AGLI Recortes de Prensa  Viernes 27  Marzo 2015

Ciudadanos españoles
Arcadi Espada El Mundo 27 Marzo 2015

El sistema de inmersión lingüística ha recibido durante los últimos treinta años diversos avales constitucionales. Naturalmente, no se trata de que la Constitución obligue a ese modelo, sino que lo permite. La objeción principal contra el sistema catalán no es, a mi juicio, técnica, sino que afecta a los derechos individuales de los ciudadanos españoles, y entre ellos al de poder ser educado en la lengua oficial del Estado, que es, al mismo tiempo, la koiné española. La modificación del sistema de inmersión solo puede hacerse con la voluntad especifica del gobierno catalán, muy improbable, con una tajante intervención legislativa del gobierno del Estado, que no se ha producido en treinta años, o con un cambio constitucional.

Esta idea que ahora propone C's de consultar a los ciudadanos catalanes sobre el sistema es difícilmente explicable. Como en el caso del arruinado derecho a decidir, el único demos razonable para una consulta lingüística es el conjunto de ciudadanos españoles, cuyos derechos resultan lesionados en cuanto alguno de ellos elige la comunidad autónoma catalana para establecerse y criar a sus hijos.

C's es un partido que ha hecho pensar, agradablemente, que las comunidades autónomas pueden ser gobernadas no solo por los lugareños, sino por el conjunto de los ciudadanos españoles, que tienen en ellas legítimos intereses políticos, económicos y culturales. El sistema autonómico de lenguas es uno de esos intereses y, en consecuencia, la propuesta de C's es inconsistente. Pirotécnica, en la hipótesis menos inquietante.

¿Por qué seguimos teniendo austeridad?
Roger Senserrich www.vozpopuli.com 27 Marzo 2015

Tras siete años de crisis económica, millones de vidas arruinadas, cientos de miles de proyectos enterrados y con el sueño de la unidad europea en peligro, vale la pena preguntarse por qué los líderes del continente parecen estar empeñados en seguir con la misma política económica. Hablamos de recortes, hablamos de disciplina fiscal y hablamos de contención presupuestaria, sin que a nadie parezca importarle el resultado.

Aunque pueda parecerlo, esto no sucede porque a los líderes europeos sean estúpidos, masoquistas o disfruten perdiendo elecciones. De hecho, si atendemos a la enorme cantidad de presidentes de gobierno y primeros ministros caídos en acto de servicio durante los últimos años parece bastante obvio que las decisiones no deben venir sólo por electoralismo. Como de costumbre, la realidad es un poco más compleja.

Todo empieza, como muchas cosas en Europa, con el Tratado de Maastricht y la creación de la eurozona. Por aquel entonces, allá por 1992, muchos estados europeos habían creado bancos centrales independientes, una forma simple y efectiva de despolitizar su política monetaria. Los políticos, tanto dentro como fuera del viejo continente, siempre habían tenido problemas resistiendo la tentación de imprimir moneda para sacar a sus economías de recesiones o darse un empujoncito antes de las elecciones. Esto es relativamente inofensivo en países desarrollados donde un poco de inflación realmente no provoca demasiados problemas, pero es bastante irritante cuando vives en una región económica muy integrada y tienes a tus vecinos devaluando su moneda y llenándote el país de importaciones cada dos por tres. Los bancos centrales independientes retiraban esta herramienta de manos de los políticos, creando una institución que velaba sobre la estabilidad de los precios sin presiones electorales.

Lo cierto es que el modelo funciona bien. Los políticos pueden romper bastantes cosas si les das acceso a la imprenta, así que tener un tecnócrata aburrido al timón contribuye casi siempre a mejorar la política económica. Esta autonomía, además, tiene la ventaja de crear un freno indirecto en la afición de los gobernantes a endeudarse: si un presidente o primer ministro abusa de la política fiscal hasta el punto de generar inflación, el banco central puede limitar los daños subiendo los tipos de interés. El modelo funciona ya que crea un compromiso creíble de portarse bien: aunque los legisladores puedan, en casi todos los casos, eliminar esta autonomía simplemente cambiando una ley, el hecho que tengan que cruzar el Rubicón hacia la irresponsabilidad monetaria explícitamente de ese modo casi siempre garantiza que no lo hagan.

Al redactar los tratados que llevaron a la creación de la eurozona, los dirigentes europeos estaban a gusto con este modelo. La mayoría de gobiernos llevaban más de diez años sin tener nada que ver con su política monetaria; el país más poderoso y próspero del continente, Alemania, llevaba décadas de crecimiento bajo la benevolente supervisión del Bundesbank. La idea de ceder la gestión de tipos de interés, tipos de cambio y demás a un ente externo y autónomo no era una idea que produjera demasiado temor a nadie. El tener la moneda nacional en manos ajenas era una buena idea; el paso siguiente, eliminarla y compartirla con el resto del continente parecía un paso natural.

Como todo en política económica, sin embargo, los detalles son importantes. Cuando los líderes europeos deciden crear una moneda única con un banco central independiente, lo que están construyendo, en realidad, es una especie de confederación económica con reglas un tanto peculiares. Primero, los estados siguen siendo independientes y soberanos, así que todos los políticos del continente siguen teniendo su política fiscal. Segundo, y algo que los dirigentes del continente no parecieron ver como relevante, el eurosistema y el Banco Central Europeo nacen con el compromiso legal explícito de que nunca van a rescatar a nadie.

Estados Unidos, en cierto modo, funciona bajo principios parecidos: cada estado tiene total y completa autonomía para recaudar impuestos como quiere y gastarlos como le plazca. El gobierno federal actúa bajo el principio explícito de que nunca va a rescatar a nadie que se meta en un berenjenal presupuestario, ya que todos los estados de la unión son en teoría mayorcitos para portarse bien. Todos los estados, para evitar tener crisis presupuestarias sin salida, están obligados constitucionalmente (en constituciones estatales, se entiende) a tener presupuestos equilibrados todos los años. Es un intercambio lógico: la federación permite que sus miembros hagan lo que quieran, siempre y cuando se atengan a las consecuencias de sus decisiones.

