AGLI Recortes de Prensa  Miércoles 8  Abril 2015

Las leyes no son todo
Juan M. Blanco  www.vozpopuli.com 8 Abril  2015

No es difícil percibir el fuerte hedor que emana de la política española, ni el anhelo de cambio que ha arraigado en muchos ciudadanos. Regeneración es el vocablo de moda, un lema que los partidos van asumiendo para vender su producto. Y, con tanto uso y abuso, tanta repetición sin concretar contenidos, la idea se trivializa, se reduce a mera consigna. La regeneración de la política requiere reformas capaces de desterrar el clientelismo, el amiguismo, el intercambio de favores, garantizar la efectiva igualdad ante la ley, poner coto a la corrupción. Y promover gobiernos dispuestos a impulsar políticas favorecedoras del bien común. ¿Cómo conseguirlo?

Algunos apuntan a un proceso constituyente, una nueva Carta Magna que corrija los defectos de la anterior. Seguramente están en lo cierto, pero quizá no baste. La historia está repleta de reformas constitucionales bienintencionadas que fracasaron. Y, para mayor complicación, ciertos marcos legales funcionan adecuadamente en algunos países pero no en otros, un hecho que incita a muchos a identificar la idiosincrasia de los pueblos, su genética o base cultural como la causa del problema. Una explicación demasiado pesimista, conformista, justificadora del execrable statu quo: si somos así, si no tenemos remedio, más vale dejar las cosas como están. Regenerar un sistema político no es tan sencillo como promulgar nuevas leyes, agitar con fuerza la manivela del BOE. No existe botón, palanca, modelo legal capaz de tornar instantáneamente la podredumbre en bondad. Pero la regeneración tampoco requiere un cambio de genes o sustrato cultural.

Las interacciones sociales y políticas no son ni perfectamente moldeables ni absolutamente rígidas: tan sólo equilibrios con fuerte inercia. El remedio depende de la situación de partida. Una vez que las relaciones en una familia, una asociación o una empresa se deterioran gravemente, el equilibrio perverso se enquista, creando un círculo vicioso. Y requiere un arreglo mucho más complejo que el aplicable a un conflicto puntual. Por ello, los sistema políticos muy deteriorados son inmunes a un mero cambio en la constitución: lo más probable es que ésta no se cumpla, sea en su letra en su espíritu.

Allí donde el poder no cumple las leyes
La corrupción está penada en todos los países y, sin embargo, en algunos es la excepción y en otros la regla. Con leyes similares, con regulaciones parecidas, en ciertos lugares los gobernantes respetan las leyes; en otros no tanto. Grandes pensadores señalaron hace siglos la gran dificultad que entraña obligar a los gobernantes a cumplir estrictamente las normas ya que no existe un poder o fuerza superior. La independencia del poder judicial es pieza clave e imprescindible pero insuficiente por sí sola: los jueces pueden llegar a ser tan corruptos como los políticos. Aunque la separación de poderes permita a los diferentes cuerpos del Estado controlarse entre sí, sirve de poco si las partes carecen de voluntad para vigilarse mutuamente, si existe un acuerdo tácito de vivir y dejar vivir... a costa del ciudadano.

El régimen de intercambio de favores, el capitalismo de amigotes, el clientelismo, o la corrupción generalizada, son modos de actuación informales que acaban dominando sobre el espíritu de las leyes

No puede obviarse el importante papel que desempeñan las instituciones informales, esas pautas espontáneas que surgen de la interacción humana, las reglas de juego no escritas que restringen, dan forma a las relaciones sociales y modelan las creencias. Son la forma más antigua de organización social, muy anterior a la aparición del sistema legal, unos usos y costumbres con equilibrio robusto pero no inmutable.

Las reglas informales coexisten en todas las sociedades con las leyes. Pero en algunos lugares contradicen, se superponen y acaban sustituyendo al sistema legal, mientras que en otros lo refuerzan y complementan. Ésta es la diferencia entre los sistemas políticos sanos y los corrompidos: el proceso histórico ha llevado a cada país a un equilibrio diferente. Así, el régimen de intercambio de favores, el capitalismo de amigotes, el clientelismo, o la corrupción generalizada, son modos de actuación informales, con sus propias reglas, que acaban dominando sobre el espíritu de las leyes. Constituyen un regreso a los antiguos sistemas de relaciones personalistas, de bandas y mafias. Poco efecto tendrán las reformas si no logran romper esta fuerte inercia.

La era de los nuevos oportunistas
Las instituciones informales poseen su propia dinámica. Muchos individuos tienden a adaptar su conducta al comportamiento que esperan de los demás. Cumplen las reglas por la presión del entorno y porque acaban internalizándolas: considerándolas útiles y adecuadas, especialmente si observan que los demás también las acatan. Si las calles están impolutas, el individuo medio evita tirar un papel al suelo. Si se encuentran cubiertas de inmundicias, quizá lo deje caer sin sentimiento de culpa. El acto es el mismo... pero cambia la percepción del comportamiento de los demás. Es el famoso síndrome del cristal roto. Si percibe que sus conciudadanos son honrados, fiables, el sujeto medio tenderá a actuar con limpieza. Pero si cree que se encuentra entre pícaros, probablemente se resista a hacer el primo.

No hay fórmulas mágicas para transformar las reglas informales pero existen vías que contribuyen a empujar el equilibrio perverso hacia otro más saludable. Las reformas deben ser lo suficientemente profundas como para cambiar las expectativas de la gente, los incentivos y los mecanismos de selección de las élites. Deben romper la inercia, generar la creencia de que nada será como antes, de que se trata de un cambio estructural sin vuelta atrás. Transformar los sistemas de selección de las élites dirigentes, esos referentes donde se miran muchos ciudadanos, evitando que se compongan mayoritariamente de granujas y arribistas, sujetos que encuentran en el reparto de cargos un cómodo medio de vida.

Desgraciadamente, no hay buenas señales en el horizonte. Ningún líder, sea convencional o nuevo, muestra visión de largo plazo, una cualidad que sólo poseen los grandes estadistas. Mucho menos conciencia de las necesarias reformas. Y, para colmo de males, muchos oportunistas se van afiliando a los nuevos partidos a medida que mejoran sus perspectivas electorales. Por ahora... se vislumbra más de lo mismo.

Imagen: Justicia y Venganza Divina persiguiendo el delito (1808), de Pierre-Paul Prud'hon.

