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Contra el laberinto de la ley de lenguas
(I)
Antonio Robles. Cronica Global 1 Abril 2015
Me ha resultado decepcionante la reflexión que ha hecho Mercè
Vilarrubias sobre la cuestión lingüística en España y las medidas
necesarias para superar el conflicto. Lo ha hecho en dos artículos,
“El Estado frente al conflicto lingüístico” (I) y (II) publicados en
Crónica Global el pasado mes de marzo, y un tercero en El País,
“Todas las lenguas de España”. La decepción aún es mayor porque deja
entrever que un grupo de intelectuales no nacionalistas podrían
estar interesados en llevar la reflexión a una Ley de Lenguas
inspirada en tales ideas.
Y digo decepcionante, porque Mercè Vilarrubias es persona ecuánime y
preparada, que ha demostrado sobrado sentido común sobre la
inmersión lingüística en Cataluña con un libro imprescindible para
cualquiera que pretenda saber algo sobre el particular, 'Sumar y no
restar'.
Su diagnóstico se puede reducir a estas dos premisas: los
nacionalistas se han adueñado de la gestión de las lenguas
regionales en exclusividad y, como consecuencia, han abusado de su
monopolio; el Estado se ha inhibido ante el abuso.
El diagnóstico es básicamente correcto. Sobre todo en el caso
catalán. No así la receta para resolver el problema.
Como solución, no recurre a aplicar la Constitución, ni a defender
el derecho que tiene todo ciudadano español a utilizar y estudiar en
su lengua habitual, ni siquiera a exigir el cumplimiento de las
sentencias judiciales que reiteradamente dan la razón a los padres
que prefieren una educación en español o bilingüe para sus hijos.
Muy al contrario, se fija y teme la capacidad de intimidar de los
nacionalistas, y facilitarles, con ánimo de neutralizarla, una Ley
de Lenguas a su medida para convertir al catalán, al vasco, y al
gallego en lenguas oficiales, junto al español en todas las
instituciones del Estado. O sea, trueca el bilingüismo
territorializado actual en plurilingüismo generalizado. Con esa
medida, pretende dejar sin argumentos morales al nacionalismo, e
implicaría -asegura- arrebatarle la representación, defensa y
gestión en exclusividad del catalán. ¿Ingenuidad o error? Las dos
cosas.
De salida, parte de un error de apreciación. Localiza el problema en
el descontento de los nacionalistas, y busca cómo complacerlos,
cuando en realidad el problema está en la merma de derechos
lingüísticos que sufren millones de ciudadanos, no en buscar cómo
reducir la ira de los nacionalistas. Porque de esto se trata, de
eliminar el abuso y restituir los derechos mermados de los
ciudadanos excluidos, no de contentar a los que los excluyen.
De ahí su grave error, confunde la defensa de los derechos
ciudadanos con el enfado coyuntural de los nacionalistas, que
interioriza como problema, y como consecuencia recurre a paños
calientes para contentar a quiénes no quieren ser contentados. El
fin parece instrumental, atraer hacia posiciones bilingüistas a
muchos catalanes que siguen atrapados en el discurso victimista del
nacionalismo.
Yerra incluso en el diagnóstico de la solución: hace ya muchos años
que fracasaron las medidas de contención del nacionalismo. Produce
ternura, y más conociendo su buena fe, creer que tiene la piedra
roseta para desactivar al nacionalismo. Antes, muchos otros, han
caído, hemos caído en ese error. Al nacionalismo no se le embrida.
Por una razón elemental, porque sus objetivos no son convivir en
igualdad de derechos lingüísticos con los castellanohablantes sino
imponer su lengua como tótem de la identidad sobre la que poder
construir una nación. A falta de razones, imponen identidad
lingüística. Un instrumento pasajero a la espera de lograr el
objetivo. Otros pueblos han recurrido a la religión, los más a
delirios románticos, incluso algunos se han considerado el pueblo
elegido de Dios. ¡Con un par!
Si reparamos, el diagnóstico del problema está distorsionado por la
atmósfera asfixiante del nacionalismo. Permítanme una comparación
odiosa. Demasiadas veces la pareja maltratadora encuentra en su
víctima un colaborador necesario debido a la dependencia emocional,
al chantaje económico, al temor, o a cualquier otra circunstancia
que la encadena al verdugo. Es desolador comprobar cómo el síndrome
de Estocolmo puede llevarnos a darle atención prioritaria al
secuestrador, en lugar de combatirlo. No se trata de contentarle,
sino de reducirle; no hay que temer que se solivianten por temor a
que consideren nuestra firmeza "mano dura", y que "el remedio sea
peor que la enfermedad", sino de imponer el imperio de la ley. Uno
tiene que saber quién es y actuar en consecuencia. Si uno vive preso
de la mirada de los demás, acaba viviendo la vida de los otros, no
la propia. Que es precisamente lo que muy a menudo pasa en Cataluña
a causa del acoso político del nacionalismo. Aliena y erosiona todo
cuanto contamina. El poeta José Hierro lo dejó escrito con palabras
hermosas: cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive.
Esa novedosa Ley de Lenguas Oficiales, déjenme sospechar, nacería
vieja. Pretende hacer oficiales al catalán, vasco y gallego fuera de
su ámbito territorial. Si reparamos, esa cesión al nacionalismo para
evitar males mayores, sólo aplazaría el problema. Una vez abierta la
veda, ¿cuánto creen que tardarían en reivindicar el mismo estatus
los impulsores del bable, de la fabla o de los innumerables
dialectos que pueblan nuestra geografía?
Es curioso que, por contentar a un sector monolingüista de la
periferia, cargue al resto de españoles con la obligación de dedicar
¾ partes de su educación general, al aprendizaje de lenguas
regionales. Y multipliquen por mil los conflictos lingüísticos entre
partidarios del antojo nacional. No me quiero imaginar la de
recursos judiciales que surgirían en las distintas instituciones a
causa de no ofrecer en cada caso disponibilidad lingüística por las
cosas más nimias. Porque el derecho no se limitaría a que en el
Congreso de Diputados hubiera la posibilidad de hablar en todas las
lenguas regionales distintas de la lengua común de todos los
españoles, sino su disponibilidad en el ayuntamiento más pequeño, la
institución más insignificante, o la escuela más remota de toda
España. Así que en Cataluña, tendríamos el problema actual, más el
que surgiría de la exigencia de disponibilidad del gallego, vasco, y
en su caso de todas las demás lenguas que se considerasen con el
mismo estatus. Ese problema en Olot, se replicaría en Santiago de
Compostela con el catalán o el vasco o en Sevilla con el vasco, el
catalán y el gallego. ¿Se resolverían así los problemas lingüísticos
en España, o se multiplicarían?
