mikel Buesa Libertad Digital 18 Marzo 2015

Un año más -y van once- hemos recordado el aciago día en el que una concatenación de atentados yihadistas sembró Madrid de muerte y destrucción; hemos evocado aquella mañana y hemos dedicado un pensamiento a las víctimas de aquel acontecimiento tan doloroso. Y una vez más -y van once- hemos asistido atónitos al espectáculo de la desunión de los españoles ante aquella barbarie. Desunión de los políticos y las autoridades, desunión de las asociaciones de víctimas, desunión de los partidos y sindicatos, desunión, en fin, de los propios ciudadanos. Porque en torno a aquellos atentados se sembró la discordia, se subordinó la acción política, a izquierda y derecha, al oportunismo y se buscaron culpables donde no estaban. Y van once años con lo mismo, con esa tenacidad con la que a veces los españoles huimos de la reconciliación para alimentar el resentimiento.

La fecha del 11 de marzo fue escogida por la Unión Europea para conmemorar a las víctimas del terrorismo, expresando así la solidaridad de los ciudadanos europeos con ellas. Sin embargo, en España, lejos de tal objetivo, esa fecha se celebra bajo el signo de la discordia. Tan es así que, tal vez para evitar tan deplorable espectáculo, por iniciativa del Gobierno de Zapatero, el 11 de marzo de 2010 el Congreso de los Diputados declaró que, desde entonces, el 27 de junio de cada año sería en nuestro país el Día de las Víctimas del Terrorismo. Muerto el perro, se acabó la rabia, debieron de pensar los padres de nuestra patria, pues la fecha escogida no fue otra que la del asesinato, en 1960, de Begoña Urroz Ibarrola, una niña de año y medio a la que un atentado terrorista, cometido en la estación de Amara de San Sebastián, hirió gravemente, quemando su cuerpo de tal forma que murió al día siguiente en el Hospital del Perpetuo Socorro de aquella ciudad. ¿Quién se podría molestar por tal decisión del Congreso si, además, se podía identificar a Begoña como la primera víctima de ETA? Porque, no lo olvidemos, en España, al fin y al cabo, las víctimas de ETA han acabado despertando la simpatía de la mayoría de los ciudadanos. Y si, como efectivamente ocurrió, la ley retrotraía al primero de enero de 1960 la concesión de beneficios a las víctimas del terrorismo, entonces se podía identificar a Begoña Urroz no sólo como la primera víctima de ETA, sino también como el primer mártir del terrorismo en España.

Sin embargo, era falso. No que Begoña Urroz murió como consecuencia de un atentado, sino que ese atentado lo hubiera cometido ETA. Y era falso también que, con la referencia temporal consagrada oficialmente, la niña fuera la primera en la larga nómina de víctimas del terrorismo de nuestro país. Ambos aspectos los ha aclarado definitivamente Alfredo Hedroso en una investigación de máster que se presentó en el curso pasado en la Universidad Internacional de La Rioja.

En efecto, el atentado que segó la vida de la niña Urroz fue planificado y ejecutado por militantes del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, pudiéndose atribuir su autoría a Abderraman Muley More -conocido con el sobrenombre de Manuel Rojas-, Reyes Martín Novoa y Eloy Gutiérrez Menoyo. Y, por otra parte, en 1960 la primera víctima de una acción terrorista no fue Begoña sino el teniente de la Guardia Civil Francisco Fuentes y Fuentes de Castilla y Portugal, abatido en las proximidades de la ermita de La Mota, provincia de Gerona, por el Moviment Unificat de Resistència i Alliberament, grupo anarquista que lideraba Francesc Sabaté Llopart, conocido como Quico Sabaté.

Parece claro, por tanto, que el Congreso de los Diputados adulteró la historia para intentar resolver un problema político. Pero no lo consiguió, pues, como hemos visto, la desunión permanece. Primo Levi señaló en una entrevista que, para afrontar los hechos dolorosos de nuestra sociedad, "tenemos necesidad de monumentos, de celebraciones"; y advirtió inmediatamente que "monumento, en su etimología, quiere decir advertencia, amonestación". Pero ¿cómo advertir a partir de una mentira? ¿A quién amonestar con una falsedad? Nuestros dirigentes deberían tener claro que el memento de las víctimas en fechas señaladas tiene una función política esencial que, arrastrados por el sentimentalismo farisaico con el que se dirigen a ellas, con frecuencia olvidan: la de legitimar a la sociedad democrática en su combate al terrorismo, porque es esa misma sociedad la que éste quiere destruir para hacer viable su proyecto totalitario.