La eurozona, lógicamente, debería funcionar bajo criterios parecidos: si un estado miembro hace una barbaridad, eso es cosa suya y de su soberanía. El resto de miembros no tienen la culpa que Grecia gastara lo que no tenía o que España no respondiera a la burbuja inmobiliaria con una fuerte subida de impuestos sobre la vivienda para cortarla de raíz. El problema para los estados europeos, sin embargo, no es que nadie les rescate, sino la falta de un gobierno federal real que haga esta clase de disciplina fiscal posible.

California, Arizona o Florida tuvieron burbujas inmobiliarias iguales o peores que España en el 2004-2007. Precios subiendo, hipotecas basura, mercado descontrolado, etcétera; todo lo que podía ir mal fue mal. Cuando la burbuja estalla con la recesión la caída del mercado inmobiliario y los miles de hipotecas impagadas hacen que muchos bancos se hundan. A diferencia de lo sucedido en Europa, sin embargo, los rescates bancarios no corren a cargo de California, Arizona o Florida, sino que lo hacen a cargo del gobierno y la Reserva Federal, que son los que llevaban la política monetaria.

El papel de Washington no se queda ahí, por supuesto. Una parte muy importante del gasto público de cualquier estado moderno es tremendamente anticíclico: el gasto en prestaciones de desempleo o servicios sociales aumenta con las recesiones. Por añadido, una cantidad considerable de gasto público es inamovible; las pensiones o la sanidad cuestan lo mismo en expansión o crisis. Dado que una recesión provoca una caída de ingresos en todas las administraciones, es natural que estas partidas de gasto estén en manos del nivel de gobierno que está legalmente autorizado a endeudarse para evitar que la crisis se lleve medio Estado de bienestar por delante. En otras palabras, el gobierno federal.

La eurozona, en contraposición, tiene obligatoriedad de portarse bien y la prohibición que nadie va a hacer el cretino y pasarle la factura al otro, pero no tiene un gobierno federal de por medio que asegure que este arreglo sea sostenible. En recesión los estados europeos tienen la misma caída de ingresos que sus colegas americanos, pero siguen teniendo en sus manos los programas de gasto que más pesan en situaciones de crisis.

De forma más dramática, España, Grecia o Portugal aunque no controlaban la política monetaria sí que estaban obligados a cargar con el coste del rescate de los bancos afectados por la crisis. (nota: uno no puede dejar que un banco quiebre, llevándose los ahorros de sus depositantes por delante, el resultado es infinitamente peor. Lehman fue un recordatorio claro). Al no tener acceso a un banco central propio, además, el rescate sólo podía financiarse a través de impuestos o deuda, no recurriendo a la liquidez/impresión de moneda del banco emisor. El resultado ha sido conocido: rescates inasumibles para evitar quiebras bancarias incontroladas, estados demasiado endeudados y una crisis de confianza tras otra.

Las políticas de austeridad no nacen del capricho de los políticos. La realidad es que si los gobiernos europeos no mantienen sus presupuestos en orden sus cuentas públicas son increíblemente vulnerables: nadie va a rescatarles, y no tienen un banco central asociado que pueda compensar una contracción fiscal con una devaluación a no ser que toda la eurozona ande igual.

La solución obvia en este caso es federalizar: si los estados no pueden endeudarse porque no deben tener accesos a rescates, lo natural sería que sea un gobierno central con capacidad de hacerlo que se encargue de los programas económicos que pueden generar más problemas presupuestarios. El Estado de bienestar potencialmente puede serlo, pero los estados pueden crear fondos de reserva para recesiones. La parte que si puede volar por los aires un presupuesto es un rescate financiero, y esto al menos es algo que la eurozona está ya federalizando.

A medio plazo, los líderes europeos encontrarán una forma políticamente viable de permitir que los estados puedan recibir apoyos presupuestarios en situaciones de crisis pero poniendo límites a estas transferencias. Lo que no podemos olvidar, sin embargo, es que el vivir en una federación/confederación implica unas normas distintas. Compartir una moneda manteniendo la soberanía tiene ventajas, pero también implica la responsabilidad de no portarse mal y pasarle la factura a otros.

El extraño caso de Rato y el FROB
Vicente Torres Periodista Digital 27 Marzo 2015

Hay que comenzar recordando que si no fuera por UPyD el caso Bankia no estaría en los tribunales. Ningún otro partido, ni tampoco ningún sindicato, ha defendido los intereses de los ciudadanos. Y siguiendo con los recuerdos está la realidad de que es este partido el único que propugna la independencia judicial.

UPyD es un partido pequeño y muy molesto para 'la casta', denominación que no es nueva, sino que ya viene de lejos. UPyD no hace declaraciones grandilocuentes contra la casta, sino que actúa. Pone querellas, como la de Bankia, utilizando sus fondos y aprovechando el afán de servicio y la pericia de sus propios abogados; se bate el cobre en los feudos de los nacionalistas, como es el caso de Ramón de Veciana y Gorka Maneiro, etc. Es un partido muy molesto para la casta como lo demuestra el ninguneo al que le someten los medios de comunicación y la delectación con que difunden noticias negativas para este partido. Se hacen eco de cualquier cosa que creen que les puede perjudicar. Los medios no están tan pendientes, para criticar, de lo que ocurre en los demás partidos. Veo, por ejemplo, muchos titulares sobre por qué se han separado dos personajillos, cosa que a mí no me interesa lo más mínimo. Sí me interesa la suerte de Jason Rezaian, periodista encarcelado arbitrariamente por el gobierno de Irán.

La realidad es que en el caso de Bankia, como en muchos otros, UPyD se bate en solitario contra todo el entramado de intereses que confunde la vida social española. Muchos partidos y sindicatos son parte interesada en el caso Bankia. Evidentemente, no van a colaborar con UPyD. Quienes han recuperado su dinero, o parte de él, y quienes están en disposición de recuperarlo se lo deben a UPyD. Tengo escrito que el agradecimiento es propio de los espíritus selectos.

ASÍ VOTAN
Una explicación brillante a la sumisión de Andalucía a "la PSOE"
Nacho Doral www.elsemanaldigital.com 27 Marzo 2015

No, Andalucía no es un nuevo planeta ni está habitado por alienígenas aficionados al rebujito y la copla. Me lo explicaba un abogado, profundo conocedor del who is who local.