¿Cuantas más lenguas, mejor?
Quizás el mayor error en que cae la propuesta de plurilingüismo
generalizado sea la sacralización ecológica que se hace de las
lenguas. A sabiendas que es uno de los tabúes más propagados por la
sociolingüística nacionalista, es preciso plantearse esa
superstición generalizada de "cuantas más lenguas mejor". En 2011
reflexioné sobre ello en 'Babelizar para confederar'. Dicho de modo
más directo, la enmendé. Por entonces se planteaba convertir el
Senado en cámara territorial y plurilingüe. Mercè Vilarrubias y sus
colegas, pretenden ahora generalizarla a todas las instituciones del
Estado. El modelo me servirá aquí para cuestionar las bondades del
plurilingüismo generalizado en un Estado donde disponemos de una
lengua Franca.
Decía entonces en 'Babelizar para confederar': la ocurrencia de
utilizar las lenguas regionales en el Senado nos ofrece una
oportunidad inmejorable para desvelar uno de los males que nos
aquejan como nación: el trueque de la política como instrumento de
racionalización de recursos y necesidades por la dramatización de
emociones con fines identitarios.
Sólo a una mente ajena a esta superstición identitaria le puede
pasar desapercibida la sutil diferencia entre lo que es un legítimo
derecho a utilizar las lenguas regionales en el Senado y su función
comunicativa. No parece lógico que teniendo una lengua común
dominada por todos, se simule no conocer y se asuma la molesta
traducción simultánea y su coste. Es evidente que no es la función
comunicativa la que justifica tanta incomodidad, sino su función
simbólica. La lengua para los nacionalistas no es un instrumento de
comunicación sino de identidad. Con su utilización en el Senado no
se gana en entendimiento, se marca territorio. Lo que el sistema
constitucional no permite, o sea, convertir el Estado autonómico en
Estado plurinacional, lo consigue de facto la traducción simultánea.
Los nacionalistas han ganado todas sus batallas desde la
restauración de la democracia adueñándose de las palabras,
definiendo las cosas y ocupando los espacios culturales desde la
escuela a los medios de comunicación (la hegemonía cultural de
Gramsci). El resto, o sea, el poder y los cambios legislativos,
serán consecuencia de una situación sociológica macerada,
subvencionada y, si es preciso, forzada para convertir en inevitable
lo que previamente ha sido normalizado. Llámese inmersión
lingüística, exclusión de la bandera española de los edificios
públicos o cesiones del IRPF asimétricos.
Dos son los fundamentos en que basan los nacionalistas el derecho a
utilizar las lenguas regionales en el Senado: la pluralidad
lingüística es una riqueza cultural y el coste de la traducción
simultánea es rentable por su capacidad para reducir las tensiones
territoriales. Hay un tercero que flota entre la utilización
interesada y la añoranza del multilingüismo: las lenguas regionales,
como españolas que son, no pueden ser excluidas de los organismos
oficiales.
Por un lado, la diversidad lingüística no es una riqueza, es un
estorbo. La proliferación de lenguas no aporta más comunicación,
sino mayores dificultades para relacionarse. Precisamente por eso,
uno de los méritos que hoy día se valoran más en el currículum es el
dominio de idiomas; no porque añadan más conocimientos, sino porque
ponen en comunicación conocimientos encriptados por culpa de la
diversidad lingüística. Las lenguas son una barrera al intercambio
de conocimientos, más que una fuente de ellos. Y en muchos casos se
dedican más horas a descodificar esos códigos lingüísticos, es
decir, a estudiar lenguas, que a ensanchar el conocimiento
científico distinto del que ellas generan sobre sí mismas. El que el
aislamiento ancestral de las comunidades humanas haya dado lugar a
lenguas diferentes no significa que su consecuencia sea beneficiosa
para el entendimiento humano. Deben ser respetadas, pero no
sacralizadas como si fueran especies en extinción. Precisamente
cuando el hombre ha tenido oportunidad de amoldar la naturaleza a
sus intereses, ha universalizado códigos. El metro es una
consecuencia y el STOP otra. ¿La diversidad de cargadores de móviles
nos aporta más y mejor servicio que si tuviéramos uno idéntico para
todos los teléfonos? ¿El ancho de vía español diferente al europeo
nos hace mejores, más felices, ricos o libres, o nos entorpece y
encarece el mercado de comunicaciones? Conducir por la derecha o por
la izquierda es indiferente, pero no tener universalizado el
criterio genera incomodidades, y a veces riesgos. El tener los
mismos significantes en matemáticas nos facilita su comprensión
inmediata a todos los humanos. Un chino, un egipcio, un español y un
americano poseen el mismo código matemático. En ese idioma son
hablantes de la misma lengua. Como la música, es un lenguaje
universal con el que podemos hacer creaciones infinitas. Todos hemos
sufrido las incomodidades en países diversos por no contar con
enchufes homologados universalmente. Los únicos beneficiados son los
fabricantes y marcas que controlan esos mercados fragmentados. A los
clientes nos cuesta la reconversión dinero e incomodidad. Y por
supuesto, la falta de una lengua franca a nivel mundial nos
incomunica de forma dramática a la mayoría de los humanos. Se ha
intentado en varias ocasiones, pero los intereses de las más
dominantes siempre lo han impedido. El esperanto fue el último ideal
que no cuajó. Hoy, sin embargo, hay tecnología suficiente, internet
y medios audiovisuales capaces de unificar fonética, sintaxis y
gramática a partir de patrones diáfanos que los niños los
aprenderían a través de canciones y juegos en todo el mundo con la
misma eficacia que las lenguas maternas. La lengua escogida es lo de
menos, una, la que sea, capaz de servir para comunicar de la forma
más universal posible la mayoría de matices y visiones de la
humanidad. Esa sería nuestra lengua de trabajo, obligatoria para
todos; el resto de lenguas, podrían seguir utilizándose en sus
ámbitos respectivos sin mayor problema y total libertad. Ellas
salvarían el patrimonio lingüístico de la humanidad, pero la común
la cohesionaría y la haría posible. Simplificaríamos el coste en
aprendizaje de lenguas. Con la lengua universal tendríamos bastante,
el resto sería cuestión estrictamente personal, al gusto del
consumidor. Derecho y libertad para utilizarlas, pero no para
imponerlas a nadie. Por supuesto, con todo el tiempo necesario para
llegar a su dominio. Seguramente nos costaría varias generaciones,
pero en solo una se podría poner en marcha de forma experimental y
no obligatoria.