Venezuela, los cómplices y los tontos
Almudena Negro www.vozpopuli.com 18 Marzo 2015

Estudiantes torturados, aislados y enfermos en la Tumba, que es como se conoce a la terrorífica prisión del SEBIN, la Gestapo del chavismo. Niños a los que se les arrebatada la vida por el mero hecho de querer un futuro en libertad y pedirlo en la calle. Jóvenes retenidos que aparecen ajusticiados, cuatro en los últimos días. Alcaldes secuestrados en claro desprecio hacia la voluntad del pueblo. Más de 3.000 personas arrestadas en un año desde que comenzaran las protestas. 43 asesinados en las calles. Geraldine Moreno, Génesis Carmona… Amnistía Internacional denuncia torturas y maltrato de los detenidos, a los que se amenaza continuamente, también con violencia sexual. Y pobreza. Mucha pobreza para todos. La miseria igualitaria en que siempre derivan los colectivismos. El socialismo y el nacionalismo, que siempre acaban yendo juntos de la mano. Lo hemos visto ya demasiadas veces en el siglo XX. Algunos, disfrazados de nuevos políticos porque se ha puesto de moda la estúpida efebocracia, siguen empeñados en imponer las mismas viejas ideas de siempre. Apenas hay alternativa. El consenso.

Me contaba el otro día Mitzy Capriles de Ledezma, esposa del legítimo alcalde de Caracas porque así lo decidieron sus vecinos, a quien tuve la oportunidad y honor de saludar, que una de las cosas que más le emocionó durante su reciente estancia en España fue una sencilla ensalada de frutas que le sirvieron de postre en la capital. Y es que en su país, productor y exportador de petróleo, estas frutas ya no se pueden encontrar desde hace mucho tiempo. El desabastecimiento, consecuencia de lustros de socialismo, es absoluto. Estantes vacíos en un país en el que ya no hay ni lo más básico, eso que aquí encontramos hasta en los chinos y a lo que no damos importancia. Se nos olvida que la libertad hay que pelearla diariamente. Los hospitales, tomen nota los de la marea verde, permanecen allí cerrados por carecer de material sanitario básico. Productos básicos de higiene o preservativos son imposibles de encontrar o se venden en el mercado negro a precios prohibitivos.

Son las mujeres venezolanas quienes, como en Cuba, salen a las calles vestidas de blanco, que es el color de la camisa que llevaba el opositor Leopoldo López el día en que éste fue secuestrado por el régimen, para exigir elecciones y libertad. Justamente las elecciones que aterrorizan a Nicolás Maduro, cuya popularidad ha caído hasta el 28%. Sabe que si hay urnas, se podría acabar el exótico y podemita socialismo bolivariano del siglo XXI. Así pues, nada como inventarse conspiraciones. Pretende Maduro, no le den más vueltas, ilegalizar a la oposición o que no se celebren comicios. Que no lo boten por los votos. De ahí la búsqueda frenética de enemigos interiores y exteriores. España y Estados Unidos en el punto de mira. Lo que sea para justificar la permanencia en el poder. Nada nuevo bajo el sol. Lo de las dictaduras de siempre.

Es justo ahora, en este momento, cuando la oposición venezolana necesita de todo el apoyo y solidaridad de la comunidad internacional, que parece comienza tibia y lentamente a reaccionar. Y España, por los lazos históricos y culturales que nos unen al país hermano, debe estar en la cabeza de la lucha por la libertad de los venezolanos. Algo que ha entendido el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien recibía a Capriles de Ledezma y exigía la libertad de los presos políticos.

Apoyo necesario, máxime cuando hay quienes pretende replicar el totalitario modelo chavista aquí en España. Son los cómplices de lo que sucede allí. Los asesores del régimen chavista. Esos que se han negado en el parlamento europeo a condenar las barbaridades cometidas, que justifican vergonzosa y vergonzantemente. Pero no cuela. Los pagos, y por tanto las deudas, son públicamente conocidos. Son lo mismo que el chavismo, por más que se disfracen de socialdemocracia sueca. Qué risa: Monedero calvinista.

Preocupantes son las manifestaciones, en plena refriega electoral, de políticos de otras formaciones que dicen sentirse más cerca de Podemos que del Partido Popular. Algunos parecen empeñados en comparar a los de siempre con fuerzas totalitarias, demostrando así que o bien no se enteran de nada y, por tanto, deberían retirarse, o bien que lo único que les importa es pisar moqueta como sea, que diría ZP. ¡Cuán peligroso es el jugar a blanquear el totalitarismo! ¡Qué irresponsabilidad! Podemos, a ver si nos enteramos de una vez, no tiene nada que ver con el resto de formaciones del Estado de Partidos.

Junto a los cómplices no podían faltar los tontos. Y de esos, aquí los hay a patadas.

El nacionalismo y la lengua
Xavier Pericay. Cronica Global 18 Marzo 2015

El nacionalismo ha hecho siempre con la lengua cosas feas, moralmente feas, cosas que nada tienen que ver con la comunicación ni con la filología. Acaso la más fea de todas sea la implantación del modelo escolar de inmersión lingüística obligatoria, esa vergüenza con la que el régimen fundado por Pujol y Cía ha maniatado la libertad de millones de ciudadanos, puesto que no sólo afecta a los alumnos, sino también a las familias que hay detrás. Los lectores de Crónica Global están perfectamente informados de sus estragos, por lo que poco puedo añadir yo. No obstante, existen algunas derivaciones del asunto que han pasado tal vez más inadvertidas y a una de ellas quisiera referirme hoy.