Paisaje en la semana después de las elecciones en Andalucía. Todo sigue igual, como cantaban Los Secretos recién estrenados los ochenta. Como siempre (y como entonces), ganó el PSOE. O "la PSOE", que así lo llaman, como si de una gigantesca empresa de colocación de tratase.

Estas han sido las décimas elecciones autonómicas en las que se imponen los socialistas. Con el peor resultado de su historia, de acuerdo. Pero con el mismo número de escaños que cuando Susana Díaz decidió adelantar los comicios. Sus 47 diputados demuestran que no se han resentido de los múltiples escándalos de corrupción (1.000 imputados y 6.000 millones de euros defraudados).

Y sólo dos días después de pasar por las urnas, la Guardia Civil detenía otros 16 altos cargos de la Junta de Andalucía por el fraude de la formación. Dos de ellos, delegados de Empleo en Sevilla y Huelva en el gobierno de Díaz. Así que no cabe echarle la culpa a la herencia de Griñán. Sí, han sido cesados una vez conocerse las detenciones. Pero dejando claro que "son personas íntegras y honestas".

Es posible. Dudoso, pero posible. Aunque entre las arrestadas que han desfilado por el despacho de la juez Alaya, también se encuentran una exdirectora general imputada por conceder subvenciones a su cuñado, exconsejero de Hacienda de la Junta. La buena señora no sólo hizo la vista gorda mientras su cuñado se levantaba 50 millones de euros en ayudas irregulares.

También echa una mano en el partido: el pasado domingo hacía de interventora del PSOE en una mesa electoral. Claro que hay casos en los que la colaboración con "la PSOE" merece mayor nota. Es el caso de otra detenida: la antigua delegada de Empleo en Jaén, cuya voz hemos escuchado en todos los informativos de España chantajeando a los trabajadores de la Junta para que votaran a los socialistas si no querían ser despedidos.

Así de edificante es el panorama en la mayor comunidad autónoma de Expaña. Pero da lo mismo. En Andalucía la corrupción es sistémica, salvaje, desvergonzada. Pero sale gratis. Y lo hemos vuelto a comprobar. Se trata de una sociedad profundamente conservadora, rancia en muchos aspectos. Una ranciedad que se da tanto en los pueblos que viven de la peoná y el PER, como en las grandes capitales, donde el enchufismo y "los grandes apellidos" lo hacen del la ayudita que, de vez en cuando, reparten los señoritos de nómina y coche oficial.

Porque lo que primero quiere conservar el personal aquí es algo tan normal… como es el puchero. Algo que en un sistema clientelar, cuando no directamente caciquil, donde quien más quien menos depende de un sueldo relacionado con la Junta (o el ayuntamiento, o la diputación de turno) resulta hasta comprensible. La red capilar que ha tejido el PSOE desde hace 35 años alcanza hasta el último resquicio.

Y ése es el auténtico "hecho diferencial" andaluz.

(Nota al margen para tertulianos omniscientes y estupendos, y para paracaidistas de Especial Elecciones: como por ejemplo, Cataluña y País Vasco -los otros dos territorios más rancios y conservadores de esta nación en almoneda- tienen los suyos. En uno, el nacionalismo de barretina que exculpa saqueos a las arcas públicas. En el otro, un nacionalismo aún más bestia con el que 300.000 paisanos justifican su voto al tiro en la nuca).

No, Andalucía no es ese nuevo planeta con más anillos que Saturno ni está habitado por alienígenas aficionados al rebujito y la copla. Esta mañana me lo explicaba un abogado, profundo conocedor del who is who local. "Mira, aquí hay familias de tipología social y valores asociados al centro-derecha en las que los hijos/as piden a sus padres que voten al PSOE porque pueden perder su puesto de trabajo". Muchos de ellos en la administración paralela: agencias, fundaciones y empresas públicas que suman no menos de 25.000 personas.

Es un hecho incontestable: el perol público es el eje que sostiene el inmenso chiringuito. En 2014, seis de cada diez nuevos empleados públicos en España fueron contratados por la Junta de Andalucía. Son datos de la Seguridad Social. Más de 33.000 nuevos funcionarios, con los que Susana Díaz disparó el empleo público en el año antes de las elecciones. A esos 33.000 nuevos "afortunados", súmenle familiares que dependen de esas nóminas. Y que también votan. ¿Les salen las cuentas?

Por eso hablamos del Régimen clientelar andaluz. Un vasto sistema de reparto de empleo, ayudas y subvenciones con dinero público que condiciona el voto, cuando no lo compra directamente. De si lo ha entendido el segundo partido en estas elecciones, como de su posición tras el batacazo del domingo, hablamos otro día.

Pero de momento, les avanzaré algo: a "Moreno.Juanma Moreno" empiezan a cuestionarle en las sentinas del PP-A. Más después del autocomplaciente informe presentado por su equipo para analizar lo sucedido. Existe una creciente inquietud entre los candidatos a mantener alcaldías y concejalías en las municipales de mayo. Y el cabreo que muchos tienen con "M" Rajoy y que no se atreven a hacer llegar a Génova, puede terminar de acabar pagándolo… el bueno de Juanma.

PEW
370 millones de musulmanes quieren imponer la sharía
José Carlos Rodríguez www.gaceta.es 27 Marzo 2015

Los musulmanes radicales, ¿son una exigua minoría, o una minoría muy numerosa?

El Islam es la religión de la paz. Este mensaje se ha repetido muchas veces, y la primera persona que hizo que se extendiese esta idea de forma masiva fue el ex presidente de los Estados Unidos George W. Bush, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Es cierto que hay una interpretación “radical” del Islam, y que eso ha llevado a que terrorismo e islamismo lleguen a confundirse, pero sería un error, continúa el lugar común, hacer esa identificación.

Y la verdad es que la mayoría de los musulmanes son pacíficos y tienen ideas que son compatibles con una sociedad pacífica. Pero ¿cuántos son esa minoría de islamistas radicales? ¿Qué amenaza suponen para su propia sociedad y para la nuestra?