Si España va tan bien, ¿por qué se hunde el PP?
Pablo Sebastián  www.republica.com 8 Abril  2015

La respuesta a la aparente contradicción, entre el triunfalismo económico de Rajoy ante la Junta Directiva Nacional del PP y el desplome electoral de su partido, la ha dado el CIS diciendo que los españoles consideran que hay más paro y más corrupción. En suma que Rajoy no ha dicho la verdad. Que la economía mejora en muchos de sus parámetros eso es cierto pero al día de hoy hay: medio millón de parados más que cuando el PP llegó al poder, más impuestos, más deuda, más familias arruinadas y más corrupción.

Y el PP, en contra de lo que dijo Rajoy, no está unido sino que sufre una grave crisis de liderazgo, eficacia y unidad en su dirección como se vio hace pocos días cuando la secretaria general, Dolores Cospedal, denunció la existencia de una conspiración interna en su contra, señalando a Soraya Sáenz de Santamaría y a Javier Arenas como sus enemigos acérrimos, ante la mirada atónita de Rajoy, de todo el PP y de la ciudadanía en general.

Incluidos los 600 miembros de la Junta Nacional que, callados, regresarán a sus lugares de residencia convencidos que han vuelto a oír lo de siempre: la mala herencia de Zapatero y el triunfalismo de Rajoy, quien llegó a decir que algunos resultados ‘son magníficos’. Y sabedores de que ese mensaje tan optimista es ajeno a la verdad y la realidad los lleva a otra derrota electoral, similar a la sufrida en Andalucía días atrás. Motivo por lo que muchos de los candidatos locales y municipales prefieren hacer campañas de corte más personal, lo que les fue afeado por Rajoy recordando que lo importante son las siglas del PP.

Binomio ese de ‘lo importante’ que Rajoy repite hasta la saciedad para dar énfasis a su criterio y propaganda como cuando dice, sobre la bronca de Cospedal, que ‘no hay que distraerse’ en cuestiones menores sino que lo que hay que hacer es concentrarse en la recuperación económica en pos de su consolidación. Advirtiendo del riesgo del cambio de política porque, en su opinión, eso conducirá España a situaciones de crisis como las de 2011.

Al final de todo esto la conclusión que muchos sacan en el PP es que el principal problema del partido está en Rajoy, en sus modales, por un lado displicentes e inmovilistas a la hora de hacer política y, por otro, ajenos a las verdaderas inquietudes y sentimientos de la mayoría de los ciudadanos. Y esa situación no se arregla diciendo a los dirigentes y candidatos del PP que pregonen la buena nueva de que la crisis se ha acabado porque eso no es verdad, sino haciendo cambios importantes en la política, el Gobierno y el PP que demuestren a los españoles una voluntad de rectificar errores. Los cambios que no ha querido hacer Rajoy a pesar de la derrota de Andalucía y de la rebelión de Cospedal.

Y así les va y así les irá dentro de menos de 50 días cuando se abran las urnas de las elecciones del 24 de mayo, donde los elegidos del PP serán autonomías y ayuntamientos bastante menos que los de 2011, de ahí la preocupación y las luchas de poder que ahora se evidencian en pos de lograr los puestos más altos de las listas electorales y del aparato del partido, en que ha quedado muy tocada Cospedal. Las palabras de consuelo de Rajoy a su secretaria general así lo atestiguaron, por más que esta crisis del partido quede aplazada hasta después de la próxima jornada electoral.

Rajoy sigue pues inmóvil y decidido a continuar con su política y con sus modales y corre el riesgo de ‘morir de éxito’, políticamente hablando. No en vano que la tendencia en la Bolsa, la deuda, el empleo, el consumo, la inversión y el crecimiento es bastante buena. Pero sigue en la primera fase de despegue y en ningún caso ha solucionado los problemas actuales de los ciudadanos ni nunca les devolverá lo que han perdido en los años pasados. Y todo ello los votantes no lo olvidarán. Si el discurso, en vez de triunfal, hubiera sido otro, y las maneras políticas distintas y se hubiera cuidado el flanco social más débil, puede que el PP estaría hoy mejor de lo que está.

Partido Popular
Lo obvio es lo real
Emilio Campmany Libertad Digital 8 Abril  2015

A Rajoy le pasa lo que a Stalin, que está muerto pero nadie se atreve a decírselo. Tan muerto está, políticamente digo, que, en vista de que nadie le hace el panegírico, ha decidido convocar a la Junta Nacional y hacérselo a sí mismo. Ha sido el primer funeral en el que es el muerto el que se hace el elogio. El espectáculo ha dado tal grima que nadie ha tenido la presencia de ánimo para tomar la palabra tras haber el interfecto acabado su discurso. Lo más gracioso de todo es que Rajoy quería anunciar una buena nueva, la de que todo, España, la economía, el partido, las elecciones, va estupendamente, a pesar de las muchas dificultades que han tenido que afrontar, que ya lo dice el refrán, que no es lo mismo predicar que dar trigo. El problema es que tanta buena noticia no se dio entre un repicar de campanas, sino al abrigo de un doblar de ellas. Y las más de quinientas almas allí presentes, muchas disfrutando de canonjías y prebendas a punto de extinguirse, oyeron junto al lastimero doblar una lejana salmodia que les amonestó por preguntarse por quién doblan las campanas, advirtiéndoles a continuación de que doblaban por ellos.

Claro que, como dijo Rajoy, lo obvio acaba siendo lo real. En cambio, lo discutible, como es que Kenia sea Nigeria o viceversa, acaba siendo lo imaginario. Ciñámonos pues a lo obvio. Y lo obvio no es sólo que Rajoy es un cadáver político. Lo obvio es que, como le pasó a Zapatero, difunto ya en Moncloa, se niega a ser enterrado si a la tumba no arrastra a todo el partido. No bastará un mausoleo, ni siquiera una mastaba, tendrá que ser una pirámide del tamaño de la de Keops para que quepa allí una organización de casi 700.000 militantes.

Lo obvio es que, más allá de las limitaciones económicas que se supone impidieron cumplir el programa del PP, se prometieron otras cosas, como modificar la ley del aborto o, sobre todo, independizar de una vez a la Justicia del poder político, y tampoco éstas se han cumplido. ¿Cómo puede un cadáver que murió por incumplir sus promesas ser resucitado a base de prometer otra vez las mismas cosas a los mismos a los que una vez engañó?