El nacionalismo no ha tenido otro interés, en todos estos años, que fomentar la inmigración que más le convenía en detrimento de la que más podía convenir
La pasada semana tuvimos conocimiento de la detención de una célula yihadista acusada de formar parte del entramado del Estado Islámico y su red de captación de militantes. De los ocho detenidos, todos de nacionalidad española, seis residían en Cataluña. Y, por lo que ha trascendido de su edad, es muy probable que la mayoría hayan sido escolarizados en esta Comunidad. Por supuesto, lejos estoy de insinuar que exista una relación cualquiera entre la enseñanza recibida y las inclinaciones criminales que se les suponen. Faltaría más. Pero sí creo, en cambio, que el alto porcentaje de inmigración de origen magrebí en Cataluña no puede desligarse de las políticas llevadas a cabo por la Generalidad. Y esas políticas guardan relación con la escuela y con la función que el nacionalismo ha asignado tradicionalmente a la lengua catalana como presunto mecanismo de integración social.

Como es natural, esa función asignada a la lengua tiene como principal objetivo, desde hace por lo menos dos décadas, a la llamada inmigración extracomunitaria. Por su peso demográfico y, en buena medida también, por su bajo nivel cultural. Y esa inmigración, los estrategas de la planificación lingüística suelen dividirla entre la procedente de la América hispanohablante y el resto, donde lo que más abunda es la población originaria del norte de África. Sobra indicar cuál de los dos bloques conviene más a los propósitos lingüísticamente normalizadores. Con el primero, es evidente que lo tendrían más fácil; al fin y al cabo, castellano y catalán son lenguas hermanas. Pero resulta que los hispanohablantes no ignoran que en España se habla castellano. La madre patria, figúrense. Y, además, enseguida descubren que Cataluña, a pesar de los esforzados intentos de la Generalidad por soslayarlo, forma parte de España, por lo que también se habla castellano. Total, que su interés por aprender catalán no sólo es muy relativo, sino que encima se diluye nada más traspasar el umbral que separa la escuela de la calle.

No es el caso de la población norteafricana, para la que el castellano, a priori, cuenta tanto —o tan poco— como el catalán. De ahí que sea un colectivo mucho más dócil y apetecible, lingüísticamente hablando. Y de ahí también que la Generalidad lleve tiempo trabajándoselo. De forma oficial, desde 2003, cuando nombró a Àngel Colom, maestro de formación aunque activista y político de profesión, representante suyo en Marruecos. Se trataba de preparar el terreno sobre el terreno. En otras palabras, de asegurar que los futuros inmigrantes llegaran a suelo catalán con la lección bien aprendida. Como es lógico, esas medidas iban acompañadas de las acostumbradas subvenciones a las asociaciones correligionarias sitas en Cataluña. Así las cosas, mientras la Generalidad promovía un tipo de inmigración, la procedente del norte de África, se cuidaba muy mucho de alentar la hispanohablante —a la que le unían, por cierto, aparte de esa lengua castellana de la que no quería ni oír hablar, una religión y una cultura religiosa, algo que no ocurría con el otro colectivo—.

Si no se hacen las reformas necesarias
El sector público de España necesita el mayor ajuste del mundo
Entre 2007 y 2014, la deuda pública creció el equivalente al 92% del PIB. Sólo en Irlanda subió más. Familias y empresas sí se apretaron el cinturón
. Libertad Digital
 18 Marzo 2015

La austeridad no es como nos la habían contado. Desde hace siete años, cualquier político español que aparece en televisión se pasa un buen rato explicando por qué, a pesar de todas sus buenas intenciones, no ha tenido más remedio que aplicar recortes en el gasto público.

La diferencia llegará a la hora de buscar culpables: unos acusarán al anterior Gobierno (por haber dejado unas cuentas insostenibles), otros al PP (que quiere cargarse lo público), los de más allá a Alemania y Merkel (que odia a los países del sur de Europa) y habrá quien se acuerde del Banco Central Europeo (por no haber imitado antes a la FED con sus políticas de estímulo). Pero el diagnóstico de todos los partidos coincidirá en un punto: en esta crisis, el sector público ha realizado un ajuste sin precedentes.

Pues bien, según los datos del Fondo Monetario Internacional recogidos por McKinsey Global Institute en su informe Debt and (not much) deleveraging, las administraciones públicas españolas son las segundas que más han aumentado su deuda entre 2007 y 2014. Sólo Irlanda nos supera y hay que recordar que el país celta disparó sus números rojos no por incrementos de gasto corriente, sino a raíz del rescate a sus bancos, una única decisión que terminó con el rescate de la UE.

A cambio, han sido las familias y las empresas españolas las que sí se han apretado el cinturón. Sólo en cinco países desarrollados, el sector privado se ha desapalancado en este período de tiempo y España es uno de ellos.