Los beneficios en paz social de la traducción simultánea en el
Senado, asegura el otro argumento nacionalista, son superiores al
costo por garantizarla, dicen. Desde luego, 350.000 euros al año no
sería coste excesivo si con ello se reducen las tensiones políticas,
pero el problema es que ese precio servirá para agravar las
tensiones, no para disolverlas. ¿Por qué? Porque la reivindicación
nacionalista no busca mayor eficacia comunicativa, sino voluntad de
borrar el estatus de lengua común de la española y evidenciar que
todas las lenguas están al mismo nivel, para hacer visible e
inevitable por contagio lógico que España es una confederación
lingüística y por ende, un Estado plurinacional. Bilateralidad
primero, Estados estancos después. Vuelta a la mentalidad feudal
para imponer al Rey sus condiciones cada vez que les interese. No es
una metáfora, Jordi Pujol en 1994 habló de reconvertir España en
diversos Estados confederados, con la Corona como único nexo de
unión. La murga secesionista de sus herederos políticos me la
ahorro, ya la conocen.
En cualquier caso, si tomáramos en consideración la oferta del
pluralismo generalizado, habríamos de extender a todas las
instituciones del Estado "¿importantes?" el pinganillo burocrático
para garantizar la traducción a su lengua territorial a todo
ciudadano español que lo solicitase. Si así fuere, los costos se
dispararían. A modo de ejemplo: uno de los presupuestos más
abultados del Parlamento de la Unión Europea es el dedicado al
multilingüismo. Se lleva más de un tercio de todo el presupuesto de
la Eurocámara. Solo en cuestiones de traducción en 2005, el
Parlamento europeo se gastó 1.123 millones de euros, es decir, la
friolera de 186.418 millones de pesetas para traducir 24 idiomas
oficiales, y aún así dejan fuera a otras muchas lenguas. Por
ejemplo, la totalidad de las lenguas regionales españolas, cosa por
otra parte injusta, porque tienen más hablantes que alguna otra
actualmente oficial.
Sin embargo, el espíritu europeo que lo inspiró, considera que el
presupuesto dedicado a la representación lingüística es
imprescindible para la cohesión social y la conexión con los
electores. Sin lugar a dudas, todos tienen derecho a estar
representados y a ser atendidos en su lengua, pero si es tan
imprescindible ¿por qué no se hace con todas? Simplemente porque se
comería el presupuesto y los procedimientos serían prioritarios a la
solución de los problemas. Así lo que es una herramienta, se
convierte en un fin, y éste, en un obstáculo para la dedicación
completa a los problemas reales.
A la luz de esta Torre de Babel y de euros derrochados de la UE, no
es extraño añorar una lengua franca como lo fue el latín en el
pasado. En España, sin embargo, la tenemos, pero no la valoramos.
La añoranza del multilingüismo, finalmente, es interesada. España no
es un país multilingüe, como tampoco es confederado. Es decir, no
hay territorios con una sola lengua, aunque los nacionalistas
quieran forzarlo. Lo es por ejemplo Suiza, con el alemán, el
francés, el italiano y el retorrománico, circunscritos cada uno
mayoritariamente a sus cantones. Y con muchas excepciones. Pero en
España tenemos un idioma común, hablado por todos y oficial a todos
los efectos en todos los territorios de España. Es evidente que esta
situación de facto y jurídica no gusta a los nacionalistas, lo cual
no justifica que los demás debamos negarnos a ver sus bondades. ¿A
quién perjudica esa lengua franca? Únicamente a quienes quieren
convertir la lengua que ellos consideran propia de su territorio, en
la única.
Llevamos demasiado tiempo aturdidos, confundidos, muy desorientados
por el chantaje emocional del nacionalismo en cuestión de lenguas.
Las han tomado como un peaje que hemos de pagar todos los españoles
en nombre de un pasado donde las lenguas regionales fueron
zaheridas. Como tantas otras cosas, no vayamos ahora a pensar que
los derechos laborales, el sufragio femenino, la escuela pública,
las libertades políticas o la justicia social salieron mejor paradas
en el pasado. Y no por eso existen hoy territorios o grupos sociales
que nos obliguen a pagar peaje en su nombre más allá de la igualdad
de derechos que la Constitución consagra. Incluidos los derechos
lingüísticos. Y eso se debe acabar, los derechos lingüísticos son
derechos, y son para todos, no sólo para quienes se han auto
otorgado la consideración de víctimas en nombre de un pasado del que
no somos responsables ninguno de nosotros.
Retorno al argumento. Una cosa es otorgar derechos constitucionales
a las lenguas regionales en sus respectivos territorios y servirse
de ellos para garantizar su enseñanza y uso a cualquier ciudadano
que así lo quiera, y otra muy distinta, convertir las numerosas
lenguas regionales en un laberinto lingüístico con escasa eficacia y
muchos problemas. El argumento se puede rebatir, pero no conjurar. Y
sobre todo, simplificar. La disculpa de asegurar el bilingüismo que
recorre los tres artículos cae en esos dos errores: conjurar y
simplificar.
P.D. Después de escribir este artículo, he visto que la autora del
debate, Mercè Vilarrubias ha avivado el debate con un nuevo artículo
para contestar a las críticas vertidas por Marita Rodríguez a su
propuesta de plurilingüismo generalizado a todo el Estado. La niebla
interpretativa que dejó en los tres primeros, es agua transparente
en este último. En la peor dirección. Merece una contestación
pormenorizada, párrafo a párrafo. En una segunda entrega.
UPYD
Díezsen
José María Albert de Paco Libertad Digital 1 Abril 2015
En una de sus recientes andanadas contra Ciudadanos, Rosa Díez acusó
a la formación de Albert Rivera de estar a favor de la inmersión
lingüística, defender los privilegios territoriales, mostrarse
indiferente a la corrupción y fomentar el transfuguismo. Tal fue la
saña con que se empleó que, más que de Ciudadanos, parecía estar
hablando de la sucursal española de Espectra.
No se trataba de la primera vez que Díez o algún integrante de su
guardia pretoriana ahondaba en lo que separa a uno y otro partido.