Para conocer la medida de esta potencial amenaza contamos con un informe, el mayor realizado hasta el momento sobre la comunidad musulmana internacional. Está realizado por Pew en abril de 2013. En el mundo, hace dos años, había 1.572.270.000 musulmanes en el mundo. Esto supondría el 21,95 por ciento de la población mundial en 2013.

¿Cómo podemos definir a un musulmán como radical? Es una cuestión complicada, pero al menos hay un criterio que es válido, y que coincide con alguna de las preguntas que se formula el informe de Pew.

La Sharía, a veces llamada ley islámica, es en realidad un conjunto de preceptos que van desde la organización de aspectos cotidianos de la vida a juicios morales, y de ahí al ámbito de las leyes y de lo que llamaríamos la “política”. Es decir, que incluye aspectos de la vida privada y de la vida pública, una distinción que en Occidente ha permitido separar al Estado de las creencias privadad (en teoría, al menos), pero que es ajena a la organización de la vida en una comunidad islámica.

Una parte muy importante de los musulmanes desea que en su país rija la sharía. Esto supone no sólo que personalmente elija vivir según sus preceptos, sino que éstos se impongan a las personas que viven en su comunidad. Esta es la preferencia del 70 por ciento de los musulmanes, por lo que estaríamos hablando de 1.100 millones de personas que quieren imponer la sharía en sus países y comunidades.

Si no consideramos que esta pretensión es “radical”, hay un segundo criterio más estricto. Y es el que responde a esta cuestión: ¿Querría que la sharía se impusiese no ya en su país sino en todo el mundo? Esto querría decir que su pretensión es imponer al resto de sociedades, y también a las nuestras, los preceptos del Corán y de la sharía.

El informe recoge, como hemos recogido, que el 70 por ciento de los 1.572 millones de musulmanes del mundo quiere la ley islámica para sus sociedades. El informe sólo pregunta si quiere imponer al resto del mundo la sharía a todo el mundo en países que contienen a 830 millones de musulmanes; no a todos. Lo que obtiene es que, de aquéllos que la quieren para sí, el 38 por ciento lo quiere imponer al resto de la humanidad.

Si sólo considerásemos a estos 830 millones de personas, estaríamos hablando de 266 millones de personas que justifican las acciones que lleven a todo el mundo la ummah, la comunidad islámica, con sus instituciones y preceptos. Pero si aplicásemos ese porcentaje a toda la población musulmana del mundo, estaríamos hablando de 370 millones de personas que tiene estas ideas radicales, y que buscan convertir a las sociedades occidentales en fieles de Mahoma y devotos de la sharía.

Para hacernos una idea de lo que estamos hablando, 370 millones de personas es el 74 por ciento de la población de la Unión Europea, o un 16 por ciento más que la población de los Estados Unidos.

¿Es Sisi el esperado reformista del islam?
Daniel Pipes. Minuto Digital 27 Marzo 2015

Con motivo de la intervención de año nuevo elogiada de manera generalizada, el Presidente egipcio Abdel Fataj al-Sisi visitó la Universidad Al-Azhar para abordar el papel de referencia religiosa del país, diciendo que había llegado la hora de reformar el islam. Se ganó la ovación occidental por esto, incluyendo una candidatura al Premio Nobel de la Paz, pero yo tengo mis reservas a tenor de la alocución.

Para empezar, por refinadas que sean las ideas de Sisi, ningún político – y desde luego ningún caudillo – ha modernizado el islam. Las reformas de Atatürk en Turquía están siendo sistemáticamente desmanteladas. Hace una década, el monarca jordano Abdalaj II y el Presidente paquistaní Pervez Musharraf realizaron intervenciones comparablemente refinadas acerca de “la verdadera voz del islam” y “la moderación ilustrada”, que inmediatamente se tragó la tierra. Sí, las declaraciones de Sisi son más contundentes, pero no es una autoridad religiosa y, con toda probabilidad, también desaparecerán sin dejar rastro.

En cuanto al contenido: Sisi elogiaba la confesión del islam y ponía el acento en lo que llama fikr, pensamiento literalmente que en este contexto significa ideas equivocadas. Denunciaba que las ideas equivocadas, que no entró a concretar, se han sacralizado, y que la autoridad religiosa no las critica. Pero Sisi sí vertió críticas, y en un árabe coloquial muy inusual al pronunciarse en tales materias: “Es inconcebible que las ideas incorrectas que sacralizamos conviertan a la umma entera [comunidad de musulmanes] en motivo de preocupación, peligro, muerte y destrucción para el mundo entero. Esto no es posible”.

Sin embargo, eso es justamente lo que ha sucedido: “Hemos llegado al extremo en que los musulmanes se han puesto en contra al mundo entero. ¿Es razonable pensar que 1.600 millones [de musulmanes] desean matar a los 7.000 millones de habitantes del mundo restantes para que prosperen los musulmanes? Esto no es posible”. Sisi profundizaba, para aplauso enfervorecido de los dignatarios religiosos reunidos con motivo de su intervención, para instarles a emprender “una revolución religiosa”. En ausencia de ella, la comunidad musulmana “será dividida violentamente, destruida y se irá al infierno”.

Alabo a Sisi por pronunciarse con claridad en este problema; su sinceridad reviste un acusado contraste con las pomposas alocuciones de sus homólogos occidentales, que hacen como que la presente ola de violencia no tiene nada que ver con el islam. (De las diversas intervenciones erróneas altisonantes, mis favoritas son las del antiguo gobernador de Vermont Howard Dean, que respondía a la masacre del Charlie Hebdo diciendo “Me abstengo de llamar terroristas musulmanes a esta gente. Son igual de musulmanes que yo”).

Pero Sisi no dio ningún detalle de la revolución que pretende; ¿qué puede tener en mente? En contra de lo que dicen sus incondicionales, yo estoy convencido de que defiende una versión sutil del islamismo, definido como la implantación integral de la ley islámica (la sharía) en el ámbito público.

Varias indicaciones apuntarían a que Sisi sería islamista. Fue musulmán practicante, que al parecer se aprendió el Corán de memoria. El Financial Times descubre que su mujer llevaba el hijab (la prenda) y una de sus hijas el niqab (la vestimenta que solamente exhibe ojos y manos). El secretario de la Hermandad Musulmana, Mohamed Mursi, eligió a Sisi ministro de defensa justamente porque veía un aliado en el entonces General.