Lo obvio es que a Rajoy se le dio una mayoría absoluta para que el Gobierno se desdijera de las concesiones que Zapatero había hecho a la ETA. Y lo obvio es que quienes le votaron para eso no volverán a hacerlo, por muchas mentiras que ahora repita, porque no sólo no se desdijo sino que selló, ratificó y avaló todo lo que Zapatero concedió.

Si es verdad que lo obvio acaba siendo lo real, con el cadáver habrá que hacer, digo yo, lo obvio, que es enterrarlo. A ver si hay alguien en el PP que nos hace la caridad.

11-M
Extraña coincidencia de intereses
Gabriel Moris Libertad Digital 8 Abril  2015

Ya hemos recordado el undécimo aniversario de los atentados que convulsionaron España y el mundo entero. Las víctimas directas de aquella matanza volvemos a recuperar la nueva forma de vivir que nos procuraron los ignotos asesinos. Como todos los años, en torno al 11 de marzo han tenido lugar diversos actos conmemorativos de aquel crimen de lesa humanidad y de todas las víctimas del terrorismo habidas en Europa.

Uno de los hechos diferenciales de aquella masacre es sin duda la división de sus víctimas. Resulta llamativo y triste constatar que los que recibimos el mismo zarpazo, de la misma fiera, andamos lamiéndonos las heridas que nos causaron en grupúsculos aislados y, al parecer, irreconciliables. ¿Acaso no son los mismos asesinos los causantes de nuestros mismos daños y dolores? ¿No estamos seguros de que las víctimas de tal o cual asociación no han sufrido las mismas pérdidas que nosotros? ¿No tienen las mismas ansias de verdad y justicia que tengo yo? ¿Acaso no hemos sido capaces de descubrir durante estos once años que las instituciones que constituyen nuestro Estado de Derecho han cerrado filas ocultándonos la verdad, negándonos la justicia por tanto y creando un silencio y un hermetismo totales en torno al 11-M? El Estado, y sólo él, tiene el monopolio para investigar los atentados hasta su total esclarecimiento. Igual podemos decir de la aplicación de la justicia.

No tienen, en cambio, el deber de hacer una loa de nuestra condición de víctimas ni de querernos, como a veces manifiestan. Aunque, si de veras lo hacen, creo que nunca hemos dejado de acoger y agradecer este tipo de discursos, a pesar de que sólo se queden en buenas palabras. Conviene reiterar que su deber, para con nosotros y el pueblo, se limita a lo que les reclamamos sin éxito: saber la verdad y hacer justicia.

Once años después, y con la alternancia política lógica en democracia, parecen concertadas las instituciones con el fin de negar a las víctimas y al pueblo aquello que debe ser lo prioritario según la Constitución: la defensa de la vida, la seguridad y la justicia para los ciudadanos.

No me considero infalible. Si algún representante del Estado o algún jurista me demuestra con pruebas incontrovertibles que estoy en un error, humildemente reconoceré mi equivocación y rectificaré complacido.

Durante estos días han visto la luz varios libros relacionados con el 11-M. Cualquiera que sea el motivo de estas publicaciones, agradezco a los autores el esfuerzo realizado. Su acogida por los lectores creo que debe contribuir a mantener viva la memoria colectiva del hecho más cruel y más influyente en nuestra vida como nación en lo que va de siglo. No los he leído todos, tampoco en su totalidad. Sí me gustaría resaltar algunas de las cuestiones que me han llamado la atención.

En uno titulado Los trenes del 11-M se resalta la rapidez con la que desaparecieron los escenarios de la masacre, la cronología de la destrucción, la ausencia de documentos probatorios de los responsables de la destrucción de todos los escenarios y de casi todos los vestigios probatorios. El foco del tren de Santa Eugenia, aparecido de forma casi milagrosa ocho años después, lejos de ser utilizado por la Fiscalía General del Estado, se ha hecho desaparecer de manera furtiva. Casi con la misma irresponsabilidad que fueron achatarrados el resto de los focos. ¿No resulta inconcebible lo ocurrido?

Otro título que recuerdo es 11-M en el laberinto, que también fue presentado en Alcalá de Henares. Éste tiene la peculiaridad de recoger un hecho que no ha tenido mucha difusión; en cambio creo que es relevante, a pesar de no haber sido recogido en el sumario. Se trata de los avisos de colocación de artefactos en el Ayuntamiento, en una céntrica notaría y en la estación de autobuses de la ciudad complutense.

Todo lo que antecede me lleva a hacer una breve reflexión. Cualquier atentado terrorista creo que requiere la colaboración entre las cabezas pensantes y los ejecutores. El daño producido debe ser proporcional a los beneficios por obtener. Uno de los objetivos más cuidados debe ser, además de producir dicho daño, no dejar huellas para impedir o al menos dificultar la investigación. Pues bien, analizando estos elementos, podemos comprobar que existe una extraña coincidencia de intereses entre los presuntos autores del 11-M y los hechos probados en la investigación policial y judicial de los mismos. Han tenido que pasar once años para descubrir esta coincidencia.

Más de 3.000 millones de euros sin justificar
Noelia Acedo. La razon 8 Abril  2015

Más de 20,80 millones de euros. Eso es lo que el Gobierno andaluz ha reclamado en concepto de ayudas para cursos de formación sin justificar desde 2007. O ésa es, al menos, la última información que el consejero de Educación, Luciano Alonso, aportó el 18 de diciembre de 2014 en una escenografía repetida en el Parlamento. Si bien, la Intervención General de la Junta multiplicó casi por 150 esa cifra al incrementar hasta «algo más de 3.000 millones» la cantidad de ayudas «correspondientes a las partidas presupuestarias 32D y 32L –a cargo de las que se pagaron las subvenciones– que no habían sido justificadas al final del ejercicio 2013», según consta en un atestado de la Guardia Civil. Aunque, cabe matizar que el periodo considerado se amplió hasta 2005.

La Intervención concreta en 3.015 los mencionados millones en un informe que remitió a la Unidad Central Operativa (UCO) el 17 de marzo, de los que 2.260 estarían vinculados a los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y el resto a las ocho delegaciones provinciales, entre las que sobresalen los casos de Sevilla y de Cádiz, con 262 millones y 229, respectivamente.