En cierto modo, UPyD ha construido su identidad utilizando como
piedra angular el menosprecio a Ciudadanos, al que ha siempre ha
caracterizado como un partido carente de principios y, por ello,
moralmente insalubre. A semejanza del PSOE, que acaba de declarar a
Ciudadanos zona libre de caspa, el núcleo duro de UPyD se ha
arrogado, desde su nacimiento, la potestad de extender (y sobre todo
denegar) certificados de aptitud. De puertas afuera y de puertas
adentro, pues las exigencias de pureza suelen apuntar en todas las
direcciones. Tantas que, en el culmen del desafuero, Mater
Magentísima ha reprochado a los españoles que fueran eso mismo,
españoles, en lugar de daneses, bien entendido que en Dinamarca los
electores encajarían con el mejor de los talantes los insultos de un
Gorriaransen; insultos, por cierto, dedicados casi exclusivamente a
quienes fueron promotores de UPyD en 2007.
Sea como sea, UPyD ha terminado enmarañado en una clamorosa
contradicción entre el decir y el hacer. El ahínco con que ha
subrayado las diferencias entre iguales no parece conciliable con el
lema "Lo que nos une", y episodios como el de las 6 horas de repudio
al eurodiputado Sosa Wagner se oponen a un compromiso de
regeneración democrática que ya sólo puede ir entre comillas. Por si
fuera poco, al verse cuestionados al respecto, Díez y su feligresía
se han escudado precisamente en la democracia, del mismo modo que
han desdeñado a Ciudadanos en nombre de la independencia.
Arrellanado en su ortodoxia, el partido que había de vertebrar la
Tercera España ha quedado reducido a un bufete anticorrupción, mas
ni siquiera explotando esa veta (a menudo, y en eso se parece a
Podemos y Ciudadanos, de forma un tanto demagógica, conforme a las
hechuras de un peronismo soft); ni siquiera invocando ese espantajo,
decía, se ha granjeado Díez el favor del Pueblo, cuyos designios
son, en ocasiones, tan inescrutables como los de Dios. O tal vez no.
Tal vez todo sea más sencillo y, como le sucede a Rajoy, el Pueblo
no la soporte.
Ciudadanos a favor de la inmersión
lingüística, defender los privilegios territoriales, mostrarse
indiferente a la corrupción y fomentar el transfuguismo
Nota del Editor 1 Abril 2015
Utilizando las técnicas de la escuela PSOE, el autor del panfleto
anterior pretende defender a Ciudadanos a costa de UPyD, y aunque
cita "Ciudadanos a favor de la inmersión lingüística, defender los
privilegios territoriales, mostrarse indiferente a la corrupción y
fomentar el transfuguismo" indirectamente trata de refutarlo a
continuación tildando a quien se atreva afirmar tales certezas
de pertenecer a unos furibundos críticos que tratan de igualar a
Ciudadanos con Espectra.
Lo que cuenta es la verdad. Pregunten a Ciudadanos si cualquier
español que se vea en Cataluña va a estar exento de que su familia
sea sometida a la inmersión en la lengua regional. Pregunte si van a
defender el desmantelamiento de la corrupta autonomía catalana.
Pregunte si han hecho algo contra la corrupción, anunciada
oficialmente hace mucho en el parlamento catalán por el Sr. Maragall
y demostrada ampliamente por el desvalijamiento de la caja por el
clan Pujol.
No les pregunte por el transfuguismo, porque ellos no tienen la
culpa de que algunos tipos que tuvieron responsabilidades políticas
en UPyD utilicen el halo que consiguieron para cambiar de aires y de
chaqueta; ellos son sólo el vehículo elegido para poder seguir su
viaje, no sabemos de donde (pero desconocidos), ni adonde
(ahora famosos, pero de principios éticos desconocidos).
Y otro consejo, estimado lector: tenga Vd. la amabilidad de cambir
el color de las paredes de su salón. ¿ Oiga Vd. qué pinta Vd. en
este asunto ? me replicará: nada, por eso lo propongo, lo mismo que
hacen otros proponiendo que se unan UPyD y Ciudadanos, porque si son
votantes de Ciudadanos, no tienes derecho alguno alguno a
inmiscuirse en los votantes de UPyD y viceversa, y por el momento no
hay derecho a votar a dos partidos (vaya nombre, partidos,
lleva el caos político implícito).
ESPAÑA / ELECCIONES ANDALUZAS
Memoria del clientelismo andaluz: la Junta
dio 156 subvenciones al día
Ha otorgado más de 71.000 ayudas desde enero del pasado año
M. González Q.. Sevilla. La Razon 1 Abril 2015
A razón de más de 150 subvenciones al día. La presentación del
Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía constató el alto
índice de ayudas a cargo de la Administración andaluza y su grado de
intervención y/o intervencionismo en la economía de la comunidad. El
portal, en el que vienen trabajando «medio centenar de profesionales
de manera entusiasta, abriendo camino», recoge más de 200.000 datos
y su coste técnico es de unos 43.000 euros. En conjunto, la web
publica información sobre más de 90.000 contratos –los mayores,
desde enero de 2014; los menores, desde enero de 2015– y 71.019
subvenciones relativas a 2014 y lo que va de 2015 (aunque el
consejero Jiménez Barrios habló de 80.000). Tomando como base la
cifra del portal, la Junta ha otorgado en sólo 15 meses una media de
más de 4.734 ayudas al mes y 156 diarias. El «clientelismo» era
esto. El eslogan de la «Andalucía, imparable» de Chaves aplicado a
las subvención.
El Observatorio Económico de Andalucía recomienda en su informe
sobre las políticas activas de empleo su rediseño ante los «indicios
de gestión irregular y sus mediocres resultados». Para ello planteó
avanzar en la transparencia, en la asignación competitiva de fondos
y en la evaluación externa de los resultados. En este estudio, el
Observatorio defiende una reorganización completa del Servicio
Andaluz de Empleo para ofrecer un «servicio más ágil y vinculado a
las necesidades de la estructura económica de cada territorio».
Según el informe, las subvenciones a la creación de empleo privado
deben dirigirse exclusivamente a colectivos con especiales
dificultades de inserción y las ayudas a la creación de nuevos
proyectos empresariales deben ofrecerse sólo a los candidatos con un
nivel de formación y conocimiento del mercado suficiente para
garantizar una alta tasa de éxito en la estabilidad de los
proyectos. Según la Cámara de Cuentas, Andalucía dio sin control el
89% de las ayudas para formación en 2009. Subvenciones que, junto a
la de otros años, investiga la jueza de Instrucción 6 de Sevilla,
Mercedes Alaya.