Siendo estudiante de Pennsylvania en 2005-06, Sisi escribió un documento que defiende la democracia adaptada al islam, que “guarde escaso parecido” con su prototipo occidental pero que “cobre su propia forma o presentación acompañada de vínculos religiosos más estrechos”. Su versión de democracia no separaría mezquita y Estado, sino que se fundamentaría “en principios confesionales islámicos”, lo que significa que las instancias públicas habrían de “tener presentes los principios confesionales islámicos al desempeñar sus funciones”. En otras palabras, la sharía por encima de la voluntad de la mayoría.

También en aquel documento, Sisi se alineaba en parte con los salafistas, los islamistas barbudos y partidarios del burka que aspiran a vivir como Mahoma. No describe el califato temprano como “forma ideal del Estado” sencillamente, sino como “objetivo de cualquier nueva forma de administración pública”, y espera el renacimiento “de la primera forma” de califato.

Es desde luego posible que las opiniones de Sisi acerca del islam, como las de muchos egipcios, hayan evolucionado, sobre todo desde su ruptura con Mursi hace dos años. De hecho, la rumorología le vincula al movimiento radical anti-islamista coranista, a cuyo secretario, Ajmed Subjy Mansour, cita en su trabajo universitario. Pero Mansour sospecha que Sisi “juega con las palabras” y aguarda a ver si Sisi es riguroso en la reforma.

De hecho, hasta que conozcamos más de las opiniones personales de Sisi y veamos lo que pretende, yo interpreto su intervención no como postura en contra de la totalidad del islamismo, sino exclusivamente en contra de su forma violenta en concreto, la que está asolando Nigeria, Somalia, Siria-Irak y Pakistán, la variante que ha tenido en estado de sitio ciudades como Boston, Ottawa, Sídney o París. Como otras mentes menos encendidas, Sisi promueve la sharía a través de la evolución y el apoyo popular en lugar de la revolución y la brutalidad. La no violencia es, claro está, una mejora con respecto a la violencia. Pero no constituye en absoluto la reforma que los no musulmanes esperan ver – sobre todo al recordar que trabajar en el seno del sistema tiene mayores probabilidades de éxito.

La reforma auténtica precisa de académicos del islam, no de caudillos, y del rechazo tajante a la implantación de la sharía en el ámbito público. Por ambas razones, no es probable que Sisi sea ese reformista.

PRESIÓN FISCAL DEL 47% DEL PIB
'The Economist': el problema de Grecia no es por falta de impuestos, sino por exceso de gasto
Los ingresos fiscales en Grecia ascendieron al 47% del PIB en 2013, el decimosegundo país del mundo con mayor presión fiscal.
LIBRE MERCADO Libertad Digital 27 Marzo 2015

Simon Baptist, economista jefe de la Economist Intelligence Unit, ha remitido una interesante carta a sus lectores en la que analiza con detalle el cuadro fiscal griego. Al contrario de lo que afirma la mayoría de analistas, Baptist opina que uno de los principales problemas que afronta Grecia es el exceso de impuestos.

"Grecia atraviesa muchos problemas, pero la falta de ingresos tributarios no es uno de ellos. Basta con revisar los datos oficiales de 2013 para comprobarlo: a lo largo de dicho ejercicio, los ingresos presupuestarios de la Hacienda helena llegaron al 47% del PIB", explica el ex profesor de la Universidad de Oxford.

Según Baptist, "este dato significa que Grecia es el decimosegundo país del mundo con mayor presión fiscal. Por comparación, la totalidad de los ingresos tributarios de Alemania llega al 44% del PIB. Por tanto, los impuestos tienen un peso mayor en la economía griega que en la alemana".

La carta de Baptist apunta que "esto no significa que el sistema tributario de Grecia sea eficiente, pero es importante explicar que los problemas de su economía no están ligados a la falta de ingresos fiscales. Es más: analizando esta crisis parece claro que no hay una correlación fuerte entre lo que recaudan los gobiernos y la evolución de su deuda".

MULTICULTURALISMO
Laurent Obertone, autor de “Francia Naranja Mecánica”: “En Francia, cada 24 horas se cometen 13.000 robos, 2000 agresiones y 200 violaciones”
ALBERTO RAMO. Minuto Digital 27 Marzo 2015

“Francia Naranja Mecánica”, la obra de Laurent Obertone, está siendo objeto de debate y polémica estos días en Francia. Marine Le Pen ha recomendado su lectura en algún acto oficial de su partido.

En “Francia Naranja Mecánica”, Laurtent Obertone describe el “asalvajamiento de una nación” y muestra “una Francia donde la ultra violencia progresa sin encontrar más oposición que una cultura de la disculpa y la justificación institucionalizada.

Su ensayo reposa sobre cifras diferentes de las del Ministerio del Interior. ¿En qué son más fiables que las estadísticas oficiales?
En Francia, cada 24 horas se cometen 13.000 robos, 2000 agresiones y 200 violaciones. Estas cifras son las de la Oficina Nacional de la Delincuencia y de las Respuestas Penales (ONDRP), instituto público que realiza desde hace algunos años encuestas a 17.000 personas. Estas encuestas, que son juzgadas fiables por los criminólogos, hablan de 12 millones de crímenes y delitos al año, o sea tres veces más que lo que reconoce el ministro del Interior, que sólo cuenta las denuncias, que son objeto muchas veces de manipulaciones estadísticas y políticas. El estudio de la ONDPR se sitúa fuera del terreno de las indecentes pequeñas querellas de la politiquería alrededor de oscilaciones ínfimas de una tasa de criminalidad que se ha disparado desde los años 60, y que ninguna política ha sabido o podido contener.