Las consecuencias se sentirán a largo plazo y no será nada sencillo cambiar el rumbo. Según los autores de este informe, España es el país que más ajuste necesita para empezar a reducir el ratio de deuda pública sobre el PIB. Visto desde otro punto de vista, habrá quien diga que también se puede aumentar la recaudación vía incrementos de la actividad; pues bien, en ese caso también somos los que necesitaríamos una tasa de crecimiento más alta en los próximos años. Es decir, o hacemos un enorme ajuste del sector público (recorte de gasto) o damos la vuelta a nuestra economía como a un calcetín, para impulsar nuestra productividad. No hay más alternativas.

La austeridad real
 

Como puede verse en el siguiente gráfico, España es uno de los países en el que la deuda total (pública y privada) ha subido más en relación con el PIB en el período 2007-2014. Esto es muy peligroso para cualquier país, entre otras cosas porque le pone en manos de sus acreedores extranjeros.

Del mismo modo que para una familia o una empresa no es sano estar sobreendeudado, para un país estar entre los más endeudados del mundo es muy delicado. No quiere decir que vaya a quebrar, pero tendrá que acometer medidas para hacer frente a sus compromisos (y por lo tanto, tendrá que dejar de gastar para pagar aquellas obligaciones).

Cambio ratio deuda total /PIB 2007 - 2014

Pero este incremento de la deuda total no se ha repartido de la misma manera entre todos los agentes. En la siguiente tabla, puede verse la ratio actual de deuda sobre el PIB, cómo ha variado entre 2007 y 2014 y cómo se reparte este cambio entre sector público, hogares y empresas. Pues bien, en la columna Government destaca el caso de España (+92% del PIB).

Nuestra cifra es la segunda más elevada de esta columna tras la de Irlanda. Incluso, superamos a Grecia y Portugal. Nuestros políticos, que tanto han presumido de austeros o que tanto se han quejado de los recortes que en teoría se han visto obligados a aplicar, en realidad han disparado la deuda pública.

En sentido contrario, también destacan nuestros datos en las columnas Corporate (empresas) y Household (familias). En ambos casos, España tiene cifras negativas (-14 y -6 respectivamente). Lo que quiere decir que el sector privado se ha desapalancado en el equivalente a 20 puntos del PIB desde que comenzó la crisis.

Evidentemente, para familias y empresas no ha sido nada fácil acometer este proceso de pago de deudas. Durante la crisis, sólo cinco países han visto a su sector privado reducir la carga de la deuda: Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, España y Alemania.

Ránking países Deuda Total / PIB

¿Y cómo queda la foto en 2014 tras todos estos movimientos? Quizás el siguiente gráfico aclare la situación. Como vemos, España tiene una deuda total equivalente al 313% del PIB: 73% para las familias, 108% en manos de las empresas y 132% para el sector público.

Deuda/PIB en 2014 por sectores

Pero claro, la historia no se termina en 2014. De hecho, lo más importante no es tanto cuánto debemos ahora como cuánto irá creciendo esta cantidad en los próximos años. A partir de aquí hablamos de estimaciones, pero son significativas. Por ejemplo, según los cálculos de McKinsey la deuda pública pasará del 132% actual al 162% del PIB en 2019. Son 30-31 puntos de diferencia, la subida más grande prevista para cualquier economía desarrollada.

Previsiones deuda pública 2014-2019

¿Soluciones imposibles?

Llegados a este punto, lo primero que habría que preguntarse es si existe una solución y cómo de fácil o difícil será alcanzarla. Los autores del informe hablan de seis posibles formas de reducir la deuda pública: dos que podríamos llamar convencionales y cuatro más imaginativas. En cualquier caso, para España no será sencillo recurrir a ninguna de ellas.

1. Ajuste fiscal y de gasto. La primera forma de reducir el déficit (o generar superávit) y así bajar la ratio de deuda pública sobre el PIB es la más evidente: incrementar los ingresos de las administraciones y reducir sus gastos. El problema es que España está en una pésima situación de partida. Como puede verse en el siguiente gráfico, que mide el agujero en términos de balance primario (déficit público sin contar el pago de intereses), nuestro país es el que necesita un mayor ajuste de las cuentas públicas. Según los cálculos de McKinsey, en estos momentos tenemos un déficit primario del 2,3% y necesitaríamos un superávit del 2,6%. O lo que es lo mismo, necesitamos un ajuste equivalente a casi cinco puntos del PIB.

Somos los líderes de esta desgraciada clasificación con bastante diferencia sobre el siguiente. Hasta hace un año, los cálculos decían que Japón era el país que necesitaba un ajuste más grande en su sector público, seguido de España. Ya les hemos superado.