En cuanto a la información sobre las ayudas, el vicepresidente de la
Junta, Francisco Jiménez Barrios, explicó que se han colgado en el
portal «todas las que se han otorgado desde enero del pasado año»,
no sólo de Empleo.
«Abrir puertas y ventanas»
El vicepresidente remarcó que es una «información absolutamente
nueva» por lo que se da un «salto muy importante». El portal incluye
«desde la convocatoria y las bases reguladoras a los beneficiarios,
el importe, la finalidad de cada subvención, los créditos o partidas
presupuestarias a las que se acogen o el tipo de subvención que es».
Según el vicepresidente, este paso lo da un Gobierno dispuesto «a
abrir sus puertas y ventanas para que los ciudadanos conozcan
absolutamente todo: que sepan qué se hace hasta con el último
céntimo del dinero público que gestiona la Administración». «Conocer
en qué se gasta el dinero público genera confianza y seguridad a los
administrados», dijo.
Los primeros datos incluidos en el portal, según la Junta, son «los
relativos a los contratos mayores y menores que ha firmado la
Administración autonómica, así como todas las subvenciones que se
han otorgado desde enero del pasado año». El vicepresidente señaló
que «cualquier ciudadano podrá conocer no sólo el objeto, la
duración, el importe o el procedimiento que se ha seguido en cada
contrato, sino que, como novedad, además, se podrá consultar el
número de licitadores que han participado en el proceso de
adjudicación, las modificaciones y prórrogas que se celebren, las
revisiones de precio o las subcontrataciones». En relación a los
contratos menores, Jiménez Barrios señaló que, «hasta ahora no se
publicaban», y el portal incluye los suscritos desde enero de este
año, «incluidos los del Servicio Andaluz de Salud». «No hay ninguna
administración, ni la del Estado, ni ninguna autonómica, que
publique los contratos menores sanitarios» por lo que, «una vez más,
Andalucía vuelve a marcar la diferencia, se adelanta y ofrecerá toda
esa información a la ciudadanía», indicó el consejero.
El vicepresidente andaluz destacó que la «transparencia es
credibilidad» y que el Gobierno andaluz «está comprometido desde el
primer día con ella». «Tanto la entrada en funcionamiento del
portal, como la aprobación de la propia Ley hace unos meses, son
buena prueba de ello», señaló. El portal de la transparencia,
previsto en la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía,
permitirá a los ciudadanos conocer toda la información relevante de
la Administración para garantizar la transparencia de su actuación,
el control por parte de la sociedad general y favorecer la
participación ciudadana, informó la Junta de Andalucía.
ORIENTE MEDIO
El mal acuerdo con Irán
Emilio Campmany Libertad Digital 1 Abril 2015
Zapatero siempre pareció un bien intencionado izquierdista corto de
luces y escaso de lecturas. Luego resultó tener menos luces,
lecturas y buenas intenciones de lo que pensamos y ser mucho más de
extrema izquierda de lo que aparentó. Su herencia sigue lastrando el
presente y el futuro de España, aunque en su disculpa quepa alegar
que su sucesor no ha hecho nada por sacudírsela y sigue perdonando a
ETA, financiando a los independentistas catalanes y jugando a la
alianza de civilizaciones. Sin embargo, la Divina Providencia ha
querido consolarnos mostrándonos como los otrora poderosos
norteamericanos tienen que soportar a un sujeto casi clonado a
partir de un gen robado a Zapatero. Es la única explicación a lo
mucho que se parecen los dos cuando hablan de sus abuelos o dicen
alguna patochada. Ese izquierdismo extremo edulcorado con trazos
naif y sonrisas vacías fue con el que Zapatero dio a la ETA buena
parte del poder político que tiene hoy en el País Vasco y es con el
que Obama cerrará este martes un desastroso acuerdo con Irán que
permitirá que la república islámica tenga a medio plazo su ansiada
bomba atómica.
Es verdad que, hiciera lo que hiciera Obama, Rusia y China ansiarían
igualmente acordar lo que sea y levantar las sanciones económicas a
Teherán. También lo es que, pensara lo que pensara el inquilino de
la Casa Blanca, la independencia energética que está a punto de
lograr Estados Unidos hace que, al no depender del petróleo de
Oriente Medio, la posición negociadora de Washington sea
relativamente débil, al no tener un obvio interés nacional con el
que justificar una posición intransigente ante su opinión pública.
No menos lo es que, diga lo que diga el presidente demócrata, el
surgimiento del Estado Islámico suní y la extensión de su amenaza
han hecho que el Irán chií sea visto, si no con simpatía, sí con más
indulgencia. El caso es que, sea por los muchos pájaros que tiene
Obama en la cabeza, sea por las nuevas realidades geoestratégicas,
Estados Unidos está en retirada de Oriente Medio. Lo prueba no sólo
el desencuentro con el recién reelegido primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu. También el hecho insólito de que Francia esté
manteniendo en las conversaciones de Lausana una postura más firme
que la de los propios Estados Unidos. Y no es un presidente
republicano, aislacionista, harto de aventuras, obsesionado con
recortar el presupuesto, quien está encabezando esta retirada. Lo
está haciendo el presidente demócrata más izquierdista que jamás
haya tenido aquel país.
En Israel cuentan los días que le quedan de ser presidente. Sin
embargo, no cabe duda de que le va a dar tiempo de sobra a llegar a
un mal acuerdo con Irán y a tolerar que los ayatolás dominen a buena
parte de sus vecinos y amenacen al resto. La cuestión es si quien le
suceda, sea demócrata o republicano, hará algo por arreglar este
desastre o, como nos pasó a nosotros, aceptará la herencia sin
rechistar y sin beneficio de inventario.
INFORME DE LA AIREF
La Autoridad Fiscal pide a Montoro más mano
dura con las CCAA
Las Comunidades Autónomas están bajo el foco. En 2014 casi todas
incumplieron el déficit. Y en 2015 irán por el mismo camino. Por eso
la AIReF recomienda que la Ley está para cumplirla
PEDRO CALVO El Confidencial 1 Abril 2015
La Ley lo expone bien claro. Aquellas Administraciones Públicas que
incumplan los objetivos de déficit, deuda o gasto deben explicar por
qué lo han hecho. Y concretar qué van a hacer para que no vuelva a
ocurrir. Pero si insisten en el incumplimiento, se expondrán a
sufrir sanciones. El encargado de hacer valer la Ley es el
Ministerio de Hacienda. Y eso es lo que le pidió la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) este martes: que la
haga cumplir.