Parece que tiene usted una muy mala opinión de los medios de comunicación franceses. ¿Estos son realmente ciegos y angélicos frente a la inseguridad?
La inmensa mayoría de los periodistas (el 94% según una encuesta de Marianne, un periódico digital con reputación de independiente) y de los estudiantes de periodismo (hasta el 100% en algunas facultades) se definen a si mismos como de izquierda y extrema izquierda. Tienen un chip ideológico en la cabeza, lo que no es compatible con el deber de informar. Por reflejo, niegan la realidad, la edulcoran, la minimizan, y hasta la desprecian, culpabilizando e insultando a aquellos que se atreven a señalarla con el dedo. Entre los grandes medios, es una competición consistente en a ver quien va más lejos en la disculpa y la comprensión del criminal. Las personas lo saben, y por eso ya no leen más esta prensa, que es mantenida en vida únicamente por subvenciones más o menos disfrazadas para dar la ilusión que una información independiente todavía existe y que nuestra democracia goza de buena salud. Todo eso es un teatro, e incluso, lamentablemente, una tragedia.

Sin embargo, la prensa habla de su libro…
Una cierta prensa nada más. La mayoría de los grandes medios callan, y a veces reconocen, como La Croix (diario católico), Le Parisien (popular tirando a populachero), que lo hacen por razones ideológicas. Pero las miles de víctimas son la prueba que la inseguridad no es una ideología.

Al señalar el multiculturalismo como fuente de criminalidad, ¿no teme radicalizar a ciertas personas, sea hacia la extrema derecha o bien hacia el salafismo?
La heterogeneidad de una nación no sólo es un factor de criminalidad, si no también un factor de incivismo, de precariedad, de derrumbe del “capital social”, como lo ha demostrado el célebre sociólogo de izquierda Robert Putnam, del cual hablo en repetidas ocasiones en “Francia Naranja Mecánica”. Es un hecho: los países heterogéneos son más violentos que los países homogéneos. No se puede esconder esta realidad bajo el pretexto que llevaría a las personas a radicalizarse. Hoy en Francia, miles de criminales radicales agreden, violan y asesinan a personas decentes sin que ello parezca interesar a nadie. Los que huyen de esta realidad agitando el fantasma de la extrema derecha se convierten en cómplices de esos criminales. Pero es que ya no tienen opción: su ideología se tambalea, y ese fantasma de la extrema derecha es su única muleta.

¿Qué ocurre con la deriva islamista?
Constato que esta radicalización es consustancial a las poblaciones musulmanas instaladas en Europa. Es un acelerador identitario de la tribalización de algunas comunidades.

Según usted, algunos delincuentes son de absoluta buena fe cuando piensan que no transgreden ninguna prohibición cuando cometen delitos o violaciones.
En efecto. Su moral es la de su grupo, jerarquizado según unas reglas que no son las nuestras. Es una ley antropológica: matar un miembro de su grupo está prohibido, pero matar un extraño es permitido, a vece incluso fomentado. Prueba de ello es el apoyo irrestricto de los miembros de esas comunidades cuando unos “jóvenes” (eufemismo por negros y moros delincuentes) son detenidos por la Policía, sea cual sea la gravedad de sus crímenes.

En su libro, usted explica que, contrariamente a una idea muy extendida, la delincuencia y la criminalidad no están relacionadas con factores económicos.
Constato que las ciudades con poblaciones homogéneas, que tienen su lote de habitantes pobres, son muy poco criminales. El Paris de principios del siglo XX o incluso del XIX era particularmente pobre y sobrepoblado. Sin embargo, era mucho menos violento que lo que es desde los años 60. La ciudad no hace al criminal, pero le sirve de refugio. Lo que hace al criminal es la baja adaptación cultural, la tribalización del país, el laxismo judicial, la moral de la disculpa.

¿De dónde proviene esa casi impunidad que usted denuncia? ¿De la Policía o de la Justicia?
Entre el papeleo, la barbarie de la calle, las consignas de “no provocar”, el desprecio mediático, la cólera popular, los policías desmotivados hacen lo que pueden con valor y eficacia. En cambio, la Justicia no acompaña esta labor desde hace tiempo. Tenemos 53.000 plazas de prisión, 82.000 condenas no ejecutadas cada año, por falta de plazas. ¿Construir prisiones? “Eso cuesta caro”, nos dicen sin avergonzarse desde el Sindicato de la Magistratura. Ningún gobierno ha tenido el valor de poner su administración a construir cárceles. ¿Por qué? Porque construir cárceles sería reconocer la explosión de la criminalidad que padecemos. Ideológicamente, los progresistas no pueden admitir el fracaso de sus utopías. Prefieren hundirse al timón del barco. Lo que deciden no tiene nada que ver con la realidad empírica, son “adelantos morales” que nadie puede nunca volver a poner en entredicho. Es un comportamiento suicidario.

Más que el nivel de seguridad, ¿no es acaso nuestro umbral de tolerancia frente a la criminalidad y a la delincuencia que ha bajado en estas últimas décadas?
Si los medios de comunicación trataran de amplificar este fenómeno, comenzarían sin duda por no hablar de “sentimiento” o de “incivilidades”. En “Francia Naranja Mecánica” muestro que la criminalidad francesa era insignificante de los años 1830 hasta los años 1950. En todos los países de Europa, la criminalidad ha experimentado un crecimiento explosivo a partir de los años 1950, con la mundialización, la inmigración y el fin de la justicia estrictamente punitiva. No es una fatalidad: los países que han abandonado el laxismo judicial, como los EEUU han obtenido excelentes resultados en materia de lucha contra la criminalidad. Hoy, la criminalidad en los EE.UU es proporcionalmente inferior a la de Francia.

Su conclusión es espantosa, pero ¿qué soluciones preconiza?
Ninguna, ese no es mi cometido. Soy un testigo, expongo unos hechos. Constato el fracaso judicial, el fracaso del multiculturalismo, el fracaso de la moral progresista. Antes de acometer la realidad, hay de dejar de ignorarla, ese es el tema de mi libro.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El catalán es también una lengua española
Mercè Vilarrubias Cronica Global 27 Marzo 2015

Es un placer para mí poder entablar un diálogo con Marita Rodríguez, una de las personas más conocidas dentro de los sectores críticos catalanes por su incansable trabajo en favor del bilingüismo en Cataluña. Su artículo “¿Es necesario oficializar las lenguas regionales?” es una prueba de ello. Ya que el artículo trata del proyecto de Ley de Lenguas Oficiales, en el cual estoy implicada, he decidido escribir este artículo para seguir con el diálogo. Los impulsores de esta ley pensamos que, como todo proyecto novedoso, éste debe ser objeto de debate y esperamos que haya más artículos contribuyendo a ello en CRÓNICA GLOBAL. Entre los impulsores del proyecto están el historiador Joaquim Coll, el jurista Ángel Puertas y el ensayista Juan Claudio de Ramón, además de yo misma, todos vinculados a Sociedad Civil Catalana.