En el documento policial, al que ha tenido acceso LA RAZÓN después de que la instructora del caso, Mercedes Alaya, levantara parcialmente el secreto sumarial; se explica que esa cuantía «se corresponde con la suma de todas aquellas cantidades que anualmente se comunica a las delegaciones provinciales y a los servicios centrales del SAE, a los efectos de ser reclamadas a los beneficiarios» vía expediente de reintegro. De hecho, los agentes de la UCO recuerdan que el artículo 42 del reglamento de ese órgano fiscalizador establece que los interventores delegados y provinciales deben dar cuenta de ello al ente que concedió los fondos públicos. Según ha constatado la Guardia Civil, esa remisión de información se efectuó «anualmente». Es más, desde la propia Intervención General se trasladó un escrito al SAE el 20 de junio de 2013 para alertar de la «posible situación de riesgo de prescripción del derecho a solicitar las justificaciones» y, en su momento, al inicio de la correspondiente tramitación para recuperar el dinero. Advertencia que parece, cayó en saco roto, dado que las ayudas de 2005 y 2006 ya son irrecuperables, en el supuesto de que alguna se haya otorgado o gastado de forma irregular.

Es más, en un informe de la Guardia Civil centrado en la actividad del SAE, que obra también en el sumario del proceso se asevera que, a la luz de lo investigado, «puede inferirse que, en lo que a subvenciones» para «Formación Profesional para el Empleo en Andalucía se refiere», se han registrado «numerosas irregularidades de gran importancia», entre las que incluyen no sólo las desveladas en el ámbito de esta causa, sino en otras como la centrada en las presuntas irregularidades cometidas por UGT-A, así como las descubiertas en otros procesos repartidos por juzgados de Sevilla, Almería, Córdoba, Granada y Huelva. Unas anomalías que para el Instituto Armado, «habrían sido facilitadas por la actuación del SAE», que «de manera uniforme», o en otras palabras, «siguiendo un mismo patrón» en todo el mapa andaluz, «habría posibilitado este fraude».

Los agentes escancian frases como tajos en torno a una nueva trama, hilvanada a las arcas de la Junta, que no se habría podido armar «si las labores de inspección que impone la legislación se hubiesen practicado adecuadamente», lanzan.

A juicio policial, «resulta evidente la arbitrariedad en la adjudicación de los fondos públicos» ligados a la formación. Una característica común con otros procesos judiciales sobre corrupción en los que está implicado el Ejecutivo autonómico como el «caso ERE» o «Invercaria». Ese reparto caprichoso que los investigadores tienen claro, vendría dado «por el gran porcentaje» de las ayudas que se adjudican «por concurrencia no competitiva», además de la «falta de control de los requisitos que deben cumplir los solicitantes», por «el quiebro a la norma» que han supuesto las llamadas «resoluciones de exceptuación». ¿A qué se refieren? A las mediáticas exoneraciones, a la posibilidad de que los beneficiarios de los fondos no justificaran en plazo una parte de la ayuda antes de recibir el total, que la Junta ha permitido, de forma individual y masiva. A esas dos cuestiones, la UCO añade la ausencia de «los controles» sobre «la correcta aplicación de los fondos» y el dato «grave» de que «se certificase como hechos ciertos cuestiones que la investigación ha demostrado que no lo eran realmente» alrededor de los cursos. El mantenimiento de esta fórmula de adjudicación de fondos en red, «coordinada por parte de los responsables del SAE», según la Guardia Civil, proporcionó a esas «autoridades», a nivel regional y provincial, «un mecanismo de reparto» del que «se beneficiaban multitud de actores, además de los propios alumnos», como sindicatos, organizaciones empresariales o incluso entidades de la Junta como la Faffe.

Este engranaje «favorecía el mantenimiento de un clima de satisfacción» en esos agentes que, podría haberse visto «seriamente perjudicado», se desliza en el informe, «si la Administración hubiera exigido el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la norma». Para los investigadores resulta «evidente» que «estos responsables de la Administración» habrían decidido «incumplir la normativa reguladora». Ideas que apoyan testimonios como el del interventor Ignacio García Revilla, quien afirmó, como testigo, saber, por evidencias indirectas, que los «numerosos fallos» en la labor de comprobación del SAE «no pueden imputarse a falta de tiempo». Sostuvo que las «deficiencias en las tareas de justificación» eran «deliberadas» en favor de «determinados beneficiarios».

La Intervención cifra en 3.000 millones el dinero 'perdido' en los cursos de formación
Un informe de la Intervención de la Junta de Andalucía remitido a la causa que instruye la juez Alaya sobre la estafa de los cursos sitúa el escándalo como el mayor caso de corrupción de España
Efe El Confidencial 8 Abril  2015

La Intervención General de la Junta de Andalucía afirma que hay 3.015 millones de euros pendientes de justificar en cursos de formación entre 2005 y 2013, y un interventor asegura que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no los justificaba de forma deliberada para beneficiar a empresas o grupos.

En un informe remitido a la Guardia Civil el 17 de marzo la Intervención precisa que 2.260 millones de euros pendientes de justificar y requeridos por parte de las intervenciones competentes son de los servicios centrales del SAE, mientras que el resto son de las ocho delegaciones provinciales. Así se detalla en la documentación incluida en el caso de los cursos de formación que investiga la juez Mercedes Alaya, que se ha conocido tras decretar el levantamiento parcial del secreto del sumario y después de que la magistrada ordenara el 24 de marzo pasado la detención de 16 políticos, todos en libertad con cargos.

Por su parte, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya había adelantado esta cifra cuando tan sólo se llevaban ocho meses de investigación, haciendo crecer su previsión inicial en un 50%.

La Policía ya había adelantado esta cifra cuando sólo se llevaban ocho meses de investigación

En la documentación del caso también se incluye la declaración como testigo de Ignacio García Revilla, el interventor responsable del control financiero en las 26 empresas y agencias públicas en régimen especial de la Junta de Andalucía.

Ante la juez, el interventor afirmó que, por evidencias indirectas, sabe que "los numerosos fallos en las tareas de comprobación" por parte del SAE "no pueden imputarse a falta de tiempo", y añadió que las "deficiencias en las tareas de justificación" se hacían deliberadamente.

Cuando la juez le pregunta por las razones de que el SAE pudiera haber actuado deliberadamente, el interventor le contesta que para "beneficiar a determinadas empresas o a determinados grupos de beneficiarios".