Ajuste necesario en el déficit primario del sector público

Tanto este gráfico como el siguiente son muy alarmantes. Nuestro país es el que tiene una deuda pública más insostenible, en el sentido de que seremos a los que más les cueste comenzar a reducirla. De hecho, estas dos tablas, son significativas: España encabeza la clasificación y lo hace con bastante diferencia sobre el segundo (por no hablar de lo lejísimos que aparecen nuestros socios europeos). Las cifras contrastan con la autocomplacencia que se ha instalado en nuestros políticos. Todos los partidos se presentan a las elecciones con programas que prometen disparar el gasto público, como si lo realizado hasta ahora fuera más que suficiente.

Pues bien, ni Grecia, ni Portugal, ni Irlanda, ni ningún otro país tiene más trecho que recorrer que España si quiere reducir el nivel de deuda pública sobre el PIB. Teniendo en cuenta que no hace ni tres años que la crisis de la deuda pública de la Eurozona nos obligaba a pedir un rescate, la actual no es una situación nada tranquilizadora. O por decirlo de otra forma: ¿seríamos capaces de aplicar las dos soluciones que propone McKinsey para encauzar nuestras finanzas públicas? La sensación, viendo estos dos gráficos, es que será muy difícil, por no decir imposible.

2. Crecimiento económico y reformas. Ésta sería la alternativa menos dolorosa. Si un país logra un fuerte crecimiento económico por la vía de incrementos de la productividad, conseguiría que los impuestos se disparasen simplemente por los mayores beneficios de sus empresas y la subida de los ingresos de las familias.

Eso sí, mejorar la productividad y la competitividad no se consigue sin hacer nada. Para lograrlo hay que emprender reformas estructurales de verdad. Cambios en los mercados, apertura de actividades protegidas, liberalizaciones,... Hay que enfrentarse a grupos de presión y cambiar dinámicas adquiridas durante décadas. Finlandia o Suecia, por ejemplo, lo hicieron a comienzos de los noventa, cuando estaban al borde de la quiebra. Ahora son dos de las economías más competitivas del mundo.

El problema es que también esta solución parece poco probable. Por un lado, porque políticamente es muy complicado que cualquier Gobierno se atreva a enfrentarse a esos sectores protegidos. Por otro, porque incluso haciendo algunas reformas, necesitamos una enorme cifra de crecimiento para lograr los ingresos que nos permitan amortizar la deuda (o al menos que no crezca en relación al PIB).

Según los cálculos de McKinsey, España necesita que el PIB crezca al 5,5% entre 2014 y 2019 para conseguir empezar a reducir la deuda. La previsión media de los organismos oficiales apunta a que nuestro país crecerá a un ritmo equivalente al 1,7% del PIB. Por lo tanto, hay una diferencia de 3,8% puntos entre las previsiones y lo necesario. Tanto ese 5,5% como el 3,8% son las dos cifras más elevadas entre los países ricos.

Probablemente, la solución más realista implicaría una mezcla de los puntos 1 y 2: recortar el sector público y cambiar sus aspectos más ineficientes al mismo tiempo que se moderniza la legislación para permitir al sector privado desarrollar todo su potencial. Eso sí, incluso en este caso se necesitará valentía política y pedagogía ante la opinión pública.

Crecimiento del PIB (2014-19): previsión y objetivo para reducir la deuda

Las alternativas

3. Ingresos excepcionales: a partir de aquí llegan las soluciones menos convencionales. Para empezar, los autores del informe apuntan a la posibilidad de encontrar ingresos puntuales: "Ventas de activos públicos, privatización parcial o total de empresas públicas, ventas de terrenos, impuestos de una sola vez (por ejemplo, a los súper-ricos)". Eso sí, también reconocen que serían medidas políticamente complicadas de aprobar.

4. "Incrementar la inflación". Para hacer más sencillo el pago de la deuda e incrementar el PIB nominal (el denominador del ratio deuda pública / PIB). El problema es que esta decisión, además de muy peligrosa, no está en manos del Gobierno, sino del BCE y el resto de los socios de la Eurozona.

5. Reestructurar la deuda soberana. La preferida por los nuevos partidos que han entrado en escena en los últimos años, de Syriza a Podemos. De nuevo, es una alternativa que necesitaría el visto bueno de la Eurozona (sin visto bueno, supondría la expulsión del euro) y las consecuencias para la economía española sería muy importantes. Para empezar, una reestructuración unilateral supondría el cierre inmediato de los mercados de deuda y la obligación de acabar con el déficit de un plumazo. Si no pagas, no te prestan y no puedes gastar ni un euro más de lo que ganas.

6. "Repensar el papel de la deuda en los bancos centrales". Es la alternativa más extraña. Requeriría también del acuerdo del BCE y las consecuencias no serían fáciles de calcular. Los autores de McKinsey apuntan a tres opciones: cancelar las deudas, empezar a contar el ratio deuda/pib sin tener en cuenta estos bonos o sustituir estas obligaciones por bonos perpetuos sin cupón. Parece sencillo cuando se lee por primera vez, apenas un tecnicismo contable aplicado en los balances de los bancos centrales, pero se parece mucho a hacerse trampas al solitario.