En especial, el organismo presidido por José Luis Escrivá centró esa
petición en la necesidad de que el titular de Hacienda, Cristóbal
Montoro, incremente la vigilancia sobre las comunidades autónomas
(CCAA). No es para menos. En 2014, debían haber reducido su déficit
hasta el 1%. Sólo cuatro lo consiguieron: Canarias, Galicia, Navarra
y País Vasco. Es más, el déficit medio se situó en el 1,7%. Y lo que
es peor: la AIReF ya cuenta con que las CCAA "terminarán en 2015 con
una desviación de déficit similar a la de 2014", con lo que tampoco
rebajarán el déficit al 0,7% establecido para este año. De hecho, la
Autoridad Fiscal, con motivo de la presentación del Informe sobre
los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas de 2015,
advierte de que los desequilibrios de las comunidades y la Seguridad
Social complicarán la consecución del compromiso de reducir el
déficit público este ejercicio al 4,2%.
Estos datos sirven de parapeto para que AIReF cumpla su función de
"contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas". Y para
que Escrivá refresque el contenido de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y emita unas
recomendaciones sobre las comunidades autónomas que no hacen sino
recordar lo que establece esa norma.
Prevenir antes que sancionar
Como si estuviera repasando paso por paso su articulado, el
presidente de AIReF pidió que en primer lugar se exploren las
medidas preventivas. Es decir, que las propias comunidades –así como
la Administración Central y los ayuntamientos– realicen un ejercicio
de autodisciplina y un seguimiento de sus datos, y que a partir de
ahí, en caso de que descubran que se están desviando del objetivo,
ajusten el gasto público para no incumplir los objetivos. "La AIReF
recomienda la actuación temprana en el ámbito de la LOEPSF (...), de
manera que cada Administración realice un seguimiento de su
ejecución presupuestaria y ajuste su gasto para garantizar el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria".
Si la prevención no funciona, la siguiente fase pasa por las medidas
correctivas. Es decir, un terreno en el que las comunidades ya
requieren la autorización directa de Hacienda para endeudarse o
conceder subvenciones y en el que, principalmente, la Ley exige que
"la Administración incumplidora formulará un plan
económico-financiero (PEF) que permita en el año en curso y en el
siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto".
Ese PEF debe recoger las causas del incumplimiento, qué medidas se
van a aplicar y sobre qué previsiones económicas.
En este punto, la AIReF pide más seriedad que la que ha existido
hasta la fecha. "Cobra especial relevancia la comunicación temprana
de las desviaciones observadas (...) a efectos de que se inicie el
plazo para la formulación de los PEF y que no se repita la situación
del año anterior, en los que los PEF por incumplimiento de los
objetivos de 2013 se aprobaron, con carácter general, en diciembre
de 2014", expone.
Para evitar esta situación pide acortar los tiempos y "respetar los
plazos legales". Para ello, afirma, "resulta imprescindible" que
Hacienda publique "antes del 15 de abril" –tal como exige la Ley– el
Informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto del
ejercicio 2014, para que active lo establecido en la norma. Si llega
puntual, se acelerará la presentación de los PEF, que luego "tendrán
que aprobarse en el plazo máximo de dos meses". Es decir, que no se
gaste el año sin hacer nada.
Consumidos estos pasos, siempre quedará un tercero. El de las
sanciones o medidas coercitivas, contempladas en el artículo 25 de
la ley. "En el caso de aquellas administraciones que de manera
recurrente incumplen el objetivo de estabilidad y con el PEF (...)
es necesario seguir avanzando en la gradualidad de las medidas
contempladas en la Ley", expone la Autoridad. En particular,
"recomienda que se valore la aplicación de las medidas coercitivas
previstas (...), especialmente en el caso de aquellas Comunidades en
las que el presupuesto para 2015 evidencia un claro riesgo de que se
produzca un nuevo incumplimiento". Entre esas medidas figura negar
el acceso a créditos o fijar un depósito con intereses en el Banco
de España equivalente al 0,2% del PIB nominal del incumplidor.
El "indeseable" juego del azar moral
En palabras de Escrivá, tener presente lo que establece la LOEPSF y
estas recomendaciones resulta clave. Y en el trasfondo de mensaje se
vislumbra uno de los conceptos fundamentales de la crisis: el del
azar moral o la sensación de que incumplir sale gratis y el
cumplidor queda como el pagano. "Es indeseable que unas
Administraciones cumplan y otras no", se queja.
Víctimas de primera y víctimas de segunda
La Generalidad protesta porque la inscripción del monolito erigida
por el Ayuntamiento de Le Vernet (Francia) en memoria de las
víctimas del accidente de Germanwings no está en catalán y asegura
que será corregido pese a que allí no es oficial. Sin embargo, el
Ayuntamiento de Barcelona excluye desde hace doce años el castellano
en el monumento a las víctimas del terrorismo, pese a las
reclamaciones de la ACVOT y pese a que esta sí es lengua oficial en
la ciudad, y sin que a la Generalidad le haya preocupado.
Alejandro Tercero. Cronica Global 1 Abril 2015
Pocos días después del accidente del avión de Germanwings en los
Alpes franceses, un monolito fue erigido en la pequeña localidad de
Le Vernet -la más cercana al lugar del siniestro- para recordar a
los 150 fallecidos, una iniciativa promovida por el alcalde del
pueblo, François Balique. "En memoria de las víctimas de la
catástrofe aérea del 24 de marzo de 2015", reza la inscripción.
Al conocerse que el texto estaba escrito en francés, alemán,
castellano e inglés, se pusieron en marcha varias campañas de
particulares y entidades privadas para solicitar que se también se
añadiese la versión en catalán; una propuesta, sin duda,
absolutamente respetable.
Culpan a las autoridades españolas de la ausencia del catalán
Menos razonables parecen, en cambio, las acusaciones lanzadas por
algunos conocidos periodistas, como es el caso de Jofre Llombart, de
RAC1, quien apuntó a "España" como la responsable de que en el
monumento no haya "ni una palabra en catalán". "España tampoco deja
decidir cómo recordar", señaló, desde su cuena de Twitter, pese a
que ninguna autoridad española tuvo nada que ver con el monolito.