En su testimonio, el interventor explicó que comprobaron las "importantes irregularidades" en los cursos tras un informe de cumplimiento de Huelva, tras el cual se unieron los de otras provincias.

Así, afirmó que el SAE pudo falsear los certificados que se emitían una vez liberado el pago del 75 % de las ayudas y en los que se hacía constar que los fondos subvencionados se habían destinado a la finalidad objeto de la ayuda. "Los certificados de finalidad con carácter general no eran concordantes con la realidad", señaló el interventor antes de apuntar que "la inmensa mayoría presentaban problemas de justificación".

El interventor, que aludió a la "desidia" y al "dolo" por parte del SAE para no comprobar la documentación, se comprometió a hablar con su superior y elaborar un "informe especial, o como se considere llamarlo", respecto al papel desempeñado por el SAE, lo que le solicitaron la juez y la Fiscalía Anticorrupción. Además, el interventor reconoce, a preguntas de la juez, que existía la "tendencia" a que se paralizaran los "escasos" procedimientos de reintegros iniciados.

En su declaración, el interventor deja constancia de la "falta de medios, sobre todo de personal, que existe en la Intervención", cuyas unidades se nutrían de trabajadores "escasamente" cualificados. Esa carencia provocaba un "retraso importante en la emisión de los informes, teniendo en cuenta además que cada vez son más numerosas las áreas de riesgo y los requerimientos judiciales", concluye el interventor.

justicia y caridad copa la comisión islámica
El fundamentalismo marroquí se apodera del liderazgo de los musulmanes de España
La guerra por el control de los 1,7 millones de musulmanes que viven en España aún no se ha cerrado, pero las primeras batallas ya perfilan un ganador: el movimiento islamista Justicia y Caridad
José María Olmo El Confidencial 8 Abril  2015

La guerra por el liderazgo de los 1,7 millones de musulmanes que viven en España aún no se ha cerrado, pero las primeras batallas ya perfilan un ganador. Los seguidores del movimiento fundamentalista marroquí Justicia y Caridad han conseguido tomar el control por la vía de los hechos de la Comisión Islámica de España (CIE), el órgano supuestamente encargado de guiar a los fieles de esta religión y de representarlos oficialmente ante las autoridades nacionales. Los derrotados son los partidarios de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), una facción más moderada que acumula una larga trayectoria de cooperación con las instituciones españolas.

El Ministerio de Justicia, responsable de las relaciones con las distintas confesiones religiosas, evita por ahora reconocer la preeminencia de Justicia y Caridad dentro de la CIE y ha optado por dejar de considerar al organismo un interlocutor válido. Pero el vacío se prolonga ya dos años y medio y sólo ha servido para fortalecer a los autoproclamados representantes del islam en España.

Justicia y Caridad (también traducido como Justicia y Espiritualidad) es una corriente ultraconservadora perseguida en Marruecos por desafiar la unidad del poder político y religioso que oficialmente detenta de forma monolítica Mohamed VI. Sus postulados son similares a los que defiende Hermanos Musulmanes en otros países de la misma confesión: una visión estricta del islam que no sólo tiene que manifestarse en el plano individual, sino que debe inspirar hasta el último reducto de la vida en sociedad, llegando hasta los más desfavorecidos a través de una tupida red asistencial.
La Región de Murcia, su gran feudo

En España, Justicia y Caridad ha logrado afianzarse irradiando su discurso desde los puntos más poblados por los inmigrantes del reino alauí. Su primer gran avance lo experimentaron en los primeros años de este siglo en el Levante por la nutrida presencia de marroquíes procedentes de las zonas rurales del norte de ese país, una de sus mayores áreas de influencia.
Los secretarios generales de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary (2d) y Mounir Banjellouni (d), firman un convenio de colaboración con Interior. (EFE)
Los secretarios generales de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary (2d) y Mounir Banjellouni (d), firman un convenio de colaboración con Interior. (EFE)

En 2006, su poder se consolidó en la creación de la Federación Islámica de la Región de Murcia (FIRM), una entidad de representación de ámbito autonómico. Pero la FIRM sólo fue un primer paso. En 2009 utilizaron esa plataforma para desembarcar en la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), que hasta ese momento estaba gestionada por conversos españoles y marroquíes controlados directamente desde Rabat.

Su llegada a la FEERI fue convulsa por la oposición interna que encontraron. Sin embargo, los seguidores de Justicia y Caridad, con Mounir Benjelloun a la cabeza, acabaron imponiendo su mayoría. Ese movimiento era imprescindible para aspirar a cotas de poder aún mayores. La FEERI es, después de todo, una de las dos instituciones que conforman la CIE. La otra es UCIDE. Cada una de ellas tiene supuestamente el mismo peso dentro del máximo órgano de interlocución con el Ministerio de Justicia, y las decisiones deben tomarse por consenso. Pero en noviembre de 2012, la FEERI forzó una votación que convirtió oficiosamente a Benjelloun en presidente de la Comisión Islámica.
El islam como gueto

El problema es que la UCIDE se negó a apoyar ese nombramiento, que implicaba la salida automática de su representante de la presidencia de la CIE, Riay Tatary. El resultado es una situación de caos y bloqueo en la representación de los fieles musulmanes españoles que se prolonga desde entonces. Pero lejos de perjudicar a Justicia y Caridad, los dirigentes del movimiento han aprovechado para erigirse de forma indefinida en los únicos representantes legítimos del islam.

No es la mejor noticia para la integración de los inmigrantes musulmanes. Los imanes de Justicia y Caridad proclaman la superioridad del islam sobre el resto de confesiones y exigen a sus fieles que reduzcan al mínimo el contacto con otros ciudadanos para evitar cualquier tipo de contaminación.

El aterrizaje en un barrio de estos líderes integristas es fácil de detectar por la rápida transformación que suelen experimentar en su vestimenta las mujeres de ese credo. En público, Benjelloun y sus compañeros prefieren desligarse del movimiento. Sin embargo, en algunas entrevistas no han tenido más remedio que admitir las influencias de esta corriente. Su gran objetivo es conseguir la extensión de la enseñanza gratuita del islam en las escuelas públicas. Y la CIE es la entidad que elige a los profesores.