Para empezar, no está nada claro que un Gobierno (y más aún de la Eurozona) pueda impagar o cambiar los términos de sus bonos en el banco central sin que eso se traduzca una devaluación de la moneda y una alta inflación (porque se estaría dañando el balance de estos organismos con lo que sus pasivos -moneda- se verían muy dañados). En este sentido, los mismos autores reconocen que las consecuencias en los mercados financieros son difíciles de prever.

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Andalucía no debe mantenerse en el error
ENRIQUE DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ CAMPOS www.gaceta.es 18 Marzo 2015

Pues bien, la nueva líder de aquel régimen, hija política de Griñán y Chaves, doña Susana Díaz, dicen las encuestas que va a ser la más votada como máxima representante de “la PSOE”.
Aquello que decía el general Narváez en el siglo XIX, de que la palabra “imposible” debía ser borrada de nuestro diccionario, adquiere plena vigencia en estos momentos que vivimos del siglo XXI. Desde que te levantas hasta que te acuestas cualquier cosa puede suceder en este país todavía llamado España.

Fíjense, si no, en lo que puede pasar dentro de unos días en las elecciones en Andalucía. Allí llevan gobernando los socialistas y comunistas desde que se inauguró esta peculiar democracia en que vivimos los españoles: ¡36 años! Para ser más exactos, allí se ha constituido un régimen específico en el que los andaluces, por lo visto, viven de miedo, están todos contentísimos y no les falta de nada. ¿Cómo, si no, puede explicarse ese dilatado mandato del PSOE (creo que allí le llaman “la PSOE”), apoyado en ocasiones por IU? Aunque luego las estadísticas demuestren fehacientemente que esa región española, la más grande y poblada de todas ellas, es el furgón de cola de todas las regiones españolas en cuanto a paro, fracaso escolar, recortes en sanidad y educación y, por el contrario, es en la que más impuestos se pagan y sus escándalos de corrupción son los de más envergadura económica de toda España. ¡36 años y estos fantásticos resultados!

Pues bien, la nueva líder de aquel régimen, hija política de Griñán y Chaves, doña Susana Díaz, dicen las encuestas que va a ser la más votada como máxima representante de “la PSOE”. El lema de su candidatura es el de “Yo con Susana”. ¿Y qué les dará Susana a los andaluces cuando una mayoría de ellos opten por que sea ella quien presida la Junta de Andalucía? Me atrevo a asegurarles que más de lo mismo. Es decir, “la PSOE” seguirá subvencionando estómagos agradecidos, medios de comunicación, PER y un largo etc. Para mantener los votos de quienes piensan que, terminado el régimen, habría que currar de verdad; y eso, si no hace falta, ¿para qué vamos a cambiar de caballo de tiro?

Ésta es la triste realidad de un régimen corrompido hasta las cejas y de la mitad de un pueblo como el andaluz, que prefiere ser gobernado por una izquierda que le tenga sometido a cambio del menor esfuerzo posible. Éste ha sido siempre el círculo vicioso –no virtuoso- de los regímenes de izquierda en todo el mundo. Y en eso sigue infinidad de andaluces, enamorados, encantados y orgullosísimo de doña Susana, que besa a todos sin parar, les abraza y les pide que se sientan “orgullosos” de ella y lo demás “le da igual”. Una trascendente filosofía política para una gran parte de un pueblo con un nivel educativo y cultural que me atrevo a calificar de ruinoso.

Esas encuestas a las que me refería antes auguran que toda la izquierda -desde el PSOE, IU, Podemos, e incluyendo al centroizquierda representado por Ciudadanos y UPyD- va a sumar un 68% de los votos aproximadamente. Frente a ese porcentaje el Partido Popular sólo representará un 29% de los votos. Merecida derrota, por cierto, de quien desde un “centro derecha” como era considerado el PP, ha pasado a ser un partido de “centro-reformista” y, ahora mismo, sus políticas se parecen más a las de un partido de “centroizquierda” que a otra cosa. Lo que sí es evidente empíricamente, esto es, demostrable por experiencia histórica, es que el PP es infinitamente mejor gestor que los partidos de izquierda y mucho más fiable que los de la extrema izquierda vestidos de corderos, como los de Podemos. Porque, ¿se imaginan ustedes cómo lo iban a pasar los andaluces con un acuerdo partitocrático entre el PSOE y Podemos? Prefiero no imaginarlo.

De modo que si los recalcitrantes admiradores del PP van a votarlo como “mal menor”, mejor gestor que la izquierda, partido que da estabilidad y confianza en los mercados y en el exterior, etc., ¿quién podría apoyarlo para que pudiera gobernar en Andalucía? Voy olvidarme de todos los pronósticos previsibles y a indicar, en mi humilde opinión, lo que yo haría si pudiera votar en esa espléndida tierra andaluza.