También el periodista de La Vanguardia Oriol Domingo culpabilizó "a
las autoridades de Francia, Alemania y España" de omitir el catalán
del texto inscrito en la placa, y lo consideró como una muestra de
"nacionalismo exacerbado". Domingo aprovechó esta situación para
reivindicar la independencia de Cataluña. Un argumento similar fue
utilizado por el director del Borne Centro Cultural, Quim Torra: "Ni
rastro del catalán en el monolito de los Alpes. Ni eso. Hasta para
recordar a nuestros muertos nos hace falta un Estado propio".
La Generalidad exige incluir el catalán pero el Ayuntamiento excluye
el español
Sin embargo, lo que sobrepasa todos los niveles de hipocresía es la
actitud del Gobierno de la Generalidad. Este martes, su portavoz,
Francesc Homs, ha revelado que el Ejecutivo autonómico protestó
formalmente por la omisión del catalán en la inscripción del
monolito y ha asegurado que esa ausencia "se corregirá, porque no
puede ser de otra forma", porque "el catalán es una lengua oficial"
y porque "había muchas víctimas que provenían de Cataluña". "Se
acabarán haciendo las cosas como corresponden de acuerdo con la
mayoría de los orígenes de las diferentes víctimas que viajaban en
este avión", ha insistido.
Lo sorprendente del caso es que el Ayuntamiento de Barcelona,
gobernado por la misma formación política que la Generalidad -CiU-,
no aplique el mismo criterio de respeto a las lenguas oficiales que
reclama para el monolito de la tragedia en los Alpes y mantenga
únicamente en catalán la inscripción que acompaña al monumento a las
víctimas del terrorismo construido en 2003 en el cruce de la Avenida
Meridiana y la Avenida Río de Janeiro.
Oídos sordos a las peticiones de la ACVOT
La situación que acontece en el monumento a las víctimas del
terrorismo en Barcelona es aún más sangrante puesto que, a
diferencia de lo que ocurre con el catalán en Le Vernet (Francia),
el español sí es oficial en Barcelona, lo que no ha impedido que las
autoridades lo excluyan. De hecho, la Asociación Catalana de
Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha asegurado a
CRÓNICA GLOBAL que desde su construcción y en repetidas ocasiones
han reclamado al Ayuntamiento que incluya también el castellano en
el texto de la inscripción, pero este no lo ha considerado oportuno.
Tampoco desde la Generalidad -ni en tiempos del tripartito, ni
durante la etapa de CiU-, y a diferencia de lo ocurrido con el
monolito de los Alpes, han mostrado el más mínimo interés por instar
al Consistorio a corregir esta flagrante discriminación, pese a que
el castellano también "es una lengua oficial" en Cataluña.
Así las cosas, todo apunta a que, para la Generalidad y para el
Ayuntamiento de Barcelona, hay víctimas de primera y víctimas de
segunda.
******************* Sección "bilingüe"
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Catilina en Cataluña: ¡ya está bien!
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 1 Abril 2015
¿Hasta cuándo, Mas y Junqueras, abusaréis de nuestra paciencia? La
misma pregunta de Cicerón a Catilina, que desbarató la conjura del
segundo para adueñarse en Roma del poder (Quosque tandem abutere,
Catilina, patientia nostra?), tenemos derecho a hacérsela los
españoles a los dos líderes independentistas, quienes, ya
desquiciados, acaban de decidir otra locura: que si ganan las
elecciones del 27 de septiembre proclamarán por las bravas, en no
más de 18 meses, la independencia catalana.
Pocas veces, como con esos dos irresponsables, fue más verdad la
dura reflexión de Samuel Johnson (1709-1784): «El patriotismo
-escribió uno de los más grandes ensayistas de Inglaterra- es el
último refugio de los canallas».
Más y Junqueras, junto a ese universo de falsas entidades sociales
montadas, manejadas y pagadas por el nacionalismo con dinero de
todos los catalanes, están muy asustados y han decidido subir su
apuesta, intensificando el juego sucio.
De hecho, ha sido la última encuesta del Centro de Estudios de
Opinión de la Generalitat la que los ha llevado a dar un salto hacia
el abismo. El CEOP informaba hace unos días de que en tan solo dos
meses (de diciembre del 2014 a febrero del 2015) se había
multiplicado por cinco la ventaja del no sobre el sí a una Cataluña
independiente. Ello prueba, claro, que los catalanes, lejos de ser
unos marcianos, son solo un pueblo manipulado hasta el delirio desde
la Generalitat y todas su terminales políticas, sociales,
institucionales y (des)informativas, de modo que, en cuanto esa
manipulación amaina un poco, los ciudadanos pasan a estar
preocupados, no por la identidad, sino por la economía, la sanidad o
la educación, cosas todas que le importan un pito a Mas y a los
nacionalistas.
Por ello, dando un paso de gigante (el anuncio de la proclamación
unilateral de independencia), han retomado la presión sobre la
opinión pública, a la que quieren tener literalmente agarrotada,
para que no se les escape ni un votante.
Y por ello también, con la misma anticipación, debe el Gobierno de
España, apoyado por todos las fuerzas constitucionalistas, la
mayoría de las Cortes Generales y de los ejecutivos y parlamentos
autonómicos, dejar claro que no se permitirán aventuras como la de
1934: que, si es necesario, se aplicará el artículo 155 de la
Constitución, que prevé un mecanismo para el cumplimiento forzoso de
las obligaciones estatales, idéntico al dispuesto en la Alemania
Federal; y que, al tiempo, se instará a la Fiscalía del Estado para
que se persigan los delitos en los que puedan incurrir los políticos
catalanes con idéntico rigor al empleado cuando los delitos se
cometen en cualquier otro lugar. Esas son las reglas, y el no
subrayar, negro sobre blanco, que se cumplirán como es debido
constituiría el comienzo del suicidio del país.
CON DECRETOS DE REPARACIÓN A 'VICTIMAS DEL ESTADO'
Carmena: la candidata que 'ayudaba' a los
etarras
E. Campano / S. Toro www.gaceta.es 1 Abril 2015
La flamante candidata de 'Ahora Madrid' (Podemos) a la alcaldía de
la capital prepababa decretos en 2012 para reparar a las víctimas de
la 'violencia estatal', entre ellas numerosos etarras.Lo denuncian
las víctimas del terrorismo.
Ya es oficial. La exjueza del cuarto turno Manuela Carmena competirá
por la alcaldía de Madrid. A Carmena le han votado 9.700 personas,
dos de cada tres de quienes han participado en las primarias de la
marca política que Podemos se ha inventado para la capital de España
junto con Ganemos y Equo: 'Ahora Madrid'.