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Nacionalismo
El lupus izquierdoso
Jesús Laínz Libertad Digital 8 Abril  2015

El lupus eritematoso es el prototipo de las enfermedades autoinmunes, caracterizadas por que el sistema inmunitario de una persona produce autoanticuerpos que atacan a las células del propio organismo en vez de protegerlas. Aunque sin duda es complicada una comparación entre el mundo de la fisiología y el de la política, no se me ocurre mejor manera de explicar la naturaleza ideológica de la izquierda española y su subsiguiente acción política.

Porque la característica esencial de la izquierda española, que la distingue del resto de las izquierdas europeas y probablemente mundiales, es el rechazo a su propia nación. El fenómeno podría encontrarse ya en Azaña y su desprecio por el pasado de España, hasta el punto de considerar: "Ninguna obra podemos fundar en las tradiciones españolas, sino en las categorías universales humanas". Incluso podrían encontrarse antecedentes en algunos representantes del progresismo decimonónico, pero no merece la pena irse tan lejos en el tiempo, dados los mil ejemplos que ha dado la izquierda en los últimos años y sigue dando hoy.

Podría recordarse, por ejemplo, la Declaración Socialista de Guernica, uno de los actos de mayor importancia simbólica celebrados por los socialistas en tiempos de la Transición. Aquel 10 de julio de 1977, presididos por Txiki Benegas, los parlamentarios socialistas de Cataluña, Galicia y Euskadi, recién elegidos en la primera cita con las urnas tras cuarenta años de régimen franquista, proclamaron que la soberanía nacional no reside en el pueblo español sino "en cada uno de nuestros pueblos" y concluyeron el acto con las siguientes exclamaciones "¡Viva Cataluña lliure!", "Gora Euskadi askatuta!", "¡Viva Galicia ceibe!", "¡Viva Galeuska!".

Su sucesor Patxi López inauguró su etapa al frente del socialismo vasco en un congreso en el que condenó "el rancio nacionalismo español", epíteto que nunca habría empleado para definir el nacionalismo vasco, modelo de frescura y modernidad. Por aquellas mismas fechas el poco sospechoso de simpatías proseparatistas Fernando Savater declaró, sin embargo, que "la idea de España" se la "sopla" y se la "suda" y que es "para fanáticos y semicuras".

Pero no hace falta acudir a las reflexiones de un filósofo, pues las reacciones espontáneas de dirigentes políticos como Tania Sánchez y Pablo Iglesias pueden mostrar inmejorablemente el rechazo hacia su propia nación y el placer que les provocan los males que la puedan aquejar. La primera definió la nacionalización de YPF como una "alegría para el pueblo argentino" y "un golpe merecido a los empresarios y al pueblo español". Por lo que se refiere a Iglesias, bien claro ha dejado que le "revienta" el nacionalismo español "mucho más que el vasco o el catalán", así como la intención de su partido de permitir la secesión de cualquier "nación" que quiera abandonar España.

Dado el sentir más profundo de los dirigentes de la izquierda ascendente, no es de extrañar que los separatistas vascos y catalanes estén agazapados esperando el resultado de las próximas elecciones, especialmente el de unas generales de las que se esperan grandes cambios en la composición parlamentaria que impedirán la formación de un gobierno sólido.

Sin necesidad de elaboradas investigaciones sociológicas, quizá no sea arriesgado augurar un gran éxito de Podemos en el País Vasco y Cataluña a costa de un buen porcentaje de votantes de las formaciones separatistas locales. El motivo es muy sencillo: una de las maneras más inteligentes y cómodas de ganar una guerra es procurando la desaparición del enemigo, sobre todo cuando se percibe la posibilidad de que éste se desintegre antes de presentar combate debido a la labor autodestructiva realizada desde dentro. "Cuando el enemigo se está equivocando, no le distraigamos", solía advertir Napoleón a sus mariscales.

Si yo fuera separatista votaría a Podemos, el modelo de última generación del lupus izquierdoso español. Se trata, indudablemente, del voto útil, del mejor modo de procurar que los autoanticuerpos de España, tras cuarenta años de admirable preparación del terreno por parte del PP y el PSOE, rematen la tarea de liquidarla desde dentro.

Les venderán lo mala que es España
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 8 Abril  2015

Lingüista

La Generalitat va a mandar un informe de 53 páginas a gobiernos y embajadas de la Unión Europea para promocionar la hoja de ruta soberanista, esa épica singladura de Cataluña hasta la Ítaca soñada. El documento sostiene que el procés se está llevando “de manera pacífica, democrática, garantizando escrupulosamente los derechos fundamentales”, y buscando en todo momento el diálogo con el Gobierno de Rajoy. Pero, como era previsible, no ahorra en críticas y reproches contra este: “Ha negado de manera explícita la posibilidad de negociación; no ha dado ninguna oportunidad para hablar de ello”. El léxico negativo cae siempre sobre España, como chuzos de punta: “menosprecio, humillante, fracaso, cerrazón, rechazo, querella criminal, bloqueo”. Y llegamos a la perla del documento: denuncia "la democracia de baja calidad que ejerce el Gobierno español al silenciar e impedir el voto de los catalanes".

Esto es el colmo del ridículo, señores. La profecía de Tarradellas se cumple. Una autonomía regional, constitucional, que forma parte del Estado Español y de él obtiene su legitimidad, literalmente se echa al monte, abomina de la Constitución que la legitima y se vuelve subversiva contra el Estado. O sea, contra sí misma. Esto es la repanocha. Si quieren cargarse el Estado tendrá que ser desde fuera del Estado, digo yo. Montar una guerrilla, como hicieron los kurdos o los kosovares. Aquí no, aquí somos los reyes del mambo y tenemos razón por el solo hecho de ser catalanes. ¡Y encima pretenden que cargarse la democracia se lo aplaudan como un acto de la más acendrada democracia! Lo que les digo: la reoca.

Pero aparte del método, totalmente deleznable, es que el nuevo estado que proponen, la República Catalana, sería un estado étnico, al estilo lepenista, al estilo de Irán o del propio Israel: un estado pensado para proteger e impulsar la “nacionalidad -es decir, la lengua- catalana”. La lengua de menos de la mitad de catalanes. Con lo cual desde su fundación tendríamos un estado formado por ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Una aberración, vamos.