El único partido de centroderecha o de derechas que hay hoy en España es VOX. ¿Qué representa VOX? A una parte muy considerable de los desencantados con ese desconocido PP. Está por la unidad de España, por la separación real de poderes, por el cumplimiento de la Ley en todas las Autonomías, por la regeneración política, por simplificar al máximo este Estado elefantiásico y ruinoso, por la revisión total de la ley del aborto, por acabar con el desaguisado del triunfo real de los asesinos etarras frente a sus víctimas, por una Ley de Educación cuyos objetivos sean la excelencia y el esfuerzo, por exigir que sean respetados los símbolos que representan a España… ¿Hay alguien que pueda estar en desacuerdo con estos principios básicos en los que los españoles fundamenten su soberanía? Y, junto a estos principios, VOX representa, o quiere representar, valores: ejemplaridad, honradez, culto al honor, dignidad, responsabilidad, lealtad… Repito que es el único partido de derechas y centroderecha al que se puede votar hoy. Quien se sienta huérfano en este ámbito político tan abierto como en el que hoy se mueve la partitocracia española y no encuentre donde cobijar sus esperanza, VOX es una posible solución a ese gran porcentaje de españoles hartos, decepcionados y engañados por unos y otros.

Junto a VOX, también es posible decantarse por un centroizquierda que, hoy por hoy, está en mejores condiciones que ningún otro partido perteneciente a ese espectro político para poder llevar a cabo una política sin estar lastrado por la corrupción. Me refiero a Ciudadanos. Pero téngase muy en cuenta ese fundamental matiz. Ciudadanos es un partido de centroizquierda, no de centroderecha o de derechas como VOX. Esa diferencia fundamental entre uno y otro es lo que marca después las diferencias políticas entre ambos en sectores tales como la Economía, al estructura del Estado, la división de Poderes, la Enseñanza, el aborto, etc.

No llego a entender cómo en estas encuestas no aparece VOX por ninguna parte. ¿Acaso no hay en Andalucía personas que se aproximen mucho más en sus ideas a lo que representa VOX que a lo que va a continuar siendo el PSOE? ¿O a lo que está haciendo este PP que es, políticamente, la continuación de las políticas de Zapatero? ¿Es que en Andalucía no hay personas dispuestas a cambiar el régimen político que dice gobernarlas desde hace ya dos generaciones, a base de tener a media población andaluza “cogida por la barriga”?

Dentro de muy pocos días los candidatos tienen la palabra. Y tienen en sus manos un futuro de cuatro años. Ese futuro es de ustedes. No repitan lo que los tiene sometidos a un régimen corrupto, despilfarrador e ineficaz. Si quieren, tienen la solución en sus manos. No la desaprovechen. No repitan aquello de “¡vivan las caenas!”.

Javier Espinosa, un testimonio vital para calibrar la amenaza del Estado Islámico
EDITORIAL El Mundo 18 Marzo 2015

KAPUSCINSKI defendió la convicción de que "para tener derecho a explicar se debe tener un conocimiento directo, físico, emotivo, olfativo, sin filtros ni escudos protectores, sobre aquello de lo que se habla". Este axioma periodístico suele tornarse peligroso en el caso de los corresponsales de guerra. EL MUNDO concluye hoy la serie de reportajes en los que Javier Espinosa ha relatado los 194 días de cautiverio que sufrió a manos de los radicales del Estado Islámico (IS), un año después de su liberación. Espinosa y el fotógrafo 'freelance' Ricardo García Vilanova fueron secuestrados en Siria en septiembre de 2013. Su testimonio certifica la imprescindible función social que cumple el periodismo de guerra, al tiempo que da una idea exacta y descarnada de la crueldad extrema del Estado Islámico.

Antes del rapto de Espinosa, García Vilanova y Marc Marginedas, reportero de 'El Periódico de Catalunya', poco o nada se sabía del IS. Las potencias occidentales aún no habían calibrado su amenaza, ni el carácter psicopático de sus cabecillas. El Estado Islámico, una organización paralimitar al mando del califa Abu Bakr al Bagdadi, se caracteriza por el odio enfermizo a Occidente -aunque parte de sus milicianos proceden del mismo-, el fanatismo religioso y el uso intensivo de las nuevas tecnologías para captar acólitos y exacerbar su propaganda. La extensión de su dictadura del terror, tras hacerse con el control de provincias en Afganistán, Pakistán, Yemen, Egipto, Libia, Argelia e Indonesia, constata del fracaso de la batalla contra el terrorismo internacional emprendida hace casi tres lustros. Las vejaciones de las que el IS se vanagloria en internet equiparan a estos verdugos con los peores demonios de la caja negra de la historia. Individuos abyectos, con vocación de exterminio, que exhiben una demencia asesina propia de los nazis o los jemeres rojos.

Dada la gravedad de este embate, la comunidad internacional debe articular ya una respuesta firme y eficaz en la lucha contra el terrorismo yihadista, respetando escrupulosamente el Estado de Derecho. La pretensión de habilitar un Guantánamo islamista en Alepo es un oprobio para el autoproclamado Estado Islámico, pero también para quienes cercenaron los derechos fundamentales en la prisión de la que tomaron la idea. Resulta fundamental compatibilizar las políticas de integración con una posición implacable con todo lo que atente contra nuestra convivencia. Subrayar este imperativo constituye una exigencia moral insoslayable.