Decretos de reparación a etarras
Lo cierto es que la septuagenaria Manuela Carmena es una histórica
'bestia negra' de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Ya a
finales de 2011 fue nombrada asesora del Gobierno vasco en materia
de 'víctimas policiales', entre ellas, no pocos asesinos etarras.
Carmena trabajó activamente en la redacción de decretos de ayudas a
tales 'daminificados'. A Carmena se le dió rango de viceconsejera y
se le encargó el estudio de las pertinentes 'reparaciones' a las
víctimas de estos supuestos abusos estatales en dos etapas: entre
1968 y 1978 y desde 1979 a la actualidad.
No está de más recordar que quien otorgó estos encargos a la
histórica fundadora de la asociación 'Jueces para la Democracia' fue
un gobierno vasco encabezado por el socialista Patxi López. El mismo
que se sentó con Arnaldo Otegui y Juan José Ibarretxe en un
banquillo, en enero de 2009 por un presunto delito de desobediencia
por haberse reunido en numerosas ocasiones con miembros de la
ilegalizada Batasuna.
Algo que ha sido recordado en numerosas ocasiones por las
asociaciones de víctimas a quienes les hubiera gustado que Carmena
tuviera la misma sensibilidad y consideración con las víctimas del
terrororismo etarra. Y es que, la exjueza ha ignorado a lo largo de
su carrera judicial todas los requerimientos de las víctimas por los
homenajes a terroristas en el País Vasco. De hecho, Podemos no
estuvo en los actos de homenaje a las víctimas organizados por la
AVT en el Parque del Retiro. La formación de Pablo Iglesias volvió a
ignorar a aquellos que han sufrido la violencia de la banda
terrorista de ultraizquierda ETA. Carmena, ex vocal del CGPJ,
rechazó durante años los requerimientos de las víctimas para detener
manifestaciones y actos de homenaje a los terroristas en el País
Vasco.
Ángeles Pedraza , presidenta de la AVT, ha llegado a aclarar en El
Gato al Agua de Intereconomía TV que la AVT cursa siempre
invitaciones para todos los grupos políticos pero que, en el caso de
Carmena, que permitió múltiples homenajes a etarras, consideraban
que 'su actitud ante las víctimas', ignorando sus peticiones y
permitiendo homenajes a terroristas en el País Vasco, no merecía
ningún tipo de consideración política.
Siempre ha colocado en plano de igualdad a víctimas y etarras
En la rueda de prensa en la que Carmena presentó a su equipo,
Gaceta.es le preguntó si consideraba acertado que se les acusara de
no apoyar a las víctimas del terrorismo. La juez aseguró que 'toda
mi vida he estado defendiendo la necesidad de la defensa de las
víctimas. Yo he hablado muchísimo de lo importante que es que en una
sociedad haya sentimiento de justicia y he hablado de lo importante
que es que los ciudadanos se indignen contra las agresiones que
sufren las víctimas, porque no se puede tolerar'.
Carmena añadió que: 'Si creemos de verdad en la empatía que nos une
y que yo creo que ha sido el elemento más determinante en el
establecimiento de los derechos humanos, si creemos en eso, cuando
al otro lo atacan, cuando al otro le hacen daño, nosotros tenemos
que tener una gran indignación y un gran sentimiento de justicia. La
inteligencia social tiene que darle a las víctimas su apoyo y todo
lo que se necesite, y lo más importante, la eficacia en los
planteamientos para que nunca más vuelva a haber ningún acto contra
los derechos humanos'.
Compañeros de viaje
Nacho Murgui -expresidente de la Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid y la histórica comunista madrileña, Inés
Sabanés, que milita en Equo, la seguirán en la lista. Una
candidatura en la que tambien se ha integrado una facción de IU, la
de Mauricio Valiente, compañero de Tania Sánchez en el intento de
ruptura de IU en Madrid con el fin de su integración en el partido
de Pablo Iglesias. Tan es así que los candidatos de Podemos copan
siete de las diez primeras plazas de la lista. Entre ellos está la
propia exmagistrada, a la que llevó a esta 'marca' electoral el
responsable de Podemos en Madrid, Jesús Montero.
El mismo programa de Podemos
En su programa, más de lo mismo: parar los desahucios y detener las
'privatizaciones' de servicios públicos. En tercer lugar quieren
restablecer los servicios de luz y agua para los hogares que no
pueden pagarlos, además de garantizar el acceso a la sanidad
'gratuita' y desarrollar un programa urgente de inserción laboral de
jóvenes y parados de larga duración. Un programa de rescate
ciudadano similar al de Podemos, para aplicar en los primeros 100
días de gobierno.
Mezclar lengua e ideología aleja del catalán a los catalanes que no
somos nacionalistas
Joan Vilaplana (Barcelona) El Periodico 1 Abril 2015
En respuesta a la carta El delegado del Gobierno en Andalucía y
Albert Rivera, de Rosa Bover, publicada el pasado día 19 de marzo:
resulta curioso que la señora Bover diga que una hipotética
Catalunya independiente no irá contra nadie hable una persona el
idioma que hable, ya que son notorias y abundantes las muestras de
discordia y rechinar de dientes por parte de algunos influyentes
independentistas cuando se plantea que el castellano también debería
ser idioma oficial junto al catalán en una hipotética Catalunya
independiente. La excusa general para no hacerlo es que hay que
proteger la lengua que parte con menos ventaja.
A colación de esto, resulta contradictorio que la señora Bover diga
que la inmersión ha sido un éxito y después sugiera que el catalán
debe gozar de mayor protección. Si la inmersión ha sido un éxito,
¿cómo es posible que tras 30 años el catalán aún esté en peligro?
¿Se trata quizá de búsqueda disimulada de la hegemonía lingüística,
quizá? Admitiendo la semejanza con una persona que se hace al decir
que una lengua ha de ser "protegida" o "recuperar la calidad de vida
que se merece", me gustaría apuntar a los que, para mí, son los
responsables del estado en el que se encuentra, según ellos mismos,
el catalán: en primer lugar, la Generalitat, que durante años ha
venido subvencionando mala producción literaria en este idioma con
la excusa de que había que escribir en catalán, fuera lo que fuera.
En segundo lugar, el nacionalismo, que desde siempre se ha esforzado
por mezclar lengua e ideología alejando irremediablemente del
catalán a los catalanes que no somos nacionalistas
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