Pues eso es lo que pretenden venderle a Europa. Y en Europa, claro, van a mearse de risa, como ya hizo en su día el primer ministro francés, catalán de origen. No creo que haya ningún gobierno serio que les dé la más mínima esperanza de apoyo. Quizá sí, Luxemburgo, Liechtestein o el propio Andorra. Pero no, ni eso, que el dinero es gris y discreto, y aborrece dar la nota.

Conclusión: vaya, señor Mas, vaya, señor Junqueras, vayan a Europa a quejarse de lo poco democrática que es España, la eterna España de moscas, tricornio y toros. Que les van a dar sopas con honda. Se lo diré sin metáforas: les harán pasar a un despacho, luego a otro depacho, luego a otro, de puerta en puerta hasta la última, que da directamente a la calle de atrás. Más o menos lo que le hizo Luis XIII a Pau Claris y sus segadores. 1640.

Las calendas abertzales
LUIS HARANBURU ALTUNA. EL CORREO  8 Abril 2015

· Cuenta el historiador Suetonio que el emperador Augusto solía referirse a las calendas griegas, un tiempo inexistente, para hablar de quienes se resistían a pagar sus deudas. Prometían pagarlas en las calendas griegas, sabedores de que los griegos no computaban sus días en calendas. Todas las lenguas tienen expresiones similares para referirse a un tiempo que no existe; en castellano solemos hablar de cuando las ranas críen pelo o de cuando las vacas vuelen. Nuestro Axular solía utilizar la expresión ‘piko berantak’ para significar algo que se situaba fuera de las coordenadas del tiempo ordinario. Tanto los refranes populares como la locución atribuida al emperador Augusto establecen la existencia de un tiempo mítico distinto del tiempo histórico en el que los humanos nos desenvolvemos.

ETA y la izquierda abertzale suelen recurrir con frecuencia a la dimensión mítica del tiempo al establecer sus calendarios. Eso al menos parece significar su promesa de que las armas en poder de la organización terrorista serán entregadas en un tiempo no definido que tiene todas las trazas de corresponder al ámbito mítico. Lo hemos podido saber gracias a la filtración, interesada o no, del PNV según la cual la izquierda abertzale sitúa el tiempo de la entrega de armas en el momento en el que las fuerzas de seguridad abandonen Euskal Herria. La filtración parece ser veraz, ya que a los pocos días el Sr. Errekondo, diputado de Amaiur, hablaba de establecer una zona desmilitarizada en estas tierras. Por si todo ello fuera poco, el abogado Currin acaba de manifestar que eso de entregar las armas sin más equivaldría a la rendición de ETA y hasta ahí podíamos llegar… Todo confirma que en esta cuestión, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo en el tiempo.

La regresión que observamos en la cuestión de las armas cabe entenderla en un contexto más amplio, en el que la izquierda abertzale ha regresado a posiciones anteriores a la legalización de Sortu. Cuando el partido abertzale fue legalizado, el gran argumento lo constituían sus estatutos fundacionales en los que la violencia era rechazada y se optaba por los cauces limpiamente democráticos. Los estatutos de Sortu no han variado, pero sí lo ha hecho su actitud ante el pasado que ahora es considerado acríticamente como un tiempo a reivindicar. De la matizada cautela al referirse al pasado violento se ha pasado a exigir un suelo ético más flexible donde las palabras no deberían significar lo que suelen. Hablan de no plegarse al léxico ajeno o postulan el pasado como si este fuera una tabla rasa donde cada cual puede escribir su relato. Lo preocupante con todo es la recuperación de los viejos eslóganes que hablaban de desmilitarización del País Vasco y la salida de las fuerzas de seguridad.

Hablar hoy de la desmilitarización del País Vasco es tanto como referirse a las calendas griegas del tiempo mítico. Si se supedita la entrega de armas al abandono de Euskadi por parte de las fuerzas de seguridad del Estado es que se está afirmando la nula voluntad de entregarlas. No es concebible el que las fuerzas de seguridad que han hecho posible la derrota del terrorismo abandonen el territorio pacificado a petición de quien ha sido derrotado. Semejante pretensión es solo explicable por la pervivencia del tiempo mítico en las mentes de la izquierda abertzale.

Ya nadie se acuerda de aquella famosa alternativa KAS que antes colmaba los comunicados y la boca de quienes apoyaban a ETA. Aquella alternativa solo era pensable en el tiempo mítico de la independencia inminente. Al parecer, en algunas mentes nostálgicas todavía alienta la pretensión de vivir en aquel tiempo. Es este un divorcio con el tiempo histórico que tiene graves consecuencias en el orden de la práctica política. Mientras los dirigentes de uno y otro signo del espectro abertzale especulan con zonas desmilitarizadas y otras virguerías ideológicas, varios centenares de presos de ETA languidecen sin un horizonte claro. Ellos, los presos y sus familiares, viven en el concreto tiempo histórico y de nada les sirve espec ular con que serán moneda de cambio de unos hierros oxidados que deberían entregarse allá en las calendas griegas.

Mientras las secuencias del tiempo mítico se suceden al ritmo de alambicadas propuestas y contrapopuestas entre abertzales, la paz es una realidad en nuestro sufrido país y el tiempo transcurre contra quienes no se deciden a desembarazarse de los mitos y de las calendas, que ya no regulan nuestra historia. Dicen esperar a nuevos gobiernos y nuevas constelaciones políticas, pero puede ocurrir que el futuro les sea todavía más ingrato.

En las elecciones andaluzas acaban de nacer pujantes dos nuevas fuerzas políticas que están condenadas a observarse con tiento. Los de Ciudadanos y Podemos pueden neutralizarse mutuamente y alguno de ellos puede erigirse en bisagra que hará innecesarios lo apaños con los nacionalismos periféricos. Y si no al tiempo. Quien aliente la esperaza de que vendrán tiempos propicios para la mítica negociación que todavía ofusca a la izquierda abertzale puede verse seriamente defraudado en sus expectativas.

El secretismo que rodea a las negociaciones entre el PNV y la izquierda abertzale en orden a establecer un marco de convivencia de su agrado tiene la grave carencia de que la paz y la convivencia afecta a todos los ciudadanos de este país y no solo a las distintas obediencias nacionalistas. Sea cual sea el acuerdo que alcancen, este tendrá que satisfacer tanto a nacionalistas como a quienes no lo son. El tiempo pasa, tres años ya, y la ciudadanía comienza a estar harta de las calendas abertzales. La paz y la convivencia no deberían ser una cuestión entre abertzales. La deuda que la izquierda abertzale tiene contraída con la sociedad vasca no puede ser renegociada.