El padre de la tribu de corresponsales de guerra en España, Manu Leguineche, advirtió de que los periodistas que cubren conflictos no son héroes con una 'alcachofa'. Son reporteros cuyo trabajo consiste en ir, ver y contar. Sin su labor, sería imposible tener una visión completa del mundo. Espinosa, García Vilanova y Marginedas no son héroes con un cuaderno de notas y una réflex. Son testigos imprescindibles para escudriñar el terror que habita entre nosotros.

DECISIÓN DE MARTIN GARITANO
La Diputación de Guipúzcoa destina 600.000 euros a subvencionar proyectos culturales realizados exclusivamente en euskera
www.latribunadelpaisvasco.com 18 Marzo 2015

La Diputación de Guipúzcoa, controlada por Bildu, considera que las únicas industrias culturales que deben “incentivarse” en el territorio son las que trabajan en euskera.

Por este motivo, el Boletín Oficial de la provincia acaba de publicar el listado de “ayudas destinadas a incentivar las industrias culturales”, tanto en lo que respecta a “elementos de ocio infantil y juvenil”, como en lo que hace referencia a “productos audiovisuales” o a la difusión y comercialización de libros.

Las ayudas, concedidas directamente por el gabinete del Diputado General, Martin Garitano, alcanzan los 593.000 euros, y están dirigidas, a varias empresas, organizaciones e instituciones, en su mayor parte cercanas a la autodenominada ”izquierda abertzale”.

PDF. Consulte, a continuación, el listado oficial de proyectos subvencionados
http://latribunadelpaisvasco.com/descarga/354
[pdf] Subvenciones de la Diputación de Guipúzcoa destinadas a la cultura en euskera. 01.pdf [160,27 Kb]
[pdf] Subvenciones de la Diputación de Guipúzcoa destinadas a la cultura en euskera. 02.pdf [161,54 Kb]
[pdf] Subvenciones de la Diputación de Guipúzcoa destinadas a la cultura en euskera. 03.pdf [129,99 Kb]

La Generalidad recurre a más clases en castellano y en inglés por la falta de universitarios extranjeros
 Cronica Global 18 Marzo 2015

Anuncian la apertura de un "acceso internacional" tanto en lengua inglesa como en castellana para promover que estudiantes procedentes de países que no forman parte de la UE se formen en las universidades públicas.Portavoces de la Secretaría de Universidades de la Generalidad puntualizan que el régimen lingüístico en la enseñanza superior es "más flexible" que en Primaria o Secundaria.
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El consejero de Economía y Conocimiento de la Generalidad, Andreu Mas-Colell, ha afirmado este miércoles que la Generalidad tiene previsto realizar una “internacionalización” de los grados y másters universitarios con el fin de captar más estudiantes extranjeros a partir del próximo curso académico.

En declaraciones a los medios en la inauguración del Salón de la Enseñanza, que se celebra en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, y acompañado por la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y el secretario de Universidades e Investigación, Antoni Castellà; Mas-Colell ha expuesto que habrá una mayor presencia del inglés en las aulas universitarias.

El consejero de Economía se ha limitado a hablar de la oferta en lengua inglesa, pero según informa el diario Abc, el director general de Universidades, Lluís Jofre, anunció de la apertura de un "acceso internacional" tanto en lengua inglesa como en castellana para promover que estudiantes procedentes de países que no forman parte de la UE se formen en las universidades públicas.

El régimen lingüístico impuesto es "más flexible" en la universidad

El peaje para este nuevo alumnado extracomunitario será costearse la totalidad del precio del grado y del máster, que supondrá un gasto de entre 6.000 y 8.000 euros anuales. Un precio público mucho más elevado que los 2.000 euros anuales de media para estudiantes locales y europeos.

Portavoces de la Secretaría de Universidades de la Generalidad han puntualizado en el mismo rotativo que el régimen lingüístico en la enseñanza superior es "más flexible" que en Primaria o Secundaria y que, aunque un estudio se oferte inicialmente en catalán, puede acabar impartiéndose en castellano si el profesor se siente más cómodo en esa lengua o hay más alumnado que la solicita, y lo mismo ocurre con el catalán".

He dicho anteriormente que no pretendía establecer relación ninguna entre la enseñanza recibida por los yihadistas detenidos en Cataluña y sus inclinaciones criminales. Tampoco la estableceré ahora entre la política lingüística llevada a cabo por la Generalitat en relación con la inmigración originaria del norte de África y el hecho de que seis miembros de la célula terrorista residieran en tierras que están bajo su jurisdicción. Pero no me resisto a consignar, aquí y ahora, que el nacionalismo no ha tenido otro interés, en todos estos años, que fomentar la inmigración que más le convenía en detrimento de la que más podía convenir, por su capacidad de arraigo, al conjunto de los catalanes y al resto de los españoles.


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