La Ley de Lenguas Oficiales propone hacer del catalán, el gallego y el vasco lenguas oficiales del Estado, junto con el español. Algunas de las medidas concretas que contiene son éstas: (i)la posibilidad de dirigirse oralmente y por escrito a los organismos estatales en catalán, gallego y vasco, (ii) la disponibilidad de todos los documentos e impresos importantes en estas lenguas (iii) su presencia en actos y ceremonias de Estado (iv) la obligación de rotular el exterior de todos los edificios estatales en las otras lenguas españolas (v) posibilidad de hablar en todas las lenguas españolas en el Congreso y en todas las actividades del Senado (vi) catálogos permanentes en las cuatro lenguas en los todos los museos estatales. En el artículo “¿Es necesario oficializar las lenguas regionales?”, para indicar un problema de la ley, se señala que cualquier ciudadano podría ser atendido en la lengua de su elección en toda España, por ejemplo, uno podría exigir ser atendido en euskera en un hospital de Jerez de la Frontera. Quería indicar que esto no es así. La Ley de Lenguas Oficiales se circunscribe a las instituciones del Estado: los ministerios, el Congreso y el Senado, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, las embajadas, los museos e instituciones culturales estatales importantes, los medios de comunicación públicos estatales, etc. Son las instituciones del Estado las que deberían ser plurilingües, no las autonómicas. ¿Por qué? Porque las instituciones autonómicas sirven a la autonomía, y en las comunidades bilingües, el Estado ya es bilingüe. En las monolingües, obviamente, no. Pero las instituciones del Estado son de todos, el Estado es compartido por todos los ciudadanos, y por eso en ellas deberían tener cabida todas las lenguas, permitiendo que los ciudadanos escojan la lengua en la que se quieren relacionar con la Administración estatal.

Una segunda cuestión a matizar del artículo de Marita Rodríguez es que éste asume que la Ley de Lenguas Oficiales debe contar con la aprobación de los nacionalistas. Nada más lejos de nuestra intención. Marita afirma que los nacionalistas no están por la labor de aceptar la oficialidad real del español en Cataluña a cambio de que el catalán sea oficial en las instituciones y actos del Estado. Efectivamente, ellos no están por la labor de cambiar nada. De lo que se trata es que se vean obligados a cambiarlo no que estén de acuerdo en cambiarlo. ¿Cómo podría suceder esto? Sucedería porque lo queremos es ganarnos a la opinión pública catalana, dar razones a los miles de ciudadanos que desaprueban la política lingüística catalana pero saben que van a ser tildados de españolistas y fachas si se expresan. Poder dar argumentos como: ¿ataca el Estado el catalán cuando lo acaba de hacer oficial?; ¿España no nos quiere cuando el catalán tiene cabida en las instituciones de todos?; ¿por qué es posible la libertad de elección de lengua con la Administración central y esto no sucede en Cataluña?; ¿por qué se respetan y valoran más desde el Estado todas las lenguas de España de lo que se valora el español en Cataluña? Innegablemente, son todos ellos argumentos muy valiosos y que se referirían a hechos y prácticas que todos podríamos visualizar perfectamente.

El hecho de que esta propuesta sea independiente de la aprobación o desaprobación con los nacionalistas es una de las claves de nuestro proyecto. La razón está en que lo que buscamos es que los nacionalistas dejen de ser los únicos que hablan en nombre del catalán y sus hablantes. Ellos actúan ahora como los propietarios del catalán; se han convertido en los amos de la lengua. ¿Qué significa ser el amo de una lengua? Significa auto-erigirse en el único representante de esta lengua y en el único intérprete de los sentimientos de sus hablantes. Los nacionalistas se sienten cómodos siendo los exclusivos gestores del catalán, sus únicos representantes y defensores. Frente a esta exclusividad, que dura ya tres décadas, la Ley de Lenguas Oficiales propone la aparición de un nuevo actor, el Estado, con un discurso lingüístico diferente.

Se trata de elaborar un nuevo discurso en España y lo fundamental para que el Estado pueda inaugurar este nuevo discurso lingüístico es precisamente que sea capaz de autorizarse a sí mismo a hablar en nombre del catalán, sin tener que someterse a la aprobación de los propietarios. Para ser también gestor del catalán y representante de los catalanohablantes, dentro de sus competencias, el Estado no necesita pedir permiso a los nacionalistas. Puede y debe actuar de forma independiente de ellos en la elaboración de este nuevo modelo de política lingüística, respetuoso con los derechos lingüísticos de todos y capaz de garantizar la libre elección de lengua en todas las instituciones estatales.

Esto provocaría una gran inquietud en el nacionalismo porque si uno pierde la exclusividad sobre algo, si emerge un nuevo discurso, éste puede ganarse las preferencias de los ciudadanos. Mientras solo habla el nacionalismo y demoniza a todos los críticos, no hay peligro. El peligro viene cuando aparece un nuevo actor, otro que también se hace responsable de las lenguas y les arrebata la cómoda exclusividad de la que gozaban. Ello ha sido advertido por algunos colectivos independentistas. En el directe.cat han cargado contra la Ley de Lenguas Oficiales en su intento de lograr que la Generalidad deje de ser la única gestora del catalán. También temen que el Estado pueda hacerse “simpático” en Cataluña. Vemos que van captando bien las ideas principales del proyecto.

El Estado debe intervenir pero intervenir de una determinada manera que no signifique hacerles el juego a los nacionalistas
Este desagrado por parte de algunos colectivos independentistas hacia la Ley de Lenguas Oficiales me gustaría señalarlo como un dato relevante para deshacer un equívoco en relación a nuestro proyecto: se piensa erróneamente que la Ley de Lenguas Oficiales busca apaciguar a los nacionalistas. No es así en absoluto. Sabemos que el apaciguamiento es, primero, imposible; en segundo lugar, una propuesta política debe buscar el bien común y no el complacer a ningún grupo sectario, ni siquiera como estrategia. De lo que se trata precisamente es de desactivar su discurso a partir de la elaboración e implementación de un nuevo modelo de política lingüística, radicalmente diferente del suyo, y con muchas probabilidades de ser apoyado por una mayoría de ciudadanos, sin lugar a dudas en las comunidades bilingües y también, muy probablemente, en las monolingües.