El euskara (otra vez)

ANDONI UNZALU GARAIGORDOBIL. EL CORREO  8 Abril 2015

· Háganse esta pregunta: ¿Los vascoparlantes estamos discriminados en Euskadi hoy, o tenemos muchas más opciones de vida, profesionales y de todo tipo?

Hace unos días la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, recalcaba la «enorme generosidad de los castellanoparlantes» y «el riesgo de imposición del euskara con sanciones». Y, claro, el nacionalismo radical ha puesto el grito en el cielo. A mí me alegra que haya planteado el debate Idoia Mendia. Está bien que comencemos a hablar de forma abierta sobre las políticas lingüísticas públicas.

Y, sí, claro que ha habido una enorme generosidad por parte de la población castellanoparlante. ¿O no se acuerdan de la fuga de miles de maestros de las escuelas públicas en los primeros ochenta, seguido de una generación entera de profesores forzada a aprender euskara y a trabajar con su herramienta por excelencia –el idioma– demediada, como un pianista que toca con una mano amarrada a la espalda, y sin que todos estos años hubiera ninguna protesta laboral por ello? Por cierto, se diga lo que se diga, un esfuerzo que hemos pagado caro en la formación, o deformación, de nuestros niños.

¿O no se quiere reconocer que toda una generación entera de jóvenes vascos ha tenido que renunciar a los golosos puestos de la Administración pública para que sean repartidos a golpe de perfiles lingüísticos? ¿Eso qué es? ¿La rebelión de los castellanoparlantes?

Pero hoy quisiera proponer, brevemente, algunos puntos de debate, porque algo peor que la imposición es el silencio. Seguro que hay opiniones diferentes y legítimas, pero es bueno que salgan al debate público.

La lengua materna. ¿Se acuerdan cuando durante el tardofranquismo el nacionalismo reivindicaba el derecho a educar a los hijos en su lengua materna? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y qué diríamos ahora, cuando una inmensa mayoría de padres castellanoparlantes tienen hijos que estudian en una lengua no materna? ¿O no se dan cuenta de eso? Los nacionalistas solo reivindican este derecho cuando la Administración pública no permite la enseñanza en la lengua que defienden, pero una vez que controlan ellos la Administración se olvidan rápido de esto para hacer exactamente lo contrario.

La euskaldunización de la Administración. Los nacionalistas legitiman las políticas de requerimiento del conocimiento para acceder a la Administración (los perfiles) como único medio posible para euskaldunizar la Administración. Ya. ¿Pero cómo legitimamos euskaldunizar la Administración? Porque en el Estatuto y la Ley de Normalización no se recoge. Se recoge el derecho del ciudadano a ser atendido en cualquiera de los dos idiomas, cosa que es bien distinta. Alguno me dirá que el euskara no se exige en todos los puestos. Es verdad, no en todos, pero en muchos sí, y el resto también tiene perfiles; lo que quiere decir que en los puestos en los que no se exige al que sabe se le dan puntos extra. Es como si en una carrera de cien metros al que sabe euskara le quitamos un segundo de su tiempo. Los castellanoparlantes pueden correr, pero tienen que correr mucho más para llegar al mismo tiempo administrativo. Y qué decir de la universidad pública, que multiplica por territorios las facultades y, a su vez, en cada territorio los duplica por líneas lingüísticas. Así en una población de 2,2 millones de habitantes podemos tener seis facultades distintas por cada disciplina. Ni que todos fuéramos de Bilbao.

El derecho a hablar en euskara. Los nacionalistas reivindican con carácter absoluto el derecho de los vascoparlantes a hablar en euskara en todo momento y lugar. ¿Existe ese derecho? Pues según. Cuando están solos, claro. Al leer un libro, al ver un programa o cuando se juntan dos vascoparlantes que quieren hablar en euskara, no hay nada que se lo pueda impedir. Aunque, curiosamente, no se hace mucho uso de este derecho. Nada ni nadie me obliga a escoger el periódico que leo, pero la inmensa mayoría de vascoparlantes lee periódicos en castellano, libros en castellano o ve programas en castellano. En cambio, dicen que cuando se encuentran frente a una persona que no sabe euskara esta les impone el castellano, que no pueden elegir.

Ya. ¿Pero esa otra persona, que no sabe euskara o aunque lo sepa, no tiene el mismo derecho que él para elegir hablar castellano? ¿O solo hay derecho para elegir idioma siempre y cuando este sea el euskara, como decía Ford del color negro de los coches? El euskara no tiene los mismos derechos que el castellano. Bueno, en realidad los que tenemos derechos somos las personas, no las cosas. El euskara o el castellano no tienen derechos, son las personas que hablan en euskara o en castellano las que tienen derechos. Y bien, pongamos una persona que habla en castellano y otra que además habla en euskara con los mismos conocimientos de otras áreas. ¿Cuál de los dos tiene más derechos, más posibilidades? Háganse la pregunta un momento y respondan con sinceridad. ¿Se puede decir que los vascoparlantes estamos discriminados en Euskadi hoy en día, o es más acorde con la verdad que tenemos muchas más opciones de vida, profesionales y de todo tipo? Y, ¿entonces? Pues eso.

Y, finalmente, la igualdad de oportunidades. Curiosamente los defensores del euskara no le tienen mucho aprecio a este principio. Todas las personas debiéramos tener las mismas oportunidades ante la vida. ¿Cómo compaginamos los diferentes derechos individuales para, al final, garantizar, junto con la libertad, este principio básico? El Estatuto también recoge que «nadie será discriminado por razón de lengua». Bien. ¿Cómo encajamos esto con los perfiles, por ejemplo? Estaremos de acuerdo, y más en esta situación de paro y precariedad, que uno de los mayores bienes y que mejor garantizan la igualdad de oportunidades ante la vida es poder acceder a un puesto de trabajo estable, con buenas condiciones laborales y sueldo decente. A todos se nos ocurrirán de inmediato los más de 150.000 puestos de empleados públicos. ¿Impedir que, por no saber euskara, no se pueda acceder no quiere decir «discriminar por razón de idioma»?

Yo ya sé que no todos los que defienden el euskara mantienen las posiciones que aquí critico, pero estaría bien que comenzáramos un debate público sobre estos y otros temas. Porque, como decía, lo peor es el silencio.


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