¿Cuál es este nuevo discurso? Un discurso y una práctica de integración de todas las lenguas españolas, el catalán, el vasco y el gallego, junto con el español; un reconocimiento simbólico de ellas; una actitud de cercanía y complicidad hacia ellas y sus hablantes. Este es el posicionamiento de un Estado moderno, abierto e inclusivo, que acepta y reconoce la realidad de la diversidad lingüística del país y es capaz de orientarla hacia la convivencia y el interés ciudadano.

Hemos ideado la Ley de Lenguas Oficiales para intentar encontrar una salida al callejón en el que nos encontramos en el campo de las lenguas. Considerando el catalán como una lengua española, pensamos que frente al conflicto lingüístico en Cataluña (y las demás comunidades bilingües) el Estado debe intervenir pero intervenir de una determinada manera que no signifique hacerles el juego a los nacionalistas. Debe intervenir de manera constructiva y no a partir de un enfrentamiento, que es lo que buscan ellos constantemente. Con el enfrentamiento -el español contra el catalán y el catalán contra el español- los nacionalistas se sienten como pez en el agua. Por ello, nuestro mensaje de contraposición a esta idea no debe ser el de perpetuar el enfrentamiento de una lengua contra la otra sino un mensaje de integración de las dos. Y ya que no podemos integrar el español junto con el catalán en Cataluña, empezaremos por integrar el catalán y las demás lenguas españolas junto con el español, creando con ello un nuevo discurso lingüístico en España. ¿Qué los efectos en Cataluña tardarán en hacerse notar, qué los nacionalistas intentarán boicotear y desprestigiar la ley porque les desenmascara claramente? Efectivamente; es un proyecto a largo plazo ya que los cambios que comportaría en la cultura lingüística del país serían enormes y esto requiere años.

Los impulsores del proyecto, al igual que Marita Rodríguez y tantas otras personas, estamos comprometidos con el avance del bilingüismo en Cataluña- y nosotros, además, hemos añadido a ello otro compromiso, el del avance del plurilingüismo en España. Esperamos que con el tiempo seamos muchos más los que tengamos este doble compromiso.

El aceite de oliva español, el jamón serrano español y la lengua española
Nota del Editor  27 Marzo 2015

En España hay abundantes olivos de los que se obtienen numerosos aceites de oliva españoles. También en España se crían numerosos cerdos de varias razas de los que se obtienen numerosos jamones serranos españoles.

Lo que ya no cuadra es que habiendo es España algunas lenguas regionales, que por cierto, sólo provocan problemas y dolor de cabeza, pretendan algunos decir que son lengua española. La lengua española es el español.

LOS PROETARRAS SIGUEN LOS PASOS DE CATALUÑA
Bildu pide multar a las empresas que no rotulen en vasco
R.M.R. La Razon 27 Marzo 2015

El partido plantea una ley que imponga a bancos, empresas eléctricas y 'telecos' la obligación de atender a los consumidores en vasco con multas de 6.000 euros en caso de incumplimiento.

EH Bildu defenderá en el Parlamento vasco una ley por la que se pretende multar con 6.000 euros a las empresas que no puedan atender a los euskaldunes en vasco. Esta imposición afectará a todas las compañías que operan en la comunidad autónoma, aunque las sanciones sólo se dirigirán -por ahora- a los bancos, empresas eléctricas y de telecomunicaciones, mientras que las etiquetas de todos los productos deberán estar redactadas en vasco si sus fabricantes no quieren que se retiren del mercado.

El parlamentario de Bildu Xabier Isasi presentaba el pasado miércoles en rueda de prensa esta proposición de ley para "dejar en evidencia" el "escaso cumplimiento" del decreto puesto en vigor en 2008 durante el liderazgo de Ibarretxe, aún vigente pero sin las sanciones que contemplaba para las grandes empresas después de que el gobierno de Patxi López tumbara las multas. "Queda en evidencia que el índice de cumplimiento más elevado no pasa del 50% en el caso de los bancos, no supera el 25% en el comercio y en el resto de sectores se queda en torno al 6%", explicaba, defendiendo así que esta imposición será "flexible" pero de obligado cumplimiento en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya para proteger los "derechos" de los vascohablantes.

Con esta vuelta a la ley de Ibarretxe, EH Bildu pretende seguir de cerca los pasos de la Generalitat catalana, cuyos Derechos de Consumo contemplan el derecho de ser atendidas oralmente y por escrito en "la lengua oficial que escojan", es decir, teóricamente tanto en castellano como en catalán. Incide en especial en que los consumidores "tienen derecho" a recibir en catalán documentación diversa o rótulos, y de no ser así, se procederá a considerar la "vulneración de la política lingüística" como una infracción administrativa. El documento finaliza con una serie de recomendaciones en las que pide a los consumidores que pongan atención para que la documentación ofrecida por establecimientos o bancos deba estar "como mínimo" redactada en catalán.

Según concretó Xabier Isasi, los plazos de cumplimiento que prevé Bildu para que las empresas cumplan las obligaciones lingüísticas en la atención al público dependerían de su tamaño: las empresas con más de 50 trabajadores tendrían un año, las empresas de entre 5 y 50 trabajadores tendrían dos años y las empresas de menos de 5 empleados tendrían cuatro años de plazo. En cuanto al etiquetado de los productos, la normativa afectaría a todos aquellos que sean objeto de compra venta en País Vasco -incluidos los medicamentos-, que deberán estar escritos "al menos en euskera". El plazo previsto para cumplir esta disposición sería de tres años y aquellos productos que no se ajusten a la norma serían retirados del mercado.

Las cuantías recaudadas por estas sanciones, que en algunos casos podrían llegar a 6.000 euros como indicó Isasi, se invertirían en actividades de normalización del euskera.
 


 


Recortes de Prensa   Página Inicial